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Columnistas de SP

Por qué aseguran que el Cártel Caborca estaría detrás del asesinato del comandante Milton Morales

La investigación sobre el asesinato del comandante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Milton Morales, avanza con el mayor sigilo por parte de las diferentes agencias de investigación involucradas, aunque, desde que ocurrieron los hechos -el pasado 21 de julio- no se descartó la posibilidad de que grupos criminales estuvieron involucrados, derivado a la posición que tenía.

Milton Morales, fue el coordinador General de la Unida, Estrategia y Operaciones Especiales, que estuvo involucrado en diferentes operativos que tenía como principal objetivo desarticular a las organizaciones criminales que operan en la Ciudad de México, algunos de ellos que resultaron en importantes detenciones.

En este sentido, el periodista Antonio Nieto sugirió que las investigaciones señalan al Cártel de Caborca como el responsable de haber actuado para asesinar al excomandante, incluso que hubo policías de diferentes corporaciones involucrados en los hechos.

Antonio Nieto compartió una foto del hombre herido en el atentado y precisó quién era. (X @siete_letras)

Antonio Nieto compartió una foto del hombre herido en el atentado y precisó quién era.

El periodista presentó una serie de hechos en que la organización criminal fue atacada en la CDMX, ya sea por la detención de familiares, miembros del Cártel o por la confiscación de droga por parte de la policía.

La cronología de Antonio Nieto inicia cuando -en 2021- la policía de la CDMX puso en custodia una camioneta blanca que volcó sobre Río Sn Joaquín, la unidad estaba cargada con 250 kilogramos de cocaína, que se presume era un cargamento propiedad del Cártel de Caborca.

Primer decomiso de droga del Cártel Caborca en la Ciudad de México (@siete_letras)

Primer decomiso de droga del Cártel Caborca en la Ciudad de México

Posteriormente, en septiembre de 2021, fue asesinado Abdíes Villalobos, agente de la Guardia Nacional, al salir del Centro de Mando en la alcaldía Iztapalapa. A decir por Antonio Nieto era buscado por los Quintero, que son los fundadores de dicha organización, por robar droga y armas.

Posteriormente, como parte de las actividades para la desarticulación del Cártel, en julio de 2022 la SSC detuvieron a Arturo Zercero, “El Apa”, poderoso narcotraficante sonorense, junto con su secretario. Tan sólo tres días después, la dependencia de seguridad informó sobre el decomiso de 1.5 toneladas de cocaína que estaban escondidas en 2 tractocamiones que circulaban sobre el Circuito Exterior Mexiquense, los cuales pertenecían a esta organización criminal.

80 agentes de seguridad participaron en el operativo (Foto: SSC)

80 agentes de seguridad participaron en el operativo

Antonio Nieto asegura que Milton Morales nunca quiso negociar con la organización criminal, ello provocó “en el ambiente del narcotráfico” que se cuestionara respecto a por qué no había decomisos o detenciones de los grupos criminales contrarios al grupo que pertenece a los Quintero.

Las acciones contra el Cártel de los Caborca continuaron cuando en 2023, en la alcaldía Venustiano Carranza, fueron detenidos Édgar Manuel Quintero Díaz, familiar de Rafael Caro Quintero, y 4 de sus hermanos. Cada una de las acciones de la dependencia de seguridad de la CDMX tuvo un impacto significativo y provocó “molestia” entre los dirigentes de la organización que pudieron ser motivo suficiente para buscar atentar contra Milton Morales.

Luego de la captura de Carlos "N", García Harfuch los identificó como integrante de un grupo delictivo (Foto: captura de pantalla/Twitter/@OHarfuch)

Luego de la captura de Carlos “N”, García Harfuch los identificó como integrante de un grupo delictivo

Vale recordar que el pasado 21 de julio, el funcionario de la Policía capitalina fue asesinado a tiros afuera de una pollería de Coacalco, Estado de México, por un hombre armado que se acercó y le disparó por la espalda para luego huir. El alto mando de la SSC-CDMX ese día se encontraba sin escolta, presuntamente porque se encontraba en su descanso.

Una semana después, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que había detenido a dos personas presuntamente implicadas en el homicidio del coordinador General de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la SSC-CDMX: Lorena Janeth N y Erick Gerardo N, quienes habrían ayudado a conseguir falsas placas para los autos Aveo que usaron para seguir a Morales y después huir.

Ambas personas fueron aseguradas en el municipio de Ecatepec, Estado de México. (FGJEM)

Ambas personas fueron aseguradas en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Luego, la dependencia informó el pasado 19 de agosto que había detenido a un supuesto tercer implicado en el asesinato del mando policiaco capitalino: Armando N, quien le habría dado a los autores materiales una bodega en Ecatepec para desmantelar los autos que fueron usados para cometer el crimen.

La FGJEM indicó que este último sujeto habría sido visto en inmediaciones del domicilio le comandante Milton Morales días antes del asesinato. Hasta ahora, los tres detenidos ya fueron vinculados a proceso con prisión preventiva justificada por el homicidio del mando capitalino.

Asimismo, la instancia busca a un cuarto implicado apodado ‘El Gordo’ e hijo de Armando N, quien huyó el día que detuvieron a su padre; se sabe que éste fue visto merodeando los alrededores de la casa de Morales días antes de su asesinato.

Reforma judicial: Monreal se deslinda de juicio político contra jueces y pide a Sergio Gutiérrez pausar querellas

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se deslindó de las denuncias penales y el juicio político interpuesto ayer por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, contra jueces que frenaron el debate sobre la reforma judicial.

En conferencia de prensa, Monreal dijo que las querellas se interpusieron a título personal de un grupo de legisladores morenistas, por lo que les recomendó ponerlas en “pausa”.

“Hubo un planteamiento consistente en la presentación de juicio político, denuncia penal y queja ante la Judicatura Federal contra los jueces, varios diputados lo presentaron. Desde nuestro punto de vista (los jueces) se extralimitaron en sus facultades y funciones y violaron el principio de legalidad, sin embargo, yo soy de la idea personal de que no llevemos a cabo todavía eso, que esperemos y que actuemos con tolerancia, yo les he pedido que esperemos, creo que en estos momentos la prudencia y la tolerancia obligan al país”, señaló.

Monreal, quien adelantó que este martes inicia el debate para aprobar en lo general la reforma judicial, insistió en que aun cuando ya se hayan presentado las querellas “hay que darles una pausa”.

También puntualizó que en caso de que continúe la petición de juicio político, no habrá fast track en su trámite: “Puedo decir con toda prudencia que no habrá fast track en ningún juicio político y que vamos a buscar diálogo acudir con todo respeto”

La noche de este domingo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna informó que interpuso una denuncia penal en contra de la juez Quinto de Distrito en Morelos, Martha Eugenia Magaña López y el juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, Felipe Consuelo Soto, así como una solicitud de juicio político por las suspensiones que dictaron en contra de la reforma al Poder Judicial

“Diputadas y diputados federales de Morena hemos presentado 𝐣𝐮𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐨 y denuncia penal contra la juez Martha Eugenia Magaña López y el juez Felipe V. Consuelo Soto por su burda invasión de incompetencia. ¡𝐋𝐚 𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐧𝐚𝐝𝐢𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐚 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫!”, escribió en su cuenta de X.

Dicha propuesta fue presentada el mismo domingo por Gutiérrez Luna a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), pero no se votó ya que fue retirada a petición del coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

Incauta EU avión de Maduro

Estados Unidos anunció que incautó un avión del Presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se encontraba en República Dominicana y fue trasladado a Florida, alegando que violó las sanciones estadounidenses.

“El Departamento de Justicia incautó una aeronave que fue adquirida ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y fue sacada de contrabando de Estados Unidos para uso de Nicolás Maduro y sus compinches”, declaró en un comunicado el Fiscal General, Merrick Garland.

El portal de rastreo de aeronaves Flight Radar 24 mostró que el avión, un jet privado Dassault Falcon 900EX, voló desde Santo Domingo a Fort Lauderdale esta mañana.

“Maduro y sus representantes han manipulado los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, han proclamado falsamente victoria y han llevado a cabo una represión generalizada para mantener el poder por la fuerza”, dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

“La incautación del avión es un paso importante para garantizar que Maduro siga sintiendo las consecuencias de su desgobierno de Venezuela”.

Venezuela se encuentra inmersa en una grave crisis política desde las elecciones del 28 de julio en las que Maduro fue proclamado ganador para un tercer mandato de seis años.

La Oposición afirma que ganó por una mayoría aplastante y que tiene actas de votación para probarlo.

El Gobierno izquierdista de Maduro, que rechaza acusaciones de autoritarismo, no ha publicado un recuento de votos que legitime su victoria pese a la intensa presión internacional.

Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos se han negado a reconocer a Maduro como ganador sin antes ver en detalle los resultados de la votación.

La violencia que se produjo en el marco de las protestas postelectorales dejó 27 muertos y al menos 192 heridos.

Desde 2005, Washington ha impuesto sanciones a individuos y entidades de Venezuela “que han participado en acciones criminales, antidemocráticas o corruptas”, según un documento del Congreso estadounidense.

“En respuesta a los crecientes abusos de los derechos humanos y la corrupción del Gobierno de Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, la Administración Trump amplió las sanciones estadounidenses para incluir otras financieras, sanciones por sectores y al Gobierno”, de acuerdo con la misma fuente.

Votan empleados sobre paro en Corte; sesionan Ministros

Decenas de empleados de la Suprema Corte de Justicia votan en urnas transparentes para decidir si se suman al paro de labores iniciado hace dos semanas en todos los juzgados y tribunales federales del País, en protesta por la reforma judicial que el Congreso discutirá a partir de mañana.

Los trabajadores, sobre todo secretarios de estudio y cuenta y otros adscritos a las ponencias de los Ministros, hacen fila en los pasillos contiguos a la zona de murales de la Corte, donde se están recibiendo los votos.

Sin embargo, el Pleno de la Corte ya realiza su sesión pública con normalidad.

Fuentes judiciales informaron que el posible paro no fue tema de discusión en la sesión privada, y la mayoría de Ministros y Ministras se opone al cesar labores en el tribunal.

Incluso si la mayoría vota por el paro, la parte patronal son los Ministros y Ministras, por lo que hay una diferencia fundamental con lo ocurrido en los más de 850 juzgados y tribunales, donde los jefes son los jueces y magistrados que votaron por amplia mayoría para detener labores.

Advierten juzgadores que reforma judicial amenaza T-MEC

Los juzgadores federales advirtieron al Poder Legislativo que la iniciativa de reforma judicial amenaza la histórica relación comercial de México con Estados Unidos y Canadá, porque viola el compromiso adquirido en el T-MEC de garantizar una justicia independiente que brinde certeza jurídica a las inversiones y las controversias laborales.

En una carta dirigida a las Cámaras de Diputados y de Senadores, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) reiteró su desacuerdo con la iniciativa y su llamado a los legisladores para reconsiderarla.

“La iniciativa de reforma judicial presentada por el titular del Poder Ejecutivo, al pretender establecer la elección en las urnas de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, violenta e incumple el anexo 23 del T-MEC, por cuanto hace al compromiso de establecer y mantener tribunales independientes para la resolución de controversias laborales”, dice el escrito.

“Más aún, transgrede las obligaciones pactadas en los capítulos 14 y 27 relacionados con inversiones y políticas anticorrupción, pues el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México con motivo de dicho tratado no sólo depende de garantizar la independencia de tribunales especializados en materia laboral, sino la de todos los órganos jurisdiccionales que conozcan de juicios que involucren intereses de inversionistas extranjeros”.

“Expresamos nuestro desacuerdo con la iniciativa de reforma judicial en los términos presentados por el titular del Poder Ejecutivo Federal, pues incumple distintos compromisos adquiridos por nuestra nación con motivo del T-MEC (…) Por lo que, nuevamente hacemos un llamado a las fuerzas políticas para buscar en conjunto otras alternativas de reforma que permitan continuar el progreso democrático y económico de nuestra Nación”.

De acuerdo con la JUFED, la reforma judicial provocará un retraso considerable en la profesionalización de los impartidores de justicia especializada, en especial en materia laboral, sobre todo porque en la actualidad se implementa un “nuevo sistema de justicia laboral” que inició en 2019.

“Ello en virtud de que a partir de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en el marco del T-MEC, el Poder Judicial federal ha generado criterios técnico-jurídicos en materias especializadas, asimismo, ha impulsado la capacitación continua de las personas juzgadoras a través de la carrera judicial, lo que ha permitido una impartición de justicia completa y profesional en beneficio de las personas justiciables, y a su vez ha brindado certeza jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras que tienen lugar en el país”, apuntó.

Los impartidores de justicia señalan que las cláusulas del T-MEC que viola la iniciativa de reforma fueron suscritas por los tres países en el preacuerdo del 28 de agosto de 2018, el cual fue firmado el 30 de noviembre siguiente y materializado bajo el mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se refiere en particular al anexo 23-A del propio tratado, en el que México se comprometió a implementar las acciones necesarias para adecuar su legislación antes del 1 de enero de 2019, para garantizar y mantener tribunales laborales independientes e imparciales.

“Asimismo, se comprometió al gobierno entrante (mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador) a la observación y cumplimiento de dicho tratado”, recuerda.

Este compromiso culminó con la la reforma en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva y la publicación de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, el 1 de mayo de 2019. Y el 1 de julio de 2020 entró en vigor el tratado internacional.

De acuerdo con la JUFED, el T-MEC se vincula con el Poder Judicial de la Federación, por las acciones que han dado competencia a los órganos jurisdiccionales especializados y por la resolución que debe dar a controversias que surjan con motivo de la ejecución del tratado.

Por ejemplo, menciona que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) creó la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral (UIRMJL), para materializar las acciones de diseño del nuevo modelo de impartición de justicia laboral.

También refiere que los Poderes de la Unión capacitaron a sus integrantes para transitar de la justicia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a los nuevos tribunales en materia laboral que se fueron creando a nivel local y federal hasta el 2023.

“Inclusive el Gobierno de Estados Unidos a través de un comunicado difundido por la Casa Blanca se comprometió a invertir en asistencia técnica y cooperación durante tres años para trabajar con México en la implementación de la legislación laboral”, dijo la asociación de juzgadores.

Reforma judicial, un golpe para la economía: expertos

La reforma a la administración de justicia no garantiza que en México habrá un Poder Judicial de calidad que atraiga inversión y desarrollo para empresas, así como bienestar a las familias, aseguró la directora de México Evalúa, Mariana Campos.

“La justicia en nuestro país arrastra debilidades estructurales que no están en esta reforma; no es lo que se requiere, le va a dar en la torre a la economía en un año desafortunado que lo va a agudizar, es un despropósito”, expresó la economista egresada del ITAM y con maestría en Public Policy and Management de la Universidad Carnegie Mellon.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la especialista, quien hoy presenta junto al Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho investigaciones sobre las amenazas y agresiones hacia el personal jurisdiccional, a defensores de derechos humanos y litigantes en general, abundó en torno a las consecuencias económicas y en la inversión, de aprobarse los cambios.

Consideró que en los diálogos para analizar el plan C en el Congreso de la Unión no se profundizó sobre los detalles de su impacto en las principales variables económicas. “Fueron insuficientes”, acusó.

La reforma se da en momentos en que el país está bajo la lupa de las calificadoras por ingresos públicos debilitados y un alto déficit, enfatizó: “Nos encaminan hacia la pesadilla y tormenta perfectas porque amenazan el ambiente de negocios, de gobernanza sin el Inai y de políticas públicas sólidas sin el Coneval, en perjuicio de todos”.

Así resumió el panorama que se anticipa con las reformas: menos inversión extranjera directa, reducción del crédito, incertidumbre e insuficiente desarrollo empresarial que acortarán el crecimiento.

Todo eso puede tener un costo directo en el producto interno bruto (PIB) y en los negocios, con el riesgo de perder la oportunidad de la relocalización de empresas, mejor conocido como nearshoring, que no se volverá a tener al menos en los próximos 50 años. El efecto también se verá en los hogares, anticipó.

Ponderó que en el impacto de la reforma hay que considerar varios aspectos en la parte económica como la IED, disponibilidad de crédito y el desarrollo empresarial.

Además, hay otra parte relacionada con finanzas públicas, como lo demuestran estudios sobre la relación entre el Estado de derecho y la calidad del Poder Judicial con la actividad económica, refirió.

Con base en eso, Campos manifestó que entre más calidad haya en el Poder Judicial, medido a través de independencia económica y de la resolución pronta y expedita de asuntos, hay más capital foráneo.

Los países con un mejor Poder Judicial captan más capital de largo plazo, porque garantiza que cuando una empresa o el propio gobierno tienen un conflicto, van a poder solucionarlo de manera justa y en un tiempo razonable, afirmó.

Eso sirve para que las unidades empresariales puedan desarrollarse de manera más eficiente, tanto en el número como en el tipo de compañías, así como su productividad.

De lo contrario, ponderó, si bien las empresas tienen actividad económica, será muy limitada; no harán negocios con cualquiera por la falta de certeza a la hora de hacer valer el Estado de derecho.

Por ejemplo, si una empresa ve un ambiente de negocios desfavorable, reducirá su potencial económico. Otra consecuencia negativa por igual para los hogares es el costo del crédito, dijo, pues está probado que en lugares en donde el sistema de justicia es sólido, se amplían los plazos para pagar y es más barato.

En el crédito se cobra el riesgo y la incertidumbre, y eso es algo que poco se ha analizado, puntualizó.

“Estamos hablando de una relación positiva y directa entre ambos”, matizó la especialista con 20 años en evaluación de políticas públicas.

Su experiencia en el gobierno federal al trabajar en la Secretaría de Hacienda y en el Servicio de Administración Tributaria, así como en el sector privado en la Fundación IDEA, en Grupo de Economistas y Asociados, y ahora dirigiendo México Evalúa, la acreditan para afirmar que sería lamentable que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, abrace estas iniciativas.

Ponderó que, al iniciar su gobierno, tiene la oportunidad de generar desarrollo económico y social.

“No es la autora, ella no lo planteó; tendría que sacudirse de ese proyecto, y llevar a cabo lo que ella proponga y no aceptar algo ajeno sin beneficios. No necesitamos más retos, con la inseguridad pública hay mucho por hacer”, aseveró.

Miente como respira

Miente como respira es una frase que acuñó Andrés Manuel López Obrador hace pocos años para denostar a un periodista que odia. Ahora, en el último informe de su gobierno este domingo en la gran plaza pública del Zócalo de la Ciudad de México, el Presidente demostró que a mentir nadie le gana.

No tiene rival tampoco para decir cosas increíbles –algunas francamente ridículas–, tergiversar datos, falsear otros, mezclar cosas o expresar medias verdades para esconder fracasos y salir indemne. La mayoría del electorado votó por su proyecto y su candidata. La propaganda fue un éxito y el terror hacia el interior y hacia fuera del régimen, también. Se irá dentro de un mes, victorioso –su definición de triunfo es la popularidad– y dejará una monumental responsabilidad para la heredera del legado, Claudia Sheinbaum.

La presidenta electa no tiene el cinismo de López Obrador –insistir en que el sistema de salud que deja es mejor que el de Dinamarca, que la gasolina cuesta menos o que ya no hay corrupción en el gobierno, serán recordados como sus principales bufonadas–, pero tampoco los recursos dialécticos –un discurso que conecte de la manera más simple con la gente–, la forma simple de decir las cosas ni sus énfasis, que sintetizan una capacidad de comunicación como no habíamos visto nunca. Su personalidad, antagónica a la de su mentor, la deja en desventaja ante el estilo de gobernar del tabasqueño. A una le gusta ser seria; al otro le encanta la carpa.

Sheinbaum va a carecer de otras cosas, sobre todo dinero. El gobierno de Enrique Peña Nieto le dejó en caja a López Obrador 300 mil millones de pesos para que tuviera un cómodo arranque de administración, además de poco más de 1.3 billones de pesos en fideicomisos. La inflación estaba en 4.3 por ciento, el tipo de cambio en 19 pesos por dólar, el crecimiento en 2.1 por ciento y el déficit fiscal en 2.3 por ciento. López Obrador deja la caja casi sin dinero –sólo habrá recursos adicionales para vivienda y hospitales–, menos de la mitad de los fideicomisos –concentrados ahora en las Fuerzas Armadas–, una inflación de 4.98 por ciento, un tipo de cambio altamente volátil que ha llegado a rozar los 20 pesos por dólar, un crecimiento de 1 por ciento y un déficit fiscal de 5.4 por ciento.

Contra lo que planteó el Presidente en su último informe, deja un gobierno que apesta en corrupción –sólo Segalmex, con 15 mil millones de fraudes, es tres veces más grande que el mayor en el gobierno de Peña Nieto, la estafa maestra–, con conflictos de interés y probables ilícitos en los sectores de petróleo, medicinas, alimentos y construcción del círculo cercano de su familia, una sociedad dividida y confrontada –la última, la reforma al Poder Judicial–, con el narcotráfico en poder de un importante pedazo de territorio nacional –siendo el poder real en casi la mitad de los municipios– y con un creciente choque con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, poniendo en riesgo la renegociación del acuerdo comercial norteamericano.

El Presidente dijo que se jubilará y que se irá a vivir a su rancho en Palenque, lo que no está en duda, salvo por cuánto tiempo lo hará, para seguir encauzando lo que es su estrategia transexenal, explicada recientemente por una pluma al servicio de Palacio Nacional, que apuntó que la radicalización de sus posiciones busca hacer más difícil que Sheinbaum busque correrse al centro, no por razones ideológicas –la presidenta electa sí es de izquierda; el saliente es un típico priista reaccionario setentero–, sino por necesidades pragmáticas. Ayer le volvió a mandar un mensaje: nada de APP, asociaciones público-privadas, que fue una de las innovaciones que presentó la presidenta electa en sus propuestas energéticas para los primeros 100 días de su gobierno. Y le remachó que tiene que terminar las obras de su sexenio, aunque sean ocurrencias de último momento.

El último Informe de Gobierno de López Obrador es la hoja ruta de Sheinbaum. No le tiene en el fondo confianza ciega a su delfín, y el tutelaje que ha hecho para con ella, arrastrándola a sus giras por el país para que se comprometa a seguir sin cambiar una coma el proyecto del obradorismo, es mucho más profundo de lo que se puede ver con la imposición, hasta ahora, de 11 secretarias y secretarios de Estado, varios más de los que ella ha logrado colocar.

Quiere el Presidente que Jesús Ramírez Cuevas, el jefe de la maquinaria de propaganda del obradorato, repita en el área de Comunicación Social –que causa escalofríos en el equipo de Sheinbaum por el costo que tendría en el arranque de gobierno con los medios– o que quede en una posición estratégica en el gabinete. Le ha insistido que mantenga como asesores a Rafael Barajas, el monero Fisgón –uno de los culpables de los mayores errores de López Obrador en política exterior–, y al videobiógrafo del Presidente, Epigmenio Ibarra, como señal de continuidad. Lo último que está inquietando al equipo entrante es la presión para que Andrés López Beltrán, el segundo hijo del Presidente –sentado ayer en el Zócalo junto a Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa–, asuma la Secretaría de Organización –que para efectos prácticos es la electoral– de Morena, perfilando con sus guardias rojas la construcción de una dinastía política en México para dentro de seis años.

López Obrador engañó con la verdad toda su vida pública y es un consumado mentiroso, como lo vimos en su último Informe de Gobierno. Sheinbaum debe saber que es un hombre sin escrúpulos, que ha traicionado a quienes más lo han ayudado sin condiciones y lastimado, para salvarse él, incluso a su familia más cercana. Está experimentando el maltrato ahora en carne propia, y la vamos a seguir viendo navegar este mes que le queda a su tutor de presidente, con genuflexiones, sometimiento y zalamerías, lo que podría extenderse por muchos meses en su primer año de gobierno, alimentando las inquietudes en México y el mundo de si lo que hace es por estrategia o es, en realidad, su verdadero yo.

Los tres “cantantes” que sacudirán a México

Por si le faltara algo al enrarecido final de sexenio que estamos viviendo, entre imposiciones de reformas constitucionales, paros en el Poder Judicial, marchas estudiantiles, tensión con Estados Unidos y amenazas de turbulencia financiera, en el último mes que le queda a la administración del presidente López Obrador tendrán lugar las declaraciones y audiencias judiciales de tres capos del Cártel de Sinaloa ante la justicia estadounidense, y lo que digan y declaren esos tres personajes del mundo criminal, sacudirá sin duda al agitado ambiente político mexicano.

Porque a la confirmación de que Ovidio Guzmán López “El Ratón” y líder de la facción de Los Chapitos abandonó la prisión y se volvió “testigo protegido” para la DEA y el Departamento de Justicia, se sumarán las primeras audiencias judiciales que tendrán en este mes de septiembre Ismael “El Mayo” Zambada, el 9 en Nueva York, y Joaquín Guzmán López, el día 30 ante un Juez federal de Chicago.

De esos tres procesos judiciales que tendrán lugar en el vecino país, saldrá mucha información sobre las redes políticas de protección y complicidad que auspician el tráfico de drogas que se producen en México y se trafican a los Estados Unidos, incluido el letal fentanilo que hoy es considerado una emergencia de salud para la población estadunidense.

Y no es casualidad ni coincidencia que, justo en el último mes del sexenio lopezobradorista, se hayan programado y alineado a los que serán tres testigos clave y fuentes de información de primera mano para el gobierno estadunidense sobre cómo opera y actúa el principal Cártel de drogas mexicano, y cómo es que sus capos y líderes han gozado de protección e impunidad durante décadas, cobijados por autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno.

Detrás de esa estrategia política y extraterritorial, que logró juntar a los dos hijos del Chapo Guzmán y al Mayo Zambada en territorio de los Estados Unidos y presentarlos ante la justicia de su país, está la mano de la DEA, que expulsada y maltratada de México por el gobierno de López Obrador, fue preparando el terreno para obtener, capturar y extraer a los capos a los que no detenía el gobierno mexicano, valiéndose de la colaboración encubierta de políticos morenistas de Sinaloa, a los que les ofreció tratos y protección para ellos y sus hijos, a cambio de que colaboraran con ellos para lograr reunir a tres testigos estrellas para documentar la narcopolítica en México.

Todo eso se hizo a espaldas del gobierno mexicano y sin que el aparato de inteligencia nacional detectara las sigilosas negociaciones y operaciones de la DEA que fue armando, paciente y fríamente, la que parece ser también su venganza por el desaire y la expulsión de sus agentes que ordenó apenas llegando el gobierno López Obrador.

Por eso, lo que vendrá en las próximas semanas, desde los tribunales y agencias estadunidenses, cimbrará fuerte a la política mexicana de todos los tiempos, pero especialmente al actual gobierno y a su partido, cuyas conexiones con el Cártel de Sinaloa y con empresarios huachicoleros como Sergio Carmona, han sido minuciosamente investigadas por el gobierno estadunidense, y van desde el financiamiento de candidatos y campañas con dinero ilegal, hasta la protección e impunidad de la que gozaban los líderes de esas organizaciones criminales.

Tan solo el caso de Ovidio Guzmán y su nuevo estatus de “testigo protegido” es algo que, a querer o no, impactará directamente a la administración lopezobradorista, no sólo porque el poder del “Ratón” y sus hermanos nació y creció en este sexenio, a raíz de la extradición, enjuiciamiento y condena a cadena perpetua de su padre, Joaquín Guzmán Loera, sino porque fue precisamente a Ovidio al que, tras un operativo militar fallido para capturarlo en Culiacán, aquel 17 de octubre de 2019, fue a quién ordenó liberar, cuando ya había sido detenido por el Ejército y ejecutada la orden de aprehensión, el mismísimo presidente López Obrador, quien ha reconocido públicamente y en varias ocasiones, que él ordenó la liberación de Guzmán López, que a la postre se convertiría, junto con sus hermanos, en los principales introductores de fentanilo al territorio de los Estados Unidos.

Si a eso se le suma lo que puede revelar Ismael Zambada García, de todas las relaciones de complicidad que tuvo en casi 50 años con autoridades mexicanas de todos los niveles, y particularmente de sus amigos y protectores en el actual sexenio, más lo que diga el chapito menor, está claro, pues, que vienen tiempos turbulentos y que los tres capos del Cártel de Sinaloa, que cantarán en do mayor y sostenido ante los jueces y agencias estadounidenses, van a cimbrar y a sacudir al mundo político mexicano y a la narcopolítica y narcogobiernos que por muchas décadas los auspiciaron y protegieron.

NOTAS INDISCRETAS… Se podría discutir si, como dicen sus fanatizados seguidores, el presidente López Obrador “es el mejor presidente de México”; incluso se podría entender, por obra y gracia del fanatismo, que los más aduladores afirmen que el tabasqueño está a la altura de Juárez o Lázaro Cárdenas. Pero lo que no está a discusión y cada vez que habla ella misma lo confirma, es que Luisa María Alcalde sí será “la peor secretaria de Gobernación de la historia”; no sólo porque es apenas la segunda mujer en ocupar ese cargo, sino porque, si se le compara con todos los que han ocupado el mítico despacho de Bucareli, incluidos los más perversos, oscuros o corruptos secretarios de la era priista o incluso de los panistas que también pasaron por ahí, nunca la Segob había tenido una secretaria tan irresponsable, fanatizada y partidista como lo ha sido la señorita Alcalde. No hubo discurso o aparición pública en la que no pusiera por delante su partidismo y hablara como si fuera la dirigente de Morena –que pronto lo será por recomendación presidencial— y se olvidara por completo que su carácter de responsable de la gobernabilidad del país, le exigía actuar con objetividad e imparcialidad, más allá de sus convicciones partidistas que siempre sacaba a relucir en sus mensajes públicos. Ya ni digamos que a ella, como  le correspondía por ley, el diálogo y la negociación con las oposiciones ni siquiera le importaron y que se dedicaba, un día sí y otro también a atacar a los opositores y a exaltar y alabar al movimiento político al que pertenece. Pero la peor muestra de irresponsabilidad y desvergüenza que ha tenido Luisa María Alcalde, incluso peor que su ilegal salida a anticipar la mayoría absoluta de Morena y sus aliados apenas 48 horas después de la elección del 2 de junio, fue la penosa e ilegal muestra que dio ayer la señora secretaria de Gobernación al confundir la tribuna del Congreso de la Unión, en la sesión inaugural de la nueva legislatura, con un mitin político y, con el pretexto de que fue a entregar el 6to. Informe de Gobierno, se dedicó a arengar y echar porras partidistas al presidente y a su movimiento, incendiando al Congreso en su primer día de labores y enojando a la oposición que veían incrédulos a una titular de Gobernación convertida en vulgar porrista de Morena. Al final Luisa María, consentida del presidente y muy cercana a su hijo Andy, no sólo se ganó a pulso el título de la peor secretaria de Gobernación de la historia; también se ganó la Presidencia de Morena que le regaló López Obrador y que dirigirá junto a su hijo Andrés Manuel López Beltrán… A propósito del sexto y último informe de Gobierno, que terminó convertido en mitin político, entre los asistentes de Morena estuvo el senador Félix Salgado Macedonio, quien al final del evento en el Zócalo respondió a preguntas de los reporteros. Según el senador guerrerense detrás del paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, al cual calificó de ilegal, está la ministra presidenta, Norma Piña, a quien insiste que se le debe enjuiciar políticamente. Y luego, cuando le preguntaron si extrañaría al presidente López Obrador, Salgado soltó la siguiente perla declarativa: “Nunca vamos a despedir del presidente. Siempre vivirá en nuestro corazón y en nuestra mente”. Ya salió poeta también el Toro sin Cerca… Los dados abren semana con Serpiente Doble. Se vienen tiempos turbulentos.

Morena inicia amenazando a jueces que osan ir contra AMLO

A lo largo del país, integrantes del Poder Judicial de la Federación presentaron recursos para evitar que se debata, y en su caso, se apruebe la reforma del presidente López Obrador. Es posible, nos hacen ver que, así como dos jueces otorgaron suspensiones y notificaron a la Cámara de Diputados para que no debata la reforma, pudieran venir varias más antes de que la reforma se apruebe en su totalidad. Ante esta posibilidad, y para que otros juzgadores se lo piensen bien antes de contradecir la voluntad presidencial, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, amenazó a los dos jueces que otorgaron las suspensiones con someterlos a un juicio político. Así, nos hacen ver, arranca Morena la nueva legislatura, amenazando a los jueces que osen fallar en contra de los designios del Poder Ejecutivo.

Nos señalan un dato increíble del mensaje del Sexto y último Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: no existió ninguna mención al tema de la extorsión. En las poco más de dos horas del informe, este delito, que tiene asolada a la población, no apareció por ningún lado. Quizá no sea tan raro que en el gobierno federal no se quiera hablar de este incómodo tema, pues en los informes mensuales del gabinete de seguridad en las mañaneras tampoco se mencionan las cifras de este flagelo. Nos recuerdan que en julio pasado el propio presidente López Obrador reconoció que la extorsión era una asignatura pendiente. Y pendiente se quedará.

El senador Manlio Fabio Beltrones, nos dicen, se mantendrá como un legislador sin partido, luego de que el reelecto presidente del PRI, Alejandro Moreno, lo echó de la bancada priista. El decano legislador Beltrones, nos hacen ver, tendría cabida en varios grupos parlamentarios, pues en todos cuenta con amigos, sin embargo, se mantendrá fuera de ellos. Don Manlio, nos comentan, tampoco planea formar una fracción parlamentaria independiente, por ahora, pero aseguran que si se dan las condiciones podría formar una nueva versión del Grupo Plural que en la pasada legislatura crearon Germán Martínez y Emilio Álvarez Icaza. Nos comentan que uno de los senadores que pudiera unirse a Beltrones en una hipotética nueva bancada plural es el priista Miguel Riquelme, con quien lo une una vieja amistad. Nos hacen notar que, el jueves, en la sesión constitutiva de la nueva legislatura, ambos se saludaron efusivamente y quedaron en reunirse en los próximos días para platicar

Después de varias décadas revivió en San Lázaro el Día del Presidente, aunque fue a distancia, porque el mandatario nunca pisó el recinto, ni ahora que estrenó su supermayoría, avasalladora, que lo coreó, lo alabó con vítores. Antes, su titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo por media hora el paseíllo en el salón de plenos para el clásico besamanos, que tanto gustaba a los priistas. Ayer fue el Día del Tabasqueño, en su último informe. Fue alabado en persona en Palacio Nacional, y a distancia en la Cámara de Diputados durante la sesión del Congreso.

Maquinaria oficialista

SIEMPRE sí Morena y sus aliados metieron el acelerador a la aplanadora para que mañana quede aprobada la reforma judicial y, anoche mismo, le dieron primera lectura a pesar de los extrañamientos de la oposición.

EL PLAN es votar mañana en lo general, el miércoles en lo particular y todo indica que las protestas estudiantiles y de jueces, las presiones de organismos civiles, empresariales y la postura de EU provocaron el acelere.

EL ÚLTIMO informe presidencial no dejó duda de que nada ni nadie detendrá a la maquinaria oficialista. La “consulta” a mano alzada en un Zócalo lleno de militantes de la 4T es un desplante que podría tomarse a broma si no fuera por el asunto de fondo: se lanzó un mensaje al gobierno estadounidense para que vea que hay un “gran apoyo” a la reforma.

ALGO ASÍ estilaban líderes como Fidel Castro, Hugo Chávez o Daniel Ortega al retar desde sus plazas llenas al “Imperio”. A estas alturas de la historia, el Zócalo de ayer parece caricatura… pero no es un chiste, aunque lo parezca.

VAYA arranque tuvo la 66 Legislatura con la entrega del Informe de Gobierno presidencial.

HASTA ahora, cada año había sido un acto protocolario y respetuoso desde que los opositores de otros sexenios, y que hoy son gobierno, pidieron que el 1 de septiembre dejara de ser el Día del Presidente y se convirtiera en el Día del Congreso.

POR ELLO, lo que hizo ayer la secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde, al tomar la tribuna y armar un mitin enalteciendo al Presidente recordó los viejísimos tiempos del partido único.

INTERESANTES resultaron los posicionamientos de los distintos partidos. Por MC, habló el senador Clemente Castañeda quien dijo que con el Plan C y todos los pendientes que deja la administración saliente, van a querer hacer responsable a la presidenta Claudia Sheinbaum de los errores del gobierno actual.

LA REGIA Marcela Guerra dijo que el PRI apoyará lo bueno del próximo gobierno y no lo malo, dejando abierta la puerta para negociar, mientras que la blanquiazul Noemí Berenice Luna no abrió ni una rendija reivindicando al PAN como el partido de la resistencia.

EN LA CDMX, Morena y sus aliados van por todo.

NO SÓLO insistieron hasta que el Tribunal Electoral capitalino anuló la elección en la Alcaldía Cuauhtémoc, que ganó la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, Alessandra Rojo de la Vega a la morenista Caty Monreal, también se quedaron con la mayoría calificada en el Congreso local.

ADEMÁS, lo hicieron avasallando a la oposición, doblando las leyes al límite y burlando la voluntad de los votantes al sumar a su bancada a diputados que llegaron con votos por el PAN, el PRI y el PRD. Y esto, apenas comienza.

El rompecabezas del asesinato de Milton Morales

Un hombre identificado como Armando “N” rentó en diciembre pasado la bodega donde fueron encontrados tres de los vehículos involucrados en el asesinato del jefe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Milton Morales.

El asesinato del funcionario fue planeado durante meses y lo llevó a cabo un grupo que actuó de manera coordinada: que movilizó al menos cinco vehículos y dos motos con placas sobrepuestas, y que el pasado 21 de julio vigiló, desde las ocho de la mañana, el domicilio de Coacalco, en el Estado de México, del que Morales salió aquel domingo para hacer compras en una pollería.

El jefe policiaco fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras esperaba que el encargado del local lo atendiera. Mediante la revisión de cámaras de vigilancia públicas y privadas, las autoridades identificaron las placas del Aveo en que llegó el agresor y de uno de los vehículos que sirvieron de muro —también un Aveo— luego de que se consumó el asesinato.

Se trataba de placas sobrepuestas, “que corresponden a un vehículo diverso”. Las placas se dieron de alta el 7 de junio de 2021, a nombre de Lorena Janeth “N”. Según las autoridades, Lorena Janeth y su pareja sentimental, Erick Gerardo “N” facilitaron la vigilancia del domicilio, obteniendo matrículas para los vehículos que rondaron la zona y “siguieron una secuencia y orden en su desplazamiento, captados por diversas cámaras cerca del lugar de los hechos, minutos después de las 11:00 horas”.

Las placas fueron colocadas un día antes del asesinato. No contaban con reporte de robo, ni de extravío. Aunque los involucrados negaron cualquier relación con la gestión de estas, la fiscalía del Estado de México obtuvo el testimonio de una persona que aseguró que se las había entregado en propia mano. Lorena Janeth “N” y Erick Gerardo “N” fueron vinculados a proceso una semana después del homicidio.

En los últimos días de agosto, una llamada anónima puso a las autoridades sobre la pista de la bodega en la que estaban guardados los vehículos relacionados con el homicidio. De acuerdo con un testigo cuya identidad fue reservada, 40 minutos después de cometido el crimen escuchó que Armando “N”, el hombre que rentó ese inmueble, recibía una llamada. Al poner el altavoz del teléfono, una voz dijo:

“Ya está hecho el jale, cuando esté cerca te marco y me abres”.

En esa bodega, ubicada en la colonia Ejido de Tequistlán, en Tezoyuca, Estado de México, la policía localizó los dos autos empleados el día del asesinato, así como una de las unidades que las cámaras detectaron en los alrededores del domicilio de Morales.

Además de contar con placas sobrepuestas, los números de serie estaban alterados.

La policía localizó en la bodega varios vehículos que no fueron registrados por las cámaras el día del asesinato del funcionario, pero que tenían también placas sobrepuestas y números de serie alterados: vehículos que el grupo criminal iba a emplear o había empleado en otros hechos delictivos.

Armando “N” fue acusado de homicidio calificado y vinculado a proceso. Un hijo de este se encuentra en calidad de prófugo.

En el rompecabezas del homicidio existe también la versión de que fue el propio Armando quien puso sobre aviso a la fiscalía tras recibir una llamada del Cártel Jalisco Nueva Generación en la que le advirtieron que si proporcionaba videos o información a la policía tanto él como su familia serían asesinados.

Fue el Cártel Jalisco quien ordenó el asesinato en 2020 del entonces secretario de seguridad de la capital, Omar García Harfuch. Los responsables fueron sentenciados en marzo pasado a 316 años de prisión. Como se sabe, Milton Morales era la mano derecha de García Harfuch e iba a acompañarlo en su nueva encomienda como secretario de seguridad pública federal. Las autoridades, sin embargo, no han hallado indicio material alguno de que este cártel hubiera tomado parte en el homicidio. Todo indica, en cambio, que el asesinato fue llevado a cabo por una banda con cierto grado de sofisticación, capaz de montar un operativo de vigilancia, ejecución y ocultamiento, en el que pudieron, tal vez, tomar parte policías, aunque hasta el momento no existen, tampoco, indicios de esto último.

El asesinato de Morales caló profundamente entre los mandos de la Secretaría. La orden es resolver el caso antes de ser posible en los primeros meses del nuevo gobierno, al que le urge mandar la señal de que no habrá tolerancia en esta clase de asuntos.

Mentiras y dictadura

Un escandaloso rosario de mentiras dijo ayer el Presidente en el Zócalo, quizá el discurso más cínico de su sexenio, con el respaldo de la multitud que aprobó a mano alzada la reforma al Poder Judicial.

No lejos de ahí, en Reforma e Insurgentes, miles de estudiantes dieron el banderazo de inicio a lo que será una larga batalla por el restablecimiento del Estado de derecho y las elecciones libres en México.

¿Cuántas décadas pasaremos con la soberbia y la arbitrariedad de Morena encima? No se sabe, ni siquiera por intuición. Pero una maratón se inicia con el primer paso, y los jóvenes lo dieron ayer.

En su discurso previo al retiro (otra mentira), López Obrador hizo hincapié en dos hechos de su gobierno que nunca estuvieron en su plataforma de campaña: el poder entregado a los militares (disfrazado ayer de reconocimiento a los secretarios de Defensa y Marina) y la destrucción del Poder Judicial.

Son las dos pinzas que amarran la dictadura que el Presidente dejará instaurada en México.

Hace una semana, sin que haya actas que respalden el resultado de las elecciones en Venezuela, donde las únicas pruebas son las que indican que ganó la oposición, el Ejército desfiló por el centro de Caracas en apoyo al triunfo del presidente Nicolás Maduro.

Ese ha sido el propósito de darle poder desbordado a las Fuerzas Armadas en México en áreas que nada tienen que ver con la seguridad nacional, sino relacionadas con obras y negocios.

Tarde o temprano Morena perderá las elecciones, luego del desastre económico al que nos llevan, o cuando los subsidios directos que se entregan a decenas de millones de personas den paso a una nueva serie de exigencias sociales. Van a necesitar el respaldo militar para no soltar el poder. Como en Venezuela.

La destrucción del Estado de derecho para entregarle la justicia “al pueblo” ya se expresa en los fallos de los tribunales electorales.

El TEPJF, con la honrosa excepción de la magistrada Janine Otálora, le dio a la coalición encabezada por Morena casi 20 por ciento de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

No interpretaron la Constitución, dicen, lo cual es falso y algunos lo creen. Lo que está fuera de toda duda es que los magistrados interpretaron la voluntad del Presidente, que hizo explícita la secretaria de Gobernación.

Así será la justicia, porque esa abstracción que es “el pueblo” en la práctica es la voluntad del Presidente. Él, o ella, encarnan al pueblo. Su palabra, o su deseo, es la palabra y la voluntad de “el pueblo”.

Ese es el catecismo de las dictaduras.

Ominoso fue el fallo del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que le arrebató el triunfo a la opositora Alessandra Rojo de la Vega porque tuvo la osadía de ganarle la elección a la hija del poderoso jefe de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. (El “nuevo” Ricardo Monreal).

“No se puede hablar de dictadura porque ustedes los periodistas dicen lo que quieren y nadie va a la cárcel por disentir, y hay partidos de oposición”, argumentan los heraldos de la corrección política.

Eso dicen los mismos que le permitieron a López Obrador violar la ley para ser candidato a jefe de Gobierno, tomaron como una anécdota de la picaresca política cuando mandó “al diablo las instituciones”, marcharon para perdonarle la violación a un amparo y cambiaron las leyes electorales porque un anuncio había dicho en televisión que AMLO era un peligro para México.

Ellos, con su “corrección política” ante un aprendiz de dictador, le enseñaron a López Obrador que a él nadie le viene con que “la ley es la ley”.

¿No es dictadura? Ya no como las de los años 70, en que los dictadores llegaban al poder por la vía armada o los cuartelazos.

Pero con la apropiación de la mayoría calificada en el Congreso y el paquete de reformas que esa mayoría espuria va a aprobar, sí lo es.

Irá apretando según lo indiquen las circunstancias. Este mes, ya tendrá en sus manos todos los instrumentos para hacerlo cuando lo necesite.

Los partidos de oposición serán testimoniales, un adorno para que el régimen diga en el exterior que en México hay democracia.

El gobierno podrá encarcelar a un sospechoso de fraude fiscal. A prisión, sin juicio, por sospechas. Eso es un grillete a las libertades ciudadanas.

Quiero ver quiénes serán los valientes que se atrevan a hacer enojar al que, por sospechas, tiene atribuciones legales para mandar a la cárcel a quien quiera. Sin juicio.

Cuando un ciudadano sea puesto ante un juez, éste tal vez va a tener puesta una capucha, para que uno no sepa quién lo condena.

El control de los viajes por el país, las salidas al extranjero por carreteras, puertos y aeropuertos, en manos de los soldados. También las aduanas, y las calles.

Las llaves de las puertas del país las tendrán las Fuerzas Armadas.

Ya hemos visto que la descomunal ampliación de atribuciones al Ejército no es para dar seguridad a los ciudadanos, aunque López Obrador haya mentido con que bajó el crimen y demás delitos.

Mintió en prácticamente todo.

Contra ese avasallamiento de mentiras, control de los tres poderes y protagonismo inédito de las Fuerzas Armadas, tendrán que batallar por años los estudiantes que ayer pusieron sus pies en la calle, unidos con los trabajadores del Poder Judicial, en defensa de una judicatura independiente, una democracia fuerte y un país libre.

La operación Monreal para seguir reinando en Cuauhtémoc

En medio de una pugna con el Poder Judicial de la Federación para llevar al pleno del Congreso la votación de una reforma constitucional que lo sacuda por completo, con las consecuencias que eso tendrá para la estabilidad del país, el nuevo líder de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, se dio tiempo para impulsar un asunto más bien de índole personal y familiar: presionar a los magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México para anular la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, en la que su hija Catalina Monreal no pudo vencer a la aliancista Alessandra Rojo de la Vega.

El sábado por la noche, en lo que se califica como un “sabadazo”, el pleno que encabeza el magistrado Armando Ambriz Hernández avaló el proyecto del magistrado Osiris Vázquez para reponer el proceso de una elección en la que, presuntamente, la aspirante morenista fue víctima de violencia política en razón de género. En específico, la tesis aceptada por el Tribunal es que la candidata recibió un ataque sistemático de Rojo de la Vega para provocar su invisibilización, mediante actos de un llamado “familismo”.

Si bien el concepto de “familismo” ha sido aceptado en los nuevos lenguajes de género como un tipo de violencia, en el que se denigra a la mujer por considerar que el valor o la importancia de su familia es lo único que determina su papel, la realidad es que ésta es la primera vez que se emplea en una resolución electoral. No es que se dude de la modernidad, la capacidad y la conciencia de género de los magistrados capitalinos, pero resulta muy extraño que hayan decidido aludir a nuevos términos en una resolución que involucra a los Monreal.

Para nadie es un secreto que la familia originaria de Zacatecas se apoderó de su natal estado y, por un buen tiempo, de la alcaldía Cuauhtémoc. La exalcaldesa de esa demarcación, Sandra Cuevas, ha aceptado con todas sus letras que su principal apoyo para ocupar ese cargo fue Ricardo Monreal, aunque después, por el estilo irreverente de la también excandidata al Senado por Movimiento Ciudadano, se rompieron relaciones. A ese apoyo también podría llamársele “familismo”.

Más interesante aún, de consolidarse ese término y su carga de presunta violencia política como causal de nulidad para la elección, en favor de Caty Monreal, el Tribunal de Armando Ambriz pudo haber puesto bajo evaluación acciones como las reuniones que la candidata morenista sostuvo con Emmanuel Grey, exesposo de su contrincante Alessandra Rojo, así como la manera en que extrañamente llegaron las imágenes de esos encuentros a las redes sociales.

En esa evaluación jurídica igualmente se pudieron incluir aquellos comentarios con los que Caty Monreal ha dejado ver en ocasiones que los disparos que recibió la camioneta de Rojo de la Vega, durante la campaña, pudieron haber sido resultado de un autoatentado. Expertos en la materia exponen que tales alusiones supuestamente sustentadas en investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX son un acto de revictimización.

En suma, más allá de que efectivamente la violencia no se combate con más violencia, lo preocupante de este caso es que podría ser el primer retrato de la acumulación de tanto poder en Morena; el suficiente incluso para mover a su antojo lo que ya había sido resultado de una decisión popular. La pregunta en este caso es si la quema de este primer cartucho cuenta con el aval de Palacio Nacional y de la casa de transición de Claudia Sheinbaum o si Monreal actúa únicamente por su cuenta.

Posdata 1

El encuentro de Andrés Manuel López Obrador con sus fieles y sus colaboradores este domingo en la Plaza del Zócalo capitalino hizo recordar, como lo reconoció el propio presidente, aquellos mítines en los que arengaba a sus seguidores a defender sus ideales; pero sobre todo, buscaba convencerlos de que un cambio de régimen era inexorable para México, para bien o para mal, y que él era el único que podía llevarlo a cabo.

López Obrador siempre se ha visto a sí mismo como un mesías; un salvador de los oprimidos y de las causas justas. Ese es el discurso que ha repetido incansablemente desde los tiempos en los que bloqueaba pozos petroleros en su natal Tabasco, se quejaba de un intento de desafuero en su contra en la capital del país o acusaba de fraude electoral a sus competidores. Muchas de las palabras, las referencias históricas, las verdades a medias o las mentiras y los datos acomodados a su antojo se volvieron a escuchar este domingo durante el Sexto Informe de Gobierno de AMLO.

Una fiesta pública entre fieles morenistas y bases electorales de la autodenominada 4T donde no cupo la autocrítica, la autorreflexión sobre los errores cometidos –por ejemplo durante la pandemia del Covid 19 o los enormes daños ambientales de proyectos como el Tren Maya–, ni tampoco mensajes de reconciliación para un México dividido, mucho de ello productos de los discursos del titular del Ejecutivo en sus mil 418 conferencias que presumió, pese a que que juró al rendir protesta ser presidente de “todo los mexicanos”.

En fin que el autoelogio, las risas sarcásticas para sus “adversarios” y los aplausos y coros para quien mantendrá vivo el movimiento de la 4T –su sucesora Claudia Sheinbaum– fueron la tónica del mitin del presidente López Obrador este domingo, donde se confirmó que la 4T utilizará todo el poder que obtuvo en las elecciones del 2 de junio para modificar la Constitución a su antojo y ‘mayoritear’ a las minorías representadas en el Congreso federal, con todo y los efectos contraproducentes para la estabilidad económica, política y social de México.

Posdata 2

Olimpia Coral Melo, activista detrás de la “Ley Olimpia” contra la violencia digital, ha logrado un avance significativo en su lucha por la justicia en Puebla. Junto a su equipo legal, encabezado por el abogado Uldis Mena Lapinch, ha conseguido la vinculación a proceso de Israel “N” y otros agresores por el violento ataque ocurrido en Huehuetla en abril pasado. Israel “N” ahora se encuentra en prisión preventiva justificada, enfrentando cargos por ultrajes a la moral, daño en propiedad ajena y lesiones dolosas.

Durante el incidente, los agresores no solo llevaron a cabo conductas sexuales agresivas, sino que también golpearon el vehículo de las víctimas. Además, infligieron lesiones físicas a Olimpia y a sus dos compañeras. Aunque Israel “N” fue inicialmente liberado bajo un amparo por una falta administrativa, la perseverancia de Olimpia y su equipo legal logró que se le vinculase a proceso y actualmente se encuentre en prisión preventiva.

Este caso subraya la necesidad urgente de acciones contundentes por parte de las autoridades para prevenir delitos contra las mujeres, desde el acoso en las calles hasta agresiones físicas y sexuales. Es un llamado a las secretarías, municipios y organismos de justicia para que implementen medidas preventivas efectivas para combatir las conductas sexuales agresivas y proteger a las víctimas.

Posdata 3

El Instituto Nacional de Antropología e Historia de Diego Prieto adjudicó de manera directa un contrato por alrededor de 150 millones de pesos para concluir en Mérida, Yucatán, la tercera etapa del mantenimiento y restauración del inmueble conocido como el Ateneo Peninsular. La beneficiaria fue la empresa Grupo Mármol Construcciones SA de CV, propiedad de Jorge Adrián Martínez Aguilar y Alejandro Adrián Martínez Molina.

Se espera que la conclusión de esta obra sea finalmente una respuesta a los reclamos de más de 500 artistas que denunciaron la reducción de espacios para exponer en el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán, debido a las obras de restauración. Ahora el MACAY también formara parte de las instalaciones del Ateneo, el cual será conocido como el Museo de la Historia del Pueblo.

Dicho inmueble podrá fungir como un nuevo punto de interés turístico de la capital yucateca, pues se sabe que varios de los artefactos arqueológicos encontrados durante la construcción del Tren Maya serán exhibidos en el mencionado recinto.

Posdata 4

Quien levantó la voz en el Zócalo cuando llegó al informe del Presidente López Obrador fue el senador Félix Salgado Macedonio: “la ministra Norma Piña debe estar en la cárcel”, por lo que seguirá promoviendo se le haga juicio político. El guerrerense dijo que hay una ley de salarios máximos que se aprobó en el Senado donde se estipula que nadie puede ganar más que el Presidente de la República y que algunos ministros, magistrados y jueces se autoampararon para no cumplir ésta, como fue el caso de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ello, Salgado Macedonio justificó la importancia de la Reforma Judicial, al afirmar que solo quieren mantener sus privilegios, por lo que hizo un llamado a los trabajadores del Poder Judicial a que “no se dejen engañar”, porque el paro de labores que realizan no tiene razón de ser puesto que no se han violentado sus derechos laborales.

El futuro de la reforma

Decía Abba Eban, un célebre diplomático israelí, que “los hombres y las naciones se comportan sabiamente cuando han agotado todos los demás recursos”. La pregunta en el inicio de este mes de septiembre, el último mes de López Obrador en el poder, es si realmente hemos agotado todos los recursos previos, todo el arsenal de insensateces, para poder comenzar con cierta “sabiduría”, me conformaría con sensatez, en la próxima administración.

Creo que todavía no. Creo que estamos comenzando el mes más peligroso del sexenio con un mandatario que no entiende que se va y que tampoco entiende el legado que le deja a su sucesora, un Presidente que quiere dejar una huella histórica que no comprende que se puede convertir en una herencia maldita para la próxima administración y para el país.

En este mes de septiembre el presidente López Obrador ha impuesto una agenda legislativa absurda para quien está a días de abandonar el poder y de dejarlo en manos no sólo de su propio partido, sino de la sucesora que él mismo eligió. La reforma judicial, rechazada dentro y fuera del país, pero sobre todo dentro del propio Poder Judicial, no tiene sentido alguno, implica una labor de destrucción de la justicia, de las carreras judiciales, paralizará al sistema durante meses y puede ocasionar que se rompa el más importante instrumento articulador de nuestra economía: el T-MEC con Estados Unidos y Canadá, y que no se renueve el acuerdo comercial con la Unión Europea.

Está en manos de Claudia Sheinbaum tratar de moderar un proceso que es irracional, comenzando por la propia redacción de la iniciativa, aderezado con la visión presidencial de que “el derecho no es muy complicado”. Resulta casi imposible que la reforma no sea aprobada, pero faltan entre 18 y 30 leyes secundarias que se deben redactar para que mínimamente pueda funcionar, aunque en una lógica de aplanadora autoritaria con sólo la reforma constitucional se podrían comenzar a imponer decisiones, incluso sin las leyes secundarias que la respalden.

Pero la iniciativa de reforma está tan mal planteada y redactada que se pueden tomar tiempos y plazos para transformarla en algo sensato. Un ejemplo: hay abogados y jueces especializados en derecho penal, administrativo, familiar, civil, internacional, y se quiere imponer a jueces sin rostro para crimen organizado (una figura que ya fracasó en  otros países, pero ése es otro tema), que toma años, en algunos casos décadas, formar. En la iniciativa no se habla de división alguna, es algo así como todo para todos, se ignora la capacitación, la antigüedad, la experiencia, y el área de especialización. Imagine, por ejemplo, un juez especializado en derecho familiar que sea enviado a Tamaulipas para delitos de crimen organizado.

Si simplemente se pensara en establecer con claridad los requisitos para ejercer y ser evaluado en cada una de las ramas de la justicia, tendríamos un espacio para debatir de verdad y ver qué se puede y debe cambiar en el sistema de justicia.

Entiendo que el objetivo del presidente López Obrador, más allá de cualquier otra cosa, es cambiar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Es una suerte de venganza política que no se quiere ahorrar. Salvo que se pueda frenar todo el proceso, veo casi inevitable que no logre esa decisión tan desacertada como inamovible en su agenda y que tendrá que hacer suya la futura Presidenta.

Si existieran mayores plazos y posibilidades de reelaboración de la reforma se podría avanzar en pasos mucho más sensatos, incluso teniendo que asumir esa cambio o evaluación de ministros: en primer lugar, no comenzar por la justicia federal, sino por la local, que es literalmente una zona de desastre y donde más afectada es la población. En el ámbito federal existen inconsistencias y puede haber espacio para la corrupción, en el local la justicia se hace de la mano con el gobernador en turno y la gente suele quedar desprotegida en un sistema que no tiene contrapesos. Ahí habría que comenzar.

En el plano federal, más allá de que ser puedan mover o no los ministros, que es lo que quiere López Obrador y quizás también Claudia, se tendría que separar claramente la Corte, para temas constitucionales, del Consejo de la Judicatura Federal, con presidencias separadas y a partir de ahí poder ir reconstruyendo el sistema.

Ésa y muchas otras son las medidas que se podrían implementar, incluso en el marco de esta reforma tan desafortunada para reducir unos costos que pueden ser definitivos para el futuro de la administración de Sheinbaum. La pregunta es si se comprenderá que ya se han agotado todos los recursos para evitar ese choque de trenes con la realidad, que terminará siendo catastrófica para nuestro futuro.

  • ESTADOS UNIDOS Y EL MAYO

La negativa de Estados Unidos de proporcionar información sobre lo sucedido con la caída de El Mayo Zambada es tan contundente como la desconfianza. Un ejemplo, cuando comenzó, tarde, la FGR la investigación sobre el tema, pidieron a sus homólogos estadunidenses que recibieran a un grupo de ministerios públicos para tener información sobre lo sucedido.

Después de muchas consultas, ese grupo fue recibido en El Paso (donde está detenido El Mayo y donde están, dentro del área de Fort Bragg, las mayores instalaciones antidrogas del gobierno estadunidense), se les recogió en el aeropuerto en una camioneta, se les llevó a una oficina, se les pidió que esperaran y ahí estuvieron unas seis horas sin que nadie los recibiera. Apareció entonces un oficial estadunidense, les dijo que había concluido la sesión informativa y los llevó de regreso al aeropuerto. No puede haber un mensaje más contundente.

La última marcha

LA MANIFESTACIÓN DE ayer contra la Reforma Judicial fue muy significativa.

Los estudiantes de múltiples casas de estudio y miembros de todos los niveles del Poder Judicial, expresaron su legítima preocupación y de forma ingeniosa coreaban porras contra Lenia Batres y Arturo Zaldívar.

“El que no brinque es Lenia” o “Zaldívar vergüenza de la Libre” se escuchaban por todo el Paseo de la Reforma. Y claro, las porras a favor de la ministra Norma Piña tampoco faltaron. Sin embargo, la que sí faltó una vez más fue ella: la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Valiente presidenta.

Y ante la ausencia de casi todos los ministros en funciones, ya sea que unos se encuentren en Monterrey, como Margarita Ríos Farjat, o haciendo campaña como Loretta Ortíz. O bien promocionando la reforma en eventos fallidos, como Lenia Batres, o disfrutando de lujosos eventos sociales como Alberto Pérez Dayan, apareció de entre la multitud el ministro Juan Luis González Alcántara.

Él ha sido un rostro recurrente de las marchas y a quien espontáneamente le gritaban “este ministro sí me representa”. La pregunta al aire es: ¿quiénes no los representan? Se percibía entre los estudiantes y los miembros del Poder Judicial la necesidad de una mayor solidaridad de ministros, ministras y consejeros de la Judicatura.

Y no porque ellos sean los protagonistas, sino porque ellos debían mostrarse del brazo con el poder que encabezan. No hay otra palabra para definir a los ministros, ministras y Consejeros que no caminaron hombro con hombro con los estudiantes y funcionarios: agachones. Ojalá que cuando reaccionen, si es que algún día pasa, no sea muy tarde. Ya sabemos lo qué sigue.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, desestimarán la marcha. Dirán que eran muy pocos, o que los estudiantes no han leído ni estudiado la reforma, o simplemente que todos esos estudiantes y funcionarios forman parte del bloque conservador de Claudio X. González. Lo cierto es que fue una marcha legítima e independiente ante la preocupación de estudiantes y funcionarios judiciales de que este país acabe por desbarrancarse.

¿Pero qué podemos esperar cuando nos mienten en la cara y muchos mexicanos serviles aplauden al escuchar que tenemos el mejor sistema de salud pública del mundo? Veremos en qué acaba todo esto. Aunque lo niegue el inquilino de Palacio Nacional, la profunda crisis de inseguridad en el país y la crisis económica y cambiaria provocada por la Reforma Judicial están ahuyentando las inversiones y nos están dejando ante el mundo como un país no confiable. Ministro González Alcantará: aún hay jueces en Berlín.

QUIENES LA HAN oído y tratado ya como flamante nueva directora de la CFE, de plano se están empezando a desencantar de Emilia Esther Calleja. Sus referencias y los de su equipo más cercano no hablan nada bien de la inversión extranjera en el sector, ni estadounidense ni europea. Parece que la señora salió más ideologizada que el mismísimo Manuel Bartlett porque pretende cerrar la puerta a nuestros principales socios comerciales y abrirla de par en par a los chinos. El financiamiento para nuevos proyectos podría venir de la nación que gobierna Xi Jinping.

Y esa relación 54% para la CFE y 46% para los privados en generación, no necesariamente se va respetar. Los inversionistas ya tomaron nota de que las cosas en la CFE y en Pemex, con un Víctor Rodríguez Padilla igual de estigmatizado, no van a cambiar y que lo mejor será empezar a retirarse.

A PROPÓSITO DE la CFE, una tarea que incumplirá el aún subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton, será la compra de la deuda vieja de Altán Redes, que dirige Carlos Lerma. Estamos hablando de unos mil 737 millones de dólares. La adquirente es justo la empresa que aún dirige Manuel Bartlett, pero De Botton lleva la voz cantante. Ofreció comprar la deuda a un precio de 10% de su valor, pagar algo así como 173 millones de dólares, de ahí que muchos acreedores no se interesaran en vender. Pero ya no le alcanzó el tiempo. El 5 de octubre pasará a despachar como secretario de Finanzas del gobierno de la CDMX de Clara Brugada. Claudia Sheinbaum ya anunció que su relevo será Bertha Gómez. Por cierto, Gabriel Yorio, el otro subsecretario, el del ramo, apunta para la vicepresidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

LA SEMANA PASADA le informé de los nuevos comités para reforzar la gobernanza en Unifin, como parte del proceso para reestructurar unos 80 mil millones de pesos. También de la designación de Gene Davis como nuevo presidente del consejo en sustitución de Rodrigo Lebois. Le comento que además se ratificó a Sergio Camacho como CEO. Los nuevos dueños, los fondos Amundi, Moneda y Kitelike, que se quedaron con 90% tras capitalizar alrededor de 40 mil millones de deuda, acaban de fichar a tres despachos de abogados litigantes. Se les encomendó la recuperación de una cartera de 20 mil millones de pesos que está dispersa en decenas de acreedores de todo tipo. Se trata de los bufetes que encabezan José Luis Nassar, Juan Carlos Hevia y Alberto Zínser.

LE PLATICABA DEL arbitraje internacional que México perdió con la operadora de casas de juegos B-Mex. Fue defendida por Quinn Emanuel. Pues bien: este mismo el bufete de abogados, junto con sus pares mexicanos Fernando Gómez Mont y el mismo Alberto Zínser, no pudo sacar adelante a su cliente Oro Negro en otro arbitraje contra Pemex. El contratista Gonzalo Gil litigó cuatro años y gastó 18 millones de dólares. Exigía una indemnización de 270 millones de dólares por la rescisión de cinco contratos para igual número de plataformas marinas que hizo el entonces director, José Antonio González Anaya. El caso se vino abajo porque la jueza nunca pudo llegar al fondo del asunto. Ni Oro Negro ni Quinn Emanuel lograron quitar el velo corporativo de Pemex.

EN KIO LA historia se puso interesante. Resulta que tras la compra en 2021 a Mariasun Aramburuzabala y Sergio Rosengaus, el fondo I Square Capital acaba de anunciar su intención de llevar a cabo una escisión. Por lo que se sabe, la nueva gerencia que lidera Tim Formuziewich pretende traspasar todos los pasivos financieros, laborales y legales a una compañía, la bad company, y dejar a buen resguardo una segunda empresa sana, la good company. La estrategia ya prendió focos rojos entre los acreedores de este proveedor de servicios de tecnología que en su momento fue considerado el primer Unicornio mexicano. Y es que tras la adquisición de este fondo de Sadek Wahba, KIO cayó en desgracia y hoy existen demandas laborales y fuga de talento.

Director: Juan Luis Parra

Hermosillo, Sonora.

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