El esquema de fraudes a través de la compra y venta de tiempos compartidos en la que participan empresas vinculadas con el cártel Jalisco Nueva Generación, se ha vuelto vital para la operación del grupo criminal para financiar la nómina de los altos mandos en la zona, además de lavar dinero y tener otra fuente de ingresos, revelaron a MILENIO fuentes de inteligencia estadunidense.

De acuerdo con la OFAC, una de las figuras centrales en este esquema es Eduardo Pardo Espino, quien encabeza una red de casi una veintena de empresas y otros seis operadores —entre ellos sus hombres de confianza: Brayan Moisés Luquin Rodríguez y Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla— dedicada a defraudar.

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Pardo también es señalado por tráfico de metanfetamina y fue designado por el gobierno estadunidense como traficante de drogas este 2023.

Por las ganancias de este fraude, Pardo quedó en la mira de las autoridades estadunidenses, quienes además han identificado que son al menos tres mandos del cártel quienes reciben el pago de sus servicios a través de la red de empresas:

“Con esas compañías se hacían pagos directos a miembros del cártel (…) de alto rango”, dijo un funcionario de la Oficina para el Control del Bienes Extranjeros del gobierno estadunidense a MILENIO, bajo condición de anonimato.

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La relación entre el CJNG y el call center de donde desaparecieron siete personas el 20 de mayo, en Zapopan, Jalisco, es una de las líneas de investigación que sigue la fiscalía jalisciense.

Las cabezas de la organización y principales beneficiarios del esquema son Julio César Montero Pinzón, El Tarjetas; Carlos Andrés Rivera Varela, La Firma; y Francisco Javier Gudiño Haro, La Gallina, narcotraficantes y líderes del CJNG designados por las propias autoridades de Estados Unidos en abril de 2021, y quienes operan desde Puerto Vallarta.

Según la OFAC, “hay un control directo de los miembros del cártel sobre las redes específicas”, por lo que las autoridades han comenzado a “rastrear el dinero en reversa, desde el chico malo hacia sus empresas y después hacia cómo consiguieron el dinero”.

A través de las pesquisas, en las que el gobierno mexicano ha colaborado, se estableció que la primera parte del trabajo fraudulento lo hacían los linieros: trabajadores del call center que se hacían responsables de comprar o vender los tiempos compartidos de ciertas cadenas hoteleras.

Los linieros se comunicaban con clientes extranjeros de listas que obtenían para convencerlos de que compraran los tiempos compartidos, o en su defecto, vendieran los suyos.

Después entraban en la jugada los cerradores: quienes cerraban la compra o venta de los tiempos compartidos.

Según la OFAC, hay miles de víctimas estadunidenses que se tienen registradas, pero creen que hay muchas más que no han denunciado: “hay muchas víctimas avergonzadas (…) han perdido los ahorros de sus vidas, pues muchas veces han pagado en impuestos o tarifas incluso más de lo que valían los tiempos compartidos”.

De acuerdo con el Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, solo en 2022 hubo al menos 600 víctimas, la mayoría de ellas personas de la tercera edad originarias de Estados Unidos y Canadá, lo que ha dejado ganancias para el cártel por casi 40 millones de dólares.

Desde 2016, el gobierno de Jalisco ya tenía en la mira esta red con la que el CJNG se había diversificado para fortalecer sus finanzas.

Ese año, en un comunicado se informó que gracias a la investigación se logró desmantelar las operaciones de esta red en los municipios de Guadalajara y de Tonalá, aunque la red seguía operando en Puerto Vallarta y Zapopan.

La autoridades jaliscienses informaron el 28 de mayo que ahora investigan si las siete personas que trabajaban en un call center en Zapopan, Jalisco, y desparecieron aproximadamente desde el 20 de mayo, tenían que ver con este complejo esquema liderado por la organización criminal, pues trabajaban en una oficina en la que se encontraron objetos relacionados a dicha actividad delictiva.