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Columnistas de SP

Adán Augusto rompe el silencio: “Estoy a la orden de cualquier autoridad”

El senador Adán Augusto López Hernández aseguró este jueves que no ha sido requerido por ninguna autoridad, pero que está dispuesto a comparecer si así se solicita, en el marco de las investigaciones contra Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad en Tabasco, acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado.

Horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que sería pertinente que López Hernández ofreciera su versión sobre el caso, el legislador publicó un mensaje en su cuenta de X para fijar postura.

“Aunque no he sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia”, afirmó el también exsecretario de Gobernación.

Sin mencionar directamente a Bermúdez Requena, el senador morenista indicó que los implicados en las investigaciones deben comparecer ante las instancias correspondientes. “Considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos”, escribió.

El tabasqueño recordó que durante su administración como gobernador, de enero de 2019 a agosto de 2021, enfrentó “grandes retos en materia de seguridad”, y destacó una reducción en diversos indicadores delictivos.

Acompañó su mensaje con una gráfica que muestra disminuciones en homicidio doloso, secuestro, robo de vehículo, extorsión, trata de personas, robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo a negocio, narcomenudeo y lesiones dolosas, comparados con cifras de 2018.

En su mensaje, López Hernández no expresó respaldo alguno a Hernán Bermúdez, quien fungió como uno de sus principales colaboradores en Tabasco.

Sheinbaum lanza indirecta a Adán Augusto: “Sería muy bueno que diera su versión”

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al senador Adán Augusto López aclarar públicamente su relación con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien actualmente es buscado por la Interpol por presuntos vínculos con el grupo delictivo “La Barredora”.

Bermúdez Requena fue colaborador cercano de López Hernández durante su gestión como gobernador de Tabasco. La solicitud de Sheinbaum ocurre a casi una semana de que se revelara que existe una orden de aprehensión en su contra, y que el exfuncionario habría huido del país desde enero.

En conferencia de prensa, Sheinbaum aseguró que sería pertinente que el exsecretario de Gobernación diera su versión sobre lo ocurrido durante su administración, especialmente en lo relacionado con el ahora prófugo.

“Sería muy bueno que él diera su versión para que pues la gente conociera también qué fue lo que él vivió como Gobernador, qué fue lo que vivió con esta persona, cuáles fueron sus resultados y en todo caso cómo fue que, pues llegó la información de que esta persona estaba involucrada con un grupo delictivo”, dijo.

Sheinbaum recordó que durante el primer periodo de López Hernández como Gobernador, los niveles de inseguridad en Tabasco disminuyeron notablemente, y que esa reducción en los homicidios “habla de un trabajo que se hizo”. Sin embargo, aclaró que la investigación sobre Bermúdez Requena se inició posteriormente.

“Nosotros no vamos a proteger, a cubrir a nadie”, afirmó. Reiteró que la Fiscalía General de la República debe continuar con las indagatorias y que será esa instancia la que determine responsabilidades.

La mandataria aseguró que el Gabinete de Seguridad ofrecerá detalles del caso en los próximos días, incluyendo el proceso y las fechas clave en la investigación.

Sheinbaum aclara presunta muerte de Hernán Bermúdez Requena

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que su gobierno −específicamente el Gabinete de Seguridad― no ha tenido información respecto a la supuesta muerte del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, después de que se diera a conocer que existe una orden de aprehensión presuntos vínculos criminales con el grupo denominado como La Barredora.

Al respecto, Sheinbaum Pardo dijo que el tema no ha sido tratado por el equipo de seguridad de su administración hasta ahora.

La ruptura

En esta tragicomedia mexicana de enredos, traiciones y pactos non sanctos, hay una frase que retumba como tiro de gracia en el Palacio Nacional: “La política dicta el momento en que se debe apretar el gatillo”.

La sentencia, pronunciada por un mafioso de película —con pinta de empresario serio y voz de financiero internacional en El Padrino— no solo resulta vigente, sino casi profética en el contexto actual. Si a usted, lector curioso, le parece exagerado comparar la ficción siciliana con la política mexicana, haga el esfuerzo: ¿no hay acaso capos, lealtades rotas, traiciones familiares, ajustes de cuentas, y sí, también dinero sucio?

El gatillo, según cuentan en los pasillos del poder, ya fue apretado. La presidenta Claudia Sheinbaum habría roto el cordón umbilical con quien la apoyó. La ruptura, aunque aún no firmada ante notario, ya es tema de sobremesa entre empresarios, diplomáticos, generales y algún que otro cardenal. Y claro, también en el vecindario de Washington.

¿Será verdad? ¿Se animó a ser Corleone y no solo heredera?

Otra cita fílmica nos viene como anillo al dedo: “Le haré una oferta que no podrá rechazar”. Lo dijo Vito Corleone mientras arreglaba la carrera de un cantante. En la 4T, la presidenta quizás ya está haciendo ofertas… o amenazas disfrazadas de independencia. Cada mujer tiene su propio destino. El de Sheinbaum parece haber comenzado con un corte de caja interno.

La duda que circula en voz baja: ¿con quién contará para sostenerse cuando la respuesta del viejo jefe llegue? Porque si alguien sabe apretar resortes del poder, activar legiones y girar instrucciones sin dejar huella, es el hombre que hoy aún despacha con siglas de Estado.
Y en esa escena entra el Tío Sam.

Porque si Sheinbaum va en serio, necesitará algo más que el aplauso de las redes y el respaldo de su policía leal (léase Harfuch). Necesitará la venia de las cúpulas militares, de una FGR domesticada, de gobernadores morenistas sin vocación de francotirador… y del gobierno estadounidense, que no da paso sin archivo.

Allá, en el imperio, ya no hay paciencia para el modelo de caudillo tropical. Necesitan orden, certidumbre, contratos, frontera controlada y narcos bajo llave. Si la presidenta ofrece eso, y se desmarca de las extravagancias de su antecesor, tendrá posibilidades de sobrevivir al vendaval interno.

Pero si no… bueno, que alguien le recuerde el destino de Fredo, el hermano traidor en El Padrino II.

Apretar el gatillo, sí. Pero sabiendo a quién le tiembla más el pulso.

Niega Harfuch colusión de Semar y FGR con red de huachicol

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), negó que exista algún indicio o prueba de colusión entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) con la organización criminal liderada por Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el funcionario federal afirmó que fueron precisamente estas instituciones las que desarticularon dicha red, la cual operaba en el robo y comercialización ilícita de hidrocarburos en el centro del país.

“Las investigaciones continúan y no hay un solo indicio o prueba sobre una colusión de las dos instituciones referidas”, publicó Harfuch, en referencia a la información difundida por el diario Reforma, que expone audios donde supuestamente se evidencian actos de protección y sobornos a servidores públicos de diversos niveles.

El Secretario de Seguridad detalló que durante seis meses, personal de la SSPC, en coordinación con inteligencia naval, trabajó en conjunto con la FGR para obtener 12 órdenes de cateo y 7 órdenes de aprehensión contra integrantes del grupo criminal.

Como resultado de estas acciones, fueron detenidas 32 personas y se aseguraron 16 millones de pesos, 21 tractocamiones, 8 pipas, diversos contenedores, un tanque estacionario y animales exóticos, señaló el funcionario, quien calificó el operativo como un hecho sin precedentes.

REFORMA publicó este viernes que, de acuerdo con la investigación judicial, la FGR intervino legalmente el teléfono de Rebollo Mendoza, obteniendo cerca de 2 mil audios que documentan supuestos pagos de 25 mil pesos semanales a funcionarios de Inteligencia de Pemex, así como alertas anticipadas de cateos por parte de agentes de la FGR.

En una de las grabaciones, registrada como “evento 800”, un lugarteniente de “Don Checo” informa sobre la entrega de sobres a funcionarios de Pemex, mientras que otras conversaciones hacen referencia a reuniones con elementos de la Marina y sobornos a policías y ministerios públicos.

Destapan red de protección a líder huachicolero: involucran a Semar, FGR e Inteligencia de Pemex

Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”, presunto líder de una organización dedicada al robo de hidrocarburos en el centro del país, recibía protección de funcionarios de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Coordinación de Inteligencia de Pemex, según una investigación judicial que derivó en su captura.

De acuerdo con las indagatorias, la FGR intervino legalmente el teléfono del presunto delincuente semanas antes de su aprehensión en Ixtlahuaca, Estado de México, y recopiló cerca de 2 mil audios que documentan su presunta red de complicidades.

En dichas grabaciones se observa que Rebollo Mendoza ordenaba pagos semanales de 25 mil pesos a funcionarios de Pemex, además de mantener contacto constante con elementos de la Marina y agentes del Ministerio Público, a quienes supuestamente también sobornaba.

En una llamada clasificada como “evento 800”, uno de sus lugartenientes informa que debía cubrir la nómina de los funcionarios de Pemex, entre ellos un director identificado como “Pérez”. En otra escucha, con número 1146, se menciona la entrega de sobres amarillos con dinero para personal de Inteligencia e Investigación de Pemex, así como para autoridades municipales.

Uno de los audios más reveladores, con número 1079, muestra cómo una mujer alerta a “Don Checo” sobre un cateo que la FGR tenía planeado en un inmueble ubicado en el kilómetro 136 de la autopista México-Querétaro, donde se almacenaba combustible robado.

También figura el caso de Israel Molina Núñez, alias “El Mil Millones”, mando medio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Jilotepec, quien pidió 5 mil pesos para liberar a un detenido, presuntamente con el aval de un policía y un Ministerio Público federal.

Otra grabación, la número 909, deja constancia de la presunta participación de elementos de la Marina, a quienes se les hacía referencia como “los amigos” y con quienes, según la conversación, había que coordinarse para operar sin contratiempos.

Las escuchas telefónicas forman parte de la carpeta de investigación que permitió la detención de Rebollo Mendoza y varios de sus colaboradores.

Las redes sucias de Adán Augusto López, en la mira de USA

La incorporación de Ovidio Guzmán como testigo colaborador, el viernes pasado, tras declararse culpable; las acusaciones de su abogado, Jeffrey Lichtman, así como la imposición del 17 por ciento de arancel a las importaciones de jitomate mexicano, colocaron al gobierno de Claudia Sheinbaum sobre las cuerdas.

Ovidio Guzmán hablará –de hecho ya empezó a cantar en Estados Unidos –sobre las red de cómplices que favorecieron operaciones del cártel de Sinaloa cuando él era un operador logístico.

Todo este escenario mantiene muy nerviosos a políticos como Adán Augusto López, actual senador de MORENA, a quien precisamente señalan de haber protegido a Hernán Bermúdez Requena –acusado de ser una pieza clave del grupo criminal La Barredora, brazo del Cártel de Jalisco – cuando fungió como gobernador de Tabasco, donde el presunto capo fungió como secretario de Seguridad Pública Ciudadana.

Ese vínculo colocó a Adán Augusto en el ojo de la DEA, bueno, de hecho ya lo investigaban desde hacía varios meses porque al llamado “hermano de López Obrador” también se le relaciona con actividades de huachicoleo en Tabasco y negocios en Petróleos Mexicanos.

Nadie sabe hasta ahora cómo fue posible que Bermúdez Requena huyó del país. Hasta ahora el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, no ha salido a explicar dicha evasión, cómo se llevó a cabo y de dónde salió hacia Panamá, Brasil, España y otros países que el presunto criminal pisó como prófugo de la justicia. Algunas fuentes consultadas sostienen que Adán Augusto López y otros cómplices le aconsejaron que se fuera del país y que lo sacaron del territorio en un avión privado con una ruta de vuelo falseada con otro nombre y destino. Pero tal versión tendrá que ser corroborada o desmentida por la propia FGR.

Este no es el único caso que escandalizó al país durante la semana anterior y lo que va de la actual. El otro tema más que polémico fue el agarrón entre el abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, y la presidenta Shienbaum.

El abogado norteamericano acusó a la presidenta Shienbaum de ser el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante –se refiere al cártel de Sinaloa y en particular al ala que encabezaba Ismael “El Mayo” Zambada –y también cuestionó que Zambada nunca fue perseguido y menos detenido en México durante más de cuarenta años.

El defensor de Guzmán López, “El Ratón”, también se refirió con vehemencia al caso del general Salvador Cienfuegos, pues cuestionó que la FGR –y el gobierno de México –incumplieron el acuerdo con Estados Unidos, en el sentido de que le retirarían los cargos el exsecretario de la Defensa Nacional con el compromiso de que la FGR lo sometiera a una investigación. Para ello, la DEA les entregó una parte del expediente que integraron contra el militar y que sirvió para capturarlo en el aeropuerto de Los Ángeles, California.

El abogado de Ovidio Guzmán puso el dedo en la llaga cuando acusó al gobierno mexicano de desestimar la investigación de la DEA, de no llevar a cabo la investigación contra Cienfuegos y de haberlo liberado, lo cual causó mucha molestia en los más altos círculos del gobierno de Estados Unidos y de la DEA.

Esto provocó que el gobierno de Estados Unidos rompiera relaciones de colaboración con México por la desconfianza y, peor aún, dicha desconfianza se agravó todavía más cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador acotó el accionar de la DEA en territorio mexicano mediante una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, pues sometió a las agencias extranjeras a informarle al Ejército Mexicano respecto de sus actividades de investigación en México.

También molestó a Estados Unidos que López Obrador acusara a la DEA de haber fabricado el expediente criminal contra el general Cienfuegos, a quien se acusó de proteger las actividades del cártel H2, un brazo del grupo Beltrán Leyva.

La rispidez continuó durante todo el gobierno de López Obrador y la heredó a su sucesora, Claudia Sheinbaum, pues ahora muchos capos de la droga –incluidos los 29 expulsados de México, entre ellos Rafael Caro Quintero –podrían empezar a hablar porque llegaron a Estados Unidos por vías que los colocan en situación de indefensión y pueden ser sentenciados a pena de muerte por no haber sido extraditados por la vía legal.

El caso de Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín –quien se declarará culpable en septiembre próximo para acogerse al programa de testigos colaboradores –se han convertido en una verdadera pesadilla para el gobierno mexicano, pues ambos cuentan con mucha información sobre las relaciones políticas y empresariales que el cártel de  Sinaloa tejió durante el gobierno de López Obrador.

Este escenario colocó a la presidenta Claudia Sheinbaum en una suerte de encrucijada, pues no es nada sano que ella siga haciendo el papel de pararrayos de los amigos y cómplices de López Obrador presuntamente ligados al narcotráfico y al tráfico de combustibles robados.

La presidenta tendrá que dar un manotazo y bastante fuerte para procesar a políticos de su partido, también a empresarios, antes de que los golpes le lleguen desde Estados Unidos mediante solicitudes de capturas o de extradición de personajes de la llamada Cuarta Transformación.

Y esto implicaría un deslinde de López Obrador, aunque tal hecho no se ve, por ahora, viable sino hasta la mitad del sexenio, cuando concluya la Legislatura que entró en funciones en septiembre de 2024.

Hay muchos personajes en la lista que son candidatos a prisión –ya en Estados Unidos o en México –y para limpiar al poder político primero se tiene que sanear la estructura gubernamental y legislativa que actualmente está contaminada con presuntas acciones de corrupción.

Otra amenaza que puede sacudir al país es la de aplicarle a México un arancel del 30 por ciento a todos los productos que exporta a Estados Unidos, lo que explicaría que México no ha dado los resultados que el país vecino desea en el freno al tráfico de fentanilo, el cual sigue cruzando por la frontera.

Algo tendrá que hacer la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas voces insisten en que debe romper con su antecesor y procesar a los huachicoleros que despachan como senadores, diputados o bien cuentan con empresas dedicadas a ese negocio ilegal.

De no hacerlo, los golpes contundentes vendrán de Estados Unidos.

Se mueve el tablero de negocios del fútbol

A menos de un año del Mundial de Futbol 2026, en el que México será una de las tres sedes junto con Estados Unidos y Canadá, y a siete meses del fracaso de la inyección de mil 300 millones de dólares del grupo estadounidense Apollo Global Management a la Liga Mx, se renueva el interés de fondos de inversión por los equipos mexicanos.

El pasado 11 de julio la firma estadounidense Innovatio Capital adquirió por 120 millones de dólares el Club Querétaro. La Federación Mexicana de Fútbol (FMF), al mando de Mikel Arriola, avaló la operación y aseguró que cumplió con todos los procedimientos regulatorios.

El comprador fue un fondo estadounidense encabezado Marc Spiegel, de la mano de inversores mexicanos, estadounidenses y europeos, quienes negociaron con el Grupo Caliente de la familia Hank la compra del equipo, que en 2022 fue sancionado por la FMF por violencia en el estadio en un partido en contra del Atlas de Guadalajara.

La venta tiene que ver también con el debate y dilema de la multipropiedad, pues elimina el problema de que Grupo Caliente tuviera control de dos equipos: los Xolos de Tijuana y los Gallos Blancos del Querétaro, amén de presuntas investigaciones sobre el manejo y financiamiento de los clubes.

Hace unos días también, el Grupo Orlegi anunció el inicio del proceso de venta del Atlas, impulsado por requerimientos de la Liga MX y la FIFA para evitar la multipropiedad, debido a que posee también el equipo Santos Laguna.

El grupo encabezado por Alejandro Irarragorri –investigado por la Fiscalía General de la República por una presunta defraudación fiscal de más de 17 millones de pesos– contrató al bacon Moelis y a las firmas legales Weil, Gotshal & Manges, ADS para darle certeza y transparencia a la venta.

Se estima que la operación genere por lo menos 200 millones de dólares, tomando como referencia la reciente venta del Querétaro por 120 millones, y considerando los activos adicionales que posee Atlas, como su academia, el estadio, los títulos recientes y una marca bien posicionada la cual ha estado en el interés de ex futbolistas y artistas.

La venta de estos dos equipos renueva el debate sobre la multipropiedad de los clubes de fútbol en México, la cual recientemente dejó al Grupo Pachuca (dueño de León y de los Tuzos) sin uno de sus equipos dentro del Mundial de Clubes. Esto abre la puerta a una potencial venta del León por parte del Grupo de la familia Martínez.

El atractivo de los inversionistas internacionales por los clubes de futbol de México, además del negocio nacional valuado en unos 3 mil millones de dólares al año, tiene que ver con el atractivo de los partidos fuera de México; principalmente por la taquilla generada por los encuentros realizados en los Estados Unidos, donde hay un afición de por lo menos 40 millones de personas.

La reactivación del negocio entre los equipos de fútbol del país refuerza el interés de invertir entre mil 250 y mil 300 millones de dólares a la Liga MX, el cual se quedó estancado debido a la falta de consenso entre los clubes.

El fondo Apolo ofrecía capital con la condición de centralizar los derechos de televisión, publicidad y boletaje, además de eliminar el ascenso/descenso y la multipropiedad, obteniendo entre 10 % y 20 % de los ingresos durante 50 años.

Sin embargo, en diciembre de 2024 los dueños de ocho clubes rechazaron la oferta, incluidos Pachuca, León, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Tigres, Monterrey, Toluca y Atlético de San Luis.

El fracaso en las negociaciones ocasionó la destitución de Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez como comisionado de la FMF. El organismo instruyó la creación de un comité de 10 equipos para retomar las negociaciones en enero, con énfasis en un mejor gobierno corporativo. El acuerdo sigue en pausa, sin fecha concreta para sentencia final, pero se anticipa que se reactive pronto, de la mano del presidente de la Federación, Mikel Arriola.

Posdata 1

Otro tema que se está cocinando es el ascenso del Atlante a la Primera División. Se habla de una posible negociación y acuerdo del equipo propiedad de Emilio Escalante para regresar a “las grandes ligas” en el 2026 y jugar en el otrora Estadio Azteca.

A finales del año pasado, el Atlante emitió un comunicado oficial para desmentir los rumores sobre un supuesto interés en comprar una franquicia de Liga MX como Querétaro para regresar a Primera División. Atlante ha logrado tres títulos en la Liga de Expansión y cinco finales disputadas, pero sigue fuera del ascenso por impedimentos estructurales.

Se dice que la única ruta para volver a Liga MX sería adquirir una de las tres franquicias sujetas a multipropiedad, y aunque Escalante ha reconocido que su equipo tiene prioridad para cualquiera de estas franquicias en venta, no hay procesos de compra-venta corriendo. La posibilidad puede darse con la flexibilización de los criterios de ascenso y descenso en el 2026. Al tiempo.

Posdata 2

El 85 Congreso Nacional de Agentes Aduanales (CAAAREM) fue inaugurado este jueves por el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, quien reforzó su postura para combatir los ilícitos, como el huachicol fiscal y el contrabando de productos, principalmente de China.

Marín Mollinedo resaltó la centralidad de los agentes aduanales como aliados clave para reformar y modernizar el sistema aduanero y, tanto él como el presidente de CAAAREM, Miguel Cos Nesbitt, pidieron una reforma integral a la Ley Aduanera para fortalecer la legalidad, infraestructura y combate al comercio ilícito. Este reforma comenzará a discutirse en septiembre, cuando arranque el periodo ordinario de sesiones en el Congreso federal. El titular de las aduanas resaltó la firma de convenios entre la ANAM y la CAAAREM para implementar un Observatorio contra el fraude comercial .

En junio de 2025, al asumir por segunda ocasión el mando de la ANAM, Mollinedo encontró un sistema aduanero con demoras, falta de comunicación y percepción de opacidad. Una encuesta indicó que el 75 % de las empresas reportaba retrasos y más de 50 % consideró frecuentes las revisiones arbitrarias, por lo que uno de los compromisos con la presidenta Claudia Sheinbaum fue contrarrestar las malas prácticas y aumentar la recaudación fiscal.

Por cierto que la votación para elegir al nuevo presidente de la CAAAREM se terminó cerrando: hoy José Ignacio Iñaki Zaragoza Ambrosi y Claudio Silva Herzog irán a elecciones y la votación se anticipa muy apretada.

Posdata 3

Ahora que el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se dejó ver y fotografiar en su natal Jalisco, después de una larga estancia en Europa donde supuestamente se entrenó como director técnico de fútbol, las críticas sobre su gestión volvieron a arreciar.

En redes sociales, el emecista fue criticado por los pendientes que dejó en el estado y por haber salido corriendo al terminar su gobierno, caracterizado por altos niveles de violencia e inseguridad. Ni qué decir sobre su silencio en torno a los estremecedores informes de lo sucedido en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, utilizado como campo de entrenamiento y, según colectivos de madres buscadoras, también de exterminio.

Luego de unos meses en Madrid, donde cursó un máster en dirección de fútbol con la idea de convertirse en técnico de las Chivas, Alfaro regresó a “su tierra” a disfrutar un “menudo” en familia, como si el “horno estuviera para bollos”.

Posdata 4

El fundador de Grupo Bimbo, Roberto Servitje, falleció a los 97 años y su legado familiar y empresarial quedará presente para la empresa líder en la industria del pan en México.

Muchos mensajes se han publicado en redes sociales en los que se hace mención del legado del empresario que logró colocar a Grupo Bimbo como una de las empresas más importantes de México y el mundo.

Descanse en paz.

Las utopías de Clara

En menos de dos semanas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, saltó de un problema de violencia contra la gentrificación en las colonias de moda Condesa y Roma, a un plan de 14 puntos en aquellas zonas de “tensión inmobiliaria”, donde la regeneración urbana ha disparado la plusvalía de las propiedades.

Brugada apunta a un control de rentas, que sugiere el congelamiento de rentas que desapareció hace casi 25 años de la capital federal, por los problemas que provocó y el despoblamiento en el centro de esta ciudad, cuando se fueron a los suburbios en el Estado de México e Hidalgo poco más de un millón de capitalinos.

El plan, cuyas pretensiones son nobles en la superficie, tiene varios asegunes. Propone leyes que ya existen, pero no se aplican, como la regulación de las aplicaciones de renta temporal –la más famosa Airbnb– y el establecimiento de un tope a la renta ajustada a la inflación.

Adicionalmente, quiere que en las 12 colonias de “tensión inmobiliaria” –10 en la alcaldía Cuauhtémoc y dos en la Miguel Hidalgo– se amplíe el programa de vivienda pública para arrendamiento, con lo que, al menos en esa escala, romperá con la nula política de construcción de vivienda de su antecesora, la presidenta Claudia Sheinbaum, causante indirecta del florecimiento de la gentrificación, porque sin oferta, la demanda empujó los precios de las viviendas hacia arriba.

La propuesta de Brugada tiene varias caras. La primera, los efectos de su plan populista de congelar las rentas, que se puede oír muy bien para muchos, pero que ha probado, aquí y en otras partes, que termina afectando más a quienes se quiso proteger. Eso sucedió en el periodo de 1948 a 2001, cuando existió un régimen de rentas controladas en el centro de la Ciudad de México, donde los inquilinos pagaban alquileres a un precio tan bajo, que los propietarios de los inmuebles dejaron de invertir en mantenimiento, con un deterioro que dejó a muchas propiedades literalmente cayéndose a pedazos, expulsando de manera natural a sus inquilinos.

Esa idea tiene como antecedente el intento del entonces presidente Miguel Alemán y el regente capitalino Javier Rojo Gómez, de evitar los desalojos masivos durante la urbanización de la Ciudad de México en la posguerra, que provocó que miles de arrendamientos se mantuvieran sin cambio en la renta durante décadas, llegando a pagarse hasta 20 pesos mensuales (a valor actual) con contratos que se podían heredar, que alteró el valor del mercado y causó el abandono de las viviendas, afectando a quienes inicialmente parecían haberse beneficiado. Dio pie a juicios interminables, fraudes, desalojos ilegales y corrupción que no han terminado: todavía existen alrededor de 50 mil contratos de ese tipo en la capital, en juicio o en procesos de desalojo.

Desaparecida esa política, pero sin ninguna regulación del mercado inmobiliario durante los cuatro gobiernos de izquierda en el primer cuarto de este siglo, las rentas se dispararon luego de que los propietarios las renovaran y las rentaran a su libre albedrío.

En Condesa y Roma, los precios subieron poco más de 17%, y algunas propiedades de la Roma, sobre todo casonas con arquitectura neoclásica, Art Nouveau y Art Déco, el incremento llegó a ser de hasta más de 90%. Mejor infraestructura y servicios municipales, como la luz y la seguridad, impulsaron los costos.

En la actualidad, el consenso entre inmobiliarias es que colonias con alto valor de la tierra, como las Lomas de Chapultepec, no se encuentran entre las más caras para vivir, en la correlación de metros cuadrados versus precio, sino otras donde la regeneración urbana entró con fuerza, como las tres más costosas para vivir, la Ampliación Granada, que es el desarrollo que impulsó el magnate Carlos Slim –como antes lo hizo en el Centro Histórico– en lo que antes eran patios de armadoras, bodegas y viviendas populares, al igual que en la Tabacalera, atrás del viejo edificio de la Lotería Nacional, cuyas calles se vestían en las noches con prostitutas y travestis, o la Granada, donde confluyen Ejército Nacional, Cervantes y Río San Joaquín, ninguna incorporada, por cierto, en el plan de Brugada.

La otra cara del plan de Brugada está asociada con su biografía política en Iztapalapa, donde fue líder de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), que impulsaba invasiones y exigía que le regularizaran esos terrenos. Ese pasado ha sido trasladado al presente por sus viejos compañeros de lucha, que piensan que esa pudo ser la razón por la que hace casi dos meses asesinaran a sus dos colaboradores más cercanos, Ximena Guzmán, que cuando fue alcaldesa se encargaba de la gestoría inmobiliaria y negocios, y José Muñoz, cuyos hermanos fueron líderes y camaradas de Brugada en la UPREZ. Ese crimen sigue sin resolverse.

Brugada, que fue alcaldesa de Iztapalapa en dos periodos, ha sido acusada de permitir y legitimar ocupaciones en tierras federales, ofreciendo regularización y beneficios a cambio de votos, o desviando recursos hacia su proyecto madre de las “utopías”, que son complejos con infraestructura cultural, recreativa, social y deportiva, mediante empresas fantasma.

Siempre ha negado esos señalamientos y, en términos legales, no hay ninguna sentencia que la vincule directamente con la serie de actos ilícitos inmobiliarios por casi 500 millones de pesos donde la han denunciado.

Por los precedentes y los antecedentes, el plan de Brugada se cruza con su experiencia en invasiones en Iztapalapa, con una propuesta populista que busca a futuras clientelas electorales en dos alcaldías gobernadas por el PAN, que antes fueron del PRD, hoy casi en su totalidad de Morena. Refuerza las iniciativas del ala radical del obradorismo, al retomar sus leyes –que no se han aplicado–, sin presentar alternativas integrales, como se ha hecho en otras ciudades del mundo, para enfrentar verdaderamente la gentrificación.

Es un plan clientelar y de corto plazo, que de no ser reformado y mejorado, terminará como muchos de aquellos entre los que se embarcó Morena en los últimos seis años, rumbo al fracaso, pero con millones de votos para la ‘cuatroté’ que le dio una población cada vez más pauperizada.

La tormenta sobre el piloto aviador tabasqueño

Al que dicen los malintencionados que seguro se le atragantó el desayuno mientras veía la mañanera presidencial de ayer es al exgobernador de Tabasco, Carlos Merino. Cuando surgió una pregunta sobre el exsecretario de seguridad de aquel estado, el prófugo Hernán Bermúdez, y su relación con Adán Augusto López, quien lo nombró en el cargo, de pronto la presidenta Claudia Sheinbaum contó cómo se fue descomponiendo la seguridad en el edén del sureste y soltó: “ha de haber sido en el 21, 22 que entra el gobernador Merino a Tabasco, que se viene una ola de más violencia… luego se remueve a esta persona y se integra un nuevo gabinete, y a partir de ahí empiezan muchas investigaciones”. Así que al parecer en Palacio diagnostican que fue a él a quien se le descompuso Tabasco. El detalle es que don Carlos, piloto aviador de profesión, actualmente es director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, nombrado por la mandataria federal. ¿Se le viene la tormenta al aviador?

A dos de tres caídas, sin límite de tiempo. El pleito entre Morena y la oposición ya comenzó. Luego de que el PAN exigió una investigación contra Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez, los guindas aplicaron el “ojo por ojo” y anunciaron que impulsarán crear una comisión que investigue al llamado “cártel inmobiliario” y particularmente señalaron al dirigente nacional panista, Jorge Romero, como uno de los presuntos involucrados. Luego, los blanquiazules les restregaron el registro del prófugo Bermúdez como militante morenista desde 2023, cuando ya era señalado como líder del grupo criminal La Barredora. Primer round. A ver cuánto dura.

Nos cuentan que a la presidenta Sheinbaum no le cayó muy bien el tema de la visita de Manuel Bartlett a Palacio Nacional y tener que aclarar que acudió a ver a “uno de sus jurídicos”, que trabajaba con él cuando estaba al frente de la CFE, y no a verla a ella. La aparición de don Manuel llamó la atención porque está próxima una audiencia de Rafael Caro Quintero en Estados Unidos, en la que los fiscales anunciaron que presentarán audios de 1985, de los interrogatorios y tortura al agente Enrique Camarena, y durante años exagentes de la DEA lo han acusado de haber estado presente. La mandataria dijo que a Bartlett “le han hecho una campañita”. Pero fue notorio que no le gustó tener que dar explicaciones sobre el asunto.

A pesar de que esta semana fue aprobada la reforma de telecomunicaciones, en la que se prohíben mensajes injerencistas de gobiernos, nos cuentan que, hasta ayer, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, seguía apareciendo en un spot en el que da trato de delincuentes a los migrantes y advierte a los mexicanos que ni piensen en ir a ese país sin documentos. Los mensajes son en YouTube y otras plataformas digitales, pero ¿no era el objetivo primordial de la reforma evitar justamente eso?

Coartada con membrete

¡UNOS GENIOS! El gobierno de Tamaulipas anunció que abrirá Gasolinerías del Bienestar para combatir el huachicol. Resulta extraño que justo ahí ocurra esto, pues es evidente que los principales golpes al huachicol fiscal se han dado en esa entidad, donde muchas autoridades locales se han hecho de la vista gorda en la introducción y tráfico de combustible ilegal.

SEGÚN EL PLAN anunciado por Walter Ángel Jiménez, secretario tamaulipeco de Desarrollo Energético, basta con controlar el papeleo en torno a la gasolina -transporte, distribución, comercialización y venta- para que se acabe el problema del huachicol (¡ajá!).

NO ES POR SER aguafiestas, pero eso no suena a combate, sino más bien a coartada con membrete como si diera mucha confianza ponerle el letrero de “Bienestar”. Más que una política pública, lo de Tamaulipas suena a nueva franquicia para el huachicol fiscal. Un robaderito institucional con su propia bomba y logotipo.

LA QUE ANDA muy contenta en estos días es Lady Censuras, perdón, Layda Sansores. Y es que gracias a un Poder Judicial a modo, le impuso a un periodista una mordaza que no se recuerda ni en los tiempos del PRI… cuando su padre, Carlos Sansores, era presidente del PRI.

A VER CUÁNTO le dura el gusto a la gobernadora de Campeche, pues la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a dejar en claro que no apoya ni está en favor de ese tipo de excesos de los gobernantes morenistas. Así los llamó la mandataria: excesos.

SHEINBAUM abordó ayer en su conferencia el caso de la ciudadana que tiene que disculparse ¡un mes completito! con la diputada Diana Karina Barreras a la que hay que llamar Dato Protegido. La molestia de la Presidenta con este asunto fue evidente, por lo que no es descabellado pensar que tampoco ha de estar muy contenta con la censura de la campechana que nomás se lleva pero no se aguanta.

INTERESANTE la jugada del PAN que giró los reflectores hacia Ricardo Mejía Berdeja, al denunciar a quien fuera subsecretario de Seguridad el sexenio anterior y ex candidato a la gubernatura en Coahuila. ¿De qué lo acusan? De todo: delitos electorales, negligencia en materia de seguridad pública, corrupción y colusión con el crimen organizado.

Y VAYA QUE el ahora diputado federal del PT tiene un largo expediente. Para empezar fue implicado (inclusive fue multado por las autoridades) como responsable de que una copia del padrón electoral nacional acabara en el mercado negro de datos personales.

PERO LO MÁS GRAVE es que los panistas lo responsabilizan de ser uno de los ejecutores de la política de “abrazos, no balazos” de AMLO, que hoy tantos problemas está causando como se puede comprobar con los ataques de Donald Trump.

‘El chaparrito de Cienfuegos’

El viernes 16 de octubre de 2020, el secretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña, general Salvador Cienfuegos, fue detenido al llegar al aeropuerto de Los Ángeles, en un viaje familiar.

El lunes López Obrador, lenguaraz, lo condenó: Es un hecho muy lamentable el que un ex secretario de la Defensa sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico. Estamos ante una situación inédita por la misma acusación del que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y ahora detienen al secretario de la Defensa del gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen y ahora estamos constatando la profundidad de esta descomposición (…). Cualquier servidor público con lazos en este caso será suspendido de inmediato. No vamos a encubrir a nadie, soltó, aunque salvó el espacio de la honorabilidad de las fuerzas armadas.

Esto cayó como una puñalada en el Ejército y el titular de la Defensa, general Cresencio Sandoval, habló con López Obrador. Así no. Y al día siguiente volteó su discurso y exigió pruebas.

Pero no las había. El entonces canciller, Marcelo Ebrard, operó con el gobierno de Donald Trump al punto de que lo regresaron y sin aportar una sola prueba. Aquí la FGR le abrió una carpeta de investigación que concluyó con la no acción penal.

Sobre esto, ayer entrevisté en Radio Fórmula al general de brigada de Justicia Militar, Alejandro Ramos Flores, que fue su defensor de oficio y no dejó duda de la maniobra.

En sus memorias, el entonces fiscal, William Barr, escribe: El 26 de octubre me llamó Marcelo Ebrard para objetar el arresto y me disculpé. Le dije que no se había seguido el proceso normal, que ni yo ni el jefe de la DEA estábamos al tanto y le ofrecí devolverlo de inmediato.

Todo esto lo recupero cuando en esta temporada hay quienes quieren, aquí, desviar el caso por encima de la doble exoneración de Cienfuegos por razones que solo ellos, y sus jefes, conocen.

RETALES

1. PRUEBAS. Las únicas pruebas son fotos de mensajes telefónicos en una BlackBerry que Cienfuegos nunca usó, pero sí los delincuentes. Mencionan a su hijo, y solo tiene hijas, y le llaman el chaparrito, cuando mide 1.87;

2. REAPARICIÓN. Ayer hablé con Adán Augusto López Hernández para que me diera una declaración sobre el caso de su secretario de Seguridad en Tabasco y me dijo que no soy gente acostumbrada a dar entrevistas, que estaba en su oficina del Senado y que seguramente el domingo estaré en el Consejo Nacional de Morena. La nota; y

3. MENTIRAS. El presidente de Morena en Tabasco, Jesús Selván, se la quiso sacar y negó que Hernán Bermúdez fuera militante de Morena. Ayer mismo Luisa María Alcalde confirmó que sí, lo era el pasado día 16, y anunció su salida.

Se están acabando a Pemex

LA SITUACIÓN DE Pemex, que dirige Víctor Rodríguez Padilla, empezó a empeorar cuando la nueva administración nombró a Néstor Martínez como director de Pemex Exploración y Producción (PEP).

Si Octavio Romero heredó un desastre, la decisión de Martínez de cerrar pozos aceleró el declive de la producción de petróleo, para regresar a un nivel de producción como se tenía a principios de los años 80.

En mayo se tomó la decisión de removerlo, pero se le premió como asesor de la dirección general. ¿Quién lo protege para mantenerlo y no hacerlo responsable del daño patrimonial que ocasionó?

Ese mismo mes, con la encomienda de reactivar los pozos cerrados e impulsar la producción, llegó en su lugar Ángel Cid Mungía, quien estuvo a cargo de PEP en el anterior sexenio.

En la dirección Jurídica fue nombrada Rosa Bello Pérez, en octubre de 2024, quien de inmediato hizo limpia: corrió abogados con mucha antigüedad, arriba de 25 años de servicio, para poner a sus conocidos.

Bello no sólo se trajo a cercanos, sino que contrató a juristas sin conocimiento de la operación de Pemex. ¿Por qué deshacerse de la gente con experiencia de los asuntos legales de la empresa estatal?

Otro director que se nombró en octubre del año pasado fue Carlos Armando Lechuga, quien trabajó en PEP bajo las órdenes de Néstor Martínez en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

Con esta designación en Pemex Transformación Industrial se ocasionaron pérdidas por más de 180 mil millones de pesos. ¿Y, oootra vez, ningún personaje exige cuentas de nada por esos quebrantos?

Con la nueva reestructura que se acaba de aplicar en Pemex, a Lechuga lo nombraron director de Procesos Industriales, donde promovió a sus amigos cercanos a gerentes y subdirectores a su cargo.

Basta con revisar el caso de Blanca Mendoza, exsubdirectora de Abasto, que pagó sobrecostos logísticos en demoras de barcos y penalizaciones millonarias, debido a su pésima programación.

¿Por qué la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de la implacable Raquel Buenrostro, no investiga y sanciona todas estas pérdidas millonarias en las que incurre Pemex con el mismo personal?

Otro que llegó con Lechuga fue Sergio Rosado, quien trabajó también en PEP con Martínez, y que ha sido señalado por la venta de coque de petróleo a un precio regalado.

En la nueva reestructura lo premiaron con la Gerencia de Administración de Transporte, que depende de Mendoza, para hacer “equipo” y continuar quebrantando a Pemex en el sistema de abasto.

Otro amigo que fue ascendido con los cambios es Rubén Ramírez, que saltó a la Subdirección de Fertilizantes, tras haber dado el cálculo de la inversión inicial para el arranque de la refinería de Dos Bocas.

Privilegia a sus amigos, dándoles gerencias o direcciones de subsidiarias, como Julio César Alcázar, jubilado a principios de año y que ahora está al frente de Pro Agroindustria.

Ha contratado a trabajadores que tienen demandas contra Pemex, además de desarrollar negocios en Pro Agroindustria, que no tienen nada que ver con los fertilizantes, sino con combustibles de transporte.

Al inicio del sexenio de Sheinbaum, la Subdirección Comercial dependía de Pemex Transformación Industrial, pero con la nueva estructura, que se aplicó en junio, pasó a ser la Dirección Comercial.

Se nombró en esa posición estratégica y relevante a Gabriel Cadena Salgado, que venía de la Comisión Nacional del Agua, funcionario que no tiene relación ni experiencia en el sector energético y petrolero.

Cadena invitó a trabajar a amigos suyos, como Gabriel Medina, Rodrigo Hernández, Alonso Jiménez y Jesús David Montes de Oca, quienes vienen recomendados de la Secretaría de Energía.

Hernández fue señalado, porque llegó a hacer negocios con sus gerentes, José Manuel Chávez, Roberto Hernández y Juan Carlos Quezada. ¿La auditoría interna de Pemex los va a investigar?

Por lo que respecta a Jiménez, ratificó a Adriana Jaimes Bernal, gerente de Ventas, que venía trabajando en el sexenio anterior con una comercializadora de Pemex, en un claro conflicto de interés.

También conservó a Miguel Yasser Vicente Rosales, que propició un desfalco en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con la subsidiaria Gasolinas Bienestar y la venta de crudo y gasolinas a Cuba.

Otro director nombrado en octubre del año pasado fue Jorge Alberto Aguilar López, en la Dirección de Planeación, Coordinación, Desempeño y Sostenibilidad, quien venía de la Comisión Federal de Electricidad.

Con la reestructura de junio de 2025 recibió la Subdirección de Control Interno Institucional, a cargo de Hugo Eduardo Vadillo, señalado también por abuso de poder desde que llegó a Pemex.

Contrata personal cuando se está despidiendo a más de tres mil trabajadores y usa recursos materiales (gasolina, autos, estacionamientos, elevadores ejecutivos) para fines personales.

Los individuos están siendo contratados en las plazas donde se desocupa el personal que está siendo liquidado.

Los movimientos son avalados por Christopher Valenzuela, subdirector de Capital Humano.

Otra nombrada en octubre fue Marcela Villegas, directora Corporativa de Administración y Servicios, quien venía de ser la coordinadora general de la Central de Abastos.

Es la artífice de los despidos recién implementados, donde hay muchos casos en los que se da la terminación contractual de empleados con más de 30 años de servicio.

También, en octubre, se nombró a Sergio Benito Osorio en la Dirección de Transformación Energética, funcionario que antes fue director general de la Red de Transporte de Pasajeros.

A PROPÓSITO DE Pemex, esta semana el CEO de Baker Hughes, Lorenzo Simonelli, viajó a la CDMX para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre los temas que hablaron estuvo el adeudo que tienen con ellos y que supera ya los tres mil 700 millones de pesos, de acuerdo con el último reporte publicado de pagos a proveedores. El acercamiento se da de cara a la presentación del reporte financiero trimestral, el próximo 22 de julio. En esta reunión atípica también llamó la atención la presencia de Bernardo Riojas, director general de Grupo Empresarial Metropolitano, un hombre de negocios que se ha dedicado al desarrollo de vivienda popular desde que Andrés López Obrador fue jefe de gobierno de la CDMX. Esta cercanía ha mantenido a Riojas vinculado directa e indirectamente con diversos proyectos de energía, como en su momento lo fue el campo Lakach de aguas profundas. El sector petrolero se pregunta si ahora Riojas es un nuevo aliado o gestor de Baker Hughes en México.

GRUPO BIMBO ANUNCIÓ una inversión de dos mil millones de dólares en México, entre 2025 y 2028, destinada a modernizar plantas y ampliar flotillas sustentables. Esta iniciativa abarcará siete estados y nueve municipios, para generar más de 12 mil empleos directos e indirectos. La empresa de Daniel Servitje busca fortalecer su capacidad productiva y tecnológica, además de impulsar la innovación y la sustentabilidad. El anuncio se alinea con el Plan México del gobierno federal. Esta inversión refleja confianza en el entorno económico nacional y en el potencial del país como centro estratégico de producción.

Dato Protegido: De denunciante a denunciada

Café con piquete

De prácticamente ser una desconocida, la diputada federal Diana Karina Barreras Samaniego, esposa del priista —ah, no, perdón—, del ya morenista, Sergio Gutiérrez Luna, ha pasado a estar en boca de todos, y no precisamente por su excepcional desempeño como representante popular.

A raíz de una denuncia que hizo la diputada federal Diana Karina Barreras, el Trife, cooptado por los morenistas e impresentables, Mónica Soto y los Felipes Fuentes y de la Mata, sancionó a la ciudadana Karla María Estrella, quien es ama de casa y no está metida en la política, ni es activista, ni tiene miles de seguidores, sólo por poner un tuit como ciudadana, dando su opinión en medio de una contienda electoral, sobre que la candidatura de Barreras se debía a la influencia de su esposo, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna.

Y aunque X le dijo que no había faltado a ninguna de las reglas y que no lo tenía que bajar si ella no quería —pero que ya estaba denunciada—, ella lo bajó.

El Trife morenista, con voto de calidad de Mónica Soto, determinó que el mensaje constituía violencia política de género —agárrese — porque, dijo Mónica, lo que la señora quiso decir fue que desestimó la trayectoria profesional de la diputada y que reprodujo estereotipos sexistas. ¡Quihúboles!

Botana y fuerte doble

Karla no sólo fue multada (ojo, le pidieron su situación fiscal para ver con cuánto debía caerse de lana), sino también obligada (porque así lo exigió la diputada) a disculparse públicamente durante 30 días, tomar un curso de género y, por si todo esto fuera poco, quedó inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas.

La sentencia inquisitoria para Karla generó un debate público sobre los límites entre libertad de expresión y protección de los derechos políticos de las mujeres.

A la “seño” diputada no le fue nada bien, cero menos cero. La empatía estuvo 10,000,000 a 0 a favor de la ciudadana.

Al karma hay que temerle

Pues ahora resulta que la diputada enfrenta una denuncia por presunta promoción personalizada y presunto uso indebido de propaganda.

(Especial)

En el inter entre que salió la sentencia vs. Karla, 19 de junio de 2025, y comenzaron sus 30 días de disculpas públicas, a partir del 12 de julio de 2025, la diputada federal rindió, el 5 de julio de 2025, lo que denominó su primer informe de actividades, con un despliegue de espectaculares y bardas en la capital de Sonora, Hermosillo. Irreal.

(Especial)
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Promoción innecesaria, porque de su actividad legislativa no hay casi nada que decir; sólo tres iniciativas ha propuesto.

(Especial)
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LM: ¿Roberto, por qué esta denuncia?

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Roberto: Cuidando el debido proceso, no puedo hablar más allá de lo que es público, pero sí puedo decirte que el Art. 134 de la Constitución, párrafo octavo, es muy claro y señala que: La propaganda… en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

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LM: Pero constantemente vemos promoción política de diversos servidores públicos, ¿cuál sería aquí la diferencia?

Roberto: Entendamos que la promoción, que podríamos llamar político-pública, no está del todo prohibida, sino aquella que, disfrazada de esto, busca ser promoción personal. Si vemos los promocionales de la diputada, no mencionan resultado alguno, no hay logo de órgano, instancia o partido, no hay un contexto institucional. Al contrario, sólo vemos el nombre, la cara, ¡ah!, eso sí, menciona un “primer informe de actividades”, ¡pero ni siquiera dice lugar, día y hora! Es decir, ni como invitación funciona. ¿Qué tenemos entonces?, promoción personalizada, lo cual, como ya se dijo, está prohibida.

LM: Pero, ¿y si lo pagó con su dinero?

Roberto: El 134 no hace diferencia al respecto, sino que prohíbe toda promoción personalizada, venga el recurso de donde venga.

LM: Si es diputada federal, ¿por qué denunciarla localmente ante el IEES?

Roberto: Porque los hechos denunciados, o sea, la posible promoción personalizada, ocurrieron en el estado de Sonora y, conforme a criterios establecidos por el Trife —como en el asunto SUP-REP-165/2018— los institutos electorales locales son competentes para conocer de este tipo de conductas cuando se desarrollan en su jurisdicción, sin perjuicio de que puedan remitir el asunto al INE para los fines que correspondan.

En política no hay sorpresas sino sorprendidos

De manera perfectamente sincronizada, en el evento quesque de actividades, mientras “el representante de Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, Benjamín Robles Montoya, expresó abiertamente que el PT respalda la candidatura de la diputada a la presidencia municipal de Hermosillo…”, pero como menciona mi amigo y muy respetado periodista, Luis Cárdenas, “el escándalo por la denuncia de la diputada del PT, Karina Barreras, contra la ciudadana que la acusó de nepotismo ya provocó tensión interna en la ‘4T’”.

Además, fuentes de @politicomx aseguran que en la oficina de Luisa Alcalde se giró la orden de no respaldar su aspiración a la alcaldía de Hermosillo en 2027.

Así que, como si no fuera suficiente con el repudio social que la actitud de la diputada federal ha generado, hay que agregarle este deslinde político que pudiera dar al traste con sus intereses políticos, por la denuncia.

Veremos en qué termina.

LM: ¿Crees que prospere tu denuncia, sobre todo a raíz de las decisiones del Trife, como en el caso de Karla?

Roberto: Ahorita podemos esperar casi cualquier cosa de las hasta hace poco confiables instituciones. El caso de Karla es el triste ejemplo de ello: Una ciudadana que en un post no menciona a la que se dice afectada –la diputada federal– y un tribunal que en su sentencia señala una figura jurídica –interpósita persona no establecida en la norma.

Fuerte a pico de botella

“A menos que ya estemos ante una nueva casta política blindada contra la crítica y eximida de cumplir las leyes, yo espero que se resuelva conforme a derecho.

“De lo contrario, sería oficial que hemos ingresado al escenario donde un ciudadano no puede criticar a un político, aunque la Constitución se lo permita –inhale y exhale–, pero un político sí puede hacer promoción personalizada, aunque la Constitución se lo prohíba”.

El ABC para la defensa de Karla Estrella

Hasta la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la diputada Diana Karina Barreras se pasó de lanza. Calificó como “un exceso la sanción a Karla Estrella”; la mandataria recordó que el poder es humildad, no soberbia.

Muy bien. Llamemos, entonces, las cosas por su nombre. Lo hecho en contra de Karla Estrella es un acto de abuso desde el poder; los políticos involucrados en el asunto rebosan soberbia. También los que dictaron la sentencia en el Tribunal Electoral, quienes se han convertido en paleros del régimen morenista.

Llamemos también al INE y al Tribunal electoral a que rindan cuentas de su actuar, de su exagerada pena; de su sentencia sin sentido, dado que Karla Estrella NO se dedica a la política. Ella no socavó la carrera de la diputada Diana Karina Barreras puesto que esta llegó al cargo y hoy por hoy despacha desde el Congreso de la Unión.

Basta de hipocresías. Ahora resulta que a una diputada que ha abusado de una ciudadana se le debe proteger incluso su nombre, mientras que la sancionada tiene que hacer locura y media para cumplir con una sentencia que es exagerada y abusiva. En una de esas hasta ilegal.

La diputada Diana Karina Barreras NO es un “Dato Protegido”, como la autoridad hace que le llame Karla Estrella en sus publicaciones donde tiene que pedir perdón. Si la legisladora utilizó todas las instancias gubernamentales para linchar a una ciudadana, que todos sepan quién es y cómo se llama. Construyamos desde la sociedad de una forma inteligente para poder defender a una ciudadana y dejar expuestos como soberbios a quienes procedieron contra ella.

Se le debe proteger desde el ámbito legal, pero también desde el aspecto mercadológico, propagandístico y de comunicación. Parafraseando parte de la sentencia del tribunal: “de manera digital y análoga”. Pero que no quede en un simple enojo en redes sociales; hagamos constar el abuso de nuestros gobernantes a través de ellas, pero saltemos también a los ámbitos familiares, profesionales, institucionales. Hagamos de la denuncia diaria una forma de exhibir a quienes son soberbios en y desde el poder. Nuestra propia protesta puede visibilizar lo que hoy es un retrato de las injusticias que suceden en el país cortesía de la 4t. La primera escala del enojo social no necesariamente tiene que ser la calle; puede generarse, primero, un impacto mayor en las estructuras del poder.

Tal vez el atropello que sufre Karla Estrella sea el comienzo del poner un alto a los abusos de poder y el ansia que al parecer tienen de terminar con la libertad de expresión. Hay momentos, acciones o dichos de los políticos que son la chispa que enciende el enojo contenido de los ciudadanos.

Si creemos que no hay motivo suficiente, analicemos lo siguiente: la insidia con la que atacaron a Karla Estrella puede ser sufrida el día de mañana por cualquiera de nosotros por una publicación, un dicho, una imagen. La sanción decretada a Karla no es a solo a ella, es a todos los mexicanos. Es el aviso de lo que nos pueden hacer a cualquier persona, mismo a simpatizantes de la 4t. Si interiorizamos y entendemos esto, defenderemos tanto la libertad de expresión (la nuestra; en esta ocasión no fue necesario proteger la de la prensa), como a cualquier individuo que el TEPJF (o el INE o la autoridad que gusten) decida vulnerar desde el poder.

No dejemos de expresar nuestra opinión sobre los políticos; para ello no es necesario decir malas palabras ni caer en violentar alguna normatividad. Basta con señalar los abusos, faltas, indolencias y corruptelas de la clase gobernante; dar a conocer sus muchas y variadas ilegalidades y arbitrariedades.

Aquí no se trata de alcanzar un balance; se debe llegar hasta el otro extremo. Defender a Karla plena y completamente.

No permitamos que conviertan la “violencia política en razón de género” en un candado a la libertad de expresión. Esta debe existir para defenderse de la autoridad. La censura por parte de la 4t se está generalizando; hay que prestar suma atención.

Giro de la Perinola

(1) ¿Por qué una disculpa pública durante 30 días? ¿Acaso el Tribunal asume que la legisladora no entiende a la primera?

(2) Necesario saber qué fue lo que hizo que Claudia Sheinbaum reconociera este problema. ¿Fue el repudio continuo en X?, ¿fue el tamaño de la injusticia? ¿Es esto una victoria momentánea y pírrica para la libertad de expresión?

(3) Falta señalar como abuso a la fiscalía de Campeche y a la gobernadora Layda Sansores, al ir contra el periodista Jorge Luis González Valdez, acusado por política de género. Sus nuevas medidas cautelares se traducen en censura y vulneran el derecho a la libre expresión.

(4) Abuso también el de Gerardo Fernández Noroña al obligar a un ciudadano a humillarse en el Senado y pedirle perdón. No se nos olvide.

(5) Abuso sobre Héctor de Mauleón y El Universal por parte del gobierno. Abusos que sumados son una declaratoria contra la libertad de expresión y, no, ni siquiera provienen de Palacio Nacional.

(6) ¿Lo adecuado? Que las palabras de la presidenta Sheinbaum no queden solo en una conferencia de prensa; que haga al Tribunal repensar su sentencia y que el constante enojo ciudadano lleve a la diputada y a su esposo a dejar de presentarse como víctimas.

El Quinazo

Al amanecer del 10 de enero de 1989, soldados del Ejército Mexicano provenientes de la capital salían del aeropuerto de Tampico, Tamaulipas, rumbo a la calle San Luis, fraccionamiento Unidad Nacional, en Ciudad Madero.

Iniciaba así uno de los golpes políticos más trascendentes de la historia reciente.

La tropa, junto con elementos de la judicial federal y agentes del ministerio público, se dirigía a la casa de Joaquín Hernández Galicia, mandamás del Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El verdadero hombre fuerte de Pemex.

Cuarenta días antes, y entre críticas por una sucia elección, Carlos Salinas de Gortari había asumido la Presidencia. La izquierda, que padecería cientos en ese periodo, regateaba el reconocimiento al joven mandatario, surgido de una familia priista y factor del giro aperturista en la orientación del régimen, cosa que temían los petroleros.

Hernández Galicia, La Quina, fue secretario general del gremio de Pemex 25 años atrás (1961-1964), periodo tras el cual se convirtió en el “líder moral” del SRTPRM, desde donde amasó una fortuna que, según versiones, llegó a registrar depósitos en Estados Unidos por tres mil 200 millones de dólares*.

Las cifras, faraónicas, no desentonan con las que se achacan a algunos de sus colaboradores. De Salvador Chava Barragán Camacho, secretario general del sindicato en enero de 1989, se dijo que en una sola visita a Las Vegas dilapidó 300 mil dólares.

Los soldados entraron a la casa de La Quina alrededor de las ocho de la mañana. La crónica del allanamiento incluye la discusión sobre si se dio un bazucazo a la propiedad o si “simplemente” se detonó una granada en un predio aledaño. Balazos sí que hubo.

Hernández Galicia estaba en eso que la vieja escuela llama paños menores, una desnudez que contrasta con el arsenal que, según el parte de ese día, encontraron los soldados: 200 ametralladoras Uzi, 25 mil cartuchos 9 milímetros, y otras 19 armas de alto poder…

En la operación, con cateos en otras partes del país, fueron detenidos decenas; algunos aparecerían junto a La Quina en la fotografía icónica de la redada: el líder, sus secuaces y el arsenal (que algunos acusan fue sembrado). La caída del intocable.

No todos estaban en esa imagen. Tras recibir un pitazo, Barragán Camacho escapó antes de que llegaran por él a Satélite, suburbio de la capital.

En su huida, Chava echó a su auto blindado relojes, dólares, plumas de oro, pesos, cheques de viajero y joyas valuadas en tres mil millones de pesos de entonces. Intentó refugiarse en el edificio de la CTM, de donde salió rumbo al hospital, escala por motivos cardiacos que sólo retrasó unos días su encarcelamiento.

A La Quina y su grupo les llegaron a achacar más de una docena de muertes en circunstancias sospechosas. El día de su detención falleció por bala un agente del ministerio público. El líder fue acusado de homicidio calificado, y acopio e introducción de armas y explosivos.

“Cae imperio criminal, económico y político”, tituló al día siguiente el oficialista diario El Nacional.

Todo el país contuvo la respiración. Hubo intentos de resistencia entre las huestes de Pemex, pero la autoridad presidencial rápidamente se terminó imponiendo, para temor de la izquierda, que veía riesgos de abusos autoritarios.

Lorenzo Meyer, citado por The Dallas Morning News, dijo sobre la caída de La Quina: “Se puede decir que Salinas de Gortari asumió hoy (10 de enero) la Presidencia”. Rodolfo Guzmán, en El Financiero, destacó que con el golpe se logró “un grado de cohesión sólo equiparable al que conquistó el general Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera”.

*Citas y datos tomados de: La Quina, el lado oscuro del poder, de Salvador Corro y José Reveles. Planeta, 1992

Director: Juan Luis Parra

Hermosillo, Sonora.

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