La imposición de aranceles al acero y al aluminio que exportan México y otros países a Estados Unidos, la cual comenzaría el 12 de marzo, tiene un solo objetivo: frenar el ingreso de productos asiáticos al país que gobierna Donald Trump.
Este martes, el gobierno mexicano se desgañitó explicando lo absurdo que representa la imposición de aranceles al acero y el aluminio por parte de Estados Unidos, ya que tiene un superávit comercial de casi 7 mil millones de dólares con México en este sector, estratégico para la industria automotriz, el motor de las exportaciones y la manufactura nacional.
El “no se justifica” del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y de la presidenta Claudia Sheinbaum, encuentra su explicación –y justificación– en la triangulación de acero y aluminio provenientes de Asia, que se hace pasar por producto mexicano y luego se envía a Estados Unidos sin aranceles por el acuerdo comercial (TMEC).
La triangulación ha sido negada públicamente por la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), pero dentro del gremio y en el propio gobierno federal se tiene identificado el modus operandi: empresas asentadas en el país importan acero de Vietnam y Malasia, con cero arancel porque son dos países que están suscritos al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), al que México se unió en 2018, para después hacerlo pasar por producto mexicano y enviarlo a Estados Unidos con una ganancia enorme. En el negocio participan todo tipo de funcionarios de las aduanas, personal del SAT, intermediarios (traders) y empresas.
Para muestra, las importaciones de acero y aluminio de Vietnam y Malasia han crecido cerca de 300% en los últimos dos años. En ambos países, China tiene grandes inversiones para aprovechar el TPP y enviar grandes cantidades de acero, aluminio y otros productos, sin pagar aranceles, a los países incluidos en el acuerdo, entre ellos México y Canadá.
La solución que Estados Unidos habría puesto sobre la mesa al gobierno mexicano es que renuncie al Acuerdo de Asociación Transpacífico, así como reforzar la vigilancia en las aduanas y poner atención también en países como Italia, España, Portugal y Argelia, que compran acero y aluminio de Asia para enviarlo a México.
En julio del año pasado, Estados Unidos y México acordaron una serie de medidas para proteger la cadena de suministro del acero y el aluminio en América del Norte con una subida de aranceles de hasta el 25% a los productos provenientes de China, la cual, ya se vio, no fue muy efectiva, pues el producto se está enviando mediante otros países.
Las exportaciones de acero de México a Estados Unidos representan apenas el 2.5% de su consumo aparente, mientras que el país que gobierna Trump tiene el 16% de participación de mercado en el territorio nacional. Es claro que la preocupación viene porque China se las ha ingeniado para seguir enviando sus productos al mercado estadounidense mediante países como México.
Por ello, se requiere un plan concreto de control aduanero para evitar la triangulación. Muy probablemente esto y la eventual renuncia al TPP es algo que negociarán el secretario Ebrard y su contraparte estadounidense, Howard Lutnick, en una reunión que se llevaría a cabo la próxima semana en Washington.
Mientras tanto, la industria ya advirtió que los aranceles de Donald Trump afectarían al 75% de las exportaciones de acero mexicano –valuadas en 2,100 millones de dólares–, poniendo en riesgo empleos e inversiones. Aunque ellos son parte del problema.
Posdata 1
Y hablando de China, nada se ha sabido del embajador Jesús Seade, quien desde el 2021 se desempeña como máximo representante de México en el país asiático, tras dejar la Subsecretaría para América del Norte que ocupó de diciembre del 2018 a noviembre del 2020.
Seade fue uno de los negociadores del TMEC, en su etapa final. El 1 de julio de 2018 fue designado por el entonces presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para representarlo en las negociaciones del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.
En aquellas fechas, Seade, junto con los secretarios salientes que iniciaron las negociaciones (Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray) se congratulaban de que se había eliminado la llamada “cláusula sunset”, que terminaría automáticamente el acuerdo comercial en 16 años, misma que fue sustituida por una cláusula de revisión rápida del TMEC en seis años.
El tiempo los alcanzó y todo indica que no se llegará al 2026 para su revisión. Trump va por una renegociación total este 2025.
Posdata 2
Como anecdótica y, sobre todo, una falta de pericia política, quedará aquella celebración del “Investment Day México-China” que se llevó a cabo por parte del Senado de la República el 7 de noviembre pasado, dos días después del triunfo electoral de Donald Trump.
La convocatoria fue hecha por la senadora de Morena, Olga Patricia Sosa Ruiz, y el objetivo fue “analizar los desafíos y oportunidades de inversión en nuestro país y en la República Popular China, convencidos de que con este encuentro se fortalecerán los lazos económicos entre ambos países y se proporcionará una plataforma única para que se identifiquen las mejores oportunidades de inversión”.
Al evento acudió el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña; el senador “marcelista”, Emmanuel Reyes, quien es presidente de la Comisión de Economía del Senado, y el embajador de China en México, Zhang Run.
Participaron empresas chinas como Huawei, SPIC y China Mobile, todas vetadas o peleadas con el gobierno de Estados Unidos.
Y todo para que, a la luz de las amenazas arancelarias de Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera expresamente a las organizaciones de la iniciativa privada y empresas en particular frenar la compra de productos chinos, como parte de la estrategia de sustitución de importaciones del Plan México y, sobre todo, para congraciarse con el gobierno de Estados Unidos.
Posdata 3
Este martes, senadores de distintos grupos parlamentarios se pronunciaron por establecer una nueva legislación que garantice transparencia y equidad en el mercado publicitario de México.
Los senadores Cynthia López Castro y Cuauhtémoc Ochoa, de Morena; Enrique Vargas, del PAN, Pablo Angulo, del PRI; así como los legisladores Luis Armando Melgar, Virgilio Mendoza y Luis Alfonso Silva, del Partido Verde, buscan establecer reglas claras, justas y equitativas para anunciantes y medios de comunicación, asegurando la libre competencia y evitando conflictos de interés que afectan a la sociedad mexicana.
En una conferencia ofrecida en el Senado, los legisladores expresaron que no están a favor de las regulaciones ineficaces que afecten la competitividad, pero que el mercado publicitario en México necesita certidumbre y transparencia.
En el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrogó una ley en la materia sin un proceso claro ni transparente. “Hoy es momento de corregir ese vacío legal y garantizar una regulación que realmente funcione para todos”, declararon.
La iniciativa contempla cuatro ejes: transparencia total en los procesos de contratación de publicidad; prohibición de conflictos de interés que afecten a consumidores y anunciantes; regulación digital acorde con las nuevas dinámicas del mercado; y sanciones claras y proporcionales para evitar abusos y monopolios.
