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Columnistas de SP

Convocan marcha en Hermosillo por madre y niñas asesinadas: “Salvar tres vidas basta”

Colectivas feministas en Sonora convocaron a una marcha este domingo 13 de julio en Hermosillo para exigir justicia por el feminicidio de Meredith y el asesinato de sus hijas Madelin, Karla y Margarita, cuyos cuerpos fueron encontrados en la Costa de Hermosillo a principios de este mes.

La movilización está programada a las 17:30 horas (tiempo del Pacífico) y partirá desde las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora. El llamado fue lanzado por múltiples organizaciones que denunciaron la violencia armada y de género que persiste en el estado.

“Este 13 de julio salgamos a las calles en memoria de Meredith, Madelin, Karla y Margarita, contra la violencia que nos arrebata infancias, juventudes y familias”, señalaron en su convocatoria.

Las agrupaciones participantes incluyen a Ni una Más HMO, Pan y Rosas Sonora, Rayos Violeta, Marea Verde Nogales, Observatoria Sonora, REDefine Sonora, Jurídica Feminista AC, Red de Académicas Feministas en Sonora, Gemas, HeForShe Son, Diversidad Funcional HMO, Hebras Cactáceas, Las Copechis y el Observatorio Feminista Clara Zetkin.

Las organizaciones acusaron omisiones por parte de las autoridades en el caso y repudiaron la creciente violencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes en Hermosillo y el resto del estado.

El caso de Meredith, de 28 años, y sus hijas de 11 y 9 años ha causado indignación nacional. Las víctimas fueron asesinadas a balazos, según información preliminar de las autoridades locales.

El pasado 7 de julio, familiares y personas cercanas les dieron el último adiós durante los servicios funerarios realizados en Hermosillo.

Reprograman audiencia de Ovidio Guzmán en Chicago donde se declararía culpable

La audiencia en la que Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, planeaba declararse culpable de varios cargos de narcotráfico fue aplazada dos días y se realizará el próximo viernes 11 de julio a las 11:00 horas, tiempo de Illinois, informó el periodista Keegan Hamilton.

La sesión estaba originalmente programada para este miércoles 9 de julio, pero fue reprogramada luego de que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York desestimara los cargos en su contra y transfiriera su caso a Chicago, en donde se encuentra detenido desde su extradición en septiembre de 2023.

Ovidio Guzmán enfrenta cinco cargos criminales ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, entre ellos posesión de drogas con intención de distribuir, conspiración para lavado de dinero, participación en una empresa criminal continua y portación de armas de fuego. También se trasladó a esta corte el cargo por tráfico de fentanilo, que inicialmente se encontraba en Nueva York, según detalló el periodista Ángel Hernández.

La transferencia del caso se llevó a cabo bajo la “Regla 20” del sistema judicial estadounidense, que permite mover procesos penales entre jurisdicciones para agilizar procedimientos legales cuando el acusado desea declararse culpable.

Guzmán López había sido imputado originalmente por 11 delitos en dos jurisdicciones distintas, pero con la consolidación del proceso en Chicago, su caso avanzará únicamente en esa corte federal.

Además, se dio a conocer que tanto Ovidio como su hermano Joaquín Guzmán López están negociando con autoridades estadounidenses con el objetivo de reducir sus condenas, en el contexto de la cooperación judicial y la entrega de información clave.

El aplazamiento de la audiencia se da mientras se especula sobre el posible secuestro y entrega del exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, y el ingreso de 17 familiares de “Los Chapitos” a Estados Unidos, situación que fue calificada como inusual por Mike Vigil, exagente de la DEA.

ISSSTESON: la muerte anunciada. Y Durazo parte y reparte

En Morena, el juego de las sillas no ha terminado. Y aunque algunos ya están acomodados, otros siguen esperando que les den permiso para repetir. El próximo 20 de julio se llevará a cabo una nueva asamblea nacional, encabezada por el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, ese mismo que gobierna Sonora y arbitra al partido.

La convocatoria ya circula entre los cuadros guindas. No hay orden del día, pero ya les pidieron que bloqueen agendas. La expectativa es clara: discutir —y muy probablemente aprobar— la reelección para alcaldes y legisladores de mayoría rumbo a 2027. Algunos grupos oficialistas ya lo dan por hecho. Otros, más cautos, prefieren esperar. “Todo puede pasar”, repiten como mantra.

La 4T está a punto de resolver una de las dudas que dejó su último consejo nacional: ¿sí o no a la continuidad inmediata? Y parece que la respuesta será afirmativa, al menos hasta que la Constitución cambie de piel en 2030. De aquí a entonces, la consigna es clara: si el pueblo los eligió, el pueblo los puede reelegir… aunque ese pueblo esté más dormido que atento.

Eso sí, el entusiasmo tiene límites: las candidaturas plurinominales están bajo fuego. La presidenta Claudia Sheinbaum ya dijo que no representan a nadie y que ni campaña hacen. Quiere reforma electoral y, en esa lógica, los pluris salen sobrando. Así que quienes accedieron por lista mejor que no guarden las maletas.

Durazo se vestirá de árbitro en la asamblea morenista. Su papel será de moderador institucional… o de operador silencioso, según le convenga a Palacio.

Y así como juega al Montessori con su gabinete, en Morena se moverá como jefe de seguridad del régimen. Ni un paso fuera del guion.

En resumen: Morena se reacomoda. La línea está trazada. Y Durazo, desde su doble oficina —una en Hermosillo y otra en la Ciudad de México— jugará su mejor papel: el de operador sin protagonismo, pero con mano firme.

Mientras tanto, en Sonora… nació muerto

Y mientras Durazo juega en las grandes ligas, en casa el ISSSTESON se desangra. No es metáfora: ya no hay ni recipientes para muestras de laboratorio. De los medicamentos, ni se diga. Sigue el desabasto y la versión local del “ratón loco electoral”: hay que buscar las medicinas por toda la ciudad, hasta en farmacias privadas.

Eso sí, el descuento por servicio médico llega puntual en el cheque del derechohabiente. Lo que no llega es la medicina… y mucho menos el buen trato. Medalla de oro para los siempre huraños despachadores del CIAS Centro, en Hermosillo, que entregan las pocas medicinas con cara de “te estamos haciendo un favor”.

Luego, como si fuera yincana, te entregan vales para que emprendas una ruta delirante de farmacias y oficinas. A veces, hasta los médicos replican ese desprecio educado, como si se estuvieran entrenando para un nuevo trabajo.

¿Será que ya preparan la mudanza? ¿O que se cumplirá, al fin, la profecía del ex secretario de Hacienda, Guillermo Hopkins? Aquel que dijo sin titubeo que el ISSSTESON “nació muerto”.

Y la pregunta de fondo: ¿ya organizan los funerales, los actuales “servidores públicos”?

Violencia imparable en Sonora: sube 33% asesinato de mujeres y desaparecen más de 330 personas

La violencia en Sonora se recrudeció durante los primeros cinco meses de 2025, con un aumento del 33.33 por ciento en las muertes violentas de mujeres y 334 personas reportadas como desaparecidas, de acuerdo con cifras oficiales y de organizaciones civiles.

Durante ese mismo periodo se registraron 451 víctimas de homicidio doloso, lo que representa un incremento del 7 por ciento respecto al mismo lapso de 2024, cuando se reportaron 434 asesinatos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Los municipios más afectados por este tipo de delitos fueron Hermosillo, San Luis Río Colorado y Cajeme, donde presuntamente se han reforzado operativos de seguridad. Hermosillo concentró el 51.1 por ciento de los homicidios dolosos; San Luis Río Colorado, el 35 por ciento; y Cajeme, el 31.8 por ciento.

La violencia de género mostró un incremento considerable. De enero a mayo se reportaron 36 mujeres asesinadas de forma violenta en la entidad, frente a las 27 registradas en el mismo periodo del año anterior. Entre las víctimas se incluyen tres niñas y una mujer adulta encontradas sin vida el pasado 5 de julio a las afueras de Hermosillo.

Las menores, de 11 y nueve años de edad, fueron localizadas junto a la Carretera 36 Norte; su madre, de 28 años, fue hallada asesinada un día antes en la comisaría Miguel Alemán. El gobernador Alfonso Durazo atribuyó el crimen al crimen organizado y al tráfico de drogas, señalando la detención del presunto responsable.

El Observatorio Sonora por la Seguridad calificó este caso como una muestra de la “evidente incapacidad” del gobierno estatal para contener la violencia, mientras que el colectivo Buscadoras por la Paz instó a no normalizar estos hechos.

En homicidios dolosos contra niñas y adolescentes hubo un aumento del 200 por ciento, al pasar de uno a tres casos. En mujeres mayores de 18 años, el alza fue del 43.48 por ciento, con 33 asesinadas frente a 23 en el mismo periodo del año pasado.

La cifra de desaparecidos también creció de forma alarmante, con un incremento del 87.64 por ciento, al pasar de 178 a 334 personas no localizadas. Los municipios con más casos fueron Hermosillo (87), Cajeme (47), Nogales (46) y Caborca (38).

En cuanto a percepción de inseguridad, Cajeme presentó un incremento de 69.4 a 83.2 por ciento, según datos del Inegi, mientras que en Hermosillo y Nogales también se reportaron alzas menores en este indicador durante el primer trimestre de 2025.

En junio, fue asesinado el secretario del Ayuntamiento de Yécora, Jafeth Holguín Valenzuela, en un ataque directo en su domicilio. Asimismo, aumentaron delitos como el robo de vehículo (12.9%), el narcomenudeo (31.4%) y la violación equiparada (70%), de acuerdo con el Observatorio Sonora por la Seguridad.

Infiltración en la policía de Acapulco

La Guardia Nacional ha tomado el control del C4 de Acapulco, en medio de acusaciones por la filtración de imágenes sensibles y la supuesta eliminación de grabaciones relacionadas con asesinatos y quema de vehículos, con el fin de ocultar la imparable ola de violencia que sacude al puerto.

Según se anunció en conferencia de prensa, 140 elementos federales remplazarán en el manejo de cámaras de vigilancia a los policías municipales que se hallaban a cargo del sistema. La alcaldesa morenista Abelina López, investigada por la Auditoría Superior del Estado por el manejo irregular de 898 millones de pesos destinados a obras públicas, pierde ahora el control del centro de comando de Acapulco.

López comentó solo que la medida obedecía a “un acuerdo”. La realidad es que la desconfianza de las fuerzas armadas ante la infiltración del crimen organizado en la estructura policiaca del puerto, hizo que esta intervención fuera considerada como impostergable para evitar que el C4 actuara como los ojos del crimen organizado.

El 10 de enero de 2023 fue acribillado desde una motocicleta, a plena luz del día y en los alrededores de la Secretaría de Seguridad Pública, el exdirector de la policía municipal Samuel Buenfil Espinoza. El funcionario recibió 15 disparos.

Meses antes había denunciado ante la fiscalía y ante la delegación regional de la Comisión de Derechos Humanos la infiltración de gente ligada a grupos delincuenciales en los altos mandos de la Secretaría.

De acuerdo con la denuncia presentada por el exdirector de la municipal, tras su llegada al cargo en octubre de 2021 removió a un comandante de compañía, a dos comandantes de sección y a la persona que se hallaba encargada del despacho, porque sabía que todos ellos estaban vinculados con el crimen organizado.

Según Buenfil Espinoza, “una persona externa” se le acercó un día y le ofreció 50 mil pesos semanales. “Pero necesito que me acomode algunas personas en diferentes áreas”, le dijo. El funcionario se negó.

Abelina López acababa de llegar a la presidencia municipal y había nombrado al capitán de corbeta Maximiliano Serrano Pérez como secretario de seguridad pública. Serrano Pérez fue el mando involucrado en la desaparición de dos marinos que fueron comisionados de manera irregular, por órdenes de la alcaldesa, como escoltas del entonces senador de Morena José Narro Céspedes.

Una semana después de que Samuel Bonfil rechazara el soborno, el secretario Serrano Pérez presentó como nuevos jefes operativos precisamente a las personas que le habían pedido acomodar.

Su relación con el secretario, se lee en la denuncia que interpuso ante la CNDH, se volvió cada vez más tensa. El secretario exigía la entrega de una parte del sueldo de los municipales para cubrir los salarios “de los nuevos”, ya que el Ayuntamiento “no tenía el recurso”.

El funcionario se negó y fue removido por Serrano del cargo como director de la municipal. A los pocos días, los personajes que Buenfil había removido por sus nexos con el crimen organizado fueron reinstalados en sus puestos.

Buenfil pidió audiencia a Abelina López, pero nunca se la dio “por carga de trabajo”.

Poco a poco fue acorralado. Le solicitaron que entregara su arma. “Tengo el temor de que por haber ejercido el cargo de director y haber realizado cambios positivos, las personas que ahora se encuentran ejerciendo un cargo y que están inmiscuidas con la delincuencia organizada puedan atentar contra mi persona”, denunció. En su queja ante la CNDH, Buenfil señaló “como responsable de todo lo que me pueda ocurrir a mí y a mi familia” al capitán de corbeta Serrano Pérez.

A dos semanas de haber presentado la queja, su escolta fue asesinado. “Era para mí esa acción”, declaró. A los pocos días quemaron su coche, un Honda Accord, a las puertas de su casa.

Buenfil recibía un arma al llegar a trabajar y debía desarmarse al terminar la jornada.

Maximiliano Serrano fue removido por el escándalo de la desaparición de los marinos y por acusaciones de corrupción en el cuerpo policiaco, la cual fue denunciada de manera pública por la propia alcaldesa. Tenía más de 20 expedientes abiertos. La policía municipal exigía sobornos de hasta 100 mil pesos.

En una de sus denuncias, el exdirector dijo que le habían informado que “una persona tiene órdenes de que le den piso”. A resulta de sus denuncias, las autoridades accedieron a devolverle el arma.

Lo mataron a la luz del día. Meses después fue asesinado el director de la policía vial. En ese momento, Abelina López solicitaba licencia para buscar la reelección (que finalmente obtuvo).

A finales del año pasado, con gran hermetismo, se anunció que uno de los autores materiales del asesinato de Samuel Buenfil había sido vinculado a proceso. El trasfondo continúa en la oscuridad. La misma oscuridad que desde hace más de tres años envuelve el caso de Óscar González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, los marinos desaparecidos.

Pegasus, Peña Nieto y “todos nosotros fuimos espiados”

Recuerdo que llegaron a mi celular dos mensajes de texto diseñados a la medida para que yo cayera en la trampa y diera clic. Se hacían pasar por amigos míos. Uno era sobre la supuesta muerte de su papá (da clic para los datos de la funeraria) y otro sobre una supuesta foto mía (clic para verla). No caí en la trampa porque me pareció extraña la manera en que se expresaban. No pensé en espionaje, pensé en un fraude bancario. Por eso no di clic. Bastaba eso -un clic- para que el gobierno, gracias a la herramienta de espionaje israelí Pegasus, tuviera acceso total al teléfono infectado: contactos, conversaciones, fotografías. Todo.

Otros sí cayeron en la trampa. En 2017, en la portada de The New York Times se difundió cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto espió a un grupo de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas (entre ellos un servidor). Luego nos revelaron fuentes de ese gobierno que desde Los Pinos se urdió un plan para usar datos personales como arma de chantaje contra un puñado de periodistas para apagar las críticas. Por la compra de Pegasus, Peña Nieto está hoy envuelto en un escándalo de presuntos sobornos por 25 millones de dólares, según denunció un medio de Israel.

“Todos nosotros fuimos espiados”, dijo la presidenta. Es cierto. Todos nosotros.

El argumento central de Sheinbaum para prometer que su gobierno no va a espiar a los ciudadanos es que ella y los suyos fueron víctimas de espionaje en gobiernos pasados. Como si haber sido víctima te impida ser victimario. El razonamiento es infantil. Y, además, mentiroso. R3D documentó que, en tan solo un mes del primer año de gobierno de López Obrador, 456 mexicanos sufrieron el hackeo de sus celulares a través del sistema de espionaje Pegasus.

Los teléfonos intervenidos, los correos hackeados, los seguimientos físicos, las campañas de desprestigio disfrazadas de “investigaciones” en las mañaneras, nutridas con la divulgación de datos personales y privados, ocurrieron mientras el presidente decía que ellos no eran iguales a los del pasado, que ellos no espiaban, que eran labores de inteligencia. Eufemismo para eludir la responsabilidad.

La presidenta Sheinbaum repite el guion de su jefe político. “Todos nosotros fuimos espiados”, dice. Sí. Y por eso quizá la expectativa -cuando prometieron ser diferentes- era que la 4T anulara cualquier posibilidad de que desde el Estado se espiara a un ciudadano, no que quedara a su voluntad y discreción.

Para defenderse de las sospechas, la presidenta dice dos cosas: que promete portarse bien y que, en todo caso, la ley quedó igual que como estaba en tiempos de Peña Nieto.

Cuando llegó la 4T la expectativa era no perseguidos políticos, no presos políticos, no espionaje. Fue su mantra durante décadas. Se esperaba que los relatos en tono dramático de López Obrador quejándose de cómo espiaron a sus hijos hasta con helicópteros sobre su casa se tradujeran en leyes que impidieran la repetición de ese pasado oscuro. En cambio, nos ensartan una ley que actualiza las capacidades de espionaje del Estado con las herramientas tecnológicas más modernas, nos dicen que por qué reclamamos si esa ley ya estaba y se montan en los hombros del secretario García Harfuch, que tiene buena relación con la oposición, para intentar suavizar las sospechas.

Con la Ley Espía, la narrativa de que con su llegada al poder se terminaría la era represora quedó aniquilada. Si el espionaje del Estado era una construcción clandestina con palos de madera, Sheinbaum le acaba de echar cemento y vigas.

SACIAMORBOS

Sale su declaración diciendo que el aeropuerto que cancelaron sí servía y nunca se probaron las acusaciones de corrupción… y a la semana siguiente aparece un soborno de 25 millones de dólares. ¿Alguna duda de que las prácticas del régimen priista más podrido… están hoy afianzadas en Morena?

El huachicol, una herencia y la presión de EU

Una de las prioridades del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido asestar golpes al huachicol de gasolina y sus ganancias financieras. Desde hace varios años, este negocio ilícito dejó ser de pinchazos a los ductos de Pemex para convertirse en uno integral, en el que participan grupos del crimen organizado, funcionarios de federales, estatales y municipales, trabajadores de la empresa petrolera, políticos, legisladores, empresarios, agentes aduanales, entre otros.

Este lunes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, anunció que en un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales se aseguraron 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de combustible de procedencia ilícita en dos puntos de Coahuila, lo que significó el decomiso más grande en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Estos 15 millones de litros se suman a los 880 mil litros decomisados hace unos días en Tabasco . Qué paradoja: es el estado donde nació y creció el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien tras llegar a la Presidencia una de sus primeras acciones fue decretar el fin del delito de huachicol de gasolinas. La cruzada contra el ilícito generó pánico entre los consumidores que abarrotaron las estaciones de gasolinas y lo único que se logró fue un ambiente de impunidad, pues el delito, lejos de terminarse, se multiplicó.

Por eso, en el actual sexenio las cifras han ido en aumento: en el periodo junio-julio se desarticularon varias redes de huachicol y se clausuró una refinería clandestina en Coatzacoalcos, Veracruz, (el lugar donde la exsecretaria de Energía y actual gobernadora del estado, Rocío Nahle, presume ser oriunda) en la que hace menos de un mes se decomisaron poco más de 3 millones de litros de combustible extraído ilegalmente.

Para tener una idea del negocio multimillonario alrededor del huachicol, en su modalidad “tradicional”, es decir la ordeña de ductos, Pemex reportó en 2024 pérdidas por más de 20 mil millones de pesos por robo de combustible directo, mientras que entre 2019 y 2022 esa cifra sumó 76 mil millones de pesos.

Un ejemplo es Guanajuato, que gobierna la panista Libia Dennise García, donde se estiman que se extraen hasta 200 mil litros diarios, lo que representa unos 1.8 millones de pesos por día para grupos delictivos. En 2024, el huachicol fiscal provocó una pérdida estimada de 177 mil millones de pesos para el erario, aunque la cifra es conservadora.

En Morena hay muchos casos que se relacionan con el delito del huachicol, donde el gobierno de Estados Unidos ha decidido poner el ojo de sus investigaciones respecto al crimen organizado de México.

El caso más reciente tiene que ver con la senadora de Morena, Olga Patricia Sosa Ruiz, quien recientemente confirmó que su madre le hizo un depósito de 30.5 millones de pesos a través de Vector Casa de Bolsa, una de las tres instituciones señaladas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de lavar dinero para el crimen organizado.

El argumento de la legisladora morenista es que dicha herencia fue por la venta de acciones de una empresa de su abuelo, y dijo no conocer y nunca haber visto a Alfonso Romo, el dueño de Vector y exjefe de Oficina del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, la línea de tiempo de dicha herencia genera dudas. En 1997 se origina la supuesta “herencia” que, según la senadora, dio lugar al depósito millonario. Se trata de acciones no especificadas de una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

En 2017, Prestadora de Servicios Murata S.A. de C.V. realizó 53 operaciones con Vector por alrededor de 97.6 millones de pesos. Luego, la Secretaría de Hacienda identifica a Murata como empresa fachada usada por el Cártel de Sinaloa.

En noviembre de 2021 asesinaron al empresario Sergio Carmona en Nuevo León, acusado de huachicol y de financiar campañas políticas. Posteriormente Sosa admite que Carmona, a través de un amigo, ayudó a contratar al cantante Julión Álvarez para su cierre de campaña a la alcaldía de Tampico. Sosa perdió la elección y niega financiamiento irregular.

En diciembre de 2021, Hacienda inhabilitó a Murata tras comprobar su función en redes de lavado. Para mayo de 2022, a 20 días de la elección en Tamaulipas, la madre de Olga Sosa depositó 30.5 millones de pesos en Vector, en un cheque nominativo. La transacción se realizó durante la efervescencia electoral. Sosa no reportó el hecho públicamente y la operación se filtró después.

Entre 2023 y 2024, Vector fue señalada por el Departamento del Tesoro de EU por lavado de dinero. Se le vincula a redes del narcotráfico y a estructuras del Cártel de Sinaloa. En septiembre de 2024, Ovidio Guzmán López se declaró culpable en Estados Unidos. A cambio, habría entregado información clave sobre bancos, casas de bolsa y estructuras financieras del narco. Se mencionó a Vector, CIBanco e Intercam como instituciones utilizadas para lavar dinero y mover recursos para compra de precursores de fentanilo.

Hace unos días, la Fiscalía General de la República inició una investigación formal sobre operaciones con Vector. La transacción realizada por la madre de Olga Sosa entró en el radar. Sosa se deslindó y aseguró que el dinero de su madre proviene de una herencia, y acusó que la filtración de la ficha fue ilegal, sin embargo, no presentó documentos que acrediten origen, ni la empresa emisora de las acciones.

Finalmente, el SAT informó que citará a la madre de la senadora para que acredite con documentos el origen de los 30.5 millones de pesos, ya que no fueron reportados como ingresos en sus declaraciones fiscales anuales.

Y la pregunta es: ¿El gobierno de Sheinbaum, presionado por EU, efectivamente va por todos los políticos, empresarios y demás involucrados en el huachicol y el crimen organizado, o se trata solamente de una simulación?

Posdata 1 

Este miércoles, la Asociación de Bancos de México (ABM) convocó a una conferencia de prensa para intentar atenuar la incertidumbre que permea en todo el sector financiero tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre tres instituciones financieras señaladas de lavar dinero para el crimen organizado.

La reunión será encabezada por el actual presidente de la ABM, Emilio Romano, quien a su vez es director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de Bank of America México.

Romano estará acompañado de los vicepresidentes de la Asociación, quienes intentarán apagar los fuegos y enviar un mensaje de confianza a los ahorradores e inversionistas. El objetivo es evitar una corrida del sistema financiero mexicano que afecte la liquidez de la banca, el tipo de cambio y las finanzas públicas del país.

El consenso de los banqueros al elegir, por primera vez, a una presidente del gremio representante de una banco de inversión extrajero –en este caso de Estados Unidos– fue justamente para que tuviera interlocución con el sector de EU y con el gobierno de Donald Trump. ¿Qué falló?, porque hoy el enlace parece estar más que roto.

Posdata 2

Todo mundo se pregunta dónde está Andrés Manuel López Beltrán, el secretario de Organización de Morena, quien tras participar en un podcast a inicios de junio pasado, junto a la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, no se le ha visto nuevamente en público.

Lo que dicen sus cercanos es que efectivamente se fue a un retiro, ni más ni menos que a su tierra y a la de su padre, el expresidente López Obrador. “Andy” –como ya no le gusta que le digan– habría viajado a Teapa, Tabasco, donde están las oficinas e instalaciones de la chocolatería Rocío, la empresa que controla junto con sus hermanos.

La razón del viaje a sus orígenes tiene que ver con el descalabro que sufrió Morena en Veracruz y en Durango. El golpe fue tan duro para el hijo del fundador de Morena que se fue a refugiar a la tierra que lo vio nacer, aunque en realidad se considere más chilango que tabasqueño.

El caso es que López Beltrán está preparándose para regresar a la escena pública en septiembre, cuando comience la discusión de la reforma político-electoral que envió la Presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso federal, la cual será fundamental para delinear lo que pasará en Morena y con sus partidos aliados hacia el 2027.

Posdata 3

Todo apunta a que la senadora de Morena, Laura Itzel Castillo, será la próxima presidenta de la Mesa Directiva del Senado, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña.

La política capitalina se impondría a Verónica Camino, también de Morena, y a Geovanna Bañuelos, del PT. Además de Noroña, traería ya otros acuerdos con Adán Augusto López, el coordinador del partido en la Cámara Alta.

El doble discurso de la gentrificación

En Berlín, cada año se escucha el martilleo en sus calles de miles de personas que las toman para defender su derecho a una vivienda digna. Con protestas masivas, referendos y leyes duras, los berlineses han dicho claramente que sus barrios no están en venta. En la Ciudad de México, en cambio, el silencio es más rentable. La gentrificación, contra lo que dicen las autoridades, no sólo es tolerada, es cortejada, impulsada y, en algunos casos, premiada.

La gentrificación no es un concepto europeo. Tampoco es exclusivo de Berlín, que ha vivido varios procesos de renovación urbana desde finales de la Segunda Guerra Mundial, o Nueva York, con Soho y el barrio de Meatpackers como sus íconos, o Barcelona, donde las Olimpiadas de 1992 transformaron al medieval Barrio Gótico.

La gentrificación es el nuevo rostro del despojo urbano, donde las grandes ciudades han convertido barrios populares en zonas de moda, con el desplazamiento silencioso de quienes los habitan, y gobiernos que, entre su retórica social y la rentabilidad turística, prefieren mirar hacia otro lado.

Aunque llegamos tarde al fenómeno –apenas en los 90–, no fue sino hasta el viernes pasado cuando una protesta de vecinos de las colonias Roma, Condesa y Doctores, donde más ha sufrido el tejido comunitario, tuvo expresiones xenofóbicas contra estadounidenses y de violencia. Lo cosmético ha escondido el fondo. Son inaceptables esas manifestaciones –que no son ajenas al mundo–, pero su condena no debe esconder el porqué de su frustración.

La explosión del fenómeno comenzó en las colonias de clases medias, bajas y obreras, con Andrés Manuel López Obrador, que cinco días después de asumir la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2000, emitió el Bando 2 que prohibía la construcción de conjuntos habitacionales y desarrollos comerciales en nueve de las entonces delegaciones (Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco), con el fin de preservar zonas de conservación y acuíferos, y autorizaba y promovía el desarrollo urbano en otras cuatro (Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza), con la intención de repoblar el gran centro de la capital, que había perdido 1.2 millones de habitantes en 30 años.

López Obrador lo planteó como un instrumento para “revertir el crecimiento desordenado” de la mancha urbana, “preservar suelo de conservación” y promover la vivienda social en las zonas centrales. No fue así. Provocó un boom inmobiliario en el centro, con un fuerte aumento del valor del suelo urbano y desarrollo vertical masivo, principalmente de vivienda media y alta, desplazando a la población de menos recursos.

Los costos se volvieron inaccesibles para las clases populares, que fueron expulsadas a municipios conurbados con el Estado de México e Hidalgo, a vivir en ciudades dormitorio. El bando buscaba generar vivienda popular, pero alrededor de 95% de los nuevos desarrollos fueron de interés medio o alto, y sólo un restante 5% realmente social.

La gentrificación modifica profundamente las caras de las ciudades. En Berlín, los barrios Neukölin y Kreuzberg, oscuros y lúgubres cuando el muro establecía sus límites, son zonas en donde jamás se imaginaría el terror que causaban, hoy transformadas con hoteles, restaurantes y tiendas de lujo, entretenimiento y cafés inaccesibles para sus pobladores originales, como sucedió en los barrios de Barcelona que fueron regenerados, expulsando a los obreros y adultos mayores que los habitaban. En Soho, lo que antaño fueron bodegas, hoy son costosos lofts, galerías, restaurantes y tiendas de lujo.

En todos lados, la mecánica de la gentrificación es la misma: abandono del Estado, llegada de capital privado, un discurso de modernización, aumento de la plusvalía y desplazamiento. Incluso en China, donde la gentrificación ha sido administrada e impuesta por el régimen, la conversión de sus ciudades ha sido salvaje, como en el barrio Dashilan, al suroeste de la Plaza Tiananmén, en Pekín, donde los hutongs de la era de la Dinastía Ming, renacieron en tiendas de lujo, galerías y restaurantes para la burguesía local e internacional. Lo que se ha presentado como regeneración urbana es, en realidad, un proceso sistemático de exclusión disfrazado de cosmopolitismo.

Es el doble discurso de la gentrificación. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al fenómeno y dijo, correctamente, que era producto de la especulación inmobiliaria. Pero, como jefa de Gobierno de la capital, firmó un convenio con Airbnb en 2022 para impulsar el “turismo creativo”, que atrajera a los nómadas digitales. Tuvo éxito: en cinco años, el valor de las propiedades y alquileres se incrementó en 50% en las colonias de donde salió la protesta el viernes, y lo que antaño una persona pagaba al mes, ahora se cobra al día.

Sin embargo, la gentrificación en sí misma, no es negativa. Al aumentar la inversión privada y elevarse la oferta cultural y gastronómica, hay mayor vigilancia, sube el empleo y la inversión en infraestructura. Pero para evitar desplazamientos y dejar a quienes menos tienen en la intemperie, se requieren políticas públicas, no discursos cosméticos y clientelares, como estamos escuchando estos días.

En Berlín, el Estado frenó a las grandes inmobiliarias, limitó Airbnb a residencias principales, congeló rentas por cinco años y apoyó un referéndum para expropiar más de 200 mil viviendas en manos de corporativos.

En Barcelona, se prohibieron alquileres turísticos para 2028. En 2023, una asesora de Sheinbaum dijo que no había evidencia de que Airbnb desplazara a los habitantes en las zonas donde había más oferta, y se congelaron regulaciones para las plataformas. En abril de 2024, el Congreso aprobó una serie de medidas para contrarrestar el fenómeno, mediante un padrón de anfitriones, un límite de tres propiedades por persona y un tope de seis meses de renta anual. Pero no se ha aplicado.

Las tres ciudades comparten una tensión fundamental: ¿La vivienda es un derecho o un activo financiero? Berlín y Barcelona han intentado defender lo primero. La Ciudad de México aún no se decide. Los gobiernos federal y capitalino presumen su vocación social, pero protegen con sigilo los intereses del mercado. El resultado es una ciudad cada vez más desigual, más vacía en sus barrios centrales y más expulsiva para quienes ganan en pesos.

Se dejó crecer el “doloroso crimen” de la extorsión

Nos comentan que la presidenta Claudia Sheinbaum presentará hoy una iniciativa que enviará al Congreso para combatir la extorsión. La presentación de esta iniciativa, nos hacen ver, exhibe la poca efectividad de la reforma constitucional que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobaron, sin cambiar una sola coma, los legisladores de Morena el año pasado, para aplicar prisión preventiva oficiosa en los casos de extorsión. Ayer, la titular del Ejecutivo afirmó que “es el delito que está creciendo, el que no hemos podido disminuir”, por lo que esta reforma se sumará a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que fue presentada por el Gabinete de Seguridad el domingo. La buena noticia es que, de entrada, se reconoce con transparencia la magnitud del flagelo y, de manera seria, se ponen en marcha la estrategia y la reforma. La mala es que se perdieron años valiosos que permitieron el crecimiento de este delito que, bien dice la mandataria, “les duele mucho a las personas porque afecta a todos los niveles”.

Vaya que la entrega de un espacio de noticias de Radio Educación a un youtuber afín al gobierno federal ha generado varias críticas dentro de círculos de la llamada Cuarta Transformación, quienes han cuestionado la falta de cartas credenciales de este personaje para obtener este espacio sin ser periodista. Entre estas voces críticas, nos señalan, está Pedro Salmerón, director general del Archivo General Agrario (AGA), quien ha acusado públicamente al youtuber en cuestión de ser una persona “sin ética”, “amarillista” y alguien dedicado al “golpeteo” y que carece de fuentes. Crítica de la 4T para la 4T.

Nos comentan la reforma laboral de 2019 fue insuficiente para ponerle un alto a los ánimos reeleccionistas de la mayoría de los líderes sindicales. Un botón de muestra, señalan, es el caso del dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, quien lleva dos décadas en el cargo y está por iniciar un nuevo periodo. Nos hacen ver que ese y otros dirigentes le han dado la vuelta a la ley, y sin pudor alguno van en camino de eternizarse en el cargo, pero ahora con la legitimidad que les dan las urnas. Nos explican que con los recursos y el control que tienen de sus gremios, es fácil para ellos ser líderes vitalicios, lo que también beneficia al régimen, pues la mayoría de ellos acaban por alinearse al gobierno en turno.

Ahora que se realizó la marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México, nos hacen ver que hoteleros han encendido sus alarmas ante la celebración de la Copa FIFA 2026, con sede en la capital del país. Nos hacen ver que los empresarios buscan acercarse al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque plataformas como Airbnb han comenzado a registrar más usuarios en “lugares donde antes no había tanto auge”, por ejemplo, cerca del Estadio Azteca y zonas aledañas. Nos dicen los hoteleros que el Mundial FIFA, en vez de verse como una oportunidad de ingresos y hospedaje, ahora podría ser una amenaza por las plataformas de alojamiento.

Evalúan sale & leaseback para Dos Bocas

ADEMÁS DE EVALUAR que una parte del pasivo de Pemex sea absorbida como deuda soberana, el gobierno de la 4T analiza desprenderse de la carga financiera que representa la refinería de Dos Bocas.

Transferir entre 30 mil y 50 mil millones de dólares del total de 100 mil millones que arrastra, y recuperar parte de los 21 mil millones que costó la faraónica obra de Andrés Manuel López Obrador, ayudaría a reflotar a Pemex y abrirle camino.

En el primer caso, si bien la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó categóricamente que se analice el recorrido de lo que algunos describen como un “Pemexproa”, admite que se trabaja en un esquema integral.

“No hay ningún Pemexproa, no sé de dónde sacan esa información. Jamás haríamos algo similar al Fobaproa que estuvo plagado de corrupción. No, no hay nada similar”, desmintió el 25 de junio pasado.

Pero agregó en su conferencia matutina de ese día: “Lo que estamos construyendo es una visión de largo plazo, tanto en términos financieros como en la producción de energía; este esfuerzo ya se encuentra en su fase final, y pronto será presentado…”

Tanto la Secretaría de Energía, que comanda Luz Elena González, como la Secretaría de Hacienda, que capitanea Edgar Amador, trabajan desde hace meses en esa famosa reestructura, en la que se consideran varias vías.

Una es que el gobierno absorba un buen tramo de la deuda actual, con lo cual bajaría el servicio del pago de los bonos de 12% promedio a 4 o 5%, que es lo que pagan los inversionistas por la deuda pública.

Esa opción podría complementarse con una reestructura financiera con los principales acreedores de Pemex. Por ejemplo, BlackRock, que lidera Larry Fink, tiene entre 30 y 40 mil millones de dólares de la deuda.

Y la otra vía, como también ya referimos aquí, es la construcción de una salida que permita quitarle a Pemex la onerosa carga que implican las operaciones de un vetusto sistema nacional de refinación.

Desde los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña y López Obrador, el costo anual de mantenimiento y operación de Minatitlán, Cadereyta, Madero, Salamanca, Salina Cruz y Tula se ha disparado.

Las seis le cuestan al erario unos 600 mil millones de pesos al año.

Es por eso que en la mesa está también, como parte de ese esquema integral de largo plazo, el planteamiento de ceder la operación o, de plano, vender o asociarse con privados, en algunas de ellas.

En esa iniciativa un personaje que ha estado dando sus consejos y comentarios es Carlos Slim Helú, el magnate que ha cobrado nuevos bríos, ahora en el sector energético como socio de Pemex.

No se sabe con certeza si fue él quien propuso que el gobierno de Sheinbaum realice un sale & leaseback con la nueva refinería Olmeca. Es decir, venderla y simultáneamente arrendarla.

Un privado podría pagar alrededor de 10 mil millones de dólares al gobierno, incluso operarla también, y participar de las utilidades que la petrolera dirigida por Víctor Rodríguez Padilla genere anualmente.

Con ese esquema, Pemex no sólo convertiría a la nueva refinería de Tabasco, sino a las otras seis instalaciones de activos fijos a efectivo, mejorando significativamente su flujo de caja.

Dos Bocas, para recordar, ha costado hasta ahora 21 mil millones de dólares y todavía faltan por invertirle cerca de dos mil millones más para tenerla a toda su capacidad.

En la actualidad opera a aproximadamente 34% de su capacidad real, y produce unos 114 mil barriles al día, de los que 43 mil son gasolinas y 50 mil, diésel.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS operaciones que el Tesoro le revisaría a la casa de bolsa Value, la intermediaria regiomontana acusa muchísimas denuncias de clientes que fueron defraudados por Carlos Bremer con movimientos que nunca autorizaron. Por lo visto era una práctica muy común del afamado financiero disponer, indebidamente, de los recursos de sus clientes para tapar hoyos que él mismo abría en otros negocios. Value se convirtió en los últimos años en un gran queso gruyere, ante la mirada complaciente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De hecho, hay por ahí un caso que va a cobrar visos de escándalo: el baile al que se llevó Bremer al gobernador Samuel García, con dineros también de dudoso origen. Un enjuague circular entre el emecista y el financiero que murió en enero de 2024 de un infarto. Cuando García mandó llamar al director de Value y hoy único representante legal, José Kaun, para exigir su dinero, le dijeron que, si sabía contar, no contara con nada, porque en los registros de la casa de bolsa no había dinero suyo. Los famosos acuerdos, cuentas y apuntes de Bremer que solía plasmar en una libretita que siempre llevaba consigo.

AL QUE EL FinCEN ya le congeló todos sus negocios en Estados Unidos y alista una larga batalla legal en el país vecino, es Alfonso Romo Garza-Madero. El bisnieto del prominente ideólogo y líder de la revolución mexicana, expresidente de México, Francisco I. Madero, se fue del país por vía de mientras, tras la denuncia pública que hizo la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro estadounidense que lo acusa de lavar dinero al Cártel Sinaloa y que consecuentemente obligó a la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Madero, a abrir una carpeta de investigación a él y a toda su familia. Los Romo ya perdieron su visa para ingresar a la Unión Americana y, según trascendió, tomaron la decisión de emigrar a Europa. Larga batalla legal es la que le espera al yerno del influyente heredero de FEMSA, Alejandro Garza Lagüera.

LA NEGOCIACIÓN QUE va muy lenta, pero se mantiene, es la de Mota Engil con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. De ella le platiqué en febrero pasado: la intención es comprar la participación de 32.41% que el China Communications Construction Group posee en la constructora portuguesa, y que más de 50% de sus ingresos provienen de México, algunos de ellos derivados de contratos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le asignó, como los de Tren Maya. Las pláticas las encabezan José Miguel Bejos y Luis de Videgaray, el secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto, y hoy brazo derecho de Kushner en la búsqueda de negocios para su fondo Affinity Partners.

 

Peña Nieto 2025

Busqué por WhatsApp al expresidente Peña Nieto el domingo después de leer su mensaje en X en que descalificó contundentemente una nota de la prensa israelí, retomada por la mexicana, que lo muestra como el supuesto beneficiario de un contrato con una firma de aquel país que vendió a México el software Pegasus. Le pedí una entrevista y, para mi sorpresa, aceptó de inmediato. En la entrevista encontré a un tipo echado para adelante.

Dijo que estaba en España y dio las razones de por qué. Fue todavía más categórico en el rechazo a la información surgida del litigio entre dos empresarios israelíes. “Son insinuaciones”, dijo. Aseguró que no conocía a ninguno de los dos ni tenía por qué haberlos conocido y que asignar esos contratos no caía en su ámbito de responsabilidad, ni daba línea en la asignación de licitaciones.

¿Es verdad? No lo sé. Sí sé que lo expresó sin titubeos ante una audiencia numerosa. Y que apuntó a los medios mexicanos que, según él, tergiversaron la nota extranjera. Y que no parecía inquietarle que se abriera una investigación sobre el tema. “Una más, no será la primera”, me frenó. Al concluir pensé en lo distinto que podría ser el tablero político nacional si el Peña Nieto de ayer hubiera atajado personalmente tantas versiones que, durante su gobierno, no sé con qué estrategia, se dejaron pasar, crecer, explotar. Pero eso no ocurrió.

‘Huachicol’ fiscal, herencia impune

El presidente López Obrador a lo largo de su gobierno usó el robo de combustible, huachicol, como una prioridad en su cotidiano discurso, que no en sus políticas públicas.

Así, una y otra vez dijo que ya había resuelto ese delito, desde su primer Informe de gobierno, el 1 de septiembre de 2019, el huachicol ha sido eliminado, hasta el último en 2024, lo que fue, y es, un engaño.

En su gobierno este delito llegó a máximos nunca imaginados con la protección y complicidades de funcionarios de su gobierno y cercanos, incrustados en aduanas, fronteras y puertos.

Y no solo eso. Se desarrolló el contrabando de diésel por millones y millones de litros por mar y ferrocarril, sin que jamás los tocaran como se ha hecho ahora con la presidenta Sheinbaum, cuando el Gabinete de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch ha dado golpes multimillonarios no vistos en el pasado.

Y voy: el 28 de marzo, en Ensenada, 8 millones de litros de diésel en contenedores y remolques; dos días después, en Altamira, Tamaulipas, otros 10 millones y un buque-tanque asegurado por la FGR; y en Tabasco, su tierra, tres seguidos: 15 de mayo, en Comalcalco, 1.5 millones de litros; el 30, en Centro, 3 millones de litros más, y 2 de julio en Cunduacán, medio millón de litros; 24 de junio en Veracruz, medio millón de litros, y el domingo, lo nunca visto: 15.8 millones de litros de combustible, también de contrabando, ingresado a México por la aduana de Nuevo Laredo en 129 carros-tanque de ferrocarril que nadie vio pero dejó pasar.

Ese es el nivel del negocio ilícito que López Obrador dijo haber resuelto cuando en su gobierno, con complicidades oficiales y cercanas, alcanzó niveles nunca vistos y aún en la impunidad.

Y solo le doy este comparativo: AMLO dijo que del 1 de septiembre de 2023 al 30 de junio de 2024, su gobierno incautó 7.5 millones de combustible, la mitad del golpe de este fin de semana en Saltillo.

Si eso no es complicidad es impunidad, que son lo mismo y que siguen vivos, operando y celebrando.

RETALES

1. AUSENCIAS. Ni López Obrador está en La Habana ni está grave. Lo cierto es que Andy, su hijo, lleva ausente desde el 4 de junio, cuando exigió ya no le llamaran Andy, sino Andrés Manuel. Los dos, Andy y Andrés Manuel, en una sola persona, están invisibles desde entonces;

2. GARITA. El fiscal Alejandro Gertz Manero confirmó que el caso de la garita de Nogales que Alfonso Durazo expropió a un particular para dársela a un cercano está por cerrarse. Y les dio plazo: dos o tres semanas; y

3. BANCOS. Tras la debacle de Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam acusadas de lavado de dinero por el gobierno de Trump, la Comisión Bancaria trasladó sus fideicomisos a la Banca de Desarrollo del gobierno, lo que confirma que no es un tema transitorio.

CDMX… no es por la ‘gentrificación’…

El gobierno de la Ciudad de México no ha informado qué fue lo que ocurrió el viernes, cuando medio centenar de locales fueron vandalizados o destruidos en las colonias Roma y Condesa.

En la capital del país, un grupo de personas puede atacar la propiedad privada sin ser molestados por la policía y, más de 72 horas después, nada más a un gringo iluso le parecería raro que la policía y la Jefatura de Gobierno no den un parte de investigación y/o detenidos.

No sabemos, entonces, lo que ocurrió el viernes en cuanto a la destrucción de restaurantes y tiendas en zonas hoy saturadas de turismo. Lo que ya sabemos es cómo la jefa de Gobierno y la presidenta enmarcan esos hechos, y ello aporta algunas pistas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, publicó en la red social X un mensaje (a las 10:49 pm de ese día), y es muy claro su enfoque: destaca en sus primeros cuatro párrafos su desacuerdo con la gentrificación.

“La Ciudad de México no está de acuerdo con la gentrificación. Rechazamos este fenómeno que excluye a la población de sus barrios, colonias y comunidades…”, dice en su arranque.

Es hasta el quinto párrafo que la jefa de Gobierno aborda el tema de la violencia.

“Pero de ninguna manera avalamos la violencia para enfrentar este problema. Rechazamos la violencia como método para resolver conflictos. Esta ciudad es de derechos y libertades. Respetamos las manifestaciones y expresiones sociales ante cualquier situación, pero no la agresión. Hacemos un llamado a las y los jóvenes a debatir, proponer y actuar frente a la gentrificación y también frente a la violencia que pueda surgir en algunas manifestaciones…”.

¿Alguna palabra de castigos a quienes lejos de manifestarse incurrieron en delitos como robo y daño a propiedad privada? Ni una. ¿Qué decir de que la jefa de Gobierno “llama” a los jóvenes a actuar “frente a la violencia que pueda surgir en algunas manifestaciones”? Por el bien de todas y todos, ojalá que los jóvenes no le hagan caso.

Muy distinto fue el orden de las cosas para Claudia Sheinbaum. En la mañanera de ayer, la presidenta primero rechazó la xenofobia, la discriminación y la violencia, y luego habló de la gentrificación.

“Primero hay que decir que todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación. No a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación…

“Las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. No puede ser que, por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea: “¡fuera!” cualquier nacionalidad…

“Lo segundo es el tema de la gentrificación, que es en realidad un tema de especulación inmobiliaria…”.

A la presidenta le preocupan las consecuencias de la discriminación, tanto en lo local (turismo y consumo), como en lo foráneo (nuevos pretextos para que Estados Unidos le haga la vida pesada).

A la jefa de Gobierno le preocupa tener una causa, aunque no sea la de los capitalinos.

Quien proponga discutir la gentrificación está manipulando. Si encima ésa/ése forma parte del grupo que ha detentado el poder durante sexenios, menos creíble será. Y, si en el colmo, hoy está obligado a gobernar, a decidir cosas complejas, no caigan en la trampa.

Brugada y Alejandro Encinas, ni más ni menos que exjefe de gobierno capitalino y hoy secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, fueron diputados constituyentes en 2016; es decir, hace al menos una década que tienen injerencia sobre lo que es, o no, la CDMX en vivienda.

La gentrificación existe, qué duda cabe. Mas no surgió por generación espontánea ni solamente por el impulso del maldito capital.

¿Quién da permisos de cambio de uso de suelo de esta ciudad? El Congreso, ese que por trienios ha estado en manos de mayoría morenista. ¿Quién se hace de la vista gorda de los certificados chocolate de reconocimiento por actividad? El Ejecutivo local.

¿Y a quién toca la verificación y sanción de abusos y corrupción, de la explosión de hoteles y restaurantes con papeles chuecos, de que falten servicios en las colonias o pavimento en las calles? Al gobierno del que, desde el año 2000, se hicieron los obradoristas.

Lo de la gentrificación es un ardid. Una lucha ficticia de quien renuncia a su obligación de gobernar (como el viernes la policía, que antes detiene a un elotero que a un ladrón), un montaje para decirle a la población precarizada que ven por ellos cuando no es así.

Crear una dinámica de supuesta lucha por la vivienda digna cuando por un lado les urge que siga habiendo oferta de hospedaje (porque viene el Mundial y porque el comercio y la gastronomía dan impulso al empleo), pero, por el otro, necesitan ser vistos como combatientes.

Si tan sólo se dedicaran a gobernar, quizá más pronto que tarde la gente tendría agua, banquetas y calles transitables, servicio eficaz de recolección de basura, transporte público digno y, desde luego, vivienda cerca de su trabajo. Prefieren condenar la gentrificación.

Sacar a Morena de Palacio Nacional

¿Usted votaría por una nueva fuerza política que saque a Morena del poder? ¿Sería vía un instituto político? ¿Cómo se llamaría el partido político, digamos, de alguien como Ricardo Salinas Pliego? No argumento que él vaya a ser candidato a la Presidencia; en más de una ocasión el empresario ha dicho que no contendría por ese cargo. ¿Pero qué tal mover las aguas lo suficiente, siendo una voz crítica de los muchos errores y horrores de la 4t, como para generar un contra-movimiento? ¿Eso sí? ¿O lo que planteo es motivo de burla igual que Donald Trump se ha burlado de Elon Musk y de su propuesta para crear un partido político libertario en EU?

En el caso del directivo del Grupo Salinas, ¿se trata de una voz crítica porque hoy en día lo están presionando para que pague los impuestos que están en litigio?

No sé si el magnate termine perdiendo o ganando los más de 30 procesos fiscales que disputa en el ámbito judicial, pero lo que es verdad y nos consta es que Salinas Pliego comenzó a quejarse de los gobernícolas mucho antes de que se supiera lo de estos líos; y que fue precisamente cuando empezó a quejarse de la gestión gubernamental que comenzó también el acoso en su contra por parte del gobierno de López Obrador.

Hablando de figuras fuera del ámbito partidista de la oposición, ni siquiera Claudio X. González fue tan vocal como Ricardo Salinas; en particular cuando se distribuyeron los nuevos libros de texto gratuitos (2023, durante el sexenio obradorista). Hizo virales muchos de los errores que se encuentran contenidos en los libros y señaló el daño que estos significan para la niñez y, por lo mismo, para el futuro del país.

Fue a partir de ese momento que inició el embate al empresario desde el gobierno. No se olvide que antes de ello, él era parte del consejo empresarial de López Obrador y no se le acusaba —no en público, al menos— de deberle dinero al fisco.

Sí, cual un Musk tropicalizado, Salinas Pliego fue de los empresarios más cercanos a López Obrador. Y lo que empezó como una relación bastante parecida a la de Trump-Musk, terminó como está concluyendo la luna de miel de los estadounidenses. Aunque eso sí, Salinas lo hizo sin ruido ni sombrerazos. Los aspavientos son de ahora, ya durante la gestión claudista.

Elon Musk señaló tanto el sobregasto del gobierno federal estadounidense, que el “DOGE” fue creado para recortar los derroches de la administración pública. Salinas Pliego nunca tuvo ese tipo de poder para cancelar los de la 4t y de su ‘segundo piso’.

¿Más similitudes? Hay cientos de donde escoger: Salinas Pliego da trabajo a más de 150,000 personas a través de sus diversas empresas, una de las cuales fabrica motos. Las empresas de Musk incluyendo Tesla, SpaceX, Neuralink, OpenAI, X y otras emplean a poco más de 140,000 individuos. Ambos han señalado los problemas implícitos en las políticas financieras de sus respectivos países. Ambos han sido invitados por Javier Milei, presidente de Argentina, como empresarios, amigos y posibles inversionistas en su país.

Pero en el comparativo, por ahora a Salinas le va mejor que al dueño de X. Eso hay que admitirlo. Verán ustedes, con Elon Musk existe la amenaza anunciada de que pueden sacarlo a él y a sus cohetes del programa espacial de Estados Unidos. Salinas Pliego, en cambio, ya logró que no se paguen los impuestos a las remesas que transfiere a México su banco (Banco Azteca); el cual, por cierto, en el ámbito de las remesas funciona mejor que otros —intervenidos y no intervenidos—; si bien es cierto que en la 4t hay quienes piden que se le quite la concesión de las ondas televisivas para transmitir su cadena TV Azteca (lo cual, francamente, en mi opinión sí sería un atentado a la libertad de expresión).

Musk, la población estadounidense, especialmente los compradores de sus Teslas, lo “castigaron” cuando se dedicó a hacer los recortes gubernamentales y a proferir expresiones racistas contra media sociedad americana y prácticamente el mundo entero.

En cambio, a Salinas Pliego, por más mala propaganda que le han lanzado de forma sincronizada desde el gobierno, la gente le continúa comprando en Elektra y adquiriendo créditos en Banco Azteca. ¿Será que los términos con los que ofrece crédito y mercancía son mejores incluso a las becas, pensiones y demás programas clientelares de Morena?

El asunto es que cuando los empresarios juegan a ser políticos, entran muchas variables en juego y pueden suceder cosas contraintuitivas. A veces resultan mejores políticos que muchos políticos de formación que hemos tenido y en otras ocasiones, resulta que son buenos temporalmente, pero después de un rato más vale quitarlos…

Tal vez en Estados Unidos, el país que mayor número de empresarios-presidentes ha tenido, la mayoría de ellos ha hecho un buen papel en el plano político. En pocos casos solo se han dedicado a incrementar sus riquezas.

Musk ya anunció la creación de su partido; ¿esperamos el de Salinas?

Dentro de lo insulsos que están siendo PANPRIMovimiento Ciudadano y lo decadente, autoritaria e inepta que está resultando la cuatroté, lo que provoca Salinas Pliego —al señalar las atrocidades gubernamentales, los abusos de poder (como la del viernes en la CDMX en la Roma y en la Condesa), la hipocresía de no pocas plumas entregadas al régimen; al darse el tiempo de compartir su colección de libros históricos (mejor que mostrar los 120 pares de zapatos de una niña de apenas dos años de edad) y de señalar que a él el AIFA le viene muy bien porque siempre está vacío— no tiene precedentes en México. Ni siquiera Vicente Fox se acercó a ser un factor tan disruptivo como lo está siendo el presidente de TV Azteca.

No por ello, es cierto, dejan de ser amargos los intercambios que se dan entre el promotor de empleo y los propagandistas del oficialismo (ya sean burócratas o profesionistas con ingresos vía honorarios). Mas lo importante, creo yo, son dos cuestiones: (1) ¿los intercambios y análisis críticos son constructivos, van a cambiar algo de la realidad política de México?; (2) ¿qué opinan los mexicanos del empresario, de este tipo de intervenciones en la vida pública de nuestra nación, de las perspectivas partidistas-electorales que podrían generarse con esto?

Con la nula oposición actual, el poder de la 4t y los pocos terceros interesados que levantan la voz, ¿serían muchas o pocas las personas que alentarían estas otras aproximaciones a la realidad nacional?

La crítica tanto al régimen político como al empresariado mexicano son necesarias, siempre y cuando los cuestionamientos sean reales. Porque si se trata de ‘pegarles’ a unos y otros (y entre ellos) porque está de moda hacerlo — o peor aún, porque hay intereses de gobierno o de particulares que satisfacer—, mal estamos.

Especialistas en derecho penal coincidirán: cárcel para educar a la racista

La cárcel es tan antigua como la escuela. Pero, tal como ahora las conocemos, estas instituciones, fundamentales para la marcha correcta de la sociedad, emergieron, con la fábrica, al darse el paso del orden feudal al capitalista. Estoy citando un estudio del jurista argentino Alejandro Miquelarena Meritello, “Las cárceles y sus orígenes”.

El mencionado texto empieza con una cita del poema Martín Fierro, de José Hernández, específicamente tomada de una parte en la que se habla de la penitenciaría:

“Inora el preso a qué lado

se inclinará la balanza.

Pero es tanta la tardanza

que yo le digo por mí:

el hombre que dentre allí

deje afuera la esperanza”.

Supongo que José Hernández se inspiró en La divina comedia de Dante Alighieri; se inspiró, repito, porque sería un exceso acusarlo de plagio, ¿o no? El hecho es que en las puertas del infierno está el siguiente letrero: “Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate” (‘Abandonen toda esperanza, quienes aquí entren’).

La humanidad ha establecido reglas para que cárcel deje de ser sinónimo de infierno. El ideal es que la cárcel sea escuela y hasta centro de manufactura con propósitos de rehabilitación para quienes sufran el castigo del encierro.

No pienso en trabajos forzosos que en alguna época, en ciertas naciones —Francia, Inglaterra, España, Portugal— , se implementaron para obtener mano de obra gratuita para la realización de determinadas actividades.

Hablo de una “excepción” a esa regla del siglo XVII, que subraya Alejandro Miquelarena Meritello, los Schellenwerke de Suiza, que operaban “bajo el principio del trabajo útil para los presos, no del tormento ineficaz”.

La inteligencia artificial de Google da una buena explicación de los Schellenwerke suizos: “Eran instituciones similares a prisiones o centros de corrección que surgieron en el siglo XVII, basadas en un principio de ayuda compartida para la rehabilitación de personas. Eran instituciones enfocadas en la corrección y reforma de personas, en lugar de simplemente castigarlas, siguiendo una visión más humanitaria de la pena”.

La cárcel, bien entendida como condena aplicada sin abusos de ningún tipo, puede ser una escuela de ciudadanía. No ha sido así en todos los casos en México, donde se ha utilizado hasta como instrumento de venganza política: es lo que se pretendió en el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, que terminó por eliminarse gracias al buen trabajo de juristas y políticos que se aplicaron para que la arbitrariedad ordenada por el entonces presidente Vicente Fox no prosperara.

Los nombres más notables que recuerdo ligados a la fórmula para salir de la trampa del desafuero son los del hoy ministro ya casi retirado Alberto Pérez Dayán, quien se opuso como magistrado a condenar a AMLO; el litigante, ya muy bien de salud, Javier Quijano; un jurista siempre polémico, pilar de la 4T, Julio Scherer Ibarra; un abogado panista, en aquel momento titular de Gobernación, Santiago Creel; otro pilar de Morena, el ya fallecido José Agustín Ortiz Pinchetti, y el penalista que finalmente propuso el recurso técnico para cortar con legalidad el embrollo —Creel lo ha contado en alguna ocasión—, Rafael Guerra, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Estos especialistas coincidirán en la pena ejemplar que merece la racista que insultó a un policía.

La cárcel no debe ser para torturar a las personas —que parece la intención en Estados Unidos con el proyecto de prisiones rodeadas de caimanes para encerrar a migrantes—; tampoco la prisión debe convertirse en instrumento para pervertir la democracia, como ya se intentó en México con el desafuero.

Alejandro Miquelarena Meritello en su ensayo “Las cárceles y sus orígenes” cuenta que, según el estudioso Cándido Conde Pumpido, tanto el filósofo Platón como San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, entendían la pena como “una medicina contra el autor del delito, el tratamiento su aplicación y la cárcel el hospital”.

La cárcel debe servir para castigar, pero también para educar y trabajar. Se ha intentado muchas veces en siglos anteriores, no solo con los Schellenwerke de Suiza; también con The House of Correction of Bridewell, de Londres, que era un centro de trabajo para la gente acusada por delitos menores, aunque “sin un fin resocializador o transformador”. Más prisiones productivas ha habido: en Ámsterdam las Rasphuis, donde los hombres se encargaban de raspar madera, y las Sphinuis, donde las mujeres realizaban labores de hilandería.

Toda esta historia la cuento porque debe haber cárcel, por un breve pero contundente periodo, para la mujer que gritó “¡negro!” a un policía de la la Ciudad de México. La argentina Ximena Pichel no puede quedar impune. Me parece que la sanción verdaderamente correctiva y de utilidad social no sería deportarla, como piden algunas personas.

Su encarcelamiento, breve pero público, servirá de ejemplo para que tanta gente racista en México empiece a reeducarse.

Periodos de encarcelamiento más largos y duros, siempre con exhibición pública, deben aplicarse a hombres que quizá no llegan a caer en los delitos de extrema gravedad, pero que causan muchísimo daño, a veces irreparable: los maltratadores de mujeres, ya sea que las violenten física o económicamente, tanto fuera del matrimonio como dentro de lo que, con ingenuidad o tal vez con propósitos de perpetuar el insultante patriarcado, la iglesia considera una “unión sagrada”, un “pacto de amor”, un maravilloso acuerdo ”para toda la vida”.

Director: Juan Luis Parra

Hermosillo, Sonora.

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