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Author Archives: Juan Luis Parra
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Director de SonoraPresente.com. Licenciado en Mercadotecnia, periodista ciudadano, diseñador web y gráfico. Apasionado por la política internacional y entusiasta en el diseño de políticas públicas. Me puede escribir a: [email protected]
Una reciente investigación realizada por Diana Higareda para Latinus, ha puesto al descubierto una posible conexión entre un alto funcionario de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, y una constructora que ha obtenido contratos gubernamentales por valor de al menos 66 mil millones de pesos.
El funcionario en cuestión es Luis Francisco Deyá Oropeza, primo de Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos. Deyá Oropeza, quien actualmente ocupa el cargo de subsecretario de obras en el gobierno de la Ciudad de México, ha sido identificado como un actor clave en la obtención de contratos gubernamentales para Grupo INDI, una empresa de la familia Muñoz Cano.
Captura de pantalla.
La investigación señala que Grupo INDI ha estado involucrado en proyectos importantes tanto en la administración de López Obrador como en la de Sheinbaum, incluyendo obras de gran envergadura como el Tren Maya y el Cablebús. El papel de Deyá Oropeza es especialmente significativo debido a su historial de moverse entre posiciones en la administración pública y el consorcio constructor.
La transparencia y posibles conflictos de interés en la asignación de contratos gubernamentales a empresas privadas sigue bajo fuertes cuestionamientos en el actual sexenio del presidente López Obrador. Aunque Grupo INDI y Deyá Oropeza están en el centro de esta controversia, aún no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades o los involucrados respecto a las acusaciones.
En las últimas horas, un video que muestra a un grupo armado en el norte de Sonora se ha difundido ampliamente en redes sociales. Los individuos, vestidos con uniformes tácticos y portando rifles de alto calibre, emiten un mensaje dirigido tanto a la población como a las autoridades estatales, además de advertir a sus rivales.
En el video, el grupo identifica a bandas rivales, específicamente a “Los Deltas” y “Los Pelones”, como los presuntos responsables de la violencia en la región. Acompañados por un presunto testigo, los miembros del grupo armado advierten sobre represalias si estas bandas no cesan sus actividades delictivas.
El mensaje, que apunta a un contexto de violencia en la zona, asegura que los principales generadores de esta situación son personas ajenas al estado de Sonora, cuya avaricia ha causado la muerte de inocentes. El grupo armado se presenta como defensores del territorio, declarando: “Nosotros estamos aquí para proteger el terreno de lacras y traidores (…) Sonora tiene dueño”.
El comunicado está dirigido específicamente a las corporaciones gubernamentales de Altar, Caborca, Pitiquito, Sonoyta, San Luis y sus alrededores, enfatizando la gravedad de la situación y la intención del grupo de actuar contra sus rivales.
“Sonora tiene dueño”: Video de grupo armado en Sonora envía mensaje contundente.
El material, difundido en redes, muestra a un grupo con uniformes tácticos y armas de alto calibre.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial en relación con este video, que continúa circulando en diversas plataformas de redes sociales.
El informe “Hermosillo Ante la Sequía Extrema: Plan, Gestión y Gobernanza”, realizado por la organización ciudadana y apartidista “Hermosillo ¿Cómo Vamos?”, se ha presentado hoy como una evaluación detallada de la situación hídrica en Hermosillo. El documento ofrece una visión profunda de los retos y oportunidades en la gestión del agua en la ciudad, especialmente relevante dado el contexto de la sequía extrema que afecta la región.
Este informe se presentó en una rueda de prensa organizada por la Mesa Temática de Agua de Hermosillo ¿Cómo Vamos?, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Agua 2024. La presentación del informe es un momento clave para entender la situación actual de Hermosillo en cuanto a recursos hídricos y las medidas necesarias para enfrentar esta crisis.
El documento revela aspectos críticos como la reducción en el agua abastecida a la ciudad, pasando de 130.6 a 126.0 millones de metros cúbicos entre 2020 y 2022, a pesar del aumento de la población. También destaca la necesidad de optimizar la dotación por habitante, actualmente en 384 litros por día, significativamente superior a los 200 litros recomendados.
El análisis de la macromedición y micromedición muestra deficiencias importantes en el control del agua extraída y distribuida. Además, el informe indica que solo el 48% del agua introducida a la red llega efectivamente a las tomas, resaltando la urgencia de mejorar la eficiencia física en la distribución del agua.
El informe de “Hermosillo ¿Cómo Vamos?”, llama la atención sobre la importancia de una gestión más eficiente y sostenible del agua. Sirve como un llamado a la acción para las autoridades, la sociedad civil y otros actores relevantes, enfatizando la necesidad de colaboración y responsabilidad compartida en la búsqueda de soluciones a largo plazo para los desafíos hídricos de Hermosillo.
En un reciente mitin en Cananea, Sonora, Manlio Fabio Beltrones, candidato al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, ha prometido recuperar el Fondo Minero para el Desarrollo Sustentable, destinado a apoyar a los municipios mineros de la región. Beltrones, quien jugó un papel crucial en la creación de este fondo en 2013, criticó al gobierno federal por arrebatar estos recursos vitales para las comunidades mineras y aseguró su compromiso para revertir esta situación desde el Senado.
El Fondo Minero fue instituido en 2013, una iniciativa liderada por Manlio Fabio Beltrones Rivera, entonces presidente de la Cámara de Diputados. Este fondo representó un paso significativo hacia el desarrollo regional sostenible, al destinar el 50% de las utilidades de las empresas mineras directamente a las arcas municipales de más de 30 municipios productores de minerales en México. Diseñado para financiar proyectos de infraestructura y servicios básicos, como agua potable, drenaje y alumbrado público, el Fondo Minero ha sido fundamental para mejorar la calidad de vida en comunidades con vocación minera. Sin embargo, en años recientes, estos recursos han sido redirigidos por el gobierno federal, privando a estas localidades de un ingreso crucial para su desarrollo.
Manlio Fabio Beltrones en reunión con la sociedad civil y militancia en Cananea Sonora.
Durante su encuentro con la sociedad civil y militantes en Cananea, Sonora, Manlio Fabio Beltrones expresó su determinación de restaurar los fondos originalmente destinados a los municipios mineros. “Los pueblos mineros de Sonora merecen ser beneficiados directamente de la riqueza que generan para el país”, afirmó el candidato al Senado. Beltrones recordó su esfuerzo personal en la lucha por los derechos de comunidades mineras como Cananea, Nacozari y Caborca, entre otras. Su promesa de enfocarse en este tema desde el Senado fue recibida con entusiasmo y apoyo por parte de los asistentes, incluyendo liderazgos ciudadanos, empresarios y mineros retirados.
El Fondo Minero ha tenido un impacto significativo en el estado de Sonora, especialmente en los municipios mineros. Hasta el 2017, último año en que se distribuyeron recursos del fondo a Sonora, se entregaron alrededor de mil 104 millones de pesos. De esta cantidad, 690 millones, representando el 62%, fueron asignados directamente a los municipios, mientras que los restantes 414 millones se destinaron al gobierno estatal. Estos fondos se han utilizado en obras esenciales para el desarrollo regional, incluyendo mejoras en infraestructura y servicios básicos. La redistribución de estos recursos por el gobierno federal ha generado una notable disminución en la inversión en proyectos clave en estas comunidades.
Manlio Fabio Beltrones, en su campaña para el Senado, se ha comprometido firmemente a exigir la devolución de los fondos del Fondo Minero a los municipios afectados, como Cananea. Esta promesa forma parte de su campaña para motivar a la sociedad a participar activamente en el cambio político y económico. Su posición ha ganado el respaldo de importantes figuras locales y líderes de la región, incluyendo a Adalberto Rubio Ozuna, candidato a diputado federal por el distrito 02, y Martin Paz Bustamante, coordinador de la coalición Fuerza y Corazón por México en Cananea. Asimismo, personajes destacados como el atleta de alto rendimiento Jesús Esteban Morales y la maestra Irma Murrieta Bustamante, entre otros, han expresado su apoyo a Beltrones, reflejando una amplia base de respaldo en la comunidad.
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, representados por su abogado Vidulfo Rosales, acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizarlos políticamente y luego abandonar la investigación de sus hijos. Rosales afirmó en una entrevista que los padres sienten que, a pesar de las promesas iniciales de López Obrador, la investigación se detuvo al tocar intereses del Ejército Mexicano.
La reciente protesta de los padres en Palacio Nacional, donde derribaron una de las puertas, fue un acto de desesperación debido a la falta de avances significativos en el caso. Rosales lamentó que, aunque al principio el presidente parecía comprometido con esclarecer los hechos, ahora parece haber claudicado en la investigación.
AMLO, en respuesta a la protesta, calificó el acto como una provocación y criticó a los normalistas durante su conferencia matutina, acusando a partidos como el PRI de estar involucrados. Los padres, por su parte, piden que no se politice el asunto y se mantenga el enfoque en encontrar la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas.
La situación sigue siendo un tema sensible y controversial en México, donde las familias de los desaparecidos continúan buscando respuestas y justicia. La reacción de AMLO a las recientes protestas ha intensificado las críticas y el debate en torno a la administración de su gobierno en relación con este caso.
Informes no confirmados surgieron este 7 de marzo sobre el accidente de un helicóptero perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Sinaloa, específicamente entre los municipios de Culiacán y Elota.
Según el portal Luz Noticias, primeras hipótesis apuntan a que la aeronave militar podría haberse enredado con cables eléctricos en la zona, aunque esta versión todavía no ha sido verificada oficialmente.
Detalles críticos como el número de ocupantes en el helicóptero y su condición actual no han sido revelados. Se espera que la Sedena proporcione más información en breve.
Cae helicóptero de la Secretaría de Marina al sur de Culiacán, Sinaloa, tras, presuntamente, enredarse en cableado de la CFE.
Medios locales, incluido Debate Sinaloa, mencionan que el helicóptero estaba sobrevolando la sindicatura de Baila, al sur de Culiacán, y que el accidente se produjo al parecer al hacer contacto con cables de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad.
Este incidente es similar al ocurrido ayer, donde un helicóptero de la Semar se desplomó en Michoacán, dejando tres agentes muertos, lo que incrementa la preocupación por la seguridad de las operaciones aéreas de la Sedena en la región. Las autoridades competentes están investigando las causas exactas del desplome y las circunstancias que rodearon el suceso.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha iniciado una investigación sobre Sandra Cuevas Nieves, alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia, por su presunta conexión con La Unión Tepito, reveló el periodista Óscar Balderas. Cuevas, actual candidata al Senado por Movimiento Ciudadano, aparece en una carpeta titulada “Fichas de alcaldes de la Ciudad de México”, con fecha del 1 de septiembre de 2023.
En esta carpeta, la Sedena ha compilado información detallada sobre Cuevas, desde sus datos personales hasta su trayectoria política. El enfoque principal de la investigación parece ser los rumores y reportes periodísticos que han surgido desde octubre de 2021, sugiriendo una posible cercanía de Cuevas con el grupo criminal La Unión Tepito.
Uno de los aspectos clave en este informe es la supuesta relación de Cuevas con Olga Lidia Ramírez Godínez, madre de Óscar Andrés Flores Ramírez, conocido como “El Lunares”. Ambos, madre e hijo, fueron exmiembros de La Unión Tepito y actualmente están vinculados a proceso por diversos delitos. No obstante, el informe de la Sedena no clarifica la naturaleza o el alcance de la relación entre Cuevas y Ramírez Godínez.
Ramírez Godínez fue arrestada en febrero de 2021 y posteriormente vinculada a proceso por delitos contra la salud, lavado de dinero, y posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se encuentra recluida en el penal femenil 16 de Morelos.
“El Lunares”, por su parte, recibió una sentencia de 27 años de prisión en octubre de 2021 por su participación en un homicidio calificado en 2019 en la alcaldía Cuauhtémoc.
La investigación de la Sedena sigue en curso, y no se ha divulgado más información sobre la naturaleza de la relación entre Cuevas y los presuntos miembros de La Unión Tepito. La indagación pone en tela de juicio la integridad de Cuevas como figura política y su posible implicación con actividades delictivas.
Un desafortunado incidente se registró cerca de Michoacán cuando un helicóptero tipo Panther perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar) se desplomó poco después de su despegue del buque ARM-101 Benito Juárez. El trágico accidente ha dejado un saldo de tres agentes navales fallecidos, dos mujeres y un hombre, como ha informado la Semar.
A bordo del helicóptero viajaban ocho elementos de la Semar, presuntamente ejecutando una misión que se les había asignado. Tres de los marinos fueron rescatados vivos y están recibiendo atención médica, encontrándose en estado estable.
Adicionalmente, dos miembros de la tripulación fueron reportados como desaparecidos, desencadenando una inmediata operación de búsqueda y rescate. La Semar, en un comunicado, expresó su profundo pesar por la pérdida de vidas, recordando a los fallecidos por su compromiso y servicio a la nación.
Estas aeronaves Panther, utilizadas tanto en misiones marítimas como terrestres, tienen una longitud de 13.68 metros, un peso de 4,300 kilogramos, y están equipadas con una ametralladora cañón M621 de 20 mm y capacidad para disparar cohetes de 68 y 70 mm.
Aunque la Semar no ha proporcionado detalles específicos sobre la causa del desplome o las identidades de los marinos involucrados, reiteró su compromiso de proporcionar una respuesta rápida y efectiva en situaciones que demanden asistencia y seguridad. La misión asignada al equipo en el momento del accidente no ha sido revelada en los informes preliminares.
El Palacio Nacional, sede del gobierno mexicano y residencia temporal del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en un foco de manifestaciones y protestas. Desafortunadamente, estas protestas han llevado al vandalismo del histórico edificio en varias ocasiones. Recientemente, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y estudiantes de la misma escuela causaron daños significativos al irrumpir con una camioneta en el Palacio durante una conferencia matutina del presidente.
Según la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el Palacio Nacional, construido en 1523, es un monumento histórico. Por lo tanto, cualquier daño causado intencionalmente debe ser sancionado, incluyendo multas y posibles penas de prisión.
Se los dije: los 43 de Ayotzinapa van a reventar Palacio Nacional
La cuestión del costo de reparación es particularmente importante. La Puerta Mariana, vandalizada en el pasado, ha requerido en una ocasión una inversión de más de un millón de pesos para su restauración. La Secretaría de Hacienda asignó en 2021 un contrato de un millón 49 mil 426 pesos a MR Infraestructura y Publicidad, S.A. de C.V. para la restauración de un portón en Palacio Nacional, según El Universal.
Estos gastos de restauración han generado preocupaciones sobre los costos adicionales que el gobierno debe asumir para mantener la integridad de este emblemático edificio. El vandalismo en el Palacio Nacional no solo es un ataque a una estructura física, sino también a un símbolo histórico y cultural de México, lo que ha suscitado debates sobre la forma en que se manejan las protestas y la protección del patrimonio cultural del país.
El reconocido actor Joaquín Cosío, famoso por su actuación en “El Infierno”, ha generado controversia con sus recientes declaraciones contra la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En una entrevista con Fernando Del Collado en “Tragaluz”, Cosío expresó su desilusión y crítica hacia la actual administración, enfatizando el impacto de la violencia en México.
La entrevista, centrada inicialmente en su carrera artística, se orientó hacia la postura del actor sobre la realidad mexicana bajo el mandato de AMLO, particularmente en términos de seguridad. Cosío, conocido por interpretar a “El Cochiloco”, no se guardó sus opiniones y expresó su pesimismo ante los resultados de la estrategia de seguridad del presidente. “Los muertos de este sexenio deberían visitar a AMLO en sus pesadillas”, afirmó el actor, destacando el elevado número de homicidios relacionados con la violencia en el país.
Cosío criticó la impunidad con la que se mata a mujeres en México y describió la violencia que domina varias regiones como resultado de la indiferencia gubernamental. Además, se refirió a las acusaciones de que el narcotráfico financió la campaña electoral de AMLO, señalando que aunque son rumores, algunos casos podrían ser comprobables.
El actor también comentó sobre los cambios que el poder ha generado en AMLO, sugiriendo que se ha transformado desde que asumió la presidencia. A pesar de reconocer que el problema de la violencia asociada al narcotráfico es un legado de administraciones anteriores, cuestionó la efectividad de las políticas actuales para enfrentar esta crisis.
La entrevista ha colocado a Cosío en el centro del debate, con una parte del público mostrando su apoyo a sus declaraciones, mientras otros critican su postura hacia la actual administración. En marzo de 2023, Cosío ya había respondido a AMLO después de que este calificara de “churro” una película de Luis Estrada, una respuesta que el actor expresó sarcásticamente a través de las redes sociales.
La Comisión de Debates del Instituto Nacional Electoral (INE) ha seleccionado a Denise Maerker y Manuel López San Martín como candidatos para moderar el primer debate presidencial de México. Esta propuesta, que incluye una remuneración de 150,000 pesos para cada moderador, aún espera la aprobación final por parte del Consejo General del INE.
El primer debate está programado para el domingo 7 de abril en las instalaciones centrales del INE. Los nombres de Maerker y López San Martín surgieron tras una deliberación interna entre los 11 consejeros del INE, quienes tomaron en cuenta criterios de trayectoria periodística, experiencia en conducción de programas y ausencia de sanciones por violencia política de género, entre otros.
Se consideraron tres aspectos clave para las propuestas: aceptabilidad, adaptabilidad y complementariedad, con el objetivo de reunir perfiles que armonicen con la dinámica y formato del debate y que cuenten con un amplio consenso.
Jaime Castañeda, representante de Morena, ha solicitado detalles sobre el proceso de selección interna y las votaciones de los consejeros, pero se le ha informado que dicha información es reservada. Jesús Estrada, del Partido del Trabajo, ha expresado preocupación por comentarios previos de los conductores sobre candidatos presidenciales, en particular, críticas hacia Claudia Sheinbaum.
A pesar de ciertas reservas, los representantes del PAN, PRI y PRD han expresado su aprobación y confianza en ambos moderadores. Carla Humphrey, presidenta de la comisión, ha destacado la transparencia del proceso de selección, afirmando que nunca antes había sido tan abierto y claro.
La escaleta del primer debate ya fue aprobada por la Comisión de Debates, incluyendo preguntas de redes sociales y una estructura dividida en tres segmentos de aproximadamente 37 minutos cada uno, abordando temas de salud, educación, transparencia, combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres.
El debate se espera tenga una duración total de casi dos horas, con la participación activa de los candidatos y la interacción moderada por Denise Maerker y Manuel López San Martín, sujetos a la aprobación final del Consejo General del INE.
La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) se encuentra en un periodo de cambio, con las elecciones federales ya pasadas y la renovación de su liderazgo programada para después del 2 de junio. En este escenario, la batalla interna por el control del partido se intensifica entre diversas facciones.
Según fuentes cercanas, Jorge Romero, coordinador en la Cámara de Diputados y afín a Marko Cortés, actual presidente del partido, está posicionándose activamente para obtener una ventaja sobre Damián Zepeda, legislador sonorense y otro aspirante a la presidencia del PAN.
Damián Zepeda, quien ha declarado abiertamente su intención de asumir la presidencia del PAN, ha expresado su deseo de reorientar el rumbo del partido. En declaraciones públicas y a través de sus redes sociales, Zepeda ha mencionado su insatisfacción con la dirección actual del PAN, señalando que el partido ha perdido su orientación.
En un video publicado en sus redes sociales, Zepeda hizo un llamado a los miembros del partido, indicando que es tiempo de luchar y recuperar la dirección del PAN. Su mensaje refleja una preocupación compartida por muchos dentro del partido, quienes se sienten desilusionados por el camino tomado en los últimos años.
¿Qué haré en la elección 2024?
Apoyar al 100% a @XochitlGalvez para que sea Presidenta de México y a candidatos que se vayan a mantener firmes a favor de México en el Congreso.
Pasando la elección, impulsaré un cambio en el PAN sumando esfuerzos para recuperar el rumbo. Ánimo! pic.twitter.com/XXCXUlVpK4
“Sé que como yo, hay muchísimas personas que estamos desilusionados del camino que ha tenido el partido en los últimos años, y quiero que sepas que va a llegar el momento de luchar y que vamos a recuperar el rumbo del Partido Acción Nacional”, señaló Zepeda en un video en sus redes sociales.
La situación de inseguridad en Michoacán ha alcanzado un punto crítico en el contexto del proceso electoral, con 17 aspirantes a presidencias municipales de cuatro diferentes partidos políticos renunciando a sus aspiraciones debido a presuntas amenazas de muerte por parte de grupos del crimen organizado.
Octavio Ocampo Córdova, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha confirmado que tres precandidatos del partido han desistido de buscar alcaldías, motivados principalmente por preocupaciones de seguridad. Además, se está valorando solicitar protección para una candidata que también ha sido amenazada.
Guillermo Valencia Reyes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que cuatro de sus aspirantes han renunciado, y dos más están considerando abandonar la contienda por amenazas similares. Eder López García, del Partido Encuentro Solidario (PES), mencionó que seis de sus aspirantes han decidido no continuar, y Antonio Carreño Sosa de Movimiento Ciudadano reportó la renuncia de cuatro aspirantes bajo circunstancias parecidas.
Este clima de violencia y temor se ha intensificado tras los recientes asesinatos de Miguel Ángel Zavala Reyes y Armando Pérez Luna, aspirantes a la alcaldía de Maravatío por los partidos Morena y Acción Nacional (PAN), respectivamente. Otros casos destacados incluyen el secuestro y asesinato de Dagoberto García Reyes de Morena, así como la desaparición de Israel Vargas Gerónimo de Más Michoacán.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha señalado la presencia de al menos 14 grupos o cárteles del narcotráfico en el estado, que disputan el control de actividades ilícitas en diversas regiones de Michoacán. La situación plantea un serio desafío para el proceso electoral en curso y subraya la necesidad de medidas de seguridad eficaces para proteger a los candidatos y garantizar la integridad del proceso democrático.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha emitido una medida cautelar dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), instruyéndolo a eliminar o modificar el contenido de su conferencia matutina del 19 de febrero en Puebla. Esta decisión surge tras una denuncia presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), que acusó a AMLO de vulnerar el proceso electoral mediante el presunto uso indebido de recursos públicos y la violación de los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, por unanimidad, confirmó la procedencia de las medidas cautelares, enfocándose específicamente en las declaraciones del mandatario del 19 de febrero. Según el órgano electoral, estas manifestaciones podrían haber comprometido los principios electorales mencionados, al tener un carácter preliminarmente electoral. Como resultado, se le ordenó a AMLO eliminar o modificar las publicaciones de dicha conferencia en un plazo máximo de 6 horas.
Además, el INE ha impuesto una tutela preventiva al Presidente, instruyéndole a abstenerse de emitir comentarios, opiniones o señalamientos relacionados con el proceso electoral, para mantener la imparcialidad y neutralidad requeridas. Esta medida busca asegurar que las acciones del Presidente estén alineadas con los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad durante el Proceso Electoral Federal 2023-2024, que culminará con la jornada electoral del 2 de junio.
Entre julio de 2023 y febrero de 2024, México ha sido testigo de 19 asesinatos de candidatos, precandidatos y aspirantes a cargos públicos, con la mayoría de estos crímenes dirigidos a figuras políticas a nivel municipal. Según el análisis de Guillermo Trejo y Sandra Ley en su libro “Votos, drogas y violencia: la lógica política de las guerras criminales en México”, estos ataques pueden ser entendidos como parte de una estrategia de gobernanza criminal de los cárteles.
A pesar de que la “guerra contra el narco” fue una iniciativa del gobierno federal y estatal, el incremento de la violencia contra funcionarios municipales durante el sexenio de Felipe Calderón sugiere que los grupos criminales buscan “someter a los gobiernos locales y sus poblaciones para obtener el control territorial de facto de conglomerados de municipios”.
Los autores del libro explican que, en contraste con los niveles estatales y federales, los funcionarios municipales están más desprotegidos tanto políticamente como en términos de seguridad, lo que brinda a los grupos criminales una ventana de oportunidad para ejercer su influencia y control sobre actividades clave en los ámbitos económico, social y político.
Este patrón de violencia responde a la necesidad de los cárteles de controlar estructuras de gobierno locales para sostener sus conflictos prolongados tanto contra el Estado como contra grupos rivales. Ampliando su rango de actividades ilícitas para mantener competitividad, estos grupos buscan controlar nombramientos municipales clave, lo que les da acceso a información, recursos y al aparato de seguridad local.
Un ejemplo ilustrativo de esta dinámica fue el control ejercido por Los Caballeros Templarios en Michoacán, donde inicialmente se presentaron como protectores de la población contra las prácticas de extorsión, pero eventualmente implementaron un esquema de cobro de cuotas a productores agrícolas.
Al replicar esta estrategia en varios municipios cercanos, los cárteles incrementan su capacidad de controlar regiones enteras, fortaleciendo su posición en conflictos armados prolongados. “Controlar los gobiernos locales, su población y su territorio les proporciona recursos económicos, información y control geográfico para enfrentar más efectivamente al Estado y a grupos rivales”, concluyen Trejo y Ley.
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