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Author Archives: Juan Luis Parra
About Juan Luis Parra
Director de SonoraPresente.com. Licenciado en Mercadotecnia, periodista ciudadano, diseñador web y gráfico. Apasionado por la política internacional y entusiasta en el diseño de políticas públicas. Me puede escribir a: [email protected]
Ernesto De Lucas, candidato al Senado por Movimiento Ciudadano, conocido como “El Pato de Lucas”, ha causado revuelo al presentar su «Patomóvil». Este vehículo, un Slingshot SL Volt modelo Naranja, es parte de una estrategia para recorrer el estado durante su campaña. De Lucas ha estado en el ojo del huracán tras aparecer en un polémico video en presunto estado de ebriedad junto a Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de su partido, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García.
En un intento por posicionarse en un escenario político donde Movimiento Ciudadano apenas alcanza el 6% en las encuestas de preferencia electoral, De Lucas anunció que al final de su campaña, el «Patomóvil» será regalado. El mecanismo de la rifa aún está por definirse.
2024 Slingshot Slingshot® SL Volt Orange | Foto: offroaderie.com
El costo de este vehículo es discusión en redes sociales. Su precio de compra asciende a $28,149.00 USD, a lo que se suman varios gastos por importación. Entre ellos, el Impuesto General de Importación (IGI) del 10%, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16% más el IGI, y el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) del 0.8%, además de los costos de transporte, agente aduanal, y otros gastos adicionales.
En total, el «Patomóvil» tiene un valor aproximado de $640,339.01 MXN, tomando en cuenta el tipo de cambio actual y todos los gastos asociados. Con esta iniciativa, De Lucas busca conectar con los ciudadanos, especialmente con aquellos sin afiliación política, ofreciendo no solo un recorrido por el estado, sino también la posibilidad de ganar este singular vehículo al final de su campaña.
En el mundo de la política, dato mata relato. Ejemplo perfecto es el narcomenudeo en Sonora. Según los “Datos Abiertos de Incidencia Delictiva” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este delito ha crecido en el estado un alarmante 333.6% del primer bimestre de 2019 al de 2024. Y eso no es todo: Sonora ocupa el cuarto lugar en un ranking nacional donde nadie quisiera estar.
La lista es encabezada por San Luis Potosí con un impresionante aumento de 929.0%. Le siguen Puebla con 540%, Veracruz con 430.1%, y luego Sonora, superando a Campeche con 286.4%, Nuevo León con 229.8%, Quintana Roo con 204.1%, Guanajuato con 153.7%, Nayarit con 144.1% y, finalmente, Guerrero con 85.4%.
Gráfica: @ClickDgo en X/Twitter.
Hace tres años, Alfonso Durazo, en aquel entonces candidato, proclamaba la necesidad de atender urgentemente a los marginados de Sonora, prometiendo un enfoque en educación, salud, empleo, y una vida digna. Pero con estos números en mano, pareciera que en lugar de disminuir la brecha social, estamos aumentando la brecha entre promesa y realidad.
Los narcocorridos cuentan historias más realistas que los discursos políticos.
¿Saben qué es lo más parecido a una promesa de campaña?
Un ticket de lotería.
Ambos te dan esperanza, ambos prometen un futuro brillante, pero al final del día, lo más probable es que termines con un papelito sin valor en la mano y la misma vida de siempre.
“Atos a madre”
En Cajeme, el alcalde Javier Lamarque parece haber encontrado la solución definitiva para combatir el crimen: patrullas Hyundai Atos. Sí, leyeron bien, Atos. Esos popularmente conocidos como “zapatitos”.
Estas imponentes unidades, que dejaron de producirse en México desde 2008, representan en tamaño y eficacia las mismas ganas que tiene Lamarque de enfrentar el crimen: mínimas.
Es intentar apagar un incendio forestal con una pistola de agua. La única manera en que los delincuentes sean atrapados por una unidad zapatito, es si los malosos tienen un accidente por ir ahogados de risa.
Y antes de que te burles de Cajeme, Hermosillo no se quedan atrás. Recordemos que aquí, el alcalde Toño Astiazarán, en su gran sabiduría, decidió pagar un sobreprecio de 55.71% por patrullas eléctricas JAC. Recordando el reportaje de Jesús Ibarra, el costo de estos vehículos supera el millón de pesos, mientras que su valor de mercado apenas rebasaba los 767 mil.
Nuestros alcaldes parecen competir en una carrera de quién toma la decisión más absurda. Y mientras Lamarque juega con carritos de juguete, y Astiazarán presume sus patrullas de lujo, los ciudadanos nos preguntamos si no sería más práctico invertir en algo realmente útil, como patrullas que no parezcan sacadas de una caricatura o que no cuesten lo mismo que una casa.
En las redes sociales circulan fotos de estas flamantes patrullas eléctricas siendo remolcadas por grúas. Es la imagen perfecta de la derrota y la irresponsabilidad de nuestros gobiernos estatales y municipales en la lucha contra el crimen.
En medio de esta comedia de errores, no podemos olvidar a quienes realmente están en la línea de fuego: nuestros oficiales de policía. Con armas que no se comparan frente al arsenal de los criminales, se enfrentan a peligros que parecen sacados de una película. Estos hombres y mujeres, que salen todos los días a las calles no para hacer reír como los gobernantes, sino para protegernos, merecen no solo nuestro respeto y admiración, sino también el apoyo y los recursos necesarios para realizar su labor.
General Gustavo Vallejo, conocido por su papel en el proyecto del Tren Maya y localmente conocido por beneficiar dudosas empresas sonorenses, es el posible futuro líder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien está ganando influencia tanto en México como en Washington. Según información de La Política Online, Vallejo ha estado en conversaciones con la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y con el nuevo hombre de Joe Biden para América Latina, Daniel Erikson.
Vallejo, quien el año pasado ascendió a general de división, es reconocido por una relación más favorable con agencias estadounidenses, a diferencia del grupo del general Luis Crescencio Sandoval. Su enfoque de un Ejército más abierto y transparente resuena con la retórica de Sheinbaum, así como su disposición a no rechazar la presencia de civiles en la seguridad.
Este avance de Vallejo se produce en medio de la competencia con el grupo actual de Sedena, que impulsa al general Gabriel García Rincón. Se especula que García Rincón busca realizar una captura importante de un narcotraficante antes de las elecciones en Estados Unidos.
Cabe recordar que el General Vallejo estuvo anteriormente en el centro de una controversia por su intención de otorgar un contrato millonario a una empresa sonorense para el Tren Maya. La noticia, titulada «Controversia por Contrato Millonario del Tren Maya a Empresa Sonorense«, publicada el 28 de febrero en SonoraPresente, detallaba su propuesta de asignar un contrato de 1300 millones de pesos a Gas Azul de Nogales, una empresa de dudosa capacidad para cumplir con el contrato.
Una reciente investigación de Código Magenta ha revelado una alarmante operación de «huachicol en altamar» en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Según la investigación, dos buques tanque, North Supreme y North Harmony, han estado descargando grandes cantidades de combustible directamente a pipas de forma irregular, sin las medidas de seguridad y contabilidad adecuadas.
Dos buques petroleros, el Nord Supreme y el Nord Harmony, llevan más de un año transportando gasolina de Houston a Altamira. En un terreno baldío, decenas de pipas esperan diariamente para cargar a cielo abierto. Sin control aduanal, sin contadores, sin regulación.
Esta operación, que involucra la descarga de aproximadamente 400 millones de litros de combustible mensuales, plantea serias preguntas sobre la legalidad y la seguridad en la importación y distribución de combustibles en México. Además, la investigación sugiere una posible conexión entre estas operaciones y el financiamiento de campañas políticas.
Foto: Captura de pantalla.
Julio Carmona Angulo, vinculado a la operación y testigo protegido en Estados Unidos, se menciona en relación con el financiamiento de campañas de Morena, incluyendo las campañas en Sinaloa y Tamaulipas. Se sugiere que los miles de millones de pesos generados en este contrabando, estimados en alrededor de 400,000 millones en cinco años, podrían haber sido utilizados en parte para financiar estas campañas políticas y operar un complejo entramado de intereses financieros.
La investigación también plantea preguntas sobre la conexión de estas operaciones con la compra de la refinería Deer Park por parte de Pemex, así como la cancelación de la importación de combustibles por particulares que pagaban impuestos. Se sospecha que el combustible transportado en los buques tanque podría ser huachicol fiscal importado de Estados Unidos, reemplazando el contrabando previo por la frontera norte.
Dos batallones del Ejército Mexicano, incluyendo fuerzas especiales, han sido enviados a Culiacán, Sinaloa, para participar en las labores de búsqueda y rescate tras el secuestro masivo reportado durante la madrugada de este viernes. Este despliegue ocurre después de que el gobernador Rubén Rocha Moya corrigiera su declaración inicial sobre la suficiencia de los elementos estatales para enfrentar la delincuencia.
El gobernador Rocha Moya anunció en sus redes sociales que, en coordinación con las autoridades estatales y en respuesta a los hechos recientes, más de 600 elementos de fuerzas especiales han llegado a Sinaloa. Estos refuerzos se suman a la búsqueda de las personas desaparecidas tras el incidente.
Además, se ha confirmado que una fuerza especial de tarea regional de 300 elementos y un batallón de la Guardia Nacional también se integrarán a las operaciones en el estado. La llegada de estos contingentes marca un aumento significativo en la respuesta del gobierno federal ante la situación de seguridad en Sinaloa.
¿Por qué están secuestrando familias enteras en Sinaloa?
La reciente ola de secuestros en Culiacán, Sinaloa, ha generado preguntas urgentes sobre sus posibles vínculos con los enfrentamientos violentos en Badiraguato. El secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Gerardo Mérida Sánchez, y el vicefiscal de Sinaloa, Damaso Castro Saavedra, han reconocido que están investigando si estos secuestros masivos podrían estar relacionados con la violencia entre grupos criminales rivales en la zona.
Personal de la policía ministerial realizan revisiones de seguridad en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa (México). Fotografía de archivo. EFE/Juan Carlos Cruz
¿Qué pasó en Badiraguato? La madrugada del 21 de marzo, en la cuna de Joaquín «El Chapo» Guzmán, se encontraron tres cuerpos calcinados, dos de ellos decapitados, tras un enfrentamiento entre sicarios de grupos rivales. Un grupo, liderado por Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, estaría involucrado en este conflicto, marcado por el hallazgo de narcomensajes y la hipótesis de que las víctimas pertenecen a sicarios de Los Chapitos, los hijos y sobrinos de El Chapo y Aureliano.
Tras la captura y extradición de El Chapo, el Cártel de Sinaloa se dividió en facciones lideradas por Los Chapitos, El Guano, e Ismael «El Mayo» Zambada. La lucha por el control del cártel ha sido intensa, con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de Los Chapitos, intentando consolidar su posición como líder único del cártel.
¿Por qué los secuestros?
Las autoridades de Sinaloa aún no han confirmado el número exacto de secuestros y víctimas, con informes variando entre al menos 15 y 40 personas secuestradas, incluyendo menores de edad. Los secuestros ocurrieron en zonas urbanas y rurales de Culiacán, y las víctimas parecen ser en su mayoría familiares, amigos y miembros de los grupos en disputa.
(X/@CharroNegro_Mx)
Estos secuestros masivos plantean preguntas serias sobre la escalada de violencia en Sinaloa y la posible utilización de tácticas más agresivas y personales en los conflictos entre grupos criminales. Ninguna hipótesis ha sido aún confirmada oficialmente, pero el miedo y la incertidumbre prevalecen en la región.
Una reciente investigación realizada por Diana Higareda para Latinus, ha puesto al descubierto una posible conexión entre un alto funcionario de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, y una constructora que ha obtenido contratos gubernamentales por valor de al menos 66 mil millones de pesos.
El funcionario en cuestión es Luis Francisco Deyá Oropeza, primo de Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos. Deyá Oropeza, quien actualmente ocupa el cargo de subsecretario de obras en el gobierno de la Ciudad de México, ha sido identificado como un actor clave en la obtención de contratos gubernamentales para Grupo INDI, una empresa de la familia Muñoz Cano.
Captura de pantalla.
La investigación señala que Grupo INDI ha estado involucrado en proyectos importantes tanto en la administración de López Obrador como en la de Sheinbaum, incluyendo obras de gran envergadura como el Tren Maya y el Cablebús. El papel de Deyá Oropeza es especialmente significativo debido a su historial de moverse entre posiciones en la administración pública y el consorcio constructor.
La transparencia y posibles conflictos de interés en la asignación de contratos gubernamentales a empresas privadas sigue bajo fuertes cuestionamientos en el actual sexenio del presidente López Obrador. Aunque Grupo INDI y Deyá Oropeza están en el centro de esta controversia, aún no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades o los involucrados respecto a las acusaciones.
En las últimas horas, un video que muestra a un grupo armado en el norte de Sonora se ha difundido ampliamente en redes sociales. Los individuos, vestidos con uniformes tácticos y portando rifles de alto calibre, emiten un mensaje dirigido tanto a la población como a las autoridades estatales, además de advertir a sus rivales.
En el video, el grupo identifica a bandas rivales, específicamente a «Los Deltas» y «Los Pelones», como los presuntos responsables de la violencia en la región. Acompañados por un presunto testigo, los miembros del grupo armado advierten sobre represalias si estas bandas no cesan sus actividades delictivas.
El mensaje, que apunta a un contexto de violencia en la zona, asegura que los principales generadores de esta situación son personas ajenas al estado de Sonora, cuya avaricia ha causado la muerte de inocentes. El grupo armado se presenta como defensores del territorio, declarando: «Nosotros estamos aquí para proteger el terreno de lacras y traidores (…) Sonora tiene dueño».
El comunicado está dirigido específicamente a las corporaciones gubernamentales de Altar, Caborca, Pitiquito, Sonoyta, San Luis y sus alrededores, enfatizando la gravedad de la situación y la intención del grupo de actuar contra sus rivales.
“Sonora tiene dueño”: Video de grupo armado en Sonora envía mensaje contundente.
El material, difundido en redes, muestra a un grupo con uniformes tácticos y armas de alto calibre.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial en relación con este video, que continúa circulando en diversas plataformas de redes sociales.
El informe «Hermosillo Ante la Sequía Extrema: Plan, Gestión y Gobernanza», realizado por la organización ciudadana y apartidista «Hermosillo ¿Cómo Vamos?», se ha presentado hoy como una evaluación detallada de la situación hídrica en Hermosillo. El documento ofrece una visión profunda de los retos y oportunidades en la gestión del agua en la ciudad, especialmente relevante dado el contexto de la sequía extrema que afecta la región.
Este informe se presentó en una rueda de prensa organizada por la Mesa Temática de Agua de Hermosillo ¿Cómo Vamos?, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Agua 2024. La presentación del informe es un momento clave para entender la situación actual de Hermosillo en cuanto a recursos hídricos y las medidas necesarias para enfrentar esta crisis.
El documento revela aspectos críticos como la reducción en el agua abastecida a la ciudad, pasando de 130.6 a 126.0 millones de metros cúbicos entre 2020 y 2022, a pesar del aumento de la población. También destaca la necesidad de optimizar la dotación por habitante, actualmente en 384 litros por día, significativamente superior a los 200 litros recomendados.
El análisis de la macromedición y micromedición muestra deficiencias importantes en el control del agua extraída y distribuida. Además, el informe indica que solo el 48% del agua introducida a la red llega efectivamente a las tomas, resaltando la urgencia de mejorar la eficiencia física en la distribución del agua.
El informe de «Hermosillo ¿Cómo Vamos?», llama la atención sobre la importancia de una gestión más eficiente y sostenible del agua. Sirve como un llamado a la acción para las autoridades, la sociedad civil y otros actores relevantes, enfatizando la necesidad de colaboración y responsabilidad compartida en la búsqueda de soluciones a largo plazo para los desafíos hídricos de Hermosillo.
En un reciente mitin en Cananea, Sonora, Manlio Fabio Beltrones, candidato al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, ha prometido recuperar el Fondo Minero para el Desarrollo Sustentable, destinado a apoyar a los municipios mineros de la región. Beltrones, quien jugó un papel crucial en la creación de este fondo en 2013, criticó al gobierno federal por arrebatar estos recursos vitales para las comunidades mineras y aseguró su compromiso para revertir esta situación desde el Senado.
El Fondo Minero fue instituido en 2013, una iniciativa liderada por Manlio Fabio Beltrones Rivera, entonces presidente de la Cámara de Diputados. Este fondo representó un paso significativo hacia el desarrollo regional sostenible, al destinar el 50% de las utilidades de las empresas mineras directamente a las arcas municipales de más de 30 municipios productores de minerales en México. Diseñado para financiar proyectos de infraestructura y servicios básicos, como agua potable, drenaje y alumbrado público, el Fondo Minero ha sido fundamental para mejorar la calidad de vida en comunidades con vocación minera. Sin embargo, en años recientes, estos recursos han sido redirigidos por el gobierno federal, privando a estas localidades de un ingreso crucial para su desarrollo.
Manlio Fabio Beltrones en reunión con la sociedad civil y militancia en Cananea Sonora.
Durante su encuentro con la sociedad civil y militantes en Cananea, Sonora, Manlio Fabio Beltrones expresó su determinación de restaurar los fondos originalmente destinados a los municipios mineros. “Los pueblos mineros de Sonora merecen ser beneficiados directamente de la riqueza que generan para el país”, afirmó el candidato al Senado. Beltrones recordó su esfuerzo personal en la lucha por los derechos de comunidades mineras como Cananea, Nacozari y Caborca, entre otras. Su promesa de enfocarse en este tema desde el Senado fue recibida con entusiasmo y apoyo por parte de los asistentes, incluyendo liderazgos ciudadanos, empresarios y mineros retirados.
El Fondo Minero ha tenido un impacto significativo en el estado de Sonora, especialmente en los municipios mineros. Hasta el 2017, último año en que se distribuyeron recursos del fondo a Sonora, se entregaron alrededor de mil 104 millones de pesos. De esta cantidad, 690 millones, representando el 62%, fueron asignados directamente a los municipios, mientras que los restantes 414 millones se destinaron al gobierno estatal. Estos fondos se han utilizado en obras esenciales para el desarrollo regional, incluyendo mejoras en infraestructura y servicios básicos. La redistribución de estos recursos por el gobierno federal ha generado una notable disminución en la inversión en proyectos clave en estas comunidades.
Manlio Fabio Beltrones, en su campaña para el Senado, se ha comprometido firmemente a exigir la devolución de los fondos del Fondo Minero a los municipios afectados, como Cananea. Esta promesa forma parte de su campaña para motivar a la sociedad a participar activamente en el cambio político y económico. Su posición ha ganado el respaldo de importantes figuras locales y líderes de la región, incluyendo a Adalberto Rubio Ozuna, candidato a diputado federal por el distrito 02, y Martin Paz Bustamante, coordinador de la coalición Fuerza y Corazón por México en Cananea. Asimismo, personajes destacados como el atleta de alto rendimiento Jesús Esteban Morales y la maestra Irma Murrieta Bustamante, entre otros, han expresado su apoyo a Beltrones, reflejando una amplia base de respaldo en la comunidad.
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, representados por su abogado Vidulfo Rosales, acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizarlos políticamente y luego abandonar la investigación de sus hijos. Rosales afirmó en una entrevista que los padres sienten que, a pesar de las promesas iniciales de López Obrador, la investigación se detuvo al tocar intereses del Ejército Mexicano.
La reciente protesta de los padres en Palacio Nacional, donde derribaron una de las puertas, fue un acto de desesperación debido a la falta de avances significativos en el caso. Rosales lamentó que, aunque al principio el presidente parecía comprometido con esclarecer los hechos, ahora parece haber claudicado en la investigación.
AMLO, en respuesta a la protesta, calificó el acto como una provocación y criticó a los normalistas durante su conferencia matutina, acusando a partidos como el PRI de estar involucrados. Los padres, por su parte, piden que no se politice el asunto y se mantenga el enfoque en encontrar la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas.
La situación sigue siendo un tema sensible y controversial en México, donde las familias de los desaparecidos continúan buscando respuestas y justicia. La reacción de AMLO a las recientes protestas ha intensificado las críticas y el debate en torno a la administración de su gobierno en relación con este caso.
Informes no confirmados surgieron este 7 de marzo sobre el accidente de un helicóptero perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Sinaloa, específicamente entre los municipios de Culiacán y Elota.
Según el portal Luz Noticias, primeras hipótesis apuntan a que la aeronave militar podría haberse enredado con cables eléctricos en la zona, aunque esta versión todavía no ha sido verificada oficialmente.
Detalles críticos como el número de ocupantes en el helicóptero y su condición actual no han sido revelados. Se espera que la Sedena proporcione más información en breve.
Cae helicóptero de la Secretaría de Marina al sur de Culiacán, Sinaloa, tras, presuntamente, enredarse en cableado de la CFE.
Medios locales, incluido Debate Sinaloa, mencionan que el helicóptero estaba sobrevolando la sindicatura de Baila, al sur de Culiacán, y que el accidente se produjo al parecer al hacer contacto con cables de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad.
Este incidente es similar al ocurrido ayer, donde un helicóptero de la Semar se desplomó en Michoacán, dejando tres agentes muertos, lo que incrementa la preocupación por la seguridad de las operaciones aéreas de la Sedena en la región. Las autoridades competentes están investigando las causas exactas del desplome y las circunstancias que rodearon el suceso.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha iniciado una investigación sobre Sandra Cuevas Nieves, alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia, por su presunta conexión con La Unión Tepito, reveló el periodista Óscar Balderas. Cuevas, actual candidata al Senado por Movimiento Ciudadano, aparece en una carpeta titulada «Fichas de alcaldes de la Ciudad de México», con fecha del 1 de septiembre de 2023.
En esta carpeta, la Sedena ha compilado información detallada sobre Cuevas, desde sus datos personales hasta su trayectoria política. El enfoque principal de la investigación parece ser los rumores y reportes periodísticos que han surgido desde octubre de 2021, sugiriendo una posible cercanía de Cuevas con el grupo criminal La Unión Tepito.
Uno de los aspectos clave en este informe es la supuesta relación de Cuevas con Olga Lidia Ramírez Godínez, madre de Óscar Andrés Flores Ramírez, conocido como «El Lunares». Ambos, madre e hijo, fueron exmiembros de La Unión Tepito y actualmente están vinculados a proceso por diversos delitos. No obstante, el informe de la Sedena no clarifica la naturaleza o el alcance de la relación entre Cuevas y Ramírez Godínez.
Ramírez Godínez fue arrestada en febrero de 2021 y posteriormente vinculada a proceso por delitos contra la salud, lavado de dinero, y posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se encuentra recluida en el penal femenil 16 de Morelos.
«El Lunares», por su parte, recibió una sentencia de 27 años de prisión en octubre de 2021 por su participación en un homicidio calificado en 2019 en la alcaldía Cuauhtémoc.
La investigación de la Sedena sigue en curso, y no se ha divulgado más información sobre la naturaleza de la relación entre Cuevas y los presuntos miembros de La Unión Tepito. La indagación pone en tela de juicio la integridad de Cuevas como figura política y su posible implicación con actividades delictivas.
Un desafortunado incidente se registró cerca de Michoacán cuando un helicóptero tipo Panther perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar) se desplomó poco después de su despegue del buque ARM-101 Benito Juárez. El trágico accidente ha dejado un saldo de tres agentes navales fallecidos, dos mujeres y un hombre, como ha informado la Semar.
A bordo del helicóptero viajaban ocho elementos de la Semar, presuntamente ejecutando una misión que se les había asignado. Tres de los marinos fueron rescatados vivos y están recibiendo atención médica, encontrándose en estado estable.
Adicionalmente, dos miembros de la tripulación fueron reportados como desaparecidos, desencadenando una inmediata operación de búsqueda y rescate. La Semar, en un comunicado, expresó su profundo pesar por la pérdida de vidas, recordando a los fallecidos por su compromiso y servicio a la nación.
Estas aeronaves Panther, utilizadas tanto en misiones marítimas como terrestres, tienen una longitud de 13.68 metros, un peso de 4,300 kilogramos, y están equipadas con una ametralladora cañón M621 de 20 mm y capacidad para disparar cohetes de 68 y 70 mm.
Aunque la Semar no ha proporcionado detalles específicos sobre la causa del desplome o las identidades de los marinos involucrados, reiteró su compromiso de proporcionar una respuesta rápida y efectiva en situaciones que demanden asistencia y seguridad. La misión asignada al equipo en el momento del accidente no ha sido revelada en los informes preliminares.
El Palacio Nacional, sede del gobierno mexicano y residencia temporal del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en un foco de manifestaciones y protestas. Desafortunadamente, estas protestas han llevado al vandalismo del histórico edificio en varias ocasiones. Recientemente, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y estudiantes de la misma escuela causaron daños significativos al irrumpir con una camioneta en el Palacio durante una conferencia matutina del presidente.
Según la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el Palacio Nacional, construido en 1523, es un monumento histórico. Por lo tanto, cualquier daño causado intencionalmente debe ser sancionado, incluyendo multas y posibles penas de prisión.
Se los dije: los 43 de Ayotzinapa van a reventar Palacio Nacional
La cuestión del costo de reparación es particularmente importante. La Puerta Mariana, vandalizada en el pasado, ha requerido en una ocasión una inversión de más de un millón de pesos para su restauración. La Secretaría de Hacienda asignó en 2021 un contrato de un millón 49 mil 426 pesos a MR Infraestructura y Publicidad, S.A. de C.V. para la restauración de un portón en Palacio Nacional, según El Universal.
Estos gastos de restauración han generado preocupaciones sobre los costos adicionales que el gobierno debe asumir para mantener la integridad de este emblemático edificio. El vandalismo en el Palacio Nacional no solo es un ataque a una estructura física, sino también a un símbolo histórico y cultural de México, lo que ha suscitado debates sobre la forma en que se manejan las protestas y la protección del patrimonio cultural del país.
El reconocido actor Joaquín Cosío, famoso por su actuación en “El Infierno”, ha generado controversia con sus recientes declaraciones contra la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En una entrevista con Fernando Del Collado en “Tragaluz”, Cosío expresó su desilusión y crítica hacia la actual administración, enfatizando el impacto de la violencia en México.
La entrevista, centrada inicialmente en su carrera artística, se orientó hacia la postura del actor sobre la realidad mexicana bajo el mandato de AMLO, particularmente en términos de seguridad. Cosío, conocido por interpretar a “El Cochiloco”, no se guardó sus opiniones y expresó su pesimismo ante los resultados de la estrategia de seguridad del presidente. “Los muertos de este sexenio deberían visitar a AMLO en sus pesadillas”, afirmó el actor, destacando el elevado número de homicidios relacionados con la violencia en el país.
Cosío criticó la impunidad con la que se mata a mujeres en México y describió la violencia que domina varias regiones como resultado de la indiferencia gubernamental. Además, se refirió a las acusaciones de que el narcotráfico financió la campaña electoral de AMLO, señalando que aunque son rumores, algunos casos podrían ser comprobables.
El actor también comentó sobre los cambios que el poder ha generado en AMLO, sugiriendo que se ha transformado desde que asumió la presidencia. A pesar de reconocer que el problema de la violencia asociada al narcotráfico es un legado de administraciones anteriores, cuestionó la efectividad de las políticas actuales para enfrentar esta crisis.
La entrevista ha colocado a Cosío en el centro del debate, con una parte del público mostrando su apoyo a sus declaraciones, mientras otros critican su postura hacia la actual administración. En marzo de 2023, Cosío ya había respondido a AMLO después de que este calificara de “churro” una película de Luis Estrada, una respuesta que el actor expresó sarcásticamente a través de las redes sociales.