El general Gustavo Vallejo, actualmente encargado de las obras del Tren Maya y potencial futuro titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), está en el centro de una polémica tras revelarse su intención de otorgar un contrato de 1300 millones de pesos a Gas Azul de Nogales. Esta empresa, desconocida en el sector y sin presencia en línea, estaría a cargo del suministro de combustibles para el proyecto.

Fuentes del sector informaron a La Política Online que Gas Azul, con domicilio en una casa particular en Etchojoa, Sonora, carece de oficinas en el sureste de México. El exterior de la vivienda, que supuestamente alberga a la empresa, se encuentra descuidado y no muestra indicios de ser una entidad capaz de abastecer los 55 millones de litros de diésel estipulados en el contrato.

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La empresa está presuntamente vinculada a Bernardo Gil Torruco, exfuncionario del ISSSTE durante el gobierno de Ernesto Zedillo y encarcelado en la administración de Vicente Fox por presuntas irregularidades. Gil Torruco fue liberado tras pagar una fianza y ha tenido cargos en los gobiernos del PRD en la CDMX, así como en la aduana de Tampico durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En Sedena, hay rumores de que Gil, a través del general Vallejo, habría intervenido para finalizar el contrato de suministro de diésel de Secarsa Combustibles, una empresa que había ganado su contrato legalmente en una licitación pública.

Este caso plantea serias dudas sobre la transparencia y legalidad en la asignación de contratos para el Tren Maya, un proyecto de gran envergadura e importancia para el actual gobierno de México. La situación ha generado inquietud sobre el manejo de recursos y la idoneidad de las empresas seleccionadas para colaborar en obras públicas significativas.

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