En junio de 2022 los medios difundieron la imagen de un mono araña, vestido como sicario, que había perdido la vida en un enfrentamiento entre agentes ministeriales y sicarios de la Familia Michoacana.

Durante un operativo destinado a la captura de objetivos prioritarios, según se informó entonces, elementos de la fiscalía del Estado de México fueron atacados por un comando. Se inició una persecución que terminó en un rancho del ejido Venta Morales. Durante el enfrentamiento, once sicarios fueron abatidos.

El mono araña, que portaba un chaleco táctico, fue colocado sobre el pecho de uno de los caídos.

El tres veces alcalde del municipio donde esto ocurrió, el perredista Javier Lujano Huerta, declaró que se trataba de un hecho aislado, dijo que no existían rastros de la presencia del crimen organizado en Texcaltitlán.

“No ha llegado denuncia alguna acerca de estos eventos… tenemos comunicación con los comisarios ejidales, con la ciudadanía en general… hemos visto tranquilidad. No nos han reportado algún evento”, aclaró.

En pocas palabras, Texcaltitlán vivía bien y de buenas.

Sin embargo, un comando había sacado de una telesecundaria a un profesor, para ejecutarlo horas más tarde.

Sin embargo, en 2018, otro comando se había llevado, de las puertas de su domicilio, al director de seguridad pública municipal Juan Hernández García, quien fue encontrado sin vida, maniatado y con el rostro cubierto con cinta adhesiva, en la carretera La Puerta-Sultepec.

Lujano Huerta ha sido alcalde de Texcaltitlán tres veces. Su hermano, Dante, ocupó la presidencia en una ocasión, y su prima Zoila lo hizo en otra.

La aparición de narcomantas y narcocartulinas ha sido frecuente.

Hace dos años, dos policías de investigación fueron asesinados en un tiroteo con sicarios de la Familia Michoacana.

En ese remanso de tranquilidad en el que el alcalde Lujano Huerta y su familia viven desde hace varios lustros, fue aprehendido en mayo del año pasado un jefe de plaza conocido como El Zopilote: líder criminal que orquestó la agresión contra el Centro de Justicia de la fiscalía del Edomex en el municipio de Sultepec: un ataque en el que participaron cerca de 20 camionetas, que duró cerca de 40 minutos, y en el que varios agentes resultaron lesionados.

Tras ese ataque, por cierto, en municipios dominados por La Familia Michoacana —Tejupilco, Ixtapan de la Sal, Temascaltepec, además de Sultepec—, aparecieron narcomantas que anunciaban una ofensiva del grupo criminal contra agentes de seguridad estatal.

Las firmaba, entre otros “comandantes” de la Familia Michoacana, Rigoberto de la Sancha Santillán, El Payaso, el jefe regional que el viernes pasado citó a agricultores de col, coliflor, chícharo, haba y cebolla en la cancha de futbol de Texcapilla (un poblado olvidado, de unos 1,200 habitantes), para anunciarles que, a pesar de las malas cosechas, habría un incremento en el “cobro de piso”: un peso por cada metro cuadrado de cultivos.

Mientras la gobernadora Delfina Gómez le daba la bienvenida, “muy emocionada”, “al mejor presidente de la historia de México”, en Texcaltitlán, municipio que con Tejupilco, Coatepec, Temascaltepec y Almoloya de Alquisiras forma en el Edomex uno de los grandes bastiones de la Familia Michoacana, el abandono, la ausencia de gobierno y el hartazgo llegaron a su límite.

Con machetes, hoces y viejas escopetas, un pueblo enfrentó a sus extorsionadores.

El pasado 31 de agosto, a través de un video, el grupo criminal conocido como Los Tlacos presumió el asesinato de Silverio Martínez Hernández, El Comandante Fierros, cuyo cuerpo fue arrastrado a lo largo de una brecha por una camioneta.

Con Gilberto Misael Ortiz, El Barbas, y Alberto Romero Pérez, La Macrina, el Comandante Fierros era uno de los responsables de la emboscada que en mayo de 2021 ocasionó la muerte de 13 policías estatales y ministeriales en Coatepec de Harinas.

El cuarto responsable de la emboscada en el poblado de Llano Grande, según reportes de inteligencia, era El Payaso (su pareja sentimental fue ejecutada en Puente de Ixtla en junio de este año, a resultas de un cobro de cuentas).

Videos que pasarán a la historia de este sexenio muestran la manera en la que El Payaso y sus hombres cosecharon la ira de un pueblo abandonado por el gobierno.

“Vamos bien y de buenas”, dijo el presidente en Tejupilco con una sonrisa, unas horas después de que Texcaltitlán se bañara de sangre, y de que las imágenes de los golpes, los tiros, los machetazos, los cuerpos y los vehículos calcinados, saturaran medios y redes.

11 delincuentes y tres pobladores muertos, entre ellos el delegado comunal, Noé Olivares. Noticias de que dos de los sicarios lesionados fueron rescatados de un hospital por un comando. Noticias de pobladores desaparecidos…

Una gobernadora emocionada que solo atina a llamar a la gente a unirse “por la paz”, un presidente municipal que después de gobernar una década no se enteró de la tragedia que vivía su pueblo, y el presidente de un país que, de gira en el municipio vecino, dedicó solo unos segundos a hablar de la tragedia e invitó a los mexicanos a combatir, “entre todos”, la extorsión.

En efecto, vamos bien y de buenas.

Ocurrió la noche de este lunes en la plaza ubicada en la calle principal del poblado de Benjamín Hill, en el estado de Sonora. Hombres armados ataron a un poste a un desconocido y lo quemaron vivo. Lo habían atado de pies y manos.

Usuarios de redes sociales grabaron la escena: una pira humana, un cuerpo ardiendo espantosamente en el lugar más emblemático de Benjamín Hill: el monumento ferrocarrilero.

A un lado del hombre en llamas, los criminales dejaron un mensaje bajo una piedra. Contenía una amenaza para “los Deltas traicioneros” y para un sujeto conocido como El 8 o El Pelón.

El Pelón ha sido identificado como Omar Félix Loaiza, alias El 08 o El Pelón de Sonoyta. Se halla al frente de una organización criminal que opera al servicio de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, los famosos Chapitos, y disputa con grupos afines a Ismael El Mayo Zambada el tráfico de drogas y de personas en la región norte de Sonora.

A principios de octubre, poco después de la captura y extradición del hijo menor del Chapo, Ovidio Guzmán, mantas atribuidas a Los Chapitos aparecieron en distintos puntos de Sinaloa: por medio de estas, los jefes criminales prohibieron a su gente la venta, fabricación y transporte de fentanilo.

Unos días después, en el norte de Sonora, el grupo de Omar Félix Loaiza, conocido como Los Pelones, se sumó a la prohibición, y anunció que esta se iba a extender hasta Sonoyta y Caborca.

El corredor que parte de Benjamín Hill conecta por un lado con Magdalena de Kino, Ímuris y Nogales, y por otro con Santa Ana, Altar, Caborca y Sonoyta. Quien lo domina controla absolutamente todo tráfico ilegal.

En 2021 arreció la disputa por ese control. A través del encargado de “administrarlo”, Felipe de Jesús Sosa Canizales y/o Sergio Valenzuela Valenzuela, apodado El Gigio, el Mayo Zambada chocó con Los Chapitos. De acuerdo con reportes militares, El Gigio les entregó un ultimátum para que el corredor fuera desalojado.

De acuerdo con los mismos reportes, a fin de fortalecerse, Sosa Canizales entró en alianza con el Cártel de Caborca, fundado por Rafael Caro Quintero.

Las imágenes macabras de un hombre ardiendo en Benjamín Hill constituyen una de las expresiones más violentas que la pugna entre todos estos grupos ha desatado, y que mantiene bajo metralla a poblados y municipios aledaños: Trincheras, Tubutama, Pitiquito, Oquitoa, Saric, por nombrar solo algunos.

La violencia criminal en la región fronteriza y el desierto de Sonora ha vuelto la vida imposible para comunidades enteras. Hace apenas unos días se reportó un éxodo masivo en la comunidad de Sásabe: tras una larga jornada de balaceras y ante caravanas de hombres armados que recorrían las calles en completa impunidad, familias enteras abandonaron sus casas y emprendieron la huida hacia Estados Unidos. Muchas otras, sin embargo, no lograron salir de sus domicilios y tuvieron que encerrarse.

Ocurrió lo mismo en Benjamín Hill, durante la celebración del Día de Muertos, en que a resultas de diversos enfrentamientos se canceló el Desfile de Catrinas y la kermés tradicional. Las balaceras entre grupos criminales y los enfrentamientos contra corporaciones de seguridad, se presentaron durante varios días. Las clases fueron suspendidas. A través de redes, se recomendó a la población no abandonar sus domicilios.

El 22 de noviembre fue detenido en Culiacán Néstor Isidro Pérez Salas, apodado El Nini, miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa y jefe de seguridad de Los Chapitos.

A diferencia de lo ocurrido durante El Culiacanazo, la detención del Nini no provocó ningún tipo de respuesta entre los integrantes del Cártel. Pronto corrió la versión de que sus propios jefes lo habían entregado: ya fuera para aliviar las presiones del gobierno de Estados Unidos, o bien porque seguía fabricando fentanilo por la libre.

En todo caso, de manera inmediata a la detención comenzaron a correr narcomensajes en la zona fronteriza: estaban dirigidos al Pelón Loaiza, alias El 8: “Ya entregó al Nini el Jefe Iván (Iván Archibaldo Guzmán), sigues tú baboso por querer quedarse (sic) con lo que no es ni será de ustedes”.

Este Loaiza es el mismo al que el lunes pasado le dejaron en la plaza principal de Benjamín Hill una pira humana, en un contexto de violencia que ha rebasado por completo a las autoridades, y en donde a lo largo de pueblos, ciudades y comunidades repartidas a lo largo de cientos de kilómetros, no hay más autoridad que la de los criminales.

Fue a través de escuchas telefónicas como un grupo de fuerzas especiales de la Sedena determinó que el autor intelectual de la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, comandante del 16 regimiento de caballería motorizada de Nuevo Laredo, Tamaulipas, era Juan Carlos Pizano Ornelas, el CR, líder regional del Cártel Jalisco en San Gabriel, Tapalpa y Zapotitlán, Jalisco.

El coronel Grimaldo había pasado sus vacaciones en una cabaña situada en una región montañosa. Hace prácticamente un año, el 10 de diciembre de 2022, se reportó con colaboradores para informarles que ese mismo día saldría a bordo de su Mini Cooper hacia Nuevo Laredo.

Su gente lo esperó todo el sábado 10 de diciembre, y parte del domingo 11. Entonces se activaron las alertas y personal del Ejército comenzó a realizar labores de inteligencia en el sitio en donde el teléfono del coronel Grimaldo había marcado la última ubicación.

Precisamente, en Tapalpa, Jalisco.

Fuentes militares de alto rango confirman que El CR fue alertado, por su equipo de halcones, sobre la presencia de un vehículo sospechoso. Lo que sigue es un verdadero escándalo: de acuerdo con las escuchas militares, el CR ordenó al presidente municipal de Tapalpa, Antonio Zamora, que localizara y detuviera el vehículo del coronel.

Zamora, según las mismas fuentes, ordenó a su director de Seguridad, Jorge Arturo Arreola Rodríguez, que la gente a su cargo detuviera a Grimaldo. El militar fue interceptado por dos unidades en las que viajaban hombres armados.

Existe la versión de que se simuló un accidente para obligar al coronel a descender de su automóvil. Su rastro se perdió desde esa mañana.

El Mini Cooper apareció cuatro días más tarde en el municipio de Tonalá. Dos meses después, en febrero de 2023, la esposa del coronel admitió que unas ropas halladas en el cateo de una bodega eran propiedad de este.

El CR se convirtió en objetivo prioritario del Ejército. Desde los altos mandos, cuentan, se envió un mensaje interno: el líder regional del Cártel Jalisco tenía que caer sí o sí.

El 11 de enero de 2023 un hermano del CR, José Manuel Pizano, fue detenido en Chiquilistlán, a 20 kilómetros de Tapalpa. Con la información que pudo obtenerse tras esta captura, la Sedena trazó un cerco alrededor del radio de operaciones del CR.

En ese cerco se incluyeron sobrevuelos de aviones no tripulados, así como escuchas telefónicas practicadas a colaboradores cercanos.

Los municipios que el CR tenía encargados se hallan en una zona de paso entre el puerto de Manzanillo, donde entra todo, y la Zona Metropolitana de Guadalajara. A quienes seguían el rastro del jefe regional les llamó la atención que en dicha zona solo se reportara rara vez la presencia de narcolaboratorios.

Era una maniobra para no atraer de más la atención de las autoridades, sostienen las fuentes consultadas.

“Ahí anda”, concluyeron los militares.

El círculo de seguimiento alrededor del CR se fue cerrando.

Los servicios de inteligencia del Ejército obtuvieron su ubicación desde hace varias semanas. Decidieron buscar un punto flaco, “esperar a que bajara la guardia”.

Ese momento se presentó el sábado pasado, cuando su dispositivo de seguridad se había reducido, “y él estaba relajado”.

Imágenes captadas por vecinos muestran el momento en que helicópteros artillados abren fuego desde el aire en contra de hombres que quisieron repelerlos. En una acción que involucró la participación de un centenar de efectivos, El CR fue trasladado a Zapopan vía aérea. Aunque se desataron narcobloqueos en diversas localidades, el líder regional fue trasladado de inmediato al aeropuerto de Santa Lucía.

Pizano Ornelas, el CR, se hallaba bajo las órdenes directas de Juan Carlos Valencia González, El R3, uno de los miembros de más alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación y por quien la DEA ofrece hasta cinco millones de dólares.

El 6 de noviembre pasado, el alcalde de Tapalpa, Antonio Zamora, cumplió dos años en el cargo. La Sedena llevaba casi uno siguiéndole los pasos a Pizano Ornelas. ¿Seguirá en el cargo tras la captura del CR?

Las vieron en un Oxxo. Tres mujeres solas en una camioneta con placas de Sinaloa, cuyo plan era hacer senderismo en las inmediaciones del Centro Ceremonial Otomí, ubicado en el municipio de Temoaya, Estado de México.

Las interceptaron. Ignoraban que una de ellas era sobrina de la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

El senderismo en México se ha vuelto una actividad de alto riesgo. Sobre todo en las cercanías del Nevado de Toluca, el Parque Nacional Cumbres Sierra Nevada y el Centro Ceremonial Otomí. Numerosas denuncias llegan también del Parque Nacional Cumbres del Ajusco, las cercanías del Volcán El Cajete, las Lagunas de Zempoala y el Parque Nacional El Tepozteco.

El colectivo Caminantes, del que forman parte senderistas con hasta 25 años de experiencia, ha decidido suspender de manera definitiva sus caminatas.

En todas esas zonas el crimen organizado ha absorbido a los talamontes. Al mismo tiempo, bandas locales explotan tanto la extorsión como el secuestro de caminantes.

Se ha detectado que una buena parte de las camionetas robadas a los paseantes, sobre todo en el Estado de México, son enviadas a las zonas de la Tierra Caliente de Michoacán, Guerrero, y el Edomex, donde actúan células operativas de la Familia Michoacana.

Muchos de los vehículos robados a senderistas, y empleados más tarde para cometer ilícitos, fueron robados a familias o grupos de amigos que un fin de semana cualquiera decidieron internarse en zonas que los montañistas recorren desde hace varios años.

Colectivos de senderistas aseguran que la situación se agravó de tres años a la fecha. Supuestos ejidatarios armados los extorsionan con frecuencia, para dejar que continúen su camino. Cuando llegan a cruzarse con grupos de talamontes, el peligro es mayor. Algunos montañistas tienen relatos escalofriantes de encuentros con gente violenta, armada con motosierras, que los obliga, por medio de agresiones y amenazas, a cambiar de ruta.

Incluso se han dado casos de delitos sexuales. A finales de 2019 causó escándalo el secuestro en el Nevado de Toluca del cineasta francés Frederic Michel, y del actor Alejandro Sandí.

Dicha realidad no se ha modificado. Experiencias como estas, sin embargo, pocas veces se denuncian. Los caminantes pagan extorsiones y se resignan a decirle adiós a las aventuras finisemanales.

El lunes pasado llegó a la Coordinación Nacional Antisecuestro el reporte de que tres mujeres que se habían internado en los alrededores del Centro Cultural Otomí se hallaban en calidad de desaparecidas. Una de ellas era hija de Heriberto Félix, exsecretario de Desarrollo Social del gobierno de Felipe Calderón, y sobrina de la exsecretaria de Economía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier.

Desde un teléfono desechable, los secuestradores se habían reportado para decir: “tenemos a su familiar”.

Las familias de las tres mujeres creyeron, inicialmente, que se trataba de una extorsión. Pero los teléfonos de las tres estaban apagados. Después de interrogarlas, y de obtener algunos datos financieros, los secuestradores llamaron el lunes temprano y exigieron una cantidad millonaria.

Fuentes del Edomex los definieron como “un grupo de pelagatos” que habían encontrado una actividad rentable en el secuestro de turistas, y que ignoraban bien a bien a quién se habían llevado.

Se cree que después de someter a las mujeres, las condujeron a bordo de un automóvil de modelo antiguo, y que se llevaron también la camioneta.

Esta contaba, sin embargo, con GPS. Esto dio a las autoridades una ubicación aproximada de los sitios en donde el vehículo se estuvo moviendo. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía del Estado de México y la Comisión Nacional Antisecuestros lograron obtener también la ubicación de la zona en que los teléfonos de las víctimas registraron su última actividad, antes de ser apagados: el municipio de Isidro Fabela.

Las instituciones que tomaron parte en las labores de búsqueda dividieron el área en bloques y comenzaron a peinarla. Todo apuntaba a una zona boscosa del municipio de Isidro Fabela.

Se conoce el resultado. Uno de los grupos detectó actividad sospechosa en los alrededores de una casa en obra negra.

Ahí se hallaban las tres mujeres, encadenadas de los pies a los postes de una cama. Ha trascendido que una mujer fue detenida en el lugar.

Otro hombre intentó huir, y se internó en el monte. Lograron capturarlo. Llevaba encima los teléfonos de las víctimas.

La resonancia mediática del caso habla apenas de la situación que se vive en las zonas boscosas de la CDMX, Morelos y el Edomex, en donde cada metro está en poder de un grupo criminal, y en donde las víctimas comprenden, a la mala, la realidad del país en el que están viviendo.

El caso de la sobrina de Clouthier por fortuna se resolvió con rapidez (la denuncia se hizo de inmediato) y con las víctimas intactas. Pero existen cientos, miles de historias de las que nunca nos hemos enterado. Si no lo creen, pregúntenle a su montañista de confianza.

Fueron por unos hombres que bebían en una calle de la colonia Altavista, la madrugada del lunes 20 de noviembre, en Cuernavaca, Morelos.

Los agresores iban a bordo de dos camionetas y una motocicleta.

Mataron a tiros a dos personas e intentaron llevarse a otra, que se les escapó.

Se presume que habían llegado de fuera, porque todo indica que no conocían las calles de la ciudad. Iniciaron una fuga azarosa que se extendió a lo largo de varias colonias, mientras elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, Seprac, los perseguían.

En uno de los puntos de la persecución, que extendió por las colonias San Antón, Carolina, Chulavista y Bellavista, entre otros, los sicarios abrieron fuego sobre los policías: dos de estos, Francisco Calderón y Juan Carlos Salgado perdieron la vida, cuatro más resultaron heridos.

Se trató de una acción de no más de 20 minutos en la que los agentes de Seprac que llegaron como refuerzo abatieron a cinco hombres que se movían en una de las camionetas y llevaban armas largas, armas cortas, chalecos tácticos y radio comunicadores.

El alcalde José Luis Urióstegui Salgado, que se ha negado a sumarse al Mando Coordinado, reveló que no recibieron refuerzos de la Comisión Estatal de Seguridad, a cargo del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, y que cuando efectivos de la zona militar llegaron al lugar, ya todo había terminado.

“No hubo apoyo de otra corporación y cuando (los militares llegaron) ya únicamente buscaban resguardar o apoyar”, afirmó el alcalde.

Tres de los muertos de la colonia Carolina carecían de identificación. Los otros dos eran oriundos, uno de Cuernavaca y el otro de Iguala.

Una de las camionetas aseguradas tenía placas del Estado de México, lo que abrió una línea de investigación que apunta también a la Familia Michoacana.

Se cree que se trató de un ajuste en el que tomó parte el grupo criminal conocido como Los Mayas.

De inmediato se difundió una carta, supuestamente escrita por policías municipales, que pedían la dimisión de la secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano, Alicia Vázquez Luna, por “mandar a los agentes sin armas a las calles”.

El alcalde la sostuvo en el cargo y afirmó que no había pruebas de que la carta fuera auténtica. Ha admitido, sin embargo, que agentes que no han aprobado los controles de confianza salen a la calle sin armas.

Esa noche, el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, había viajado a la Ciudad de México a participar en un partido de futbol de exhibición en el que saltaron a la cancha varias leyendas del balompié y en el que, según la prensa, el examericanista “se robó la noche”.

Mientras el gobernador triunfaba en el Coloso de Santa Úrsula ocurrieron tres enfrentamientos más en el estado de Morelos: uno en Xochitepec, otro en Cuautla, el último en Jiutepec.

El resultado de la agresión y la persecución ocurrida en Cuernavaca fue de nueve muertos en 20 minutos y un alud de videos tomados por vecinos en donde las balas tronaban en la oscuridad y en donde los agentes intentaban desesperadamente auxiliar a sus compañeros caídos.

Más de 25 muertos se contabilizaron en Morelos durante el fin de semana. Tres nuevos feminicidios se reportaron en 72 horas.

La noche anterior a la balacera el cadáver de una mujer fue encontrado envuelto en una bolsa de plástico en el poblado de Santa María Ahuacatitlán. Un día después del enfrentamiento que dejó nueve muertos varias primarias de Morelos aparecieron tapizadas de narcomantas que denunciaban un supuesto apoyo de la Guardia Nacional a la Familia Michoacana y estaban firmadas por Guerreros y Morelos Unidos.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal ha ubicado a Cuernavaca entre las 15 ciudades más peligrosas del mundo. Amplias zonas de la zona metropolitana y el oriente de Morelos se hallan bajo el control absoluto del crimen organizado.

Cuauhtémoc Blanco, mientras tanto, sigue triunfando en el Azteca.

El 9 de julio de 2021, el policía investigador Román Antonio Dueñas García, de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Colima, levantó una supuesta acta de aviso de hechos delictivos.

Según el investigador, ese día, una persona del sexo masculino, “de complexión robusta, tez morena, estatura aproximada 1.70 metros, cabello ondulado color negro, con barba y bigote corto, de aproximadamente 40 y 45 años de edad”, quien se negó a proporcionar su identidad por temor a represalias, llegó a las instalaciones de la unidad con una hoja de papel blanco entre las manos.

“Únicamente acudo aquí para darles estos números, para que los apunte, por si quieren información sobre el paradero de María del Carmen ‘N’”.

El desconocido le dictó al agente diez números telefónicos.

Dueñas García llevó a cabo la consulta correspondiente. Descubrió que María del Carmen “N” estaba reportada como víctima de privación ilegal de la libertad en la carpeta NJSP/TEC/CI/UECS2/13/2021, y hasta ese momento se desconocía su paradero.

Dos meses antes, la hija de María del Carmen “N”, de nombre Jennifer Karina, había denunciado la desaparición de su madre: relató que la madrugada del 12 de mayo de 2021 golpearon violentamente la puerta de su casa. Ella dormía al lado de su pareja y de su bebé de ocho meses. En una habitación contigua descansaba su madre.

“¡Abre la puerta!”, le gritaron. Varios hombres cubiertos con cubrebocas se introdujeron en la casa. “Noté que traían armas largas y con estas mismas nos empezaron a apuntar”, dijo Jennifer.

Los sujetos “decían ser elementos de la Procuraduría General del Estado”. Preguntaron por el dueño de una moto de la marca Italika que estaba estacionada afuera. Preguntaron también quién era “Carmen”.

Jennifer les dijo que la moto era suya. La esposaron. Su madre salió en ese momento de su habitación. Admitió que la moto, efectivamente, pertenecía a su hija, pero que ella a veces la usaba. Uno de los hombres le mostró a uno de sus compañeros una fotografía de María del Carmen que traía en el celular. “Sí es ella –dijeron–. Espósenla”.

Según la denuncia, uno de los intrusos notó que había una pipa con mariguana dentro de la casa. María del Carmen confesó que era droga para su consumo, “no para venta”.

Los supuestos agentes le taparon la cabeza a María del Carmen con una camisa y la subieron a una camioneta doble cabina. Detrás de esta aguardaba un auto compacto. “Te metes o también quieres que te llevemos”, le dijeron a Jennifer.

No volvió a saberse más de ella.

En vista de que el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que, “cuando el Ministerio Público considere necesaria la localización geográfica en tiempo real o entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones”, estos estarán obligados a entregar “la información solicitada para el inmediato desahogo de dichos actos actos de investigación”, el ministerio público José Luis Beltrán Araiza solicitó al apoderado legal de Radio Móvil Dipsa la información relacionada con aquellos diez números.

La intención, según la fiscalía de Colima, era “estar en condiciones de conseguir más líneas de investigaciones que nos ayudaran a conocer el paradero de la víctima directa”.

Entre los números solicitados se hallaban el del entonces alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. Estaban también el del presidente del PAN en la CDMX, Andrés Atayde, así como los del coordinador del grupo parlamentario del blanquiazul, Jorge Romero, y el del entonces líder del senado, el morenista Ricardo Monreal.

El ministerio público solicitaba, como ya he relatado en este espacio, información sobre todo tipo de comunicación realizada por estos números: por transmisión de voz, por buzón vocal, por conferencia y por datos. Quería conocer la fecha, la hora, la duración de cada una de las comunicaciones.

El 3 de agosto de 2021, con motivo “del perfeccionamiento legal” del caso, se había abierto ya una investigación en la fiscalía de la CDMX, que encabeza Ernestina Godoy. El coordinador de investigación de delitos de alto impacto, César Oliveros Aparicio, y el fiscal de investigación del delito de secuestro, Alejandro Ignacio Santamaría, solicitaron el registro de llamadas de otros personajes: la senadora Lilly Téllez, entre otros. En el caso de Santiago Taboada se pidieron detalles de llamadas y otras comunicaciones desde febrero de 2021.

Fue el inicio de un espionaje que se prolongó durante más de un año e involucró a diversos personajes de la política.

La fiscal Godoy ha negado enfáticamente que esto haya ocurrido. Aún antes de conocer la existencia de las 14 carpetas de investigación que se han abierto en su contra, Taboada recibió diversas advertencias de un alto funcionario de la fiscalía.

La primero le llegó el 13 de diciembre de 2022 y según los “pantallazos” que Taboada entregó a la autoridad, le indicaban que desde la Coordinación General de Investigación Territorial, a cargo de Oliver Ariel Pilares Viloria, se estaban armando, “fast track”, diversas investigaciones en su contra.

Lo que son las cosas: en la lista de personajes espiados figuraba el priista Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa: el mismo que por un berrinche político amenaza con darle votos en el Congreso… a la encargada de la fiscalía que lo espió.

El empresario Arcadio Pesqueira, de 33 años, emigró a Arizona por la inseguridad que azota Caborca. En mayo pasado regresó a cobrar las rentas de unos locales comerciales. Iba a bordo de una Gladiador de color negro con placas de Arizona. Tenía un compromiso en Tucson, así que al concluir sus negocios regresó a la frontera por la carretera estatal 43, que atraviesa Altar. El trayecto no debía tomarle más de dos horas.

A partir de entonces, sin embargo, se perdió toda comunicación con él.

Seis meses más tarde no existen rastros del empresario. Según Cecilia Delgado Grijalva, líder del colectivo Buscadoras por la Paz de Sonora, relata que en la zona se han hallado restos calcinados, pero no se sabe aún a quién pertenecen. Varias personas han desaparecido para siempre en esa carretera

La madre del empresario ha ofrecido una recompensa de 50 mil pesos a quien proporcione informes sobre la localización de su hijo. Pero hasta el momento la respuesta ha sido el silencio. La líder del colectivo asegura que ya otras desapariciones han ocurrido en ese tramo. En numerosas ocasiones, misteriosas llamadas anónimas avisan a las madres buscadoras sobre la ubicación de fosas clandestinas en las que se hallan restos humanos.

De hecho, fue de ese modo como Cecilia Delgado encontró los restos de su propio hijo, luego de dos años de búsqueda desesperada. Se lo habían llevado policías estatales desde las puertas mismas de su negocio de venta de cerveza. Una llamada anónima llevó al colectivo hasta las faldas de un cerro. Había ahí 17 fosas.

Los dos últimos cuerpos que emergieron fueron el de su hijo y el de un ayudante. “Antes de que saliera su ropa lo reconocí por la dentadura”, dice la señora Delgado. Pruebas de ADN confirmaron que estaba en lo cierto. En esas fosas han aparecido 25 cuerpos.

“Mi hijo llevaba dos años esperándome ahí, y sin que las autoridades hicieran nada”.

El colectivo lleva el registro de 4,611 desaparecidos en Sonora, de los cuales cerca de 1,500 desaparecieron de 2018 a la fecha. Existen varios casos de personas que se internaron en la carretera 43 y de las que no ha vuelto a saberse. Fue ahí a donde a Pesqueira se le vio por última vez.

El pasado 31 de octubre efectivos de la Sedena fueron emboscados en el tramo carretero que conecta Oquitoa con Altar. En redes sociales circularon las imágenes de un vehículo militar totalmente calcinado. Se habló de varios elementos de la Defensa heridos.

Los soldados iban a atender un enfrentamiento entre dos grupos criminales, el cual se había prolongado por horas.

Se aseguraron varias camionetas, en las que había logos con cráneos: el distintivo de una célula criminal que opera bajo las órdenes de Saúl Francisco Hernández Tenorio, El Fantasma (al que se conoce también como El Ponchis), jefe de un grupo de sicarios al servicio de Los Cazadores: los representantes del Cártel de Sinaloa, en concreto de Los Chapitos, en aquella parte de la frontera.

Para el crimen organizado, Altar es un punto crucial para el paso de drogas y migrantes. Según reportes de inteligencia, El Fantasma, al lado de los hermanos Carlos y Daniel Alejandro Pinedo, conocidos como El Cholo y el Maniaco, controlan la extorsión y el tráfico de metanfetaminas. A estos dos últimos personajes se atribuye la instalación de retenes ilegales tanto en carreteras como en rutas secundarias.

Bajo el control de El Fantasma se hallarían, de acuerdo con los reportes, las poblaciones de Sáric, Tubutama, Santa Ana, Magdalena y Trincheras, entre otros puntos de la zona fronteriza.

En junio de 2021, luego de un potente enfrentamiento armado en Altar, fue detenido Jesús Humberto Limón López, alias Chubeto, líder regional de Los Cazadores.

El poder del grupo criminal recayó en Salvador López Limón, hermano de Chubeto y jefe directo de El Fantasma, quien dirige a la fecha a Los Cazadores, y cuyo centro de operaciones se halla precisamente en Altar.

Ahí, la convivencia con criminales se ha vuelto parte inevitable de la vida diaria. Hace años ya que denuncias de pobladores narran de manera constante la violencia sin freno que oprime esa parte de la región fronteriza. Casi cinco mil desaparecidos y fosas que no dejan de arrojar muertos: El infierno de Altar.

La hermana de la secretaria de Gobernación, la hermana del actual jefe de gobierno capitalino y la consejera jurídica de la Presidencia, son las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir, durante los 15 años siguientes, el puesto que deja vacante en la Suprema Corte de Justicia el exministro Arturo Zaldívar.

Comienza de ese modo, con la terna del escándalo y el nepotismo, el embate final del gobierno obradorista para tener en el último tramo de su gobierno, y poder legar a su posible sucesora, una Corte a modo que le permita perpetuar lo que él considera su legado.

Reventó anoche el escándalo, el ¡fuera máscaras! Alrededor de la SCJN. Sobrevendrá de manera irremediable el estira y afloja en el Senado, que deberá aprobar o rechazar la terna (aunque en todo caso el presidente enviará otra y al final terminará ganando), y mientras tanto al país se le viene encima una fecha crucial: el día en que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Inai, tendrá que elegir a quien ocupe su presidencia.

La actual comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, concluye su gestión el 10 de diciembre. La sesión para elegir una nueva presidencia está programada para el 7 de diciembre de este año.

El pleno del Inai cuenta únicamente con cuatro comisionados, de los siete que deberían integrarlo. López Obrador comenzó a bombardearlo desde los primeros meses de 2019, cuando su gobierno aún olía a nuevo.

Fue uno de los organismos autónomos que el presidente decidió dinamitar. En abril de ese año, en una “mañanera”, desató la ofensiva. Lo hizo, como siempre, confundiendo, engañando, echando mano de mentiras: “¿En qué ha contribuido a reducir la corrupción? Al contrario, la corrupción creció como nunca a la para que se creó este organismo”.

Aquella mañana, para darle fuerza a sus dichos, inventó que los comisionados ganaban el doble de lo que en realidad perciben mensualmente.

Fue la primera en más de 50 ocasiones en las que López Obrador dedicó extensos minutos de su “mañanera” a repetir lo mismo: que el Inai había sido creado con dinero del pueblo como un parapeto para mantener en secreto la corrupción y defender grupos de intereses creados.

Lo llamó “la gran tapadera”. Más adelante decidió que las funciones de este organismo podían ser absorbidas por la Función Pública o alguna otra dependencia bajo su mando, dado que “ya no es el tiempo de los gobiernos corruptos que dominaron durante el periodo neoliberal y que tenían que andar escondiendo información, reservándola” (habría que preguntarle cuántas reservas lleva esta administración).

El quórum legal para que el Inai sesione debe ser de 5 comisionados. Por omisiones del Senado, existen tres puestos vacantes desde el 1º de abril de 2022. Anta la imposibilidad de reunir los votos necesarios para modificar la Constitución, el presidente decidió impedir que pudiera sesionar.

En abril pasado se filtró el audio de una conversación privada entre senadores afines al obradorismo y el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López. En esa reunión, el titular de Segob dijo que “el mundo ideal” del presidente era que no se nombraran nuevos comisionados, dijo: “Lo que más nos conviene es que haya un periodo de impasse”. “Yo creo que estamos en el mundo ideal, no tenemos ninguna urgencia”, afirmó.

López sostuvo más tarde que se había distorsionado “el contenido de una conversación privada”.

Sin embargo, el Inai quedó paralizado durante dos meses, y una de las fichas que el presidente ha admitido que tiene en la Corte, la ministra Loretta Ortiz (la otra es la impresentable Yasmín Esquivel), le impidió sesionar con los cuatro comisionados disponibles. En ese tiempo quedaron sin resolver 5,200 solicitudes de acceso a la información: en ese tiempo, bajo el mismo argumento, se pisoteó un derecho arduamente conquistado por los mexicanos: “¿Para qué?”, “es un gasto innecesario”, “ya no son los tiempos de la corrupción”.

Fue precisamente una Suprema Corte autónoma la que otorgó al Inai una habilitación para sesionar con solo cuatro comisionados y garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales.

El 7 de diciembre se tendrá que elegir una nueva presidencia en el Inai. Figuran los nombres de Norma Julieta del Río Vargas, Josefina Román Vergara y Adrián Alcalá Méndez.

La primera, cercana a la 4T, ha sido consejera del morenista David Monreal, es considerada una persona “influyente” en el gobierno del zacatecano, y ella misma declaró a un medio de esa entidad que, “si se puede”, lo seguiría “acompañando, asesorando”.

Gracias al Inai se conocieron, por ejemplo, los contratos entre Pemex y Baker Hughes, entregados por el gobierno mexicano en las mismas fechas en que uno de los hijos del presidente se mudó a Houston y habitó la suntuosa Casa Gris.

La lista es larga. Esta es solo una de las cosas de las que los mexicanos hemos podido enterarnos por las vías de acceso a la información gubernamental que garantiza ese organismo “innecesario” en tiempos que “ya no son de la corrupción”.

La fecha está encima. López Obrador quiere invalidarlo. Sería terrible que llegara a colonizarlo.

En los últimos días de octubre, al menos nueve personas, entre estas un menor de edad, fueron privadas de la libertad en el fraccionamiento Bosques del Rey, ubicado en Culiacán, Sinaloa. El comando que se las llevó buscaba a una persona de nombre Alberto “N”. Se lo llevaron a este, a su esposa y a un menor de solo 13 años.

Los cadáveres de ocho de los secuestrados aparecieron cuatro días más tarde a 50 kilómetros de distancia, en distintos puntos de Tamazula, Durango.

Algunos de los cuerpos, entre estos el del menor, fueron abandonados con las manos esposadas en la espalda en distintas calles de la cabecera municipal. A otros los tiraron en la carretera. Mostraban signos de tortura. Las víctimas habían sido asesinadas a tiros.

Había cartulinas con el mensaje, “Esto les va a pasar a todos los dedos y sapos”.

Tamazula es una región completamente controlada por Ismael El Mayo Zambada. Su grupo armado, conocido como Los Rusos, y comandado por Miguel Ángel Gaxiola Quintero, libra una guerra en la capital de Sinaloa en contra del jefe de seguridad de los hijos del Chapo, Néstor Isidro Pérez Salas, apodado El Nini, por quien la DEA ofreció hace meses una recompensa de hasta 3 millones de dólares.

El Nini, el 19 o el 09 fue incluido recientemente en la lista de los más buscados por la DEA, al lado de Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Óscar Noé Medina González, alias El Panu, un jefe de alto nivel del Cártel de Sinaloa, cuya función consiste en supervisar las redes regionales y de sicarios que esta organización criminal mantiene en operación a lo largo del territorio nacional, y al que la DEA considera uno de los dos responsables del aparato de seguridad de Los Chapitos.

Documentos del Ejército han vinculado al Nini a la cabeza de las violentas acciones realizadas por el Cártel de Sinaloa, que llevaron al presidente López Obrador a ordenar la liberación de Ovidio Guzmán en octubre de 2019, durante el llamado Culiacanazo.

El Nini ha señalado asimismo como el encargado de enfrentar a las fuerzas federales que en enero pasado irrumpieron en El Tamarindo para detener por segunda ocasión a Ovidio Guzmán, durante un tiroteo en el que incluso fue atacado el aeropuerto de Culiacán.

En esta última ocasión la violencia desatada llegó a tal punto que autoridades estatales pidieron a la población no salir de sus casas.

Néstor Isidro Pérez Salas cobró notoriedad en fechas recientes cuando, en una entrevista con Anabel Hernández, Dámaso López Serrano, El Mini Lic., hijo de quien fuera el brazo derecho de El Chapo lo definió como un “trastornado que asesina por puro pasatiempo” y relató que su ascenso dentro de la organización se debió a que “lo mandaban a hacer cosas y las hacía”: “‘¡Mata a aquel’ y decía ‘sí’, no preguntaba ni por qué o cómo, él solo iba y lo hacía”.

Según el relato de El Mini Lic., Iván Archivaldo Guzmán lo llevó a su lado precisamente por su crueldad y “supo sacarle jugo”, como nadie, a su instinto asesino. “Puso bajo sus órdenes primero a un mini ejército de 30 personas que con el paso se volvieron 100”, declaró.

Tras la detención en San Diego, apenas en enero pasado, de un operador del Cártel de Sinaloa, y el decomiso de 10 mil pastillas de fentanilo, salieron a relucir en una investigación de la DEA los nombres de Óscar Noé Medina González, El Panu, y de Luis Javier Benítez Espinosa, El 14. Este último había sido el encargado de vender las 10 mil pastillas aseguradas.

El 14 fue ejecutado el pasado 8 de septiembre en Culiacán. Fuentes de seguridad señalan al Nini como responsable de coordinar dicha ejecución. Lo señalan también como el hombre que ordenó el secuestro y asesinato de las ocho personas cuyos cuerpos aparecieron a finales de octubre en Tamazula, Durango.

La presión del gobierno estadounidense ha provocado violentos reacomodos en el grupo de Los Chapos. Esto se mezcla con el sanguinario enfrentamiento entre los Rusos y los Ninis, que se ha traducido en secuestros, desapariciones y ejecuciones.

A finales de septiembre, hombres armados ingresaron en un hospital privado de Culiacán para rematar a un herido. Los guardaespaldas de este último respondieron a tiros. En la balacera, que dejó cuatro muertos, perdió la vida un urgenciólogo.

En medios locales se habla de cateos efectuados en días recientes que tienen como fin lograr la captura de Néstor Isidro Pérez Salas. Al mismo tiempo, otros reportes señalan que el jefe de seguridad de Los Chapitos tiene en la nómina a agentes policiales encargados de advertirle sobre posibles operativos.

Al final nada ocurre y una violencia demencial se extiende sobre la capital del estado.

El 11 de julio de 2021, José Luis Beltrán Araiza, agente del ministerio público de la unidad especializada de combate al secuestro de la fiscalía de Colima, solicitó a Telcel, con carácter de urgente y confidencial, el registro de comunicaciones de diez números telefónicos.

En esa solicitud figuraban, entre otros, los números de telefonía móvil de Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez en la Ciudad de México, el del entonces líder del Senado, el morenista Ricardo Monreal, y el del diputado panista Jorge Romero, entre otros.

El ministerio público pidió informes sobre todo tipo de comunicación realizado por esos números: por transmisión de voz, por buzón vocal, por conferencia y por datos. Quería conocer, a consecuencia de una supuesta investigación por privación ilegal de la libertad, la fecha, la hora y la duración de cada una de las comunicaciones realizadas desde esos números a partir del 7 abril de ese año.

Beltrán solicitaba información de los reenvíos, las transferencias de llamadas, los servicios de mensajería o multimedia empleados, así como la localización de las antenas en las que estas comunicaciones habían “rebotado”.

Más tarde se alegó que “una mujer” había entregado a la fiscalía algunos de estos números, con el argumento de que servirían para esclarecer la privación ilegal de la libertad de una menor.

Unas semanas más tarde, el 3 de agosto de 2021, desde la fiscalía general de justicia de la CDMX, el coordinador de investigación de delitos de alto impacto, César Oliveros Aparicio solicitó el detalle de llamadas de dos números, el primero de los cuales era el de Santiago Taboada. Con motivo “del perfeccionamiento legal” de una carpeta abierta por secuestro, se pidió también nombre y domicilio de los propietarios de estos números, así como el registro de todas las llamadas y conexiones a internet realizados desde el 1º de febrero de 2021 hasta la fecha de contestación del oficio.

El 22 de octubre de ese año, otro funcionario de la fiscalía capitalina, Alejandro Ignacio Santamaría, fiscal de investigación del delito de secuestro, volvió a solicitar información del número de Taboada, así como de otros tres teléfonos más. Esta vez se pidió el detalle de comunicaciones efectuadas desde el 1º de octubre de 2020.

El 27 de noviembre, el fiscal de investigación del delito de secuestro de la CDMX, Alejandro Ignacio Santamaría, volvió a solicitar a Telcel el detalle de llamadas y registros, desde el 27 de agosto de ese año, de cuatro números telefónicos. En esa nueva tanda figuraba otra vez el número del alcalde de Benito Juárez, y se agregaba el de la diputada local del Partido Verde, Alessandra Rojo de la Vega.

En enero de 2022 Peniley Ramírez dio a conocer que cinco alcaldes opositores eran investigados por la unidad de inteligencia patrimonial y económica de la CDMX, de acuerdo con copias de las solicitudes que habían llegado a los bancos, y que ella tenía en su poder. Tanto el titular de la unidad, Daniel Quintero, como el juez Agustín Moreno Gaspar, habían solicitado a la Comisión Nacional Bancaria toda la información sobre las cuentas de Taboada.

El panista, que desde octubre de 2021 había anunciado su deseo de contender por la jefatura de gobierno de la capital, le preguntó a Claudia Sheinbaum en una reunión de alcaldes si existía alguna carpeta de investigación en su contra. Sheinbaum lo negó.

Un año más tarde, su gobierno lo seguía negando: el 6 de febrero de 2023, por ejemplo, el vocero Ulises Lara negó en entrevista con Manuel López San Martín que dicha investigación existiera.

Sin embargo, en tres mensajes recibidos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, Santiago Taboada había sido advertido por un funcionario de la fiscalía de que sus comunicaciones eran objeto de vigilancia y había varias carpetas abiertas en su contra. “Cuídese”, le escribió. Según Peniley Ramírez, uno de los mensajes indicaba que a Taboada le estaban inventando delitos.

El gobierno de la ciudad y la fiscalía capitalina siguieron negando la investigación. Pero los oficios enviados a Telcel, debido a los cuales esta compañía se vio obligada por ley a entregar la información requerida, revelan que la investigación seguía adelante todavía el 20 de junio de 2022, casi un año después de que las primeras solicitudes fueran giradas: en esa fecha, el fiscal de investigación de asuntos relevantes, José Antonio Onofre Polvo, volvió a incluir el teléfono de Taboada en un oficio, a través de la cual pidió todos sus registros desde el 1º de julio de 2021.

El panista promovió acciones legales para tener acceso a las supuestas carpetas: un juez de amparo solicitó información a la fiscalía, a los jueces de la ciudad, y a Telcel. Esta compañía admitió que había entregado la documentación solicitada. Taboada pudo averiguar que estaba involucrado en 14 investigaciones por secuestro y en dos por desaparición forzada.

Según el explosivo reportaje publicado la semana pasada por The New York Times, la actividad telefónica de más de una decena de políticos y funcionarios fue monitoreada por la fiscalía general de justicia de la CDMX, al menos durante 2021.

La fiscal Ernestina Godoy negó “categóricamente” que la dependencia a su cargo hubiera vigilado a las personas mencionadas en el reportaje y acusó que los documentos consultados por The New York Times eran falsos. Lanzó incluso un comunicado en el que se negó que la fiscalía hubiera solicitado a Telcel escuchas telefónicas o geolocalizaciones.

De manera significativa, unos minutos más tarde el encargado de la comunicación corporativa de Grupo Carso y América Móvil, Renato Flores Cartas, escribió en su cuenta de X, “en relación con la información dada a conocer por el NYT (…) los operadores están obligados, con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a proporcionar información a las Fiscalías”.

Telcel, pues, confirma que entregó la información a que hace referencia el reportaje. Y dicha información no puede ser entregada a un particular, sino solo a la autoridad competente.

Mala señal si ni Claudia Sheinbaum ni Ernestina Godoy estuvieron al tanto del espionaje. Pésima señal si sí estuvieron.

En todo caso, en los 14 expedientes judiciales consultados por los reporteros del diario estadounidense, figuran decenas de números telefónicos que durante más de un año fueron vigilados.

El reportaje del NYT es solo el anuncio del alud que a las autoridades capitalinas les podría caer encima.

El presidente López Obrador reveló ayer que quiso advertir que el huracán Otis “venía cañón”, pero que tomó la decisión de no hacerlo:

“Con esto basta”, dijo.

Se refería al mensaje enviado vía X a las 8:15 de la noche del 24 de octubre, en el que anunció que un huracán categoría 5 iba a entrar entre Acapulco y Tecpan de Galeana de las 4 a las 6 de la mañana. El mensaje en el que escribió:

“Acepten trasladarse a refugios, mantenerse en lugares seguros, alejados de ríos, arroyos, barrancas, y estén alertas, sin confiarse”.

Desde las 5 de la mañana de ese día, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos había lanzado la alerta de que Otis iba a convertirse en huracán.

A las 3 de la tarde, el CNH informó que el meteoro había pasado a la categoría 3 y se hallaba a 60 kilómetros de Acapulco. A las 4:10 un nuevo mensaje informó que el huracán era ahora de categoría 4 y sería “peligroso” al impactar la costa.

A las 6 de la tarde la alerta era clara: se esperaba que Otis alcanzara la categoría 5, de máximo poder destructor, a las 12 de la noche.

Más de 15 horas después, López Obrador decidió informar a la población de Tecpan y Acapulco de lo que se les venía encima. Lo hizo en forma de un “atento aviso” que no daba cabal cuenta de la magnitud del monstruo que en unas horas destrozó el 90% de Acapulco.

En su “mañanera” de ayer, López Obrador confesó que supo de la gravedad de Otis desde antes de las 6 de la tarde:

“Recibí el reporte de las 6, luego otro reporte de esos aviones cazahuracanes, hablando de que se iba a intensificar”.

Hay que insistir en que el reporte de las 6 al que se refiere el presidente fue el que advirtió que el huracán iba a alcanzar la máxima intensidad.

López Obrador confesó que cuando estaba escribiendo su mensaje pensó “en decirlo más fuerte: o sea, ‘viene cañón’, algo así, pero dije: ‘No, con esto basta’”.

Creyó que con un mezquino número de caracteres escritos dos horas después de recibir el reporte que anunciaba la inmensidad de la catástrofe, bastaba para enterar a la totalidad de la población de la Costa Grande de Guerrero de lo que iba a ocurrir. ¿Cuántos de ellos contarían con redes sociales?

Víctima de sus contradicciones habituales, y para probar, según él, que en aquella fecha trágica su gobierno hizo “todo lo que pudo”, pidió a su vocero que colocara el tuit en la pantalla “porque a lo mejor” tampoco se sabía que había escrito el tuit.

Otis es el mayor desastre en la historia de Acapulco. El reporte de su peligrosidad había sido lanzado al menos dos horas antes de que el presidente minimizara el riesgo y decidiera no avisar que el huracán “venía cañón”.

En enero de 2019, 138 personas murieron a consecuencia de la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo.

La Secretaría de la Defensa detectó una fuga de combustible a las 14:30 horas. Según declaró el propio general secretario, Luis Cresencio Sandoval, una hora y 15 minutos más tarde la población se había aglomerado alrededor del ducto, para llenar bidones.

En poco tiempo había ahí entre 600 y 800 personas. En algún momento, la salida de combustible alcanzó 6 o 7 metros de altura.

Llegó una base de operaciones del ejército formada por 25 elementos que intentaron “persuadir” a la gente para que se retirara. Como no lo lograron, pidieron refuerzos. Llegaron dos bases de operaciones más. Pero la gente no se “persuadió”.

El flujo de combustible se mantuvo constante a lo largo de cuatro horas. Los militares, relató el general secretario, “se hicieron a un costado”.

No fue sino hasta las 18:20 cuando se adoptó la decisión de cerrar las válvulas del ducto.

32 minutos después ocurrió la explosión.

De ese modo comenzó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El presidente calificó la actuación de los militares como “correcta” y “oportuna”. “En el caso de que se hubiese pedido auxilio no se hubiese logrado mucho”, dijo.

138 personas murieron quemadas.

Fue el principio de un sexenio en donde toda omisión iba a ser justificada: un sexenio donde 800 mil murieron durante una de las gestiones del Covid más trágicas del mundo: un sexenio que termina donde forzosamente tenía que terminar: con la sonrisa satisfecha del deber cumplido y la declaración, probada con un tuit, de que “se hizo todo lo que se pudo”.

Con la declaración de “no fueron tantos los muertos”, de que “no nos fue tan mal”, porque “el pueblo de México está bendito”.

Todo lo demás es politiquería y ardor de los malquerientes.

Horas antes de que el huracán Otis devastara Acapulco, en la colonia Infonavit Alta Progreso fueron encontrados dos cadáveres. Tenían las manos y los pies amarrados. Uno de ellos presentaba una rajada brutal en el tórax.

Pero había algo peor: a ambos les habían colocado máscaras de payaso en el rostro. Fue el último, grotesco mensaje que el crimen organizado enviaba antes del huracán. Al lado de esos cadáveres había varios narcomensajes firmados por un tal Comandante 18.

Líder criminal en Acapulco, ligado a Los Rusos (uno de los brazos armados del Cártel de Sinaloa), el llamado Comandante 18 está relacionado con al menos 14 ejecuciones cometidas en el puerto de dos años a la fecha. Su rastro puede seguirse a través de narcomensajes aparecidos en diversos puntos de Acapulco. Todos estos, acompañados de escalofriantes ejecuciones.

En reportes de seguridad, el Comandante 18 figura como uno de los objetivos prioritarios en el estado de Guerrero. Según estos reportes, se trata de un exelemento de la policía ministerial del estado que estuvo bajo las órdenes de Esteban Maldonado Palacios, quien fue director de la policía ministerial, encargado de la investigación de delitos graves.

En octubre de 2021, Maldonado Palacios y el fiscal de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos, aparecieron en un video pidiendo “un favor” a un narcotraficante que se cubría el rostro con un pasamontañas.

Ambos funcionarios cayeron y provocaron la salida en cascada de 20 funcionarios más. Desde entonces había pruebas palpables de la connivencia entre autoridades de Guerrero e integrantes del crimen organizado.

El gobierno de la morenista Evelyn Salgado cerró los ojos. En Acapulco, la presidenta municipal Abelina López culpaba de la violencia a los medios y al clima.

Mientras tanto, el avance criminal llegaba a niveles nunca vistos. A principios del año pasado, más de un centenar de negocios que se negaron a pagar extorsión fueron incendiados.

Al mismo tiempo, arreciaron las ejecuciones: Acapulco se colocó entre los cuatro municipios más violentos de México. Poco antes del huracán han llegado a verificarse hasta 10 ejecuciones en solo 48 horas. Más de 500 asesinatos acompañaron los primeros meses del año.

Unas semanas antes de la irrupción de Otis, dejaron colgado del puente peatonal de la avenida Ruiz Cortines, a unos pasos del Mercado La Laja, el cuerpo de un hombre al que le habían bajado los pantalones. En el narcomensaje de costumbre, Los Rusos lanzaban amenazas contra uno de los líderes del Cártel Independiente de Acapulco, CIDA: Alejandro Magno Acevedo, El Correcaminos.

Se trata de las dos organizaciones que se han repartido el dominio de las actividades ilícitas en el puerto, y que coordinaron los saqueos efectuados tras el paso del huracán. Son las dos organizaciones que han llenado de colgados, calcinados y desmembrados el viejo paraíso de fama mundial.

Un reporte de la Sedena, hackeado por el colectivo Guacamaya, enumeraba los nombres de sus líderes, puntualizaba sus alianzas, y marcaba sus zonas de operación.

En ese documento, Carlos Alberto Soriano, El Ruso, Jesús Orlando Rodríguez, El Gordo, y Víctor Leonel Puza Nogueda, El Erizo, eran imputados como cabecillas de Los Rusos.

Alejandro Magno Acevedo, Irving Magno Acevedo, José Ángel Palacios Galeana y Óscar Aguilar Ortiz, El Roba Vacas, fueron ubicados como líderes del CIDA.

Los militares conocían las colonias que unos y otros controlaban: Zona Diamante, Colosio, Coloso, Cayaco, Costa Azul, Puerto Marqués, Barra Vieja…

Estaban ubicados desde un año antes del saqueo de Acapulco, pero los dejaron seguir. No pudieron o no quisieron detenerlos.

“Se está atendiendo”, fue la excusa constante del presidente de México.

No se atendió, y el 24 de octubre pasado todos ellos dirigieron el saqueo más grande en la historia del país.

Una ciudad entera fue víctima de la rapiña.

Ya dominaban el puerto. Pero después del huracán queda claro que el crimen organizado es el verdadero dueño de Acapulco.

El saqueo y la rapiña que se desataron sobre Acapulco tras el paso del huracán Otis no fueron espontáneos. Los dirigió y coordinó el crimen organizado, de acuerdo con reportes militares y fuentes confidenciales de la Asociación de Bancos de México.

Más de 20 sucursales fueron saqueadas en el puerto. En algunos casos, los cajeros automáticos fueron extraídos, o más exactamente arrancados, con cadenas que eran jaladas por camionetas. En varias sucursales, los criminales lograron llevarse la totalidad de los cajeros.

En otras, los delincuentes emplearon sopletes para intentar extraer el efectivo. Su objetivo principal, luego de romper las puertas blindadas sin que autoridad alguna hiciera acto de presencia, eran las bóvedas.

En algunos casos, lograron ingresar en estas.

Según la Asociación de Bancos de México, 30 sucursales bancarias, de 86 que existen en el estado de Guerrero, fueron víctimas de la rapiña.

Entre ellas figuran BBVA, Santander, HSBC y Citibanamex.

Las mismas organizaciones criminales, fundamentalmente el CIDA (Cártel Independiente de Acapulco) y la organización conocida como Los Rusos (dependiente del Cártel de Sinaloa), coordinaron el asalto a los almacenes y las tiendas departamentales de alta gama.

“Ellos decían dónde, cuándo, cómo. Por radio avisaban por dónde y a qué hora”, reveló una fuente de seguridad del gobierno estatal.

Desde las primeras horas posteriores a la tragedia (aunque hay una fuente que señala que los saqueos comenzaron desde las 10 de la noche del 24 de octubre, dos horas antes de la llegada de Otis),  el crimen movió a taxistas, transportistas y comerciantes ambulantes que se hallan bajo su control.

Del mismo modo dirigió el robo de combustible, que hoy es vendido en la Costera a plena de luz día a bordo de camionetas provistas con anuncios (Gasolina $$), donde se expende hasta en 40 pesos el litro. Medios locales han comenzado a llamar a estos vendedores “los huachicoleros del huracán”.

Al saqueo del 24 de octubre se sumaron, según los reportes, unidades de la fiscalía general del estado de Guerrero, así como elementos de la policía municipal y turística.

En un informe enviado por el Ejército se advierte que el crimen organizado ha comenzado a apoderarse ya de departamentos abandonados por sus propietarios en las exclusivas torres del Acapulco Diamante.

Al llamado del CIDA y Los Rusos se sumaron miles de habitantes que rápidamente hicieron la situación incontrolable.

El crimen organizado se apoderó ya de Acapulco, que era ya una de las ciudades más violentas del mundo, en donde solo 15 mil militares —además de tomar parte en las labores del plan DN III—, deben velar por la seguridad de 800 mil personas, y en donde fueron heridas amplias zonas en las que los cuerpos de seguridad ni siquiera se han asomado.

El 90% de la Costera y la Zona Diamante fueron arrasadas por Otis. No se han cuantificado los daños en las más de 450 colonias y más de 100 asentamientos irregulares que existen en el municipio.

Tampoco se tiene una cifra exacta de muertos y desaparecidos.

Fuentes militares aseguran que el número real se mantiene oculto como parte del control de daños ordenado desde la Presidencia de la República.

El 2 de noviembre, a través del Diario Oficial, la coordinadora de Protección Civil Laura Vázquez hizo una declaratoria de desastre natural que abarcaba  47 municipios afectados —por lluvia severa, vientos fuertes e inundaciones— en el estado.

Menos de 24 horas más tarde, sin explicación alguna, la declaratoria se redujo a solo dos: Acapulco y Coyuca de Benítez.

El presidente López Obrador minimizó primero el desastre. Más tarde, cuando cobró conciencia de su verdadera magnitud y constató la incapacidad de su gobierno y de los militares para garantizar la seguridad y llevar a cabo la reconstrucción de puentes, caminos y construcciones en más de 40 municipios, ordenó que la declaratoria fuera modificada. El fin es exactamente el mismo: tener la capacidad de imponer una narrativa como forma de controlar los daños.

Al convocar a una caravana contra la minimización de los daños que dejó el huracán y para exigir apoyo suficiente para las zonas que Otis dejó devastadas, Ramiro Solorio, dirigente de Movimiento Ciudadano en Acapulco, hizo una enumeración precisa del manejo que López Obrador ha hecho hasta hoy de la tragedia:

“No recorrió una sola colonia. No escuchó a la gente. No dimensionó el problema. Regatea recursos para la reconstrucción y privilegia obras faraónicas. No quiso etiquetar a Guerrero ningún fondo de apoyo en el Presupuesto de Egresos 2023. Intenta minimizar la tragedia. No quiere entender que hay hambruna y emergencia sanitaria”.

Al borde del hambre, de un desastre sanitario y de la violencia social, Acapulco está en manos de “los huachicoleros del huracán” y del crimen organizado que encontró en el desastre una forma de ampliar y de asegurar el control que ya tenía sobre el puerto.

Desde una cuenta de reciente creación, se “filtró” ayer una supuesta llamada telefónica del jefe de gobierno Martí Batres:

“Oye, la candidata me pidió dejar de apoyar a Clara. Ya me pasaron cómo salió en la encuesta y sí va muy abajo, ¿no?, pero tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género… eh… Yo ya le dije a Dani que le siga pegando Hernán, con Viri, y a ver si saca algo más Ana, porque lo último del Mini Lic nomás no pegó.

“Hay que seguir creciendo a Clara y no soltar la campaña contra Omar en redes y seguir sacando encuestas que pongan empate y mover todo lo que le ha pegado en redes. Y no me malentiendas por favor, no es que no quiera hacerle caso a la jefa, ¿eh? Es que creo que no está viendo las divisiones ni el panorama completo desde la ciudad. ¿Me confirmas de enterado, por fa?”.

En tiempos en que la inteligencia artificial está siendo empleada como parte de las guerras mediáticas, la autenticidad de la supuesta filtración fue negada de inmediato por Martí Batres: “Aclaro que es totalmente falso. Nunca he hecho tales afirmaciones”, expresó el mandatario.

La misma “filtración”, por otra parte —en vista de la andanada mediática a que ha sido sometido en las últimas semanas el candidato puntero en las encuestas— hizo que personajes del círculo cercano de Omar García Harfuch levantaran la ceja: la supuesta llamada recoge un conjunto de medias verdades que flotan en el seno del partido oficial y lo mantienen en un estado de ebullición que cada día va en aumento.

Batres había desmentido ayer mismo, luego de que el Partido Verde Ecologista amagara con deslindarse de Morena si no se optaba por García Harfuch como su candidato a la jefatura de gobierno, que existiera división alguna dentro del partido. Descartó incluso la posibilidad de una ruptura. Negó la división entre “radicales” y “moderados”.

Todo lo contrario a lo que han estado advirtiendo analistas y plumas afines al obradorismo, para quienes la grieta dentro de Morena ya existe y se ha expresado de diversas formas en contra de la candidatura del exsecretario de seguridad pública de la capital.

El 24 de octubre “la coordinadora nacional de la defensa de la cuarta transformación”, Claudia Sheinbaum recibió el revés más serio desde que inició hace más de un año su campaña por la Presidencia de la República.

Ese día, en un acto programado en el Estadio Azul, en el que iba a firmarse un supuesto Acuerdo por la Unidad, la unidad se rompió.

A tres horas de la llegada de los primeros acarreados a bordo de camiones y microbuses procedentes de diversas alcaldías, el estadio azulgrana no se había llenado ni siquiera a la mitad.

Una hora y media después del momento planeado para la aparición pública de Sheinbaum, el presidente nacional de Morena y el líder del partido en la CDMX se vieron obligados a cancelar “el encuentro masivo con la militancia”. Sheinbaum se encontraba en el estadio, pero se negó a salir.

Con voz de funeral, el presidente de Morena en la capital del país tuvo que reconocer que “mucha gente que quisiera estar aquí no se enteró”.

Dentro de las filas mismas de Morena comenzó el reparto de culpas. Se difundió una lista de los responsables del acarreo en cada alcaldía, así como del número de acarreados que cada uno de ellos se había comprometido a llevar. En esa lista estaban los “radicales” y los “moderados” que según Batres no existen en el partido.

Pero sobre todo, acompañando las fotografías del estadio vacío, se culpó del primer gran fracaso de la candidata a Omar García Harfuch: se le tachó como responsable de “la desmovilización” de Morena.

La devastadora llegada del huracán Otis restó visibilidad a aquel fracaso: de algún modo jugó a favor de Claudia Sheinbaum.

Aquel acto fallido era, sin embargo, un eslabón más en la cadena de rebeliones internas en contra de la postulación de García Harfuch: desplegados, entrevistas concedidas a sus críticos, intensa campaña en redes sociales, revelaciones sobre su pasado y sus supuestos nexos con el crimen organizado, avalancha de publicaciones destinadas a demostrar la inviabilidad ideológica y moral de su candidatura: la imposibilidad de que atrajera el voto opositor, que Morena necesita para ganar la ciudad.

La llamada “filtrada” de Batres puede ser falsa. Mucho de lo que ahí se dice es real. Lo saben las dos partes. La fecha clave en que se dará a conocer la candidatura de Morena se aproxima y la fractura puede convertirse en grieta: está en el ADN de las tribus.

En las largas horas de parálisis gubernamental, la rapiña vació Acapulco. Hoy, frente al panorama de tiendas y negocios completamente saqueados, y con casi la totalidad del puerto en absoluta oscuridad, decenas de colonias y fraccionamientos de Acapulco están poblados de fogatas y barricadas.

Es el escenario de una increíble película futurista. Entre los autos volteados, aplastados, desechos, entre la maraña de postes y árboles caídos, entre toneladas de basura y de lodo, los vecinos han tenido que organizarse para impedir que las muchedumbres que deambulan por el puerto buscando qué saquear lleguen hasta sus domicilios.

“Como abajo ya no queda nada qué robar, no tardan en subir a quitarnos lo que nos quedó”, dice una mujer de la colonia Las Playas.

En las zonas del olvido, los vecinos hacen guardia las 24 horas, armados con palos, tubos, machetes, linternas. Ponen bulto para obstruir la entrada de las calles. Es la hora de las barricadas frente a una ayuda que no llega.

Amplias zonas de Acapulco están anegadas. Comienzan a oler mal. Un ambiente de putrefacción se extiende por las calles.

No hay servicio de recolección de basura y una semana después de la llegada del huracán Otis montañas de desechos se acumulan en todas partes.

En la mayor parte de los asentamientos siguen sin luz. No hay agua potable. La gente se queja de que en algunas tiendas les están vendiendo botellas de un litro de agua en cien pesos.

Filas inmensas para cargar el celular. Filas inmensas para comprar un poco de gasolina. Filas de varias horas para recibir de manos del Ejército una despensa de 17 kilos.

Cada una de esas despensas contiene atún en agua, ensalada de verduras, un mix de fruta deshidratada, frijol cocido, leche entera en polvo, galletas de trigo integral y un guisado “listo para comer”, con pollo, res o cerdo.

Unas 18 mil despensas han sido repartidas en una ciudad donde 800 mil personas se quedaron sin nada.

En colonias como Metlapil, Providencia, Colosio, Vicente Guerero, Navidad, Puerto Marqués y Lucio Cabañas, la ayuda no ha llegado y cientos de personas exigen víveres. Los militares no han pasado aún por esas zonas.

La gente vive racionando la poca comida que han logrado conseguir: una lata de atún, un poco de agua.

“¡El huracán le quedó grande a AMLO!”, grita un hombre que caminó hora y media para llegar a una gasolinera y ahora tiene que regresar sin nada.

Acapulco es la imagen viva de la desolación. Todo luce acabado, destruido. Los lugares exultantes son ahora un triste cascarón.

A muchos no les gustará esta comparación, pero en los tiempos en que Íngrid y Manuel dejaron 200 mil damnificados, sobre todo en el estado de Guerrero, dos secretarios de Estado, entre ellos Rosario Robles, se fueron a vivir a esta entidad durante dos meses. Ahí se instaló un Comité Nacional de Emergencia del que formaron parte el gabinete y los tres órdenes de gobierno y desde ahí, con el lodo en la cintura, se coordinó la reconstrucción.

El presidente no ha visitado la zona de desastre, no ha escuchado a la gente (su gente). De la gobernadora no hay señales. La presidenta municipal no existe.

El primer día tras el paso de Manuel y de Íngrid, con ayuda de Walmart, se entregaron 150 pesos en comida a miles personas –hasta que buques de la Marina y aviones de la Policía Federal arribaron con la ayuda.

Se marcó como prioridad asegurar el abasto total de comida y de agua potable, se marcó como prioridad garantizar el orden y la seguridad. Se instalaron comedores comunitarios en las zonas rurales.

El hoy secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, era entonces el comandante de la zona naval. En esos días vivió y aprendió todo lo que era necesario hacer. Hoy da la impresión de que incluso lo han echado a un lado.

No se enojen, pero el denostado Enrique Peña Nieto fue 18 veces al estado. Está documentado.

Desde la primera semana se hicieron evaluaciones diarias. Se crearon, también, fuentes de empleo temporal. Incluso se cubrieron con cal miles de lugares anegados, para evitar la propagación del dengue y otras enfermedades.

Hoy crece y se extiende la sensación de abandono.

“El Huracán le quedó grande a AMLO”, dice un hombre que una semana después del huracán tuvo que regresar a su casa con las manos vacías.

“¿Dónde está la maquinaria del Ejército que el presidente dijo que iba a traer?”, vocifera un hombre. “¿Quiere que se lo diga? Está en el Tren Maya”.

Acapulco está hundido en el lodo, la basura, la desolación.

Crecen la ira y la sensación de abandono. Otis fue un huracán demasiado grande para un gobierno que ha demostrado ser demasiado chico.

Vienen malos días, semanas, meses, tal vez años. Por lo pronto, ha llegado la hora de las barricadas.