La trama del espionaje de la fiscalía de Godoy

El 9 de julio de 2021, el policía investigador Román Antonio Dueñas García, de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Colima, levantó una supuesta acta de aviso de hechos delictivos.

Según el investigador, ese día, una persona del sexo masculino, “de complexión robusta, tez morena, estatura aproximada 1.70 metros, cabello ondulado color negro, con barba y bigote corto, de aproximadamente 40 y 45 años de edad”, quien se negó a proporcionar su identidad por temor a represalias, llegó a las instalaciones de la unidad con una hoja de papel blanco entre las manos.

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“Únicamente acudo aquí para darles estos números, para que los apunte, por si quieren información sobre el paradero de María del Carmen ‘N’”.

El desconocido le dictó al agente diez números telefónicos.

Dueñas García llevó a cabo la consulta correspondiente. Descubrió que María del Carmen “N” estaba reportada como víctima de privación ilegal de la libertad en la carpeta NJSP/TEC/CI/UECS2/13/2021, y hasta ese momento se desconocía su paradero.

Dos meses antes, la hija de María del Carmen “N”, de nombre Jennifer Karina, había denunciado la desaparición de su madre: relató que la madrugada del 12 de mayo de 2021 golpearon violentamente la puerta de su casa. Ella dormía al lado de su pareja y de su bebé de ocho meses. En una habitación contigua descansaba su madre.

“¡Abre la puerta!”, le gritaron. Varios hombres cubiertos con cubrebocas se introdujeron en la casa. “Noté que traían armas largas y con estas mismas nos empezaron a apuntar”, dijo Jennifer.

Los sujetos “decían ser elementos de la Procuraduría General del Estado”. Preguntaron por el dueño de una moto de la marca Italika que estaba estacionada afuera. Preguntaron también quién era “Carmen”.

Jennifer les dijo que la moto era suya. La esposaron. Su madre salió en ese momento de su habitación. Admitió que la moto, efectivamente, pertenecía a su hija, pero que ella a veces la usaba. Uno de los hombres le mostró a uno de sus compañeros una fotografía de María del Carmen que traía en el celular. “Sí es ella –dijeron–. Espósenla”.

Según la denuncia, uno de los intrusos notó que había una pipa con mariguana dentro de la casa. María del Carmen confesó que era droga para su consumo, “no para venta”.

Los supuestos agentes le taparon la cabeza a María del Carmen con una camisa y la subieron a una camioneta doble cabina. Detrás de esta aguardaba un auto compacto. “Te metes o también quieres que te llevemos”, le dijeron a Jennifer.

No volvió a saberse más de ella.

En vista de que el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que, “cuando el Ministerio Público considere necesaria la localización geográfica en tiempo real o entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones”, estos estarán obligados a entregar “la información solicitada para el inmediato desahogo de dichos actos actos de investigación”, el ministerio público José Luis Beltrán Araiza solicitó al apoderado legal de Radio Móvil Dipsa la información relacionada con aquellos diez números.

La intención, según la fiscalía de Colima, era “estar en condiciones de conseguir más líneas de investigaciones que nos ayudaran a conocer el paradero de la víctima directa”.

Entre los números solicitados se hallaban el del entonces alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. Estaban también el del presidente del PAN en la CDMX, Andrés Atayde, así como los del coordinador del grupo parlamentario del blanquiazul, Jorge Romero, y el del entonces líder del senado, el morenista Ricardo Monreal.

El ministerio público solicitaba, como ya he relatado en este espacio, información sobre todo tipo de comunicación realizada por estos números: por transmisión de voz, por buzón vocal, por conferencia y por datos. Quería conocer la fecha, la hora, la duración de cada una de las comunicaciones.

El 3 de agosto de 2021, con motivo “del perfeccionamiento legal” del caso, se había abierto ya una investigación en la fiscalía de la CDMX, que encabeza Ernestina Godoy. El coordinador de investigación de delitos de alto impacto, César Oliveros Aparicio, y el fiscal de investigación del delito de secuestro, Alejandro Ignacio Santamaría, solicitaron el registro de llamadas de otros personajes: la senadora Lilly Téllez, entre otros. En el caso de Santiago Taboada se pidieron detalles de llamadas y otras comunicaciones desde febrero de 2021.

Fue el inicio de un espionaje que se prolongó durante más de un año e involucró a diversos personajes de la política.

La fiscal Godoy ha negado enfáticamente que esto haya ocurrido. Aún antes de conocer la existencia de las 14 carpetas de investigación que se han abierto en su contra, Taboada recibió diversas advertencias de un alto funcionario de la fiscalía.

La primero le llegó el 13 de diciembre de 2022 y según los “pantallazos” que Taboada entregó a la autoridad, le indicaban que desde la Coordinación General de Investigación Territorial, a cargo de Oliver Ariel Pilares Viloria, se estaban armando, “fast track”, diversas investigaciones en su contra.

Lo que son las cosas: en la lista de personajes espiados figuraba el priista Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa: el mismo que por un berrinche político amenaza con darle votos en el Congreso… a la encargada de la fiscalía que lo espió.

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