El 1 de diciembre de 2018 Andrés Manuel López Obrador juró ante el Congreso cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Fue un juramento en sesión solemne y el viernes se volteó contra él.

Se tendría que ir.

Aunque para una sociedad cuyas élites y sectores informados perdieron su capacidad de asombro, tal vez lo ocurrido sea sólo una anécdota.

Dijo en su discurso de toma de posesión: “Habrá un auténtico Estado de derecho, tal como lo resume la frase de nuestros liberales del siglo XIX, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

Le faltó agregar: ‘por encima de la ley nadie, salvo yo’.

A unos meses de terminar su periodo constitucional, el viernes reciente, lo expresó con todas sus letras: “Por encima de esa ley está la autoridad política, la autoridad moral”.

El Presidente nos informó que ‘la autoridad política’”, es decir él, está por encima de la ley.

Y ‘la autoridad moral’, es decir la suya, también está por encima de la ley.

¿No que nadie por encima de la ley?

Fue una mentira más, podría alegarse con excesiva indulgencia. No es así. Ésta tiene un peso y significado diferentes.

Un presidente que se proclama ‘por encima de la ley’ es un presidente fuera de la ley. No hay mucho que darle vueltas.

El Congreso tendría que pedir la dimisión de Andrés Manuel López Obrador, con base en su autoproclamado poder supralegal, y porque actúa en consecuencia.

No lo va a hacer porque hay mayoría de legisladores morenistas en ambas cámaras. No son demócratas.

Aunque si hubiera sentido de responsabilidad en sus diputados y senadores, obedecerían a la obligación política de exhortar al Presidente a que se vaya, luego de romper expresamente con el régimen constitucional.

La oposición tampoco insistirá en la renuncia del mandatario que se proclamó fuera de la ley. Por encima de ella.

Vienen las elecciones y ya se va, dirán algunos.

¿Ya se va? ¿De veras?

¿López Obrador se va a ir el 1 de octubre?

En realidad, sucederá lo que diga su dedito.

No lo sabemos. Depende de quien gane.

Si triunfa la oposición, ni soñar con que va a dejar el poder.

Él está por encima de las leyes y no va a reconocer una derrota. Nunca lo ha hecho. Menos ahora que está en el poder y nos anunció a los ciudadanos que más allá de lo que obliguen las leyes está lo que dicte él.

Si pierde su candidata en junio, AMLO se quedará hasta repetir las elecciones tantas veces sea necesario, para que se haga su voluntad.

Es posible que, a pesar de oírlo de sus labios y constatarlo con sus acciones, no se haya calibrado lo que significa que un Presidente se haya proclamado la “autoridad moral” que está por encima de las leyes.

Se trata del anuncio del fin de la legalidad. Del Estado de derecho. De las garantías individuales. De la democracia.

En caso de que gane su candidata a la Presidencia en junio, él seguirá siendo la “autoridad moral” que, como lo dijo, estará por encima de las leyes.

No tenemos esa figura en nuestro orden legal.

La hay en algunos países islámicos, y se llama ayatola.

En los regímenes fundamentalistas, como Irán, el presidente y el Congreso están sujetos a la autoridad moral del ayatola.

Esa es la decisión que tomaremos en las urnas el próximo 2 de junio: queremos un país de libertades o no.

Igualdad ante la ley o no.

Una autoridad política por encima de las leyes, o no.

Consagraremos una ‘autoridad moral’, un ayatola, o preferimos Estado de derecho.

Los que dicen que se equivocaron hace seis años tienen ahora la oportunidad de corregir.

Será, tal vez, la última oportunidad.

Es una tarea titánica, porque vencer al régimen presidido por un hombre que se piensa, se proclama y actúa por encima de la ley, es más difícil que quitarse de encima a un autócrata.

No va a soltar el poder.

Para confirmarlo, ahí está la autoproclamación de ser la autoridad moral por encima de lo que mandan las leyes.

Esa ‘autoridad moral’ no le va a entregar el poder a sus enemigos. O al Adversario, para usar el término bíblico que se emplea para referirse al demonio.

Porque de eso va, más o menos, lo que nos está diciendo.

La matanza difundida el martes, ocurrida en la Tierra Caliente de Guerrero, confirma la ausencia deliberada del Estado.

Se rindió sin combatir.

El Presidente deja a México hecho girones.

Pedazos enormes de país, con todo y su gente y sus recursos, se encuentran en manos de los narcos.

Eso no le preocupa a López Obrador, sino el hashtag #narcopresidente.

“Guerra sucia”, dice todas las mañanas desde hace casi un mes.

La única guerra sucia que hay es la de grupos criminales entre ellos y contra los ciudadanos.

Mientras AMLO se pelea con fantasmas, el narco gobierna donde le interesa.

No será con gritos e insultos como se quite el mote de narcopresidente, sino con la devolución de la legalidad y el derecho a vivir razonablemente en paz.

Como ya no lo hizo, o no pudo, o no lo quiso hacer, la percepción pública será la que contiene esa etiqueta.

Seguramente hay cuentas robots que ponen el hashtag que lo enerva, pero un amplio sector de la población así lo piensa. Así lo escribe, así lo grita.

La única forma de desmentirlo era dejando un país en orden.

No lo hizo. Que no sueñe con sofocar a gritos lo que no hizo como gobernante en un sexenio.

Ciento ochenta mil asesinatos durante su gobierno, el más violento de la historia nacional desde la Revolución.

No fue una sorpresa lo que vimos en Totolapan. Hombres mataban a otros en el suelo. Tiro de gracia. Burlas sobre sus cadáveres y les prendían fuego.

Se trata de escenas recurrentes de un torbellino imparable.

Vendrán otras, y otras y otras, porque López Obrador sólo es perseverante en su lucha contra sus adversarios políticos.

Muy valiente para atacar a los que marchan en defensa de la democracia.

Contra la legalidad y la democracia es un golpeador infatigable.

Pero ante el poder del narco, ni por asomo muestra el libro ¿Quién manda aquí?

Fue el que enseñó a los empresarios cuando canceló el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Más vale ver la realidad de frente para saber dónde estamos parados: el Presidente entregó México a los cárteles de los narcotraficantes.

Algunos dirán que no todo, que cedió sólo una parte de México y seguramente menos de la mitad.

Con tal de no dar la batalla para frenarlos y someterlos, optó por capitular.

Los que ensalzan la voluntad indoblegable del Presidente, que le vayan buscando otra virtud porque esa que presumen no es verdad.

Es un mito que Andrés Manuel López Obrador sea indoblegable.

Lo presumió Donald Trump. “Nunca había visto a alguien doblarse así”, escribió en Twitter.

Eso que pudo ser una excepción por razones estratégicas, es una constante.

También se dobló ante el narco.

Lo vimos cuando ordenó la liberación de Ovidio, que ya estaba detenido por el Ejército.

Supongamos, con ganas de darle la razón, que con esa orden evitó una masacre en Culiacán.

¿Y después? ¿Qué hizo?

Nada. Dejó hacer, dejó pasar, hasta que vino Biden.

En la conferencia mañanera del martes contó que hace unos seis meses los grupos criminales tomaron Chilpancingo y “lo que hicimos fue no caer en la provocación, se retiró la Guardia Nacional, porque querían la confrontación. Entonces, tomaron Chilpancingo”.

Supongamos otra vez, con ganas de darle la razón, que las Fuerzas Armadas no sometieron a los criminales para evitar un enfrentamiento en la capital guerrerense.

¿Y después, qué ordenó hacer para aplicar la ley y proteger a la población?

Nada. Abandonó el estado. Lo entregó a los narcos.

Gente esforzada quedó sometida a la extorsión de los cárteles. Tomaron la distribución de carne de res, de puerco, pollo, refresco y cerveza, bares, centros nocturnos y el transporte público.

¿Y el Presidente?

El Presidente puso a los Salgado Macedonio al frente del estado de Guerrero. Se los entregó.

Horas antes de conocerse la matanza en Tierra Caliente, le preguntaron a López Obrador en su conferencia:

-¿Por qué creció tanto la delincuencia?

-Porque se abandonó al pueblo y la gente no tenía ningún apoyo. El rector Narro acuñó la frase o la repitió, o se la fusiló, pero él se jactaba de decir que los jóvenes eran ‘ninis’, y se reían todos de esta manera despectiva de llamarle a los jóvenes ‘ninis’, ni estudian, ni trabajan, un poco como el pensamiento de los de la marcha –contestó.

Sólo dispara insultos contra personas de bien.

Tuvo más de cinco años para revertir la violencia, e hizo lo contrario. La multiplicó.

De acuerdo con su argumento, ya no existen las causas de la violencia:

“Ahora no, ahora se atiende a los jóvenes. El que no tiene trabajo, el que no está estudiando, se le contrata, se le paga un salario mínimo, trabaja de aprendiz en una tienda, en un taller”, dijo el martes.

Vamos al grano y sin eufemismos: el Presidente entregó el país al narco.

Los cárteles ya tienen base social, lo que hará casi imposible erradicarlos.

Más vale ver la realidad.

AMLO no está rebasado, como creíamos.

Está entregado, como podemos ver.

Era Carlos Urzúa o Rocío Nahle.

No cabían los dos en el gabinete.

Apenas siete meses después de iniciado su mandato, el Presidente tomó la decisión que marcó el sexenio en el terreno económico.

Urzúa era el ancla para un gobierno sensato y Rocío Nahle la cilindrera de las ocurrencias.

Con Nahle estaba el poderoso director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

El Presidente optó por el tándem Nahle-Bartlett y mandó al diablo la sensatez de Carlos Urzúa.

Fue el 9 de julio de 2019. Renunció el secretario de Hacienda.

Un día después, el 10 de julio, los motivos de su salida se expusieron en esta columna:

Las principales diferencias que lo llevaron a dejar el cargo fueron con las acciones tomadas por Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad y por Rocío Nahle en la Secretaría de Energía.

Para Urzúa, Bartlett en la CFE es un peligro para el gobierno y para el país.

Urzúa consideró de consecuencias sumamente graves que CFE haya impugnado ante tribunales internacionales el contrato –y frenado la puesta en operación– del gasoducto submarino que viene desde el sur de Texas hasta Tuxpan.

El 11 de junio se terminó de construir el gasoducto, hecho en alianza por las empresas IEnova (filial de la estadounidense Sempra) y la canadiense Transcanada. Para poder proveer el servicio de trasporte de gas, la CFE debió emitir una constancia de aceptación y no lo hizo, sino que se fue a tribunales para anular parte del contrato.

Carlos Urzúa no estuvo de acuerdo con desconocer ante tribunales un contrato firmado por el Estado mexicano, por el golpe a la confianza de los inversionistas que ello implica.

Eso es gravísimo, se quejó el exsecretario de Hacienda.

Y lo fue también porque era uno de los proyectos de infraestructura más importantes de los últimos años, con capacidad para transportar 2 mil 600 millones de pies cúbicos de gas natural, diariamente.

Con ello se incrementaba en 40 por ciento la capacidad de importación de gas para el país.

Las decisiones en CFE pavimentaron la renuncia de Urzúa.

En total CFE solicitó arbitraje internacional en contra de siete contratos de gasoductos que estaban firmados por las autoridades mexicanas y eran beneficiosos para el país.

Entre las medidas de Bartlett que Urzúa consideró graves, estuvo afectar directamente a Nancy Pelosi, la líder demócrata del Congreso de Estados Unidos, con la impugnación de contratos que ya estaban firmados y aceptados por el Estado mexicano.

Pero esa no fue la única razón por la cual Carlos Urzúa presentó su renuncia a la Secretaría de Hacienda el día de ayer.

También estaba profundamente preocupado por las decisiones de la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle.

Hace poco más de dos semanas la Secretaría de Energía retiró las siete áreas contractuales que estaban incluidas en la licitación CNH-A6-7 asociaciones/2018, por lo que el proceso quedó sin efecto.

Fue otro golpe grave a la confianza para los inversionistas que dañó al país, y Carlos Urzúa advirtió de lo peligroso de tomar ese tipo de medidas.

No podía el secretario de Hacienda recorrer las capitales financieras del mundo ofreciendo certezas para invertir en México, mientras aquí Manuel Bartlett y Rocío Nahle hacían exactamente lo contrario.

El presidente López Obrador, en lugar de apoyar a su secretario de Hacienda, protegió a Bartlett y a Nahle en sus decisiones.

Lo mismo ocurrió con los anuncios de arranque de la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Urzúa es un viejo amigo personal de López Obrador, relación que no se rompió aun después de haber renunciado a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, cuando AMLO fue jefe de Gobierno.

Sin embargo, el exsecretario de Hacienda fue un crítico de algunas de las políticas del gobierno del cual formó parte hasta ayer: la cancelación del aeropuerto, la construcción precipitada de Dos Bocas, la intromisión de Alfonso Romo en su área de competencia, y las decisiones de Bartlett y Nahle al frente de CFE y Sener.

Tampoco estaba de acuerdo con aspectos de la conducción de la política interna del país.

De hecho, no asistió al mitin en Tijuana luego de los acuerdos alcanzados en materia migratoria con el gobierno de Estados Unidos.

Nunca quiso ingresar a Morena.

Mantuvo la estabilidad financiera del país en medio de decisiones irracionales y contrarias a la generación de confianza para invertir.

Hoy Carlos Urzúa está fuera de la Secretaría de Hacienda, por decisión propia, porque no contó con el respaldo de su amigo y jefe, el Presidente, cuyo proyecto es otro.

Esas fueron las razones de su salida del gobierno, un hecho que marcó el derrotero del sexenio en el terreno económico.

Se optó por las ocurrencias y el despilfarro de dinero y de oportunidades.

Murió Carlos Urzúa, un hombre sensato y valiente.

Lo que México está viviendo no puede quedar desdibujado en la bruma de las campañas o bajo el peso del negacionismo y la mentira.

Guerrero es un estado sin ley, y las matanzas se suceden sin consecuencias en casi todos los estados de la República.

El país pide a gritos poner freno a la tolerancia del gobierno ante la acción criminal de los cárteles.

Nuestro gobierno cree que a la administración federal de Estados Unidos la engañó con lo que allá llaman gaslighting (negación de hechos sumamente evidentes), como que “en México no se produce fentanilo”.

Eso es tanto como negar que aquí se produzcan vehículos porque algunas partes llegan de Brasil, Taiwán o Estados Unidos.

Mientras se trafica al norte con fentanilo, heroína y cocaína, se pierde el control de la frontera sur que se disputan los grades cárteles y toman el negocio del tráfico de indocumentados.

México vive una situación de vulnerabilidad y de terror.

El país se nos escurre entre las garras de la delincuencia autorizada, o tolerada, y desde luego negada.

Matan de verdad, extorsionan de verdad, asaltan y asesinan de verdad en las carreteras. No es invento de “los conservadores”, sino una realidad inaceptable.

Es una urgencia nacional que se escuche el grito de “ni una elección más financiada por el narcotráfico”.

Las dos candidatas presidenciales tendrían que elaborar las bases de una política de Estado en seguridad, con la sincera intención de recuperar la vigencia de la ley y frenar a los grupos criminales.

Que lo firmen las candidatas.

Con toda seguridad habría coincidencias entre los asistentes a las manifestaciones del domingo y la mayoría de los que votarán por Morena en junio.

Unos lo gritan y otros lo callan por razones electorales.

Las consecuencias del avance del narco y cárteles de todos los giros del abanico delictivo las padecen los ciudadanos sin distingos de preferencias políticas.

Haber partidizado el tema de la violencia en el país ha resultado catastrófico para la población.

Según el gobierno vivimos más seguros que nunca y los que denuncian la vorágine criminal son “conservadores”, quieren “afectar nuestro proyecto”, buscan “recuperar privilegios”.

Eso es gaslighting. Mentiras machaconas para desviar la atención de su ineptitud. U ocultar compromisos de beneficio mutuo del partido gobernante con el crimen. O maromas para no reconocer el error de “abrazos no balazos”.

No se puede seguir así. No más narco.

Del actual gobierno, a unos meses de irse e instalado en el negacionismo, ya no se puede esperar nada.

Pero si las dos candidatas a la Presidencia presentan, de manera conjunta, una plataforma común de inequívoco compromiso para combatir a los cárteles, el país podrá tener esperanza de que hay luz al final del túnel.

Ya en los respectivos programas de gobierno que se subrayen matices y diferencias, pero con una base común: la ley es la ley.

Qué mayor evidencia de que no contamos con el gobierno para desactivar o someter a los grupos criminales que los pactos que busca la Iglesia entre los cárteles de Guerrero.

Con las actuales autoridades no se cuenta, por lo que es indispensable comprometer a la administración que comienza el primero de octubre.

Nada de pactos con el narco.

Sí al acuerdo entre dos mujeres que aspiran a gobernarnos, y una de ellas lo hará.

Las organizaciones de la sociedad civil, dirigencias empresariales, gremios y las iglesias, podrían jugar un papel activo a fin de incentivar a las dos candidatas a un compromiso.

Dijo ayer el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi: “Los obispos intentamos hablar con estos líderes porque no podemos quedarnos sólo en quejas y lamentos contra el gobierno, que no ha logrado pacificar al país”.

Qué claridad tan terrible:

La Iglesia habla con los grupos criminales porque el gobierno no ha podido pacificar al país, dice el respetado obispo emérito.

¿Por qué va a pacificar, si tenemos más paz que nunca?

No es tarea de la Iglesia tejer pactos y alianzas entre grupos criminales. Por ese camino, también sus obispos resultarán manchados.

Corresponde al gobierno gobernar, garantizar la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos, la libertad de tránsito y mantener el monopolio del uso de la fuerza. No lo hace.

Y henos aquí con la Iglesia en la gestión política de pactos entre cárteles criminales para que se repartan territorio y población.

Mejor que aliente un pacto entre las candidatas.

Las dos acaban de ir al Vaticano. Que no les salga gratis.

Venga un acuerdo por el bien común:

No más narco.

Ni una elección más financiada por cárteles criminales.

Era de esperarse. La elección se comienza a cerrar.

Aunque por lo observado en estos días, la tendencia apunta a una contienda mucho más disputada de lo previsto en el cuartel de campaña de la candidata del oficialismo.

Ese cuartel de campaña está en Palacio Nacional.

Nunca se había visto al Presidente tan descompuesto como ahora. Hasta físicamente.

Ayer le preguntaron sobre si aceptaría una hipotética victoria de la candidata de oposición, y trastabilló. “Mejor cambia de ejemplo”, dijo.

La respuesta lógica, evidente, y sobre todo cuando se tiene la certeza del triunfo, es sí.

Se fue por las ramas para concluir que “la voz del pueblo es la voz de Dios”. (Algo así debió pensar Pilatos cuando el pueblo le pidió crucificar a Jesús y liberar a Barrabás).

En la misma conferencia, ayer, uno de los voceros de Comunicación Social de la Presidencia –habilitado como periodista– expuso una teoría hasta ahora inédita del asesinato de Luis Donaldo Colosio, para meter a como dé lugar la insidia en la conversación pública.

Algo anda muy mal como para recurrir a una perversidad de ese tamaño. Lo que anda mal, para sus fines, es la elección.

Las encuestas pagadas, que ponen a la candidata del gobierno más de 20 o 30 puntos arriba, sirven para desalentar, aunque no para ganar.

Morena puso el grito en el cielo por la decisión del INE de contratar a Signa Lab para que seleccionara en las redes sociales las preguntas que se harán en el primer debate de las candidatas.

Signa Lab pertenece al Instituto Tecnológico y de Estudios de Occidente, es de los jesuitas, y los representantes de Claudia Sheinbaum impugnan al ITESO porque la directora de Signa Lab, dicen, es crítica de la 4T.

¿Por qué tanto nervio si están 20 o 30 puntos arriba?

Lo mismo el Presidente, ¿por qué insulta a la candidata de oposición como lo hace en su reciente libro?

¿Por qué interviene públicamente en la elección, cuando la ley se lo prohíbe?

Si su candidata llevara esa ventaja, inalcanzable según sus números, ¿para qué agredir? En todo caso les conviene una elección limpia, inobjetable.

Desconozco si la intervención diaria del Presidente en contra de Xóchitl y en favor de Sheinbaum le reste votos a la abanderada de la oposición. Quién sabe.

Lo que sí es un hecho es que las palabras presidenciales son órdenes a los gobernadores y dirigentes de Morena, a los operadores de las granjas de bots de la Presidencia y a sus medios afines –casi todos– para que pongan el turbo.

¿Por qué? Con tanta ventaja no sería necesario.

Xóchitl creció antes de que inicie la campaña. Eso no estaba en el libreto.

La incompetencia del gobierno empieza a manifestarse en temas delicados donde no tienen excusas ni manera de culpar a nadie, más que a ellos mismos. El agua.

¿Qué respuesta dan a la crisis de agua, luego de cinco años en el gobierno sin una sola obra hidráulica importante?

¿Dónde está el dinero del Fondo de Desastres, que desaparecieron?

No pueden decir que “los neoliberales” les dejaron secas las presas.

Tampoco pueden decir que no les dejaron dinero para obras.

Se gastaron todos los ahorros que heredaron de “presidentes neoliberales”. Y lo tiraron en el tren y en Pemex, donde perdemos hasta la camisa.

Xóchitl Gálvez, nos agrade o no, se acerca al primer lugar, antes y con mayor fuerza de lo previsto, como reacción a un mal gobierno.

Y como rechazo a la polarización y odio que esparce a diario el Presidente de la República. Se excedió.

En el equipo de Claudia Sheinbaum hacen control de daños por los insultos y provocaciones cotidianas del Presidente a los medios de comunicación.

La semana pasada, el (hasta ahora) encargado de la comunicación social de la candidata del gobierno, Alfonso Brito, viajó a Nuevo León para reunirse con dueños y directivos de medios.

Durante la comida, en el restaurante La Torrada del municipio de San Pedro Garza García, Brito les dijo que –a diferencia de AMLO–, Claudia no quiere pelearse con los medios.

El mensaje fue que “hay que normalizar la relación con los medios”.

Luego de eso vino la renuncia del subsecretario de Gobernación, César Yáñez, para incorporarse al área de comunicación social de la candidata.

Yáñez es 100 por ciento leal a López Obrador. Quienes lo hemos tratado alguna vez nos constan sus buenos modales y su fidelidad incondicional a AMLO. Esto último lo narra con detalles Luz Elena Chávez en su libro.

¿Por qué el Presidente lo mandó a reforzar una campaña que –según dicen– ya ganó las elecciones? Sume usted lo que se ve:

El nerviosismo en Palacio, y un ‘plebiscito’ inventado, con una pregunta insultante.

La exacerbada desmesura del Presidente para maltratar a una candidata que –dicen– no tiene ninguna posibilidad de victoria.

Los gritos de guerra a gobernadores y funcionarios para redoblar los ataques.

La canallada de usar a un orador de utilería en la conferencia mañanera y reactivar con insidias la discusión sobre el asesinato de Colosio.

Atropellar la ley y la investidura presidencial para meterse al juego sucio de la campaña.

La acentuada y bochornosa presión sobre los dueños de medios de comunicación…

¿Por qué, si ya tienen la continuidad en la bolsa?

Porque al parecer la ganadora será Xóchitl.

En la plataforma electoral que presentó Morena ante el INE viene la reforma que faltaba para darle la puntilla a los pilares de la vida democrática: “Garantizar la neutralidad” de los medios de comunicación.

De ganar la mayoría en el Congreso en las próximas elecciones, van a consumar la venganza contra la crítica a través de una mordaza.

Adiós al periodismo libre, pues estaría atado a los criterios de los guardianes del “interés público”

La reportera Diana Benítez, de El Financiero, encontró que Morena registró ante el INE su plataforma electoral, en la que se propone “democratizar a los medios de comunicación”, a fin de “poner coto a la infodemia”.

Hace unos días el Presidente entregó 20 propuestas de reformas para, entre otras cosas, acabar con la autonomía del Poder Judicial.

Con esas reformas se entrega el control de las elecciones al partido mayoritario, Morena.

Propone desaparecer los diputados plurinominales, con lo que garantizarían tener 62 por ciento de las curules con sólo 42.8 por ciento de la votación (es el porcentaje de sufragios que obtuvo en 2021 la coalición Morena-PT-Verde).

Ahora pasarán del ataque a periodistas desde Palacio Nacional, la presión a los dueños de los medios por lo que escriben o dicen analistas, conductores y reporteros, al control de los contenidos.

Diana Benítez informa que el programa de Morena señala que “es preciso fortalecer a los medios estatales para que tanto éstos como los medios privados respondan al interés público, a las mejores prácticas informativas, a la apremiante necesidad de poner coto a la infodemia, y de contribuir al debate plural, abierto y respetuoso que es requisito de la vida democrática”.

Aún no es proyecto de ley, pero se encuentra en la plataforma que entregó a la autoridad electoral el partido Morena.

Es a lo que se comprometen en caso de ganar las elecciones.

Sobre aviso no hay engaño.

Ya se sabe, no toleran contrapesos ni voces diferentes a las suyas.

Ahora lo plasmaron en su plataforma electoral debidamente registrada.

Le van a poner ‘un segundo piso’ a la persecución a los medios.

Morena hace suya la terminología presidencial para referirse a los que no comparten su visión del país y de la vida en comunidad, y lo expresan tal cual en su documento: “Comentocracia inescrupulosa”.

Para los que todavía creen que los “moderados” que están en la confección del plan de gobierno de la candidata presidencial de Morena van a frenar a los radicales, ahí está la plataforma electoral.

El punto central de las reformas que deja el Presidente para votar en el Congreso es la destrucción del Estado de derecho.

Se disuelve la Suprema Corte y en junio del próximo año tendríamos elecciones de ministros por voto universal. Ganarán los apoyados por el partido mayoritario.

Morena nos va a juzgar.

Es el fin de las elecciones con árbitros independientes de los partidos políticos.

Morena nos va a decir quién ganó unas elecciones.

Ahora Morena va a dictaminar cuál es la verdad que se puede publicar.

Le llaman “profundizar la libertad de expresión”. Dicen que su proyecto de gobierno tiene por finalidad “garantizar la neutralidad” de los medios de comunicación:

Neutralidad, ¿a juicio de quién?

¿Quién la va a “garantizar”?

Además, ¿por qué neutralidad? ¿No se puede tomar partido por una causa? Derechos humanos, medio ambiente, libre comercio.

¿Obligados a ser “neutrales”?

Durante más de cinco años Morena ha minado los cimientos de las instituciones que son garantes de la democracia mexicana.

Lo que sigue son los cambios constitucionales para destruirlas y que el Ejecutivo asuma el poder absoluto.

Faltaba un detalle, poco lucidor para que lo incluyera el Presidente en el paquete que entregó la semana pasada: cercenar la libertad de expresión.

Pues ya está en el programa electoral del partido gobernante. Sellado y firmado. Lo metieron con la mano del gato. Se puede consultar en la página del INE.

Si después de lo que nos han anunciado el Presidente, su partido y su candidata, la sociedad y sus líderes de opinión permanecen escépticos o indiferentes, la tiranía es inevitable.

También en Washington hay conjuras contra políticos populares y destructores, con el afán de ganarles “a la mala”.

La que está en curso tiene una trama que la llevaría a superar el éxito en taquilla de cualquier película de suspenso de Hollywood.

Se trata de la mujer más famosa del mundo que monta un noviazgo ficticio con el jugador estrella de un equipo de futbol americano, campeón de su liga.

Entre ellos urden un entramado para apoyar a un candidato presidencial y desbancar a otro, en sintonía con el mayor evento deportivo de Estados Unidos, el Súper Tazón.

¿No es una joya?

A diferencia de Hollywood, la singularidad de esta trama es que es real.

Nació en las mentes febriles del staff de propaganda del trumpismo y se diseminó en redes sociales y grandes medios de comunicación que impulsan la candidatura del expresidente que quiere regresar a la Casa Blanca.

La fanaticada de Trump está desatada con nuevas teorías de la conspiración que, dicen, fueron ideadas en el establishment para descarrilar a su candidato de la puja presidencial.

En el centro de la conjura está la megaestrella pop, Taylor Swift. Su novio es el ala cerrada de los Jefes de Kansas City, Travis Kelce, que este domingo jugará el Súper Tazón contra los 49′s de San Francisco, en Las Vegas.

Y el beneficiario de la conspiración sería Joe Biden, presidente de Estados Unidos y candidato demócrata a repetir en la Casa Blanca.

¿Cuáles son las pruebas? Que la esbelta Taylor apoyó a Biden en 2020 y el corpulento novio tuvo la osadía de filmar un video para invitar a la gente a vacunarse contra el covid.

¿Las pruebas le parecen absurdas? No para el sector más radical de la ultraderecha trumpista.

Alison Steinberg, una conductora del canal archiconservador OAN (One América News Network), conjetura que se trata de un “operativo psicológico”. Es decir, una campaña masiva de lavado de cerebro para apoyar a Biden.

Vivek Ramaswamy, el fallido aspirante presidencial republicano de origen indio, presumió que el desenlace del Súper Tazón está arreglado a favor de los Jefes, para que sirva de marco a un relanzamiento de Joe Biden.

Para no quedarse atrás, el conductor de la cadena Fox News, Jesse Walters, pisó el acelerador y fue más allá. Sugirió que la joven Taylor es un “activo” secreto del Pentágono.

Swift es la mujer más famosa del mundo, por su magnetismo, su voz y sus canciones. Ella compone.

La revista Time la sacó en portada como el personaje del año 2023, y le hizo una amplia entrevista, con recuento de su vida. Por donde pasa crea auge económico, y también mucha alegría.

La Universidad de Harvard, dice Time, inauguró un curso denominado “Taylor Swift y su mundo”, que profundiza en su música, sus letras y su impacto cultural.

También la Universidad de Nueva York hizo lo propio, dos años antes, y la Universidad de Florida arrancará en marzo un curso de un trimestre sobre la discografía de la artista.

Sus discos se reproducen por miles de millones. Uno de ellos, Cruel Summer, lleva mil 600 millones de reproducciones. Shake it off, mil 400 millones.

La periodista que la entrevistó para Time, Hannah Dalley, escribió que Swift “emite tanta luz que puede resultar cegadora”.

Su último concierto en Tokio, donde se encuentra actualmente, termina unas horas antes de la aparición de su novio Kelce en el Súper Tazón de Las Vegas.

Así es que la embajada japonesa en Washington se vio en la necesidad de tranquilizar a los seguidores de Taylor Swift con un comunicado difundido en Twitter (ahora X): “A pesar del vuelo de 12 horas y la diferencia horaria de 17 horas, la embajada puede hablar ahora con confianza para decir que… debería llegar cómodamente” a tiempo para el juego de los Jefes de Kansas.

¿Estará también Japón en el complot que difunde la maquinaria de propaganda de Donald Trump?

Todo podría quedar como una anécdota de personas picadas por el bicho del fanatismo. Pero no es así, y es de cuidado.

El mensaje subyacente es obvio: la ultraderecha dirá y hará todo lo que sea necesario para arropar a Donald Trump.

Durante esta semana los republicanos descarrilaron el paquete de ayuda a Ucrania e Israel, así como el acuerdo bipartidista de migración y seguridad para la frontera con México.

También intentaron, aunque fallaron, destituir al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas.

Las consideraciones de política exterior y de seguridad nacional, acertadas o no, fueron desechadas por los legisladores republicanos devotos de Trump, que recibieron la orden: ningún triunfo legislativo a Biden.

Por si había dudas de que los simpatizantes extremistas de Trump, con él a la cabeza, son capaces de todo, ahí está el complot de Taylor Swift, Travis Kelce, Joe Biden y el “Estado profundo” de la principal potencia del mundo.

Ya los simpatizantes de Trump fueron capaces de irrumpir ilegalmente en el Capitolio para intentar invalidar el legítimo triunfo de Biden en 2020, y buscaron a Mike Pence y Nancy Pelosi para matarlos. Hay más de cien detenidos.

La pregunta de fondo es ¿qué serán capaces de hacer si Trump pierde, otra vez, en noviembre?

¿Iniciar una guerra civil?

No lo descarte.

Ahora que el gobierno quiere elevar a rango constitucional el derecho a la salud, hay que recordarle que ya está en la Carta Magna, en el artículo 73.

No lo han cumplido.

Propone que los pueblos originarios sean sujetos de derecho reconocidos por la Constitución, pero ya lo son y así está en los artículos segundo y cuarto.

Tampoco lo han cumplido.

En la Constitución también está el derecho al agua:

Artículo cuarto, párrafo sexto: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

¿Y? No lo han cumplido.

Son derechos humanos vulnerados por el actual gobierno, que, a cuatro meses de las elecciones, tendrá la generosidad de ponerlos donde ya estaban, en la Constitución.

Mientras que en diciembre pasado la sequía abarcaba 20.81 por ciento del territorio nacional, al corte del 15 de enero, ésta se incrementó a 28.79 por ciento Hoy un tercio del país sufre la carencia de agua, afirma el reporte semanal de MW Group.

En la Ciudad de México 900 colonias padecen desabasto de agua.

¿Por qué? No ha llovido. Eso no está en manos del gobierno.

Pero agua sí hay. Es necesario extraerla, potabilizarla, darle tratamiento, mantenimiento a la red de aguas y, desde luego, no deforestar.

Eso no lo ha hecho el gobierno, pero nos agasaja con “nuevos” derechos constitucionales, que ya existen y los ha ignorado.

Todos los gobiernos han hecho obras para que no vivamos en el caos que significa la carencia de agua en los hogares.

Vivimos una situación de emergencia mundial por el cambio climático y nuestro gobierno, en lugar de invertir en obras hidráulicas, le recortó 14 mil millones de pesos al presupuesto que ya tenía el año pasado.

Le quitaron casi 30 por ciento de los recursos.

Sin planeación, sin trabajos relevantes ni presupuesto, ¿qué esperaban?

El agua cae del cielo, pero no siempre.

Desde la época del rey Nezahualcóyotl no se han dejado de hacer obras para cuidar y aprovechar el agua.

Ahora no. El gobierno ahorra dinero en agua.

¿Dónde se fue el dinero que le recortaron a las obras hidráulicas?

¿Dónde está el dinero que se ahorró en tratamiento de aguas, potabilizadoras, pozos profundos…?

Ese dinero, que debió usarse para que tengamos agua, se destinó a producir veneno.

Sí, veneno.

Se destinó a Pemex. Y la empresa consentida, la única petrolera en todo el mundo que pierde dinero (con cargo a los contribuyentes), en los tres primeros trimestres del año pasado arrojó a la atmósfera 85.8 millones de toneladas de azufre.

Sí, gastamos en ella un billón 500 mil millones de pesos, sigue perdiendo, produce menos petróleo y lanza 85.8 millones de toneladas de azufre para que lo respiremos.

“Es que siempre ha sido así”, dicen en el gobierno.

Falso. En todo 2018 emitió 46.7 millones de toneladas de azufre. Y en los nueve primeros meses de 2023 (últimos registros oficiales) lanzó 85.8 millones de toneladas.

No sólo Pemex ha convertido dinero público en veneno para la población y el medio ambiente. También el Tren Maya.

Quinientos mil millones de pesos ha costado el trenecito.

Para que transite se han deforestado 6 mil 659 hectáreas de selva.

Más de 10 millones de árboles talados, donde se prometió que no se tumbaría uno solo.

Los ambientalistas que se han ocupado del caso señalan que la tala salvaje realizada por el gobierno en uno de los pocos reductos de selva virgen en el país tendrá “consecuencias devastadoras para la biodiversidad”.

El derecho a la salud, que quieren llevar a la Constitución –a pesar de que ya está–, es otra burla.

¿Por qué hay escasez de medicamentos contra el cáncer?

Por los pleitos del gobierno. En 2022 murieron de cáncer 847 mil 716 mexicanos, informa la reportera María Cabadas, con datos del INEGI.

Tijeretazos al sector salud. Cambiarse el dinero de un bolsillo a otro con resultados catastróficos. Ahorros.

En los tres primeros trimestres de 2023 la Secretaría de Salud sólo ejerció 81 mil 879 millones de pesos, de los 209 mil 616 que tenía aprobados.

En vacunación ahorraron sin piedad: de los 14 mil millones de pesos asignados, en los tres primeros trimestres se ejercieron únicamente 953 millones.

Malos para gobernar, buenos para culpar a otros de sus desastres.

Ya no hay agua en cientos de colonias de la capital, y se pondrá peor.

Es por incompetencia e improvisación.

Hay “tandeo” para que un día haya agua unas horas en tales colonias, y otro día unas horas en otras.

¿Y con el aire? ¿También habrá tandeo para respirar?

¿Y con la salud? ¿Este año le tocan vacunas a los niños de tales estados, y el que viene a otros?

¿Van a sortear las quimioterapias en una tómbola?

Tenemos un gobierno de improvisados, pero grandilocuentes: “A la Constitución el derecho a la salud”… que ya está.

El punto esencial de las reformas de AMLO es la destrucción del Estado de derecho.

Olvidemos por un momento todo lo que es propaganda electoral en las 18 propuestas de reformas constitucionales de López Obrador.

Que otros se distraigan con las sumas y restas de las pensiones, “derecho a la salud” y “prohibición del fentanilo”.

Morena nos juzgará en los tribunales.

Morena juzgará a los jueces.

Morena organizará las elecciones y dirá quién ganó.

Eso es el fin de la democracia.

No al estilo violento del cono sur de los años 70, pero sí como fue destruida en Venezuela y Nicaragua.

El set de la presentación del paquete de reformas no pudo ser más elocuente: solos López Obrador y su esposa delante de un pequeño grupo de empleados suyos que le aplauden.

Nada que represente la pluralidad del país.

Cero llamados a la oposición a consensar algo.

La carga de los ataques se centró en la Suprema Corte, donde ha estado el freno al Presidente para continuar personalmente en el poder.

Por voto popular se elegirán a los ministros de la Suprema Corte, a partir de junio del próximo año.

Los jueces y magistrados también serán electos por votación popular.

Ganarán los aspirantes que sean del partido mayoritario.

Y en los distritos donde manda el narco, los cárteles los impondrán.

Encima de todo el andamiaje jurídico del país habrá un Tribunal de Disciplina, que sancionará a jueces y ministros que no se conduzcan con “objetividad, profesionalismo y lealtad”.

A los integrantes del tribunal los elegirá “el pueblo”, léase el partido mayoritario.

Definir la falta de “objetividad y profesionalismo” queda a criterio de los que ganen la elección para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial.

Así como el Presidente condena todos los días a algunos dueños de medios de comunicación y periodistas de “faltos de objetividad y de profesionalismo”, el tribunal sancionará o quitará del cargo a jueces, magistrados o ministros.

López Obrador planteó también acotar el derecho de amparo y lo reduce prácticamente a la nada.

En caso de no pasar las reformas constitucionales en esta legislatura se volverán a presentar en la siguiente, que empieza el 1 de septiembre.

Y si no logran mayoría calificada en las elecciones, Morena y sus aliados podrían pasar esas reformas con mayoría simple si ganan la Presidencia de la República.

¿Cómo?

La presidenta podrá nombrar, en diciembre, al ministro de la Corte que les falta para rechazar las acciones de inconstitucionalidad.

Con mayoría simple podrán hacer en el Congreso todo lo que planteó AMLO sin necesidad de modificar la Constitución. Bastará ignorarla.

Cuatro ministros que nieguen que con las leyes aprobadas se esté violando el espíritu de la Carta Magna, será suficiente.

La candidata presidencial de Morena es una entusiasta promotora de las reformas al Poder Judicial.

No hay motivos para esperar un giro de Claudia Sheinbaum al asumir la Presidencia, en caso de ganar.

Existe revocación de mandato, por si no le gusta la agenda que le dejan.

El Presidente se marcha con las manos casi vacías de logros y sin haber transformado –para bien– el país.

Destruyó mucho, sí.

Y va por la destrucción del Poder Judicial, para controlarlo.

Va por destruir al órgano electoral, para controlarlo.

Plantea una tiranía, con el control de los tres poderes.

Si la sociedad y sus organizaciones no lo quieren ver y se cruzan de brazos, no hay nada que hacer.

El 2 de junio los electores tomaremos una decisión histórica.

La oposición necesita ganar la mayoría en el Congreso. Es una condición de sobrevivencia para la democracia.

De lo contrario AMLO y los suyos van a insistir hasta lograr el objetivo que han buscado desde el primer año de gobierno.

Las dictaduras de nuestra época llegan por la indiferencia o el apoyo de la población y sus organizaciones.

Dejo este párrafo de La Peste, de Albert Camus, con la petición de que lean dictadura donde dice plaga:

“La estupidez insiste siempre, uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como todo el mundo; pensaban en ellos mismos; dicho de otro modo, eran humanidad: no creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto el hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa, y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan, y los humanistas en primer lugar, porque no han tomado precauciones. Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros, se olvidaban de ser modestos, eso es todo, y pensaban que todavía todo era posible para ellos, lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas”.

Precedido de mentiras y promesas de campaña a manera de “exposición de motivos”, el Presidente que se va en unos meses puso ayer sobre el atril del Constituyente de 1857 un paquete de reformas para culpar a otros de su fracaso sexenal.

Hay motivos de fondo para preocuparse por el futuro inmediato de la democracia, aunque sobresale la intención política de culpar a los partidos opositores de frenar en el Congreso el paraíso de justicia y jauja que ofrece López Obrador.

Pudo haber enviado esas reformas al inicio del gobierno, cuando tenía mayoría calificada en la Cámara de Diputados para modificar la Constitución y muchos senadores priistas temblaban de miedo.

De seguro pasaban.

Lo hace a unos meses de irse porque necesita endosar las culpas de su fracaso.

Culpa de la oposición en el Congreso y del Poder Judicial. Es decir, de la división de poderes que hay en todo sistema democrático.

Para abajo la división de poderes, dicen sus reformas.

O súbditos o enemigos. No hay más.

AMLO no deja el país en manos del pueblo, como dijo ayer.

Deja buena parte de México en manos de cárteles de las drogas, extorsionadores, asaltantes de carreteras y traficantes de seres humanos.

Su récord no es la disminución de la pobreza, sino el máximo histórico de asesinatos, desapariciones e impunidad.

¿No que lo iba a solucionar en seis meses?

Dice que fue culpa de la oposición por no aceptar a la Guardia Nacional en la estructura de la Secretaría de la Defensa.

En los hechos lo está, pero no sirve para nada.

Imposible que sea útil a la sociedad cuando tiene órdenes de no atacar a los grupos criminales.

Dice que es culpa de los jueces que dejan libres a los delincuentes.

La mayoría de los juzgadores que llevan casos criminales se juega la vida en casa sentencia, y AMLO los culpa a ellos por los expedientes mal integrados por el Ministerio Público.

El gran protector de grupos criminales ha sido el gobierno del presidente López Obrador.

Su partido, Morena, es el beneficiario electoral de esa complicidad.

Ya no pueden regresar a la botella al monstruo que crearon, y el Presidente montó un acto teatral de reformas para culpar a la oposición de su fiasco como mandatario.

Según él, nos deja la receta de cómo curar el flagelo de la violencia, luego de haberla disparado a niveles insufribles para cientos de miles de mexicanos que huyen de sus comunidades o se van de braceros a Estados Unidos.

El daño causado por su frenesí destructivo lo pagarán generaciones de mexicanos.

Destruyó el sistema de salud pública.

La medicina privada es cara. Los seguros de gastos mayores ahogan a cualquier particular. Y los hospitales del IMSS, ISSSTE y Salud están abarrotados, no se dan abasto, sin medicinas ni equipo suficiente.

Culpó a los laboratorios, a los médicos y a los enfermos.

Destruyó la reforma educativa, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo.

Ayer insistió en presentarse como el salvador de la educación pública, cuando ha sido su sepulturero.

Devolvió a los sindicatos la rectoría de la educación, con los resultados que podemos ver en las pruebas internacionales.

La culpa es de los parámetros neoliberales con que se mide la calidad de la educación, dice.

Quiere salir en hombros de Palacio Nacional porque, en su estrategia, podrá decir que el Congreso, la Suprema Corte y la prensa le impidieron llegar más lejos.

Nos deja de tarea las reformas que se deben hacer para desatar el nudo que obstaculiza la felicidad del pueblo.

Nos deja un país con 40 por ciento de la población con dificultades para acceder a lo elemental, el agua (nota de María Cabadas, El Universal), porque se gastó el dinero en caprichos inútiles.

¿Qué esperábamos, si recortan 28.4 por ciento del presupuesto de infraestructura hidráulica?

López Obrador mantiene popularidad aceptable y su candidata es favorita para sucederlo en el cargo, porque reparte dinero.

Ahí está el punto central de la continuidad del grupo en el poder: el reparto de dinero.

Igual que han hecho otros populismos fracasados en América Latina: repartir dinero, restringir la fiscalización del gasto y agitar el odio de clases.

Hasta que el dinero se acaba.

López Obrador secó los fondos destinados a emergencias, fideicomisos y ahorros que le dejaron administraciones pasadas.

Nada que promueva el desarrollo, la seguridad, la salud, la educación. Todo al reparto en efectivo.

Gran Presidente. Muy querido por el pueblo.

También los ricos han ganado en su gobierno, dice y tiene razón.

Pero ha sido a costa del dinero que debió usarse en lo fundamental y se destinó a caprichos.

Destruir el NAIM costó dinero y lo seguiremos pagando.

El Tren Maya y la refinería en Dos Bocas fueron una mina de oro para tener en la bolsa a un grupo de millonarios y enriquecer a amigos.

Tiró un billón y medio de pesos en Pemex, para seguir perdiendo.

Frenó la entrada al país de 200 mil millones de dólares en inversión privada en energía, al congelar la reforma del Pacto por México.

Y los culpa a ellos, los inversionistas privados, de su fracasada política energética.

Mandó reformas para seguir perdiendo, y en electricidad, regresar a la normatividad de 1960.

Reformas para que todos nos jubilemos con el 100 por ciento del último sueldo.

Ni en Dinamarca, la verdad.

Si no pasan sus reformas antes de las elecciones, la oposición será la culpable de impedir la felicidad del pueblo.

¿Por qué no las presentó cuando tenía mayoría calificada, y lo hace ahora que no la tiene y ya se va?

Porque son el pretexto donde ocultar el fracaso de su gestión.

Y bandera de campaña para ganar la mayoría en el Congreso y dar el golpe final a la legalidad democrática.

Cuando le preguntaron al presidente López Obrador por el origen de las filtraciones que señalan que el Cártel de Sinaloa financió su campaña presidencial en 2006, acusó al Departamento de Estado.

De ser así, más le vale que Donald Trump gane la Presidencia en noviembre.

Con Trump, de seguro le irá mal a México, pero tal vez a él no. Le ha servido con indiscutible lealtad.

Pero de reelegirse Biden, el expresidente López Obrador tendrá un enemigo declarado en la Casa Blanca.

Ya se la juraron, como lo intuyó acertadamente.

La enemistad de Biden se la ha ganado a pulso, porque le jugó las contras en todo.

En octubre López Obrador ya no tendrá la coraza del águila y la serpiente terciada al pecho.

Tampoco será el dueño de la llave de paso de los flujos migratorios en la frontera del norte, como lo es ahora.

Sí, AMLO tiene contra las cuerdas la reelección de Biden por el flujo desbordado de migrantes hacia el norte.

Las elecciones en Estados Unidos son en noviembre, y allá existe una antigua tradición de que las carreras presidenciales que vienen cerradas las definen las “sorpresas de octubre”.

Por eso es peligroso entrar a jugar en las elecciones del país vecino de la manera tan abierta, y con golpes bajos, como lo ha hecho nuestro Presidente.

Nuestro Presidente se equivocó al confundir la buena fe de Joe Biden con el “buen hombre” de la picaresca mexicana.

Biden no tiene un pelo de eso.

Trató de llevar una buena relación, tragó saliva amarga para no chocar con su colega del sur.

Insistió en la reforma migratoria de amplio espectro, se desgastó con adversarios y aliados en busca de legalizar a 11 millones de ilegales, mexicanos la mayoría de ellos.

Y no pudo por la oposición de los congresistas y senadores que siguen a Donald Trump.

En el ocaso de ambos periodos presidenciales, Joe Biden se siente traicionado por López Obrador.

AMLO señala a Blinken como el origen de las insinuaciones de ligas con el Cártel de Sinaloa.

De ser el caso, como pienso que es, esto apenas empieza.

La prioridad número uno en política exterior de la administración Biden es la guerra en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos alineó a Europa en apoyo a Ucrania y sanciones a Rusia por la invasión.

Fue una labor titánica porque su antecesor, Donald Trump, dejó prácticamente rotas las relaciones con la alianza atlántica y llegó a la Casa Blanca en 2016 con la ayuda de Putin.

Con el pegamento de la diplomacia Biden pudo convencer a los aliados del Atlántico de sancionar a Rusia –su abastecedor de gas– y proveer de pertrechos militares a la agredida Ucrania.

Y resulta que el gobierno de México, el vecino, el socio, el amigo, jugó con dos caras.

En la ONU votó por la condena a la invasión, pero se negó a sumarse a las sanciones comerciales y desplegó una amistad con Moscú que no se veía desde que en ese país gobernaba Gorbachov.

Hasta un grupo de amistad con Rusia formó el partido del presidente López Obrador en el Congreso.

Putin y el embajador ruso no se han cansado de agradecer al gobierno mexicano por la amistad fortalecida.

La cadena de información del Kremlin, Russia Today (RT), prohibida en Estados Unidos, Canadá y Europa, se instala en México como en su casa.

El mayor número de espías rusos en el extranjero se encuentra en la Ciudad de México, según el Departamento de Estado.

Por si fuera poco sabotear la prioridad en política exterior de Biden, en el sur se le da oxígeno a la dictadura de Maduro con negocios oscuros en perjuicio de México y de la relación con Estados Unidos.

Además, el presidente López Obrador entra a jugar en la disputa interna por el poder en el país vecino, en el año de las elecciones presidenciales.

Hace poco más de una semana funcionarios del gobierno de Estados Unidos señalaron que las autoridades mexicanas habían dejado de colaborar en la contención de los flujos migratorios.

Sí, en año electoral allá.

Sólo en diciembre, la Patrulla Fronteriza frenó y regresó a 250 mil migrantes indocumentados en su frontera sur. Anualizado, son 3 millones de detenciones.

¿Y cuántos pasaron sin ser detenidos?

Con la frontera desbordada por olas de esa magnitud con migrantes ilegales, el gran ganador es Trump.

La lectura en Washington es que el Presidente de México ha decidido intervenir en sus elecciones, por segunda vez, en favor de Trump y contra Biden.

Tal vez no sea a propósito.

Explíquenselo al Departamento de Estado. A ver si les creen.

Incluso es posible que el embajador Ken Salazar deslinde a su gobierno de las tres publicaciones en línea con el presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa a la campaña de AMLO.

¿Le van a creer al embajador?

Imposible.

La confianza está rota.

Qué final.

(Por cierto, el miércoles se dio a conocer la más reciente encuesta de la Universidad de Quinniapiac: Biden se recuperó y está seis puntos arriba de Trump en las preferencias electorales).

La encuesta publicada ayer en EL FINANCIERO nos muestra una realidad poderosa: la elección no está decidida.

De diciembre a enero la distancia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se redujo de 22 a 16 puntos.

La doctora va a la baja y Xóchitl dio un estirón.

Todo lo que haga y diga el Presidente debe entenderse a la luz de la fotografía que presentó ayer el prestigiado encuestador de nuestro periódico, Alejandro Moreno: AMLO y su candidata pueden perder las elecciones.

¿Qué pasó en el país como para que la ventaja de Sheinbaum sobre Gálvez cayera seis puntos en solamente un mes?

Empezaron las campañas.

Ahí está el punto. La candidata del frente opositor tiene acceso a la televisión abierta para mostrar el lado oscuro del gobierno actual, que es muy grande, y ofrecer el cambio.

Aquello que por años se ha disfrazado con propaganda, Xóchitl lo puede enseñar en cadena nacional.

La candidata de Morena ofrece continuidad en un país que va de maravilla sólo en el discurso oficial.

Es un desastre nacional la seguridad pública, está mal el sistema de salud, la educación en manos de los sindicatos condena a los niños a la pobreza, no hay obra pública de utilidad social y estamos perdiendo la democracia.

Tales problemas hay que enseñárselos a los votantes. Explicarlos como lo que son: el fruto de un gobierno que no da resultados.

Las campañas permiten mostrar en televisión, a todo el país, la realidad que el gobierno oculta.

Son útiles las redes sociales, con la limitante de que no llegan a toda la población y su credibilidad es frágil.

Los periódicos llegan a los que crean opinión, pero la mayoría de ellos está para servir al Presidente y a su candidata.

La radio y la televisión son otra cosa.

La joya de la comunicación en México sigue siendo la televisión abierta, que ha sido acosada por la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de una manera que no habíamos visto en este siglo.

El propio Presidente les recuerda que son una concesión y por tanto se las puede quitar si se pasan de la raya. Son amenazas cotidianas.

AMLO le tiene pavor a la tele, pues conoce su poder. Y las aprieta de manera pública en sus conferencias mañaneras.

Así es que Xóchitl sólo tiene los spots que por ley le corresponden, para exhibir al gobierno.

Y con eso ha logrado acortar seis puntos de distancia de la candidata oficial.

Tiene marzo, abril y mayo para hablar a todo el país acerca del manejo criminal de la pandemia.

De lo catastrófica que ha sido la estrategia de abrazos a los grupos criminales.

Explicar cuál será, en su gobierno, el papel del Ejército y la Marina.

Señalar el despilfarro de dinero en caprichos, en detrimento de las necesidades básicas del país: agua, medicinas, carreteras…

Mostrar al país el contraste inaceptable de niños que, sin gobierno que los defienda, toman las armas para proteger a sus comunidades, mientras el Presidente se va a jugar beisbol en medio de la vorágine de inseguridad.

Xóchitl tiene cuatro meses para ganar, puede hacerlo.

Y Sheinbaum cuatro meses para resistir, lo que también puede hacer.

La elección, nos dice la encuesta de Alejandro Moreno, no está decidida.

Corresponde a los partidos de la alianza opositora hacer el trabajo de tierra, casa por casa, ranchería por ranchería.

Una elección, por nuevos que sean los tiempos, no se gana sólo desde el aire, con spots. El trabajo de tierra es insustituible, y esa es tarea de los partidos.

Claudia Sheinbaum tiene una gran ventaja en ese terreno porque cuenta con un partido disciplinado, Morena, un jefe de campaña avezado y poderoso, AMLO, y la estructura del gobierno a través de los promotores del voto de la Secretaría del Bienestar.

Vienen cuatro meses decisivos para la nación.

A sólo dos semanas de iniciado el proceso de elecciones primarias en Estados Unidos, el resultado está a la vista: Donald Trump será el inevitable ganador de la nominación presidencial del Partido Republicano.

Sin necesidad de hacer una campaña intensa con gastos millonarios, salvo acaso unas cuantas visitas a pequeñas localidades en Iowa y Nueva Hampshire, Trump arrasó con más de 30 puntos porcentuales de diferencia en el primer estado y en el segundo logró casi 12 puntos más que Nikki Haley.

Lo demostró con la mano en la cintura: Trump tiene a su base en la bolsa. Con eso le basta para ser candidato.

El Partido Republicano se convirtió en el partido de Trump.

Pero el conjunto de fortalezas que lo convierten en un candidato formidable, prácticamente invencible en un proceso de elecciones primarias, podría ser su talón de Aquiles en la elección presidencial de noviembre.

Los votantes que participan en las elecciones primarias son, por lo general, los militantes más disciplinados, comprometidos e ideologizados.

Los resultados confirman que ese núcleo conservador duro de Trump, que algunos estiman en un piso de más de 45 millones de votantes, está sólido como el cemento.

Aunque una serie de datos debería ser signo de preocupación para los republicanos, y señal de esperanza para los demócratas.

La clave para entender las debilidades de Trump es Nueva Hampshire, un estado con un electorado diverso –como la mayor parte del país– entre conservadores, independientes y liberales.

Allí, Nikki Haley le ganó a Trump entre los votantes que no declararon una afiliación política, es decir, el importante segmento de electores independientes y centristas.

También derrotó a Trump en el segmento de electores jóvenes, específicamente y con mayor énfasis entre los estudiantes universitarios.

En contraparte, Trump ganó, como era de esperarse, el voto de los militantes más conservadores, y de aquellos con los más bajos niveles de educación.

Siete de cada 10 de los simpatizantes que Trump se comieron completa “La Gran Mentira” del supuesto fraude electoral en 2020.

Aunque Trump esté haciendo campaña con la bandera de línea dura contra los inmigrantes indocumentados, fue revelador que en el estado de Nueva Hampshire 45 por ciento de sus propios votantes dijo a los encuestadores que está a favor de regularizar a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

De igual forma, casi siete de cada 10 votantes se oponen a aprobar una prohibición nacional contra el aborto.

Las elecciones esbozaron así una hoja de ruta que podría acercar al presidente Biden y a los demócratas a una victoria en las elecciones de noviembre. Pero no todo es tan fácil.

En el tema del aborto, que los demócratas podrían convertir en un tema central de la campaña, el presidente Biden es ambiguo. Su religión católica no le permite ser decisivo y contundente de manera pública.

En migración, Biden podría apostar a cortejar al electorado que no está de acuerdo con Trump. Sus estrategas, al parecer piensan otra cosa, y lo acercan a las posiciones radicales de los republicanos del Congreso a fin de neutralizar las críticas.

Contra del presidente Biden opera, además, el hecho de que sus pilares tradicionales de apoyo reflejan un profundo déficit de entusiasmo por salir a apoyarlo.

Aun cuando ha recibido el respaldo de los sindicatos más poderosos Estados Unidos (como el de los trabajadores automotrices –UAW–), Biden sigue perdiendo apoyo entre los sectores progresistas, molestos por su política hacia Israel y Gaza.

En el plano económico, las encuestas muestran que hasta los votantes latinos están migrando a las filas de Trump, a quien acreditan un mejor trabajo para tener una economía en constante crecimiento.

Aunque Biden ganará el voto latino nuevamente, la falta de apoyo hispano podría ser letal en estados como Arizona o Nevada.

Trump es el candidato inevitable. Pero eso no lo convierte de manera automática en el ganador inevitable.

Si la economía sigue al alza, como hasta ahora, la competencia será muy pareja y podría tener un final de fotografía.

El deterioro de la relación México-Estados Unidos se vuelve preocupante, pues no se trata sólo de frases electoreras aquí y allá, sino de hechos de evidente mala fe.

Ayer se informó que en la reunión de alto nivel entre funcionarios de los dos gobiernos, el general Cresencio Sandoval dijo a su contraparte que se ha detectado tráfico de armas de uso exclusivo del Ejército estadounidense hacia grupos criminales en México.

Eso quiere decir todo lo que se lee en las entrelíneas del señalamiento del titular de Sedena, revelado por la canciller Alicia Bárcenas: en el gobierno de Estados Unidos habría fuerzas que buscan la desestabilización de México.

¿Qué tipo de armas? ¿Qué potencial destructivo tienen?

Al Ejército mexicano no se las mandaron, ni a coleccionistas de armas, sino obviamente a los cárteles porque se trata de operaciones clandestinas.

Del lado estadounidense, la delegación encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, y Alejandro Mayorkas, titular de Seguridad Nacional, se informó que la visita a México se debió a que el gobierno mexicano no estaba cumpliendo sus compromisos en materia migratoria.

Eso quiere decir que las autoridades mexicanas estarían jugando en la elección presidencial de Estados Unidos en contra de la reelección de Biden y en favor de Donald Trump.

López Obrador tiene la llave para la reelección de Biden. El debate central de la elección estadounidense no será económico, sino fundamentalmente migratorio.

La molestia del gobierno de Estados Unidos, que vino con su plana mayor a México, se basó en cifras que Mayorkas traía en la mano para fundamentar su reclamo.

El reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos dio cuenta en diciembre de 250 mil cruces ilegales en la frontera sur.

Esa cifra es la más alta de la historia, desde que hay estadísticas. Si lo anualizamos, da un total de 3 millones de cruces ilegales (detenidos o expulsados en la frontera) desde México.

Sin duda la inmigración ordenada es benéfica, para Estados Unidos y el mundo en general, pero ningún país aguanta la llegada de 3 millones de migrantes al año, de manera ilegal.

Ahí es donde el gobierno del presidente Biden ve mano negra para sabotear su reelección.

El caos fronterizo es alimento para las aspiraciones de Donald Trump, que esta vez no ha cargado contra el libre comercio, sino contra el flujo de millones de personas que cruzan ilegalmente para instalarse en su país.

A Trump le conviene más el problema que la solución.

Los republicanos en el Capitolio tienen bloqueado el presupuesto adicional que solicitó la administración Biden (14 mil millones de dólares) para reforzar la vigilancia en la frontera sur y para el sistema de tribunales que llevan temas migratorios.

Sin esos recursos, no hay manera de atender la marea humana que llega del sur. La cantidad de cruces ilegales es histórica.

Ayer, EL FINANCIERO dio a conocer una revelación del embajador estadounidense en nuestro país, Ken Salazar. Vale la pena tomar nota.

El embajador Salazar dijo que la reunión que sostuvo –por separado– con las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez no fue sólo para escucharlas y hablar de temas que son de interés común, como se publicó en diciembre.

Ahora fue más específico, y contó que era importante dar a conocer a las candidatas el punto de vista estadounidense, sin hacer intromisión política.

“Colaboración”, fue el término que escucharon las candidatas Sheinbaum y Gálvez.

Es que, explicó ayer el embajador, “ahí es donde se va a definir el futuro de la relación”.

Ni a Estados Unidos le conviene un México desestabilizado con armas de su Ejército en manos de criminales, ni a México le conviene convertirse en un enemigo de Biden. De Trump, ya lo somos.

Más vale no jugar con fuego, si queremos aprovechar el boom económico que se prevé con el nearshoring.

No nos engañemos: México va camino a convertirse en un narco-Estado.

¿Eso es lo que deseamos?

Entregar definitivamente el país a los grupos criminales o someterlos y reconquistar la paz, es decisión nuestra y la tomaremos el 2 de junio.

Ya no es necesario que lo diga el jefe del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, general Glen VanHerck (hace tres años informó al Congreso de su país que el gobierno mexicano no tenía control sobre un tercio del territorio, donde mandan los cárteles).

Tres años después se ha perdido mucho más que eso. Hay territorios donde gobierna el narco, otros donde cogobierna con las autoridades, y zonas blancas en que sólo hay comercio ilegal.

Un informe del prestigioso Instituto Baker de la Universidad de Rice, en Houston, lo plantea así:

“Esto se debe en gran medida a que el partido del Presidente, Morena, espera que el crimen organizado opere a su favor durante las elecciones de 2024. Como resultado, habrá muy pocos avances en lo que respecta a un marco para la gestión conjunta de las cuestiones fronterizas”.

No vayamos hasta Houston.

La semana pasada un grupo de mujeres indígenas del norte del estado de Jalisco leyó un comunicado en que solicitan de manera respetuosa al líder del CJNG, Nemesio Oseguera (el Mencho), que cambie al jefe de plaza por sus excesos: cobro de derecho de piso, extorsión, crímenes, desapariciones, retenes, una cuota mensual a ganaderos, comerciantes y alcaldes.

Dice el texto dirigido al Mencho:

“Estamos cansadas de tantos atropellos que hemos padecido en nuestra región, por cobro de piso, extorsión, asesinatos injustificados, desaparecidos, todo lo contrario de los principios del CJNG, que usted comanda”.

Las mujeres del norte del estado no se dirigen a la Guardia Nacional, ni al Ejército ni al Presidente, que son los que tienen la responsabilidad de combatir la delincuencia organizada y preservar la soberanía nacional.

Le escriben al que de verdad manda, el jefe del cártel: el Mencho.

Acusan al jefe de plaza, el Rojo, de “asesinatos injustificados”. Es decir, asumen que el cártel tiene derecho a asesinar cuando se justifique.

Y reconocen al CJNG como una organización “con principios”.

Madres buscadoras de desaparecidos en Tamaulipas solicitaron a cárteles de Tamaulipas que les permitan “excavar en La Bartolina, un campo de exterminio junto al mar, del que extrajeron 500 kilos de restos óseos calcinados”, indica la nota de Pablo Ferri, de El País.

Piden “que nos den permiso para encontrar a nuestros desaparecidos. No queremos justicia, lo único que queremos es encontrarlos y darles sepultura”.

El Cártel del Norte publicó un video en el que integrantes del grupo, uniformados y armados con ametralladoras ligeras y fusiles Barret, aceptaron la tregua solicitada por las madres, a fin de “lograr el bienestar del país”.

Hasta la fecha –enero de este año–, apunta Ferri, las madres buscadoras han pedido a nueve cárteles que las dejen trabajar y cese la violencia contra ellas.

Ceci Flores, líder de madres buscadoras de Sonora, dijo a la periodista Almudena Barragán, también de El País, en junio del año pasado:

“Lo que pedimos es que cuando los maten, los dejen en un lugar visible donde los podamos encontrar… En Ciudad Obregón, el día de antier, dejaron a unas personas muertas ahí tiradas, así que creemos que es una respuesta a la petición que hacemos”.

¿Y el Estado?

¿Y el Presidente?

En Chiapas los indígenas tzotziles y tzeltales sufren la leva, es decir, reclutamiento forzoso de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para la guerra que sostienen por el control de la frontera sur del país. Luchan por territorios estratégicos para el tráfico de migrantes, armas y drogas.

La semana pasada, el reportero David Saúl Vela, de EL FINANCIERO, detalló cómo ha crecido la violencia en Guerrero, entidad emblemática de asociación delictiva entre criminales y autoridades. Escribió:

Reportes del gobierno federal advierten que son alrededor de 20 grupos criminales los que se asientan en Guerrero y señalan a La Familia Michoacana y al Cártel Jalisco Nueva Generación como los principales responsables de la violencia en la entidad.

En Iguala operan los grupos Los Ardillos, liderado por Celso Jiménez Ortega, la Vela; Los Rojos y/o Los Jefes, de Cándido Nava Millán, el Japo; Los Tlacos, que encabezó el detenido Comandante 80, y Guerreros Unidos.

Acapulco lo disputa el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), que dirigió el detenido Félix Alejandro M. A., el Correcaminos, y al día de hoy lo lideran Marco Antonio R. J., el Panadero, y Óscar A. O.

Esa organización pelea la plaza con Los Rusos (cuyo origen está en el Cártel de los Beltrán Leyva), dirigido por Carlos Alberto N. S., el Ruso.

Por la disputa de Acapulco entró la facción de La Familia Michoacana que comandan los hermanos Jhonny y Alfredo Hurtado, el Pescado y la Fresa, respectivamente, que antes se concentraban sólo en Tierra Caliente.

En Guerrero también se ha identificado la presencia de organizaciones como Los Capuchinos, Los Virus, el Cártel de la Sierra, Los Viagras, Los Caballeros Templarios, el Cártel del Sur, Los Gil, Los Dumbo, Los Treinteños, Los Arreola, Los Marín.

Hasta ahí dejamos la nota de David Vela.

¿Y cómo anda el resto del país? Colima, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, Zacatecas, Chihuahua, Estado de México, Baja California…

Un par de años más de benevolencia gubernamental a los grupos criminales y perdemos el país.

Hay una candidata presidencial que dice que en México la gente está más feliz que nunca y ofrece continuidad.

La otra postula el fin de la impunidad y de los abrazos para los criminales.

El Presidente lo niega todo.

Así es que en junio votaremos por tener un Estado de derecho o por tener un narco-Estado.