Director de SonoraPresente.com. Licenciado en Mercadotecnia, periodista ciudadano, diseñador web y gráfico. Apasionado por la política internacional y entusiasta en el diseño de políticas públicas. Me puede escribir a: [email protected]
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha destacado la necesidad crucial de una gestión sostenible del agua en México para capitalizar eficazmente las oportunidades del nearshoring, según su Estudio Económico de México 2024 presentado este martes. El informe subraya que una gestión eficaz del agua no solo preservaría los recursos hídricos limitados del país, sino que también incrementaría la fiabilidad del suministro de agua para las empresas, minimizando riesgos y costos operativos.
La OCDE, una organización internacional que México integra, se enfoca en diseñar políticas públicas efectivas. En su estudio, la organización plantea que la gestión sostenible del agua debe ser un componente esencial en la estrategia de adaptación al cambio climático de México, y subraya que promover la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de las normas internacionales haría a México un destino aún más atractivo para el nearshoring.
“Una gestión eficiente del agua no sólo salvaguardaría los limitados recursos hídricos del País, sino que también mejoraría la fiabilidad del suministro de agua para las empresas, reduciendo el riesgo y los costos operativos”, mencionó en su Estudio Económico de México 2024, presentado este martes.
El estudio señala la disminución drástica de la cantidad de agua disponible por persona en las últimas décadas, agravada por el cambio climático y el crecimiento poblacional. México, según la OCDE, tiene una de las tasas más bajas de población conectada a plantas de tratamiento de aguas residuales entre los países miembros de la organización.
Un desafío clave identificado por la OCDE es la mejora en la precisión y disponibilidad de datos actualizados sobre recursos hídricos, uso y calidad del agua. La organización destaca la fragmentación de responsabilidades en la gobernanza del agua, lo que dificulta la coordinación de políticas y rendición de cuentas. Recuerda que hay un mandato de la Suprema Corte para emitir una Ley General de Aguas antes de agosto de 2024, lo que representa una oportunidad para mejorar la gobernanza y regulaciones en el sector.
Gráfico: Portada impresa de REFORMA.
La OCDE critica la metodología para fijar tarifas de agua a nivel municipal, señalando la falta de transparencia y la discrepancia entre el precio y el costo real del suministro de agua, cubierto en gran medida por subsidios gubernamentales.
Además, la organización apunta a la necesidad de inversión en infraestructura de abastecimiento de agua y saneamiento para reducir las fugas, que actualmente alcanzan alrededor del 46 por ciento del agua suministrada.
Al presentar el estudio en Palacio Nacional, Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, afirmó que México también debe aumentar la generación de electricidad a partir de fuentes renovables para fortalecer la Inversión Extranjera Directa (IED).
En el escenario digital de Sonora, la diputada local y candidata a la Diputación Federal por el Distrito 03 de Hermosillo, Diana Karina Barreras, se ha visto inmersa en una controversia tras ser acusada de intentar censurar en Twitter a la usuaria @KarlaMaEstrella. Según denuncia la usuaria, Barreras habría recurrido a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE para presentar una queja contra ella por un tuit crítico.
La polémica se desató cuando @KarlaMaEstrella, en un hilo de Twitter, relató que la diputada interpuso una queja por un tuit que, según Barreras, ejercía violencia política en razón de género. No obstante, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE no halló méritos en la queja, destacando la libertad de expresión y descartando la existencia de calumnia o violencia política en el tuit mencionado.
@KarlaMaEstrella cuestionó el uso de recursos públicos destinados a esta queja, que consideró menor, y criticó el tiempo invertido por los consejeros del INE en el asunto. La situación escaló cuando el equipo legal de Twitter comunicó a la usuaria que habían solicitado la eliminación del tuit sin su consentimiento, aunque posteriormente la plataforma decidió no borrarlo. A pesar de recibir ofertas de apoyo legal para una posible apelación, @KarlaMaEstrella optó por eliminar el tuit para concluir el asunto.
“Ahora resulta que tengo tres días para contestar cuál era el objetivo de mi tuit y documentación que justifique mis afirmaciones
¿No les parece un uso faccioso de la Violencia Política Contra Las Mujeres en Razón de Género?
Pero además, el INE incluyó mi dirección y mi nombre completo en los acuerdos, a pesar de que yo no los publico ni utilizo públicamente, ¿le entrega copia a la denunciante de esta información?”, Afirmó la usuaria de redes sociales.
Este incidente ha provocado una oleada de reacciones en las redes sociales, con varios usuarios en Sonora replicando el mismo tuit, generando un efecto “Streisand” donde el intento de censura ha resultado en una mayor difusión de la información.
El mensaje original que replican, causa de la denuncia, es “Así estaría el berrinche de @Sergeluna_S para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas.” Con el #NoEstasSolaKarla
Por otro lado, la diputada Barreras ha respondido bloqueando en masa a aquellos que la critican en redes sociales. El periodista local Edgardo Carrillo López ha comentado sobre el caso, cuestionando la idoneidad de elegir a candidatos susceptibles a la crítica y dispuestos a limitar la libertad de expresión.
Este suceso ha avivado un intenso debate sobre la libertad de expresión, el uso indebido de instituciones para fines personales y la interpretación de la violencia política en razón de género, particularmente en un contexto electoral. La actuación de la diputada Barreras y la intervención del INE resaltan el delicado equilibrio entre la protección de los derechos políticos y el riesgo de restringir la libertad de expresión.
Una reciente investigación titulada “Ejército de Bots: Las operaciones militares para monitorear las críticas en redes sociales y manipular la conversación digital“, publicada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), ha sacado a la luz la existencia de operaciones de ciberespacio llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas mexicanas. Según la investigación, estas operaciones incluyen monitoreo de usuarios en redes sociales, creación de perfiles falsos y uso de bots para influir en la opinión pública.
El reporte detalla las operaciones del Centro de Operaciones del Ciberespacio (C.O.C.), una unidad especializada dependiente de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Creado con el propósito de realizar “operaciones militares en el ciberespacio”, el C.O.C. se encarga tanto de la defensa de la infraestructura militar como de operaciones ofensivas denominadas “defensa reactiva”. Estas actividades incluyen el monitoreo de redes sociales, especialmente de usuarios que critican a las Fuerzas Armadas o al gobierno federal.
Inversión y Estructura del C.O.C.
Desde 2016, se han destinado cientos de millones de pesos para el desarrollo del C.O.C., que cuenta con alrededor de 178 efectivos militares y se divide en secciones especializadas, como Monitoreo, Seguridad de la Información y Operaciones. Este centro, ubicado en el Campo Militar 1-A, trabaja en estrecha colaboración con el Centro Militar de Inteligencia, conocido por su operación ilegal del malware Pegasus.
Ilustración: R3D.
Monitoreo y Manipulación en Redes Sociales
La investigación señala que el C.O.C. no solo vigila a usuarios en plataformas digitales, sino que también crea perfiles falsos para adquirir información adicional sobre sus objetivos. Utilizando un software especializado, el C.O.C. opera granjas de usuarios simulados (bots) para influir en la opinión pública. Un caso destacado involucra la cuenta de Twitter @soy_militar, que fue monitoreada y eventualmente desactivada por su propio usuario tras notar intentos no autorizados de acceso.
Ese no es el único caso de monitoreo de redes sociales por parte del Centro de Operaciones del Ciberespacio. Otra tarjeta informativa, elaborada en octubre de 2021, se informa al director del C.O.C. sobre un usuario de Facebook que “realizaba señalamientos contra de personal del 65/o Btn. Inf.” (65 Batallón de Infantería). En el documento, se solicita que “se le dé seguimiento al usuario en mención, a fin de identificar y detectar oportunamente nuevas publicaciones, así como su impacto”.
Más recientemente, en mayo de 2022, un correo electrónico da cuenta de la elaboración rutinaria de fichas de usuarios de redes sociales que difunden información crítica sobre el gobierno, como es el caso de la cuenta @ryo_hermoso, que tiene más de 100 mil seguidores y hace publicaciones en contra del gobierno actual y en favor de partidos políticos de la oposición.
Uso de HIWIRE y Estrategias de Influencia
El C.O.C. utiliza el software HIWIRE, desarrollado por la empresa israelí WebintPro, para su monitoreo en redes sociales. Este sistema, adquirido a través de Scitum S.A. de C.V. (empresa del Grupo Carso), permite a los operadores identificar y vigilar a activistas e influenciadores clave, así como mapear vínculos entre usuarios y analizar el contenido de sus publicaciones.
Estas actividades de manipulación son desplegadas desde el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional (EMCDN), incluyendo el Centro de Operaciones del Ciberespacio.
De acuerdo al Manual de Organización y Funcionamiento (M.O.F.), se establece un “Grupo de Operaciones de Influencia y Sensibilización”, que tiene como parte de sus objetivos 1) “analizar la ideología de los grupos desafectos al Ejército Mexicano, a fin realizar campañas que logren desvirtuarlas”; 2) “desvirtuar las frases que han originado daño a la imagen institucional del Ejército Mexicano”; y 3) “desvirtuar la propaganda que busca vulnerar la imagen, identidad, cohesión, existencia y permanencia del Ejército Mexicano”.
El C.O.C. realiza “operaciones de influencia”, como se detalla en un documento que refiere a la elaboración de fichas de usuarios de redes sociales críticos con el gobierno. Estas operaciones buscan desvirtuar las críticas y mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas, empleando cuentas no oficiales para difundir mensajes persuasivos.
El monitoreo y registro de estas publicaciones parece una actividad habitual. Otros documentos muestran órdenes para elaborar fichas de “medios de comunicación y líderes de opinión”, donde se identifique si realizan señalamientos positivos o negativos acerca de las Fuerzas Armadas.
Así mismo, un documento elaborado por la S-2 de Inteligencia del E.M.C.D.N. revela que, durante el año 2020, el “Grupo de Operaciones de Influencia” operó al menos 6 “cuentas no oficiales” de la SEDENA, desde las cuales difundió 5259 “productos de persuasión” (infografías, videos, publicaciones), para influenciar la opinión pública en conversaciones relacionadas a la militarización, la exoneración del Gral. Cienfuegos, las violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes del ejército en Nuevo Laredo, entre otros casos que suscitaron críticas a las Fuerzas Armadas.
Marco Legal y Futuras Implicaciones
Actualmente, las actividades del C.O.C. no cuentan con un sustento legal claro, lo que ha llevado a la Secretaría de la Defensa Nacional a impulsar la creación de un marco jurídico que legitime estas operaciones en el ciberespacio. La propuesta de la Ley Federal de Ciberseguridad, presentada por el diputado del Partido Verde, Javier López Casarín, busca legalizar estas actividades, incluyendo ataques informáticos y monitoreo masivo en redes sociales.
Este informe de R3D pone en evidencia las estrategias de vigilancia y manipulación empleadas por el Ejército Mexicano, suscitando serias preocupaciones sobre los derechos humanos, la libertad de expresión y la democracia en México.
En un desarrollo notable en el caso judicial que enfrenta Pío López Obrador, hermano del presidente de México, contra el medio Latinus y el periodista Carlos Loret de Mola, se reportó un trato privilegiado para Pío López Obrador en el juzgado civil de la Ciudad de México. Según fuentes del Poder Judicial de la Ciudad de México, a López Obrador se le permitió ingresar directamente a las oficinas del juzgado 62, mientras que otros involucrados en la demanda, incluyendo a Carlos Loret de Mola, accedieron por una ruta diferente.
Este trato diferenciado permitió a Pío López Obrador esperar en las oficinas del juzgado antes del careo, programado para las 11:00 de la mañana. Por otro lado, Carlos Loret de Mola, sus abogados y David León, esperaron en el área externa del juzgado, donde también se encontraban los medios de comunicación.
El juzgado 62, escenario de la demanda presentada por Pío López Obrador tras la revelación en 2020 de videos donde se le ve recibiendo dinero en efectivo, estuvo cerrado y custodiado por guardias de seguridad privada y policía auxiliar, impidiendo el acceso de reporteros.
Pío López Obrador busca una compensación de 200 millones de pesos de cada uno de los demandados tras la publicación de los videos. Al llegar al juzgado, Carlos Loret de Mola enfatizó ante los medios que la demanda representa un ataque a la libertad de expresión, apoyado implícitamente por el jefe del Ejecutivo.
“No me van a doblar por más presiones que quieran hacer, vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea”, declaró Loret de Mola, resaltando su compromiso con el periodismo y la libertad de prensa en medio de este enfrentamiento legal.
En un intenso debate en el programa de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, y Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, expusieron sus posturas enfrentadas sobre la reforma educativa en México, el rol de los maestros y sus sindicatos, así como sobre los nuevos libros de texto.
Nuño defiende la reforma educativa de Peña Nieto
Aurelio Nuño, defendiendo la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, afirmó que esta buscaba el desarrollo de capacidades en niños y jóvenes para una vida autónoma. Criticó la contrarreforma de la administración de López Obrador, alegando que desprecia la libertad individual y educa para la dominación y el control. Nuño también señaló una disminución significativa en el presupuesto educativo y acusó al gobierno actual de realizar una “privatización silenciosa de la educación”.
La pérdida del gasto educativo ha sido brutal. En 2017, cuando era secretario de educación, el presupuesto federal de educación equivalía a 3.1 por ciento del PIB, hoy es 2.8, seis años después”, expuso.
Nuño cuestionó la falta de consultas en el nuevo modelo educativo de la 4T y criticó a Marx Arriaga como representante de líderes sindicales que, según él, han dañado al país y coartado la libertad de los docentes.
Dicen ‘no hay nada más revolucionario que hacerle caso al pueblo’. Si eso fuera cierto, hubieran consultado su modelo educativo, nos acaba de decir que hizo consultas, ¿cuáles? Un juez tuvo que detener el proceso de los libros de texto ,porque no se hicieron las consultas. Dijeron ‘sí hicimos consultas’ y reservaron por cinco años la información”, externó.
Respuesta de Marx Arriaga: críticas a la gestión de Nuño
Por su parte, Marx Arriaga contrarrestó las afirmaciones de Nuño, acusándolo de haber perseguido y cesado a miles de maestros durante su gestión. Subrayó que el modelo educativo de Peña Nieto se basaba en pruebas y libros estandarizados que limitaban la creatividad, beneficiando solo a empresarios de la educación.
Arriaga defendió el nuevo modelo educativo de la 4T y los libros de texto como basados en la libertad y las necesidades de los maestros, realizados con amplia participación y discusión en asambleas. Criticó la reforma de Peña Nieto como impuesta por organismos internacionales y centrada en enriquecer a empresarios, no en la población.
El director de Materiales Educativos de la SEP desafió a Nuño a comprender mejor al magisterio, sugiriendo que visite estados como Oaxaca, Guerrero y Veracruz para entender el impacto negativo de su reforma educativa.
Una rueda de prensa en Ciudad Obregón, convocada el pasado lunes en el restaurante Bonanza Bar, para hablar sobre las 20 iniciativas de reformas de ley enviadas recientemente por el presidente López Obrador, se convirtió en un escenario de tensión y debate político. El evento, realizado el 26 de febrero y protagonizado por diputadas federales de Morena, incluyendo a Gabriela Martínez Espinoza, Brianda Aurora Vázquez Álvarez, Judith Tánori y Sandra Navarro, se vio marcado por preguntas directas de los reporteros y respuestas variadas de las legisladoras.
La diputada Brianda Vázquez destacó por su respuesta centrada y profesional, mientras que Judith Tánori también ofreció explicaciones claras, aunque con menos detalle. Sandra Navarro, por su parte, mostró una actitud más defensiva, levantando la voz a los reporteros ante preguntas incómodas y enfocándose en la defensa de la Cuarta Transformación (4T).
Gabriela Martínez, sin embargo, se encontró en una posición más complicada. Al ser cuestionada sobre sus méritos para buscar la reelección, respondió con un informe detallado de sus actividades en el sur de Sonora, pero no sin antes enfrentar críticas por promesas incumplidas y falta de gestión.
El punto más álgido de la rueda de prensa se dio cuando un reportero mencionó la presencia de familias “incrustadas” en la política, usando como ejemplo a la familia Taddei. La Diputada Federal Plurinominal, Sandra Navarro, respondió de manera contundente, comparando a la familia Taddei favorablemente con la familia Beltrones, a la que acusó de haber dañado al país y a Sonora. “¡Es enemigo de la patria!”, exclamó respecto a Manlio Fabio Beltrones:
“Muy diferente a lo que está diciendo, porque la familia a la que nos estamos refiriendo aquí, de Sonora, ha desgastado al estado de Sonora, no nomás Sonora, el país.
Tienen sus referencias, tienen ahí sus documentitos, entonces no puedes comparar con la familia Taddei, ellos… Ustedes saben, son inteligentes. Hay un personaje que recién acaba de aparecer en las redes, y él dijo que va a regresar, pues, el señor Beltrones. No hay que hacernos inocentes.
Y es un personaje que le ha hecho mucho daño al país, a Sonora, específicamente a Guaymas. ¡Es todo el país!, ¡Es enemigo de la patria!
Nada que ver, es cuanto.”
Esta interacción llevó a una disculpa por parte de la diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez, intentando continuar con la agenda de la rueda de prensa. El evento reflejó una improvisación y una clara falta de respeto hacia los reporteros asistentes.
En el entorno político mexicano, la nota de Ciro Gómez Leyva en Imagen Televisión sobre el caso Mario Aburto han provocado una serie de reacciones. La más destacada proviene de Manlio Fabio Beltrones, candidato al senado, quien a través de su cuenta de Twitter, citó un fragmento del programa de Gómez Leyva sobre la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal contra nadie por las supuestas torturas a Mario Aburto.
Ciro Gómez Leyva, en su cuenta de X/Twitter, había expresado: “La FGR determinó no ejercer acción penal contra nadie por las supuestas torturas a las que habría sido sometido Mario Aburto. Y es que nadie lo torturó en #Tijuana, pero cómo se lucró con esa versión, cómo se dañó con esa versión, con esa infamia.”
En respuesta, Manlio Fabio Beltrones (@MFBeltrones) escribió: “Oootra vez las autoridades encargadas de procurar justicia, en turno (primero, del PRI, luego del PAN y después de Morena), desmienten la canallada de algunos vividores tradicionales de la calumnia. A ver qué inventan ahora. Su imaginación se empata con su perversidad. Y todavía se quieren dar en llamar parte del pueblo bueno, aunque en realidad saben que son unos farsantes!!!”.
El caso Aburto, un tema que ha generado controversia y debate en México durante años. Las declaraciones de Beltrones es una crítica directa hacia aquellos que, según él, han utilizado el caso para sus propios fines, desafiando la versión oficial de los hechos y cuestionando la integridad de la FGR en el actual sexenio.
Este martes 27 de febrero, el destacado periodista Carlos Loret de Mola acudió a los Juzgados Civiles en la colonia Doctores de la Ciudad de México para un careo con Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. La demanda, presentada por Pío López Obrador, acusa a Loret de Mola de daño moral relacionado con la publicación de videos en los que Pío aparece recibiendo dinero en sobres amarillos y mencionando que “todo es para su hermano”.
Al llegar a la audiencia, Loret de Mola expresó su determinación de continuar ejerciendo la libertad de expresión a pesar de las circunstancias: “No me van a doblar”, afirmó. Además, señaló las presuntas presiones sobre el Poder Judicial y los privilegios que, según él, ha recibido Pío López Obrador en el proceso.
El periodista detalló que la demanda no solo lo afecta a él, sino también a Latinus y a David León, quien aparece en los videos con Pío López Obrador, por montos de 200 millones de pesos cada uno. Loret de Mola expresó su interés en las respuestas que pueda dar Pío López Obrador durante el careo, particularmente en relación con el destino del dinero mostrado en los videos.
Publicación de @CarlosLoret en X/Twitter.
En una publicación en su cuenta de X, Loret de Mola reiteró que Pío López Obrador busca una compensación de 200 millones de pesos por la exposición de los videos y criticó la situación como un revés para la libertad de expresión en el actual gobierno. “Es el mundo al revés. Yo soy el que se sienta en el banquillo de los acusados. Yo soy el que va a ser interrogado”, escribió el periodista y columnista.
Este caso ha generado un amplio debate sobre la libertad de prensa en México, y el resultado de este careo podría tener implicaciones significativas para el periodismo y la libertad de expresión en el país.
El doxing, una forma de violencia digital, se ha convertido en una amenaza creciente en el mundo digital, especialmente en el ámbito político. Esta práctica, que implica la publicación sin consentimiento de datos personales en internet, ha impactado recientemente a figuras públicas en México, incluyendo a las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, así como al hijo del presidente José Ramón López Beltrán y la periodista de The New York Times, Natalie Kitroeff.
¿Qué es el doxing?
El doxing o doxxing, término derivado del prefijo “docs” (documentos), se refiere a la exposición no autorizada de información personal en línea. Esta práctica de ciberacoso busca dañar la reputación de las víctimas, exponiendo públicamente datos como nombres reales, domicilios, fotografías, lugares de trabajo, cuentas bancarias, números telefónicos, correos electrónicos, y hasta conversaciones privadas. Según Kaspersky, una empresa de ciberseguridad, el término se ha utilizado desde la década de los 90 y es una de las herramientas de los ciberdelincuentes para atacar a sus víctimas.
El caso de Sheinbaum y Gálvez
Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, candidatas a la presidencia de México, han denunciado recientemente ser víctimas de doxing, con la filtración de sus números telefónicos. Este incidente subraya la vulnerabilidad de las figuras públicas frente a este tipo de ataques digitales.
La problemática del doxing cobró relevancia el pasado 22 de febrero, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso públicamente el número telefónico de la periodista Natalie Kitroeff de The New York Times durante su conferencia matutina. Posteriormente, el INAI anunció una investigación sobre este incidente, considerando la divulgación de datos personales un asunto serio. A pesar de las críticas, el presidente defendió su acción, afirmando que “lo volvería a hacer”.
Este caso ha reavivado el debate sobre la libertad de expresión, la seguridad de la información personal y la ética en la era digital, especialmente en un año electoral clave para México. La preocupación por el doxing y sus implicaciones en la política y el periodismo es un recordatorio de los desafíos que enfrenta la sociedad en la gestión y protección de la información privada.
En una movida simbólica, Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México, ha decidido comenzar su campaña electoral en Sonora, un estado históricamente dominado por el PRI. Marcando el inicio de su campaña el próximo 1 de marzo, Máynez busca enviar un mensaje claro contra la clase política.
“El 1° de marzo estaré en Sonora porque hay que mandar un mensaje contra esa clase política”, afirmó Máynez, subrayando su intención de desafiar el status quo político en uno de los bastiones más antiguos del PRI.
El arranque de su campaña llega en un momento de críticas internas dentro de Movimiento Ciudadano, especialmente en torno a la inclusión de perfiles polémicos en sus candidaturas al Congreso. A pesar de las negativas del partido sobre una crisis interna, ha habido voces disidentes en el propio evento de registro, expresando su desacuerdo con algunas candidaturas.
Máynez explicó su estrategia de campaña, destacando la importancia de representar lo nuevo que trae Movimiento Ciudadano. “En Sonora está muy bien representada la vieja política y lo nuevo que representa Movimiento Ciudadano y hay que mandar el mensaje de que México es muchos Méxicos, recorrer el país, ir a muchas regiones, ir a todo el país, hacer una campaña a ras de tierra en todo el país, desde Tijuana hasta Chetumal”, señaló.
Aunque el candidato ha confirmado que iniciará su campaña en Sonora, los detalles específicos sobre su itinerario en la entidad aún no han sido revelados. La falta de información sobre las locaciones y horarios de sus eventos ha generado expectativa entre los seguidores y críticos por igual.
La coordinación de Movimiento Ciudadano en Sonora no ha proporcionado aún detalles sobre el primer acto de campaña de Máynez, dejando abierta la posibilidad de sorpresas en la estrategia del candidato.
El reconocido periodista Carlos Loret de Mola se encuentra en una situación legalmente compleja después de que Pío López Obrador, hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, interpusiera una demanda en su contra. Loret de Mola informó a través de un tweet que se encuentra entrando al juzgado, enfrentando una demanda que busca una reparación de daño por 200 millones de pesos.
El origen de esta demanda se remonta a la publicación de unos videos en agosto de 2020 por parte de LatinUs, medio dirigido por Loret de Mola. En dichos videos, se muestra a Pío López Obrador recibiendo dinero en sobres amarillos, que presuntamente estaban destinados a AMLO. Las grabaciones habrían sido autorizadas por David León Romero, operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.
La publicación de estos videos llevó a una indagatoria contra Pío López Obrador dirigida por el agente del Ministerio Público, Héctor Sánchez Zaldívar. A pesar de la dilación en la investigación por parte de la Fiscalía, que duró más de un año, Pío López Obrador obtuvo un amparo por el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, alegando violación a sus garantías.
En octubre de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) exculpó a Pío López Obrador, al no encontrar pruebas suficientes para incriminarlo por el presunto financiamiento ilegal de Morena. No obstante, en diciembre del mismo año, Loret de Mola anunció en una columna que había sido demandado por daño moral por Pío López Obrador, a quien se refirió como “El Príncipe del Cash”.
En su tweet, Loret de Mola expresó su preocupación por la situación actual de la libertad de expresión en México: “Es el mundo al revés. Yo soy el que se sienta en el banquillo de los acusados. Yo soy el que va a ser interrogado. Así la libertad de expresión en el sexenio de López Obrador”.
Este caso ha despertado un amplio debate sobre la libertad de prensa y expresión en México, enfatizando las tensiones entre la política y el periodismo en un entorno cada vez más polarizado.
A medida que México se acerca a un nuevo ciclo electoral, la violencia política ha alcanzado niveles alarmantes. Con el inicio formal de las campañas presidenciales a solo tres días, el país ha sido testigo de un patrón preocupante: cada cuatro días, un candidato, político o activista es ejecutado.
La última ola de violencia cobró la vida de Miguel Ángel Reyes y Armando Pérez Luna, candidatos de Morena y del PAN, respectivamente, a la Alcaldía de Maravatío, Michoacán. Estos asesinatos se suman al de Dagoberto García, líder de Morena en Maravatío, encontrado muerto en noviembre pasado tras haber sido reportado como desaparecido.
En Guerrero, el panorama no es menos sombrío. Omar Jalil Flores, ex Alcalde y ex diputado local priista, sufrió un intento de secuestro. El incidente ocurrió cuando Flores cruzaba la caseta de peaje de Zacapalco, siendo interceptado por hombres armados.
Según un reporte de REFORMA, en lo que va del año, 14 aspirantes a cargos de Alcaldías y diputaciones locales y federales han sido asesinados en el país. Los candidatos asesinados pertenecen a diversos partidos, incluyendo Morena, MC, PRI, PAN, PRD, PVEM y otros independientes.
Gráfico de REFORMA, tomado de la portada impresa 27/FEB/2024.
Además de estos asesinatos, se han registrado tres atentados donde los políticos resultaron ilesos. Los estados de Colima y Guerrero han sido escenarios de múltiples de estos actos violentos, con Guerrero enfrentando también dos atentados contra políticos de Morena.
Organizaciones electorales y consultorías han expresado su preocupación, señalando que este proceso electoral puede ser más violento que los anteriores. Laboratorio Electoral, un grupo de académicos, añade a esta sombría estadística una veintena de personas relacionadas con el proceso electoral que también han sido asesinadas.
La Consultora Integralia, en su análisis sobre la violencia en la elección 2024, apunta a las bandas criminales que buscan controlar las localidades a través del asesinato de aspirantes a las Alcaldías.
Frente a esta situación, el INE, en colaboración con el Gobierno federal, ha establecido un mecanismo de protección para candidatos. Las solicitudes de seguridad para aspirantes a diputaciones y senadurías serán analizadas y aprobadas por la Guardia Nacional, en un esfuerzo por mitigar este clima de inseguridad.
En un incidente que ha suscitado alarma y preocupación, un elemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) de Sonora fue detenido este fin de semana en la colonia San Bosco, al poniente de Hermosillo. Según reportes del periodista Martín Vallejo, el agente, identificado como Mario Enrique, de 23 años, realizó al menos 30 disparos con su arma de cargo durante la celebración de un baby shower.
Un video capturado y compartido en redes sociales muestra al agente disparando su arma. De fondo, se escucha la voz de una mujer, aparentemente angustiada, gritándole: “¡Noo, vas a despertar al niño, ENRIQUEEE!”. El conocido reportero Martín Vallejo compartió este material junto con información sobre la detención del agente por parte de policías municipales.
ESTE ES MARIO ENRIQUE, DE 23 AÑOS, AGENTE DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE FUE DETENIDO POR POLICÍAS MUNICIPALES ESTE FIN DE SEMANA TRAS ABANDONAR EL SERVICIO PARA IR A ECHAR BALA A UN FETEJO DE BABY SHOWER EN LA COLONIA SAN BOSCO !!! pic.twitter.com/HV24emxZ2b
El suceso ha generado un debate en torno a la responsabilidad y el comportamiento de los agentes de seguridad en funciones. A pesar de la gravedad del incidente, hasta el momento no ha habido declaraciones oficiales por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora ni de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) de Sonora.
Este incidente plantea serias preguntas sobre la conducta de los elementos de seguridad y sus implicaciones en la seguridad pública. La gente espera respuestas y una postura clara de las autoridades respecto a este comportamiento indebido de un miembro de la fuerza policial.
La investigación sobre este incidente sigue en curso, y se espera que en los próximos días se brinde más información sobre las circunstancias y las consecuencias legales para el agente involucrado.
Lilly Téllez ha dado un polémico paso al extender una invitación al presidente libertario de Argentina, Javier Milei, para visitar el Senado de la República de México. A través de su perfil en X, Téllez anunció que ha entregado personalmente la invitación en la embajada argentina en México a la ministra Romina Bocache.
“En la Embajada de Argentina en México, entregué una invitación para el Presidente Javier Milei, a través de la ministra Romina Bocache. El fin es que Milei asista al Senado de Mx. para tener un diálogo amistoso con un grupo de senadores mexicanos y conocer sus ideas políticas”, escribió la senadora en su mensaje.
La carta de invitación, compartida también por Téllez, revela un interés en profundizar el entendimiento de las ideas de Milei en el contexto tanto nacional como internacional, y en los desafíos que enfrentan actualmente los países de América Latina. “Estoy segura de que su opinión y experiencia nos dejará importantes enseñanzas y reflexiones. Será un honor poder contar con su valiosa presencia en la fecha y horario que su agenda se lo permita”, expresó Téllez.
La invitación al Presidente de Argentina.
Esta invitación no sorprende, dado que la senadora ha mostrado abiertamente su simpatía por el economista y político argentino. En noviembre de 2023, tras la victoria de Milei en las elecciones presidenciales de Argentina, Téllez fue una de las figuras políticas mexicanas que lo felicitó. “¡Bravo Argentina! ¡Bravo Milei! Es por la derecha como se rebasa a la izquierda. La DERECHA MODERNA: la fuerza de la razón, anti militarista, anti estatista, por los derechos individuales. ¡Abajo el socialismo! Vivan la justicia, la prosperidad y la libertad ¡Argentina!”, publicó en aquella ocasión.
La respuesta de Milei y la posible fecha de su visita al Senado mexicano son aún inciertas, pero la propuesta de Téllez promete generar un interesante intercambio de ideas y perspectivas en el escenario político mexicano.
Una investigación reciente de Latinus pone de manifiesto la existencia de una red de influencias en Petróleos Mexicanos (Pemex), presuntamente vinculada a Andy y “Bobby” López Beltrán, hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. El reportaje detalla cómo Amílcar Olán, cercano a la familia presidencial, está implicado en la orquestación de contratos para el próximo sexenio.
Los audios obtenidos por Latinus revelan conversaciones de Olán, donde discute la urgencia de concretar acuerdos antes del fin del actual periodo gubernamental. “Estoy contrarreloj terminando este sexenio”, se le escucha decir. En estos registros, también se menciona a Abraham, ejecutivo de Eseasa Construcciones, una firma que ha ganado contratos millonarios en los últimos años.
El caso de Wessco, una empresa donde Olán ha invertido sustancialmente, es un ejemplo clave de cómo se han gestionado estos contratos. Según Olán, ha inyectado unos 90 millones de pesos en Wessco, con la intención de quedarse con una parte significativa de la compañía. “Yo me voy a quedar con el 50 por ciento de Wessco”, afirma.
Este esquema implica a Servio Tulio Subiaur Artiachi, socio principal de Wessco y ex empleado de Pemex, subrayando la complejidad de las relaciones y acuerdos dentro de la petrolera. El reportaje de Latinus contribuye al debate sobre la ética y la transparencia en la gestión pública, enfocándose en un tema crítico como lo es la adjudicación de contratos en Pemex.
Este nuevo capítulo en la serie de reportajes de Latinus incita a cuestionar y analizar detenidamente los procesos de licitación y adjudicación de contratos en instituciones estatales, reafirmando la necesidad de una supervisión constante y eficaz en estos ámbitos.
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