En otoño de 2021, Michoacán fue escenario de un acontecimiento significativo en la lucha contra el crimen organizado en México. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido por su violencia extrema y su expansión territorial, lanzó una ofensiva en los límites con Jalisco. Este avance militar del cártel de las cuatro letras desplazó a miles de personas y atrajo la atención de los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales.

Para contrarrestar el avance del CJNG, el Ejército mexicano habría adoptado una estrategia que involucró la colaboración con grupos criminales locales rivales del grupo criminal que comanda Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de acuerdo con información revelada por International Crisis Group.

El documento titulado “El laberinto de los generales: crimen y militares en México” señala que miembros de dos grupos criminales, un alto funcionario federal, soldados y autoridades locales se coordinaron para formar un frente común contra el grupo criminal de El Mencho.

Esta alianza de facto permitía que los miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército y los grupos criminales locales llevaran a cabo operaciones conjuntas.

Iniciada la operación, las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano mostraron inicialmente reticencia en tomar medidas decisivas contra los combatientes del CJNG, ello debido al temor de ser acusados de crímenes de lesa humanidad, un serio delito con implicaciones tanto nacionales como internacionales.

“Se informó que las fuerzas especiales del ejército dudaban en tomar medidas decisivas contra el CJNG debido al temor de ser acusados de crímenes contra la humanidad. Sin embargo, después de recibir garantías de un grupo local de que se desecharían los cuerpos en fosas clandestinas, los soldados procedieron”, se lee en el informe.

En una serie de combates en y alrededor de Taixtán, municipio de Tepalcatepec, y El Terrero, en el municipio de Buenavista, las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano lograron eliminar a cerca de 400 combatientes del CJNG.

Crisis Group señala que “una fuente confirmó que murieron unas 400 personas. Estas muertes no habían sido reportadas anteriormente. Tampoco se reflejan en las estadísticas de homicidios o desapariciones”.

Los líderes y combatientes criminales, así como funcionarios del estado, confirmaron que los soldados mataron a decenas de miembros del Cártel Jalisco y que los cuerpos fueron desaparecidos con ayuda de los grupos criminales locales.

Sin embargo, a pesar de esta significativa baja para el CJNG, el operativo no logró desmantelar completamente al cártel y éste sólo se reorganizó y reanudó sus actividades, incluyendo nuevos ataques contra soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Un líder criminal resumió la situación mencionando que “siempre hay reemplazos humanos”, refiriéndose a la capacidad de los grupos criminales para reponer sus filas rápidamente, incluso después de sufrir bajas significativas.

En los últimos años, México ha visto cómo la violencia criminal se ha mantenido en niveles alarmantes a pesar de los esfuerzos del gobierno por combatir el crimen organizado. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado más tropas que cualquier otra administración anterior, pero los resultados en términos de reducción de violencia han sido mixtos.

El informe de International Crisis Group también revela que ha habido una oferta tácita, a veces explícita, por parte del Estado mexicano a estos grupos para reducir la violencia abierta a cambio de mayores libertades en su control territorial.

Según la investigación, las políticas de seguridad implementadas bajo el mandato de López Obrador han resultado en un tipo de modus vivendi en el que los grupos criminales aceptan reducir y ocultar la violencia a cambio de la permisividad estatal para controlar y expandir sus operaciones.

En estados como Michoacán, Veracruz, Colima y Guerrero, esta dinámica ha permitido que las organizaciones criminales diversifiquen sus actividades ilícitas mientras mantienen un perfil bajo en términos de violencia visible.

La relación entre autoridades y grupos criminales es multifacética. En algunas regiones, las fuerzas de seguridad parecen haber llegado a acuerdos tácitos con las organizaciones criminales, lo que les permite aumentar su control sobre ciertas áreas y expandir sus negocios ilícitos y legales. En otras palabras, en lugar de enfrentamientos abiertos, lo que se observa es una contención de la violencia visible a cambio de un mayor control criminal sobre el territorio.

La organización señala que se han establecido un conjunto de reglas no escritas que alientan a los grupos criminales a reducir sus actos de violencia abiertos y a ocultar los crímenes que sí cometen. En este marco, las autoridades hacen la vista gorda ante ciertas actividades ilegales. Este acuerdo ha permitido que los carteles y otras organizaciones criminales extiendan sus operaciones de tráfico de drogas a nuevas sustancias, desarrollen redes de extorsión más amplias, e incluso se infiltran en negocios legales.

Por ello el caso de Michoacán en el que las Fuerzas Armadas se unieron con criminales locales para ejecutar a algunos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación es especialmente revelador.

Si bien estas estrategias pueden haber ayudado a reducir temporalmente las tasas de homicidios en algunas regiones, los resultados a largo plazo son cuestionables. Las organizaciones criminales han aprovechado la oportunidad para diversificar sus ingresos y fortalecer su control sobre las comunidades locales. La extorsión, el control de negocios legales y la participación en el tráfico de nuevas drogas son solo algunas de las formas en que estas organizaciones han expandido su influencia.

Uno de los mayores desafíos de esta estrategia es la falta de transparencia y responsabilidad. Las operaciones militares, como la de Michoacán, a menudo se llevan a cabo sin una supervisión adecuada, lo que permite que las alegaciones de crímenes y abusos por parte de las fuerzas de seguridad continúen sin ser investigadas, subraya el documento.

Las revelaciones del informe de International Crisis Group destacan una realidad incómoda y compleja en la lucha contra el crimen organizado en México. La colusión entre autoridades y grupos criminales, aun cuando puede haber reducido temporalmente la violencia visible, ha permitido una mayor consolidación del control criminal sobre ciertos territorios.

A unos días de que se lleven a cabo las elecciones, el análisis de Crisis Group apunta a que es necesario que haya una reevaluación de las estrategias de seguridad que aborden de raíz las causas del crimen y la violencia.

Durante las primeras horas del 28 de abril, el juez federal a cargo de la causa en contra de Abraham “N”, alias ‘Don Rodo’, determinó su no vinculación a proceso por falta de elementos para corroborar su posible participación en los delitos de portación de arma de fuego y contra la salud, de acuerdo con información el periodista Mario Rodríguez, de Milenio.

A raíz de ello, se ordenó que el hermano de ‘El Mencho’, máximo líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fuera liberado a reserva de que exista otro proceso en su contra.

Según la información compartida por Rodríguez, la audiencia de vinculación a proceso programada para el sábado 27 de abril tuvo un retraso de dos horas y se prolongó hasta la madrugada del día siguiente.

Durante la extensa sesión, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron una reconstrucción de lo ocurrido el 21 de abril en Autlán de Navarro, Jalisco, durante el operativo en el que ‘Don Rodo’ fue capturado.

Minutos después, llegaron al lugar elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a bordo de un helicóptero para trasladar a ‘Don Rodo’ a la Ciudad de México.

No obstante, la defensa del imputado presentó diversos testimonios que resaltaban una serie de inconsistencias en el operativo. Primero, agentes periciales confirmaron que una serie de videos captados por vecinos del fraccionamiento revelaron que dos hombres fueron detenidos en el lugar, pero sólo Abraham “N” subió a la aeronave del Ejército.

Finalmente, se contempló el testimonio del médico de Abraham “N”, quien aseguró que el imputado —de 70 años de edad— padece múltiples enfermedades crónico degenerativas, lo que complicaría su uso de las armas mencionadas por las autoridades.

En vista de lo anterior, el juzgador concluyó que no había elementos suficientes para vincular a proceso a Abraham “N” por los delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y en la Ley General de Salud que la FGR señaló en la causa penal 114/2024.

Al exponer su resolución, el juez calificó de inverosímil la narrativa ofrecida por la FGR, ya que Abraham “N”, por su estado de salud, no podría cargar el armamento señalado por las fuerzas federales; aunado a ello, no se encontró rastro de sus huellas en el arsenal ni en la droga asegurada por la GN.

A una semana de la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, el caso continúa sin resolverse. La Fiscalía del Estado ha presentando algunos avances, pero ninguno que aclare qué fue lo que pasó con ellos y si, como se sugiere a través de una de las hipótesis, fueron víctimas del reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Uriel Galván, Dante Cedillo, Jaime Adolfo Martínez, Diego Alberto Lara y Roberto Olmeda salieron de sus casas el pasado 11 de agosto para asistir juntos a la Feria Lagos 2023, pero no regresaron.

A diferencia de otros casos de desaparición que se han registrado en el país, el suceso ha conmocionado a la población por algunos hallazgos que se han registrado; tales como una fotografía en donde presuntamente se les ve maniatados y con heridas, así como también un video -supuestamente relacionado con ellos- en el que se muestra como una de las víctimas es obligada a atacar a muerte a los otros.

Aunque el contenido material está bajo análisis de las autoridades para determinar su veracidad, los hechos recordaron a las declaraciones de sobrevivientes del reclutamiento del CJNG que, entre 2017 y 2018, relataron las prácticas que los cárteles empleaban para incorporar a sus filas a jóvenes.

Campamentos del CJNG: ¿Cómo funcionan?

Como Infobae México informó en 2017, en julio de dicho año la Fiscalía de Jalisco dio a conocer la detención de 19 personas y el descubrimiento de tres campamentos de entrenamiento del CJNG, mismos que arrojaron como resultado pruebas sobre la forma en la que los criminales obligaban a sus víctimas a formar parte de sus filas.

El entonces fiscal general de la dependencia, Eduardo Almaguer Ramírez. detalló que ‘las escuelas del narco’ eran montadas en la parte serrana de Navajas, en el municipio de Tala; una zona de difícil acceso a la que solo se podía ingresar a pie.

Pero, ¿cómo eran llevadas las víctimas hasta dicho punto?

De acuerdo con testimonios de sobrevivientes del reclutamiento, los cárteles engañaba a sus víctimas a través de redes sociales y mediante anuncios de trabajo falsos en los que se ofertaban vacantes para ser guardias de seguridad, volanteros, escoltas, empleados de call center, encuestadores, entre otros.

Se trata de los típicos folletos que se encuentran pegados a los postes de las calles y que permiten agarrar un papel que contiene la información de contacto. Usualmente no contiene datos. más que la especificación de la edad requerida y el pago mensual. En redes sociales se manejaba el mismo formato, pues no se mostraba referencia de las empresas en las que supuestamente trabajarían.

Los reportes señalan que, en aquel año, la edad de las víctimas oscilaba entre los 20 y 25 años, a quienes se les ofrecían sueldos de tres mil a cuatro mil pesos mensuales.

Las personas interesadas, sin tener conocimiento de que se trataba de una trampa, eran citados al mismo tiempo en un lugar determinado y era entonces cuando comenzaba la pesadilla.

Entrenamiento y combate

Una vez que eran trasladados al campamento, se les explicaba que tenían que servir para el cártel o de lo contrario habría represalias contra sus familiares y también serían asesinados. Quienes se negaban inmediatamente, perdían la vida.

Quienes aceptaban, eran entrenados con armas y tácticas de combate, y en muchas ocasiones eran obligados a pelear a muerte entre ellos. En varios de los campamentos que han sido localizados en los últimos años se encontraron restos óseos, armas de gran calibre e incluso narcolaboratorios.

“Se sabe, que entre 50 y 60 sujetos son los que resguardaban a un promedio de 40 personas que tenían reclutadas, los cuales desde su llegada los obligaban a construir sus propios alojamientos con madera y ramas. Decirles que encontramos, entre otras cosas, que no podían ser percibidos desde el aire”, detalló en 2017 Almaguer Ramírez.

Cabe destacar que Jalisco no es la única entidad en la que se han desmantelado campamentos de entrenamiento relacionados al narcotráfico. Michoacán, Tamaulipas y Sonora también ha sido escenario de ellos y es una situación que hoy en día continúa presentándose, por lo que se cree que, a pesar de los años, la forma de reclutamiento persiste.

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Infobae