Apenas el pasado 16 de febrero, el periodista Jaime Barrera recordó en su columna del periódico El Informador los violentos bloqueos que el crimen organizado desató en Guadalajara en 2012 y 2015 para impedir la captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

“Fue un sábado de terror y de agresión directa a la ciudadanía cuando, después del secuestro de 36 unidades del transporte público y autos particulares, se padecieron 23 narcobloqueos en calles y carreteras del estado”, escribió el periodista sobre los hechos ocurridos en agosto de 2012.

“Ya en la administración del presidente priista Enrique Peña Nieto, volvió a ocurrir otra jornada violenta, corregida y aumentada, en otro intento de detención del líder del CNG”, apuntó Barrera, sobre el infierno que en mayo de 2015, mediante el incendio de bancos, gasolineras y todo tipo de vehículos, cayó sobre Jalisco, Colima, Guanajuato y Aguascalientes.

Barrera recordó en su columna que a partir de estos acontecimientos El Mencho se convirtió en objetivo prioritario del gobierno federal.

Escribió entonces las líneas que, según fuentes del estado vinculadas a la investigación, pudieron provocar que la tarde de este lunes fuera privado de la libertad al salir de su programa radiofónico.

Barrera relató en esa columna, a la que colocó un título impactante (“EU lo persigue; en Autlán lo consienten”) que desde aquellos acontecimientos El Mencho, conocido también como El Señor de los Gallos, no había hecho sino aumentar su poder.

El periodista asentó que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, la captura de este capo no parecía ser ya un asunto prioritario, “al grado que el domingo pasado en pleno Carnaval de Autlán, en medio de la corrida de toros que encabezó el matador Arturo Saldívar, el líder del CJNG fue objeto de distinciones con un vistoso y colorido arreglo sobre la arena del ruedo en una plaza pletórica donde se leía: ‘Señor de los Gallos. Todo lo que desees para mí, Dios te lo multiplicará. Bendiciones’”.

Jaime Barrera Rodríguez, uno de los periodistas más relevantes de Jalisco, figura estelar en radio y televisión, llevaba varios meses denunciando la violencia con que el crimen organizado está ahogando la vida en Jalisco.

Hace apenas unos días reseñó la emboscada que decenas de sicarios tendieron a policías municipales en Huejúcar y Santa María de los Ángeles, y en la que dos elementos perdieron la vida: Barrera se preguntó por qué esa “noche roja” la policía del estado, sin justificación alguna, retrasó su llegada al lugar, y recordó que también en noviembre pasado, durante el operativo que llevó a cabo el Ejército para detener en Tapalpa al CR, jefe regional del Cártel Jalisco, la policía estatal había tardado en llegar una hora y media.

En una de sus últimas colaboraciones, Barrera reclamó al presidente López Obrador la enjundia con que ataca a sus opositores políticos “y a todo aquello que le represente un contrapeso”, aunque “nunca ha dirigido esa beligerancia contra los grupos del crimen organizado que tienen incendiadas cada vez más regiones del país”.

“Los embates presidenciales —escribió— son contra los opositores y los contrapesos; para la delincuencia, una tolerancia que raya en el incumplimiento de la ley al no detener, sino esquivar a los generadores de violencia, que se le empieza a achacar también como complicidad criminal”.

El 11 de marzo, el periodista, de 56 años de edad, conductor en Televisa Guadalajara y en el Canal 44, salió de la estación de radio para ir a preparar en la televisora su noticiario nocturno. Dejó en la oficina su computadora. Había dejado en su casa su celular. Testigos, cuyo testimonio fue recogido tras una llamada al 911, afirman que vieron un forcejo y que entre cuatro o cinco hombres subían a alguien a un vehículo.

Los agresores metieron a Barrera en un SUV y otro más abordó la Fiat Fastback de color gris del periodista. Eran las 14:05 horas. Cámaras del C5 siguieron los movimientos del Fiat en un viaje de 21 minutos. La camioneta fue hallada más tarde en la Unidad Fovissste de Zapopan.

“No te metas ahí”, dicen que le habían dicho al periodista varios colegas. Con valentía, decidió seguir denunciando el horror que sacude Jalisco.

Al día siguiente de su desaparición, el presidente volvió a agredir y a criticar y a arremeter contra la prensa. Y como había escrito Barrera, no dirigió ni por un segundo “su beligerancia contra los grupos del crimen organizado”.

En el clima rabioso de hostilidad que se genera desde el micrófono más poderoso del país, Barrera fue privado de la libertad a plena luz del día. Uno de sus agresores llevaba un arma larga, según los testigos. No hubo nada ni nadie que lo impidiera.

Colegas del comunicador se reunieron ayer en la Plaza Liberación para exigir que apareciera con vida.

No se puede sino exigir que aparezca, y que en los contados días que le quedan en el cargo el presidente deje de “esquivar a los generadores de violencia”.

Un adulto mayor fue tableado tres veces, al lado de una unidad de transporte público de pasajeros, por un integrante de la delincuencia organizada. Fueron tres golpes secos, propinados sin compasión.

Al mismo tiempo, otro chofer era arrojado contra una silla.

“No subas las manos, hijo de tu puta madre”, le decía otro sujeto, quien lo cacheteó brutalmente en diez ocasiones y le ordenó resistir el castigo sin cubrirse el rostro con las manos.

“Quita las manos, verga. Quiero que reportes bien… Escúchame, veme a los ojos y cállate el hocico… A la hora que sales, a la hora que regresas, quiero reportes… Desde que sales de ruta, mierda… ¿Son animales?… No subas las manos, hijo de tu puta madre”.

No ocurría en la penumbra de una casa de seguridad. Ocurría en la vía pública, a la luz del día, en un paradero del transporte público, en el puerto de Acapulco.

El video que contiene estas imágenes indignantes explotó ayer, llevando a las redes sociales la realidad de un México que, sistemáticamente, desde el país ideal donde lo que priva es la felicidad, las autoridades se han empeñado en negar.

Antes de la devastadora llegada del huracán Otis, la extorsión y el cobro de piso habían llevado a la quiebra a cientos de negocios de la Costera, el centro de la ciudad y la zona conurbada. Desde principios de 2013 la Cámara Nacional de Comercio de Acapulco denunciaba el cierre masivo de establecimientos: salones de fiestas, tiendas de ropa, bares, billares, papelerías, tortillerías, negocios de comida.

El gobierno de Acapulco atribuyó los hechos a llamadas de extorsión realizadas sobre todo desde los penales. En realidad, el crimen organizado se había apoderado del comercio formal e informal mediante el asesinato y la quema de negocios.

Todo regresó a medida que a Acapulco volvió a “la normalidad”.

Al arranque de 2024 el puerto se paralizó. Los vehículos de transporte de pasajeros dejaron de dar servicio tras los ataques y amenazas de los verdugos del crimen organizado. Entre el 7 y el 11 de enero la delincuencia incendió tres vehículos en Caleta y la Zona Diamante, asesinó a un chofer, al que le dejó una cartulina, e hirió a tiros a otro conductor. Audios cargados de amenazas desataron el pánico: “Que no quieren ver a ningún taxi amarillo funcionando”, “que el que trabaje se atenga a las consecuencias”. Se anunció la quema de vehículos y el asesinato de choferes.

Al menos 200 transportistas suspendieron sus actividades. Los usuarios hicieron filas de hasta cuatro horas para poder llegar a su destino. Miles de trabajadores no lograron llegar a sus empleos. La Canaco reportó pérdidas por más de 400 millones de pesos.

Los taxis y los colectivos que siguieron trabajando cobraban 100 pesos aunque se tratara de viajes cortos. De nuevo se desató el caos: miles de personas caminando a la deriva.

No hubo detenidos, no hubo presentados. Las autoridades negaron incluso que los audios fueran reales. Se sugirió que se trataba de una estratagema para aumentar las tarifas.

Con un estado totalmente rebasado y en manos de la delincuencia, la inexistente gobernadora de Morena, Evelyn Salgado, recorrió unos metros de la Costera para anunciar que el servicio estaba “funcionando al 100”.

Mientras tanto, las extorsiones al transporte se replicaban en Taxco, Chilpancingo y Zihuatanejo. En Acapulco se denunció que el grupo de Los Rusos exigía un pago semanal y que en caso contrario las unidades serían incendiadas.

En febrero fue incendiado un club de playa, el Kalei. Los medios denunciaron que a los propietarios no les había alcanzado para pagar el derecho de piso. Volvió a aflorar el fantasma de la extorsión. Cobros de hasta 25 mil pesos a pequeños negocios ubicados en la playa.

El video difundido ayer es desolador. Muestra la impunidad con que actúan los criminales, la inermidad, la indefensión de las víctimas, y la completa ausencia e incompetencia del Estado: mexicanos solos frente a sus verdugos.

¡Qué felicidad! ¡Qué siga la fiesta!

Se podría pensar que el escandaloso libro Rosario de México. Testimonio de una infamia, se trata de Rosario Robles: la exsecretaria en el sexenio de Enrique Peña Nieto a la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador metió más de mil días a la cárcel mediante la fabricación aberrante, mejor dicho criminal, de una licencia falsa.

Y en parte es cierto. Porque el libro narra la manera en que se involucró a la exsecretaria de Sedatu y Sedesol en la llamada Estafa maestra, según la cual se habrían desviado a campañas políticas miles de millones de pesos desde las dependencias que esta encabezó.

En el libro está narrado el calvario que llevó Rosario Robles a una celda helada de Santa Martha Acatitla, y detallada, desde luego, la tragedia de mujeres que viven hacinadas, extraviadas en los laberintos de un sistema judicial ineficiente y podrido.

Pero el verdadero personaje de Rosario de México es en realidad el cerebro que operó la estafa: el exoficial mayor de Sedatu y Sedesol, Emilio Zebadúa: una sombra a la que persiguen los fantasmas del enriquecimiento inexplicable, y quien negoció su impunidad, a través del abogado Juan Araujo, explica Robles, con el poderoso exconsejero jurídico de la Presidencia, y a quien el presidente llegó a llamar su “hermano”, Julio Scherer Ibarra.

Robles relata que cuando el escándalo de la Estafa Maestra estalló, Zebadúa dejó de contestarle el teléfono. Y aunque diversos indicios lo hacían directamente responsable de desvío de dinero, “no se le tocó ni con el pétalo de una rosa”. Cuenta Robles que alguien “a quien también quisieron extorsionar” le reveló que Araujo le había dicho que “el problema” con ella era que “no había querido entregar nada”. “‘Nada’ era dinero –escribe Robles–. Cash”.

Animal Político documentó que Zebadúa se escondió de las autoridades al menos 20 veces para evitar ser notificado por la Auditoría Superior de la Federación, que lo hacía administrativamente responsable de malos manejos y le exigía la entrega de al menos 1,632 millones de pesos. Mientras se amparaba, dejó incluso la orden de que no abrieran las puertas de sus cuatro domicilios. Se detectó que él había hecho lo que nunca le encontraron a Rosario Robles: firmar convenios que permitieron la salida de gran parte de ese dinero.

Al mismo tiempo, sin explicar el origen de sus ingresos, un hermano suyo, en realidad, su apoderado legal, compró inmuebles en Estados Unidos por más de un millón de dólares.

Robles afirma que, en una reunión entre López Obrador, Julio Scherer y el fiscal Gertz Manero, se acordó ir tras ella como una forma de llegar al brazo derecho de Enrique Peña Nieto, quien, para esta triada, habría girado la orden de que el dinero de la estafa fuera desviado: Luis Videgaray.

Se ha documentado incluso cómo estas persecuciones le permitieron a Scherer cobrar extorsiones jugosísimas. Además de lo escrito por Robles, está el libro de Hernán Gómez.

De ese modo comenzó lo que Robles llama “el gran show”. No le habían hallado propiedades, ni cuentas de banco. No le habían hallado nada a ninguno de los miembros de su familia. El delito por el que se le acusaba –que era el de ejercicio indebido del servicio público— no ameritaba prisión. Entonces le fabricaron una licencia de manejo con una dirección y una firma que no eran la suyas. Aún peor: con una fotografía bajada de internet, como lo descubrió la periodista Azucena Uresti, e incluso con una huella falsa.

Le pusieron también un juez de consigna, emparentado con dos personajes de oscura memoria: René Bejarano y Dolores Padierna.

A fines de febrero pasado se ordenó a la fiscalía capitalina —la misma que se prestó a la falsificación del documento— que investigara quién había dado la orden de falsificar la licencia empleada por el ministerio público para meterla en prisión.

Más adelante, una jueza rechazó vincular a proceso al exfuncionario de la Semovi involucrado en la creación del documento apócrifo, alegando que la fiscalía no aportó pruebas que acreditaran que este había cometido tal delito.

Después de montañas de lodo, de ríos de tinta dedicados a la descalificación y la estigmatización, a Robles no ha logrado probársele absolutamente nada porque, dice ella, “no desvié para mí, ni para una campaña política, un solo centavo”.

“Enfrenté esa campaña sola, y todos los agravios jurídicos se fueron desmantelando”, asegura.

Finalmente, tuvieron que dejarla en libertad.

Si se empleara el criterio que se le aplicó a ella, más de tres personajes de alto nivel de este gobierno estarían ya en prisión, comenzando por el titular de Segalmex.

Sin embargo, al modesto oficial mayor Emilio Zebadúa, la figura más embarrada de la Estafa Maestra, le concedieron un criterio de oportunidad, y se le ha visto tomando café con tranquilidad en las calles.

Robles, de momento, ha contado su verdad. Y es una verdad que indigna.

En agosto pasado la pugna entre Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación llevó a los pobladores de Apatzingán, Michoacán, hasta las puertas mismas del infierno.

Los grupos criminales cerraron entradas y salidas del municipio e iniciaron la quema de vehículos, de negocios, de tiendas de conveniencia.

La gente se encerró en sus casas, mientras los delincuentes se paseaban por la cabecera municipal “como Pedro por su casa”.

“Como Pedro por su casa” es la frase que emplean allá para referirse a la presencia cotidiana de los narcos, que en octubre pasado plagiaron a un inspector del Ayuntamiento, Mario César Rodríguez, para luego abandonar su cadáver torturado en una calle de la colonia La Laja, y quienes un mes más tarde asesinaron al comandante de la policía municipal, Octavio Miguel López, quien figura hoy como el elemento de seguridad número 27 asesinado en Michoacán a lo largo de 2023.

El padre Gregorio López Gerónimo, conocido como el Padre Goyo, ha acusado al presidente municipal, el morenista José Luis Cruz Lucatero, de haber vendido la ciudad a Los Viagras, uno de los grupos criminales que forman la alianza conocida como Cárteles Unidos.

“No sabemos si vamos a anochecer”, “andamos con el santo en la boca”, son frases con las que los habitantes de Apatzingán describen su situación, mientras la mano del crimen organizado se extiende por el municipio, estrangulando sus vidas.

Antes de tomar un caso, aseguran, los abogados deben consultar con el jefe de plaza en turno, quien hace las veces de juez cuando hay conflictos serios entre vecinos. El jefe de plaza impone los precios de la canasta básica, de modo tan arbitrario, que se dice que en Apatzingán se vende la tortilla más cara del país.

Los criminales cobran por el internet y por el privilegio de tener líneas telefónicas. La tragedia de los limoneros se ha contado: un peso de cuota por cada kilo de limón que es entregado a las empacadoras. Otras voces aseguran que la extorsión se cobra según el número de hectáreas cosechadas, y que además los narcos piden en el mes de diciembre 50 mil pesos de aguinaldo.

Relatan vecinos de Apatzingán que los criminales venden incluso los pases para que los estudiantes puedan presentar exámenes de admisión.

“Aquí no existen ni la fiscalía, ni la Secretaría de Seguridad Pública, ni la Profeco, ni la SEP, ni el SAT”, dice el Padre Goyo. “En Apatzingán no hay quién nos defienda”.

El despojo de propiedades es una constante en el municipio. Se habla de colusión entre el crimen organizado, la policía y la Guardia Nacional. En 2020 los casos de desaparición aumentaron dramáticamente en el estado: solo ese año se reportó la desaparición de 931 personas. Según datos de la organización El Buen Samaritano, 32 mil personas han sido desplazadas en los últimos años. La región se ha llenado de viudas y huérfanos.

El clima de inseguridad es tal que el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Huacus Esquivel, quien buscará su reelección en el distrito de Apatzingán, ha anunciado que hará su campaña portando un chaleco antibalas: en días pasados, en menos de 24 horas, dos candidatos fueron abatidos en Maravatío, Michoacán, lo que provocó que una docena de aspirantes se bajaran de la contienda.

Apatzingán fue uno de los municipios michoacanos en los que el crimen organizado operó durante las elecciones intermedias de 2021. Los grupos criminales buscan mantener el control de la extorsión en los campos citrícolas, que se extienden a lo largo de 63 mil hectáreas. Más las entradas que les dejan la venta de carne, de pollo, de huevo, de cerveza, de materiales de construcción…

“Este Presidente a los malos los hizo buenos y a nosotros nos olvidó”, afirma el Padre Goyo, quien dice haber visto personas que en solo tres meses pasaron de terratenientes a desplazados, y prácticamente a indigentes. Un retrato más del México feliz.

Con tiros en el rostro, a las afueras del fraccionamiento Joyas de Brisamar, en Acapulco, fue asesinado la noche del domingo el empresario Joaquín Alonso Piedra, conocido como El Abulón (aunque su verdadero apodo era El Agujón, debido a su delgadez).

Lo esperaron a las puertas de su domicilio. Llegó sin vida al Hospital Magallanes, en donde también su esposa fue intervenida de urgencia.

Joaquín Alonso Piedra fue suegro de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y abuelo del hijo que esta tuvo con el también empresario Joaquín Alonso Bustamante.

En 2015, la ejecución de seis taxistas llevó a agentes de la División de Inteligencia de la Policía Federal hasta un grupo de sicarios de la organización conocida como Los Rusos, brazo armado del Cártel de los Beltrán Leyva.

Los sicarios confesaron que se hallaban bajo las órdenes de La Señora, Clara Elena Laborín, esposa del narcotraficante Héctor Beltrán Leyva, cuyo imperio había heredado. Revelaron, también, que “arriba” de ellos se hallaba El Agujón: consuegro del exalcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, y encargado de lavar los activos de la organización, así de como de financiar con dinero del crimen organizado diversas campañas políticas.

El Agujón fue detenido en 2016 y enviado a prisión bajo cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fue liberado tras la llegada de su exnuera a la gubernatura de Guerrero. La liberación se realizó sin ruido y sin prensa. Pero narcomantas y mensajes subidos a redes sociales indicaban que al salir de prisión había vuelto a tejer una red criminal: se le acusó de estar detrás de las extorsiones a hoteleros y restauranteros y de despojar de sus propiedades a ejidatarios.

Una de estas mantas le lanzaba la siguiente amenaza: “Atente a las consecuencias”.

En un mensaje dirigido a la gobernadora se indicaba tras la liberación de su exsuegro, y gracias a la protección que el gobierno le brindaba, que Acapulco se estaba “desbaratando” por la violencia y los asesinatos de políticos, empresarios y “hasta taxistas”.

Apenas en diciembre pasado, el exdiputado Ricardo Taja, socio de El Agujón, y quien buscaba la alcaldía de Acapulco por Morena, fue acribillado en una pozolería de la Zona Diamante. Esa semana, el presidente López Obrador había negado que existieran problemas de inseguridad en Acapulco.

Un cerco formado por los cadáveres de parientes y familiares asesinados rodea a la gobernadora de Guerrero.

El 7 de agosto de 2023 fue asesinado en Iguala Humberto Enoc del Valle Zúñiga, esposo de su prima, Zulma Janeth Carvajal Salgado, aspirante a la alcaldía de Iguala.

Del Valle Zúñiga había sido director de la policía preventiva en los días en que Félix Salgado Macedonio gobernó Acapulco, y le abrió la puerta a los Beltrán Leyva.

Una semana antes, en la Autopista del Sol, habían ejecutado al empresario automotriz José Guadalupe Fuentes Brito, tío del jefe de Oficina y pareja sentimental de Evelyn Salgado, Rubén Hernández Fuentes.

En el mes de octubre, en uno de los ataques más brutales contra la fuerza pública, un sobrino del Agujón, Alfredo Alonso López, secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, fue emboscado y asesinado por un comando en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.

En el ataque perdieron la vida diez personas más: el director de la policía de Coyuca, Honorio Salinas Garay, y nueve agentes uniformados.

Una versión recogida entre fuentes estatales indica que uno de los líderes de Los Rusos, Jesús Orlando Rodríguez, le había reclamado a El Agujón propiedades que pertenecían a los Beltrán Leyva, y de las que este se había apropiado.

Desde los primeros asesinatos de parientes y familiares se indicó que el crimen organizado le estaba enviando mensajes a la gobernadora, a quien se acusa de haber pactado con grupos criminales, entre estos, según versión del obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, el de Los Tlacos.

El de Evelyn Salgado ha sido un gobierno de sangre. Como ha ocurrido con la familia Monreal en Zacatecas, ese torrente desatado ha alcanzado ya a muchos de sus cercanos.

¿Casualidad?

Recibí un explosivo paquete conformado por audios y videos en los que María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez, una de las fundadoras de Morena, subdelegada regional de programas sociales en Sinaloa, operadora política de la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, y excolaboradora del entonces senador Américo Villarreal, quien llegó a Sinaloa para operar la campaña política de Rubén Rocha Moya, actual gobernador del estado, detalla el desvío de dinero de programas sociales a las campañas políticas de Morena y habla de la llegada de maletas repletas de efectivo, presuntamente enviadas por narcotraficantes, y entregadas a Rocha Moya, quien, según afirma Hernández Jiménez, alguna vez protestó: “No seas cabrón, cómo me traes esto aquí”.

“Nunca pude saber de quién era (el dinero) pero llegaban con maletas de dinero a la casa de campaña… Mi exmarido trabajaba conmigo ahí… y él fue el que me dijo: este dinero lo traen de allá. Le dije: pero quién es su contacto, o sea quién se los da, dice no he logrado saber, sólo sé que es Isidro”.

En uno de los audios que llegaron a mis manos, Hernández Jiménez dice: “Yo no era así, nunca criticaba al partido, ahora lo tengo que criticar porque ya lo vi. Antes me decían y yo decía, no. Es que jamás… pero sí ya lo vi, yo vi las maletas llenas de dinero”.

Grabada durante conversaciones llevadas a cabo vía zoom, y en un restaurante en los Estados Unidos, la exsubdelegada habla también de una visita a “la sierra”, llevada a cabo en un jet privado, y realizada por Américo Villarreal y el propio Rocha Moya, en la que presuntamente se entrevistaron, para recibir apoyo, con narcotraficantes de Sinaloa.

Hernández Jiménez, delegada regional en Angostura y Guasave, acusa al actual secretario de Agricultura del gobierno de Rocha Moya, José Jaime Montes Salas, nombrado por el presidente López Obrador como superdelegado de programas sociales en Sinaloa, de haberle exigido la entrega de tarjetas del bienestar que se darían por perdidas o por robadas:

“Estas tarjetas no las vas a entregar, me las vas a traer a mí. Le dije, ok, está bien… Y entonces, cuando se las voy a entregar, le digo fírmeme aquí de recibido, y me dice, ‘no estas se van a dar por perdidas o por robadas’. Entonces yo ya dije, no pues cómo”, cuenta Hernández.

Según la exsubdelegada, Montes Salas la amenazó: “‘Si sigues con esa actitud, te vamos a correr’. Me dijo: ‘ya todos lo hicieron, todos los demás subdelegados del estado ya lo hicieron, tú eres la única que no las quiere dar’. Le digo, sí se las puedo dar, pero fírmeme aquí, que yo se las estoy entregando. ¿Cómo van a aparecer robadas o extraviadas? ¿Y yo qué le digo a esa gente? ‘Pues tú soluciónalo, diles que les van a llegar después, y de hecho les van a llegar después”.

Según sostiene Hernández, algunas de esas tarjetas, en efecto, ya fueron entregadas: “Pero no les han devuelto el dinero. O sea, solo les han dado ya la tarjeta, pero ese dinero, pues se perdió”.

La entonces funcionaria de Bienestar dice que acudió ante Irma Eréndira Sandoval, entonces secretaria de la Función Pública, para hacer una denuncia: “Me recibe personalmente y me dice, no eres la primera, ya vinieron más personas, más subdelegados de otras zonas… Y necesitamos que, con ustedes, que ya empezaron a hablar, hagamos un expediente porque esto pues va a ser un golpe”.

Dice Hernández que estaban “en ese proceso” cuando Sandoval fue separada del cargo (junio de 2021). Buscó a la secretaria particular, porque Irma Eréndira “ya no me quiso responder”. Esta le dijo:

“No puedo dar n… ciertas personas se enteraron que ella ya venía preparando esa carpeta y como para nosotros electoralmente el tema de los programas sociales es tan importante, no querían que lo sacaran en este momento porque ya viene la otra elección”.

“Fue entonces cuando ya me olvidé de todo, dije a la fregada… porque yo todavía en ese momento tenía la esperanza de que entre más arriba yo fuera… y cuando me dicen, no, es que hasta arriba saben y lo están permitiendo, ya adiós, ¿no?”, explica en el video.

Hernández cuenta que acudió ante el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier. Este le respondió: “Yo tengo muchísimo trabajo, o sea, soluciónalo con él (con Montes Salas)”. De acuerdo con su relato, le pidió a Mier que la recibiera en su oficina para presentarle las pruebas.

“En ese transcurso… él (Montes) llega y me lleva unos documentos y me dice, ‘tiene que firmarlos’, donde él me hacía responsable de muchas cosas, y entonces, pues yo la verdad troné… Como en una última llamada de esperanza, llamó al cargo más alto de Bienestar, que en ese momento era Gabriel García, que ahorita es senador, le digo lo que está sucediendo y me dice, ‘y qué quieres que yo haga’, y le digo, pues eres mi jefe y eres el cargo más alto, ya no puedo ir con nadie más. Me dice, ‘pues si quieres, entrega tu renuncia’. Entonces, pues yo ya entendí todo”.

Hernández afirma que tras la salida de Irma Eréndira Sandoval, al asunto de las tarjetas “le dieron carpetazo”.

En una de sus últimas colaboraciones, Carlos Urzúa, primer secretario de Hacienda de López Obrador, reveló que hay al menos 600 mil fantasmas: 600 mil personas que no existen, y que cobran, sin embargo, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. 600 mil “personas” a las que se les “pagan” 50 mil millones de pesos “limpios de polvo y paja”.

La operación del narcotráfico en favor de Morena durante las elecciones de 2021, ha sido más que documentada. La lista de delitos encuadrados en lo dicho por María del Rocío Jocelyn Hernández, actual operadora de Morena en Puebla y colaboradora de El Fisgón en la escuela de formación de cuadros de ese partido, merecerían una investigación exhaustiva. No se trata del testimonio de un criminal en busca de beneficios. Se trata del testimonio de una militante de Morena que desempeñó cargos de alta responsabilidad.

Comparto el video y algunos de los audios.

El 21 de octubre de 2019 un colectivo de madres buscadoras arribó a Puerto Peñasco, Sonora. Una denuncia anónima les había indicado un punto que se hallaba sembrado de fosas clandestinas.

Al comenzar a excavar encontraron diez, “con quién sabe cuántos cuerpos”. Al frente del colectivo iba Ceci Patricia Flores Armenta: buscaba a dos hijos desaparecidos por el crimen organizado. Nadie, solo personal de la fiscalía del estado, sabía que ella se encontraba ahí. Las autoridades que las acompañaban se retiraron del lugar luego del hallazgo con un pretexto cualquiera (que unas patrullas se habían averiado en el camino).

Minutos más tarde llegaron, armados y encapuchados, varios integrantes de un grupo criminal. Preguntaron por ella. “Soy yo”, dijo Flores. “Tírense al suelo”, les ordenaron.

“Si me vas a matar, permaneceré de pie, porque yo no te debo nada. Yo estoy aquí porque tengo dos hijos desaparecidos y quiero encontrarlos”.

Les preguntaron quién las había mandado. Por órdenes de quién estaban allí. El líder del grupo les dijo que ahí estaban enterradas escorias de la sociedad: delincuentes, secuestradores, asesinos. “Todos los que están aquí es porque se lo merecen”, les dijo.

Flores respondió: “Sí, pero nosotras las madres no merecemos que nuestros hijos estén ahí”.

El jefe criminal les quitó los teléfonos. Flores replicó: “Allí vas a encontrar puros recuerdos, que es lo que me queda”.

Flores inició su búsqueda desde el año 2015, en que Alejandro, uno de sus hijos, fue “levantado” en Sinaloa, a las puertas de un Oxxo. Ese día le avisaron que la camioneta de este se hallaba a un lado de la carretera, con las portezuelas abiertas. No volvió a saber de él. El grupo criminal había ido por el jefe de Alejandro, que trabajaba en una planta de fertilizantes, pero andaba metido en asuntos oscuros. De paso, se lo llevaron a él.

En un relato dramático, por momentos sobrecogedor, y lleno de claroscuros, “Madre buscadora. Crónica de la desesperación” (Fondo Blanco Editorial, 2023), Flores narra cómo, ante la inacción de las autoridades, comenzó a preguntar en las calles y en las colonias por el paradero de su hijo. Algunas veces se hizo pasar por vendedora de dulces para poder moverse en territorios peligrosos.

Desde los días inmediatos a la desaparición de Alejandro, Flores se había sumado a un grupo de buscadoras. En los tres años transcurridos desde entonces había aprendido “a observar el terreno para encontrar fosas clandestinas; aprendí a utilizar el ‘vidente’ –la famosa varilla con la que nos guiamos para saber si la tierra ha sido removida recientemente–, aprendí a agudizar la vista y el olfato para rastrear un cuerpo en descomposición; aprendí a excavar fosas”, relata.

Un día recibió una llamada en la que le dijeron que por 120 mil pesos le podrían decir dónde estaba Alejandro. Flores se presentó en el domicilio adonde supuestamente iba a entregar el dinero. Pero no llevaba dinero. Solo llevaba su desesperación.

Con esa desaparición logró que el autor de la llamada, un joven con problemas de adicción, la llevara hacia San Miguel Zapotitlán. “Aquí lo entregué yo. Agarraron para allá… Yo sé que tu hijo está de aquí para allá”, le dijo. “Sí –escribe Flores–, pero ese de aquí para allá no tenía fin en el camino”.

Las buscadoras excavaron ahí durante un año. Nunca encontraron nada. Alfonso “N”, el hombre que entregó a Alejandro, fue reportado desaparecido poco después: otro fantasma que se esfumó.

La segunda pérdida ocurrió en 2019, en Bahía de Kino, Sonora. En ese sitio desapareció el otro hijo de Flores: Marco Antonio. Un grupo criminal se lo había llevado con otro de sus hermanos, Jesús Adrián. Flores recibió una llamada el 10 de mayo: “Le vamos a dar su regalo del Día de las Madres”. El regalo fue que solo Jesús Adrián regresó.

“Formemos un colectivo porque mi hijo ya no va a volver”, dijo Flores. Con seis mujeres, que pronto se volvieron cientos, formó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, uno de los 234 que hoy existen en el país.

El libro que recoge su experiencia como buscadora es en muchos sentidos desgarrador. Ella misma llegó hasta quienes se llevaron a Alejandro y a Marco Antonio, pero no ha logrado encontrarlos a estos.

En esas páginas aparecen las madres que murieron, mermadas y destruidas por dentro, sin haber logrado encontrar a los suyos. Están las madres y las esposas que fueron asesinadas por los cárteles para detener su búsqueda. Están las llamadas y los mensajes de amenaza, y también las llamadas y los mensajes que revelan la ubicación de fosas y crematorios clandestinos. Están las casas abandonadas, y los fraccionamientos vacíos y los baldíos repletos de muertos. Están los rincones oscuros de un país de adictos, de pobreza, de vendedores de droga, de ráfagas de metralleta a la medianoche –y a cualquier hora del día.

Está un país convertido en una tumba, en el que un solo colectivo, el de las Madres Buscadoras de Sonora, ha localizado en fosas más de dos mil cuerpos.

Pero sobre todo, está un país sin Estado. O mejor dicho, un país en el que el Estado existe solo en los discursos. Una crónica de la desesperación.

“Lo mejor es lo peor que se va a poner”, dijo el presidente al iniciar su “mañanera” de este lunes. No dio más detalles. Emitió solo la torva carcajada de rigor.

Sabía, desde luego, que al día siguiente iba a llevarse a cabo en la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México el careo entre su hermano, Pío López Obrador, y el periodista Carlos Loret de Mola, el personaje más mencionado, más denostado, más atacado en las “mañaneras”, al que solo en 60 conferencias llegó a mencionar 134 veces, de acuerdo con un conteo de SPIN-Taller de Comunicación Política.

Al días siguiente, Loret iba a permanecer durante nueve horas en el banquillo de los acusados.

Sería sometido de pie a un interrogatorio en el que no podría contar con la presencia de su abogado.

A las preguntas contenidas en dicho interrogatorio solo podría contestar “sí” o “no”.

Responder “no sé” o guardar silencio equivaldría a decir “sí”: la clase de extenuante interrogatorio, lleno de preguntas capciosas preparadas cuidadosamente por los abogados del demandante.

A las 10:26 de ayer, Loret de Mola anunció su arribo a la sala en donde iba a verificarse la audiencia:

“En este momento estoy entrando al juzgado. Pío López Obrador, hermano del presidente de México, me demandó. Quiere que le pague 200 millones de pesos por haber presentado los videos e los que aparece recibiendo dinero clandestinamente en sobres amarillos y diciendo que todo es para su hermano. Es el mundo al revés. Yo soy el que se sienta en el banquillo de los acusados. Yo soy el que va a ser interrogado. Así la libertad de expresión en el sexenio de López Obrador”.

En agosto de 2020 Loret dio a conocer en Latinus dos videos en los que se ve a Pío López recibir un millón 400 mil pesos, dentro de un sobre amarillo y una bolsa. El dinero fue entregado por David León, entonces asesor del exgobernador de Chiapas Manuel Velasco, y al momento de la revelación encargado por el gobierno de AMLO de la distribución de medicamentos a nivel nacional durante la epidemia de Covid-19. El propio León grabó la entrega del dinero en dos lugares: su propia casa y en un restaurante.

Ahí se escucha a Pío López Obrador decir: “Todo esto lo sabe bien mi hermano, porque es para apoyar su carrera política”.

Tras la difusión de los videos, el PAN y el PRD denunciaron a Pío ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR. El hermano del presidente accedió a declarar sobre la entrega de los sobres. La Fiscalía resolvió dos años más tarde que dicha entrega no constituía un delito electoral y resolvió archivar y cancelar la carpeta de investigación.

El ministerio público, desde luego, no llamó a declarar, ni siquiera por escrito, al presidente de México. Su hermano había declarado en una entrevista que el dinero entregado por León era para pagar “gasolina y transporte” del movimiento encabezado por AMLO.

López Obrador negó haber intervenido en el carpetazo: “Creo que fue un recurso para un movimiento, no era para un partido”, declaró.

Una de sus fichas en la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, se negó a que la carpeta fuera entregada al INE, que había pedido conocer “a la brevedad” la indagatoria. Esquivel alegó que al entregarla “se vulneraría el derecho humano de protección de datos personales”, algo que, como se ha visto, preocupa en demasía al gobierno de López Obrador.

Mientras se aseguraba la impunidad del hermano del mandatario, se interponía una denuncia por daño moral y daños punitivos contra Loret y el medio donde se publicó la información: Latinus. Pío exigió un pago de 200 millones de pesos a cada una de las partes. Justificó la exigencia de este modo:

“Actualmente me encuentro inactivo, precisamente a causa del actuar ilícito de los demandados es que no puedo estar metido de tiempo completo en mi proyecto de vida”.

Solicitó, también, que la causa judicial se mantuviera oculta, como “información confidencial reservada”. A riesgo de que la juez Beatriz Silva Mata lo metiera en prisión durante 36 horas, Loret dio a conocer la existencia de la demanda en abril de 2023.

Casi un año después lo sentaron en el banquillo.

Y entre otras cosas, le preguntaron sobre sus ingresos.

Mientras tanto, la jueza desechó las preguntas sobre el destino del dinero que le fue entregado a Pío.

En días oscuros para libertad de expresión, en los que el presidente se ha lanzado contra varios periodistas, anunciando que él se encuentra por encima de las leyes y avisando que irá “con todo, sea quien sea”, la vergonzosa jornada de ayer es una señal ominosa de lo que vendrá. Impunidad para él y para su familia. Y un banquillo para el periodista que los exhibió.

A solo unos días de que el presidente López Obrador descartara riesgos relacionados con la intervención del crimen organizado en las próximas elecciones, se registraron, con solo unas horas de diferencia, dos ataques en contra de aspirantes a las alcaldías de Taxco, en Guerrero, y de Maravatío, en Michoacán.

A las 9 de la mañana el priista Omar Javier Flores Majul fue atacado a tiros desde un vehículo en las inmediaciones de la caseta de Zacapalco, ubicada en el municipio de Buenavista de Cuéllar.

Flores Majul salió ileso del ataque debido que se desplazaba en una camioneta blindada. El ataque ocurre, sin embargo, en un ambiente de violencia desbordada que ha paralizado las actividades sobre todo comerciales en Taxco, y que por momentos convierte a esta ciudad en un verdadero pueblo fantasma.

Hace dos semanas el presidente municipal, Mario Figueroa Mundo, confirmó que la camioneta blindada en la que salía de un evento en Loma Larga fue atacada con armas de alto poder por motociclistas, uno de los cuales murió en el ataque.

Horas después del atentado en contra de Omar Javier Flores Majul se reportó el asesinato del candidato de Morena a la presidencia de Maravatío, Miguel Ángel Zavala Reyes.

Zavala Reyes, un respetado médico ginecólogo, fue atacado en las cercanías de una clínica por dos sujetos que descendieron de un vehículo y abrieron fuego en su contra.

Colegas suyos, que se hallaban en el interior de la clínica, intentaron auxiliarlo. Pero el candidato no sobrevivió.

Hace apenas cuatro meses, Dagoberto García Rivera, líder de Morena en Maravatío, y candidato que según las encuestas tenía amplias posibilidades de verse favorecido en el próximo proceso electoral, fue reportado como desaparecido.

Dos semanas después, su cadáver fue encontrado a 30 kilómetros de la cabecera municipal, en la comunidad de Ucareo. De acuerdo con testigos, tres hombres armados lo habían encañonado, obligándolo a bajar de su auto cuando transitaba por una de las avenidas principales de la ciudad.

En un informe sobre la violencia política en 2024, Integralia ha situado a Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos y Jalisco como entidades que se encuentran en altísimo riesgo de cara a las próximas elecciones.

En alto riesgo se encuentran también Baja California, Chihuahua, Sonora, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Desde junio de 2023, fecha en que los partidos iniciaron procesos para elegir a sus candidatos a la Presidencia de la República, una veintena de aspirantes, entre los que figuran políticos de prácticamente todos los partidos, han sido asesinados en México. La sangre ha corrido en Puebla, Guanajuato, Veracruz, el Edomex, Michoacán, Guerrero, Morelos, Chiapas y Jalisco; las balas han cobrado las vidas de aspirantes del PRI, el PAN, el PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde.

El 10 de febrero pasado el candidato a diputado federal Yair Martín Romero Segura fue atacado a tiros en Ecatepec. En la agresión perdió la vida su hermano. El candidato había recibido amenazas por parte de un grupo delictivo.

La reportera Jannet López Ponce ha documentado que los cárteles de la droga “han comenzado a operar en distintos niveles de gravedad, en la escena electoral”. Según su investigación, en Zacatecas, Guerrero y Guanajuato el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación han enviado mensajes y amenazas por medio de intermediarios:

“‘A un aspirante a presidente municipal lo levantan, lo llevan a una oficina y le dicen que no puede participar’, ‘a otro le mandan decir a través de un presidente municipal que mejor se baje’, en otro caso, a un aspirante ya le había advertido que no participara como candidato, él no se baja y le matan a su hermano’, ‘a dos candidatos les mandaron decir que mejor se bajaran por las buenas’”, escribe López Ponce.

En las elecciones intermedias de 2021, 102 políticos –entre ellos 26 candidatos a distintos cargos– fueron asesinados. En esos comicios se registró la mayor operación electoral por parte del crimen organizado que se haya documentado. Los grupos criminales operaron sobre todo en la costa del Pacífico, pero lo hicieron también en la frontera norte, el Bajío, y a lo largo del Golfo de México. Fue al mismo tiempo el proceso electoral más violento de la historia, con más de mil agresiones registradas: asesinatos, secuestros, ataques a oficinas de campaña, amenazas, golpes, intimidaciones…

El 7 de junio de 2021, el presidente de México aseguró, sin embargo, que la delincuencia organizada, en general, se había portado “muy bien”.

Hoy que la noche se viene otra vez, asegura que no hay riesgos: que el país “está en paz”, que “hay tranquilidad”, que “hay gobernabilidad”.

Dos ataques armados y un candidato muerto. El saldo del día ayer.

El pasado 22 de febrero, el presidente López Obrador dio el banderazo de salida a una guerra de filtraciones de datos personales y números telefónicos de figuras relevantes de la política en la “mañanera” en la que quiso anticiparse, para hacer control de daños, al reportaje del periódico más prestigiado del mundo, The New York Times, el cual se disponía a dar a conocer una investigación emprendida por la DEA sobre la presunta entrega de millones de dólares del narcotráfico a la campaña que lo llevó a la Presidencia en 2018, y sobre posibles vínculos entre operadores de los cárteles y personajes de su círculo cercano.

Citando una versión que consta en documentos de la DEA, el reportaje informaba que cárteles del narcotráfico poseían videos de algunos de los hijos de López Obrador recibiendo dinero del narco.

Aunque el reportaje firmado por Alan Feuer y Natalie Kitroeff señala que la investigación fue archivada porque el gobierno de Estados Unidos estaba poco interesado en rastrear acusaciones que involucraran con dinero sucio al gobierno de uno de sus principales socios comerciales, y su colaborador más importante en la lucha para detener el tráfico de fentanilo; aunque el reportaje señala que los investigadores no lograron hallar conexiones directas “entre el presidente en sí y organizaciones delictivas”, López Obrador estalló en la “mañanera”.

Llamó “pasquín inmundo” a The New York Times y, al exponer el cuestionario que, con impecable rigor periodístico, le había enviado Natalie Kitroeff, leyó en voz alta, desde la tribuna más alta del país, el número telefónico de la periodista.

Unas semanas atrás se habían filtrado los datos personales de cientos de periodistas que cubren la “mañanera”. Esta vez, al revelar la información de contacto de la corresponsal de The New York Times, el presidente colocó a esta en riesgo, en un país envenenado por las pasiones políticas, que es, además, “el más peligroso para la prensa en el Hemisferio Occidental”.

El Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, consideró que esto se trata de “una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial, en un momento en que las amenazas a periodistas van en aumento”. El Inai abrió una investigación de oficio. La vocera de la Casa Blanca declaró que la reacción de López Obrador contra la libertad de prensa “no es algo que nosotros apoyemos”.

Pero en una de las confesiones más escandalosas en un sexenio lleno de confesiones escandalosas, el presidente justificó el delito que había cometido al divulgar los datos de la corresponsal, y dijo que lo volvería a hacer, pues estaba dispuesto a ir “con todo” contra quienes lo calumniaran a él y a sus hijos.

Dijo todavía más. Declaró que por encima de la ley estaba su autoridad moral y política.

Dijo también que los periodistas se sentían “bordados a mano” y señaló que si Kitroeff estaba preocupada por la divulgación de sus datos, lo que debía hacer, sencillamente, era cambiar de número telefónico: “No pasa nada”, declaró.

Las declaraciones de López Obrador, quien lleva semanas totalmente acorralado, intentado desprenderse del hashtag “Narcopresidente”, crisparon de manera delirante a las antes benditas redes sociales. YouTube bajó de su plataforma las palabras de AMLO, alegando acoso y bullying. Estalló una vergonzosa guerra de teléfonos, en la que fueron filtrados los números de varios personajes ligados a la llamada 4T: el de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente; el de la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum; el del vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas; el de la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández; incluso el de personajes completamente irrelevantes, como Jorge Gómez Naredo, editor de un portal llamado Polemón.

Si esto fue el verdadero inicio de las campañas políticas de cara a junio de 2024, es posible esperar lo peor. Desde Sinaloa, López Obrador calificó como algo “muy vergonzoso” la filtración del teléfono de su hijo, y luego, con bajeza digna de los días que vivimos, reviró con un video en el que dio a conocer los supuestos sueldos de dos periodistas que han sido críticos de su gobierno (Jorge Ramos y León Krauze) y en el que celebró a mandíbula batiente las declaraciones de un pescador que llamó “corrupto” a uno de los periodistas arriba mencionados.

Los titulares de los números telefónicos filtrados durante la nueva guerra denunciaron acoso y la llegada masiva de mensajes de odio.

Las dos principales candidatas a la Presidencia de la República reaccionaron de modo diametralmente opuesto a la “guerra de teléfonos”.

En su cuenta de X, Claudia Sheinbaum —quien hace unos días calificó de hipócritas y falsarios a los ciudadanos que colmaron libremente el Zócalo para defender el voto libre y exigirle al presidente que saque las manos de la elección—, denunció la filtración de su número, calificó los ataques de “burdos” e “inofensivos”, y envió un mensaje cargado de soberbia: “Los números que deberían preocuparles son los de las encuestas”.

Siguiendo los pasos y el tono acostumbrado por el presidente, Sheinbaum incluyó indebidamente en su post el número de contacto de una de las personas que le habían enviado mensajes.

Una de las cuentas más tóxicas al servicio de la 4T se encargó de filtrar a continuación el número telefónico de la candidata de oposición Xóchitl Gálvez, quien recibió también una andanada de mensajes violentos. La candidata atribuyó el hecho al “pésimo ejemplo” ofrecido por el presidente, pero a diferencia de su contrincante decidió compartir, “si aún no lo tienes”, su número telefónico. “He decidido no cambiarlo. Entre los mensajes que he recibido critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita: lo que no se quieta es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado. Así que preocúpense porque esto ya nadie lo para”, declaró en un video.

El lodazal donde se confunden el delito, el odio, la falta de escrúpulos y el resentimiento enturbia el proceso electoral más grande y complicado que el país haya enfrentado. Es de algún modo, a unos días de su arranque oficial, el banderazo de salida de unas campañas presidenciales, de una lucha por el poder en la que todo, al parecer, estará permitido. Y el responsable, para vergüenza del país, es nada más y nada menos que el presidente.

Como dice el clásico: ya lo dirá el corrido.

El presidente López Obrador reconoció ayer que, cuando Arturo Zaldívar fue ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él le pidió intervenir en ciertos procesos judiciales para influir en las decisiones de los jueces.

Cuando “estaba Zaldívar —confesó el Presidente— se hablaba con él y él… respetuoso de las autonomías de los jueces pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía ‘cuidado con esto’”. (Lamentó que con Norma Piña no fuera igual).

“Él ayudaba”, recalcó el Presidente, quien aseguró que, si Zaldívar siguiera en el cargo, “Emilio Lozoya Austin no hubiera continuado con sus procesos penales en prisión domiciliaria ni se hubiera orden ado desbloquear las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna”.

“Sí, sí, y muchos otros casos, si hubiera estado Zaldívar”, remató AMLO.

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. reprobó de inmediato las injerencias del mandatario en el Poder Judicial, a través del entonces ministro presidente, quien hace poco se retiró del cargo para sumarse a la campaña de la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum.

“Las acciones descritas por el Presidente de la República, en su conferencia del día de hoy, implican una intervención directa en procesos judiciales, por lo que constituyen una clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación”, expresó el presidente de la Barra, Víctor Olea Peláez, en un comunicado.

“Reprobamos el conflicto de intereses entre el ministro Arturo Zaldívar y el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual (…) subraya la ausencia de valores éticos por parte del Ejecutivo Federal y representa un ataque deliberado a la independencia judicial”, se lee en el documento.

La candorosa confesión de AMLO, de acuerdo con juristas y magistrados consultados, implica evidentes violaciones a la Constitución (artículo 109), así como el delito de tráfico de influencias, contemplado en el artículo 221 del Código Penal Federal y cometido por “el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión…”.

Involucra delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos que conozcan “de negocios para los cuales tengan impedimento legal”, contemplado en el artículo 225, e involucra, por parte de Zaldívar, tanto como de los jueces a los que presionó, una violación al Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, que los obliga a juzgar “desde la perspectiva del Derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquel”.

El mismo Código obliga a los juzgadores a rechazar “cualquier tipo de recomendación que tienda a influir en la tramitación o resolución de los asuntos que se sometan a su potestad” y los obliga a denunciar “cualquier acto que tienda a vulnerar su independencia”.

En su parte medular, el Código de Ética del Poder Judicial exige que los juzgadores se abstengan “de recomendar, insinuar o sugerir, con un fin ilegítimo, el sentido en que deban emitir los demás juzgadores cualquier determinación judicial”.

AMLO metió en un verdadero embrollo a su cómplice en el Poder Judicial. Zaldívar podría ser inhabilitado para ocupar un cargo público.

El consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción, Miguel Alfonso Meza, anunció que presentará hoy una denuncia en contra de Zaldívar por litigar a favor del Presidente y violar tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al “aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones” que implicaron “subordinación indebida respecto de alguna persona, del mismo u de otro poder”, al “inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros órganos del Poder Judicial” y al “no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores (artículo 110 de la Ley Orgánica”).

De acuerdo con Meza, obran en su poder testimonios de funcionarios judiciales que fueron presionados por Zaldívar desde el Consejo de la Judicatura para fallar litigios en favor del presidente. Entre esos casos se encuentran quienes giraron amparos en contra del Aeropuerto de Santa Lucía.

Según dichos testimonios, Zaldívar presionó al juez y a tres de los magistrados que resolvían estos asuntos. Solo uno resistió dichas presiones: Jorge Arturo Camero Ocampo.

Las represalias no tardaron en llegar. El 19 de octubre de 2019, Zaldívar anunció que el magistrado había quedado suspendido por supuesta corrupción. Esta, sin embargo, nunca se comprobó (Camero falleció poco después, víctima del cáncer).

La confesión del presidente López Obrador abre una puerta para que se combatan todos los actos judiciales en que este haya intervenido por sí o por interpósita persona.

Los expertos consultados aseguran que los delitos admitidos por el Presidente de la República obligan a que los órganos de control de la Suprema Corte de Justicia inicien una investigación a fin de determinar quiénes fueron los jueces a los que presionó Zaldívar por órdenes del Ejecutivo.

Aseguran que también se ha abierto una puerta que podría llevar al mismo López Obrador a un juicio político.

Con unas cuantas frases, AMLO colocó a su Zaldívar, su paje, su peón, en el centro de un efecto corruptor de la independencia judicial.

Con un lenguaje brutal y gritos de júbilo, el crimen organizado presentó su más reciente boletín de prensa: una serie de videos que muestran los cadáveres deshechos por la metralla de alrededor de 17 personas, presuntos integrantes de La Familia Michoacana, muertos luego de un enfrentamiento en la zona alta de la sierra de San Miguel Totolapan, Guerrero: un lugar conocido como Piedra Concha.

Los protagonistas de las imágenes espeluznantes desnudan los cadáveres, los arrastran entre las piedras y la maleza, los patean, los apilan, les prenden fuego.

Más tarde los ametrallan —mientras se escuchan vivas a dos de sus líderes: El 21 y El 80.

El 80 ha sido identificado como León Barragán Tolentino, oriundo precisamente de San Miguel Totolapan (nació en la comunidad de Linda Vista) y segundo hombre fuerte del grupo criminal Los Tlacos, conocido también como Cártel de la Sierra.

Barragán, detenido en junio pasado por la Marina mientras iba a atenderse de un padecimiento en una clínica de la Costera, en Acapulco, era el jefe de sicarios encargado de combatir a La Bandera, un remanente de los Guerreros Unidos, y de cobrar las extorsiones a las mineras que operan en el municipio de Eduardo Neri.

Se le acusa de estar al frente del grupo que en agosto de 2021 descuartizó frente a su propio hijo al campesino ecologista de Las Conchitas, Carlos Márquez Oyorzábal, quien se oponía a la explotación de madera en San Miguel Totolapan: “Lo torturaron hasta que murió y procedieron a destazarlo hasta dejarlo en pedazos”, declaró un integrante del Observatorio para la Paz.

San Miguel Totolapan estuvo bajo el dominio de La Familia Michoacana hasta que José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, uno de los dos líderes de este grupo (el otro es su hermano Johnny, apodado El Pez) ordenó en octubre de 2022 el asesinato de 20 personas, incluido el presidente municipal. El Fresa vivía con absoluta impunidad en el poblado, según declaró él mismo en un video, e incluso andaba por las calles sin escoltas.

La masacre de San Miguel Totolapan lo obligó a moverse. Según fuentes de seguridad, desde entonces los hermanos Hurtado andan a salto de mata a lo largo de la Tierra Caliente.

Desde entonces cobró fuerza la disputa en esa parte de la sierra.

Los videos dados a conocer ayer forman parte de la guerra mediática que Los Tlacos y La Familia Michoacana han emprendido en la región.

El obispo de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González, reveló la semana pasada que desde fines de diciembre pasado los tres obispos de Guerrero, y el arzobispo de la entidad, intentaron establecer una tregua entre los grupos criminales.

Se reunieron por separado, dijo González. A él le correspondió mediar como contacto con los líderes de la Tierra Caliente y la sierra.

De acuerdo con El País, la conversación entre los jefes criminales se habría llevado a cabo vía telefónica, y habrían tomado parte en esta los hermanos Hurtado y el líder de Los Tlacos, Onésimo Marquina.

Las negociaciones fracasaron, reveló González, porque los jefes criminales no se pusieron de acuerdo en el reparto de territorios debido “a la avaricia, la ambición de tener dinero y poder”.

En la negociación, La Familia Michoacana habría exigido que Los Tlacos abandonaran las regiones de San Miguel Totolapan de las que se han apoderado, y en donde se dio el enfrentamiento el día de ayer.

Se discutió también el reparto de Chilpancingo, Iguala y Taxco.

Al darse a conocer la búsqueda de una tregua entre los grupos criminales por parte de la Iglesia, el presidente López Obrador dijo que la veía muy bien: “Creo que todos debemos contribuir a conseguir la paz”.

Unos días más tarde aparecieron los videos, cargados de brutalidad, y de una falta de humanidad indescriptible, en un estado donde la violencia bajó de la sierra a las ciudades de una forma que nunca se había visto: en un estado donde la violencia sobrepasó ya todos los límites, y en donde la colusión, incluso familiar, entre el crimen organizado y los representantes políticos ha permitido el empoderamiento a la luz del día de los grupos delictivos más sanguinarios.

Son un cubetazo de la realidad negada los videos dados a conocer.

El presidente de México, mientras tanto, espera que la Iglesia y los cárteles se hagan cargo: “Todos debemos contribuir a conseguir la paz”.

En un gabinete de serviles y agachones, Carlos Urzúa supo decirle no al presidente de México; en un sexenio donde a través de un poderoso aparato de propaganda se busca enlodar y desautorizar la crítica y la disidencia, ni siquiera López Obrador logró desautorizar a Urzúa, por más que se esforzó en hacerlo.

A menos de un año de haber tomado posesión como secretario de Hacienda del gobierno de AMLO —y de ser usado por este para fingir que su gobierno iba a estar formado por funcionarios de prestigio y excelencia—, Carlos Urzúa dio a conocer un documento que, más que una carta de renuncia, era una carta de denuncia.

El hasta entonces secretario de Hacienda reveló que dejaba el cargo debido a que las decisiones de política pública se hacían sin ningún sustento, e informó que le resultaba inaceptable “la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de hacienda pública” y que sin embargo eran llevados a la administración “por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”.

Era apenas julio de 2019 y Urzúa estaba revelando lo que serían las constantes más visibles del sexenio lopezobradorista: un gobierno de ocurrencias, y la llegada de ineptos e ignorantes movidos por la ambición y el conflicto de interés.

López Obrador quiso minimizar el golpe que para su gobierno representaba esta renuncia y se lanzó contra Urzúa en la “mañanera”: dijo que su excolaborador no entendía la austeridad republicana, y con sonrisa retorcida aseguró que el Plan de Desarrollo elaborado por este pudo haber sido escrito por José Antonio Meade o por Agustín Carstens.

Urzúa se refirió más tarde a las dificultades de entendimiento en materia económica “con un presidente que solo se escucha a sí mismo”, y no piensa en otra cosa más que “en su clientela electoral”. “No es un estadista”, sostuvo el exsecretario en entrevista con columnistas de este diario.

Urzúa intentó detener el quebranto de 446 mil millones de pesos que, según sus propios datos, representó la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción de “la aventura fallida” —así la definió— del aeropuerto Felipe Ángeles, el cual, la última vez que estuvo lleno fue el día en que se llevó a cabo la ceremonia de su inauguración.

“Es un dinero que no pagará el gobierno, sino el pueblo mexicano”, advirtió.

En su columna de EL UNIVERSAL, Urzúa contó más tarde que él y otros dos personajes cercanos a López Obrador —Alfonso Romo y Javier Jiménez Espriú— habían preparado un informe que demostraba la inconveniencia de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Le explicaron que el aeropuerto de Texcoco podría dar servicio en una primera fase a 68 millones de pasajeros, y en su última fase a 125 millones. Le explicaron que ya se tenía fondeada buena parte de la inversión y que el resto representaba menos de 90 mil millones de pesos.

Pero López Obrador no escuchó. Oyó solo la voz interesada del empresario José María Riobóo, y oyó solo la voz de su almohada.

Sin revelar que informes técnicos y financieros probaban la magnitud del desatino que estaba a punto de cometer, tomó la decisión, luego de una noche de insomnio, de decidirlo todo a través de una consulta que no era vinculante ni se hallaba regulada por la ley: una consulta organizada por Morena, en la que el 1.22% de la población encadenó al país al pasado (en los primeros cuatro meses la obra estrella del presidente había movido el mismo número de pasajeros que el AICM movía en un solo día).

Urzúa resistió todo lo que pudo. Decidió abandonar la nave obradorista cuando constató que frente a López Obrador solo era posible la sumisión: cuando se convenció de que su voz experta no encontraría eco.

Los últimos años de su vida fueron los de los caprichos y las ocurrencias de AMLO. Se dedicó a denunciarlos y desenmascararlos con argumentos y datos duros. En ese tiempo se convirtió en una voz de referencia que alertó, entre otras cosas, sobre los exorbitantes costos y los resultados inútiles de las grandes obras lopezobradoristas.

Horas antes de morir, subió a redes la que sería su última colaboración en EL UNIVERSAL: se refirió al desdén presidencial por el problema del agua, a los recortes al presupuesto federal asignado a Conagua —a pesar de las pronunciadas sequías—, y del súbito interés que López Obrador había mostrado por el tema al acercarse el día de las elecciones. Como siempre, develó en unos párrafos la sombra que ha caído sobre México.

Urzúa murió cuando el país necesitaba más que nunca su inteligencia, su conocimiento, su inmensa lucidez.

Hará falta, mucha falta en estos días.

“Sin novedad”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la concentración, la Marcha por la Democracia, que se llevó a cabo ayer en la Ciudad de México, y en más de 100 ciudades de la república.

Pero sí la hubo. Hubo novedad.

Al menos siete veces se escuchó en el Zócalo capitalino un rugido estentóreo y unánime: “¡Narcopresidente!”.

Se trataba de un grito que no se había emitido nunca antes: que no se había escuchado en la historia de las concentraciones llevadas a cabo en la capital, y que reventaba como una ola y recorría de un lado a otro la Plaza de la Constitución.

“Con este INE llegaron, con este INE se van”. “Queremos democracia, queremos libertad”. “No somos bots, somos ciudadanos”, anunciaban cartulinas y pancartas.

El gobierno de la ciudad, que en una tumultuosa marcha en defensa del INE concedió la asistencia de 10 y 12 mil personas, calculó esta vez q ue se habían concentrado 90 mil.

En otro extremo, la organización Unidos para Mejorar sostuvo que que cientos de miles de personas se habían dirigido desde distintos puntos al Zócalo capitalino, en donde se acusó que el gobierno de AMLO había “secuestrado” la bandera nacional.

Al margen de los números, una corriente tumultuosa, formada por miles de ciudadanos e integrantes de diversas organizaciones sociales vestidos de rosa y blanco, desembocó en la sede de los poderes, el antiguo “ombligo del mundo”, exigiendo “voto libre”.

La plaza, a donde no dejaban de llegar masas de ciudadanos desde las calles aledañas, se fue calentando con el Manifiesto leído por parte de la activista Ana Lucía Medina: “Si el gobierno desvía el dinero de los ciudadanos para ayudar a sus candidatas y candidatos, el voto no es libre. Si el gobierno quiere desaparecer al INE, controlar el Tribunal Electoral y someter a la Suprema Corte de Justicia, el voto no es libre. Si el gobierno amenaza a los medios y censura periodistas, el voto no es libre. Si el gobierno te miente y te dice que si gana la oposición se van las pensiones y becas, el voto no es libre.

“Si el gobierno busca confundirte con propaganda para que no veas la realidad del país, el voto no es libre. Si el gobierno amenaza o corrompe a los empresarios para ponerlos de su lado, el voto no es libre. Si el gobierno promueve encuestas falsas para que creas que ‘este arroz ya se coció’ y que la elección está decidida, el voto no es libre”.

Los supuestos bots de los que habla el oficialismo se hicieron carne ayer en el Zócalo capitalino. Frente a ese bloque que pobló el Zócalo, de la Catedral al Ayuntamiento, y desde el Palacio hasta los Portales, el único orador, Lorenzo Córdova, advirtió que el país se encuentra frente a un proyecto de restauración autoritaria “que pretende revertir muchas de las conquistas democráticas que se han conseguido”.

Un Zócalo atento escuchó el discurso directo, sin estridencias ni rebuscamientos, del expresidente del INE: “No estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Estamos aquí para defender a la democracia y decirle NO a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos alcanzado”.

En otro lado de la ciudad, en su registro ante el INE como candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum acusó de falsos e hipócritas a quienes a esa hora se concentraban en el Zócalo, “cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos, o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo”.

Sheinbaum decía que la concentración era “la democracia de ellos, la de los oligarcas, la de los ricos. La democracia de los corruptos”.

En un Zócalo repleto de ciudadanos en pie de guerra “contra el autoritarismo y en defensa de la democracia” se cantaba el Himno y en pancartas se leía: “La verdad se defiende con el diálogo, no se silencia con la imposición”.

Decían también: “El diálogo democrático construye puentes, el autoritarismo levanta muros”.

Una manta más decía: “Presidente, saque las manos de la elección”: qué extraño, el mismo reclamo que México pronunció durante décadas, y que ayer decenas o cientos de miles, como usted guste, volvieron a pronunciar sin bandera, y bajo las notas del Himno.

@hdemauleon

El sábado pasado, a la misma hora en que el gobernador de Zacatecas, David Monreal, le daba la bienvenida en las instalaciones del 97 Batallón a 800 efectivos militares enviados, “a fin de reforzar la seguridad de la entidad”, desde Jalisco, Nayarit y Aguascalientes, Jorge Antonio Monreal Martínez, primo del gobernador, y del senador morenista Ricardo Monreal, era abatido en la localidad de Plateros, un ataque directo ocurrido a las puertas mismas de su domicilio.

Monreal Martínez se hallaba en la nómina del Ayuntamiento de Fresnillo, concretamente en la Dirección de Desarrollo Social: la misma que encabezaba el cuñado del senador Monreal, Juan Pérez Guardado, quien fue asesinado en un camellón del centro de Fresnillo apenas el miércoles pasado.

Los dos homicidios, cometidos con solo cuatro días de diferencia, sacudieron el estado en el que a lo largo de todo el siglo ha reinado políticamente la dinastía Monreal.

Tanto Pérez Guardado como Monreal Martínez operaban electoralmente en favor de Morena. Los crímenes fueron tratados con absoluto hermetismo por parte del gobierno zacatecano, que los consideró una respuesta “a la lucha contra el crimen organizado en Zacatecas” y los definió como “un intento de desestabilizar la entidad” y de “poner en duda el avance de la estrategia”.

Tras el asesinato de Pérez Guardado se anunció la detención de seis integrantes de un grupo delincuencial, presuntamente del Cártel del Noreste.

A mediados de enero una célula criminal que operaba precisamente en Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, y que estaba formada por ocho personas, fue aprehendida por autoridades estatales.

Tres días más tarde, la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas, FRIZ, así como la policía estatal preventiva se enfrentaron en Villa García con otra célula del Cártel del Noreste. El saldo fue de seis detenidos.

Las detenciones se dieron en el contexto de la pugna que sostienen en el estado el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa: un conflicto que apenas en diciembre pasado dejó seis sicarios muertos. Una célula más de este cártel había sido detenida en septiembre del año pasado: fue relacionada con una serie de homicidios cometidos en Guadalupe y Zacatecas.

La más reciente encuesta de seguridad pública nacional urbana colocó a Fresnillo como la localidad con mayor percepción de inseguridad en México: 96.4% de la población ha declarado sentirse insegura al transitar por la vía pública. Al mismo tiempo, según cifras oficiales, los homicidios se han disparado 500% en solo cuatro años.

Unas horas después del asesinato de Juan Pérez Guardado, el empresario gasolinero Cecilio Murillo, hermano del presidente municipal de Sombrerete, así como el empresario transportista José Luis Olvera Fraga fueron asesinados en calles de ese municipio.

En ambos casos se trató de ataques directos.

Lo ocurrido en la entidad se agrega a la brutal ola de violencia que prácticamente está barriendo Guanajuato, el Estado de México, Tabasco, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Colima y Morelos.

El pasado 11 de febrero, un día después del asesinato de Antonio Monreal Martínez en Zacatecas, se registraron en el país, en menos de 24 horas, 100 homicidios: una cifra que no se había visto desde agosto de 2023 y que figura entre las más altas del sexenio.

Prácticamente la mitad de estos crímenes se perpetraron en cuatro estados: Guanajuato (a donde habían sido enviados 900 efectivos militares), el Edomex, Tabasco y Jalisco.

En mes y medio de 2024 se han cometido en México más de 834 homicidios: 179 mil 003 asesinatos han convertido al de AMLO en el más letal de los últimos seis sexenios.

Aunque un estado panista, Guanajuato, se halla a la cabeza del horror, en el tramo final del gobierno de AMLO, 15 de los estados más violentos están gobernados por Morena.

A López Obrador se le acabó el tiempo. El alza en los niveles de violencia indica, por desgracia, que probablemente vendrán sobre México los meses más críticos.