El mensaje emitido por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, durante un evento en Sinaloa, forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense que podría derivar en acusaciones formales contra políticos mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado, reportó el diario Los Angeles Times.
Durante la colocación de la primera piedra del proyecto de metanol Pacífico Mexinol, Johnson advirtió que los inversionistas requieren certeza jurídica y un entorno libre de corrupción, al subrayar que “ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional”.
El diplomático también señaló que “la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”, ya que esta práctica eleva costos, debilita la competencia y afecta la confianza en los mercados. En el mismo acto, destacó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que la seguridad energética es clave para el futuro, al afirmar que “la energía no solo es combustible: es poder, seguridad y soberanía”.
De acuerdo con el medio estadounidense, que cita fuentes bajo anonimato, estas declaraciones forman parte de una campaña dirigida a funcionarios mexicanos sospechosos de mantener vínculos con organizaciones criminales. La estrategia, según el reporte, no se limitaría a la revocación de visas —medida que ya se ha aplicado en meses recientes—, sino que podría escalar a procesos judiciales en cortes federales de Estados Unidos.
El diario señala que entre los posibles implicados habría integrantes del partido gobernante, Morena, y que fiscales estadounidenses podrían apoyarse en testimonios de informantes, incluidos detenidos mexicanos en ese país que han firmado acuerdos de culpabilidad, como Joaquín y Ovidio Guzmán, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Asimismo, el Departamento de Estado habría retirado visas a diversos funcionarios, entre ellos, presuntamente, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha rechazado cualquier vínculo con el narcotráfico, y, según el mismo reporte, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Tras la publicación del reportaje, el mandatario sinaloense no ha emitido una postura pública.
