La confrontación entre la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el grupo de los hermanos Batres empieza a ser más evidente y a superar el terreno puramente político. Quienes decidieron aliarse hace un par de años para evitar la llegada de Omar García Harfuch a gobernar la capital del país ahora pelean por recursos multimillonarios, por espacios de poder y, principalmente, por definir a la figura capitalina de Morena que competirá por la Presidencia de la República en el 2030.
A finales del año pasado, cuando se intensificaron las protestas y movilizaciones contra el gobierno de Brugada en la CDMX, di a conocer en esta columna que los hechos se concatenaban hasta apuntar hacia un intento de desestabilizar a la administración capitalina, cuyo artífice era el titular del ISSSTE, Martí Batres. Desde aquel momento, aunque no se había reconocido en público, la relación entre Brugada y Batres comenzaba a fracturarse.
Seis meses después, el escenario ha empeorado. Ambos grupos se enfrascaron en una disputa por 5 mil 810 millones de pesos que la administración de Brugada pretendía cobrar al ISSSTE por concepto de impuestos. Al final, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propuesta de la ministra Lenia Batres, la que impidió que la CDMX pudiera concretar la recaudación.
El proyecto de la ministra Batres para salvar del pago a su hermano expuso que una erogación de esta magnitud repercutiría gravemente en los servicios de salud, preventivos y en las pensiones y prestaciones del ISSSTE, toda vez que, según los números, se colocaría a las finanzas del instituto en un estado de quiebra técnica.
El caso, discutido en el Pleno de la Corte el pasado jueves, estuvo a punto de posponerse por petición del ministro presidente, Hugo Aguilar, pero Lenia Batres se resistió y argumentó que el tema tenía ya varios meses en la Corte y que había condiciones para discutirlo. La votación terminó con seis sufragios a favor del proyecto y uno en contra de la ministra Estela Ríos. Loretta Ortiz no asistió a la sesión y el ministro Irving Espinosa se excusó, ya que formó parte del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México que validó en su momento el cobro, algo que también debió hacer la ministra Batres por el evidente conflicto de interés.
El máximo tribunal del país revocó el cobro por una interpretación directa de la Constitución que favorece la exención de los bienes de dominio público de los impuestos locales. La Procuraduría Fiscal y Tesorería de la Ciudad de México no podrán recuperar los pagos del predial, impuesto de nómina y suministro de agua de los inmuebles que ocupa el ISSSTE en la capital, con lo que la administración de Brugada se quedará sin casi 6 mil millones de pesos que pretendía destinar a proyectos sociales diversos.
La determinación de la Corte causó molestia en el equipo de gobierno de la CDMX. Se asegura incluso que tanto Brugada como una secretaria del Gabinete pidieron vía telefónica a Batres no impulsar la votación del proyecto. Se sabe también que Martí Batres busca que su grupo político encabece varias de las propuestas de candidatos para las elecciones del 2027, cuando se renueven las alcaldías. Entre los perfiles, busca que su otra hermana, la diputada local Valentina Batres, encabece el proyecto cuatroteísta en Álvaro Obregón.
Batres también quiere que uno de sus más cercanos colaboradores, el diputado Gerardo Villanueva, sea el candidato en Coyoacán el próximo año, mientras que su colaboradora Daniela Cordero apunta a ser abanderada de Morena en la Benito Juárez.
Martí Batres pretende echar mano de la estructura que tienen en la capital del país para, eventualmente, posicionarse como uno de los perfiles morenistas con posibilidad de competir en el 2030 por la Presidencia de la República. Se volvería a enfrentar con García Harfuch o con su grupo, pero sin el apoyo de Clara Brugada.
Posdata 1
La muerte de dos agentes estadounidenses y dos elementos estatales en Chihuahua, el pasado 19 de abril, abrió una grieta en la narrativa oficial sobre la cooperación con Estados Unidos. La tarjeta informativa difundida por el gobierno federal este fin de semana confirma que los dos funcionarios presuntamente adscritos a la CIA no contaban con acreditación para participar en actividades operativas. Uno ingresó como visitante sin permiso laboral y el otro con pasaporte diplomático, pero sin autorización para operar en campo.
El punto más delicado es que ninguna autoridad federal —ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni el Gabinete de Seguridad— tenía conocimiento de esa participación. El caso exhibe un desorden operativo y, sobre todo, una cadena de decisiones que se tomaron fuera del control institucional. En el trasfondo está la estrategia de seguridad del gobierno de Chihuahua, encabezado por la panista Maru Campos, particularmente el modelo de la Plataforma Centinela y su cooperación con agencias estadounidenses, que hoy está bajo escrutinio por posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.
El episodio ocurre además en un momento de alta tensión en Estados Unidos. Este fin de semana, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, un hombre armado logró burlar filtros de seguridad y desató un tiroteo que obligó a evacuar al presidente Donald Trump, su gabinete y cientos de asistentes. El atacante fue detenido y se investiga si su objetivo eran funcionarios del gobierno.
Posdata 2
Hablando de temas de seguridad y de coordinación, la detención de Roberto de los Santos de Jesús, alias “El Bukanas”, ocurrida en días recientes en Puebla como resultado de un operativo coordinado entre fuerzas estatales, federales y militares, marcó el primer golpe de alto perfil del gobierno de Alejandro Armenta en materia de seguridad. El objetivo, identificado como uno de los principales operadores del robo de hidrocarburos en la región conocida como el Triángulo Rojo, era un generador histórico de violencia y de redes de complicidad local. La captura fue presentada por el gobierno como un resultado directo de la estrategia de coordinación con la Federación, en un contexto donde el combate al huachicol vuelve a colocarse como prioridad nacional.
A partir de ese hecho, la administración estatal ha reforzado el mensaje de control territorial y de alineamiento con las Fuerzas Armadas, con eventos públicos como la toma de protesta del nuevo mando militar en la 25 Zona Militar y operativos regionales en zonas de alta incidencia delictiva. La estrategia apunta a una recuperación de la gobernabilidad en regiones que durante años operaron bajo esquemas de economía ilegal y captura institucional. Sin embargo, el desafío inmediato será sostener estos resultados en el tiempo y traducirlos en indicadores verificables de reducción delictiva, particularmente en homicidios, robo de combustible y delitos de alto impacto.
El gobierno de Armenta ha buscado complementar esta estrategia con una agenda económica y de posicionamiento público que incluye la Feria de Puebla como escaparate nacional, así como inversiones focalizadas en sectores como el mezcal y proyectos de movilidad con enfoque social. El mensaje es la seguridad para atraer turismo e inversión. El punto coyuntural es que Puebla intenta reconfigurar su imagen en el arranque del sexenio, pasando de ser un foco rojo en materia de huachicol y violencia regional a un estado que presume control, actividad económica y coordinación federal. El tiempo y los datos duros dirán si ese giro logra consolidarse.
Posdata 3
El expediente VCN-001-2025 de la hoy llamada Comisión Nacional Antimonopolio revela que la venta de Autofin se ejecutó antes de obtener la autorización correspondiente, por lo que se le impuso una multa de 5.6 millones de pesos, al considerar que hubo una omisión grave e intencional, aunque al final el propio Pleno terminó autorizando la transacción.
Sin embargo, existen dudas sobre el papel de Juan Antonio Hernández Venegas y su familia dentro de la estructura empresarial involucrada. En marzo de 2023, Banco Autofin todavía dependía de un aumento de capital por 179.75 millones de pesos para sostenerse, mientras el control accionario seguía concentrado en un grupo muy reducido encabezado por Autofinanciamiento México y miembros de la familia Hernández.
Esa acta retrata a una institución con una estructura cerrada, donde las decisiones clave permanecían en pocas manos y con escasa visibilidad pública sobre la lógica real del control corporativo. No obstante, esa situación cambió rápidamente. Apenas unos meses después, en agosto de 2023, los accionistas acordaron vender el 100% del banco.
Los datos financieros posteriores refuerzan esa lectura. Banco Autofin cerró con activos improductivos relevantes, bienes adjudicados y derechos de cobro de alto peso, además de pérdidas netas por 689 millones de pesos al primer trimestre de 2024 y una rentabilidad negativa. La mejora en solvencia no provino de la operación del banco, sino de las inyecciones de capital realizadas por su comprador. Por eso, la venta luce menos como una reconfiguración ordenada de portafolio y más como la salida de un activo que ya comprometía la viabilidad del negocio, dejando además abierta la duda sobre el papel de la opacidad accionaria en todo el proceso.
Posdata 4
Baker McKenzie, que en México encabeza Pepe Larroque, sumó a Christian Zinser como socio en la oficina de la Ciudad de México.
Zinser llega con un perfil poco común. Fue asesor del Congreso mexicano en temas de libertad de expresión, litigante en casos de tecnología, inteligencia artificial y blockchain, y mediador con historial probado, lo que lo convierte en un activo estratégico en un momento de profunda transformación institucional en el país. El litigante se integra a la práctica de Resolución de Controversias, que en el continente americano lidera Widge Devaney.
Las recientes reformas judiciales en México han abierto un escenario inédito para el arbitraje y la mediación como vías alternas de solución de controversias. Las empresas multinacionales, especialmente aquellas con inversiones protegidas bajo el TMEC o tratados bilaterales, buscan con creciente urgencia abogados capaces de navegar esa dualidad: conocer el contexto local y hablar el lenguaje del arbitraje internacional.