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Foto del avatar About Raymundo Riva Palacio

Periodista en busca de decodificar la toma de decisiones en la política mexicana y exponer las tensiones del sistema en el que operan. Actualmente es director general del periódico digital Eje Central.

Los católicos, el voto en disputa

Hay expertos en asuntos religiosos que consideran que el voto católico en México no define una elección, por la dispersión de sus afinidades políticas y actitudes superficiales o coyunturales, además de que la predominante Iglesia católica –ocho de cada 10 mexicanos, según el INEGI, son católicos– no opera de manera corporativa induciendo el voto. Hay experiencias en México, sin embargo, que en momentos determinados, por razones claras y de fondo, apuntan en otro sentido.

La de mayor rispidez y enfrentamiento que se ha tenido en la interminable transición democrática mexicana sucedió en Chihuahua en 1985, cuando el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, ejecutó lo que llamó “fraude patriótico” para arrebatar la gubernatura ganada en las urnas al panista Francisco Barrio, que provocó una rebelión en la Iglesia católica que produjo homilías denunciándolo y un conflicto diplomático con El Vaticano, que tuvo que intervenir para aplacar la insurgencia religiosa y que las iglesias no fueran cerradas indefinidamente, como se había hecho para apagar el foco de conflicto e imponer al priista Fernando Baeza como gobernador.

Chihuahua fue la primera vez donde claramente los católicos se volcaron por el PAN, aunque en elecciones posteriores fueron alternando sus votaciones con el PRI. Las posturas liberales y a favor de la despenalización del aborto no generaron gran entusiasmo por el PRD, pese a sus políticas sociales, aunque la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la dirigencia del partido fue cambiando las cosas. Como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, López Obrador trabajó a favor del cardenal Norberto Rivera para sepultar en el Congreso local una ley para despenalizar el aborto, que había sido iniciativa de ese partido y que sólo pudo ser aprobada hasta que Marcelo Ebrard entró al relevo.

López Obrador ha sido el primer Presidente que antepone en ocasiones sus creencias a políticas públicas, que invoca constantemente a Dios, y con un discurso profundamente religioso ve el mundo en el choque entre buenos y malos, fieles e infieles, o lleva su narrativa a la lucha de clases entre ricos y pobres, los privilegiados y los marginados. Su comportamiento no es evangelizador, como a veces quisiera proyectarse, ni de pastor. Se asemeja más a los ayatolas iraníes, donde la teología fundamentalista guía la política.

Su actitud llevó a que al surgir Morena, en 2015, hubiera un mensaje político ambivalente y vago en temas como el aborto y los derechos de homosexuales, observó Alejandro Díaz Domínguez, politólogo y profesor del Tecnológico de Monterrey, en un análisis publicado por el CIDE en 2020. Esa estrategia, deliberada o inconscientemente, agregó, parece haber tenido éxito atrayendo a numerosos votantes religiosos a favor de López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018. Tomando como base una encuesta poselectoral de la Confederación de Escuelas Particulares, Díaz Domínguez encontró que el apoyo de los católicos que asistieron ese año a misa subió en 52 puntos.

El análisis no se mete –porque no era el tema que exploraba– al porqué se dio ese apoyo tan significativo entre quienes iban a misa regularmente, aunque podría argumentarse que tenía relación con el tipo de homilías o mensajes que estaban escuchando y que se alineaban con “las continuas referencias religiosas de López Obrador”, como apuntó Díaz Domínguez, que “enfatizan su interpretación del amor cristiano, que equipara a la justicia”. El discurso del Presidente no ha cambiado, pero se ha agotado y entrado en tensiones y contradicciones.

Varios jerarcas de la Iglesia católica han dicho en tono de queja cómo López Obrador no quiso reunirse con ellos, hasta recientemente, y cómo privilegiaba el apoyo a un sector de evangélicos por sobre los católicos. Otro mensaje que vieron negativo fue cuando nombró a su cercano César Yáñez al frente de la relación con las Iglesias en la Secretaría de Gobernación, que en su primer encuentro con ellas reunió a todas a la vez y ante la extrañeza de los católicos por ello, les dijo que por qué tendría que reunirse con ellos aparte “si son nuestros enemigos”.

López Obrador así los ha tratado. Su conflicto con los jesuitas por la violencia en Chihuahua y el caso Ayotzinapa es la mejor prueba de ello, donde la falta de resultados, e incluso de interés, tuvo consecuencias. Desde el primer tercio de su sexenio, una comisión de obispos viaja regularmente a El Vaticano a informar sobre el estado de la inseguridad en México, que ha sido la motivación de algunos mensajes del papa Francisco. La entrega de las comunidades más vulnerables al crimen organizado por el abandono de una política de seguridad ha modificado el apoyo que en algún momento tuvo López Obrador de los padres y jerarcas católicos.

Sus inclinaciones fuertemente populistas provocaron que desde hace varios meses se formara un grupo de trabajo en una de las principales diócesis del país, desde donde sale semanalmente un documento a los 92 mil padres con las líneas generales que incluyan en sus homilías, pero no como una instrucción local, sino como una política marcada desde El Vaticano. Los intentos de López Obrador por invitar a Francisco a México se han topado con un muro.

En las últimas semanas la Iglesia católica se volvió más vocal, y se expresó en las lecturas en misa enfocadas al proceso electoral en curso, que escaló este fin de semana con un comunicado donde la Conferencia del Episcopado Mexicano señaló su deseo de que las elecciones tengan una nutrida participación ciudadana para evitar “cualquier retroceso democrático”.

En un contexto donde la política de López Obrador ha llevado a la pérdida de la salud democrática nacional por sus tendencias autoritarias, las palabras de la jerarquía eclesiástica pueden interpretarse como un posicionamiento contra los objetivos políticos del Presidente. Por ese mismo entorno, la frase donde afirma que “la democracia electoral mezclada con la delincuencia es un binomio totalmente inaceptable”, también permite ver que la Iglesia católica no está en paz con López Obrador, ni con su legado prometido. Ahora, que este rechazo se traduzca en votos, está por verse.

El jefe y la candidata calca

No se puede decir que el arranque de campaña de la oficialista Claudia Sheinbaum el viernes en el Zócalo de la Ciudad de México, resultara sin mácula. Todo lo contrario. Forcejeó en el templete ante la vista de miles con la candidata sucesora en la capital, Clara Brugada, por la forma invasiva y atrabancada para pedirle que se dieran un beso, las amenazas del sindicalista preferido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pedro Haces, en contra del secretario del Partido Verde, Jesús Sesma, y un lapsus, quizá por los nervios, donde por poco concluye la proclama de “sigue la corrupción”, en lugar de la transformación.

Tampoco se puede decir que el atropellado inicio será la marca de su campaña. Lo que sí se puede decir es que su campaña no le pertenece. La estrategia electoral le pertenece a López Obrador, que está diseñando la organización de sus giras durante los tres meses de veda para promover a Sheinbaum y que voten por ella, y que sea él quien prenda la maquinaria electoral de Morena mientras la candidata no se aparte del guion que le escribió.

Para ello –y para protegerlo– envió a Cesar Yáñez a su campaña. Yáñez fue marginado durante todo el sexenio por López Obrador por la forma como presumió su boda en la revista ¡Hola!, pero no lo dejó a la deriva. Lo tuvo en la nómina de la Presidencia y luego le permitió apoyar a Adán Augusto López en la Secretaría de Gobernación, cuando pretendió quitarle la candidatura a Sheinbaum. El Presidente lo recuperó y lo envió a la campaña de la oficialista para que fuera el enlace y operador entre los equipos para coordinar el plan de López Obrador para arrastrar a su sucesora.

López Obrador quiere que las giras que hará durante la campaña presidencial tengan un contenido simbólico, que servirá de parapeto. El Presidente irá abriéndole brecha a Sheinbaum y hablará con los gobernadores de Morena para exigirles la movilización de los electores, sin permitirles bajar la guardia o brazos caídos.

Yáñez estará trabajando en coordinación con Alejandro Esquer, secretario particular de López Obrador, y tendrá que alinear la agenda y giras de Sheinbaum con las del Presidente, así como también los mensajes, de tal forma que lo que diga él lo repita ella. Los matices que llegó a plantear de continuidad con cambio no le gustaron a López Obrador, y desaparecerán de su discurso, como perfiló al anunciar sus 100 propuestas, una calca de sus dichos, programas, sueños, promesas, filias y fobias. El problema no será el contenido, pues los discursos son casi idénticos. De lo que se trata es de empatar el momento en que los digan.

López Obrador será el rompehielos que irá al frente de la campaña para que ella pueda navegar en aguas tranquilas, sin tener que negociar con las fuerzas políticas en los estados morenos a donde vaya, porque esa tarea la hará él. Con esto existirá en los hechos una dirección estratégica vertical desde Palacio Nacional, con operadores del Presidente en el equipo de Sheinbaum para que no se crucen en el camino y afecte su diseño electoral.

López Obrador desprecia y no tiene confianza en varios de los colaboradores de la candidata. Por ejemplo, el Presidente cree que fue la actitud del equipo de Sheinbaum lo que provocó que Brugada y su equipo no tengan buena comunicación con ella, y no que la candidata fuera quien instruyó congelarla. López Obrador no quiere ver o no tiene la información correcta sobre lo que está sucediendo entre ellas, cuyas fricciones deberían ser la alerta más seria en el arranque de las campañas.

Sheinbaum no olvida que Brugada fue usada por los puros del lopezobradorismo para impedir que Omar García Harfuch fuera su sucesor en la Ciudad de México. En la visión de los cercanos de Sheinbaum, los responsables de esa insurrección contra la candidata fueron el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, y el jefe de Gobierno interino en la capital, Martí Batres, que se están expresando en la mala relación que existe entre las dos candidatas.

El episodio del viernes en el Zócalo, cuando Brugada trató de abrazarla y decirle que le diera un beso –como se escucha en algunos videos que circulan en las redes sociales–, lo que causó la reacción brusca y distante de Sheinbaum que impidió el abrazo y mucho menos el contacto, puede ser interpretada como un síntoma público de lo que está pasando intramuros. Esta fractura no es menor, porque ha estado acompañada de la creciente percepción de que el candidato de la oposición, Santiago Taboada, se está acercando en preferencias electorales a Brugada con una tendencia al cruce y a un escenario donde pueda derrotarla.

Pese a que la campaña será una calca programática del Presidente, hay mensajes cruzados tras bambalinas. En el equipo de Sheinbaum comentan que hay algunos temas de los cuales quisiera separarse la candidata pues resultan tóxicos para ella, como el caso de la etiqueta de #NarcoPresidente, que ha tenido el acompañamiento negativo para ella de otro hashtag, #NarcoCandidata.

Hay información de que esto no fue una decisión que surgiera de manera natural, sino como respuesta al desdén con el que la trataron cuando se acercó por ayuda a Palacio Nacional para el control de daños por incorporarla en las etiquetas ominosas, y los colaboradores más cercanos de López Obrador le dijeron que buscara que Morena la defendiera, pues no disponían de tiempo para ella.

Lo que sucedió en el mitin del viernes y la estrategia impuesta por López Obrador en la campaña de la candidata revela desavenencias y falta de cohesión, que quizás el Presidente minimiza y todavía no prenden las alertas en el cuarto de guerra de Sheinbaum, pero son síntomas de una descomposición interna que no se había visto hasta ahora, cuando la candidata tiene que mostrarse como es, no un mero apéndice de su mentor, donde el costo de no resolverlas rápidamente puede generarle, cuando menos, un susto el día de las elecciones.

Arrancan. ¿Estaremos peor después?

Finalmente, hoy arrancarán las campañas presidenciales y toda una cascada de contiendas en más de 20 mil puestos de elección popular que estarán en juego. Son las más grandes en la historia mexicana, pero también pueden ser vistas como las más críticas que hemos vivido, al ponerse en juego un modelo de nación que nos definirá en los años por venir.

La candidata oficialista a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, repite la frase de su jefe político, Andrés Manuel López Obrador, de que es la cuarta transformación; Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición, es la voz de los muchos que piensan que es una lucha por la democracia contra la dictadura. En ambos casos se exagera. Ni hay una transformación como lo fueron la Independencia o la Revolución, ni se resolverá en las urnas el dilema entre democracia y dictadura.

Lo que puede proponerse como la disyuntiva de fondo, es cómo quieren los mexicanos que los gobiernen: el poder concentrado en una persona, o pesos y contrapesos que eviten abusos y excesos, con mecanismos de rendición de cuentas. Trasladado a categorías políticas, el primer caso entra en el casillero de los autócratas, que ejercen el poder de manera suprema, para lo cual van destruyendo, colonizando o neutralizando las instituciones democráticas (se les llama demócratas iliberales), y el segundo en los demócratas (liberales), que apuntalan un Estado de derecho y libertades.

La democracia es un sistema que sangra fuertemente por una herida causada por la insatisfacción de la gente con los resultados prometidos hace poco más de 30 años, de una sociedad más justa, con menos pobres y mayor bienestar, que no se concretaron. Un informe de la Fundación Banco Santander sobre “la crisis de las democracias liberales”, encontró que en 2022, un total de 42 países, que representaban a 43 por ciento de la población mundial, tenían regímenes autócratas, y 28 por ciento de la población vivía en autocracias cerradas –cerca del umbral de la dictadura–, contra 13 por ciento de la población que aún vivía bajo democracias liberales.

El choque de modelo de gobierno y de organización de la sociedad no es un desafío que sólo enfrente México este año. Este año habrá 76 elecciones, que movilizarán a 51 por ciento de la población mundial –poco más de 4 mil millones de personas–, donde las más importantes, Estados Unidos, India, Rusia, Turquía y Venezuela, definirán qué tipo de gobernante quieren. En dos de las tres elecciones ya celebradas este año, donde el dilema está planteado, ganaron los autócratas, Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, reelecto abrumadoramente porque los votantes prefirieron que violara derechos humanos a cambio de que puedan caminar sin miedo en las calles, y Prabowo Subianto, con un pasado de violador de derechos humanos, que se impuso en Indonesia.

Donald Trump, Narendra Modi, Vladímir Putin, Recep Erdoğan y Nicolás Maduro tienen altas probabilidades de gobernar sus países el próximo año, como en México Sheinbaum, si las encuestas están midiendo bien el apoyo a la candidata oficialista y no es una respuesta espejo de la popularidad de López Obrador, y Gálvez fracasa en su campaña para revertir la desventaja. Sheinbaum, como el Presidente, sostiene que México se encuentra en su mejor momento de la democracia, aunque las acciones de López Obrador y el compromiso de la candidata por seguir a pie juntillas lo que le marque, preconfiguran más una democracia iliberal que una liberal.

La pregunta de qué es lo que preferirán los mexicanos será respondida en las urnas el 2 de junio. Sin embargo, hay algunas señales sobre lo que podríamos esperar. Un estudio que publicó esta semana el Pew Research Center de Washington sobre la salud de la democracia en 24 países revela que en muchos de ellos se ha deteriorado en los últimos seis años. En promedio, 59 por ciento de las personas que fueron encuestadas para este informe se dijo insatisfecho por la forma como su democracia está funcionando, 42 por ciento señaló que ningún partido político en su país representa sus puntos de vista, y 74 por ciento piensa que a los funcionarios electos en las urnas no les interesa lo que piensa la gente de ellos.

Para quienes creen en la democracia, los resultados del estudio se ponen peor. México, entre toda esa veintena de naciones, es donde se ha deteriorado con mayor velocidad, y figura junto a otros seis países –Alemania, Argentina, Brasil, Corea del Sur, India, Kenia y Polonia–, donde el respaldo a un líder de mano dura se incrementó. Sin embargo, la mayor degradación de la democracia como sistema de organización social y política fue aquí, en México, donde el aval a un líder democrático cayó de 67 a 48 por ciento entre 2017 y 2023, y el respaldo a la mano dura subió de 27 a 48 por ciento.

México también encabezó la lista de las 24 naciones entre quienes piensan que un líder no electo es mejor que uno que es electo, cuya pérdida de confianza pasó de 41 por ciento en 2017 a 25 por ciento en 2023, mientras que la creencia de que a los funcionarios que llegaron mediante el voto popular no les interesa la gente, está arraigada en ocho de cada diez mexicanos. Si López Obrador es el arquetipo de un autócrata –con Sheinbaum como copia al carbón–, la sociedad mexicana está mostrando que eso es lo que quiere.

Su antídoto estaría en las urnas. Como escribió Milan Svolik, politólogo de Yale, en un ensayo en 2019, “los votantes en las democracias tienen a su disposición un instrumento esencial de la autodefensa de la democracia: las elecciones. Ellos pueden parar a los políticos con ambiciones autoritarias simplemente votando contra ellos”. Pero, ¿qué puede fallar?

“En electorados altamente polarizados, aun los votantes que valoran la democracia estarían dispuestos a sacrificar una competencia democrática justa y elegir a quienes defiendan sus intereses”, respondió. “Cuando castigar las tendencias autoritarias de un líder requiere votar por una plataforma, un partido o una persona que sus seguidores detestan, muchos considerarán que es un precio demasiado alto a pagar”.

¿Nos encontramos en ese punto? Hoy, todo apunta a que sí.

La demanda contra Loret

La demanda de Pío López Obrador, hermano del Presidente, contra Carlos Loret, porque, alega, le provocó un daño moral y por lo cual exige una reparación de 200 millones de pesos, no va a llegar a ningún lado. Para que triunfara, tendría que convencer al juez de que la difusión de dos videos donde está recibiendo dinero en efectivo para campañas políticas de su hermano Andrés Manuel le afectó la vida y que el periodista actuó con dolo. Pío se declaró muy contento al terminar la audiencia, tras la cual le dijo a la prensa que probó su inocencia. No dijo nada más, ni tampoco le preguntaron de qué diablos estaba hablando.

Las diligencias se dieron por la demanda que interpuso en 2022 por la difusión de los videos dos años antes. Ni era el juicio, ni era el lugar para que respondiera sobre el destino del dinero que le dieron. Tampoco era el acusado, sino el acusador. Loret dijo que Pío admitió que sí era quien aparecía en los videos y que sí recibió el dinero que publicó, lo que tiene sólo relevancia para el periodista, que con ello demuestra que lo difundido era cierto. Sin embargo, esa declaración tiene una gran trascendencia y enormes alas para volar, en perjuicio del hermano del Presidente.

Si este país fuera de leyes, Loret y Latinus, el medio para el cual trabaja, tendrían que estar tranquilos, porque el fallo casi en automático tendría que salir a su favor. El daño moral no aplica. Por ejemplo, la denuncia del PAN y el PRI ante la Fiscalía de Delitos Electorales no procedió porque no se pudo documentar que el millón y medio que recibió Pío en un restaurante y en su casa fueran para financiar campañas de López Obrador.

Tampoco le afectó su negocio forestal, como declaró a Joaquín López-Dóriga en una entrevista en octubre de 2022. Más aún, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, asignó 89 millones de pesos para renovar el estadio del equipo de beisbol de las Guacamayas de Palenque, del cual Pío fue fundador y es directivo. A su hermano el Presidente todo le hizo lo que el viento a Juárez.

Sin embargo, si este país fuera de leyes, Pío debería ir a la cárcel junto con David León, quien le entregó el millón y medio de pesos en dos bolsas de papel estraza. León, que fue el director de Protección Civil al inicio del gobierno de López Obrador, en 2015, el año en el que se realizaron los videos, era un operador político del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien, por razones de seguridad y para documentar que entregaba el dinero que le daban del erario con fines políticos –aunque fuera algo irregular e ilegal–, grababa de manera subrepticia las entregas de recursos, que es parte de la queja original de Pío, por haber dado a conocer “indebidamente” imágenes e información obtenidas mediante una intervención privada.

En los videos, León no le puso una pistola en la cabeza a Pío para que recibiera el dinero, ni tampoco se apreciaba tensión en sus encuentros, sino todo lo contrario. Incluso, Pío le decía que su hermano estaba al tanto del dinero que le enviaba Velasco. No está claro por qué también lo incorporó en la demanda contra Loret y Latinus, salvo que lo hiciera responsable de la fuga de los videos –de la caja fuerte de una de sus oficinas– y su entrega a la prensa para hacerle daño a él y a su hermano. Sin embargo, como se explicó líneas arriba, no hubo daño moral.

Lo que sí se dio –de ahí lo importante de lo que mencionó Loret del testimonio de Pío–, es su reconocimiento de que recibió dinero en efectivo de procedencia desconocida, que pudiera entrar en la comisión de delito contemplada en el artículo 400 Bis del Código Penal, que tiene penas de cinco a 15 años de prisión y multas equivalentes de mil a 5 mil días de salario mínimo. El presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no se persiguió porque nunca se hizo la denuncia correspondiente en la Fiscalía General, ni ésta abrió una carpeta de investigación de oficio, que se circunscribió al campo electoral. Sin embargo, la prescripción del delito es de 10 años, por lo que todavía hay tiempo para proceder judicialmente.

Es ingenuo pensar que el fiscal Alejandro Gertz Manero actuará conforme a derecho, y desde que se dieron a conocer los videos, se ha buscado encubrir cualquier delito en el que pudiera haber incurrido Pío. Eso es lo que sucedió con una investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, aún bajo la dirección de Santiago Nieto, que encontró que no tenía ninguna actividad profesional ni estaba registrado en el SAT, lo que no le impedía administrar el equipo de beisbol y sostener económicamente a su hijo, que estudiaba en Canadá.

La UIF también descubrió que su esposa tenía ingresos derivados de actividades agropecuarias y forestales, pero no los declaró durante tres años, lo que generó inconsistencias en el SAT, que tampoco aclaró. Esa investigación no encontró transferencias a Pío, que todo el tiempo se manejaba con dinero en efectivo de procedencia sospechosa. Pese a las redes de vínculos y la información existente sobre sus movimientos financieros, Nieto cerró la investigación y lo exoneró.

La demanda de Pío, sin embargo, abre varias puertas al infierno hacia delante. El presidente López Obrador, que dijo ayer que la demanda era una pérdida de tiempo porque Loret, al que volvió a difamar, estaba protegido por los jueces, a quienes volvió a insultar, podría ser llamado a declarar, como en algún momento consideró Pío, para que diga qué destino tuvo el dinero que recibió, lo que también podría servir para denunciarlo en otro tribunal por el presunto delito de uso de recursos de procedencia ilícita. Pero esto tampoco sucederá, porque en este país la ley es laxa y discrecional.

El increíble señor Fernández

Quien conoce a Eduardo Fernández* sabe de su inteligencia y mente perversa. También de su soberbia y explosividad. Pero fueron pocos quienes no se sorprendieron por la forma como buscó obtener 250 millones de pesos de Televisa, a cambio de su silencio para no divulgar públicamente lo que llamó sus “prácticas corruptas” empresariales, que dejó por escrito en una carta de seis hojas, más propia de un secuestrador que de un abogado entrenado en finanzas.

Esa carta enviada a los ejecutivos de Televisa el 14 de marzo de 2023, base de la denuncia por extorsión que interpuso la empresa dos semanas después en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tiene un “anexo” con dos puntos, la “contraprestación” exigida y la “logística en caso de arreglo”. No tiene desperdicio.

La “contraprestación” de 250 millones de pesos, indicó, debería ser entregada en billetes “de la más alta denominación posible o el equivalente en USD en billetes de 100, o una combinación”. Una vez que juntaran el dinero en efectivo, “personal de ustedes me traerá los paquetes en un vehículo de carga apropiado, sin logos, de no más de 2.20 metros de altura total, 2.10 metros de ancho total y máximo 7.6 metros de largo”.

“Dicho personal estacionará el vehículo en la cochera del edificio cuya dirección se especifica enseguida y entregará el o los juegos de llaves en la pequeña recepción de la misma planta baja”. La dirección que proporcionó en Ejército Nacional era la de su oficina, y probablemente las dimensiones del vehículo tienen que ver con el elevador de automóviles que tiene el edificio donde se ubica.

Las instrucciones eran precisas. El dinero tendría que ser entregado el miércoles 29 de marzo de 2023 a las 7 de la mañana, y el vehículo sería devuelto el 31 de marzo a las cinco de la tarde en Goethe, una calle aledaña a su oficina. Las llaves las recogerían en la planta baja del edificio donde está su oficina. Su mentalidad al momento de escribir el anexo parecía más la de un criminal que la de un financiero, aunque no se entiende que alguien conocedor pidiera dinero en efectivo, conociendo las dificultades para bancarizarlo.

Fernández es una persona que conoce perfectamente las regulaciones bancarias y financieras, aunque también sus lagunas legales. Durante seis años fue el terror de los empresarios, como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, donde tuvo más poder de lo que hoy en día podrían sumar el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Protegido por el entonces secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, Fernández era el arma financiera del gobierno. Su herramienta, a diferencia de lo que hacen hoy el SAT y la UIF, no era la elaboración de listas negras para perseguir judicialmente a sus objetivos, sino la opinión previa de delito, que era el requisito indispensable para que la Secretaría de Hacienda pudiera querellarse por delitos bancarios, bursátiles y financieros. El poder de Fernández radicaba en que era él quien perdonaba libertades, quemaba en leña verde a empresarios y banqueros, o los llevaba a la cárcel.

Fernández tenía dos brazos ejecutores, Pedro Zamora, vicepresidente jurídico, y Octavio Sosa León, director de Delitos y Sanciones, que nombró por fuera de la ley. La Vicepresidencia Jurídica fue creada ex profeso por él, y cuando la Suprema Corte de Justicia revisó el procedimiento, determinó que era inconstitucional y que al no haber sido establecida por decreto presidencial, todo lo actuado por ella era nulo. Peor aún, Sosa León, que firmaba las opiniones de delito, no se había recibido de abogado en ese momento ni tenía cédula profesional. “Es decir –como opinó un abogado que los padeció–, el feudo que creó Eduardo Fernández estaba basado en una presidencia ilegal y un usurpador de profesión”.

Empresarios y abogados que padecieron sus años en la CNBV recuerdan que eran convocados a reuniones secretas en la sede de la comisión en Plaza Inn, por las noches, en un piso vacío donde había una gran sala de juntas con el logotipo de la dependencia, donde discutían la posibilidad de emitir opiniones de no delito a cambio de dinero. Nunca hubo denuncias por miedo, y cuando algún empresario no aceptó el arreglo propuesto y se atrevió a dar un paso adelante, terminó detenido en el Campo Militar Número 1, del cual salió por órdenes directas de Zedillo.

Fernández vivió tiempos turbulentos cuando dejó el cargo. Arrastra haber sido el operador del Fobaproa, por el cual los mexicanos seguimos pagando su deuda, y estuvo bajo arraigo acusado por presuntamente haber vendido al PRI en 25 millones de pesos información bancaria secreta sobre Amigos de Fox, el grupo que llevó a Vicente Fox a la Presidencia. Tiempo después de librarse de la cárcel, fundó en Nueva York una pequeña casa de bolsa que, ante su insistencia, manejó durante tres años algunas cuentas personales de ejecutivos de Televisa.

Su negoció quebró y sus deudas crecieron. Pidió ayuda a los ejecutivos de Televisa hace unos tres años, que se la ofrecieron, pero no en dinero. Como reacción, Fernández recicló una denuncia contra la empresa en la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos, pese a que en 2016 la exoneró, amparándose en el sistema de recompensas para whistleblowers del Acta Dodd-Frank. Su denuncia no prosperó y tampoco lo gratificaron. Un año y medio después, escaló las presiones contra los ejecutivos de Televisa que respondieron con la denuncia de extorsión en su contra, por lo que hoy está preso en España.

* Para efectos de transparencia, aclaro que soy conductor de un noticiero en Foro TV y miembro del panel de Tercer Grado en Televisa. Por otra parte, demandé a la empresa que edita el diario 24 Horas, donde Eduardo Fernández es uno de los socios, y gané el caso, donde el juez, por razones que no están claras, tiene detenida la ejecución del fallo y no ha establecido la pena económica a esa empresa.

Anatomía de una extorsión

Eduardo Fernández, que no ha dejado de estar en las noticias y en problemas legales desde hace dos décadas, fue detenido por la Interpol el viernes pasado al llegar al aeropuerto de Madrid procedente de Miami. Había una ficha roja (red notice) para su captura desde el pasado 24 de enero, que se ejecutó cuando las autoridades estadounidenses registraron que se iba a fugar a España para evitar lo que parecía su inminente detención en Florida, y alertaron a las españolas. Su aprehensión es resultado de una acusación por el presunto delito de extorsión agravada que presentó Televisa ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Televisa denunció a Fernández* porque a cambio de no hacer públicas sus “prácticas corruptas”, exigía 250 millones de pesos. Esas acciones, precisó Fernández, las había denunciado en octubre de 2022 en la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos (SEC), que a su vez dio vista al Departamento de Justicia (DOJ). En un ultimátum hace casi dos años, quien fue la figura más temida durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo como jefe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pintó un armagedón empresarial e individual para Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, y sus copresidentes Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, si no le daban el dinero.

Era una suma “mínima” frente a las pérdidas que tendrían si abría la boca, les dijo. “Mejor la paz”, les propuso. Televisa lo acusó de una extorsión que se fue construyendo en cámara lenta desde finales de 2020, en reuniones con Gómez y Angoitia, cuando les pidió 40 millones de pesos de ayuda, y a través de siete cartas que fueron configurando el delito. La última, base de la denuncia de extorsión, fue entregada en las oficinas ejecutivas de Televisa por la secretaria de Fernández, contra quien también hay una orden de aprehensión. Su contenido fue determinante para que un juez le negara la fianza a Fernández, que se quedó en Soto del Real, la prisión madrileña donde están ilustres corruptos españoles.

La denuncia que presentó en la SEC, según él mismo lo dijo en un video difundido el sábado, retoma los puntos centrales de una denuncia anónima investigada por esa dependencia y el DOJ en 2016, por el presunto fraude de mil millones de dólares, del cual Televisa y sus ejecutivos fueron exonerados. La empresa, sin embargo, pidió una investigación espejo a la entonces Procuraduría General de la República, que llamó a declarar a más de 60 testigos, entre ellos Fernández, que había sido su agente financiero de 2009 a 2012.

En su declaración, cuatro años después de haber dejado de tenerlos como clientes, afirmó que nunca recibió dinero en efectivo –la parte sustanciosa del anónimo– para realizar pagos o guardarlo, que no sabía que tuvieran empresas fantasma o de pantalla, y que nunca supo de que se beneficiaran de esos recursos los ejecutivos de Televisa, ni de actos de uso o desvío de patrimonio de la empresa.

Esta historia cambió ocho años después, cuando restableció el contacto con “los televisos”, como los llama, y les empezó a pedir dinero. Al no obtener lo que pedía, empezó a amenazarlos y les dijo que diría que lo que había declarado en la PGR, había sido bajo presión y amenazas. Para cuando les hizo esa advertencia, que significaba cambiar su declaración jurada, incurriendo en un delito, estaba jugando a la segura porque ese delito, de configurarse, ya habría prescrito.

Fernández fue escalando las presiones a través de las cartas. La que sustentó la denuncia de extorsión fue entregada el 14 de marzo de 2023, dirigida a “Bernardo y Alfonso”, donde les dice que los había denunciado –junto con Azcárraga– ante la SEC y el DOJ por “delitos cometidos” en Estados Unidos, retomando el caso cerrado en 2016. “Si hago del conocimiento público la denuncia penal -advirtió-, sufrirán una verdadera catástrofe”.

“¿Por qué el acercamiento?”, preguntó. “Simplemente por México. Como muchos, estoy realmente preocupado por lo que está sucediendo en el país… no quiero coadyuvar a que AMLO acumule más poder para destruir a México”.

Párrafos abajo dice que “no obstante este acercamiento por México, sin duda ni titubeos, de no haber arreglo, estallo la noticia en The Wall Street Journal. A estas alturas de mi vida todo, absolutamente todo, está subordinado al bienestar de los míos”. Dijo tener problemas financieros personales agravados en los dos últimos años, por lo cual “una vez que por México tomé la decisión de enterarlos de mi denuncia penal, no hay más que dos alternativas: se arreglan conmigo y me compensan algo, o estallo la noticia”.

“Una vez materializado el arreglo”, ofreció: “a) nunca hacer pública la existencia de la denuncia penal, ni su contenido, y b) nunca hacer del conocimiento público las investigaciones de la SEC y el DOJ. Únicamente así tendrán espacio para operar una estrategia de control de daños. Sería definitivo el arreglo conmigo, cumpliré mi palabra, actuaré siempre de buena fe, y guardaré estricta confidencialidad”.

“La falta de arreglo, cualquier intento de afectar a mi familia o a mí, física o ‘legalmente’, intimidaciones, amenazas, seguimientos, intervenir comunicaciones, dispositivos ocultos, mencionar mi nombre o este acercamiento en sus pesquisas o gestiones, o en general actuar deslealmente en US o México, detonará inmediatamente la noticia en el WSJ”.

Televisa actuó. El 28 de marzo de 2023 lo denunció ante la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto. El Wall Street Journal nunca “detonó” nada. Fernández huyó a Miami y se quedó sin la increíble contraprestación que exigía, lo que será detallado en una próxima columna.

*Para efectos de transparencia, aclaro que soy conductor de un noticiero en Foro TV y miembro del panel de Tercer Grado en Televisa. Por otra parte, demandé a la empresa que edita el diario 24 Horas, donde Eduardo Fernández es uno de los socios, y gané el caso, donde el juez, por razones que no están claras, tiene detenida la ejecución del fallo y no ha establecido la pena económica a esa empresa.

¿Lo perdimos, señor Presidente?

Memorable y extraordinaria. Así fue la mañanera de Andrés Manuel López Obrador del viernes pasado. El Presidente se presentó como un ser supremo por encima de la ley, salivando rabia contra medios y periodistas, y continuando con el descontrol de casi cuatro semanas por las imputaciones de que él, sus hijos y sus colaboradores recibieron dinero del Cártel de Sinaloa para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2018, sin que nadie en Palacio Nacional pueda contenerlo.

La mañanera comenzó con una frase harto extraña: “Buenos días, su señoría. Matatero tero lá. ¿De qué trata el día de hoy la conferencia? Matatero tero lá”. Trató de varias cosas, pero ninguna tan preocupante y amenazante en palabras de un jefe de Estado electo democráticamente como su racional mesiánica y déspota. No son éstos calificativos, sino descripción de su actitud.

La mejor manera de analizar la mecánica de su mente es su intercambio con Jésica Zermeño, corresponsal de Univisión en México. Este es un fragmento, editado por razones de espacio, de las preguntas respetuosas y la insistencia profesional de Zermeño, que aguantó las provocaciones de López Obrador, y los insultos, infundios y falsedades con los cuales pretendió avasallarla.

JZ: El día de ayer (jueves), cuando presentó (la) carta que le envía la jefa de la corresponsalía del New York Times para este reportaje, da a conocer su número telefónico, en un país donde han fallecido, al menos en este sexenio, 43 periodistas.

LO: Con todo respeto, quienes hacen un periodismo… faccioso, porque nada más se inclinan en favor de grupos de intereses creados, no hacen un periodismo para todos. Están demasiado cercanos al poder económico y al poder político… Se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada. Pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros… y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa.

JZ: El teléfono que dio a conocer es el teléfono personal.

LO: Sí, sí. ¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando y me está acusando?

(La corresponsal del Times, Natalie Kitroeff, envió una carta al vocero presidencial en busca de réplica del Presidente sobre investigaciones del Departamento de Justicia que se cerraron por motivos políticos, en un texto que firmó con el corresponsal para asuntos judiciales, Alan Feuer).

JZ: Hay una ley que impide esto en este país, señor Presidente.

LO: Cómo no. Cómo no. Pero también la calumnia. Me está vinculando a mí, a mi familia, con el narcotráfico, sin pruebas.

JZ: Hay una ley que impide que usted dé a conocer este teléfono.

LO: Sí, pero antes de eso… no son capaces de una autocrítica para revisar el tipo de periodismo, si se puede llamar periodismo a lo que hacen.

JZ: ¿No cree que fue un error?

LO: No, no, porque este es un espacio público y nosotros estamos aquí aplicando un principio de la transparencia.

(La mañanera no es un espacio público sino de gobierno. Se realiza en Palacio Nacional y no se puede entrar ahí sin autorización).

JZ: Pero eso la pone en riesgo a ella. Cualquiera la puede amenazar y le puede decir…

LO: No, no, no pasa nada; no pasa absolutamente nada.

JZ: Sí pasa en este país.

LO: No, no, no… Ustedes son los más tenaces informadores, o mejor dicho desinformadores, los más tenaces manipuladores.

JZ: Pero… le dio el teléfono a todo el mundo.

LO: Sí, pero es que aquí la vida pública es cada vez más pública.

(Revelar el teléfono de la corresponsal violó la Ley General de Datos Personales, que establece una pena de tres meses a tres años de prisión al que estando autorizado para tratar datos personales, con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia).

JZ: ¿Volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros?

LO: Claro, claro, claro, cuando se trata de un asunto donde está de por medio la dignidad del Presidente de México.

(La noche del mismo día que hizo público el teléfono de la corresponsal, circuló en las redes el teléfono de su hijo José Ramón. No le gustó. “Es realmente vergonzoso”, afirmó).

JZ: ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor Presidente?

LO: Por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política. Y yo representó a un país y… a un pueblo que merece respeto. No va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes (y) tenemos autoridad moral… que porque es del New York Times… nos va a sentar en el banquillo de los acusados.

(El 4 de julio de 2018, tres días después de ganar la elección presidencial, López Obrador dijo en una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial: “Nadie por encima de la ley, ni nadie al margen de la ley”. El viernes fue todo lo contrario. Nadie por encima de él).

JZ: Si le pasa algo (a la corresponsal estadounidense), ¿a quién hacemos responsable?

LO: No exagere. Si la compañera está preocupada porque se dio a conocer aquí su teléfono… que cambie su teléfono.

El intercambio fue largo. López Obrador cayó en galimatías y ejemplos sin contexto, o mentía –como en el caso de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, al decir que ningún medio lo respaldó, o que en Estados Unidos no había libertad de prensa–. El Presidente también acusó a los periodistas en general, de mercenarios y prepotentes.

Fue muy insistente en la defensa de sus hijos, y el daño que le podrían causar si aparecen sus nombres ligados al narcotráfico. En su alegato hay un cierto olor a golpe preventivo, enfatizando en la descalificación del mensajero para restarle credibilidad ante la eventualidad de que se publique más información similar, repitiendo el modus operandi aplicado a críticos en México.

La condena a su actitud en el mundo y una llamada de atención de la Casa Blanca por la divulgación del teléfono de una ciudadana estadounidense no le importan. López Obrador mantuvo este fin de semana la misma conducta y no parará. ¡Abróchense los cinturones!

Zaldívar, de carne y hueso

Nadie puede negar que Arturo Zaldívar es un abogado realmente inteligente. Pero para quienes lo conocen bien, saben igualmente que es profundamente cínico y mentiroso, como quedó de manifiesto en la entrevista que le dio a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula la semana pasada como un control de daños a fin de evitar que la caracterización que Andrés Manuel López Obrador hizo de él como cabeza la Suprema Corte de Justicia, dañe su imagen -que es lo que más le preocupa-, y lo muestre como lo que realmente es, cómplice del presidente para la persecución de sus enemigos políticos.

Zaldívar, que fue abogado del empresario preferido de López Obrador, Carlos Slim, al grado incluso de haber litigado algunos de sus asuntos cuando ya era ministro, y que tiene varias investigaciones abiertas en la Suprema Corte por presuntos abusos de autoridad y corrupción, no llegó por este presidente al Poder Judicial sino por Felipe Calderón, pero sí fue durante el actual gobierno donde se realizó una estrategia para hacerlo su máxima autoridad, cuyo de cabildeo político llevó a cabo el ex consejero jurídico Julio Scherer.

En un principio parecía que el objetivo en Palacio Nacional era llevar a un ministro que se había distinguido por sus resoluciones sobre la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo y la secuestradora francesa Florence Cassez, y capitalizar en el gobierno su fama pública. Gradualmente se empezó a ver que, por agradecimiento u oportunismo, Zaldívar fue aceptando cada vez más, participar en acciones que no solo violentaban la autonomía del Poder Judicial, sino que se alineaba al objetivo de López Obrador para atacar el régimen vigente y que para instaurar el suyo, requería del apoyo judicial para perseguir a sus enemigos.

La mayor transgresión al orden democrático mediante la imposición de un modelo autoritario, se dio con la creación del llamado Grupo de Judicialización, una idea de Scherer. Lo adscribió al Centro Nacional de Inteligencia porque originalmente el objetivo era disponer de un cuerpo jurídico altamente especializado que pudiera actuar de manera expedita contra el crimen organizado, con un equipo de ministerios públicos que trabajaran coordinadamente con las áreas de inteligencia del gobierno y con el Poder Judicial. Ese propósito se desvaneció porque el presidente optó por no enfrentar a los cárteles de las drogas.

En seguimiento al comportamiento que estaba teniendo López Obrador, el Grupo de Judicialización cambió su misión. La prioridad se estableció en políticos, funcionarios del pasado y empresarios. En las reuniones semanales que realizaban se escogían los blancos en función de las necesidades políticas del presidente. Santiago Nieto, a la sazón jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, hacía la investigación y le entregaba a la Fiscalía General. El problema, en la mayoría de los casos, es que no se podían judicializar por la deficiente documentación que entregaba Nieto, pero eso era menos importante, porque más que meter a la cárcel a los enemigos de López Obrador, lo que hacía era lincharlos en la mañanera y enjuiciarlos socialmente.

El Grupo de Judicialización sigue siendo uno de los secretos más celosamente guardados del gobierno, por su mecánica de operación. Fue el instrumento para utilizar las leyes con fines políticos, sin importar que fueran violadas en el camino. No había interés en el estado de Derecho, por lo cual se cuidó que su existencia y funcionamiento no trascendiera para mantener el discurso de autonomía de autonomía e independencia de la Fiscalía General y el Poder Judicial. Zaldívar no iba a esas reuniones, pero enviaba a su representante, incondicional colaborador, que también llevaba su voz y voto a las reuniones sobre el Caso Ayotzinapa, donde se construyó con pruebas falsas la versión alterna de la desaparición de los normalistas en Iguala, que tiene metido al presidente en un hoyo histórico.

Zaldívar atendía paralelamente los asuntos personales de Scherer y de Gertz Manero. En el primer caso, reforzaba, a través de sus brazos operativos, las presiones del consejero a jueces y magistrados en el país para que sus fallos se ajustaran a lo que él deseaba. Cuando renunció en septiembre de 2021, en varios juzgados sintieron que respiraban de nuevo, aunque se toparon con la realidad vigente: las amenazas que les enviaba Zaldívar si no atendían la línea que les marcaba era que los trasladarían de juzgados, lejos de donde vivían y a zonas en conflicto. En el segundo caso, Zaldívar apoyó completamente a Gertz Manero en la persecución a su familia política, y cooperaba con enviar otros casos del interés presidencial y del fiscal, a jueces de consigna.

Zaldívar se fue ganando la confianza del presidente por la forma eficiente como ejecutaba sus deseos. En marzo de 2021, a petición de López Obrador, se mostró dispuesto a abrir una investigación contra el juez Segundo de Distrito, Juan Gómez Fierro, por otorgar amparos contra su ley eléctrica, por lo que fue atacado en la mañanera. Antes había forzado a Eduardo Medina Mora a renunciar, en coordinación con la Fiscalía General que lo investigaba por presuntos actos de corrupción, para permitir al presidente ir incorporando a sus ministros y colonizar la Corte.

Zaldívar se fue sumando a las ministras de Palacio, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, para votar de acuerdo a las instrucciones de López Obrador en varios temas, como declarar que el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa era constitucional, o servirle para objetivos de corto plazo, como haber renunciado un año antes de terminar su gestión, para permitirle que pusiera una ministra del ala radical de la cuatroté, Lenia Batres, que será instrumental en la demolición del orden democrático en el país, a partir del edificio democrático que se ha construido por lustros.

López Obrador no ha podido ser más rápido en la regresión democrática del país porque los contrapesos se lo han impedido. Zaldívar buscó que todo fuera expedito, sin alcanzar su objetivo porque la mayoría de los ministros de la Corte actuaron con la autonomía e independencia que el ministro entregó a López Obrador. Ahora, por instrucciones del presidente, pero cobrando en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, Zaldívar prepara una reforma al Poder Judicial acorde con los deseos y necesidades de López Obrador. Objetivamente hablando, la descripción que hizo el presidente de él, como su operador político en el Poder Judicial, lo descalifica para negociar cualquier reforma, pero Zaldívar es lo suficientemente cínico para querer seguir navegando como si nada hubiera pasado.

Los cinco errores del Presidente

¿A quién tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en estos momentos que se está definiendo su futuro transexenal para que lo asesore? ¿Es imposible que escuche a colaboradores en estos días? No se sabe cómo está tomando las decisiones para atajar las revelaciones sobre las investigaciones del gobierno de Estados Unidos de los presuntos financiamientos del narcotráfico a sus campañas presidenciales en 2006 y 2018, pero está reaccionando equivocadamente. Ayer lo volvió a hacer cuando dio a conocer una carta que le envió la oficina de The New York Times en México pidiéndole responder nuevos señalamientos de testigos protegidos y fuentes federales estadounidenses sobre dinero criminal en la campaña donde ganó la Presidencia.

Dar a conocer una comunicación privada no tiene sentido porque no iba a lograr que el Times se abstuviera de publicar la información que tenía. Para efectos prácticos, lo que estaba pidiendo el diario lo obtuvo con las declaraciones de López Obrador en la mañanera, y que provocó que los editores en Nueva York decidieran apurar la publicación de su investigación ayer mismo en la mañana, aun sin su versión en español, que suelen hacer para este tipo de trabajo, por las prisas. Para haber hecho lo que hizo, habría sido mejor responder por escrito las preguntas, darle el spin deseado y eliminar exabruptos hilarantes, como llamar “pasquín inmundo” al periódico más influyente del mundo, que tachó de “calumniador”.

Esta sucesión de hechos prueba el primer error. López Obrador, probablemente de manera intuitiva, detonó la crisis. Lo que no hizo, o quizá nadie se lo dijo o no escuchó, es que cuando uno detona una crisis debe tener lista la estrategia para conducir e inducir la crisis para que, al final, el resultado sea favorable. Se le llama spin al ejercicio de ganar la iniciativa e imponer la conversación. Pero el Presidente disparó con escopeta y a lo loco. No atajó la crisis, que tuvo un proceso de metástasis. Incluso, su reacción no alcanza siquiera para persuadir a la audiencia mexicana de que lo que es real es su verdad, por el contexto de la violencia y su insistencia en abrazar y no confrontar a criminales. Pero lo más importante es que tampoco resuelve su problema.

El segundo error craso es atacar al mensajero. Quitando el humo de la pólvora que disparó, está claro que López Obrador tiene un problema serio con Estados Unidos, donde un ala del gobierno le ha seguido la pista a relaciones oscuras y peligrosas en las que presuntamente han estado involucradas personas en su entorno más cercano. Dispararle a la prensa desvía la atención y le regala municiones para seguir colocando la conversación en un extremo del centro de gravedad. Emplazar al gobierno del presidente Joe Biden a que se pronuncie, tampoco enfrenta el fondo de lo que se ha venido revelando desde hace casi un mes sobre narcofinanciamientos a sus campañas electorales.

López Obrador ha señalado que todas las investigaciones sobre el tema se cerraron porque eran falsas. En realidad, las dos investigaciones realizadas por agencias del Departamento de Justicia, en 2006 y 2018, fueron cerradas por razones políticas, no porque la información y los testimonios que acumularon llevaran a un callejón sin salida. En ambos casos, la racional en Washington fue no provocar una crisis política en su socio y aliado, donde 3 mil 200 kilómetros de frontera común y el papel de buffer state que juega México frente a la migración, hacen que la relación bilateral tenga que ser manejada con guantes de terciopelo.

El tercer error es descalificar las investigaciones y señalar que son ejercicios de intervención del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos mexicanos, porque es el mismo Departamento de Justicia y las mismas agencias norteamericanas que llevaron a juicio al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna las que han estado armando casos que vinculen a su entorno con los cárteles de la droga. El doble rasero lo exhibe y, al mismo tiempo, lo debilita. Celebró su acción contra García Luna, pero denuesta cuando él y los suyos son su objetivo. Su atención selectiva es compartida por sus simpatizantes, pero no por otro segmento igualmente grande que le ha quitado el sueño y el humor por el hashtag de ‘narcopresidente’, que no puede sacudirse.

El cuarto error es quedarse envuelto en la bandera mexicana sin actuar. Era grave lo que publicaron ProPublica, InsightCrime y la Deutsche Welle sobre el presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa a su campaña presidencial en 2006, por cierto, con mayor sustento de lo que presentó la fiscalía en Nueva York contra García Luna. Lo que publicó The New York Times tiene otra dimensión. A partir de testigos protegidos, funcionarios y documentos que utilizó el diario, “descubrió información que apunta a vínculos potenciales entre operadores de poderosos cárteles y consejeros y funcionarios cercanos al Presidente, mientras gobernaba el país”.

Diversos informantes señalaron a los agentes estadounidenses de reuniones de personas muy cercanas a López Obrador con Ismael el Mayo Zambada, jefe del Cártel del Pacífico, de pagos millonarios de un jefe zeta a dos aliados de López Obrador para que lo sacaran de la cárcel, y de supuestos posibles videos de los hijos del Presidente recibiendo dinero de narcos. Una información distinta obtenida de manera electrónica fue una transferencia de dinero presumiblemente de operadores del narco a intermediarios del Presidente, coincidente con su visita a Badiraguato en 2020.

El Presidente actúa con la seguridad de que esas investigaciones han quedado cerradas. Es su quinto error. Las consideraciones políticas que tuvieron para no seguir adelante con las investigaciones desaparecerán en unos meses, cuando deje el poder y pueden ser abiertas. No puede desatender esta posibilidad, y ver lo que pasó con el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, a quien investigaron por casi dos décadas, y sin que actuaran en su contra por consideraciones políticas, pero que una vez que terminó su mandato, lo acusaron y extraditaron. Este lunes inició su proceso en Nueva York, tras 22 meses de terminar su gobierno.

Los tormentos del almirante

A escasos siete meses del cambio de gobierno, el almirante secretario de la Marina, Rafael Ojeda, ya se embarcó en la preparación de su sucesión, porque es crucial, para él, que quien quede al frente de la institución sea un incondicional. No parece haber otro camino, al tener varios frentes abiertos que pudieran causarle dolores de cabeza y penurias transexenales, porque no ha sido cuidadoso ni en lo personal y ni en lo político.

La parte más delicada, porque tiene que ver con el futuro mediato, fue haber apostado por Marcelo Ebrard para la candidatura de Morena a la Presidencia, que no sólo se limitó a apoyo político sino, de acuerdo con personas con conocimiento de primera mano de lo que sucedió, también recursos. Ojeda y Ebrard son más que amigos, y el almirante le tiene un particular agradecimiento, al haber sido él quien lo recomendó con el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser el titular de la Marina, pese a la opinión contraria del exsecretario Vidal Soberón.

La información a la que se ha tenido acceso muestra que los apoyos a Ebrard durante la contienda por la candidatura llegaron a través de Octavio Pérez, un ingeniero naval sinaloense retirado que incursionó en el negocio del gas y entró también a realizarlos en Aduanas y Puertos, que están bajo el control de la Marina desde mediados de 2020. El activismo político de Ebrard, respaldado desde la oficina del secretario de la Marina, para desgracia de Ojeda, fue conocido por la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, dijeron personas que forman parte de su equipo de campaña.

Las señales que ha enviado su equipo, preparándose ante la eventualidad de que se convierta en presidenta, es que no quieren trabajar con el almirante Ojeda. Sin embargo, el problema del secretario no se circunscribe a la mala disposición que tendría Sheinbaum hacia él, una vez que ganara las elecciones, únicamente por su activismo a favor de Ebrard, sino que la posibilidad de que se le inicien carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción es amplia.

La presunta corrupción en torno al secretario Ojeda se ha denunciado en la prensa desde hace más de dos años, enfocada en sus sobrinos políticos por supuestos negocios en la Marina, Aduanas y Puertos, lo que sería irregular en sí mismo, a lo que se le suma que son parte de la institución, lo que significa un conflicto de interés. Los dos sobrinos denunciados son los vicealmirantes Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna –este último recién nombrado jefe de las 12ª Zona Naval en Puerto Vallarta–, hijos de su cuñada, que tienen una gran ascendencia con su tía, la esposa del secretario, quien en los últimos cinco años ha generado un muy mal ambiente en torno a su persona por la forma como se comporta.

Ojeda ha vivido un sexenio agridulce con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde por una parte lo empodera con responsabilidades que ha quitado a los civiles, y por la otra lo margina en presupuesto y confianza frente al general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, con quien ha tenido una relación tirante durante el gobierno. Internamente, el secretario también ha provocado fisuras, y en algunos casos existen ya fracturas con almirantes, porque a algunos los ha maltratado y mandado al ostracismo, mientras que a otros les ha cobrado viejas facturas, y a unos más con rango y jerarquía los ha dejado de lado para nombrar a oficiales de su confianza en puestos clave en Aduanas y Puertos.

No obstante, y aunque no le tiene mucha confianza porque considera que la Marina ha estado muy vinculada a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, López Obrador le mantiene el respaldo. No ha actuado en ningún momento para conocer si tienen sustento los señalamientos de corrupción, y cuando el fiscal que investigó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa acusó a los marinos de haber formado parte de plantar pruebas y de encubrir el crimen, mantuvo al almirante Ojeda blindado de cualquier señalamiento, pese a que era el jefe de la zona naval en Acapulco en el tiempo del ataque a los estudiantes.

La protección no será transexenal y el almirante Ojeda ha dado señales de que así lo cree. Su sucesión, por tanto, es probablemente el proyecto estratégico más importante que tenga este año. Aunque no está claro por quién se decantaría en la sucesión y propondría como cabeza de terna a la próxima presidenta, tiene una inclinación por el subsecretario José Luis Arellano. Pero Ojeda ya vio en carne propia que las recomendaciones del titular pueden ser ignoradas por el Presidente, como lo hizo López Obrador en su caso. Frente a ello, lo que está haciendo es neutralizar a las dos figuras más importantes que podrían sustituirlo, a quienes ha maltratado y perseguido políticamente durante su gestión.

Uno es el almirante José Luis Vergara, muy cercano al exsecretario Soberón, y que era la primera opción para ser nombrado secretario de la Marina, aunque López Obrador rechazó la propuesta. El otro es el almirante Marco Antonio Ortega Siu, el jefe de la Unidad de Fuerzas Especiales que persiguió y capturó a Joaquín el Chapo Guzmán en 2015.

Ojeda no quiere cerca al almirante Vergara y lo envió como agregado naval a la India. A Ortega Siu le tiene miedo. El secretario lo tiene atravesado y quiere neutralizarlo. De manera casi secreta está investigándolo junto con elementos de la Fiscalía General por una presunta desaparición forzada en Guanajuato en 2018, y hay un seguimiento contra él –aparentemente también contra otros almirantes– por parte de la Unidad de Inteligencia Naval, mediante la intercepción ilegal de sus comunicaciones electrónicas.

La relación de él con Ojeda en la Secretaría de la Marina fue difícil, y Ortega Siu, más que Vergara, está, en todos los sentidos, en las antípodas del secretario. El secretario está en su tormenta sucesoria, y aunque Ortega Siu es su principal adversario, definitivamente, no es el único.

Deje de verse el ombligo

El Presidente sigue viéndose al ombligo y no está mirando el país que va a dejar. Estamos viviendo un proceso de disolución social, no en el sentido que establece el Código Penal, sino por el desmantelamiento del contrato social que establece las reglas que rigen nuestro comportamiento político dentro de una sociedad, mientras él, agobiado porque en el legado histórico que tanto persigue se está grabando con fuego la palabra “narcopresidente”, como lo llaman en las redes sociales.

Mientras sólo se observa en el espejo y rechaza el hashtag que le pusieron encima, las negociaciones que está haciendo la Iglesia católica en diversas partes del país con narcotraficantes y criminales para lograr una pacificación están acelerando la ruptura de la sociedad, donde la responsabilidad central de los Estados modernos, proveer la seguridad, se está trasladando del gobierno –que por esa razón nacieron– a los cárteles de las drogas y a las pandillas más violentas. Es nuestra incipiente sociedad distópica, Hobbes en su peor dimensión.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no puede salir de la trampa de su etiqueta en las redes sociales y se revuelca en acusaciones contra sus opositores, en la paranoia de una conspiración internacional para perjudicarlo. Son molinos de viento reciclados los que embiste, mientras que la salud del país se está deteriorando aceleradamente por su incapacidad para enfrentar la crisis de seguridad y la expansión incontenible del crimen organizado en todo el país ante lo laxo, negligente y displicente de su actitud frente a la delincuencia organizada.

En Palacio Nacional responden como siempre, a su interés particular, no nacional. Todo el aparato del gobierno busca quitarle las manchas. La vocería presidencial, con la maquinaria de propaganda para restarle fuerza al hashtag y la Fiscalía General, en el absurdo absoluto, va en busca de un líder criminal, pero no para encerrarlo por lo que debe, sino para ver si ratifica que Los Zetas también financiaron su campaña presidencial, como lo declaró a la prensa. ¿Parece una locura? Lo es.

El país está inerme ante su delirio. El vacío que ha dejado lo está ocupando la Iglesia católica, que ante la inacción gubernamental y la expansión criminal, no encontró más vía que hablar con los delincuentes y pedirles que se arreglen entre ellos, que negocien y que paren la violencia porque afecta a la gente. En los últimos días, la mediación de obispos en Guerrero logró una tregua entre las dos grandes bandas criminales, Los Tlacos y Los Ardillos, para que se repartan el negocio del transporte del servicio público de Chilpancingo y se restablezca. Antes, en la Tierra Caliente de Michoacán se buscó un cese al fuego y eso está haciendo la Diócesis de Toluca para que La Familia Michoacana establezca la paz en el sur del Estado de México.

El ejemplo cunde. La Arquidiócesis de México, la más importante del país, afirmó a través de una opinión editorial, en el semanario Desde la Fe, que “ante el terror evidente que ha surgido en Guerrero, cancelando la oportunidad de vivir normalmente de los ciudadanos de ese estado, los obispos locales decidieron presentarse ante los líderes de las principales organizaciones delictivas para buscar acuerdos y pacificar la zona”.

No se trata de una negociación que busque promover delitos, aclaró, sino de una negociación en la que los hermanos puedan reconocerse entre hermanos. “En un clima de violencia en el que se pierde de vista al ser humano, priorizando las ganancias, las venganzas, o el orgullo, salen perdiendo todos”, agregó el editorial, “parece que surgió la esperanza de reducir la violencia y recuperar las actividades normales de los ciudadanos, lo cual sería el primer paso en un proceso de conversión que Dios desea hacer fructificar en los corazones de todos”.

Noble propósito, pero utópico. Para los criminales no hay punto de retorno ni reconversión cristiana. Tampoco remordimiento. No creen en Dios sino en Malverde. Es comprensible que los sacerdotes busquen dar tranquilidad a sus fieles, aunque sea una solución inmediatista y de corto plazo que jamás resolverá el problema de fondo. Se equivocan quienes recuerdan el papel de los sacerdotes en negociaciones entre gobiernos y guerrillas para acabar una guerra civil, pues mientras los primeros tienen como motivación el dinero, los segundos luchan por una causa social. Los primeros nunca se reintegrarán a la sociedad; para los segundos, la reinserción es una vía que lleve al cambio.

López Obrador, que tiene estos cables cruzados, se alegró que los obispos de Guerrero pactaran con los criminales, señalando que todos deben contribuir a la pacificación del país. Es una sandez política que explica los disparates de su gobierno, como la búsqueda de la Fiscalía General del jefe de Los Ardillos sólo para que limpie el buen nombre del Presidente.

Sin embargo, está claro que López Obrador no ve con malos ojos una negociación con los criminales, que sería una vía alterna a lo que ha sucedido en el sexenio, mirar para el lado contrario de donde opera uno de los grandes cárteles para que avance sobre sus enemigos y vaya controlando cada vez más territorio. Si hay una sola gran organización criminal en México, habrá quien lo considere de esta manera, su incentivo para ampliar sus negocios ilegales es que no haya violencia.

El costo bajará en sangre, pero repercutirá en la fortaleza del Estado mexicano, donde el poder no lo tendrá el gobierno, sino los criminales. Este es el camino que ha construido el Presidente con su estrategia de seguridad, que ha funcionado mejor para los cárteles que para los ciudadanos.

Ceder a los grupos criminales el poder para cambiar las cosas, que es lo que significan las negociaciones para la pacificación, es permitirles que controlen el destino de ciudades y regiones, por ahora, y posteriormente de estados y el país entero. Aplaudir esas iniciativas, como lo hace López Obrador, es una aberración, como se apuntó en este espacio hace unos días, y será el legado más infame que deje al país y a su propia historia política.

Un ‘caballo de Troya’ para Claudia

Claudia Sheinbaum se ve nerviosa, vulnerable y torpe. Deben tener prendidos los semáforos rojos en su cuarto de guerra por haber cometido el domingo un error estratégico al atacar a decenas de miles de personas que realizaron un nutrido mitin por la democracia, y acusarlos de “falsos” e “hipócritas”, que en su momento promovieron fraudes electorales, en lugar de enfocarse en su planteamiento político tras registrarse como candidata presidencial, arropada por toda la maquinaria de Morena. Sus palabras sonaron huecas y la retórica sólo hizo eco del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sin su legitimidad ni carisma.

Sheinbaum quiso restar protagonismo a quienes desafiaron a López Obrador en la Ciudad de México y una decena de ciudades en el país, y sólo se lo quitó a ella misma, confirmando además que la convocatoria que lograron los defensores de la democracia le preocupa a ella y al Presidente. La secuela del resbalón, el domingo, de la candidata oficialista que ofrece la continuidad por seis años más ratificó que no emociona, aunque ahora se le agrega que tampoco convence a López Obrador.

De hecho, se puede argumentar que existen condiciones objetivas para que la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, pueda darle un susto. No tiene que ver únicamente si realiza una campaña territorial profesional y eficiente –que aún no tiene–, sino por las desavenencias crecientes que está teniendo el Presidente con Sheinbaum, donde ella quiere tener mejores márgenes de maniobra y López Obrador insiste en cerrárselos.

Uno de los problemas que se han discutido en Palacio Nacional con el Presidente es que, pese a que el discurso de Sheinbaum ha sido de apoyo total a las reformas propuestas por López Obrador, la realidad es que no ha designado a nadie para estar en contacto con el equipo presidencial y darle seguimiento al curso de las iniciativas, diseñadas no tanto para que se aprueben –López Obrador gana si se votan a su favor y también si las rechazan, porque le serviría a su narrativa contra la oposición–, sino para fijarle la agenda del primer año del eventual gobierno de Sheinbaum. No le gusta al Presidente que lo desobedezca.

Desde Palacio Nacional ya le instruyeron que nombre al equipo que hará esa tarea, y que tiene que reportarle al vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, el ‘caballo de Troya’ explícito en el cuarto de guerra de Sheinbaum, al ser uno de los más importantes e influyentes líderes de los puros del lopezobradorismo, que están opuestos a la estrategia de Sheinbaum de integrar en su equipo a personas que consideran oportunistas y sin arraigo dentro de la cuatroté. Es una humillación para Sheinbaum que tenga que subordinarse a Ramírez Cuevas.

El vocero presidencial encabezó la rebelión de los morenistas más dogmáticos que la derrotaron cuando impulsó a Omar García Harfuch como candidato al gobierno de la Ciudad de México, y le repitieron la dosis cuando buscó la ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía capitalina. Ahora, con la usual sevicia presidencial, tendrá que alinear a su equipo bajo las órdenes del vocero para que entiendan, y no se desvíen, del proyecto vital de López Obrador, no por los resultados que podrían alcanzarse en el mediano plazo, sino porque será el mapa de navegación que tendrá que seguir Sheinbaum durante el primer año de gobierno, al menos.

Ramírez Cuevas es un problema real para la candidata por la creciente delegación de responsabilidades que le ha dado el Presidente para que sea su principal interlocutor con la candidata, hable con ella y sea la correa de transmisión de sus órdenes, malestares y regaños.

Recientemente le expresó a través de Ramírez Cuevas su molestia por haber incorporado en su equipo a Roberto Valdovinos, que fue destituido como director del Instituto de Mexicanos en el Exterior, en 2020, tras una serie de acusaciones de acoso sexual. El año pasado Sheinbaum nombró a Valdovinos, que tiene el respaldo del padre Alejandro Solalinde, como uno de los organizadores de los llamados Diálogos por la Transformación, y cuando Ramírez Cuevas le transmitió el extrañamiento, la candidata respondió que no había estado al tanto de ese nombramiento y lo relevaría, reforzando la observación de López Obrador de que no está prestando atención a los detalles de su campaña.

La imposición más seria, porque tiene alcance en el campo electoral, es el rechazo tajante que dio López Obrador a la idea que externó en una reunión con gobernadores de Morena de que si bien se apegaría a las líneas que ha señalado el Presidente de forma incondicional, quería hacer modificaciones y no sólo arroparse en el radicalismo de la cuatroté, para buscar el apoyo de organizaciones de la sociedad civil que, aunque pudieran tener posiciones críticas al gobierno, no se encuentran en el ala de los más radicales, por lo que pensaba que habría posibilidades para sumarlos a su proyecto.

El Presidente, que no quiere saber nada de la sociedad civil y es profundamente intolerante a cualquier crítica contra él y su gestión, rechazó las ideas de Sheinbaum cuando se las comentaron. No se sabe qué hará la candidata, pero la desautorización le impediría acercarse a esos grupos e individuos para sumarlos. La postura radical de López Obrador excluye a organizaciones, periodistas e intelectuales y sectores de las clases medias a quienes potencialmente quería reclutar, lo que explicaría su declaración el domingo, que va en línea con lo que piensa el Presidente pero es contrario a lo que ella deseaba.

La subordinación de Sheinbaum ante las instrucciones, deseos o caprichos del Presidente, limita sus posibilidades de acción y favorece a la oposición. Sin embargo, aunque la información que sale de la campaña y Palacio Nacional sobre cómo están crujiendo los maderos en el barco cuatroté, no es suficiente para que la campaña de Gálvez sea competitiva. La opositora necesita hacer cosas que saquen provecho de las contradicciones y fricciones del Presidente con la candidata, y capitalice la debilidad que muestra Sheinbaum con esos reveses ante gobernadores y líderes de Morena, al quitarle autoridad.

La marcha contra el Presidente

La tercera marcha por la democracia este domingo fue una expresión de rechazo y repudio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Miles desbordaron el Zócalo en la Ciudad de México y cientos más se manifestaron contra el régimen en decenas de ciudades del país y en un puñado en el mundo. Fue eminentemente una movilización de ciudadanos, que acudieron en forma voluntaria o animados por organizaciones de la sociedad civil, a las que se sumaron políticos de manera individual. Fueron a ponerle cara y desafiar a un Presidente valiente en la retórica, pero medroso y tramposo en los hechos.

El Palacio Nacional quedó rodeado por planchas de metal, pese a que ninguna de las manifestaciones que han realizado los ciudadanos ha sido violenta, una reacción de la Presidencia como acto reflejo del temor que tiene el Presidente a las críticas. Ya lo vimos cuando dejó de caminar por las terminales de los aeropuertos porque cada vez lo increpaban más por el desastre de sus políticas públicas. Lo vemos cada vez que va a Acapulco y se atrinchera en la zona naval. También en sus actos proselitistas por el país, cerrados, controlados. Todos conocemos lo irascible que se pone cuando las cosas no salen como las quiere.

Blindar Palacio Nacional no fue lo único. Una vez más, para esta movilización también ordenó que la bandera mexicana no fuera izada en el Zócalo capitalino como todos los días. Una acción pírrica que raya en lo absurdo de la lógica que, por darse una expresión de rechazo al Presidente, no tenga como marco visual la bandera de México, como si el emblema patrio fuera de su propiedad. Lo puede hacer porque es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y el Ejército, institucional, acata sus berrinches. El gobierno de la Ciudad de México, para ayudarlo, quiso estorbar la llegada masiva al Zócalo capitalino, cerrando accesos para que los pocos que quedaban se saturaran y no se viera la fuerza de la convocatoria, y en algunas calles aledañas el ulular de las sirenas de las patrullas no dejó oír el discurso.

Pero ¿alguien se sorprende? López Obrador sabe que hay un segmento importante de electores que está en contra de lo que ha hecho en su administración y va a votar contra su candidata, Claudia Sheinbaum. No le importa al Presidente, como volvió a mostrar el viernes pasado cuando dijo que quienes asistieran a la marcha estaban apoyando a la corrupción. Esa retórica incendia por la grave mentira que usó para descalificar, en particular porque la imputación cabe mejor en su persona.

Ahí tenemos el menú: la corrupción flagrante en Segalmex, el dinero en efectivo que han recibido sus hermanos –que legalmente es recurso de procedencia ilícita–, el sepultar las investigaciones de la UIF sobre sus familiares y de la Fiscalía contra sus cercanos, las crecientes pruebas de actos ilegítimos y posiblemente ilegales que involucran a sus hijos, la opacidad con la que se maneja el gobierno en la obra pública, sin contar lo que probablemente iremos descubriendo en las próximas semanas.

La abultada movilización de este domingo respondió a sus exabruptos: no quieren que regrese la corrupción, buscan que la corrupción actual termine con un cambio de rumbo en las elecciones. Pero sobre todo, se trata de la disputa por la nación, parafraseando al Presidente, que a su vez retoma el título del libro seminal de Carlos Tello y Rolando Cordera publicado en 1981; es lo que está en juego. Tello y Cordera exploraron la lucha entre dos modelos antagónicos y excluyentes, como consecuencia de las sucesivas crisis en los 70. Y aún no sucedía la nacionalización de la banca en 1982, que causó otro desastre que favoreció a la tecnocracia que buscaba un realineamiento de las fuerzas políticas y sociales en torno a un modelo económico, que finalmente se dieron, a su favor, en 1985. La de hoy es una lucha que tiene parte de económica, pero no como se planteó hace más de 40 años –los primeros cinco años de gobierno de López Obrador se desarrollaron bajo una política neoliberal–, sino de poder y control político unipersonal.

López Obrador buscó un cambio de régimen profundo, que al no darle tiempo a logarlo, quiere consumarlo con Sheinbaum en la Presidencia, en lo que puede sintetizarse como una lucha entre un sistema liberal y un sistema iliberal. Los liberales, que apuestan por libertades civiles y económicas en un marco de leyes y contrapesos, están perdiendo en el mundo ante modelos iliberales, que legitimados por las victorias de sus proponentes en las urnas, desarrollan políticas autoritarias, pérdida de libertades y contrapesos. Esta es la disputa por la nación que ya se vio en recientes elecciones en El Salvador e Indonesia, donde ganaron los perfiles autoritarios, y en otras paradigmáticas que habrá este año en Estados Unidos, Rusia, India, Turquía, Venezuela y en la propia Unión Europea.

México está en ese dilema. ¿Qué quiere la mayoría de los mexicanos? Eso lo determinarán el 2 de junio. Pero para las decenas de miles que se movilizaron ayer, la opción real es Gálvez, que se presenta como la candidata del cambio al statu quo del lopezobradorismo. Sheinbaum es la continuidad, no sólo en las líneas generales que ha estado dibujando López Obrador, sino como administradora, al menos por el primer año de su eventual gobierno, de los mandatos y prioridades del Presidente actual.

Las movilizaciones, como dijo el único orador del evento, Lorenzo Córdova, hasta recientemente consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, no eran a favor o en contra de ninguna candidata, sino en defensa de la democracia, que añadió, se quiere destruir. No es una lucha doctrinaria, per se, entre izquierda y derecha, como la quiere proyectar López Obrador. Es sobre las libertades, donde otros líderes en el mundo, sin importar la díada ideológica, han tomado bando por la disminución y demolición de éstas. Aquí está el fondo de la disputa mexicana, y que cada quien decida lo que quiere en las urnas.

Así no, Presidente

No puede el presidente Andrés Manuel López Obrador normalizar la pax narca. Es inaceptable la ligereza de sus declaraciones avalando que cinco obispos, desesperados por la incompetencia y negligencia del gobierno, hayan establecido contacto con las organizaciones criminales que controlan Chilpancingo y la región de Tierra Caliente en Guerrero, para alcanzar una tregua que reduzca la violencia. Asume parcialmente la responsabilidad de su gobierno para proveer la seguridad, pero tolera que la política se mezcle con la delincuencia en ese estado y que la presencia de miles de militares sea ornamental.

No es nuevo que religiosos traten de persuadir a los cárteles de la droga de que paren su violencia y asesinatos. Pero la sorpresa por el anuncio de los obispos de Guerrero este miércoles es que se da en el momento de un repunte dramático en la violencia, con asesinatos y disrupción de la vida cotidiana ante la mirada pasiva de López Obrador y la gobernadora Evelyn Salgado, que ha sido omisa en su responsabilidad.

Los obispos reconocieron que no tuvieron éxito, porque dos organizaciones criminales predominantes, Los Tlacos y La Familia Michoacana, están aferradas a mantener los territorios conquistados en Tierra Caliente, Taxco, Chilpancingo y Acapulco, pero como dijo a la prensa el obispo emérito Salvador Rangel, “vamos a seguir insistiendo con ellos para que se pacte una tregua y la paz en Guerrero, (porque) el gobierno del estado no quiere buscar una salida a este problema, a lo mejor por dos cuestiones. Una porque no les interesa, y la otra porque está coludido con alguna organización criminal”.

López Obrador vio esta iniciativa “muy bien”, porque piensa que las iglesias deben “ayudar” en la pacificación del país a la cual contribuyan negociando directamente con los narcotraficantes. “Siempre, los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país”, dijo López Obrador. “Me consta en Michoacán y lo hacen en otras partes”.

Es una aberración lo que dice.

La contribución de la que habla López Obrador para la pacificación del país no pasa por negociaciones directas con los criminales. Tener tratos con delincuentes es un delito que se castiga. Y nadie, ni el Presidente mismo, tiene atribuciones para llegar a acuerdos con individuos o grupos al margen de la ley.

Lo que sostuvo atenta contra el andamiaje jurídico que debería anteponer y reforzar, al tiempo que estimula y crea incentivos para construir espacios metaconstitucionales que permitan la intermediación con criminales que, tanto en Guerrero como en Michoacán, donde abiertamente admite y aplaude un delito, ha resultado un fracaso porque la ley de los narcotraficantes es la que impera.

López Obrador lleva más de una semana quejándose de que en las redes sociales se ha impulsado una etiqueta que lo categoriza como “narcopresidente”, pero con declaraciones y posiciones como las que tuvo este jueves, no se ayuda a sí mismo. Al reconocer a las bandas criminales como interlocutores válidos y reconocidos por el Ejecutivo mexicano, con quienes todos puedan hablar si con ello “contribuyen a la pacificación del país”, permite la conjetura de que está haciendo lo mismo con los cárteles de las drogas, nutriendo la percepción que le echan en cara en las redes sociales, y lejos de reducirla, la fortalece y la está arrastrando hacia el camino de lo verosímil, sin entender que ese recorrido termina como verdad.

Sus propias palabras no lo ayudan. “Nunca antes en Guerrero como ahora habían estado protegiendo al pueblo con elementos del gobierno federal”, dijo ayer el Presidente desde la 12ª Zona Naval en Acapulco, donde se atrinchera cada vez que visita el puerto. “Deben ser como 20 mil elementos, entre marinos, Ejército y Guardia Nacional”, agregó con imprecisiones. Ha desplazado al estado a 29 mil elementos para que los vean, pero no para actuar contra los criminales, que tienen tomado Acapulco, incendiado Chilpancingo, aplastado Taxco, controlando la sierra y las salidas al mar para el trasiego de drogas.

Tampoco lo respaldan sus inacciones. Pese a los informes del fiscal Alejandro Gertz Manero sobre las presuntas vinculaciones de la alcaldesa de Morena en Chilpancingo, Otilia Hernández, con Los Ardillos, la banda criminal que disputa la capital del estado a Los Tlacos, el Presidente no le ha hecho caso. No se conoce de una investigación oficial por sus reuniones y negociaciones con el jefe de esa banda criminal, ni hubo reacciones negativas a su aspiración de ser candidata al Senado. De acuerdo con informes gubernamentales, hay cuando menos 40 municipios en Guerrero, dos terceras partes del total, que están controlados por el narcotráfico.

¿Entonces, Presidente?

La Zona Naval, donde estuvo ayer, se encuentra al otro lado de la bahía de Acapulco, donde se ubica el Mercado Central, cuyos locatarios pagan diariamente 200 mil pesos por derecho de piso a los grupos criminales, cerca de Caleta y Caletilla, donde éstos han comenzado a cobrar piso a las casas, ampliando su abanico de extorsión, y un poco más retirado de las colonias populares, donde hay reportes de que en casas marcadas como beneficiarias de los programas sociales, los malosos les han tocado la puerta para que les den el dinero que les dio el gobierno. En las comunidades vecinas de Acapulco no hay Fuerzas Armadas. La seguridad la proveen los narcotraficantes.

La culpa de todo esto, dijo ayer López Obrador, son los gobiernos anteriores, cuya inacción propició el surgimiento de grupos de autodefensa. Cierto. El gobierno de Enrique Peña Nieto estimuló su formación, con una mezcla de ciudadanos y narcotraficantes, para combatir a otros narcotraficantes. Durante ese sexenio en Guerrero nacieron grupos de autodefensa, algunos dirigidos por actuales políticos de Morena, que se involucraron en secuestros y extorsiones. Sin embargo, a lo largo de la gestión de López Obrador, siguen y han proliferado esos grupos, muchos de ellos convertidos en brazo armado de narcotraficantes, y la violencia en Guerrero, como en el resto del país, se ha elevado en términos absolutos.

López Obrador actúa como Poncio Pilatos, pero la realidad lo ubica en su justa dimensión. La pax narca que anima no es la solución.

‘¡Gracias!’, o la epopeya

La historia la cuentan los vencedores, dijo George Orwell en 1944, a lo que se le podría añadir “casi sin excepción”. En esta categoría se puede incluir a Andrés Manuel López Obrador, quien por más de 30 años de lucha política y décadas de sinsabores, aun cuando ha sido derrotado en las batallas, ha triunfado en imponer su narrativa. ¡Gracias!, su último libro, recorre en 555 páginas todos esos momentos donde imprime los énfasis a lo que quiere dejar como la historia de su vida. Pero no es una memoria sino un recorrido desde su niñez, que refleja cómo su tesón y terquedad indómita fueron los motores para alcanzar lo que buscó afanosamente desde mediados de los 90: el poder.

El libro, editado por Planeta, es una obra compartida y nutrida por su segunda esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, que hace poco más de dos años le llevó la idea para que se contara la ‘epopeya’ de su vida. Gutiérrez Müller reclutó para el proyecto a dos decenas de especialistas que redactaron las partes troncales de sus 20 capítulos, donde se ven claramente los acentos puestos por López Obrador y los párrafos e ideas que fue incorporando en sus páginas. También reflejan sus sueños de grandeza y deseo de que sea comparado con Hidalgo, Morelos y Madero, grabando su nombre y tallando su cara junto a las de ellos.

El libro no aporta mucho en sustancia, porque mucho lo ha dicho López Obrador por décadas, aunque planteado como una historia de éxito personal de la mano del hacha vengativa que ha utilizado durante el sexenio. Es notable el desprecio que tiene por Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los presidentes ‘neoliberales’. Aunque no es nuevo, sí sorprenden los epítetos que les lanza, que lo pintan como un pendenciero, no como estadista.

No es que le importe mucho que lo vean como un hombre de Estado, sino que lo reconozcan y le reconozcan sus méritos. Éste ha sido, dicen quienes lo conocen desde joven, su mayor trauma. López Obrador quiere influir en los jóvenes, a quienes les dedica el libro, en quienes apuesta por ese reconocimiento, al inundar su cabeza e imaginación con historias fragmentadas, verdades y mentiras, omisiones y tergiversaciones, para que lo vean como el ingenioso hidalgo que salió de Macuspana y enfrentó a los políticos corruptos, que son casi todos los que lo precedieron, y a los empresarios, que son sus enemigos históricos, hasta doblegarlos y vencerlos.

El libro no es como una mañanera ampliada. Aunque hay cartabones y frases trilladas de las más de 2 mil conferencias matutinas de López Obrador, es mucho más que eso. Y quizá lo más relevante, porque explica los claroscuros de su vida, es lo que no aparece por ningún lado en el mamotreto. Parte fundamental, porque tiene que ver con su formación, es lo que le hizo a Diego Rosique, el empresario ganadero que, junto con el gobernador de Tabasco Manuel Mora, lo protegió a él y a su familia en Veracruz tras su tragedia en 1969, cuando su hermano José Ramón murió de un balazo, y que pasados los años, ya López Obrador líder social, fue el de Rosique el primer rancho que invadió.

Las experiencias en Tabasco hablan mucho del López Obrador actual. Por eso resalta otra gran omisión, el papel que jugó Zedillo en su construcción como político nacional. Zedillo, a quien maltrata, lo apoyó cuando perdió la gubernatura ante Roberto Madrazo, y si no se concretó que se anulara la elección, fue porque el entonces secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma –hoy embajador en Washington– realizó una operación política tan torpe que la intención del entonces presidente se frustró. Zedillo también canceló órdenes de aprehensión contra él por invadir pozos petroleros –episodio ausente en el libro– y frenó la denuncia del PRI sobre su falta de residencia en la Ciudad de México para aspirar a gobernarla, con lo que le permitió contender y ganar la elección.

Zedillo no es de quien más mal habla. Utiliza la sevicia para referirse a Fox y el odio al hablar de Calderón, a quien no le perdona que le ganara la elección en 2006, a la cual le dedica mucho espacio reiterando la impugnación que hizo y que no caminó porque nunca presentó pruebas documentales que probaran el fraude electoral que aún reclama. Igual dice que lo hubo en la elección de 2012 que perdió ante Peña Nieto, sin abordar, salvo en unas cuantas palabras, el proceso de selección de candidato de la izquierda, donde amenazó con romper con todos si Marcelo Ebrard no le cedía la candidatura que, en la ponderación de encuestas, le había ganado.

Aunque el libro muestra el desorden de sus monólogos mañaneros y va y viene 600 años en la historia, está bastante bien escrito, aunque se ven varias manos en su hechura, como en un capítulo donde utiliza el autor una cita en formato APA, que no se repite en el resto, o donde hay referencias a poetas y pintores, o politólogos a los cuales nunca se había referido el Presidente. La huella de López Obrador se ve claramente en errores importantes, como reproducir dos fragmentos de la declaración ministerial de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, violando la ley al ser una investigación abierta, o mostrando el interés coyuntural del libro en la denostación de Xóchitl Gálvez y presumir la forma como organizó el proceso de sucesión en Morena.

¡Gracias! no es una obra para la reflexión futura sobre sus acciones y decisiones, como Mis tiempos, de José López Portillo, o México, un paso difícil a la modernidad, de Salinas. Es una épica de su vida política que tendrá quizá más adelante una revisión contrafactual de todo lo que dice, y en función de los resultados de su sexenio, ver si su legado es efímero o duradero, y si el pedestal en el cual quiere estar, no se vuelve un hoyo del que no pueda salir.

Director: Juan Luis Parra

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