Hasta hace no mucho, cuando Carlos Slim hablaba, el país aguantaba el respiro. Con la chequera más grande del país y una de las principales fortunas del mundo, sus opiniones y críticas obligaban a escuchar a quien era capaz de mover el producto interno bruto de México. Presidentes y secretarios de Hacienda atendían sus observaciones, aunque no las compartieran, y el magnate se convertía muchas veces en la voz de las mayorías a quienes nadie hacía caso en la cima del poder. Esa imagen, sin embargo, quedó en el pasado. En el actual gobierno ha sido un legitimador poderoso de las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a cambio de haber sido el empresario más beneficiado en lo que va del sexenio, lo que no ha pasado desapercibido.

Slim dio acuse de recibo este lunes, cuando después de más de dos años de haber estado alejado de los medios, convocó a una maratónica conferencia de prensa (de tres horas con 45 minutos), para hacer una defensa de él, decir que tiene diferencias con López Obrador, que Telmex no es negocio, y que no entiende –sin decirlo textualmente así– por qué lo consideran como un benefactor del gobierno cuando en realidad él es el que más ha dado al país. Su deslinde es pura palabrería.

Los datos duros indican que, en efecto, es el empresario mexicano que más ha ganado durante el gobierno de López Obrador, aunque el Presidente, que ayer le tiró un salvavidas político, eludió las preguntas que le hicieron sobre los beneficios económicos a Slim y justificó su notable incremento de riqueza en los cinco últimos años señalándolo como un buen empresario y dentro de la lógica de dinero llama a dinero. Como la negativa de Slim de trato preferencial, tampoco la simplista explicación presidencial resiste el análisis.

En este mismo espacio se publicó hace dos semanas que la relación, funcional y estructurada, que tuvo Slim con anteriores presidentes pareció romperse con la llegada de López Obrador a la Presidencia, con quien, pese a conocerlo bien y haber hecho negocios cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, chocó cuando canceló el aeropuerto en Texcoco de una forma tan beligerante, que frases despectivas y amenazantes del Presidente contra él en privado auguraban una noche de pesadilla sexenal. Pero no fue así porque Slim, entendiendo que en una lucha de poder, el águila siempre gana, reculó y restableció sus nexos con López Obrador.

Es decir, como señaló un reportaje en el sitio elceo.com en vísperas de la conferencia de prensa, la relación entre ambos pasó de la confrontación a la complicidad, que se tradujo en la firma de 2 mil 530 contratos por los que Slim ganó casi 61 mil millones de pesos. Tras el desencuentro por el aeropuerto, el gobierno le dio contratos por 9 mil 281 millones en 2019, 20 mil 194 en 2022 y 23 mil 423 en 2021, el año en que se dio la tragedia del colapso de una trabe de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México que provocó la muerte de 26 personas y dejó heridas a un centenar. Mediante un acuerdo de indemnización de 400 mil a 6 millones de pesos por víctima, reveló el diario El País en 2022, se exoneró a la empresa de toda responsabilidad y futuras demandas.

En su conferencia de prensa Slim se refirió a aquel trágico accidente y dijo que no había sido consecuencia de una mala construcción, deslindando a la constructora de su grupo que hizo ese tramo de la Línea 12, sino del mantenimiento, con lo cual trasladó la responsabilidad a la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Lo que hizo el magnate fue una fuga hacia delante, como intentó a lo largo de la conferencia, y tratar de neutralizar los señalamientos de que entre él y el Presidente hay una especie de matrimonio por conveniencia, o una “complicidad” como calificó elceo.com.

El Sol no puede taparlo nadie con un dedo, aunque se apellide Slim. El gobierno de López Obrador le ha dado contratos para la construcción de uno de los tramos del Tren Maya, en el sector energético y en el campo de las telecomunicaciones, que incluyó uno que el sitio especializado identificó como uno de los negocios más lucrativos, otorgado mediante adjudicación directa por el Banco del Bienestar a Telmex por mil 794 millones de pesos, para el servicio en su red de sucursales. La negativa de Slim de que no es el empresario favorito del Presidente no se sostiene.

Oxfam, la confederación internacional de 21 organizaciones no gubernamentales que tienen asociados en 90 países, entregó en enero al Foro Económico Mundial de Davos un documento de trabajo sobre la desigualdad en México, donde afirma que durante el gobierno de López Obrador, las fortunas de Slim y de Germán Larrea, presidente de Grupo México, crecieron 70 por ciento, que equivale a la riqueza total de la mitad de la población de América Latina y el Caribe, de 334 millones de personas.

En números absolutos, Slim tiene más dinero que Larrea y los otros 12 multimillonarios mexicanos juntos. Las 14 personas más ricas de México concentran 8.18 de cada 100 pesos de la riqueza nacional, pero Slim, solo, acumula 4.48 pesos de esos 100, y tiene “casi tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mexicana, alrededor de 63.8 millones de personas”. La fortuna del magnate mexicano de origen libanés creció en cinco años casi el doble, superando por primera vez los 100 mil millones de dólares.

En su maratónica plática con periodistas, Slim no desagregó los ingresos que elevaron de manera superlativa su fortuna –dijo que era por las condiciones del mercado–, por lo cual no se puede estimar de fuente directa cuánto de sus ingresos en estos años provino de sus negocios globales, nacionales o de los contratos con el gobierno. Pero lo que no puede negar es que sí es el empresario del régimen, aunque reniegue de una categorización ganada a pulso.

En la encuesta de encuestas del portal Oraculus.mx, la preferencia efectiva por Claudia Sheinbaum, la candidata del oficialismo, es de 64 por ciento, contra 31 por ciento de la candidata del frente opositor, Xóchitl Gálvez. Son 33 puntos de diferencia que, a escasos tres meses y medio de la elección presidencial, parece una ventaja muy difícil de remontar. Si se asume esta proposición, como concuerdan varios de los más experimentados encuestadores, ¿por qué Gálvez es sujeta a críticas inmediatas del Presidente, de la candidata oficialista, de líderes de Morena, de periodistas afines a Andrés Manuel López Obrador o controlados por el vocero presidencial, y de las legiones cibernéticas manejadas desde el Zócalo?

Es un contrasentido. Con esa ventaja Sheinbaum podría seguir gastando capital político y presentarse como la Pascual Ortiz Rubio de 2024, porque Gálvez no la podría alcanzar. Y sin embargo, está reaccionando a lo que hace y dice su rival de manera automática, muchas veces en la misma línea de argumentación diseñada en Palacio Nacional. Lo mismo podría decirse de López Obrador, quien le dedicó varias páginas de su nuevo libro a Gálvez para injuriarla.

Hay una estrategia clara para denostarla, que se expresa de diferentes maneras, como hace unas semanas cuando le repetían que era la candidata del PRI y ahora aprovechan la fotografía desde Madrid donde aparece junto con el expresidente Felipe Calderón. Un monero de la claque de otro monero habilitado como principal asesor político de López Obrador y responsable de formar cuadros para la cuatroté, Rafael Barajas, el Fisgón, los dibujó señalando a Calderón como jefe de delincuentes, en sintonía con el breve editorial llamado Rayuela, en el periódico del Presidente, que apuntó que sólo faltaba en esa foto Genaro García Luna.

No se entiende la estrategia desde el despacho presidencial contra Gálvez, pero muestra miedo. El ponderado en la encuesta de encuestas no puede ser tomado como el referente de otras elecciones, no por la metodología que emplean o la integridad para presentar los datos que recogen de una canasta de estudios demoscópicos de medios y empresas, sino por la disparidad de los datos que producen. Por ejemplo, Demotecnia mostró en su estudio de enero que Sheinbaum tenía una ventaja de 63 puntos sobre Gálvez, una diferencia extraordinaria hasta para los propios encuestadores, muy por encima del resto de las encuestas incorporadas en el ejercicio de Oraculus.mx.

Hay otras encuestas en el otro extremo, como la de México Elige, que ayer publicó sus números de febrero y le dio una ventaja de menos de ocho puntos a Sheinbaum sobre Gálvez. Rápidamente, las cuentas asociadas a la Presidencia reciclaron historias del año pasado donde señalaban que uno de los socios de esa empresa regiomontana era publicista de Gálvez. Es cierto, y más aún. Otro de los socios está en el cuarto de guerra de la candidata opositora. Lo sorprendente es que fustiguen lo que en el pasado hicieron.

En octubre de 2005, meses antes de la elección presidencial, por citar un ejemplo, la empresa encuestadora de Ana Cristina Covarrubias (hoy llamada Covarrubias y Asociados) ubicó a López Obrador con 42 por ciento de las preferencias electorales, y llevaba una ventaja de 17 puntos sobre el segundo lugar, Felipe Calderón. Esa encuesta fue presentada por Covarrubias y por Federico Arreola, en ese entonces responsable financiero de las redes ciudadanas de López Obrador, y actualmente integrante del cuarto de guerra de Sheinbaum. La única diferencia entre esta empresa y México Elige es que Covarrubias nunca ocultó que hacía encuestas para López Obrador, y asumió las consecuencias de ello. Sergio Zaragoza y Aldo Campuzano, los socios de México Elige, harían bien en transparentar su relación con Gálvez.

Si tomamos los datos de Demotecnia y México Elige, tomándonos la libertad para efectos de demostración de comparar resultados obtenidos en semanas diferentes, la primera le da una ventaja de 26.3 puntos a Sheinbaum sobre Gálvez, mientras la segunda apenas una de 7.4 por ciento. Esta disparidad no la recoge Oraculus.mx porque México Elige no forma parte de las encuestas que promedia. Si lo hiciera –no lo hará por su metodología de la muestra de más de 10 mil personas, que sólo abarca a quienes tienen acceso a las plataformas de Meta–, el diferencial entre las dos se reduciría.

No obstante, la reacción en cascada de la Presidencia hacia abajo en contra de Gálvez parece una respuesta más cercana a los datos de México Elige que a los de la mayoría de las casas encuestadoras, que le dan una cómoda ventaja a Sheinbaum. Pero hay que recordar que lo que vemos se da sólo sobre la información pública y no sobre las encuestas privadas que tienen las candidatas, los partidos y el Presidente –en las cuales cree realmente–.

Las encuestas, que comenzaron a jugar un papel protagónico en las elecciones presidenciales de 2006, se han convertido hoy en día en un instrumento mucho más importante, no por culpa o diseño de las empresas demoscópicas, sino por el uso y abuso de los políticos y los partidos. Morena, por ejemplo, salió de compras el año pasado y se apropió todas las encuestas que pudo para la elección por la gubernatura del Estado de México, con lo cual se volvió propietaria de ellas y publicó sólo aquellas que le beneficiaban, al tiempo que garantizó que las negativas nunca salieran a la opinión pública.

De esa manera, su candidata, Delfina Gómez, aparecía con una ventaja que doblaba a su adversaria Alejandra del Moral, generando la percepción de que la elección sería de mero trámite, lo que desinhibía la participación. Al final, Gómez ganó por menos de la mitad de lo que varias encuestas preveían. No sería raro que la misma estrategia se aplicara en la elección presidencial y en los comicios altamente estratégicos para el gobierno de la Ciudad de México.

La avalancha de críticas contra Gálvez permite preguntar si existe la posibilidad de que las encuestas no públicas perfilen una competencia cerrada, no abierta con Sheinbaum, que es lo que puede dar sentido al nerviosismo mostrado por el oficialismo ante la candidata opositora.

En cuatro días, Zacatecas volvió a ser centro de atención nacional con siete asesinatos, cuatro de ellos de alto impacto. Dos fueron en Fresnillo, la segunda ciudad más grande de Zacatecas, que históricamente ha sobresalido por sus minas de oro y plata, pero que en los últimos años se ha destacado más por ser epicentro de una guerra entre los dos grandes cárteles de la droga. Los blancos fueron familiares del senador Ricardo Monreal y del gobernador David Monreal, que han controlado políticamente al estado y a Fresnillo a lo largo del siglo, que en el pasado se vieron involucrados en casos relacionados con el narcotráfico, de los cuales salieron públicamente sin problemas legales.

La familia Monreal es lo más cercano que hay en el país a una dinastía política. Quien más ha destacado, desde los 90, es Ricardo, pero luego viene David, y atrás de ellos Saúl, dos veces alcalde de Fresnillo, y Rodolfo, quien antecedió en ese cargo al actual gobernador, cuando fue presidente municipal a mediados de la primera década del siglo. Son 14 los hermanos Monreal, y al menos 10 tienen cargos de elección popular, son funcionarios municipales, federales, estatales, o trabajan en los gobiernos de Sinaloa y Estado de México.

La fuerza de los Monreal ha avasallado a todos los grupos políticos zacatecanos y los ha dejado sólo como fuerzas locales, por lo significativo de los crímenes contra la familia. El primero fue el miércoles contra Juan Pérez Guardado, cuñado del senador y funcionario de Fresnillo, y el segundo fue el sábado, cuando fue abatido Jorge Antonio Monreal, funcionario municipal también, y sobrino de los famosos políticos.

Sin embargo, no hay ninguna razón para pensar que se trata de vendettas personales en una lucha por el poder, porque en los asesinatos de la semana pasada también pagaron su cuota de sangre las familias aplastadas políticamente por los Monreal, los Murillo y los Olvera. El mismo miércoles que asesinaron a Pérez Guardado, hombres armados mataron a Cecilio Murillo, hermano del alcalde de Sombrerete, y al empresario José Olvera Fraga en esa misma cabecera municipal.

La marca de los asesinatos se la llevaron los Monreal, pero en estos crímenes cayeron miembros de las otras familias relevantes en el estado. Es probable, como apuntan algunos observadores, que detrás de los homicidios de la semana pasada se esconde la reacción desesperada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que llegó a tener el control casi absoluto de Zacatecas hasta mediados de 2022, cuando el Cártel del Pacífico –antes llamado de Sinaloa–, al mando de Ismael el Mayo Zambada, comenzó a disputarle el territorio y a doblegarlo.

El CJNG, junto con sus aliados tácticos del Cártel del Golfo, ha sido la organización criminal que más ha sufrido los embates del gobierno federal a través de un grupo de coordinación institucional, que incluye las áreas antisecuestros y antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General, desde junio del año pasado. Una simple revisión hemerográfica muestra los continuos golpes al CJNG, al que le han detenido cabecillas y desmantelado células. El último gran operativo contra esa organización fue a mediados de diciembre, cuando capturaron a quien las autoridades identificaron como el líder del cártel en Zacatecas.

Los resultados obtenidos por el gobierno federal en Zacatecas hicieron que desapareciera el estado dentro del grupo de las entidades más violentas del país, donde se encuentran Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Michoacán. Pero el éxito en el combate contra ese grupo no lo ha sido en la lucha contra el Cártel del Pacífico, que a través de la alianza del Mayo Zambada con la familia Cabrera Sarabia, que se ocupó de enfrentar al CJNG y al Cártel del Golfo, principal, aunque no únicamente, en Zacatecas.

Los Cabrera Sarabia surgieron en Canelas, Durango, de donde son originarios, y que forma parte del llamado Triángulo Dorado, que es la frontera de Sinaloa, Chihuahua y Durango, que ha estado bajo el total control del Cártel del Pacífico desde que el narcotráfico se convirtió en problema de seguridad pública a mediados de los 70. Sus primeros líderes fueron detenidos en 2011 y extraditados a Estados Unidos, o abatidos en 2012. Actualmente se presume que quien dirige a la banda es José Luis Cabrera Sarabia, y que como sus hermanos anteriormente, sigue el modus operandi de vinculación con políticos en toda la región para protección institucional.

El trabajo del gobierno federal contra el CJNG ha beneficiado indirectamente al Cártel del Pacífico, que recuperó lo que había perdido en las rutas de trasiego de drogas a Estados Unidos y que con la inopinada ayuda militar ha ido desplazando a sus rivales de Zacatecas. Los asesinatos de la semana pasada en Fresnillo y Sombrerete contra objetivos políticos que parecieron muy bien escogidos –golpes en el segundo nivel de las familias políticas más poderosas– se inscribirían, en efecto, en una acción para provocar una respuesta federal y un incremento en la presencia de tropas en el estado.

Esto es lo que en el argot criminal se llama ‘calentar la plaza’, que se da cuando una organización delictiva busca aprovechar la fuerza del Estado a su favor, que es lo que sugieren las acciones violentas de la semana pasada, luego que en diciembre y enero no se registraron homicidios. Lo que sucede en Zacatecas, sin embargo, se inscribe en algo más, la dialéctica del golpeteo a los cárteles de la droga, repetido en este y varios sexenios, donde el desmantelamiento de los cárteles ha sido menor en el Pacífico.

Nota: En la columna Metáfora del fracaso publicada el 2 de febrero, se señala de manera contextual al empresario Antonio Rullán Dicheter, de estar vinculado en Guerrero con el grupo criminal Los Rusos. El empresario, en una carta a este espacio, afirma que no conoce al “grupo de delincuentes llamado Los Rusos” y que nunca, en 57 años de vivir con su familia en Acapulco, ha estado involucrado en ningún escándalo de esta índole.

¿Tiene 125 mil pesos para comprar el pase a un espectáculo de cinco horas? ¿Y 17 mil pesos para comprar un boleto de avión en clase turista? ¿Quiere apostar cuántas veces aparecerá Taylor Swift en la transmisión del Super Bowl? ¿Está dispuesto a poner su dinero en la adivinanza de si un jugador o entrenador llorará mientras entonan el himno nacional? O de plano, ¿meterá su dinero para ganar si uno de los jugadores sufre una contusión por un golpe en la cabeza? Qué espera. Vaya a Las Vegas para asistir a la edición 58 del megaevento deportivo que este domingo tendrá como sede la ciudad más extravagante de las 11 que han sido sus anfitrionas previamente.

Desde que la National Football League le otorgó la sede en 2017, se empezaron a preparar. Los Raiders, el equipo que se mudó de Oakland a Las Vegas para comenzar a jugar en esa ciudad en medio del desierto, comisionó la construcción de su estadio en la pequeña ciudad Paradise, suburbio de la capital del pecado, cuya población es ligeramente inferior a lo que tiene la colonia Agrícola Oriental, la más grande de la Ciudad de México, con poco más de 114 mil habitantes.

El estadio, patrocinado por Allegiant, una aerolínea de bajo costo, no es el más grande que existe en Estados Unidos –lo superan otros 50 con una capacidad superior a las 65 mil personas–, ni es el que más caro costó, pues aunque su construcción ascendió a 2 mil millones de dólares, el estadio Sofi de Los Ángeles salió en poco más de 3 mil. Pero esto no demerita el espectacular estadio que tiene una altura de 10 pisos, con un diseño futurista y una forma estilizada que en uno de los costados parece la parrilla de un auto de lujo. Después de todo, muchos más lo verán por televisión en Las Vegas, en casinos, bares y restaurantes, y en 190 países en el mundo.

De acuerdo con un análisis de la Federación Nacional Minorista, se espera un récord de 200 millones de adultos en Estados Unidos que vean el partido por televisión –no hay un cálculo aún de cuántas mujeres verán por primera vez el Super Bowl por Taylor Swift, cuyo noviazgo con un jugador de los Jefes de Kansas le dio un valor agregado a la marca del equipo de más de 300 millones de dólares, e incrementó en dos millones las televidentes en un juego dominical del equipo–, sin contar la audiencia mundial de 56 millones que vieron la inesperada victoria de Kansas sobre las Águilas de Filadelfia el año pasado.

El público que tendrá el Super Bowl cautivo durante las cinco horas aproximadas que durará el juego más el espectáculo del medio tiempo y la premiación, por la expectativa de que será un gran partido y el fenómeno swiftie, ha puesto el valor de los anuncios en niveles de locura. Según la revista AdAge, el spot de 30 segundos costará un récord de 7 millones de dólares, 500 mil dólares más que el pasado Super Bowl, que ya había incrementado su precio en un millón de dólares respecto de 2022.

Este domingo, una vez más no son favoritos los Jefes, sino los 49′s de San Francisco –que tomaron su nombre por la fiebre del oro en California que empezó en 1848–, reflejado en las apuestas, +130 de los californianos, contra -170 de los Jefes, en el frenesí de uno de los negocios multimillonarios alrededor del magno evento. Una encuesta de la empresa Morning Consult para la Asociación de Juego de Estados Unidos, señala que se espera que un número récord de 67.8 millones de adultos en Estados Unidos apuesten un total de 23 mil 100 millones de dólares, lo que representa un brinco de 35 por ciento al total en el anterior Super Bowl, celebrado en Phoenix, cuando la suma de apuestas llegó a 16 mil millones de dólares.

La fiesta se esparce por todo Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, como en México, donde habrá experiencias gastronómicas en varias ciudades del país, que dejarán una derrama económica solo en la Ciudad de México de 6 mil millones de pesos, de acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo capitalina. Nada mal para estar a casi tres mil kilómetros del epicentro futbolero.

La Federación Nacional Minorista estima que la fiesta allá, en Estados Unidos, también estará en grande. Estiman que poco más de 112 millones de personas –una tercera parte de la población– planean organizar una fiesta o asistir a una, y que otras 16 millones verán el juego en un restaurante o en un bar, que dejará una derrama económica nacional de 17 mil 300 millones de dólares –mil millones más que en el anterior Super Bowl–, equivalente a 86.04 dólares por persona, que gastarán 80 por ciento en alimentos y bebidas.

En Las Vegas el fin de semana será brutalmente benéfico. La Cámara de Comercio de Estados Unidos anticipó que al total de visitantes regulares en un fin de semana, 300 mil personas, se agregarán en estos tres días otros 150 mil que gastarán un mínimo de 215 millones de dólares en comida, bebida y hoteles, que sumarán a la derrama calculada en 500 millones de dólares, y una recaudación adicional de 70 millones en impuestos locales y estatales. El impacto económico también se sentirá en ciudades muy lejanas, como en Nueva York, donde el Super Bowl dejará una ganancia de mil 200 millones de dólares a los establecimientos locales, o Miami, que obtendrá por un show a cientos de kilómetros de distancia, 366 millones.

El Super Bowl siempre es divertido, aunque a veces los juegos resultan aburridos, pero Las Vegas, que es la capital mundial del juego y que está construyendo serlo en entretenimiento y espectáculos deportivos, promete que será todavía más. Más de 300 mil personas lo comprobarán cada noche de este fin de semana, estiman las autoridades, al hacinarse en los cinco kilómetros de la strip, la arteria que alimenta a la ciudad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador quedó muy satisfecho, a decir de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, de que la asesora de Seguridad Territorial del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood-Randall, dijera que la investigación de la DEA sobre presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa en su campaña presidencial de 2006, era un caso cerrado. Un día después, el Presidente no parecía nada satisfecho, pues le dedicó casi media hora de su mañanera de ayer a este tema que lo tiene descolocado.

La caracterización de la canciller sobre la satisfacción del Presidente no tiene mucho sentido, porque los trabajos periodísticos en ProPublica e InSight Crime sobre la investigación de la DEA, señalaban precisamente eso, que por razones políticas se había cerrado a finales de 2011, durante el gobierno de Barack Obama. ¿Por qué estaría complacido si Sherwood-Randall, si es que es cierto que lo dijo, no aportó nada nuevo a lo ya sabido? Por cierto, el comunicado de la Casa Blanca sobre el encuentro con López Obrador no tiene ninguna referencia a lo dicho por Bárcena, lo que no significa que no hubiera sido señalado en un intercambio extraoficial.

El interés del Presidente, en todo caso, es justificado. La investigación se cerró cuando tenían claro que iba a contender una vez más por la Presidencia, que dejó molesta a la DEA, como se puede apreciar en lo que apuntó Steven Dudley, en su trabajo en InSight Crime, como la respuesta de uno de los agentes a la orden recibida. “¿Qué sucede si AMLO gana y nosotros sabemos esto de él?”, reparó el agente, lo que deja entrever su creencia de que tenían evidencias sólidas sobre el financiamiento del narco en su campaña.

La investigación puede ser reabierta, si así lo considerara el Departamento de Justicia, como la del general Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional, que se mantiene vigente, o una del FBI similar a la de la DEA, que está activa. En los análisis de la Presidencia no hay nada que esté tomando el tema con seriedad, y están enfocados en el impacto en la imagen y popularidad del Presidente, que ha sido enorme.

El propio López Obrador recordó ayer que hubo 170 millones de menciones a la frase “presidente narcotraficante”, aunque probablemente se refería al hashtag en X de @NarcoPresidente. Ese altísimo volumen de menciones quizás explique que ayer deslizara como hipótesis, que a veces cambiaba por afirmaciones, que la publicación fue resultado de la reapertura del caso Colosio y la nueva línea de investigación de la Fiscalía General sobre “el segundo tirador”.

El nuevo complot, en su línea de pensamiento, habría sido para ocultar y minar la investigación del caso Colosio que él llama “un asunto de Estado”, pero que en sus medios afines califican como un “crimen de Estado”. López Obrador dijo que ha buscado la explicación del porqué del “ataque”, al ser un asunto de la elección de 2006 y en coincidencia con el actual año electoral. El Presidente centró su crítica en Tim Golden, editor de ProPublica, que trabajó por meses en el armado de la investigación de la DEA, y lo emplazó a ir a la mañanera para que hable sobre sus motivaciones de hacerlo público ahora, afirmando que lo “contrataron” e incluso “lo llamaron porque estaba aparentemente en Israel y lo trajeron”.

Para el Presidente, todo se armó a partir de que la Fiscalía General informó el 29 de enero pasado sobre la nueva línea de investigación del “segundo tirador”, Jorge Sánchez Ortega, que era el agente del Cisen enviado a Tijuana en marzo de 1994 para que informara sobre las actividades del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. “Tengo como hipótesis, que les molestó, les preocupó algo que yo ni pensaba de trascendente, que no era mi fuerte la venganza y no iba a estar investigando a expresidentes”, dijo, en relación con que uno de los sospechosos del asesinato, según la fiscalía, es el expresidente Carlos Salinas.

De esta manera cuadró que Golden, que la víspera había dicho era amigo de Salinas y hasta corría con él, se prestó a que la DEA, que quería vengarse de López Obrador, publicara una investigación de esa agencia que en su momento hizo con el apoyo del expresidente Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que a su vez, según la fiscalía, viajó a Tijuana a liberar a Sánchez Ortega.

En el complot agregó a quien esto escribe, por haber adelantado en septiembre que la fiscalía quería acusar a Salinas por el asesinato de Colosio, al juez que negó la orden de aprehensión contra Sánchez Ortega, y al propio hijo del finado candidato, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey. En su propia secuencia de tiempos, en menos de 48 horas se fraguó y consumó el complot, desde que apareció en la prensa la orden de aprehensión contra “el segundo tirador” y la publicación de los materiales sobre el presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa a su campaña presidencial.

El objetivo central de sus señalamientos esta semana ha sido Golden, quien fue corresponsal del periódico The New York Times en México durante los gobiernos de Salinas y de Ernesto Zedillo, y que ganó uno de sus Pulitzer por una serie de trabajos sobre el narcotráfico en México, que incluyó uno sobre corrupción con el narcotráfico en el gobierno de Salinas y otro sobre cocaína y política en los gobiernos de Salinas y Zedillo.

El complot tiene sus debilidades. Una es hablar de una relación cómplice entre García Luna y la DEA, cuando fue ésta la que llevó a los testigos protegidos del Cártel de Sinaloa a testificar en su contra, algunos de los cuales fueron también fuentes de información sobre el presunto financiamiento criminal a su campaña de 2006 y del caso contra el general Cienfuegos. Otra es que no pudo vincular a la DEA con el caso Colosio. De cualquier forma, dijo que “fue una venganza”, y que la reapertura de esa investigación fue lo que les generó el coraje.

De todas las reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, no hay grandes sorpresas, salvo una, que, aunque ya había deslizado desde hace tiempo, ratificó este lunes: reducir de 40 a 30 por ciento de participantes a la consulta de la revocación de mandato, para hacerla vinculante. Si el voto duro lopezobradorista es superior a 35 por ciento, lo que quiere es que el Congreso le regale una pistola Magnum .357 para colocarla sobre la sien de la próxima jefa del Ejecutivo, para garantizar que quien lo suceda en el cargo consolide su proyecto y profundice lo que pomposamente llama “la cuarta transformación”.

Aunque la iniciativa es general, la destinataria clara de su propuesta es Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena a quien cuidó, promovió y fortaleció desde hace al menos tres años para que lo sucediera. López Obrador está convencido de que Sheinbaum ganará la Presidencia, por lo que ha enfocado sus energías a que su movimiento gane la Ciudad de México y logre que su llamado a las urnas le dé la mayoría calificada en el Congreso en septiembre, el último mes de su administración. El mensaje que le envía es fuerte: tiene que obedecer lo que está diciendo ahora, sin importar que sea ella, no él, quien porte el águila sobre el pecho.

López Obrador quiere tener su cabeza en la guillotina, que no soltará mientras cumpla con el decálogo, que incluye concluir e impulsar sus megaobras, que mantenga al mayor número de secretarias de Estado actuales en sus cargos –un gabinete de continuidad con énfasis en el género–, la expansión de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y en la vida civil nacional, mantener la estrategia de propaganda y mentiras de las mañaneras, y que no reviva el aeropuerto en Texcoco. Lo que quiere es dejar a una presidenta con un plan de gobierno para, al menos, los dos primeros años, cuando enfrentará también limitaciones presupuestales y presiones sobre las finanzas públicas.

La presidenta más vulnerable a las intenciones de mediano plazo de López Obrador es Sheinbaum, no la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, o el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quienes, a diferencia de ella, podrían trabajar más libres con el Congreso y el Senado para acotar la Ley Federal de Revocación de Mandato o, incluso, derogarla, siempre y cuando el resultado de las elecciones legislativas les garantizara, cuando menos, la mayoría absoluta. Sheinbaum, en cambio, enfrentaría otras dificultades prácticas, pues la legislatura, sin importar su tamaño, le deberá mayoritariamente las curules y los escaños no a ella, sino al Presidente actual.

La Ley Federal de Revocación de Mandato, vigente desde septiembre de 2021 –tras perder Morena la mayoría calificada–, requiere que, dentro de los tres primeros años de gobierno, al menos 3 por ciento de la lista nominal de electores en por lo menos 17 entidades solicite la consulta. El artículo 58 establece que la revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta y, si participa al menos 40 por ciento de la lista, su resultado será vinculatorio, y el presidente en turno tendrá que renunciar.

López Obrador impulsó este ejercicio con la seguridad de que no estaría en riesgo, viendo la inercia de su victoria en 2018 y una aprobación un mes antes de la consulta de 62 por ciento. La ley se inauguró el 22 de abril de 2022, con la participación de 17.7 por ciento de la lista, y un respaldo para que siguiera en el cargo de 91.87 por ciento, que equivalieron a unos 15.1 millones de personas.

Sheinbaum no debe estar contenta con esta iniciativa, porque debe pensar que ella es la principal destinataria. Sobre la candidata pesa la creciente percepción de que carece de autonomía política, programática y operativa, y que no es más que un apéndice de López Obrador. La candidata ha sido tan eficiente y disciplinada en mantener su discurso dentro de los parámetros que tengan al Presidente tranquilo y sin sobresaltos ni molestias con ella, que intentar un deslinde sutil y progresivo será cada vez más difícil.

López Obrador ha abierto una puerta tramposa al reconocer en varias ocasiones que, seguramente, quien lo suceda –o sea, Sheinbaum– cambiará estilo de gobernar, pero no el rumbo. No dejan de ser meras palabras, porque quien conoce al Presidente sabe que no deja espacios para la disidencia amistosa ni es tolerante con quien le lleva la contraria.

El mejor ejemplo de la personalidad abrasiva de López Obrador para con sus colaboradores y su impulso natural por imponer sus deseos, es que la mañanera sea el instrumento de comunicación de su candidata, pese a que el método lo haya inventado él, depurado a partir de prueba y error, y llevado a niveles obscenamente hostiles por su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, en una lógica de polarización y enfrentamiento que ella misma ha estado repitiendo en las reuniones cerradas que ha tenido desde hace meses.

La iniciativa de López Obrador para bajar de 40 a 30 por ciento el porcentaje de votos para hacer vinculatoria la revocación de mandato deja inerme a Sheinbaum. De acuerdo con las encuestas de Buendía & Márquez, el Presidente tiene un voto duro que oscila entre 35 a 40 por ciento, que son quienes lo apoyan “mucho” en las encuestas de aprobación. El apoyo a Morena es aún más alto en la última encuesta sobre segmentos electorales que realizó en noviembre, pero puede argumentarse que son clientelas del Presidente, no de la candidata, por lo cual, en un escenario de revocación de mandato, si fuera ella presidenta, una molestia de su mentor podría llevar a su destitución.

Sheinbaum debe saber que el Presidente no tiene escrúpulos, y que ha sido capaz de llegar a límites insospechados con tal de cuidar su imagen y popularidad. Por lo mismo, de llegar a Palacio Nacional en octubre, sin importar cómo llegue en su relación con López Obrador para entonces, su activismo político, porque resulta casi imposible pensar que realmente se retirará, será un problema político para ella, para su gobierno y para su futuro.

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la conmemoración de la Constitución de 1917, que estableció los principios fundamentales que rigen jurídicamente al país, y utilizar simbólicamente este 5 de febrero para enviar al Congreso casi dos decenas de reformas constitucionales, es el equivalente político al juramento que hizo Hugo Chávez al rendir protesta como presidente de Venezuela en 1999, donde en lugar de asumir el compromiso con el: “Sí, lo juro”, que marca la ley, afirmó: “Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que, sobre esta moribunda Constitución, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro”.

Chávez lo cumplió. Utilizó el andamiaje democrático que lo llevó al poder para que comenzara la demolición de la democracia en Venezuela. En el proceso de destrucción de aquel edificio institucional, colonizó a las instituciones para que hicieran lo que él dictaba. López Obrador lleva más de cinco años siguiendo ese camino, y a 34 semanas de dejar el poder quiere terminar su obra –espera que Claudia Sheinbaum gane la elección presidencial y la continúe– con una batería de reformas donde destaca la del Poder Judicial, el último bastión que se mantiene autónomo y que ha impedido que arrase con la Constitución y viole la ley.

La exposición de motivos del proyecto de decreto para reformar al Poder Judicial que presentó al Congreso lo dice todo. Ministros, magistrados y jueces, considera el Presidente, no son imparciales y privilegian los intereses de los grupos de poder creados, que afirma, son contrarios al interés público. No es nueva la apreciación de López Obrador, pero con la iniciativa de ley que presentó ayer al Congreso eleva cualitativamente su ataque al Poder Judicial y lo ubica como uno corrupto, sin legitimidad y abusivo. Implacable, quiere castigar al único de los tres poderes del Estado mexicano que ha servido como contrapeso a sus excesos legales.

El Presidente está actuando con una estrategia de dos pinzas contra el Poder Judicial, que ha frenado iniciativas de ley por ser abiertamente inconstitucionales, como su plan B electoral que violó los procedimientos legislativos, su pretensión de clasificar sus megaobras como un asunto de seguridad nacional –y así mantener en secreto la forma como se administraron y gastaron los recursos del erario–, o como sucedió hace unos días en la Segunda Sala de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional la reforma eléctrica.

La primera parte de la pinza para estrangular al Poder Judicial como hoy lo conocemos, se dio precisamente como consecuencia de ese voto al dictamen que presentó el ministro Alberto Pérez Dayán. López Obrador, bastante molesto con lo sucedido en la Corte, como trascendió en Palacio Nacional, habló con el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y le pidió que armaran una embestida política contra el ministro, que sirviera para inhibir que otro ministro o ministra vuelva a votar contra sus proyectos. Servicial, Mier le informó posteriormente que irían por un juicio político contra Pérez Dayán y contra quienes se le cruzaran al Presidente en la Corte.

La Suprema Corte de Justicia, como institución, respondió valientemente. Pérez Dayán, no quien está al frente del máximo tribunal, la ministra Norma Piña, pronunció el discurso en la conmemoración de la Carta Magna en Querétaro, donde dijo que el Poder Judicial siempre invalidará cualquier acto que no respete la Constitución, lo que lo mantuvo en la ruta de colisión con el Presidente. Agregó que habría que alejar al Poder Judicial de la política, porque “militancia y judicatura no son afines”. Pérez Dayán no se inmutó ante las amenazas de Morena en el Congreso, y el Poder Judicial tampoco se asustó ante la belicosidad de López Obrador y su intento por desaparecerlos, modificando su esencia y destino.

Chávez sabía que no podría consumar su proyecto de eternizarse en el poder si no cambiaba las leyes, por lo que desde los albores de su gobierno inició la reconstrucción del marco jurídico que le permitiera el poder absoluto. Lo mismo hizo de forma más salvaje Daniel Ortega en Nicaragua, y en mayo de 2021 el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, luego de obtener el control absoluto de la Asamblea Legislativa, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y nombró a los jueces que, cuatro meses después, le autorizaron postularse a una reelección consecutiva pese a estar prohibido por la Constitución, que el domingo pasado consumó.

América Latina no es la única región que enfrenta regresión democrática. Pero la aparente facilidad con la que se han ido consolidando regímenes autocráticos ha sido posible por el creciente número de personas que favorecen la mano dura a costa de sus libertades. En el último informe de Latinobarómetro se observó que el apoyo al autoritarismo en México creció de 22 a 33% entre 2020 y 2023, mientras que el respaldo a la democracia cayó de 43 a 35%. Estos indicadores, señaló la ONG, son territorio fértil para los autoritarismos y los populistas.

López Obrador es un populista que va caminando hacia el autoritarismo. Lo que le resta del sexenio no será suficiente para instalarse en ese estadio, pero la apuesta por la reforma al Poder Judicial y su ataque a quienes se le enfrenten con la ley en la mano, apunta a su interés por dejar un nuevo edificio institucional a quien le suceda en el poder.

El Presidente va a trabajar en los meses que le quedan del sexenio para ir amartillando su objetivo, mediante ataques sistemáticos al Poder Judicial que le servirán de manera dual para ir debilitándolo aún más en la opinión pública, y como discurso electoral, cuyo objetivo será que le aporte los votos suficientes para que en los últimos días de su sexenio tumbe la última frontera de la legalidad como la conocemos, y con la mayoría calificada en el Congreso transforme la Constitución en su Constitución.

Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial y jefe de la maquinaria de propaganda y la fábrica de mentiras de Andrés Manuel López Obrador, pareció llegar finalmente al nivel de su incompetencia. La realidad lo trae de piñata mostrando su incapacidad para impedir que un torrente de noticias negativas peguen directamente a su jefe. Ramírez Cuevas está viviendo días aciagos, al quedar al descubierto que sus talentos para la difamación y la diseminación de verdades alternas no suplen a una política de comunicación. Habría que decir, en abono al vocero, que al presidente tampoco.

Es cierto que la tarea de Ramírez Cuevas para evitar que la realidad golpee con tanta fuerza en Palacio Nacional es monumental, porque las capacidades y habilidades del presidente son limitadas y se enoja fácilmente. Pero Ramírez Cuevas, que ha alimentado el discurso de odio y fomentado el linchamiento y ataques a actores políticos, sociales y agentes económicos, está responsable, cómplice y culpable a la vez de esa estrategia. Su problema, y el de su jefe, es que el modelo está bastante desgastado y carece de recursos para renovarlo.

Lo vimos en el reciente diálogo que sostuvo el presidente con Jorge Ramos, conductor del principal noticiero de Univisión. Desde que se registró para asistir, Ramírez Cuevas y su equipo le prepararon al presidente tarjetas para los temas que esperaban preguntara, sobre todo la seguridad, que ha sido recurrente en el interés de Ramos cuando acude a Palacio Nacional. López Obrador quería tener todo bajo control y salir airoso de su inevitable interacción, que terminó en un desastre.

La solidez retórica de Ramos, apoyada con datos sobre los homicidios dolosos durante el gobierno de López Obrador, que han superado los registrados en todos los sexenios anteriores, acorraló al presidente que al querer evadir la realidad se hizo bolas, y al no poder argumentar que era falso lo que mostraban las estadísticas de su propio gobierno. El trabajo de Ramírez Cuevas para evitarlo fue un desastre, continuando con una serie de fracasos cada vez más frecuentes.

López Obrador le había llamado la atención días antes por la información negativa sobre las acciones de gobierno en Acapulco, y la explicación de que era culpa de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, porque no se coordinaba con las autoridades federales. Tampoco había podido neutralizar el daño y cambiar la conversación con sus granjas digitales que trabajaron intensamente para evitarlo, porque como le tuvo que reconocer a López Obrador, no pudieron revertir las cosas. Esto está siendo la constante de las últimas semanas.

Sus granjas, los merolicos decadentes en las mañaneras, y los periodistas de nombre a sueldo en diversos periódicos y plataformas digitales, tampoco fueron capaces de frenar la avalancha de informaciones y opiniones en torno a la publicación en medios internacionales de presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa a las campañas presidenciales de López Obrador en 2006 y 2010, que le ha causado una enorme preocupación al presidente, que teme que su nombre sea utilizado electoralmente en Estados Unidos.

López Obrador le pidió a Ramírez Cuevas un informe de los alcances que pudieran tener los trabajos publicados en Estados Unidos, equivocándose ambos, el que pidió y el que hizo, que el problema de fondo no era el mensajero, sino quien le envió el mensaje. No han trascendido las conclusiones de Ramírez Cuevas, aunque no podrán ser adecuadas porque partió de una base tan equivocada, como López Obrador señalando al Departamento de Estado norteamericano, no al de Justicia, como la fuente original de las investigaciones.

En todo caso, no se puede esperar mucho de Ramírez Cuevas. Quedaron muy claros sus alcances y ligereza cuando se hizo público que habían hackeado los servidores de la Presidencia y los datos personales de decenas de periodistas mexicanos y extranjeros que han acudido a las mañaneras a lo largo del sexenio fueran expuestos en las redes sociales. El vocero le dijo al presidente que era producto de los Guacamaya Leaks, por lo que López Obrador acusó de ello a sus “opositores”. Días después Ramírez Cuevas tuvo que admitir que habían sido extraídos de la cuenta de un exfuncionario de su área en Palacio Nacional que nunca dieron de baja, mostrando la carencia de protocolos de seguridad con información sensible de la oficina presidencial, al tiempo de contribuir con esa gran falla al reforzamiento de que el presidente delira.

Todo esto pasa sin que suceda nada en Palacio Nacional. Nadie paga ahí por nada, sin importar la gravedad, lo que en el caso de Ramírez Cuevas es máas delicado porque es él quien influye más en López Obrador, fuera de su familia, en su tarea de destrucción. Todas las noches se reúne con el presidente para diseñar la mañanera del día siguiente. Ahí traman la estrategia de ataques y difamaciones, preparan los materiales contra quienes van a denostar, y que al día siguiente, al término de la reunión del gabinete de seguridad, terminan de afinar ellos mientras caminan los dos al Salón de la Tesorería, donde se escenifica el espectáculo cotidiano.

Todo este poder está en manos de una persona llena de prejuicios y resentimientos, vileza y ruindad, que se reproduce en la pluma de sus esbirros en la prensa y las redes sociales que reflejan sus complejos y necesidad de venganza. Pero para el presidente, en términos de toma de decisión es peor, porque no recibe información de calidad, sino que parte de creencias y análisis superficiales, empapadas de teorías conspiracionistas que su jefe, que de eso se nutre, lo traduce en la mañanera en forma exponencial.

Ramírez Cuevas le fue altamente funcional a López Obrador porque la maquinaria de propaganda y mentiras le ayudó a construir su narrativa. Pero al ir perdiendo efectividad, sin una política de comunicación que nunca construyó, sus problemas se irán acumulando. El sexenio se está acabando y Ramírez Cuevas tiene rendimientos decrecientes que están afectando a López Obrador, porque la maquinaria de odio y destrucción que construyó se está quedando sin poder para defender al presidente y defenderse a sí mismo.

Con 177 mil 942 homicidios dolosos en 62 meses de gobierno, mucho más que cualquier otro presidente antes que él, Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que México era un país pacífico y que la incidencia delictiva se ha ido reduciendo. El Presidente maneja porcentajes, no números absolutos, para ocultar que heredará en 10 meses un país lleno de sangre. En varias ocasiones, como decía el gobierno de Felipe Calderón y él refutaba como opositor, la violencia no se da en todo el país. Pero, a diferencia de aquél, la expansión territorial de los cárteles de la droga no tiene precedentes y el sometimiento de gobiernos estatales es cada vez más apabullante. Guerrero es el mejor ejemplo.

Estado con problemas complejos que se cruzan y han aquejado a la población por generaciones, no se había visto, sin embargo, una descomposición tan acelerada como la que se ha experimentado desde que asumió la gubernatura Evelyn Salgado, en octubre de 2021. Desde entonces, todo ha ido cuesta abajo. El año pasado Guerrero ocupó el lugar siete en cuanto a homicidios dolosos, con un total de mil 704, en comparación con el año anterior, cuando estaba en el lugar 10 con mil 404 asesinatos. En un año subió 21 porciento el número de homicidios dolosos, superado sólo por otras entidades morenistas, Morelos, Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México, de acuerdo con la consultora TResearch International.

Un informe que le entregó el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, al Presidente a finales del año pasado, establecía que para poder recuperar Guerrero, habría que trabajar 10 años. Esto significa que hoy, sin importar lo que se haga, Guerrero es literalmente un estado fallido en manos de los criminales. En una década, de acuerdo con informes gubernamentales, el número de municipios controlados por el narcotráfico se elevó de 22 a un estimado de al menos 40, dos terceras partes del total de municipios.

Quién controla cuáles, aporta un primer mapa del control delincuencial sobre la vida productiva de Guerrero y qué es lo que está en disputa.

Los Tlacos ‘gobiernan’ 10 municipios en la zona norte del estado, donde controlan la extorsión de las minas –oro y materiales estratégicos para las industrias militares–, que surgieron como fuerza relevante en el gobierno de Héctor Astudillo, quien autorizó 16 policías comunitarias –muy asociadas con el fenómeno criminal– de dos que había previamente, y 10 de las cuales se las entregó a Onésimo el Necho Marquina, jefe de esa banda, que anda huyendo. Quien tiene su poder subrogado es Salvador Alanís Trujillo, coordinador de la Policía Ciudadana en el municipio de Heliodoro Castillo, que mantiene a Los Tlacos en la actual administración como la fuerza dominante.

Sus adversarios principales son Los Ardillos, que manejan 12 municipios en la zona de la Montaña, y en guerra con Los Tlacos por el control de Chilpancingo, donde el negocio criminal más lucrativo es la extorsión. La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, está siendo investigada por la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con el jefe ardillo, Celso Ortega Jiménez. Los Tlacos también están enfrentados con La Familia Michoacana, que controla 12 municipios, y quiere arrebatarle Coyuca de Benítez, para tener una salida al mar en la Costa Grande, para sacar al mercado su droga desde Tlacotepec. Las dos bandas también están enfrentadas en la zona de San Miguel Totolapan, en Tierra Caliente, para garantizar el trasiego de drogas hacia Morelos.

La Familia Michoacana está asociada con el Cártel Independiente, que controla la extorsión en el centro de Acapulco y la zona del mercado, en la guerra por el puerto contra los remanentes del Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel de Caborca, que fundó Rafael Caro Quintero, y Los Rusos, que, presuntamente de la mano del cónsul honorario ruso en el puerto, Antonio Rullán Dichter, controla al menos ocho municipios, la Costera y toda la zona de Punta Diamante, donde han ido adquiriendo más propiedades y terrenos ante la depresión inmobiliaria provocada por el huracán Otis.

Toda esta mescolanza de grupos criminales que han llenado el vacío que nunca ocupó la gobernadora Salgado llevó a que después de la devastación del huracán Otis en Acapulco –no por razones de violencia e inseguridad, sino por el impacto social de la falta de ayuda–, el presidente López Obrador pidiera a su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, que interviniera para restablecer el orden. Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado, ni en el aspecto de la reconstrucción, donde no hay servicios básicos urbanos y la basura que sigue sin recolectarse, junto con el agua almacenada en charcos, ha incrementado las enfermedades gastrointestinales y el dengue, ni en el tema de la seguridad.

Una de las razones de la red criminal tan cambiante, explicaron personas que conocen las profundidades de Guerrero, es la complicidad de los alcaldes con el crimen organizado y que varios de ellos están negociando al mismo tiempo con organizaciones enfrentadas entre sí, lo que produce ajustes de cuentas o procesos de desestabilización inducidos en algunas ciudades del estado. Una situación similar se vivió en 2007, cuando Félix Salgado Macedonio era alcalde de Acapulco, y el gobierno federal tenía indicios de que dinero de diferentes bandas había financiado su campaña. Uno de sus viejos colaboradores era Ludwig Marcial Reynoso, actual secretario general de Gobierno de Guerrero.

El control, fragmentado en diversas zonas que operan como feudos, no lo tiene el gobierno, sino las organizaciones criminales, que pelean entre ellas y siguen delinquiendo, mientras que la pasividad en la acción institucional parece más una claudicación. Hay 10 mil militares y un recientemente creado ‘Mando Especial’ para coordinar todas sus acciones, que hasta el momento no sirve para nada. Siguen los muertos, sigue la violencia y la inseguridad. Se puede argumentar que Guerrero está podrido, y habrá quien lo refute, pero de lo que no hay duda es que el estado es la metáfora de un fracaso nacional sin punto de retorno por varios años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se indignó tanto por la publicación de Estados Unidos de testimonios que afirman que recibió dinero del Cártel de Sinaloa durante su campaña presidencial de 2006, que denunció al gobierno de ese país por permitir esas “prácticas inmorales” –que no especificó si se refería a respetar la libertad de prensa o las investigaciones que realiza el aparato judicial y de inteligencia–, y al rechazar el señalamiento, elevó la apuesta y retó al presidente Joe Biden a que se dé por enterado de su molestia. Hasta aquí la posición para la gradería doméstica. Sin embargo, el Sol no se va a ocultar.

Hay que apuntar la fecha, 30 de enero de 2024, porque puede significar un quiebre en la tolerancia política que ha tenido el gobierno de Estados Unidos con los arrebatos del presidente López Obrador contra la DEA, el Departamento de Estado y los servicios de inteligencia, mientras es laxo y respetuoso con el crimen organizado. Lo que se dio este martes fue una explosión de información confidencial sobre un tema delicado con una sincronía inusual en cuanto a tema y fuentes que la hicieron trascender a medios de comunicación.

La respuesta de López Obrador era previsible, acusar a la prensa estadounidense de estar “subordinada” al poder, mediante lo cual asume implícitamente que sus patrones están en el gobierno de Biden, por lo que deja ver que entiende que la revelación tuvo una intencionalidad política en Washington. También ubicó su publicación en el contexto electoral, tanto en Estados Unidos –lo que no se terminaría de entender por qué– como en el doméstico –donde haya sido la motivación o no–, que sí afecta el estado de cosas. Lo que quizás el Presidente no termina de ubicar en su justa dimensión es que las imputaciones muestran el futuro que se le avecina.

De manera no vista antes, tres periodistas, la mexicana Anabel Hernández, y los estadounidenses Tim Golden y Steven Dudley, abordaron el mismo tema, el mismo día. Hernández abrió la polémica en un artículo de opinión en el portal de la radio pública alemana, Deustche Welle, donde citaba una investigación del Departamento de Justicia entre 2010 y 2011, que concluía que el Cártel de Sinaloa había aportado entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador.

Horas después, Dudley y Golden publicaron sus trabajos en InsightCrime y ProPublica a partir de una investigación de la DEA que evaluó el Comité de Revisión de Actividad Sensible, compuesta por funcionarios del Departamento de Justicia y de la DEA, que revisa las operaciones clandestinas relacionadas con tráfico de drogas, narcotraficantes y también funcionarios extranjeros corruptos, donde el sujeto central es Mauricio Soto Caballero, un consultor de la Ciudad de México con contactos oscuros que buscaba entrar al negocio del tráfico de cocaína.

Los trabajos periodísticos involucran al Cártel de Sinaloa, por medio de la organización de los hermanos Beltrán Leyva, antes de que rompieran con sus socios y compadres, y su operador, Édgar Valdés, La Barbie, supuesto enlace del dinero. En la parte mexicana están Soto, que había apoyado campañas políticas anteriormente, incluidas las de López Obrador, Héctor Francisco Pancho León García, un empresario y candidato al Senado en Durango, que tras perder la elección desapareció, y Nicolás Mollinedo, el famoso Nico que por mucho tiempo manejó y fue una especie de secretario privado del Presidente. También figura Jennifer, un testigo protegido, Roberto López Nájera, que fue utilizado por el exprocurador Eduardo Medina Mora como comodín en múltiples casos, que probó aquí y en Estados Unidos ser poco fiable.

Se puede descalificar a los medios, a los periodistas e incluso la misma información, como sucedió a través de las voces al servicio de la Presidencia o de expertos que revisaron contenido y contexto de lo publicado, pero no puede el Presidente quedarse ahí. Hay dos casos mexicanos que debe revisar: la detención en Los Ángeles del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, en 2020, y la detención y juicio del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, cuyo caso está siendo revisado en la corte de Brooklyn, pero que tiene previsto, si no hay sobreseimiento, que lo sentencien a fines de junio.

Por el método utilizado en Washington para imputar a López Obrador y el volumen de fuentes de funcionarios y exfuncionarios estadounidenses que las respaldan, son cualitativamente más severas que lo que se hizo con Cienfuegos y García Luna, al utilizar la arena pública como señales de lo que viene, para lo que debe analizar lo que hizo el Departamento de Justicia con Juan Orlando Hernández, que tan pronto como terminó su mandato como presidente de Honduras, fue acusado de tráfico de cocaína a Estados Unidos y extraditado por el nuevo gobierno.

La investigación contra Hernández abarcó de 2004 a 2022. Fueron 18 años en los que estuvieron armando la acusación formal, pero las llamadas de atención que tuvo no fueron directas, sino a través de imputaciones que iban siendo publicadas gradualmente por The Wall Street Journal, hasta que lo detuvieron, lo juzgaron y presentaron el pliego consignatario donde surgió el nombre del entonces presidente.

Con López Obrador no hubo llamadas indirectas, sino una directa, este martes, que surgió en el juicio contra García Luna, cuando su abogado César de Castro buscó utilizar la investigación en un interrogatorio. El juez Brian Cogan lo frenó, aduciendo que ese tema no estaba a juicio. López Obrador reaccionó en ese momento amenazando con demandarlo, pero no hizo nada más, una inacción, negligencia o soberbia incluso, que se ha revertido con el mensaje en Washington de que está abierta una investigación en su contra, probablemente transexenal.

López Obrador no debe quedarse gritando a los mexicanos y denostar a la misma DEA que le creyó ciegamente en el caso de García Luna, sino tomar lo sucedido el martes como una cita con la justicia estadounidense que vendrá tarde o temprano, para lo cual debe prepararse, enviar en su calidad de Presidente al fiscal a Washington para saber qué se tiene exactamente contra él y comenzar a preparar su defensa.

Sabíamos que en su larga carrera como funcionario público, Alejandro Gertz Manero ha sido una figura controvertida y atrapada en sus vendettas, desde que coordinó la Operación Cóndor (1975-1978), que propició el nacimiento del Cártel de Guadalajara, hasta la invención de delitos para meter a la cárcel a su familiares políticos (2022), pasando por la desaparición de la oficina contra las drogas cuando era secretario en el gobierno de Vicente Fox (2002-2003), que provocó el colapso de la seguridad pública del país que aún padecemos y que incluyó la primera fuga de Joaquín el Chapo Guzmán (2001), cuando los penales de máxima seguridad se encontraban bajo su responsabilidad.

Pero en ningún momento había llegado al nivel alcanzado este lunes, cuando anunció la reactivación de la investigación del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hace 30 años, y acusó al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna de haber encubierto a José Luis Sánchez Ortega, en ese entonces un agente del Cisen, a quien señaló como el presunto segundo tirador que disparó contra Colosio en Tijuana.

La imputación contra García Luna lo dejó en ridículo, lo que se vio ampliamente reflejado en las redes sociales, donde se burlaron de él por su obsesión extrema. Se carcajearon de Gertz Manero –algo que no le debe gustar nada–, ironizando que García Luna había asesinado también a Álvaro Obregón, Abraham Lincoln, John F. Kennedy y Julio César, que era el responsable del Big Bang que dio origen al Universo, que provocó el hundimiento del Titanic y que atrajo el meteorito que extinguió a los dinosaurios, entre muchos otros usuarios que se comieron a risotadas digitales al fiscal.

Gertz Manero tiene cuentas abiertas con García Luna que se remontan a 2001, cuando el entonces secretario de Seguridad denunció a sus subalternos, Wilfrido Robledo, jefe de la Policía Federal Preventiva, y a García Luna, coordinador de Inteligencia de la dependencia, por la compra irregular de helicópteros, aunque nunca prosperó la denuncia. García Luna, todavía hasta hoy en día, pese a estar preso en Nueva York en espera de sentencia por vínculos con el Cártel de Sinaloa, le sigue ganando a Gertz Manero los casos en su contra.

García Luna se ha convertido en el pretexto de muchas de las cosas malas que pasan en el país, pero incrustarlo en la investigación del caso Colosio fue una iniciativa de reciente cuño. Reabrir la investigación, se apuntó en este espacio en septiembre pasado, fue uno de los temas que le presentó Gertz Manero al Presidente al iniciar su administración, como uno de los casos bandera para responsabilizar al pasado de todo. En su momento, López Obrador no prestó atención.

Las cosas fueron cambiando cuando la sentencia de García Luna se aplazó y el Presidente ya no pudo utilizarla como bandera electoral, como planeaba. En ese momento autorizó al fiscal reactivar la investigación, que Gertz Manero cuadró con la hipótesis del “segundo tirador” que planteó originalmente Pablo Chapa, el segundo fiscal del caso Colosio, que acusó a Othón Cortés, finalmente exonerado de todo, pero que su vida quedó destrozada por el locuaz fiscal. Chapa, como hoy Gertz Manero, quería meter a la cárcel al expresidente Carlos Salinas y a su coordinador de asesores, José Córdoba, me confió dos días antes de que se anunciara su nombramiento como fiscal, aceptando que no tenía ninguna prueba, como su actual colega.

A Chapa no se le ocurrió incorporar en su investigación a Jorge Tello Peón, pero Gertz Manero, que fue su jefe en la Secretaría de Seguridad de Fox, lo utilizó para documentar la línea de mando hasta García Luna –que había sido su subordinado en el Cisen– y, además de construir la idea de un crimen de Estado, seguir acumulando imputaciones contra García Luna por su vieja rencilla, que corre paralela al objetivo desacreditador de la oposición por parte de López Obrador.

La hipótesis de Sánchez Ortega no va a llevar a ninguna parte. Fue investigado porque su camisa estaba manchada profusamente de sangre de Colosio, porque cuando corrió hacia donde le habían disparado –se encontraba a unos 15 metros de él–, ayudó a cargarlo para llevarlo a su camioneta. Sánchez Ortega estaba reportando la gira de Colosio a Tijuana al Cisen –algo que todavía se sigue haciendo de rutina–, y no aparece en ninguna de las decenas de fotografías e imágenes del entorno de Colosio en el momento que le disparan a quemarropa. Su dicho fue corroborado en la investigación de la última fiscalía del caso, que le dedicó 76 páginas.

El objetivo de López Obrador y Gertz Manero era claro en septiembre, cuando se reveló el plan para reactivar la investigación del crimen: desprestigiar al PAN, aunque contemplaba igualmente hacerle la vida imposible a Salinas, imputarlo y pedir la orden de aprehensión contra él y otros de sus cercanos en ese tiempo. Sin embargo, las cosas se movieron drásticamente desde entonces.

Cuando se publicó en este espacio el plan de Gertz Manero, aprobado por López Obrador para proceder penalmente contra Salinas, Tello y Córdoba, el Presidente lo negó tajantemente en una mañanera, lo que en privado se interpretó como que estaba reculando. Sin embargo, el fiscal nunca dejó de ir construyendo el caso, con más de 50 ministerios públicos dedicados a ello, y sus objetivos y obsesiones volvieron a alienarse a las de López Obrador ante los cambios en su estrategia electoral.

Por un lado, la sentencia a García Luna será extemporánea para sus objetivos de la campaña, y si no hay un sobreseimiento del caso por violaciones al debido proceso –lo que sería un revés monumental a su narrativa–, se dará casi un mes después de la elección presidencial, cuando ya no tenga efecto político. Pero por el otro, una variable no contemplada hace casi medio año son las crecientes denuncias de presunta corrupción de sus hijos y del círculo interno, donde la reactivación del caso Colosio y las vinculaciones forzadas de Gertz Manero buscan, se puede argumentar, un distractor que no parece que alcanzará para blindar la honestidad del Presidente.

El Presidente sangra por la herida de sus hijos. No es algo extraordinario. Sus hijos son la parte más sensible y delgada de su piel, a la que reacciona fuertemente en público y en privado. Por eso no debe extrañar que Andrés Manuel López Obrador haya iniciado esta semana con un nuevo esfuerzo de control de daños ante revelaciones periodísticas y reiterar que sus hijos mayores no son corruptos, y que su jefe de ayudantes tampoco. Está obligado a hacerlo porque si la honestidad es lo que presume y la corrupción es lo que afirma combatir, que sus hijos y cercanos sean tachados de corruptos y deshonestos contradice su narrativa y lo hace ver como mentiroso e hipócrita.

Son dos niveles en los que se mueve el presidente López Obrador, como en todo lo que hace. Uno es el público, donde defiende a ultranza a su gente y a los funcionarios, por más mediocres que sean y más alejados los tenga, porque considera que si no invierte capital político para rescatarlos de sus errores, omisiones o responsabilidades, el impacto negativo no caerá en ellos, sino en él. El otro nivel es el privado, donde ignora a quienes no le representan nada, y regaña y ajusta para administrar las crisis y desviar el conflicto.

En el caso de la presunta deshonestidad de sus hijos y sus cercanos, la forma como lo está procesando da la impresión de desconcierto por la manera como va goteando cada vez más seguido información sobre corrupción y tráfico de influencia en su círculo más íntimo, y hay señales de preocupación porque en las discusiones en Palacio Nacional no se tiene claro de dónde están saliendo las filtraciones, que motivaron una investigación de las comunicaciones de Carlos Loret, que en su noticiero en Latinus difundió los pormenores que han desquiciado al Presidente, y provocaron una cadena de reprimendas a sus colaboradores.

Públicamente tenemos lo último, dicho ayer en la mañanera, un eco de sí mismo que repite que sus hijos no son corruptos ni deshonestos, aunque llamó la atención que sólo mencionó a dos, José Ramón y Gonzalo, excluyendo a Andrés, el más cercano a él, el más involucrado en temas políticos y electorales, el principal enlace con el Presidente, y sobre quien abundan historias de presuntos negocios al amparo del poder.

En todos los casos, López Obrador dice que no hay pruebas, como tampoco aportaron, aseguró, para señalar como el enlace de sus hijos con empresarios en busca de licitaciones a Daniel Asaf, jefe de la Ayudantía presidencial, que sustituyó con los amigos de sus hijos la seguridad que daba un cuerpo de élite militar. Que presenten las pruebas, retó el Presidente a los periodistas que dieron a conocer la trama que lo tiene de cabeza.

Las pruebas que pide el Presidente están en el reportaje de Mario Gutiérrez, difundido en Latinus, a partir de una serie de audios de Amílcar Olán, íntimo amigo de Gonzalo y Andrés, que ha ganado millones de pesos con el Tren Maya y la venta de medicinas, donde detalla el papel de Asaf como el enlace con funcionarios de primer nivel del gobierno de López Obrador, para el tema de las licitaciones de obra pública, y con quien puede negociar y hablar directamente con aquellos que pueden otorgarle los contratos.

La revelación de los audios provocó cajas destempladas en Palacio Nacional, por las recriminaciones que hizo directamente López Obrador a Asaf la semana pasada, al reprocharle que fuera tan descuidado en sus conversaciones telefónicas, rechazando su explicación de que no lo había sido, y que hablaba únicamente en claves. El Presidente decidió bajar el perfil de su jefe de ayudantes y es posible que desaparezca del escrutinio público en los próximos días, como también ha sucedido con sus hijos, incluido el extravagante José Ramón con sus fotos y discusiones en las redes sociales.

En Palacio Nacional hay un control de daños, no sólo por lo revelado hasta ahora, sino por lo que temen que pueda salir más adelante. No tienen claridad ni certeza de dónde está saliendo la información –el reportero Gutiérrez no es el único que ha estado aportando información de alta calidad sobre la presunta corrupción en el círculo íntimo de López Obrador–, y así como sospechan que haya salido del interior del gobierno –de ahí la intercepción de las comunicaciones de Loret–, también presumen que haya salido de los Guacamaya Leaks.

Esa incertidumbre genera más temor porque no saben qué podría ser revelado en el futuro inmediato. Varias áreas del gobierno están trabajando para determinar el origen de los audios, y desde hace varias semanas se han elaborado documentos donde se presentan aquellos temas cuya divulgación sería embarazosa y delicada de llegar a la opinión pública y perjudicar la narrativa del Presidente.

La gran preocupación de López Obrador es que se marque sobre la frente de sus hijos que sean traficantes de influencias, aunque eso quizás ya es un poco tarde para evitarlo. La relación oscura de su hijo José Ramón con Daniel Chávez, el propietario del Grupo Vidanta, muy cercano al Presidente, fue lo primero que comenzó a generar la percepción de tráfico de influencias. Las recientes revelaciones sobre Gonzalo reforzaron esa idea. Todos los señalamientos en torno a los presuntos negocios de Andrés refuerzan lo que cada vez se asienta más en el imaginario colectivo sobre la corrupción en el corazón del proyecto de López Obrador.

Es visible la intranquilidad que reina en Palacio Nacional por las reacciones cada vez más encendidas del Presidente para tratar de atajar las imputaciones y desviar la conversación, y las acciones emprendidas para encontrar el origen de la fuente que está entregando los audios. Todo indica que la sangre que está saliendo de la herida de López Obrador no va a parar, y que en estos tiempos electorales, como bien lo dice, más pruebas incriminatorias irán apareciendo y lo lastimarán cada vez más, porque como muestran las encuestas, la idea de que su gobierno es corrupto está creciendo.

La preocupación creciente por la desigualdad ha dado lugar a una serie de documentos que muestran el crecimiento de la brecha entre quienes tienen y quienes no, y un inexorable camino para ensancharla pese a los buenos deseos y políticas para impedirlo. Uno de ellos, publicado recientemente por Oxfam, una confederación internacional de 21 organizaciones no gubernamentales que tienen asociados en 90 países, nos desnuda una realidad mexicana que muchos no ven y que contradice el discurso presidencial de boga de primeros los pobres. Habría que ajustar esa frase para dejarle: primero Carlos Slim, el empresario del régimen.

Desde que ganó en la licitación a modo de Teléfonos de México, que se trabajó por meses para hacer un traje a su medida y ser uno de los pilares de la nueva clase empresarial que estaba construyendo el presidente Carlos Salinas, Slim ha tenido una influencia poderosa. Presidentes han ido y venido, y en Slim han tenido un interlocutor privilegiado. Lo respetan y los respeta. Lo apoyan y los apoya. Su relación, funcional y estructurada, pareció romperse con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia. Pese a conocerlo bien y haber hecho negocios cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, chocó cuando canceló el aeropuerto en Texcoco de una forma tan beligerante, que frases despectivas y amenazantes del Presidente contra él en privado auguraban una noche de pesadilla sexenal.

No fue así. Slim reculó, entendiendo quizá que en una lucha de poder el águila siempre gana. Recortó sus pérdidas y restableció sus nexos con López Obrador. Fue, para efectos prácticos, un matrimonio por conveniencia. Al Presidente le urgía legitimidad para fortalecer su discurso de apertura a la inversión privada, aunque en los hechos la frenaba. Slim se la dio y López Obrador aprovechó el papel de cortesano de un empresario sin escrúpulos cuando de dinero se trata.

Ha sido una relación interdependiente táctica provechosa. El gobierno le perdonó a él el colapso de una trabe de la Línea 12 del Metro que construyó su empresa, y provocó la muerte de 26 personas y dejó más de 100 heridos, mediante un acuerdo de indemnización de 400 mil a 6 millones de pesos por víctima, reveló el diario El País en 2022, y la empresa quedó exonerada de responsabilidad y futuras demandas. Luego fue compensado por el Presidente con más obras. Slim, a quien la reforma de telecomunicaciones del presidente Enrique Peña Nieto lo tumbó del sitial como el hombre más rico del mundo, comenzó su recuperación de una forma, podría decirse, obscena.

En su reciente documento de trabajo sobre desigualdad para el Foro Económico Mundial de Davos, Oxfam subraya que la brecha socioeconómica sigue aumentando. La fortuna de los 14 “ultrarricos”, como define Oxfam la lista de “billonarios” del banco suizo UBS referida la semana pasada en este espacio, se ha duplicado desde el inicio de la pandemia del coronavirus en enero de 2020.

En lo alto de esa punta inalcanzable para prácticamente todos los mexicanos se encuentran Slim y Germán Larrea, presidente de Grupo México, cuya fortuna conjunta creció 70 por ciento, equivalente a la riqueza total de la mitad de la población de América Latina y el Caribe: 334 millones de personas. Pero si se dejan los porcentajes y se ven los números presentados por Oxfam, Slim no sólo es mucho más rico que Larrea, sino que tiene una fortuna superior a la que poseen los otros billonarios de México y tiene cinco veces y media más dinero que Vicky Safra, la multimillonaria brasileña –aunque es griega– que heredó una fortuna en bancos, inversiones y bienes raíces, que vale 18 mil 200 millones de dólares.

Oxfam resaltó que la excesiva concentración del poder económico en México “guarda una estrecha relación con el poder político: los ultrarricos en México lo son, sobre todo, por décadas de gobiernos que han renunciado a regular su acumulación de poder e influencia. Once de los catorce ultrarricos mexicanos se han beneficiado y se siguen beneficiando de múltiples privatizaciones, concesiones y permisos que les ha otorgado el gobierno mexicano en las últimas décadas, lo que ha representado la transferencia masiva de riqueza de lo público a una pequeña proporción de personas en lo privado”.

Esta ecuación política-empresarial no ha cambiado en el gobierno de López Obrador, que tiene un discurso anticapitalista pero que, en la práctica, ha sido el motor fundamental de su crecimiento galopante. El Presidente ha llegado a decir pública y privadamente que no sabe por qué lo critican los empresarios, si son quienes más han ganado en su sexenio. En realidad, la mayoría de los empresarios ha sido cuidadosa con la crítica, dadas las experiencias de algunos de ellos con las autoridades y amenazas penales si se rebelaban; pero hay otros, como Slim, que a cambio de los privilegios tomó el papel de adulador.

Pero para quien el dinero es su credo, puede justificarlo. Si como plantea Oxfam, los 14 ultrarricos de México concentran 8.18 de cada 100 pesos de la riqueza nacional, Slim solo acumula 4.48 pesos de esos 100, o sea la mitad del total del resto de sus pares, con una fortuna que concentra “casi tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mexicana, alrededor de 63.8 millones de personas”.

Slim nunca fue pobre. Su padre llegó a los 14 años de Líbano huyendo del agonizante Imperio otomano, y para los 30 años, junto con su familia, había adquirido cientos de metros cuadrados en el Centro Histórico, deprimido por la devastación de la Revolución mexicana, que marcó el inicio de la fortuna Slim.

Seis décadas después empezó a consolidar su imperio, con trabajo y acciones hostiles –como la adquisición de El Globo y el financiamiento del Grupo Financiero Value–, con manejos míticos o reales de dinero –como lo que supuestamente hizo con el libanés que huyó de la guerra civil de los 70–, o por los beneficios de ser el empresario consentido, llegando a niveles colosales desde 2020, cuando su fortuna creció 58 por ciento en términos reales.

UBS, la compañía suiza que ofrece servicios financieros en más de 50 países, acaba de publicar lo que llama Reporte de ambiciones de los billonarios, donde su énfasis es mostrar los cambios de dirección en las empresas a partir del cambio de guardia generacional, ante los desafíos y las oportunidades que se presentarán. El estudio de 50 páginas provee, apunta en su introducción, una valiosa mirada en cómo los negocios de los 2 mil 544 billonarios irán tomando cuerpo y se irán adaptando a un mundo diferente en el próximo cuarto de siglo. Pero para los casi 8 mil millones de habitantes en el planeta, el informe es una pincelada de una capa social con fortunas cuya inmensidad difícilmente caben en la cabeza y un recordatorio, un poco cruel, de la brutal brecha que divide cada vez más a las sociedades.

No sin mucha sorpresa, el reporte revela que el número de billonarios creció 7 por ciento en 12 meses, entre 2022 y abril de 2023, cuando pasó de 2 mil 376 a 2 mil 544, que puede mirarse como el selecto club de los ganadores materiales en la batalla global que hubo contra la pandemia del coronavirus. En 1995, cuando comenzaba la apertura global y la interdependencia de los mercados, había 377 billonarios con una riqueza combinada de 954 billones de dólares, a diferencia del total actual, que se sitúa entre 11 y 12 trillones de dólares.

La fortuna de los billonarios hoy en día se elevó 9 por ciento –un menor porcentaje de billonarios respecto del pico en 2021–; es decir, concentraron aún más la riqueza. En un año, menos billonarios ganaron un trillón de dólares más en 2023 contra 2021-2022, encabezados por los europeos. Pero no fueron los financieros o los inversionistas en sectores energéticos o tecnológicos los que encabezaron la recuperación, sino aquellos involucrados en las ventas minoristas y el consumo. En Europa, fueron los billonarios franceses los punteros de ese pelotón selecto, donde 34 personas concentraron la mayor riqueza continental, 501 mil millones de dólares, un incremento de 27 por cuento durante el periodo.

El reporte de UBS no menciona nombres, pero no son un secreto. La persona más rica en Francia es Bernard Arnault, presidente del imperio de productos de lujo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton –que incluye Tiffany, Christian Dior y Sephora–, seguido de Françoise Bettencourt-Meyers, la heredera del gigante L’Oréal y un poco más abajo, como el séptimo más rico, François-Henri Pinault, esposo de la mexicana Salma Hayek, propietario de las marcas Gucci, Balenciaga e Yves Saint Laurent, de tiendas departamentales, así como la gran librería FNAC, la casa de subastas Christie’s, un equipo de futbol y una de las grandes colecciones de arte moderno.

No obstante, la concentración más grande de billonarios sigue siendo el Continente Americano. Hay 867 que tienen una fortuna de 5 trillones de dólares –casi la mitad del total–. En esta región dominan los estadounidenses con una fortuna combinada de 4 mil 471 billones de dólares, y entre sus 751 super-Macpatos destacan los gigantes, el conocido Elon Musk (Tesla, SpaceX y X son sus propiedades más notorias), Jeff Bezos (Amazon), Larry Ellison (Oracle), Mark Zuckerberg (Facebook), Bill Gates (Microsoft), el financiero Warren Buffet, Steve Ballmer, de Microsoft, y Larry Page y Sergey Brin, de Google.

La segunda casa americana es Canadá, con 42, que juntan 166 billones de dólares, seguido de México, que aunque sólo tiene 14 billonarios, acumulan 140 billones de dólares, encabezados por Carlos Slim, que en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, incrementó su fortuna en 30 por ciento, uno de los saltos de fortuna, si no el que más que se haya registrado en el periodo en todo el mundo. Brasil, la principal economía latinoamericana, es el espejo bizarro mexicano: tiene 53 billonarios, pero su riqueza acumulada es inferior a las de los 14 billonarios mexicanos. En la lista de billonarios México ocupa el lugar 11, detrás, en orden de fortunas, de Estados Unidos, China, India, Francia, Alemania, Suiza, el Reino Unido, Hong Kong, Canadá, Italia y Australia.

No hay continente o región que no tenga billonarios. En África, donde hay 330 millones de pobres –un incremento en términos porcentuales a los que había hace 30 años–, dos de cada cinco adultos son analfabetas y alberga a siete de los 10 países más desiguales del mundo, junto con el Medio Oriente, que tiene 63 billonarios con una fortuna acumulada en 279 billones de dólares, donde destacan el hombre más rico del continente, según la revista Forbes, el sudafricano Johann Rupert, cuya fortuna proviene de inversiones financieras, salud y medios de comunicación, así como de Cartier y Montblanc, seguido del nigeriano Alike Dangote, que tiene un conglomerado de cemento, transporte y procesamiento de alimentos.

El reporte de UBS tiene diferentes lecturas. El foco es sobre los relevos generacionales en las grandes fortunas durante toda una generación, donde resalta cómo más de mil billonarios heredarán cerca de 5 trillones de dólares a sus hijos, que se encargarán de administrar y ampliar la riqueza, pero en nuevos sectores de una economía en transformación.

Pero hay otras lecturas que nos esbozan lo que viene por delante: una disminución en el ritmo de creación de riqueza en la cuenca del Pacífico, rompiendo su crecimiento de los últimos 20 años, un crecimiento moderado en el continente americano (2.7 por ciento), pero con billonarios involucrados en las principales industrias que mueven al mundo, como la tecnológica, a diferencia de Europa, cuyo dinamismo depende de los consumidores. O lo que perfilan los Emiratos Árabes Unidos, que destaca en el Medio Oriente, con una expansión económica de 7.6 por ciento y un brinco de 10 a 17 billonarios en un año, que nos muestra para dónde se mueve el mundo.

Nota: en la columna Alarma en Palacio, publicada el 15 de enero, se citaba un trabajo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que identificaba a Luis Doporto Alejandre como accionista de Brick Contratistas, quien afirmó en una carta a este espacio que no es socio y nunca fue accionista de la compañía que mencionó MCCI.

La violencia criminal contra figuras públicas que hoy son candidatos a puestos de elección popular sigue siendo un tema que se ha minimizado. Organizaciones que dan seguimiento a la violencia política han estado advirtiendo la posibilidad de que la tendencia de ataques a políticos y candidatos en este año electoral aumente. Informes que han llegado al despacho presidencial desde diciembre pasado son perturbadores, ante alertas y amenazas, o intentos incluso de asesinato, en contra de Clara Brugada, candidata al gobierno de la Ciudad de México, y de Omar García Harfuch, candidato al Senado.

En el caso de Brugada, el nivel es de alerta ante informes de inteligencia de que la Unión Tepito, una organización criminal que nació en 2009 como parte del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, bajo la responsabilidad de Édgar Valdés, la Barbie, la mano derecha de Arturo Beltrán Leyva, el jefe del grupo criminal que murió en diciembre de ese año en un operativo de la Marina en Cuernavaca, tiene preocupaciones sobre lo que pueda hacer la candidata. La Unión Tepito fue fundada para disputar los negocios ilegales a la banda criminal que fue bautizada como el Cártel Tepito y para poner un freno al Cártel de Sinaloa y a Los Zetas, que buscaron aprovechar la crisis interna que causó la muerte de Beltrán Leyva.

La información proporcionada al Presidente sugería que la seguridad de Brugada debía reforzarse al extremo, particularmente en los mítines o reuniones que la candidata realizara en Tepito, el viejo barrio bravo al centro-norte de la Ciudad de México, que visitó a principios de diciembre. No hubo ningún incidente en esa visita, pero la alerta no se eliminó. El reporte entregado sugería que había una preocupación de la Unión Tepito porque en Iztapalapa, donde Brugada fue alcaldesa, tenían sus centros de mando grupos delincuenciales que son sus enemigos.

En Iztapalapa, de acuerdo con un documento secreto de la Secretaría de la Defensa que difundieron hacktivistas mediante los Guacamaya Leaks, tienen su centro de operaciones el Cártel Jalisco Nueva Generación y grupos menos poderosos en estructura y capacidad de fuego, pero no menos peligrosos: el Cártel de Tláhuac, Los Tanzanios –que presuntamente llegaron a tener relación con Unión Tepito–, Los Oaxacos –con ligas al Cártel de Sinaloa– y Sindicato Libertad –con nexos con el crimen organizado en Oaxaca–. La inquietud de la Unión Tepito, de acuerdo con los informes, es la percepción de que Brugada fue laxa en el combate a esas organizaciones.

El caso de García Harfuch, que fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y rival de Brigada por la candidatura capitalina, es más serio. Desde finales de noviembre, principios de diciembre, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, su principal promotora y que lo incorporó a su equipo y cuarto de guerra al perder la contienda con la exalcaldesa de Iztapalapa, fue informada de que se había recibido una amenaza de muerte contra García Harfuch que consideraban creíble. La decisión inicial fue que dejara de aparecer en eventos públicos –lo que sucedió–, y poco después que saliera del país, que cuando se hizo pública la amenaza, explicó que había obedecido a vacaciones programadas con su familia.

La familia de García Harfuch vive en el extranjero desde que en junio de 2020, siendo secretario de Seguridad capitalino, fue objeto de un atentado que se adjudicó al Cártel Jalisco Nueva Generación, por un viejo diferendo, explicaron funcionarios, en un operativo años antes en Puerto Vallarta. La amenaza no quedó en el aire. Una carpeta de inteligencia entregada al Presidente incluía los detalles de movimientos anómalos alrededor de García Harfuch, que habían sido preludio de al menos dos atentados que fueron desarticulados.

Por instrucciones presidenciales se empezaron a realizar análisis de prospectiva sobre cuál podría ser el impacto probable sobre el proceso electoral, así como qué tanto podría afectar la gobernabilidad en las campañas. Ese documento, si ya se terminó, no ha trascendido.

La preocupación sobre la gobernabilidad en tiempos electorales tiene sustento. En este espacio se publicó el lunes que, de acuerdo con el proyecto Votar Entre Balas, de la organización no gubernamental Data Cívica, desde 2022 la violencia política tuvo un incremento significativo al compararse con los cinco años previos, y que 2023 fue el más letal para la clase política. La intervención de los cárteles en elecciones está muy fresca en la memoria por lo que sucedió en las intermedias de 2021, donde, según un estudio del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, hubo mil 66 delitos y agresiones durante el proceso electoral, que incluyeron 102 homicidios dolosos y 48 en grado de tentativa, abarcando la violencia a 570 de los 2 mil 469 municipios en las 32 entidades del país.

La violencia criminal no juega con los tiempos electorales, pero lo experimentado en 2021, particularmente en Sinaloa, modificó la premisa por lo que está en juego hoy, la expansión territorial y no sólo el control de los negocios criminales tradicionales, sino las nuevas injerencias en el mercado, las finanzas y la industria, para lo que requieren que los gobernantes dependan de ellos –bajo la lógica de plata o plomo, y de corrupción o terror, como operan los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación–, o que hayan sido puestos en el cargo por ellos.

Las alertas sobre los riesgos que enfrenta Brugada responden a este tipo de coyunturas. Pero hay otras amenazas, como las que enfrenta García Harfuch, donde el proceso electoral es meramente circunstancial, porque el precio sobre su vida corre por diferentes vertientes. No obstante, al igual que en el caso de la alcaldesa, cualquier acción violenta contra los candidatos tendría ciertamente un impacto sobre el proceso electoral y generaría un problema de gobernabilidad.

Las autoridades electorales, los equipos de campaña y el gobierno federal –al menos públicamente– no han mostrado un interés verdadero más allá de la retórica y anuncios de buenas intenciones, para evitar incidentes serios o tragedias durante las campañas, una negligencia y una irresponsabilidad que tienen que corregir antes que lamentar.