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Foto del avatar About Raymundo Riva Palacio

Periodista en busca de decodificar la toma de decisiones en la política mexicana y exponer las tensiones del sistema en el que operan. Actualmente es director general del periódico digital Eje Central.

Otro apretón a Sheinbaum

Las diferencias entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum siguen aumentando, lo que está aprovechando el sector puro que envuelve al Presidente para llenarle la cabeza de ideas malsanas contra la próxima presidenta, y seguir acotándola para inmovilizarla lo máximo posible. Es un juego peligroso para cualquier político sensato, pero no para López Obrador ni su claque, que quieren seguir gobernando por la convicción de que los más de 35 millones de votos y el de cerca de 40 millones que al no votar refrendaron las acciones sexenales del tabasqueño, le pertenecen a él, no a ella.

Al Presidente no le ha bastado imponer la agenda legislativa para los 30 últimos días de su mandato, ni el programa de gobierno para el primer año de Sheinbaum, ni imponer un gabinete transexenal, o traer a Sheinbaum persiguiéndolo por todo el país para que lo acompañe en mítines donde le declaran su amor eterno y la compromete a no desviarse ni una coma en la consolidación de su legado –obras, programas sociales y veneración–, distrayéndola de lo que debería estar haciendo: afinando su equipo de trabajo –que lo está haciendo Juan Ramón de la Fuente, como coordinador de la transición– y ordenando las prioridades –que están realizando su esposo Jesús María Tarriba y Omar García Harfuch–. Mientras la distrae, en Palacio Nacional preparan darle otro apretón a la tuerca.

Los puros están aprovechando las molestias del Presidente con Sheinbaum, que ha socializado en Palacio sus inconformidades con políticas públicas en materia energética y con sus discursos sobre su apertura a los proyectos de coinversión con el sector privado, y su malestar con la agenda feminista y LGBT de la próxima presidenta. El entorno de contrariedad del Presidente con su sucesora abrió la puerta para que su principal asesor político, Rafael Barajas, El Fisgón, monero de La Jornada, le propusiera un mecanismo para obligar a los legisladores de Morena en la próxima legislatura a que voten de acuerdo con lo que desee López Obrador, sin titubeos. De otra forma, el castigo que se ventila es la expulsión de Morena de quien no acate las órdenes de López Obrador, con lo cual sus posibilidades de acceso al poder quedarían canceladas.

Barajas es director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, donde se capacita a los cuadros del partido en el poder. Como parte de la estrategia realizó cursos introductorios para los nuevos legisladores y se prepara un decálogo para que les sea entregado, donde se detallan acciones concretas que tienen que cumplir durante los tres años que dura su mandato. El decálogo no contiene nada de lo que ha propuesto Sheinbaum dentro de su todavía incipiente agenda legislativa pública, sino que refuerza todo aquello que debe salir en septiembre y durante la siguiente administración. La línea que se les dará es de lealtad a López Obrador, no a Sheinbaum, obligándolos a firmar una carta compromiso que, de no cumplir, los castigarán.

El plan de Barajas fue aprobado por López Obrador, que en la medida que avanza la agonía de su sexenio, da más y más señales de querer controlar a Sheinbaum mediante los dos pilares del Estado mexicano, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. La reforma al Poder Judicial, que es una de las exigencias a los legisladores, la va a seguir armando e instrumentando Arturo Zaldívar, enviado al equipo de Sheinbaum para esos fines, de conformidad con los planes del Presidente, sin que haya escuchado las sugerencias de la presidenta electa para que no fuera un tema con el cual arrancara su gobierno, ante el temor de la inestabilidad de los mercados y un posible freno a inversiones frescas, sino que fuera aprobada más adelante, dentro del primer trienio de su administración. El rechazo de López Obrador a su propuesta fue tajante. La instrucción que se dará a la nueva legislatura es que no muevan absolutamente nada que pueda afectar ‘el legado’ del Presidente.

A López Obrador no le importa lo que suceda en el próximo gobierno. No alcanza a ver que el éxito de Sheinbaum será la consolidación de su legado. Su visión de corto plazo –en todo lo que no es electoral– tiene la lógica de que si las cosas salen mal, el costo sea para ella, no para él.

Las acciones que está realizando el Presidente no han pasado desapercibidas por la presidenta electa, pero no puede hacer mucho hasta que tome posesión el 1 de octubre. Para entonces, la operación de López Obrador y los puros para someterla estará instalada. El espacio de maniobra es tan estrecho que varios de sus colaboradores han confiado que ni siquiera pueden hablar con legisladores que llegarán a las cámaras en septiembre, por el riesgo de que el Presidente se entere y tome represalias.

A varios colaboradores de Sheinbaum les ha llamado la atención la calidad de información que tiene el Presidente sobre lo que hace su sucesora y lo que pasa en el equipo de transición. Las dos principales fuentes permanentes de información son las personas que tiene injertadas en el equipo desde la campaña, que responden al líder de Morena, Mario Delgado, y el sistema de intercepción de comunicaciones que maneja de manera autónoma el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, desde la precampaña. De ahí el manejo hermético en la toma de decisiones finales, que discute la presidenta electa con su esposo y García Harfuch antes de que las instrumente su equipo de confianza.

A diferencia de López Obrador, Sheinbaum no tiene ninguna garganta profunda en Palacio Nacional para adelantar las acciones que están tomando contra ella. Algunas son evidentes, como el prácticamente obligarla a viajar los fines de semana con él y junto con las señales de animadversión de los obradoristas, como se vio el viernes pasado en la primera plana de La Jornada, donde su noticia principal fue una reiteración retórica del Presidente sobre el caso Ayotzinapa, mientras que la designación del primer bloque de secretarios de Estado apenas ocupó un modesto espacio en el sótano de la primera plana.

Gabinete al ritmo presidencial

Los primeros cinco nombres del gabinete de Claudia Sheinbaum son peso completo. Desentona la presentación de Ernestina Godoy como consejera jurídica de la Presidencia, aunque se puede explicar como parte de las negociaciones en Palacio Nacional y los reacomodos que tuvo que hacer la virtual presidenta electa para salir lo mejor librada posible de este primer ejercicio de separación de Andrés Manuel López Obrador.

El origen de lo que vimos ayer fue en mayo del año pasado, cuando López Obrador le entregó un decálogo a los aspirantes a la candidatura presidencial, donde incluyó dos puntos específicos sobre el gabinete: que hubiera paridad, lo que hasta este momento está equilibrado –la Consejería Jurídica de la Presidencia es considerada parte del gabinete–, y que para dar continuidad al proyecto se incorporara al mayor número posible de propuestas de López Obrador.

El caso más claro del cumplimiento del decálogo como primer requisito para ser candidata fue cumplido por Sheinbaum con la designación de Alicia Bárcena, actual secretaria de Relaciones Exteriores, como próxima secretaria del Medio Ambiente. Bárcena ocupará una cartera más acorde con su vocación y experiencia –fue la primera subsecretaria de Ecología cuando se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en el gobierno de Miguel de la Madrid, y durante más de dos décadas trabajó proyectos de desarrollo sostenible–.

Bárcena necesita la plataforma que le ofreció López Obrador y refrendó Sheinbaum, porque aspira ser secretaria general de las Naciones Unidas, cuando se ponga en juego el cargo que ocupará António Guterres hasta enero de 2027. El cargo de canciller se lo dejará a Juan Ramón de la Fuente, quien por instrucciones de López Obrador fue nombrado por Sheinbaum como el coordinador del equipo de transición. La orden del Presidente añadía la sugerencia de que sería el indicado para armar el gabinete.

Sheinbaum había encargado los perfiles de posibles secretarios de Estado a la empresaria tapatia Altagracia Gómez, a quien también le pidió establecer contacto con los equipos de campaña del presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, y aunque la llegada de De la Fuente desde la campaña, donde fue responsable de organizar los Diálogos por la Transformación, no le gustaba a Sheinbaum, fue acomodándose a trabajar con él y viendo que no le restaba, sino que le sumaba por su prestigio y respeto de sus interlocutores.

A estos dos miembros del gabinete impulsados por López Obrador se puede sumar el nombramiento de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía. Su caso es más transparente. Desde que estableció las reglas para la contienda por la candidatura presidencial, adelantó que los perdedores irían a coordinar las bancadas de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, y el restante se integraría al gabinete. Adán Augusto López, quien defenderá los intereses políticos de López Obrador, estará en el Senado, y Ricardo Monreal en el Congreso, donde Sheinbaum tuvo que bajar a Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ya estaba preparando su llegada a San Lázaro.

Sheinbaum tampoco pudo entregar la Secretaría de Educación a Rosaura Ruiz, amiga y colega de muchos años, que la acompañó en el gobierno de la Ciudad de México y ya había estado trabajando de manera extraoficial con la dependencia, donde fue quien persuadió a la actual secretaria, Leticia Ramírez, de que México no podía estar al margen de la prueba PISA. Hasta hace dos semanas ese era el destino de Ruiz, pero todo se tuvo que ajustar para dejar la cartera de Educación para que el Presidente pague compromisos realizados durante la campaña. El diseño original de Sheinbaum era que Educación absorbiera el Conahcyt, pero en el reacomodo anunció a Ruiz como secretaria de una nueva dependencia, Ciencias y Humanidades, que absorberá la educación superior.

La Secretaría de Agricultura no fue una cartera contenciosa entre López Obrador y Sheinbaum. Al Presidente no le interesaba el campo y dejó a su entonces consejero jurídico, Julio Scherer, nombrar al titular, quien llegó por su relación personal con el exfuncionario. Sheinbaum decidió hace tiempo que Julio Berdegué, que coordinó el eje de desarrollo rural y soberanía alimentaria de su programa de gobierno, sería el titular de Agricultura.

Berdegué es una de las joyas del bloque de secretarios de Estado que anunció. Primo de unos exitosos empresarios de Mazatlán y de Imanol Ordorika, que fue uno de los tres líderes más importantes del movimiento del Consejo Estudiantil Universitario –donde Sheinbaum era una líder de segundo nivel– que paró de cabeza a la UNAM en 1987, tiene una carrera distinguida en México y el mundo en el desarrollo agrícola, y fue el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, de 2017 hasta que se sumó al equipo de Sheinbaum, hace alrededor de un año.

La sorpresa en el primer bloque del gabinete fue Godoy, fiscal de la Ciudad de México bajo el mando de Sheinbaum, y que ha sido su incondicional. Desde que preparaba su gabinete para el gobierno capitalino, pese a las objeciones que le hizo el equipo que diseñó la arquitectura de la nueva fiscalía, la nombró y la respaldó para que la ratificaran, lo que no sucedió. Ese puesto había sido el que le pidió Arturo Zaldívar al Presidente cuando lo envió a la campaña de Sheinbaum, para operar la reforma al Poder Judicial, pero la candidata triunfante logró llevar a Godoy, preparándola para que en unos dos años remplace al fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Zaldívar, aunque no era del agrado de Sheinbaum, era una imposición del Presidente pero también le era funcional. La mayoría calificada en el Congreso y la posibilidad de tenerla en el Senado cuando se vote en septiembre, de acuerdo con el esquema original que propuso, le quitó fuerza. Qué tanta, en el entendido de que su principal apoyo es López Obrador para un objetivo específico, no se podrá saber hasta que sea nombrado otro bloque del gabinete el próximo jueves.

El Presidente de las mentiras

No porque nos tiene acostumbrados a decir mentiras debemos acostumbrarnos a sus mentiras. El que las mayorías no le exijan rendición de cuentas y le sigan aumentando puntos a su popularidad tampoco significa que debamos sentirlas tan normal como respirar. Ya sabemos que hasta el 30 de septiembre Andrés Manuel López Obrador seguirá inventando la Historia y contando historias, por lo que lo recordaremos como el Presidente de los engaños. Sin embargo, para quien tiene el oído entrenado para escuchar, sus mentiras tienen luego desenlaces que deberían preocupar. Sobre todo a Claudia Sheinbaum, que a partir del 1 de octubre será quien mande aquí.

Recapitulemos.

Desde antes de su sexenio, López Obrador decía que no se reelegiría y que sería un Presidente de seis años. Legalmente ha cumplido a cabalidad, pero sus palabras y acciones vistas bajo el prisma político dejan mucho qué desear y más de qué preocupar. Lo más importante es que sus promesas reiteradas de que una vez que se quite la banda presidencial se retirará a su rancho de Palenque, donde presume que se jubilará políticamente, desconectándose de la vida pública y de sus protagonistas, han sido enmendadas con amenazas veladas.

La mañana después de la elección presidencial, López Obrador comenzó a cambiar su discurso. Ya no sólo estarían abiertas las puertas de su rancho para sus hijos y nietos, sino también para Sheinbaum. “Si ella me busca, sí, porque es mi presidenta”, subrayó. “Va a ser mi presidente, pero yo voy a procurar no molestarla”. Cinco días después precisó: atendería el llamado de su presidenta, pero “haciendo uso de mi derecho a disentir”.

El 3 de junio, cuando reiteró que al entregar la banda presidencial viajaría a Palenque, dijo que terminaría un ciclo, y ocupará su tiempo ocupado, curándose de sus enfermedades, platicando con los árboles y los pájaros, y con las guacamayas, que aunque su pecho no es bodega, como le gusta decir, debería tomarse como una metáfora de que tendrá una rica vida interna y no interpretarse de manera literal. Junto con ello, dijo que escribirá sobre la cultura en el mundo prehispánico, para eventualmente publicar un libro.

Entonces, uno puede preguntarse, si su vida estará en comunión única con la cosmogonía de Palenque, ¿de qué puede disentir con Sheinbaum? No se engañe. López Obrador seguirá conectado con la vida pública. No se aislará. Incluso física y biológicamente, para quien ha vivido lustros nadando en adrenalina, acostumbrado a ordenar e imponerse, con una permanente actividad bañada en el rencor y la sed de venganza, ¿es clínicamente posible detener ese frenesí de la tarde que entregue la banda presidencial a la mañana que despierte en el rancho? Salvo lo que concluya un médico, no parece posible este ayuno de choque.

López Obrador suele moverse en el campo de las proyecciones freudianas, como cuando afirma que no hay que tener mucho apego al poder, que es totalmente contrario a lo que ha demostrado siempre, pero con la particularidad ominosa de los últimos 10 días, por su actitud pública y privada, donde asume que los 36 millones de votos de Sheinbaum no le pertenecen a ella, y son de él. Es cierto que pudo haber sido el arquitecto de lo que sucedió y el motor de la motivación en las urnas, pero el mandato es de Sheinbaum y el suyo está en fase terminal.

“No aspiro a ser líder moral, ni jefe máximo, ni caudillo, ni mucho menos cacique”, agregó hace dos lunes. En realidad se comporta como tal, líder moral de un movimiento que provocó “la revolución de las conciencias”. Actuó como jefe máximo –devenido en caudillo– al controlar su sucesión, ordenar quiénes competirían por la candidatura, cómo premiaría a los perdedores, cuáles serían los temas de la campaña y el programa de gobierno de Sheinbaum. Y esto, justamente, ¿no permite aplicarle la descripción de cacique?

López Obrador nunca se contiene. Sus mentiras, cuando hablan de lo que hará y no hará, no tienen larga vida. Tras la elección, duró 12 horas el escenario de su retiro y alejado de la vida pública, y unos días más para dejar claro que si algo no le gusta del gobierno de Sheinbaum, ventilará su crítica. Que hable sobre la gestión de quien lo sucede no es lo que la corrección política sugiere, pero ¿cuándo ha sido políticamente correcto? Para eso inventó la revocación de mandato, para chantajear a su sucesora, ante la amenaza de la destitución. La guillotina estará lista, y la cabeza de Sheinbaum en su base.

La presidenta Sheinbaum debe estar entendiendo cada vez más que López Obrador es un dolor de cabeza que tendrá que administrar por un tiempo. Hay quien piensa que gobernará con esa migraña porque no es capaz, emocional o políticamente, de cortarse las cadenas para volar. Hay quienes piensan que una vez asentada en el poder, tendrá la fuerza para deslindarse de López Obrador –no del proyecto del segundo piso del nuevo régimen– y corte el cordón umbilical. Sólo los ingenuos piensan que no volveremos a saber de él.

El Presidente de las mentiras podrá decir lo que quiera, pero sus palabras –que ha demostrado no son dichos sino anuncios de lo que hará– revelan que intentará seguir gobernando. Sus expresiones también lo delatan. Al pensar en Plutarco Elías Calles –por sus referencias de jefe máximo o caudillo–, piensa en Pascual Ortiz Rubio, a quien apodaban el Nopalito, que fue su pelele hasta que en un acto de dignidad renunció. Otros títeres llegaron para perpetuar el poder de Calles, hasta que Lázaro Cárdenas asumió la Presidencia y lo exilió.

López Obrador ha hecho más cosas para perpetuarse en el poder que las que hizo Calles, sometiendo a Sheinbaum, que asumirá en condiciones parecidas a las de Cárdenas. Calles fue exiliado por Cárdenas, que tomó esa decisión casi dos años después de llegar a la Presidencia. La ventana de Sheinbaum es similar y si López Obrador se mantiene como lo que es, tendrá que actuar con inteligencia y determinación para dejar claro quién manda aquí.

Latinus, en la mira

El anuncio de Carlos Loret de que tomaría dos meses de vacaciones y que su noticiero en Latinus tendría una pausa, generó especulaciones entendibles. Ningún periodista en el mundo toma 60 días de vacaciones al año, ni un noticiero queda en suspenso. Pero tampoco, ni en los tiempos más álgidos de la polarización que llevó al presidente Donald Trump a enfrentarse con CNN, ni del presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, cuando chocó con El País, un periodista y un medio habían sido sometidos a la virulencia vitriólica de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que se valió de información confidencial y datos fiscales, violando flagrantemente la ley.

Loret y Latinus han sido una molestia permanente para López Obrador desde que la plataforma digital comenzó sus operaciones el 7 de marzo de 2020, porque su énfasis ha sido en la investigación del Presidente y su entorno, en presuntos actos de corrupción y evidentes ilegalidades de personas cercanas a él, convirtiéndose en una poderosa caja de rendición de cuentas del poder. La plataforma ha evolucionado hacia un sitio de noticias, pero ciertamente, sin las revelaciones de su equipo de reporteros de investigación, no es un medio indispensable.

Latinus es propiedad de LatinUs Media Group LCC, una sociedad de responsabilidad limitada registrada en diciembre de 2019 en Dover, la capital de Delaware, donde mejores condiciones fiscales existen en Estados Unidos. Surgió como una idea de Miguel Alonso Olamendi, que había sido secretario particular del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y del empresario Christian González Guadarrama, por lo que desde su nacimiento fue descrito como un medio con intereses políticos. La llegada de dos nuevos socios, Alexis Nickin Gaxiola y Federico Madrazo Rojas, yerno e hijo de Roberto Madrazo, que derrotó a López Obrador por la gubernatura de Tabasco en los 90, contribuyeron a la percepción.

Pero el trabajo de Latinus ha sido fundamental para el conocimiento general. Por la plataforma se supo de dinero en efectivo trasladado del gobierno de Chiapas, cuando Manuel Velasco era gobernador, a los hermanos del Presidente. Se conoció de la casa en Houston donde vivía el primogénito del Presidente con su esposa, que era propiedad del ejecutivo de una empresa petrolera texana que tenía negocios con Pemex. Reveló una amplia red de presuntas complicidades de amigos muy cercanos a dos hijos de López Obrador que supuestamente se beneficiaron de adjudicaciones y contratos en varias de las megaobras del sexenio, así como negocios cuestionables y beneficios fiscales de personas ligadas a Palacio Nacional.

Las plumas orgánicas del lopezobradorismo dicen que no sirvió para nada ese tipo de trabajo o la crítica al Presidente y su gobierno, porque el electorado no prestó atención y votó abrumadoramente por la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y Morena. Los medios, sin embargo, no buscan movilizar a los electorados, no es su función y mucho menos su papel. Los medios pueden movilizar a los agentes de cambio reales que pueden cambiar las cosas, como sucedió con The Washington Post y su investigación sobre Watergate, que obligó al Congreso a investigar al presidente Richard Nixon y a la Suprema Corte a preparar su desafuero, que no llegó porque renunció. Las instituciones y las organizaciones políticas en México no son como las de Estados Unidos. Si a la oposición le pasaron una división Panzer por encima el 2 de junio, fue por sus propios errores. Si no supieron utilizar lo que revelaron los medios durante el sexenio y, sobre todo, lo que aportó Latinus, es problema de ellos. Los medios y los periodistas deben seguir haciendo su trabajo. Pasó una elección, pasará otro sexenio. Se cierran capítulos y se abren nuevos.

Pero el contexto de la cobertura agresiva, en ocasiones beligerante de Latinus y Loret sobre el Presidente y su entorno, con sus vacaciones prolongadas y la salida del aire del noticiero, desató la especulación. No puede ser por el impacto general que pudieran tener, pues su audiencia es limitada y no ha crecido, sino por el contexto político en el que sucede. Cuáles fueron las motivaciones de los propietarios de Latinus y de Loret, sólo ellos lo saben. Pero más allá de éstas, sí tienen un problema real con el poder, actual y el que viene.

Hay toda una maquinaria en marcha para ahogar a Latinus, cortándoles sus fuentes de financiamiento. Sus aparentes socios principales en la actualidad, Gaxiola y Madrazo, están en el negocio de las medicinas, que ha sido el primer objetivo del gobierno de López Obrador, y lo será de la próxima presidenta Sheinbaum, que, de acuerdo con sus colaboradores, tiene fuertes agravios contra el periodista y el medio. Por lo pronto, los contratos de medicinas en dos estados del centro del país ya fueron cancelados y, de acuerdo con lo que ha trascendido, seguirán cancelando sus relaciones comerciales con sus empresas. Se desconoce si tienen otras fuentes de financiamiento para mantener vivo a Latinus, aunque cuando estaban analizando asociarse en la plataforma decían que sus flujos estaban resueltos.

Loret es su eje y motor. El periodista ha sido sometido a un espionaje político prácticamente a lo largo de todo el sexenio. Tienen interceptadas sus comunicaciones, clonados sus teléfonos y, además, de manera permanente tiene un seguimiento militar físico. No hay ningún otro periodista en México al que hayan sometido a una vigilancia sistemática como a Loret, quien sin embargo ha enfrentado las agresiones, las intromisiones y la hostilidad directa del Presidente con entereza. En la última edición del noticiero dijo que regresaría pasando el verano para seguir ejerciendo su trabajo “al costo que sea”.

Loret ha dado muestras cabales a lo largo de los años, no se agachará ni reculará en lo que hace. Los socios de Latinus han caminado ya varios años sin hacerlo tampoco. Deben saber hace tiempo que los tienen en la mira y que quieren asfixiarlos financieramente. Probablemente no le alcanzará el tiempo a López Obrador, pero el cambio de gobierno no será diferente. La presidenta Sheinbaum también irá por ellos.

Reforma perversa

Hace unos días Nexos reprodujo un reciente discurso de la ministra Margarita Ríos-Farjat sobre la relación de la academia con la judicatura. Es un texto provocador, que permite verlo como metáfora para la discusión de la reforma al Poder Judicial, donde, sin importar la profundidad del debate, la próxima legislatura que arranca en septiembre va a desmantelar ese contrapeso e instaurará uno que estará sometido al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su sucesora, Claudia Sheinbaum, quitándole independencia y generando una incertidumbre jurídica que afectará a todos, comenzando por los que menos tienen.

Ríos-Farjat retoma un libro de Raymond Boudon que leyó para su tesis de doctorado, que cuestionaba el sistema educativo francés por generar miles de títulos profesionales pero sin espacio en el mercado laboral para el crecimiento social de sus poseedores, en una contradicción entre una buena idea sobre el crecimiento de los estudiantes y el de ser de utilidad a la sociedad, que terminó siendo perniciosa porque el diseño educativo no se correspondía con la realidad imperante y era incapaz de dotar a la sociedad de los valores indispensables para hacer frente a la realidad con la que se topaban al salir de las universidades.

Boudon, que fue uno de los principales sociólogos franceses del último cuarto del siglo 20, planteó que hay momentos específicos donde iniciativas individuales producen consecuencias no intencionadas de la acción social. El discurso de Ríos-Farjat incita una reflexión similar para la reforma al Poder Judicial propuesta por López Obrador, enfocada en la aniquilación de la Suprema Corte y la justicia federal, soslayando una reforma a la justicia local –que atiende más de 80 por ciento de los expedientes– y a las fiscalías, notoriamente incapaces y deficientes.

La reforma está empapada del odio de López Obrador al Poder Judicial, que arrastra desde el proceso de desafuero en el primer lustro de este siglo, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y redactada por otro hombre, muy inteligente pero también resentido, Arturo Zaldívar, que no pudo extender su periodo como presidente de la Corte porque violaba la Constitución y sus pares se lo impidieron. Juntos buscan el cambio más profundo que puedan hacer a México, destruyendo lo que se ha venido levantando desde 1995, cuando a los 26 días de asumir la Presidencia, Ernesto Zedillo comenzó la transformación de la Suprema Corte y del Poder Judicial.

Esta reforma tiene cuatro pilares perversos: cómo quitar a quienes están, cómo hacer para que quienes lleguen duren menos tiempo, cómo hacer que ganen menos y la instauración de un tribunal disciplinario independiente de la Suprema Corte, que remplazaría al Consejo de la Judicatura. ¿Por qué quitar a los que están? Porque la independencia irrita a López Obrador, que acostumbrado al desaseo legal y con consejeros jurídicos ineptos, sufrió demoras en sus prioridades políticas. ¿Por qué quiere que duren menos tiempo? Está a la vista de todos, pues al bajar de 15 a 12 años el periodo de los ministros, su elección la empata con los procesos electorales sexenales, convirtiéndolos en parte del juego político coyuntural. ¿Por qué quieren que ganen menos que el presidente? No hay razón alguna, y se trata sólo de darle por su lado a López Obrador. ¿Por qué un tribunal disciplinario? Para que quien esté al mando en Palacio Nacional tenga un mecanismo para castigar a quien se atreva a actuar de manera independiente.

Esta reforma desmantela lo que produjo la reforma de Zedillo: herramientas para un país plural –que ya ha tenido tres alternancias– y autonomía. Es regresiva y concentrará el poder en el presidente o presidenta, como señalaron recientemente en un libro destacados miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Nadie, hay que subrayar, piensa que el Poder Judicial no requiera reforma. La crítica es a la esencia de la propuesta por López Obrador, que producirá un engendro bastante peor de lo que se tiene en la actualidad.

De aprobarse en sus términos, serán cesadas 910 personas magistradas y 737 jueces, además de 25 magistraturas del Tribunal Electoral que componen el Poder Judicial federal. Es decir, se elegirían el primer domingo de junio del próximo año a quienes ocuparían mil 686 cargos. Los efectos de su eventual descabezamiento ya se están sintiendo en los tribunales, donde los abogados están tratando de apurar sus asuntos ante el riesgo de que una demora los podría llevar al nuevo Poder Judicial, donde quienes los atendieran tendrían que empaparse en los expedientes, que no son pocos. El año pasado la Suprema Corte resolvió más de 3 mil asuntos, mientras que los diferentes tribunales, colegiados de apelación y juzgados de distrito resolvieron cerca de un millón y medio.

Esto genera dos fenómenos que dice López Obrador busca desterrar: corrupción y poder del crimen organizado. En el primer caso, los abogados que representen clientes con dinero podrían juntar su hambre con las ganas de comer, donde encontrarían a miembros del Poder Judicial dispuestos a recibir sobornos, ya en su salida, para resolver sus asuntos. En el segundo, como la iniciativa establece que los jueces estarían fijos en la región en la cual los elijan, quedarían sujetos a la voluntad del crimen organizado, revigorizando la máxima de plata o plomo.

Pero todavía hay un elemento que valdría la pena colocar sobre la mesa del debate. ¿Qué se gana con el descabezamiento del Poder Judicial? Para efectos de argumentación, se daría un blindaje jurídico para el gobierno saliente. Casos de corrupción que han sido denunciados quedarían sueltos y cuando finalmente fueran estudiados y entendidos, un número de ellos podría haber prescrito. Nadie en este gobierno sufriría pesadillas en el séptimo año, porque nadie sería perseguido.

¿Y quiénes pierden? Está claro. Todos aquellos que no tienen dinero para pagar abogados. Todos aquellos que no tienen acceso. Todos aquellos utilizados para hacer de la reforma judicial un mandato legítimo, sin saber que una buena parte de ellos perderá más con lo que respaldaron, que con lo que López Obrador les dijo que debían acabar. Pero para entonces, no habrá punto de retorno.

La lucha por el gabinete

La integración del gabinete de Claudia Sheinbaum ha resultado una pesadilla para la virtual presidenta electa. Pero no fue el proceso de integración, que terminó incluso antes de la elección, sino el choque con la realidad. Sabía desde muchas semanas antes de ganar la elección que el presidente Andrés Manuel López Obrador quería que al menos una tercera parte del nuevo gabinete repitiera con caras actuales para mostrar la continuidad de su proyecto. Lo que no esperaba Sheinbaum es hasta dónde estaba tan decidido a mantener su exigencia.

Hasta antes de la reunión que sostuvieron hace una semana en Palacio Nacional, la única petición explícita del Presidente a su sucesora era que Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, fuera nombrada secretaria de Gobernación. Pese a no tener una buena relación con ella, Sheinbaum accedió. Rodríguez es, de todo el gabinete, a quien más quiere personal y políticamente López Obrador, y ha sido su incondicional desde hace un cuarto de siglo. También fue la única petición expresa que hizo López Obrador a Miguel Ángel Mancera cuando estaba armando su gabinete para gobernar la Ciudad de México, que la nombró secretaria de Desarrollo Social.

Sheinbaum conoce perfectamente ese vínculo. Por eso, en su diseño de gabinete dejó fuera a Luisa María Alcalde, la actual secretaria de Gobernación que en los últimos meses perdió apoyo de López Obrador, porque su relación con Rodríguez es una de las peores que hay dentro del equipo cercano al Presidente. A Alcalde la tiene pensada para que vaya a dirigir Morena, una vez que Mario Delgado, el líder del partido, termine la encomienda de la consulta sobre la reforma al Poder Judicial y se integre al gabinete.

Delgado no era una de las personas que quería Sheinbaum estuviera cerca de ella, por los expedientes y las carpetas de investigación abiertas en su contra por presunta relación con el crimen organizado, pero fue una de las figuras que regresará por la puerta grande después de la reunión en Palacio Nacional, donde la virtual presidenta electa llegó con una lista del gabinete y salió con otra del despacho de López Obrador. Delgado, en un principio, quedó perfilado para la Secretaría de Desarrollo Social.

No fueron los únicos cambios que hizo el Presidente al gabinete.

Sheinbaum llegó con su candidato para encabezar la Secretaría de la Defensa, pero el Presidente se lo cambió. A quien pidió López Obrador para ir a Lomas de Sotelo fue al general Gabriel García Rincón, el subsecretario de la Defensa que era el candidato original del actual general secretario, Luis Cresencio Sandoval, con quien no tiene empatía la virtual presidenta electa. El nombre del subsecretario parecía haber sido descartado ante el alejamiento reciente entre los dos, pero revivió como parte de la extensión de poder que desea transexenalmente López Obrador. En la Secretaría de la Marina sigue el forcejeo.

Otra figura que revivió fue la del exministro Arturo Zaldívar. Enviado al cuarto de guerra de Sheinbaum para preparar la reforma al Poder Judicial, con el compromiso de ser consejero jurídico –aunque en los últimos meses se ventiló la posibilidad en Palacio Nacional de que pudiera ir a Gobernación–, Zaldívar fue perdiendo espacios en el equipo de la entonces candidata por su actitud petulante –según describen quienes atestiguaron sus comportamientos– y, sobre todo, porque dejó de ser funcional como vocero durante los debates presidenciales. Sheinbaum le bajó el perfil para que dejara de aparecer en medios, una recomendación-instrucción que desacató al mantener su espacio en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, que no la tenía contenta.

Zaldívar se encontraba aislado, por lo que fue con el Presidente para quejarse de lo que estaba haciendo su sucesora. Zaldívar le dijo al Presidente que Sheinbaum estaba traicionándolo, según fuentes con acceso de primera mano a la información, y que estaba teniendo dudas sobre el contenido de la reforma al Poder Judicial. La advertencia de Zaldívar parece haber sido la razón por la que, cuando se reunieron en Palacio la semana pasada, López Obrador estaba muy preparado para lo que planteara Sheinbaum.

Cuando tocaron el tema, la virtual presidenta electa le expuso aplazar la discusión de la reforma y llevarla hacia el segundo cuarto de su gobierno, explicándole con un estudio que llevaba bajo el brazo el impacto que estaba teniendo en los mercados la inminente aprobación de la iniciativa presidencial con la mayoría calificada de la nueva legislatura. Al presentarle el documento, el Presidente sacó uno que tenía listo que argumentaba que el impacto en los mercados no sería problema y confiaba en que ni los inversionistas ni el gobierno estadounidense la presionarían.

Sheinbaum reculó mientras el Presidente le inyectó vida y un camino futuro al exministro, que parecía estar en el limbo hace 10 días. En este momento apunta a que será el consejero jurídico de la Presidencia, como una estación intermedia para brincar a la titularidad del Consejo de la Judicatura cuando se separe de la Suprema Corte de Justicia, como establece la reforma que escribió. Los ajustes presidenciales afectaron a Sheinbaum en otro campo donde tenía compromisos, como sucedió con Rogelio Ramírez de la O.

Ramírez de la O aceptó la oferta de Sheinbaum de repetir como titular de Hacienda a cambio de que le dejara nombrar a todo su equipo en la secretaría, en el SAT y en Pemex. Tras el encuentro con López Obrador, Sheinbaum pudo mantener el acuerdo que tenía con respecto al SAT, pero no en la titularidad de Pemex, donde Ramírez de la O quería al actual subsecretario, Gabriel Yorio, pero el Presidente insistió que sea Raquel Buenrostro, la actual secretaria de Economía.

Las diferencias principales han sido planteadas. López Obrador ya dijo lo que quiere y Sheinbaum ha aceptado. Algunas parecen superadas por un acuerdo mutuo, como el periodo que permanecerá el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en el próximo gobierno –que sería sustituido por Ernestina Godoy–, pero hasta que no se anuncie el gabinete, no se sabrá qué tan herida salió Sheinbaum del forcejeo con el Presidente.

Abusos presidenciales

Bastaron apenas unos días para que otra vieja creencia quedara demolida. Tener una ganadora en la elección presidencial con el mayor número de votos en la historia no dio inicio al traslado del poder real del inquilino de Palacio Nacional a la futura jefa de Estado. Andrés Manuel López Obrador no lo permitió, aunque cabe la pregunta ¿por qué lo habría permitido? No está en su naturaleza ni tiene cupo en su narcisismo. Comenzó a gobernar al día siguiente de ganar la elección en 2018, y cada vez hay menos dudas de que intentará hacerlo después de entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.

El 30 de octubre de 2018, dos meses antes de que Enrique Peña Nieto dejara de ser presidente, López Obrador anunció que cancelaría el aeropuerto de Texcoco mediante la difusión de un video donde se veía claramente sobre su escritorio el libro ¿Quién manda aquí?, editado por el expresidente del gobierno español Felipe González, el politólogo José Fernández-Albertos y el profesor de relaciones internacionales Gerson Damiani, que hablaban sobre la gobernanza, la erosión de las democracias representativas y el alejamiento de los electores de los políticos.

Esas reflexiones le dieron sustento al pensamiento de López Obrador antes de llegar a la Presidencia, que empezó a tejer las redes para traducirlo en su apoyo a la democracia deliberativa y a la crítica contra los políticos, a quienes acusa sistemáticamente de corruptos y alejados de un pueblo al que nunca entendieron. Aquel fue un golpe de mano contra las élites. Hoy, en su larga despedida del poder, llegará al 30 de septiembre, un día antes de entregar la Presidencia, con ese libro presente en la mente de todos, porque además de seguir golpeando a las élites con toda su fuerza, está transmitiendo el mensaje que también aplica para Sheinbaum.

Constitucionalmente, López Obrador aún no termina su mandato y Sheinbaum aún no lo comienza. Pero su falta de altura y calidad política tampoco sorprende. En estas dos últimas semanas no ha dejado de lastimar a quien construyó para ser su sucesora, que se ha visto incómoda, molesta incluso, e impotente porque su espacio de maniobra es muy estrecho y el Presidente insiste, con sus acciones, en llenar todos los espacios en lugar de estar abriéndolos para ella, no por cortesía, sino para dotarla de la fuerza y legitimidad para el arranque de sexenio que, financieramente, será difícil.

López Obrador no trata a Sheinbaum como lo hubiera hecho con la opositora Xóchitl Gálvez, a quien probablemente no hubiera recibido, y que estaría enfrentando en un conflicto poselectoral rabioso y violento. A Sheinbaum la trata como la gerente del voto de casi 36 millones de personas que sólo le pertenecen a él, que le permiten cometer atropellos, como anunciar antes que ella a un miembro de su gabinete y afirmar que la política económica no cambiará. Ambos anuncios le correspondían a la virtual presidenta electa, aplastada por la intromisión.

El abuso contra Sheinbaum es de antología. Públicamente la invitó a que lo acompañara a una gira. Cuando López Obrador ganó la elección presidencial, realizó una gira de la victoria por 30 entidades –no pisó Guanajuato ni Veracruz, que había perdido– para hablar con los gobernadores y celebrar en sus plazas públicas. Otro presidente, Carlos Salinas, realizó una gira de despedida por el país hasta el último día de su gobierno, pero no obligó, como ningún otro mandatario antes, a que el presidente electo fuera con él.

Lo que transmite López Obrador es que quiere que Sheinbaum lo acompañe como protagonista secundaria para mostrarle a quién realmente quieren. Los votos, dice, fueron de él, no de ella, por lo que el mérito electoral es suyo, no de ella. El mariscal del movimiento es también el soldado en la primera línea de infantería que va arrastrando a la futura presidenta para hacerle ver que quien manda es él. Que no se equivoque. Nada de que empiece a empoderarse. Y que no se mueva mucho porque le da descolones.

Pasó con la reforma al Poder Judicial, donde López Obrador y el coordinador de Morena en el Congreso, Ignacio Mier, calentaron la plaza financiera y produjeron nerviosismo en los mercados por los temores de que la mayoría calificada que tendrá en la “ventana de septiembre”, cuando cohabite sus últimos 30 días en el poder con la nueva legislatura, le permita desmantelar todos los contrapesos y dejar a los inversionistas con incertidumbre jurídica.

No ha sido el fondo de la reforma el problema, al coincidir plenamente Sheinbaum con lo que plantea López Obrador, sino la forma amenazante y revanchista del tono presidencial, sin dejar de lado la intransigencia. Sheinbaum trató de matizar proponiendo una nueva discusión; López Obrador la descalificó al día siguiente señalando que ya estaba demasiado debatida. La virtual presidenta electa reculó, lo que deja la impresión de que se sometió. Varios inversionistas canadienses y europeos comenzaron a preguntar esta semana quién iba a gobernar México en la siguiente administración, ella o él.

Sheinbaum ha hecho varias declaraciones recientes donde da señales de que las menciones de que será un títere de López Obrador le están afectando. El Presidente tendría que ser más cuidadoso –utópica esperanza–, pero es todo lo contrario. La recepción que le dio en Palacio Nacional el lunes es el ejemplo más desalentador, cuando la recibió en la puerta de la calle, no porque ansiaba su llegada, puede uno pensar, sino para mostrar su poder sobre ella. La abrazó con su brazo que apretaba en el cuello como llave inglesa para apretarla, para luego, casi forzado plantarle un beso grotesco en la mejilla.

Forma es fondo. El poder, que él siempre usurpó con éxito por la fuerza, ahora es indivisible. La transición va, pero será asimétrica. Ninguna generosidad política. Ninguna visión de largo alcance, estratégica. Él mandó antes de mandar, y lo hará hasta el último minuto de su sexenio. En el año siete, no hay duda de que lo intentará hacer, pero dependerá de Sheinbaum, para entonces ya sentada en la silla presidencial, hasta dónde se lo permite.

La guerra en Guanajuato

La ejecución de una madre, su hija de un año y un bebé de tres meses y su nuera el domingo en una vecindad ubicada en una colonia popular de León, es mucho más que un nuevo episodio de la violencia que se vive hace años en Guanajuato por el control del huachicol. Es una fotografía del momento, que revela la profunda corrupción que tiene enferma a la Guardia Nacional, vinculada con el Cártel de Santa Rosa de Lima para enfrentar a sus rivales, los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, y aporta una prueba de la expansión territorial del conflicto armado en el estado.

La ejecución tiene un alto significado. Es la primera vez que el Cártel de Santa Rosa de Lima sale de su territorio en el centro y sur del estado, colindante con Querétaro y Michoacán, y se desplaza hasta esa ciudad, la más grande de Guanajuato, en el centro-norte del estado, cercana de Jalisco. Esa organización fue fundada en 2014 por José Antonio Yépez, apodado el Marro, con el respaldo, por omisión o comisión, de la Gendarmería que creó el gobierno de Enrique Peña Nieto, para destruir a la Policía Federal.

Un especialista en seguridad dentro del gobierno federal sostiene que fue el momento cuando se pudrió Guanajuato. Los niveles de corrupción con las autoridades federales y estatales le permitieron al Marro evolucionar del robo de transporte y trasiego de drogas, al huachicol, un negocio criminal que superó en valor al tráfico de cocaína. Desde 2019 forjó una alianza con el brazo criminal del Cártel del Golfo, las Fuerzas Especiales Grupo Sombra, que fue remplazado por otro grupo de la misma organización, Los Escorpiones, encabezado por José Alberto García Vilano, apodado la Kena.

El Marro fue el primer líder criminal que se detuvo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en agosto de 2020, y el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseguró que con la captura, que descabezaba al Cártel de Santa Rosa de Lima, se resolvería el robo de combustible en la región. Estaba equivocado. Eso nunca sucedería ni contra esa organización ni contra cualquier otra, porque la estrategia presidencial fue nunca confrontar y sólo responder en defensa propia. El Marro y la Kena, detenido a principio de este año, siguen manejando sus organizaciones desde la cárcel, mientras que el huachicol está hoy peor que hace seis años.

La violencia que están provocando en Guanajuato viene de milicias del Cártel de Santa Rosa de Lima. Compuestas por jóvenes de la tercera generación de sicarios, tienen la crueldad característica de las organizaciones criminales tamaulipecas, que ya van en la cuarta, casi quinta generación de sicarios. Cuentan con la colusión y complicidad que tenía la organización con la Gendarmería de Peña Nieto, que se ha trasladado a la Guardia Nacional creada por López Obrador para acabar con las instituciones del pasado, que está bajo el control absoluto –con un estiramiento de la ley– de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La ejecución en León ubicó al grupo paramilitar del Estado mexicano bajo una lupa gigante, porque un video de una cámara de seguridad de un establecimiento contiguo a la vivienda mostró que cinco minutos antes de que se diera la matanza, un grupo de miembros de la Guardia Nacional entró con una bolsa negra y advirtió a sus ocupantes que huyeran. Tenían un día para irse de su hogar, les dijeron, de acuerdo con los testimonios. Dos hombres corrieron de la casa y se escondieron, el jefe de la familia que masacraron y su hijo. Las autoridades creen que el comando criminal iba por ellos. Asesinar a las mujeres y a los niños, en el caso del Cártel de Santa Rosa de Lima Los Escorpiones, no puede ser visto como un acto de venganza porque huyeron, sino un método de terror que han utilizado por varios años.

Lo emplearon en diciembre pasado en una hacienda en Salvatierra, que se encuentra dentro del territorio que controlan, cuando irrumpieron en una posada y asesinaron a 12 personas. Tres de las armas que se utilizaron las habían ocupado en otra matanza en marzo de 2022 en Villagrán, cerca de Celaya, cuando asesinaron a seis edecanes, a una de las cuales le cortaron la cabeza. Poco antes de ese crimen se había dado una escisión en el Cártel de Santa Rosa de Lima, donde varios de sus sicarios se fueron con el Cártel de Sinaloa, controlado por Los Chapitos. Dos de las mujeres asesinadas habían realizado visitas al penal local, aparentemente a sicarios de los sinaloenses, y otras dos tenían antecedentes penales.

En medio del terror de la nueva carnicería en León está la Guardia Nacional y las preguntas abundan. ¿Tenían una orden de cateo para ingresar a la vivienda? ¿Por qué entraron con una bolsa negra vacía y salieron, como afirman los testigos, con teléfonos celulares? ¿Por qué fueron a advertir que se fueran porque iban por ellos? ¿Cómo tuvieron conocimiento de ello? Y si lo sabían, ¿por qué no los protegieron? La pregunta última es ¿están detenidos?

López Obrador dice que van a investigar. No puede hablar en futuro. La investigación ya debe estar hecha. Debe tener la Guardia Nacional el nombre de sus elementos que son accesorios de un asesinato y deberían estar puestos a disposición de la autoridad. Nada de esto se sabe por el hermetismo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la que manda sobre ese cuerpo policial. Por su parte, con sus acciones, el Presidente los está encubriendo.

La ejecución de León abre el obturador de la cámara para mostrarnos lo que está sucediendo en el resto del país, la guerra de cárteles en su lucha por la expansión territorial, por el control de las plazas para la producción y el trasiego de drogas, el dominio sobre la actividad productiva y la vida cotidiana, con la complicidad de las autoridades en altos niveles, como aquí, donde la Guardia Nacional parece tener complicidades con todas las partes, aunque con una más que con otra.

El gabinete de Sheinbaum

Resuelto ya el problema fundamental que podría dividir al presidente Andrés Manuel López Obrador de su sucesora, Claudia Sheinbaum, el mes en que se aprobará la reforma al Poder Judicial, la siguiente estación de interés es el gabinete. La virtual presidenta electa anunció al término de su encuentro con López Obrador, que la próxima semana daría a conocer el equipo de trabajo que teóricamente la acompañará durante seis años y anticipó algo en lo que vienen trabajando desde hace algún tiempo, que algunas dependencias se compactarán.

En los últimos días circularon a través de WhatsApp listas de gabinetes, que tuvo que desmentir el coordinador del equipo de transición, Juan Ramón de la Fuente. Las listas conjugaban el pensamiento convencional a partir de conjeturas y percepciones, pero lo único que es posible confirmar en este momento son cuatro miembros del futuro gabinete. Dos de ellos repiten, Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda, y Alejandro Gertz Manero, en la Fiscalía General. La tercera es Rosaura Ruiz, que fue secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en el gobierno de Sheinbaum en la Ciudad de México, y que asumirá como secretaria de Educación, que absorberá al Conahcyt, hasta hoy un organismo público descentralizado. El cuarto es Andrés Lajous, secretario de Movilidad en la Ciudad de México, que pasaría a ser secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El nombre de Omar García Harfuch, que fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno de Sheinbaum, figura en todas las listas para ocupar el mismo cargo a nivel federal. Es un funcionario que ha impulsado fuertemente la virtual presidenta electa, a contracorriente incluso de López Obrador. Cuando el Presidente lo bajó de la contienda por la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México pese a haber ganado la encuesta, le ofreció la Secretaría de Gobernación en el futuro gobierno, lo que no fue aceptado por Sheinbaum cuando fue enterada de la propuesta que se había hecho a sus espaldas.

Sheinbaum pensó en García Harfuch para la Fiscalía General, pero Gertz Manero, que leyó rápidamente para donde iba, se acercó a ella todavía en tiempos de campaña, y tras mostrarle expedientes de casos en curso, le dijo que estaba interesado en trabajar con ella en el siguiente gobierno. Sheinbaum reculó y planteó la Secretaría de Seguridad federal para García Harfuch. Todavía no hay señales de que López Obrador haya dado su visto bueno para que sustituya a Rosa Icela Rodríguez –que no tiene una buena relación con la virtual presidenta electa–, pero la secretaría que recibiría posiblemente sería un cascarón.

Si se aprueban las reformas constitucionales que desea López Obrador en septiembre, la Guardia Nacional, el brazo operativo de la Secretaría de Seguridad, pasaría formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Aunque en la actualidad opera de esa forma, el traslado legal dejaría sin brazos a esa dependencia y quedaría reducida a coordinar las mesas de seguridad en el país y al control del gasto público. En el equipo de seguridad de Sheinbaum está previsto que esto suceda, por lo que el énfasis que tendría la secretaría –aun si mantiene su nombre– se recargaría en el trabajo de inteligencia e investigación, montada sobre la Central Nacional de Inteligencia, que pasaría a ser parte orgánica de esa dependencia.

Para llevar a cabo esta fusión, José Merino, que trabajó en el gobierno capitalino como titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, está desarrollando una plataforma que cruza todas las bases de datos para apoyo en las tareas de seguridad, repitiendo lo que fue Plataforma México, que destruyeron el secretario de Gobernación y el comisionado de Seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Mondragón. Plataforma México, sin embargo, se ha ido recuperando.

Hay otras carteras que despiertan gran interés, como la Secretaría de Gobernación, donde dos miembros del equipo de transición que fueron enviados expresamente por López Obrador han sido mencionados como posibles titulares, Arturo Zaldívar y De la Fuente. El exrector de la UNAM y exrepresentante de México en las Naciones Unidas aspiraba ser secretario de Relaciones Exteriores, lo que parecía una apuesta alta porque el interés del Presidente era que repitiera Alicia Bárcena. Sin embargo, las señales que emite el equipo de Sheinbaum son que De la Fuente se quedará con el cargo, tras el colapso de Bárcena por su deficiente manejo en la denuncia contra Ecuador en la Corte Internacional de La Haya por el asalto a la embajada en Quito.

Zaldívar se cuece aparte. Cuando acordó con el Presidente su renuncia a la Corte para regalarle a su última ministra, López Obrador le ofreció la Secretaría de Gobernación, pero Zaldívar le respondió que le sería más útil desde la Consejería Jurídica, para impulsar la reforma al Poder Judicial. En esa categoría se incorporó a la campaña de Sheinbaum, pero su destino fue cambiando en el diseño de Palacio Nacional, donde volvieron a impulsarlo para Gobernación.

La denuncia contra él que investiga el Consejo de la Judicatura y la forma histérica como se comportó como vocero durante los debates, lo alejaron del centro de toma de decisiones. Ayer no se ayudó. En una participación en Radio Fórmula, con Ciro Gómez Leyva, contradijo la apertura de Sheinbaum a una mayor deliberación pública sobre la reforma al Poder Judicial, repitiendo los dichos de López Obrador, que la gente ya la conoce y que la mayoría de los votantes ya la aprobó.

López Obrador había pedido que al menos una decena de miembros del gabinete repitieran para mostrar la continuidad en el proyecto. Hay varias, o varios que así lo harán, aunque posiblemente en diferente cartera, y otros seguramente figurarán, como Javier Corral, al frente de la Secretaría de la Función Pública, en el tránsito hacia una nueva agencia para el combate a la corrupción.

Esto es apenas una primera mirada a lo que se anunciará la próxima semana y, seguramente, otros nombres irán surgiendo, algunas sorpresas incluidas, para el gabinete de la próxima presidenta.

La reforma va

La comida entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ayer en Palacio Nacional, fue vasta en temas, pero sólo uno altamente delicado: la reforma al Poder Judicial. Acordaron que antes de que se instale la nueva legislatura, con la mayoría calificada de la coalición en el poder, se abrirá una discusión nacional sobre el tema, pero, como ha trascendido, no modificará la esencia que tanto temen los inversionistas, eliminar contrapesos que garanticen la certidumbre jurídica.

López Obrador parece haber hecho a un lado el mensaje que envió hace unos días Sheinbaum al Presidente de aplazar la aprobación para cuando tenga los controles del país en la mano, ante la reacción negativa de los mercados, que puede tener un impacto en la economía. Prevalecerá su dogma, porque, como aseguró el viernes, la justicia está por encima de los mercados. López Obrador le reiteró a Sheinbaum que había que oír al pueblo, y el pueblo votó masivamente por lo que quiere el Presidente.

Si con el mandato de las urnas en 2018 canceló el aeropuerto de Texcoco, lo que provocó la depreciación del peso frente al dólar y pérdidas en la Bolsa Mexicana de Valores, con mayor razón con el mandato de 2024. Mal haría el Presidente en equiparar los dos momentos. No es lo mismo crear condiciones que afecten la certeza jurídica, que suspender una obra, por más grande que sea. La primera tiene efectos para el país; la segunda le restó credibilidad a él y limitó la inversión. Un mal diagnóstico puede ser desastroso para el país. Ayudaría que revisara la historia.

Septiembre –otro septiembre crítico– de 1982, el último informe presidencial de José López Portillo, donde el presidente electo, Miguel de la Madrid, era uno de los invitados especiales. En medio de una crisis de endeudamiento externo y fuga de capitales, nacionalizó la banca. De la Madrid, quien había sido informado de la decisión la noche anterior, visiblemente molesto por esa medida que rechazaba, le aplaudió con desgano, entendiendo lo que vendría.

La nacionalización de la banca llevó a la desintermediación financiera, donde todos los bancos eran del Estado y competían muy poco entre sí. Durante nueve años, de 1982 a 1991, cuando se desnacionalizó, obstaculizaron el crecimiento del país, al frenar financiamientos y créditos para ampliar la infraestructura. La inflación anual llegó a 150% y disminuyó la masa monetaria, que es la disponibilidad de dinero.

El otro momento es el 15 de noviembre de 1994, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos hizo un ajuste muy agresivo a su política económica e incrementó en 75 puntos base su tasa de interés. Los efectos en México fueron inmediatos.

El sábado 19 de noviembre hubo una reunión en la casa del presidente Carlos Salinas, junto al bosque de Tlalpan –ya no vivía en Los Pinos–, donde dijo que si era necesario devaluar, devaluaría. Antes, en septiembre, el presidente electo, Ernesto Zedillo, por medio de quien fue su jefe de Oficina, Luis Téllez, le había pedido a Salinas que devaluara, pero el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe, cuando se lo comentó el presidente, se negó a hacerlo, amenazando con renunciar.

Para el 19 de noviembre, 10 días antes de la toma de posesión de Zedillo, las condiciones habían cambiado. Zedillo rechazó la idea de Salinas y decidieron que aguantarían. Aspe se ofreció a seguir en el cargo de Hacienda para manejar una devaluación, acompañada de su renuncia posdatada. Zedillo rechazó de inmediato la propuesta y sugirió que durante ese periodo, hasta el primero de diciembre, hubiera dos secretarios de Hacienda. Salinas se negó, pese a ser amigo de Jaime Serra Puche, quien sería el secretario de Hacienda, llegando con tensión y enfrentamiento entre los equipos entrante y saliente.

El 19 de diciembre, un mes después, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció la creación de municipios autónomos, que, registró el Banco de México, “provocaron un ataque especulativo de gran magnitud” contra el peso que ya no pudo ser contenido por las medidas. Para enfrentarlo, la Comisión de Cambios acordó abandonar el régimen cambiario, pero guardar las reservas. Hasta ese entonces, el tipo de cambio era fijo, por lo que cada alteración no se reflejaba en la paridad contra el dólar, sino en la pérdida de reservas, que es lo que quería evitar el Banco de México.

Zedillo no atendió las recomendaciones del Banco de México. Serra Puche dijo que se abandonaría el tipo de cambio fijo y se abriría la banda de flotación en 15% el 22 de diciembre. La decisión no se procesó adecuadamente, ni se buscó apoyo del gobierno de Estados Unidos para que lo ayudara a contener una nueva corrida de capitales, por lo que el peso terminó depreciándose 71%. Aquel momento se conoce como “el error de diciembre”, pero igual podría llamarse “el error de septiembre” o “el error de noviembre”.

En ambos casos de nuestra historia reciente, decisiones que resultaron equivocadas por los resultados obtenidos, provocaron inicios de gobierno muy tortuosos para los presidentes entrantes, que es el escenario que vivimos actualmente con las reformas constitucionales que insiste López Obrador se aprueben en septiembre.

Hoy, a diferencia de 1994, porque en 1982 se decretó el control de cambios, no hay un tipo de cambio fijo, por lo que las turbulencias en los mercados financieros no agotan las reservas, pero impactan directamente sobre el tipo de cambio. La mayoría calificada que tendrá López Obrador provocó el tercer repunte más drástico del dólar frente al peso desde 1968, que se tiene registrado, sólo atrás de 1985, tras el terremoto en la Ciudad de México y 1995. Hay otras implicaciones, y probablemente obligarán la próxima semana al Banco de México, cuando analice si baja la tasa de interés, como se espera, que postergue su decisión.

Lamentablemente López Obrador, un etnocentrista, no tomará en cuenta las experiencias mexicanas sobre lo que una decisión del presidente saliente puede provocar al gobierno entrante. No está viendo más allá del 30 de septiembre, aunque el tipo de cambio continuó depreciándose ayer tras su comida.

La hora de la verdad

La hora de la verdad entre Andrés Manuel López Obrador comienza hoy con un problema toral: en qué momento aprobar la reforma judicial. El Presidente quiere colgarse esa medalla con sabor de venganza, antes de que termine su mandato el 30 de septiembre. La presidenta electa, que ha expresado reiteradamente estar de acuerdo en lo que propone su mentor, no está tan segura. Antes de las elecciones sintió la preocupación de empresarios e inversionistas por la reforma provocaría incertidumbre jurídica, que la llevó a considerar tiempos distintos a los de López Obrador para su deliberación y, eventualmente, aprobación.

Este se espera sea el principal tema que tratarán hoy López Obrador y Sheinbaum en Palacio Nacional, tras una semana de escaramuzas políticas, económicas y jurídicas entre los dos durante cinco días, pero en el fondo de ese diálogo está algo más profundo: si López Obrador está realmente dispuesto a dejarla gobernar. El viernes dejó entrever que si, solo si, gobierna como él cree que debe gobernar. De otra forma, anticipó que saldrá del rancho a donde dijo que se retiraría de la vida pública, y señalará donde no esté de acuerdo. Es una amenaza clara con una arma cargada, la revocación de mandato.

La administración que hizo Sheinbaum de López Obrador durante la campaña sacrificando capital político, entró en una nueva dinámica tras ganar las elecciones. López Obrador piensa en él y no le importó la reacción de los mercados ante la posibilidad de que una mayoría calificada en el Congreso, como se perfila tendrá, apruebe la reforma al Poder Judicial y la desaparición de los organismos autónomos, desapareciendo los contrapesos internos y regresándonos a un país que algunos vivimos en los 70, con todo lo que eso conlleva. Sheinbaum no termina el mandato con él. Empieza su presidencia, a la cual López Obrador le etiquetó presupuesto para forzarla a ser una líder subrogada durante al menos un año para que termine lo que dejó pendiente, cuando podrá empezar a gobernar sobre su plataforma y lo que piensa para el país.

La discusión sobre los tiempos para la reforma judicial está siendo la lucha pública más fuerte, pero no es la única. López Obrador quiere que repita el gabinete para mostrar la continuidad a su proyecto. Sheinbaum, que fue electa para continuar con el proyecto, tiene otros planes para el gabinete y varios perfiles acabados –en algunos casos ya operando–. En los tiempos de la campaña tuvo que aceptar imposiciones, como la del ministro Arturo Zaldívar, que primero fue perfilado como consejero jurídico de la Presidencia y después como secretario de Gobernación, a donde ahora están ubicando a otro de los debes presidenciales, Juan Ramón de la Fuente. Quiere el Presidente que repitan Luisa María Alcalde y Raquel Buenrostro, que podrían hacerlo en distintas carteras.

Sheinbaum tiene margen para hacer concesiones, como algunos puestos en el gabinete –salvo uno intransitable hasta este momento, Octavio Romero Oropeza, que a finales del año pasado le pidió al Presidente, su entrañable amigo, repetir en Pemex–, o concilió términos con otros funcionarios, como con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, con quien trabajará al menos dos años, y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien dijo que seguirá en el cargo por tiempo “indefinido”, un periodo que va de meses a dos años, según con quien se hable en sus equipos. Pero hay otros temas donde es más difícil estar en la misma hoja de ruta del Presidente, como el de la reforma al Poder Judicial.

Sheinbaum cree en ella y respalda que la designación de ministros, jueces y magistrados sea por voto popular. En las reuniones donde los empresarios y los inversionistas le expusieron sus preocupaciones, los escuchó, pero no se pronunció. En privado habló de que el mejor escenario para ella sería que Morena y sus aliados no ganaran la mayoría calificada para poder iniciar su gobierno sin esa tensión y procesar su propia iniciativa para reformar al Poder Judicial un poco más adelante. La realidad le quitó ese espacio y López Obrador apresuró los tiempos.

La presidenta electa necesita convencer al Presidente, vista la reacción de los mercados, que utilizar por primera vez la mayoría calificada para colonizar el Poder Judicial y destruir los órganos autónomos –reformas de primera generación democrática–, no es lo más conveniente, ni tampoco prudente, aunque está de acuerdo con él. A López Obrador no le importa lo que suceda a partir del 1 de octubre, pero para Sheinbaum, comenzar con la depreciación del peso más grande al arranque de un gobierno en este siglo, y el mensaje a los inversionistas cuando ha hecho del nearshoring el eje de su estrategia para atraer recursos que financien el crecimiento y apoye los programas sociales, provocará una desconfianza que tardará, si eso es posible, en modificarla.

Sheinbaum se encuentra en una situación comprometida. López Obrador no oculta lo que desea y si no logra la presidenta electa aplazar la discusión de las reformas para el siguiente sexenio, quedará la impresión de que, pese a todas las alertas, no pudo con su antecesor, y abrirá serias dudas de que pueda contener al ciudadano aunque ella porte la banda presidencial. Si tiene éxito, generará confianza y credibilidad ante todos, que cuando hablen con ella sabrán que su palabra sí vale y no depende de las ideas ni de los humores de su predecesor.

López Obrador nunca va a entender, porque así no funciona la mecánica de su mente, que buena parte de su legado depende que le vaya bien a Sheinbaum. Su legado no se medirá en su pasado y concluye el 30 de septiembre. Son los resultados y la consolidación de un régimen nuevo para muchos que necesita dar resultados. Lo que está haciendo el Presidente la lastima antes de asumir la Presidencia, y es un tiro en el pie que él mismo se está dando. La tarea de Sheinbaum a partir de hoy, la definirá a ella, a su Presidencia y a su propio legado.

35 millones de votos, ¿sin consecuencias?

Se necesita cara dura, en extremo, para que después del monumental fracaso en las elecciones del domingo pasado, los líderes del PAN, Marko Cortés, y del PRI, Alejandro Moreno, no hayan ofrecido su cabeza en un acto de ética política. Así lo hizo Germán Martínez, tras la derrota panista en las intermedias de 2009, y Manlio Fabio Beltrones, luego del revés priista en las elecciones de 12 gubernaturas en 2016. Pero ni Cortés ni Moreno están hechos de esa madera. Dentro de sus partidos y desde afuera les han exigido sus renuncias, que han toreado con poca destreza y sobrado cinismo.

Más de 35 millones de votos –rozando los 36–, que obtuvo Claudia Sheinbaum el domingo en la elección presidencial, casi seis millones de votos más de los que obtuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace seis años, marcaron la avalancha de un electorado a favor de la coalición de gobierno que tuvo un repudio proporcional, por el tamaño de la derrota, de los partidos de la coalición que encabezó Xóchitl Gálvez. Cortés y Moreno, ni lo ven, ni lo oyen, ni lo sienten. Tienen una vida política que prolongarán unos años más en el Senado, desde donde ignorarán la ignominia.

Sus resultados son escandalosos.

Gálvez tuvo menos votos de su coalición de los que consiguieron los candidatos del PAN, Ricardo Anaya, y del PRI, José Antonio Meade, en las elecciones presidenciales de 2018, cuando obtuvieron en forma combinada, porque no compitieron en alianza, 21 millones 896 mil 529 votos. Gálvez consiguió 16 millones 385 mil 114 votos, incluidos los del PRD, que formó parte de su alianza, pero se quedó cinco millones y medio corta con respecto de los resultados de sus partidos hace seis años.

La contabilidad de los votos no puede determinar cuántos de ellos fueron de la sociedad civil, por lo que los números absolutos de los partidos probablemente serían menores. Lo que sí queda evidenciado es que el domingo pasado el voto de los partidos sufrió un declive importante, y tuvieron menos votos por la candidata presidencial en 2024, que en 2018.

Hace seis años, Anaya obtuvo 12 millones 607 mil 779 y Meade 9 millones 288 mil 750. El domingo, Gálvez recibió 9 millones 629 mil 340 votos panistas y 5 millones 723 mil 408 priistas. Del PRD, que en 2018 respaldó a Anaya, recibió un millón 602 mil 715 votos, contra un millón 118 mil 884 que le entregó a Gálvez, y que lo tiene en el umbral de perder su registro. En términos porcentuales, Gálvez alcanzó poco menos de 10 puntos de los que tuvieron Anaya y Meade juntos.

En el ámbito legislativo, Cortés y Moreno tuvieron otra titanesca derrota. Un análisis del reportero Víctor Chávez de EL FINANCIERO revela que la presencia del PRI en la Cámara de Diputados disminuyó de 17.73% en 2021, las últimas elecciones intermedias, a 11.25%, que significó una reducción de su peso en 6.38%, mientras que en el Senado pudieron mantener las pérdidas en menos proporción, situándose en 3.9%. El PAN logró “una endeble estabilidad” en el legislativo, describió Chávez, pero lo arrastraron el PRI y el PRD en la contienda presidencial. Bajo la tutela de Cortés perdió la gubernatura de Yucatán –cuyo gobernador, Mauricio Vila, era el mejor evaluado de todos los mandatarios estatales–, tuvo pérdidas en Querétaro y Chihuahua, que gobiernan. El único estado donde pueden reclamar victoria es en Aguascalientes.

De los tres partidos, la debacle mayor es del PRI –no sorprendió el desvanecimiento del PRD–, como lo mostró un detallado trabajo de la reportera de Excélsior Leticia Robles de la Rosa, donde señala que la hegemonía política de ese partido colapsó durante los cinco años de la presidencia de Morena. En este quinquenio, afirmó, perdió 80.3% de su militancia, y se le fueron de las manos 11 gubernaturas –entre las que se encuentran Estado de México e Hidalgo, que nunca habían estado en manos de la oposición–, que pudo haber llegado a 12 si el PAN no lo ayuda para ir en alianza por la de Coahuila, otro de sus bastiones históricos.

De la Rosa apuntó que ninguna de sus candidaturas uninominales tuvo éxito el domingo pasado, y apenas logró 2.1% de las curules en los Congresos estatales. Apoyado por el PAN y el PRD, ganó 442 ayuntamientos, pero en aquellos que compitió solo, señaló la reportera, sólo alcanzó el triunfo en 120. Hace seis años, cuando tenía la Presidencia, el PRI era la principal fuerza política del país. Los resultados del domingo lo ubican en el cuarto lugar, debajo de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano.

Quedó a 21 millones 601 mil 24 votos de Morena, que le fue arrebatando cuadros en sus bases y en la alcurnia del partido, lo que le permitió incluso colocar candidaturas ganadoras en el Partido Verde, un invento del expresidente Carlos Salinas y el exsecretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios, que consiguió 4 millones 673 mil 7 votos, a escaso un millón para tragarse al PRI.

Moreno, entrevistado el martes por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, dijo: “Estamos en el momento más complejo del país. Hemos dado la batalla y, como se dice, no vamos a tirar el arpa porque hoy está en riesgo la democracia”. O sea, se apresta a defender la patria y su democracia, que ciertamente no practica en el PRI, que controla su claque. Cortés, menos grandilocuente, dijo que en breve se iniciará el proceso para renovar la dirigencia, mientras que en la oscuridad prepara su relevo por Jorge Romero, un desprestigiado panista de su grupo.

La prensa política apunta a la extinción de los dos partidos, pero es debatible. Por un lado, los votos que obtuvieron muestran que las franquicias aún valen, pero en la encuesta nacional de Buendía&Márquez de mayo, 60% dijo que nunca votaría por el PRI y 53% dijo lo mismo del PAN. No está claro si el declive es por la marca o sus líderes, pero los dirigentes, por su ambición, las siguen dinamitando.

El verdadero problema de la elección

El Partido Verde, explicó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la explicadora de los resultados de la elección del domingo, tendrá 74 diputados en la próxima legislatura, con lo que se convertirá en la segunda fuerza en el Congreso, debajo de Morena. Quedará con dos diputaciones arriba del PAN y contará con 40 más que el PRI. Nada mal. Competir de manera parcial en las elecciones –en un tercio del país y 12% de los distritos electorales– fue un buen negocio: subió en 34 el número de diputados que logró en 2021 y ganó seis escaños en el Senado, donde, si se confirman los votos que recibió en los cómputos distritales que comenzaron ayer, tendrá 14.

El Partido Verde fue el gran ganador en las elecciones legislativas, porque es el que más ganó proporcionalmente, pero es una gran mentira. Los verdes son una fuerza artificial, producto de la identidad mercenaria que los ha distinguido desde su nacimiento en 1986, dispuestos a venderse al mejor postor a cambio de dinero en prerrogativas, que con estos resultados se elevarán en 100%. Ahí está buena parte de su motivación, que les hace resbalar cualquier indicio de pudor. Fueron aliados de Vicente Fox en 2000, de Enrique Peña Nieto en 2012, y llevan dos elecciones generales como incondicionales de Andrés Manuel López Obrador.

Hoy, el Partido Verde es el mejor estudio de caso del verdadero problema de la elección del domingo, por las consecuencias que tiene para el país y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en el corto plazo. Se trata de la llamada sobrerrepresentación en el Congreso, cuyos límites fueron regulados a nivel federal en 1996 y local en 2014, para que en ningún caso los partidos pudieran tener un número de legisladores superior a 8% de su votación. “Se trata de un lineamiento que busca garantizar un principio democrático elemental, que todos los votos cuenten igual”, escribieron en Nexos en diciembre de 2020 Javier Martín Reyes y Juan Jesús Garza, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

La sobrerrepresentación, cuando se excede de ese máximo –el espíritu del límite no es rebasarlo sino reducirlo a cero–, como califican Reyes y Garza, es un fraude a la Constitución. Los partidos grandes, por conveniencia y posibilidad de extender sus bancadas –para poder cumplir con sus compromisos y desarrollar ingenierías electorales que les permitan victorias electorales–, colocan candidaturas bajo los colores de otros partidos, y los pequeños, aceptan darles el lugar para que les impongan nombres, porque les da curules y escaños, además de dinero.

Los dos ganan, pero pierden los ciudadanos. El voto es equivalente a entregar un mandato para que la candidatura tome decisiones en nombre de uno, que se basa en la plataforma política que se presentó. En ejemplos más terrenales, se dan casos grotescos como el de Mario Delgado, que llegó a San Lázaro en 2018 por el PT –que como le perjudicó en la asignación de curules, dijo que nunca lo había postulado–, de donde brincó rápidamente para ser el coordinador de la bancada de Morena, y de ahí a la presidencia del partido. Otro caso, recordaron Reyes y Garza, se dio en las elecciones de 2018, cuando el Partido Encuentro Solidario, que no ganó ningún distrito electoral y perdió el registro al no alcanzar 3% del voto nacional, tuvo 56 diputados que debajo de su disfraz llevaban la marca de Morena.

La sobrerrepresentación es el debate del día sobre las elecciones del domingo y motivo de las impugnaciones más serias, porque se estima que el rebase del máximo constitucional por parte de Morena, el Partido Verde y el PT es de 18%, más del doble del permitido como máximo por la Constitución. Con los números que ha dado a conocer la secretaria Alcalde, el investigador Reyes encontró que la sobrerrepresentación de Morena es de +8%, el Verde de +6% y el PT de +5%, mientras que el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano quedarían con una representación negativa de -3, -4, -2 y -6%, respectivamente.

Esta discusión que se ha venido dando en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral llegará a tribunales si después del cómputo distrital se mantienen los porcentajes que cantó Alcalde en Palacio Nacional.

La argumentación de los partidos en el poder es que individualmente ninguno rebasa el máximo constitucional, por lo que uno de los escenarios en la estrategia de litigio de la oposición tendría que ser que el Tribunal Electoral debe considerarlos como coalición, tomando como base el convenio de coalición de marzo pasado.

Otra argumentación podría ser a partir de la afiliación efectiva, que fue el criterio de la impugnación en las elecciones de 2021, para que se realice la asignación de curules con base a qué partido pertenecían los candidatos antes de firmarse la coalición. Ese criterio resolvió las anomalías de la sobrerrepresentación en 2015, cuando el PRI y el Verde, que tuvieron 40% de los votos, alcanzaron 50% de las curules en San Lázaro, que significó un rebase al tope de menos de 2%. Pero no lo hizo en 2018, cuando el PRI impugnó la sobrerrepresentación del PES bajo el criterio de que el voto no debería de ser visto únicamente como una unidad de medida, sino como parte integral del mandato a partir de la plataforma electoral.

El debate es técnico pero útil para resolver la distorsión existente, expresada, por ejemplo, en que el voto verde es inferior al del PRI, pero obtuvo mucho más curules que el tricolor. No obstante, su resolución es fundamental para el país. Si el tribunal resolviera sobre el argumento de la afiliación efectiva, Morena probablemente perdería de 13 a 16 diputados, que sería un número mayor si se aplicara el criterio de que la asignación se haga por coalición. En ambos casos, lo que estaría en riesgo es la mayoría calificada, que echaría por la borda los planes de reformas constitucionales que tiene López Obrador. Existe, claro, otra opción: que el Tribunal Electoral deseche las impugnaciones.

La ventana de septiembre

Por segundo día consecutivo, los mercados reaccionaron negativamente ante las noticias de que la avalancha electoral de Morena el domingo le garantiza la mayoría calificada en el Congreso y prácticamente en el Senado, que temen lleve a la incertidumbre jurídica. El peso sufrió otra caída y cerró en Nueva York en 17.88 unidades por dólar. Sus pérdidas superaron las del lunes, que desataron una volatilidad que no se veía en siete meses, preocupando a la Secretaría de Hacienda y al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, por el inesperado nerviosismo en los mercados.

El mayor temor, sin embargo, no es por lo que suceda en octubre, cuando arranque el nuevo gobierno, sino lo que varios inversionistas llaman ‘la ventana de septiembre’, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador cohabite con la supermayoría de Morena y sus aliados en la nueva Legislatura. “Es la ventana de mayor preocupación”, declaró Gustavo Medeiros, jefe de Investigación de Ashmore, un grupo especializado en administrar inversiones en países emergentes a Reuters. “Todo es posible”, señaló a Bloomberg Shamalia Khan, jefa de Administración de Activos de UBS para mercados emergentes. “Tienen un muy importante mandato. ¿Lo van a usar para resolver algunos de los temas más importantes como lo fiscal y la reforma energética? O se enfocarán en otras prioridades que no son consideradas positivas para los mercados”.

López Obrador no ayudó a serenar los mercados, y el lunes, en medio de los sobresaltos, dijo que hablaría con Sheinbaum para determinar si presentaba su paquete de reformas constitucionales antes de que iniciara su administración. Las reformas que más inquietan son las del Poder Judicial, porque abriría la puerta para elegir ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados por elección popular, que piensan tomarían decisiones ideológicas, y la que desaparece los órganos autónomos y elimina los contrapesos. Otra reforma que piensan puede regresar es la energética, que con esa mayoría acotaría las inversiones extranjeras, permitiría expropiaciones y perjudicaría las oportunidades de México en el nearshoring.

El nerviosismo no menguó en la madrugada del lunes luego del anuncio de que Ramírez de la O repetiría como secretario de Hacienda. No ayudó internamente que se entrometiera en una responsabilidad única de la virtual presidenta electa, y generó una serie de mensajes contradictorios durante el día sobre ruedas de prensa para tranquilizar los mercados, que fueron canceladas. Ayer a primera hora, Ramírez de la O sostuvo una conferencia telefónica con inversionistas para tratar de tranquilizarlos, pero su mensaje fue decepcionante.

En apenas poco más de dos minutos habló únicamente de lo que hará para reducir el déficit fiscal el próximo año, disminuir el endeudamiento y volver a garantizar la autonomía del Banco de México. Nada dijo para sosegar a los mercados sobre los escenarios de mediano plazo y la “ventana de septiembre” porque no puede garantizar nada. Es imposible que tenga un acuerdo con López Obrador para que no envíe las reformas en septiembre, y tampoco puede comprometerse a que si llegan las iniciativas en la siguiente administración, se excluyan las partes que amenazan al Estado de derecho y provean certidumbre jurídica.

Esto es lo que más preocupa a todos los inversionistas y las empresas, acostumbradas a lidiar con dictaduras, regímenes autoritarios, con señores de la guerra que se dividen en territorios un país, y democracias inestables. Para el gran capital no importa el tipo de gobierno en un país, sino que se respeten las reglas o las leyes. La experiencia con López Obrador es que no respeta las leyes y suele cambiar a conveniencia las reglas del juego.

La reforma al Poder Judicial fue el único tema que abordaron con Sheinbaum inversionistas y empresarios en las diversas reuniones que sostuvieron con ella en la Ciudad de México y Monterrey. La petición unánime fue que no se realizara la reforma bajo los términos que está planteada –el acceso por voto directo para ministros, jueces y magistrados–, a lo que Sheinbaum no respondió, pero dejó de hablar del tema desde entonces.

La entonces candidata pensaba que podía lidiar mejor con el tema y patearlo hacia delante si Morena no alcanzaba la mayoría calificada, lo cual no sucedió y la colocó en una situación incómoda porque ella tendría que lidiar con los mercados y las inversiones, mientras que López Obrador, arquitecto de lo que está sucediendo, vería las cosas desde su rancho. El Presidente no tiene remedio, y lo debe saber su sucesora. Ayer, López Obrador dijo que los mercados habían reaccionado de esa manera porque están desinformados.

Los inversionistas están esperando una señal de la virtual presidenta electa, como el anuncio de su gabinete económico. Además de Ramírez de la O, otro puesto importante será el director de Pemex, donde el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, y el líder de Morena, Mario Delgado, ya han expresado al equipo de Sheinbaum su interés en la paraestatal. Una gran opción, que tiene en Gerardo Esquivel, podría ser vetada por López Obrador, que ya le anticipó a Sheinbaum que desea que el gabinete repita como señal de continuidad.

No parece que Sheinbaum acatará sus deseos, y en su equipo se está manejando el nombre del excanciller Marcelo Ebrard para que encabece la Secretaría de Economía, con la responsabilidad de llevar la renegociación del T-MEC, el acuerdo norteamericano donde participó en el tiempo de la transición del gobierno de Enrique Peña Nieto al de López Obrador. En la Secretaría de Energía se ha estado perfilando Jorge Islas, un académico universitario que se sumó al equipo de Sheinbaum hace un año aproximadamente, y quien desarrolló todo el plan energético.

En la reserva tiene a la empresaria Altragracia Gómez, que ha causado una muy buena impresión entre empresarios e inversionistas, que se ha encargado de desarrollar los perfiles para el gabinete y cumplir con la encomienda de establecer los contactos con los equipos de los candidatos presidenciales Joe Biden y Donald Trump, aunque ha expresado que una vez instaurado el nuevo gobierno, quiere regresar a sus actividades.

Tenemos un nuevo país

La avalancha electoral con la que Morena bañó el país el domingo nos coloca en la realidad de una sociedad que estaba ahí pero no la habíamos visto, donde la mayoría de quienes decidieron el futuro nacional confirmó el porqué de la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador: no le importan casi un millón de muertos, ni la violencia, ni la corrupción; es irrelevante la separación de poderes, los contrapesos y la rendición de cuentas; un régimen de libertades es cosa del pasado, y el Estado de derecho es secundario. El voto por Morena consolida el régimen híbrido de López Obrador, donde la división entre democracia y autoritarismo es muy delgada.

Pablo Hiriart lo definió en EL FINANCIERO como “la terrible regresión”, porque un proceso electoral que no fue justo ni balanceado entregó a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum “un triunfo ganado por la intervención anticonstitucional del Presidente y la compra de voto más grande en la historia”. Recursos masivos distribuidos entre el electorado, inducción y manipulación son algunas de las herramientas que sugiere se utilizaron para tener una elección fraudulenta, no el domingo, sino de tiempo atrás. Sin embargo, los datos que empiezan a surgir sobre cómo votaron unos 35 millones de mexicanos permiten reflexionar sobre si la “regresión” es algo mucho más profundo y se extiende más allá del andamiaje social y político.

¿Qué fue lo que provocó un tsunami político muy superior al que vivió López Obrador en 2018? Muchos plantean que fueron los programas sociales que bañaron a 30 millones de familias con 25 mil millones de pesos anuales, que hizo sentido con la propuesta de Sheinbaum de construir “el segundo piso de la transformación” y la estrategia de señalar que, de ganar la oposición, se acabaría la entrega de esos recursos. Otros pueden considerar el fracaso de la opositora Xóchitl Gálvez, que perdió 2 a 1 ante Sheinbaum, mostrando lo fallido que resultó el planteamiento de su campaña. Unos más tendrán la certeza de que el PAN, el PRI y el PRD son franquicias agotadas.

Los datos de las encuestas de salida, no obstante, proponen reflexiones adicionales. Consulta Mitofsky reportó que en todos los segmentos y cruces que realizaron en su sondeo el domingo, Sheinbaum no sólo ganó sino incrementó los porcentajes que obtuvo López Obrador en 2018. Sólo en dos categorías, en el nivel de ingreso alto y de universitarios y posgrados, no lo logró. En el primero quedó debajo de Gálvez por tres décimas de punto, y en el segundo se quedó a 1.8 puntos de empatar lo que tuvo López Obrador hace seis años. Elevó, en cambio, el voto joven de 18 a 29 años en casi 5 puntos, 0.3 en aquellos entre 30 y 49, y 3.8 en mayores de 50.

¿Por qué, pese a que la mayoría de los indicadores en la gestión de gobierno de López Obrador es negativo, el Presidente triunfó en su plebiscito y la candidata oficialista obtuvo al menos 4 millones de votos más que él en 2018? La encuesta de salida a boca de urna mostró un impacto importante de los programas sociales, al responder 56.1% que sí los recibía, aunque 41.9% que no es beneficiario también votó por ella por encima de Gálvez. Incluso si los adultos mayores, principales beneficiarios de los programas sociales, hubieran votado homogéneamente por Sheinbaum, apenas representan 14% de la lista nominal, mientras la tercera parte de la lista se encuentra en la población de 19 a 34 años –donde se cruzan grados de escolaridad y programas sociales–, donde su ventaja fue de cuando menos 15% sobre su rival.

Las clases medias, vilipendiadas sistemáticamente por López Obrador, también optaron por Sheinbaum sobre Gálvez por casi 20 puntos en el segmento de ingresos medios, y 16.6% arriba de la opositora en las zonas urbanas, que habían votado predominantemente contra López Obrador y Morena. Tampoco los ataques presidenciales contra ese grupo social antepusieron sus agravios al voto por el proyecto presidencial.

López Obrador elogió a la ciudadanía por haber hecho valer sus derechos el domingo y decidir “libre y democráticamente”. El respaldo fue, como lo ha dicho en anteriores ocasiones de forma maniquea, por “un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Esa frase, que utiliza fuera de contexto, proviene del discurso de Abraham Lincoln tras la batalla de Gettysburg en la Guerra Civil de Estados Unidos, que ciertamente hablaba de una democracia participativa, pero en el contexto de un sistema político armado con contrapesos y rendición de cuentas.

No es esto lo que quiere López Obrador y que tampoco desea, por sus discursos, la virtual presidenta electa. El electorado, menos. Como se vio el domingo, la mayoría está conforme con la violencia, la corrupción, las deficiencias, la colonización de instituciones y órganos autónomos, la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas. Votó por un régimen híbrido que está caminando de la democracia al autoritarismo, y de ahí el señalamiento de Hiriart como una “regresión”. ¿Se equivocó el pueblo?

Los mexicanos no votaron como los ingleses cuando apoyaron el Brexit y al día siguiente preguntaron qué era eso. Los mexicanos votaron por un sistema conocido desde 2018, y apoyan esa “regresión”. La pregunta es por qué. No hay respuesta en este momento, sino una invitación a reflexionar a partir de la premisa de que los valores de la democracia, como los conocemos, dejaron de ser importantes y fundamentales en México.

La avalancha electoral muestra que la soberanía popular que planteó Lincoln –sin los contrapesos que él tenía– es lo que quieren que defina a la nación, donde un poder centralizado –como el de López Obrador– aplaste a sus adversarios y al pensamiento crítico, con una narrativa que alimente el sentido de injusticia y reclame reparación, que fue lo que llevó el país de la polarización hacia el alineamiento político e ideológico. El voto no fue por la democracia sino por el autoritarismo. Llamémoslo por su nombre. Después de todo, es el mandato de las urnas.

Director: Juan Luis Parra

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