La poderosa personalidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hacia el interior de su gabinete inspira terror, ha cambiado muchas cosas dentro y fuera del gobierno. Una de ellas, por extraordinaria, es la forma como el Presidente le está armando el gabinete a quien está convencido que lo sucederá, Claudia Sheinbaum, y la manera como varios miembros de su equipo han normalizado lo atípico e ilegal al seguir las reglas de juego de López Obrador. El más significativo, por lo que representa la institución que encabeza, es el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval.

Durante algún tiempo a finales del año pasado y al comenzar este, el general coqueteó con la idea de repetir en el cargo, lo que no es ilegal pero totalmente inusual y, probablemente, que causaría una molestia interna, e incluso fracturas en la oficialía. La idea se desvaneció antes de que, hasta donde se sabe, se la planteara al Presidente, que coincidió con varios trascendidos en la prensa impresa sobre la lucha por el cargo entre los generales Ricardo Trevilla, jefe del Estado Mayor Conjunto del Estado Mayor de la Sedena, y el general Gabriel García Rincón, subsecretario de la Defensa Nacional.

Los tres son contemporáneos, aunque el general Sandoval entró al Colegio Militar en 1975, un año antes del general García Rincón, y tres antes que el general Trevilla. Sandoval y Trevilla tiene como arma la Caballería, mientras que García Rincón es de Infantería. A los dos los ha ido empoderando. A Trevilla lo ascendió en marzo de 2021 desde la Subjefatura de Administración y Logística del Estado Mayor –donde jugó un papel relevante durante la pandemia de covid-19– al poderoso puesto de jefe del Estado Mayor Conjunto del Estado Mayor que hoy ocupa, mientras que a García Rincón lo ascendió el año pasado de ser oficial mayor de la Sedena a subsecretario.

En los círculos castrenses no había duda de que el secretario de la Defensa Nacional en la siguiente administración saldría de esos dos generales, que según la tradición serían quienes probablemente fueran los que presentara el general Sandoval a quien resultara presidenta electa. La terna, como se le llama aunque no sea siempre una terna, no significa que de las propuestas del secretario salga su sustituto, como pasó con el general Sandoval, el penúltimo más joven de los 23 generales cuando López Obrador tomó la decisión de quién sería el titular, y optó por él contra las dos propuestas del entonces general secretario, Salvador Cienfuegos.

Hoy en día, ese protocolo ha sido borrado por el general Sandoval, quien llevó al presidente López Obrador el nombre de quien considera su mejor sustituto, y envió un mensaje al equipo de Sheinbaum con el nombre de su propuesta. La iniciativa del general no tiene precedente. Es totalmente extemporáneo –faltan todavía dos tercios de la campaña presidencial– y asume que Sheinbaum será la ganadora de la contienda –inclinándose de facto por la candidata oficialista–. Lo que no se sabe es si ya le comunicó al general Trevilla que él no será el próximo secretario de la Defensa, si es que López Obrador no veta al general García Rincón, y Sheinbaum gana la Presidencia y acata lo que le diga el Presidente.

El general García Rincón tiene un perfil que ideológicamente está en las antípodas del pensamiento del presidente López Obrador, al haber obtenido fundamentos centrales de su formación castrense con el Ejército de Estados Unidos. García Rincón tuvo cursos de capacitación “avanzada de Infantería en Fort Benning” –como dice su biografía oficial–, que ha sido rebautizada como Fort Moore, que es a donde se trasladó en 1984 la nefasta Escuela de las Américas que estaba en la zona del canal de Panamá, que por cuatro décadas entrenó militares de todo América Latina, con manuales de la CIA para acabar con la disidencia y enfrentar la violencia política, y por donde pasaron algunos de los más notables dictadores y golpistas de la región.

García Rincón, que cursó el Pana-Jungla Teribe Internacional, un ejercicio en la provincia del Atlántico panameño Bocas del Toro de sobrevivencia en la selva y operaciones contraterroristas diseñado por las fuerzas especiales del Pentágono, es probablemente el general que más veces (cuatro) ha sido comandante del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, conocidas como los Gafes, que es una de las unidades de élite en el mundo, por el entrenamiento que les han dado en Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, y que tienen como una mancha indeleble que de ahí surgieron los guardias pretorianos de Joaquín el Chapo Guzmán, y los fundadores y primeros jefes de Los Zetas.

La preferencia del secretario de la Defensa Nacional por el general García Rincón no debe sorprender, porque ha ocupado puestos importantes en el manejo de los recursos durante este sexenio, en que la Sedena se ha convertido en la pieza fundamental de legitimidad para el gobierno de López Obrador, y su caballo de batalla para construir los megaproyectos presidenciales –su viabilidad y factibilidad es una discusión aparte– que tienen como característica la opacidad en su ingeniería financiera y la adjudicación de contratos.

La nula transparencia con la que han actuado la Presidencia y la Sedena ha sido objeto de crecientes críticas ante las denuncias de probables corruptelas de familiares de López Obrador y de su primer círculo de confianza. Si quiere evitarse que esta caja de Pandora se abra, no basta que se reserven por años los detalles de las obras, como lo hicieron López Obrador y Sheinbaum con el primer tramo del segundo piso en la Ciudad de México por razones de seguridad nacional –que legalmente no podría aplicarse a una obra civil–; necesitaría el gobierno garantizar que quien esté al frente de la Sedena en el próximo gobierno sea quien fue parte de la ingeniería financiera que está oculta en la actualidad.

Hay generales que necesitan que se mantenga la opacidad durante los próximos años. Lo sabe el general Sandoval, cuya iniciativa, en este contexto, tiene sentido.

Sinaloa se encuentra en una guerra interna donde se sabe cómo empezó pero no cómo ni cuándo terminará. El Cártel del Pacífico -que también se le conoce como Cártel de Sinaloa- está en una redefinición de sus liderazgos ante el hartazgo de los viejos jefes con los jóvenes hijos de Joaquín El Chapo Guzmán por su protagonismo y el uso de redes sociales, influencers y youtubers como parte de su estructura.

La información de la fractura en esa organización criminal es la razón aparente por la que el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin dar detalles de lo que estaba sucediendo en aquél estado, dijo el lunes que se trataba de una confrontación entre bandas criminales.

La forma pública con la que se manejan los chapitos ha sido motivo de desacuerdos desde hace tiempo con los líderes más experimentados, porque su exposición, junto con sus métodos violentos, han obligado al gobierno de López Obrador a actuar y a desplazar fuerzas federales. Desde el otoño del año pasado, ante la presión de Estados Unidos por el tráfico de fentanilo, envió a la Marina con el mensaje implícito a los chapitos, principales traficantes de esa droga, que debían abandonar esa rama del negocio. Junto con el Ejército empezaron a desmantelar los laboratorios de fentanilo de ese grupo, que los empezaron a trasladar a San Luis Río Colorado, Sonora, y a Mexicali, Baja California.

No obstante, la exposición pública no cesó, por lo que los mensajes de desaprobación, ante el sobrecalentamiento en el noroeste del país, se volvieron violentos. Dos avisos el 19 de marzo fueron el prólogo de lo que se vivió los días subsecuentes.

Ese martes fue asesinado Samuel Ibarra Peralta, uno de los principales operadores de los chapitos, que era responsable de Mexicali y recientemente le habían encargado la plaza de San Luis Río Colorado. El Pía, como lo apodaban, fue ejecutado junto con su escolta de seis personas en la carretera entre Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado. Ese mismo día en Culiacán, fueron balaceados el cantante de corridos tumbados El Padrinito Toys, Samuel Ibarra Aispuru -no se conoce algún parentezco con El Pía-, y su padre. Ibarra Aispuru es influencer e integrante del grupo Los Toys, cuyo jefe es el youtubero Marcos Castro, Markitos Toys, a quien se le ha señalado como lavador de dinero de Néstor Isidro Pérez, El Nini, el jefe de seguridad de los chapitos, detenido noviembre pasado.

La respuesta de los chapitos vino dos días después, el 21 de marzo. En la madrugada de ese jueves, sicarios de los hijos del Chapo Guzmán entraron a Badiraguato, territorio de Aureliano Guzmán Loaera, apodado El Guano, y puerta de entrada a la sierra, que es su santuario desde donde opera el trasiego de drogas por Sonora, donde se enfrentaron con sus escudos de protección y más adelante con militares.

El Guano, como Ismael El Mayo Zambada, jefe máximo del Cártel del Pacífico, operan con una enorme discresión, evitando sobrecalientamiento de sus territorios y del negocio criminal, a diferencia de los chapitos, quienes posiblemente estimulados por sus utilidades por el fentanilo, han estado buscando la expansión. En esta lógica, no fue extraña su reacción para ir por El Guano a la zona de Badiraguato, donde nació su padre y vive su abuela. En esa incursión mataron a sicarios que trabajaban para Iván Archibaldo Guzmán, el hijo de El Chapo que encabeza esa facción del cártel. Lo que siguió fue una reacción en cadena.

El viernes 22 se realizó un operativo de otras facciones del Cártel del Pacífico contra familias en la zona metropolitana de Culiacán, donde secuestraron a más de 60 personas, incluidas mujeres y menores, muchas de los cuales fueron puestas en libertad el fin de semana. Todos los secuestros ocurrieron en las zonas rurales y pobres de Culiacán, en un operativo que empezó a las cuatro de la mañana y terminó siete horas después.

No fue una acción dirigida para eliminar a líderes. Fue estratégica.D e esas colonias salieron las camionetas y las legiones de sicarios que el 17 de octubre de 2019 acudieron al rescate de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, que había sido detenido con fines de extradición a Estados Unidos. Las milicias de los chapitos doblegaron a las fuerzas federales y motivaron que el presidente López Obrador, en violación de la Constitución, ordenara personalmente su liberación.

El operativo del Cártel contra una de sus facciones, el brazo armado de los chapitos, y la razón de la hora de su inicio coincidió con el comienzo del cambio de guardia criminal. Y por la información pública, los halcones de los chapitos en Culiacán no vieron venir el ataque, presumiblemente porque quienes lo ejecutaron no se movilizaron desde Culiacán y sus alrededores, sino de afuera de la zona metropolitana, cuya complejidad logística para esa acción que los tomó por sorpresa, habla de la organización para darles un golpe quirúrgico que subrayara que difícilmente hay punto de retorno.

Los chapitos son los únicos líderes dentro del Cártel del Pacífico que siguen viviendo en Culiacán y sus alrededores, con una estructura de seguridad que mostró su vulnerabilidad en estos últimos días. No se sabe si permanecerán en Culiacán o se mudarán a Sonora, como lo hicieron con su producción de fentanilo. Lo que sí se sabe es que autoridades y criminales están en la misma lógica de desmantelarlos y anularlos, los primeros, y eliminarlos los segundos.

El pleito entre titanes, como describe el columnista Leo Zuckerman, es realmente atractivo para el respetable público, el de la sociedad política y el de la sociedad a secas. No extraña, pues, que el choque frontal entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, haya generado un enorme interés público que, medido en su alcance en las redes sociales por la consultora MW Group, tocó las emociones y las conciencias de 40 millones y medio de mexicanos, casi una tercera parte de la población nacional.

En la pelea en el universo digital nadie va ganando claramente, pero el que más va perdiendo es López Obrador, que tiene 81 por ciento de negativos en el sentir de la gente, porque ésta considera que se trata de una venganza contra Salinas Pliego, lo llama “dictador” y, en el mejor de los casos, piensa que es un distractor para ocultar el aumento en los precios de la canasta básica. Los negativos del empresario suman 75.3 por ciento, una pequeña muestra de que no es bien querido por muchos, pero que en el balance con el Presidente, se piensa que tiene razón.

Ese primer plano de sentimientos y subjetividades esconde frente a los ojos de todos la verdadera dimensión del enfrentamiento: nunca en la memoria un individuo había desafiado el poder supremo del jefe del Estado mexicano de una manera tan clara, contundente y retadora. Lo más cercano que se vivió fue en 1973, cuando el fundador del Grupo Monterrey, Eugenio Garza Sada, murió durante su secuestro en Monterrey por parte de una célula de la Liga Comunista 23 de Septiembre, que lo enfrentó con la clase empresarial, cuando varios de sus miembros responsabilizaron de frente al presidente Luis Echeverría durante el funeral.

Estamos viviendo un momento extremadamente violento por lo que significa el enfrentamiento, derivado de litigios fiscales de Salinas Pliego que se están dirimiendo en la Suprema Corte de Justicia. López Obrador, que desde hace casi un año le dijo a sus cercanos que iba a hacer que pagara lo que debe, se metió en medio de los dos y politizó el tema. Salinas Pliego ha doblado la apuesta cada vez que se refiere a él por el tema de los impuestos, obteniendo una reacción timorata del Presidente, que contrasta enormemente con la forma como flagela y destruye famas públicas, incluidas las de los más importantes empresarios del país.

Pero los comentarios tímidos y a veces sibilinos del Presidente, acompañados por una campaña contra Salinas Pliego desde Palacio Nacional, elevaron el calor del diferendo que tuvo su cenit el martes con la difusión de un video de ocho minutos y 26 segundos en X –lleva más de 3 millones 300 mil impresiones– donde respondió a “las acusaciones y afirmaciones” de López Obrador, pidiéndole que no se entrometiera y dejara que resolvieran los tribunales, llamando a su gobierno constructor de obras “faraónicas”, opaco en sus acciones, “faccioso” en su actuar, que estaba realizando maniobras distractoras para desviar la atención de la violencia y la inseguridad, y del olor a corrupción en su administración, pegando donde más le duele: su honestidad.

Salinas Pliego no muestra nada de miedo ante López Obrador –algo que le reconocen por su consistencia personas que incluso discrepan de él, o no le guardan simpatía–, pero sobre todo, ha horadado la investidura presidencial. Para el empresario, la persona más poderosa del país, por los recursos metaconstitucionales que tiene el jefe del Ejecutivo mexicano, es tratada como par, aunque no lo es, porque el cargo emana de la voluntad popular. La irreverencia política de Salinas Pliego, se puede argumentar, tampoco ha sido por generación espontánea. López Obrador ha ido lastimando dicha investidura con su talante bravucón y pendenciero, con sus mentiras y manipulaciones de la realidad, con su gobernar para unos y desprecio para muchos, pero antes que nada, porque él mismo se ha encargado de banalizarla en su ejercicio mañanero, trivializar lo relevante y agotar la palabra presidencial.

Si Salinas Pliego cruzó esa línea que nadie antes se atrevió a traspasar, López Obrador contribuyó mayormente a que ese respeto jerárquico institucional se trasladara a un piso parejo. En ese terreno están corriendo uno contra el otro sin desviarse, buscando tomar la mejor decisión posible para alcanzar sus fines prácticamente en tiempo real, sin control sobre el comportamiento de su interlocutor. En esta dinámica sólo hay de dos: o se estrellan de frente, o uno de los dos se hace a un lado. Hasta hoy, quien ha dado pasos laterales es López Obrador, que lo trata con una deferencia y respeto que no tiene con nadie más.

Salinas Pliego sabe que le quedan a López Obrador menos de seis meses y medio como Presidente, tiempo suficiente para que pueda dar un golpe de fuerza y amenazarlo penalmente a pagar, como el SAT ha hecho con otros capitanes de la industria, mediante acciones que ha descrito el empresario como “extorsiones”.

Pero, al mismo tiempo, la construcción de un personaje que le habla como nadie lo hace y es valiente frente a un bulldozer que arrasa le da un cierto blindaje ante una acción de fuerza en la agonía del sexenio, donde la pregunta de por qué López Obrador no hizo nada antes podría interpretarse como una acción con todos los recursos del poder que no es un acto de justicia donde todos son iguales, sino una vendetta.

López Obrador se metió en un pantano sin darse cuenta y se fue enredando con el paso de los meses ante la postura indómita de Salinas Pliego. El Presidente está obligado, política y moralmente, a que cumpla con sus obligaciones fiscales, pero la trampa en la que se encuentra radica en la palanca que está fuera de su control. En la agonía del sexenio, en una caprichosa paradoja, su suerte la tiene la Suprema Corte de Justicia a la que quiere colonizar, frente a un empresario que lo reta todos los días y que, hasta ahora, lo tiene acorralado.

Dos policías estatales fueron vinculados a proceso por el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta el 7 de marzo, pero uno más, presuntamente quien disparó contra el joven, se encuentra prófugo. La rápida acción contra ellos fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, probablemente para evitar lo que sucedió con el presidente Enrique Peña Nieto, que por no actuar de inmediato en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, su omisión se convirtió en responsabilidad, culpabilidad y cárcel para varios altos funcionarios de su administración.

El Presidente hizo un rápido control de daños y, hasta ahora, le ha funcionado. Sin embargo, el caso de Yanqui Kothan no está tan claro como lo han presentado las autoridades, por informaciones adicionales que se mantienen reservadas y que, a diferencia de los esfuerzos de los voceros de López Obrador para desvincular el asesinato con las protestas de los familiares de los normalistas desaparecidos, los crímenes están vinculados, como aseguran sus abogados.

Maribel Gutiérrez, una meticulosa reportera de El Sur de Acapulco, reveló el 12 de marzo que Yanqui Kothan estuvo en la primera línea de protesta de los familiares de los normalistas el 6 de marzo, cuando fue derribada una puerta del Palacio Nacional. Gutiérrez tuvo acceso a una fotografía que le envió el joven a un familiar, tomada de una transmisión de Radio Fórmula, donde encierra a una persona con una chamarra guinda con la capucha cubriéndole la cabeza, una mochila blanca y la cara cubierta con una máscara antigás. La imagen de esa persona está encerrada en un círculo y en el mensaje a su familiar Yanqui Kothan escribió: “Aquí estoy yo”.

Nadie, salvo sus compañeros en ese momento, sabían quién era el encapuchado, pero los servicios de Inteligencia Militar lo ubicaron desde el primer momento como uno de los principales instigadores para derribar la puerta de madera en Palacio Nacional, y lo siguieron hasta Tixtla, en las afueras de Chilpancingo, donde se encuentra la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. El primer reporte de la Policía Estatal de Guerrero señalaba que su muerte se había dado en un enfrentamiento con armas de fuego, luego de que los agentes le pidieron detener la camioneta en la que viajaba porque había información de que era robada.

Ahí está la primera inconsistencia de la versión oficial. El reporte establecía que la camioneta Nissan NP300 donde se transportaba la reportó como robada al pasar por el arco del Registro Público Vehicular, que lee las matrículas de los vehículos y en segundos, según personas que han trabajado con ese instrumento, cruzan la información con la base de datos de vehículos robados. Sin embargo, la camioneta no traía placa trasera, según se aprecia en las pocas imágenes del vehículo, por lo que esa versión se desmorona.

La primera versión del gobierno de Guerrero, difundida por López Obrador, fue corregida por el mismo Presidente tres días después al afirmar que se había tratado de un asesinato. La forma como fue realizado el crimen deja más dudas que respuestas. El joven de 23 años ingresó a las 21:20 horas al Hospital General en Chilpancingo en estado de coma con “una herida de bordes irregulares de aproximadamente 15 centímetros” que había fracturado el cráneo y dejó expuesta masa encefálica; es decir, prácticamente estaba muerto, y la adrenalina que le aplicaron no pudo mantenerlo con vida salvo por 20 minutos.

Una persona que vio fotografías del estudiante de frente dijo que el disparo en la parte alta de la cara era diáfano. Un experto policial agregó que, por lo que se aprecia en una fotografía lateral que ha circulado, el disparo fue en la zona superior de la frente y, por la altura de la camioneta, debió haber sido realizado por una persona a pie que al disparar de frente casi le voló el cráneo. Por la trayectoria, una hipótesis de trabajo es que se trató de una ejecución. Un peritaje que no sea alterado permitirá esclarecer este punto.

La fotografía difundida genera más suspicacias. En ella se aprecia a Yanqui Khotan en una posición donde su frente está casi a la altura del volante, lo que, a juicio de los expertos, de haber sido un enfrentamiento o un disparo a distancia, quien lo hizo debió haber tenido no sólo buena puntería y adiestramiento, sino suerte. El tiro en sí mismo abre otra alameda de sospechas. Los policías están entrenados para obligar a que un vehículo se detenga, y cuando necesitan disparar para que eso suceda, lo hacen a las llantas, nunca a las personas y menos a la cabeza.

Los únicos que disparan cuando esto no sucede son los militares. En ninguna de las versiones oficiales se ha hablado de presencia militar, pero existe información de que se encontraban en la zona del crimen por el registro de la telefonía. No está claro, por ahora, del papel que jugaron en este trágico episodio, fuera de la unidad militar que siguió a Yanqui Kothan desde Palacio Nacional hasta Tixtla. Tampoco está claro si el joven detectó que lo estaban siguiendo.

El asesinato de Yanqui Kothan, más allá de quién fue el verdadero autor material del crimen, fue una ejecución extrajudicial. No se conocen los peritajes ni tampoco la autopsia que permitan determinar –si no las alteran– cómo fue el asesinato –forma y distancia–, el tipo de arma utilizada, su historia y la trayectoria. Tampoco hubo sanciones penales contra los exsecretarios de Seguridad Pública y de Gobierno, el general Rolando Solano y Ludwig Marcial Reynoso, por omisión, encubrimiento y falsedad de declaraciones, ni se han dado pormenores de la investigación de la fiscal cesada, la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos, que anunció daría a conocer.

El crimen se ha logrado mantener en el ámbito estatal, pero hubo una intervención federal que tiene que dilucidarse, porque, en el mejor de los casos, la unidad de inteligencia que siguió a Yanqui Kothan tiene los datos precisos de cómo fue el asesinato y, sobre todo, quién realmente lo cometió.

En octubre del año pasado, Margarita Simonián, la redactora en jefe del canal de televisión RT y eterna integrante de la lista de las 20 mujeres más influyentes en Rusia, anunció el inicio de transmisiones del canal de la televisión rusa en el sistema de Metrobús de la Ciudad de México, “donde ahora los pasajeros pueden familiarizarse con las noticias mientras esperan su autobús”. La publicidad se extendió al Metro y a espectaculares en varias partes del país, lo que visibilizó la preocupación que expresó en marzo de 2023 el general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, durante una audiencia en el Senado, donde reveló que México tenía el mayor número de espías rusos en el mundo.

No hubo reacción del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero despertó el interés de Dolia Estévez, decana de los corresponsales mexicanos en Washington, que un mes después de la afirmación de VanHerck publicó que en cuestión de semanas el número de diplomáticos rusos en México había crecido a 49. En mayo encontró que la Embajada de Rusia había acreditado a 36 nuevos diplomáticos, con lo que llegaron a 85; un aumento en meses de 60 por ciento.

El número de diplomáticos rusos en México no tiene precedente, incluso en los años de la Guerra Fría, cuando Moscú y sus entonces satélites de Europa del Este realizaban una intensa actividad de inteligencia y espionaje en la Ciudad de México, que en los 60, 70 y 80 estaba convertida en la nueva Casablanca. Estados Unidos tenía la embajada más grande, después de Viena, la puerta de entrada de Occidente al mundo comunista en aquella época, para contrarrestar el espionaje de sus enemigos, y desarrolló dos operaciones de contrainteligencia, el Proyecto Verona de la Inteligencia Militar que monitoreaba comunicaciones, y el Cointelpro, realizado por el FBI, que infiltró al Partido Comunista, sindicatos y medios, entre otras instituciones.

La presencia rusa, que se puede argumentar fue cuando menos avalada por el presidente Vladímir Putin, oficial de la KGB durante 16 años, forma parte de un esquema de desinformación a través de RT –siglas de Russia Today–, y desde 2009 es una pieza fundamental para 500 millones de hispanoparlantes consumidores de información de la maquinaria de propaganda del Kremlin, cuyas transmisiones han sido bloqueadas y prohibidas en Estados Unidos, Canadá, Australia y la Unión Europea.

Un estudio del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo en la Universidad de Oxford, reveló cómo RT y la agencia de noticias Sputnik incrementaron su presencia en América Latina tras la invasión a Ucrania, agregando a su equipo de diseminadores a un grupo de influencers de la región. Vladímir Rouvinski, profesor asociado de la Universidad Icesi de Colombia, señaló que esos medios han erosionado la democracia liberal en el hemisferio, y “aumentan la polarización porque nunca hablan del consenso”.

En la nueva edición de la Guerra Fría, México está tan atrapado como cuando aún existía el Muro de Berlín, pero a diferencia de aquellos tiempos cuando optó por la alianza con Washington, todas las señales ahora son que el Presidente escogió la trinchera de Moscú, como dejó ver el domingo pasado, The Hill, el periódico más leído en el Capitolio, en un largo reportaje donde observó que los medios y mensajes rusos estaban creciendo en México, subrayando la presencia de RT en el transporte público de la Ciudad de México. “Desde que comenzó nuestra publicidad, nuestra audiencia creció inmensamente”, dijo el embajador ruso en México, Nikolay Sofinskiy a Ignacio Rodríguez, apodado El Chapucero, uno de los primeros influencers reclutados por el equipo de propaganda de López Obrador, para diseminar los mensajes del Presidente y fustigar a sus críticos.

El impacto potencial que la presencia de la maquinaria de propaganda rusa pueda tener en la sociedad mexicana no es posible evaluarlo todavía, pero ha entrado en la mente de los mexicanos de una manera culturalmente fácil –como fue el apoyo a los nazis en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial–, por el muy bien fundamentado antimperialismo norteamericano.

Hemos percibido la penetración rusa como importante y relevante, pero de alguna manera limitada hasta este fin de semana, cuando Javier Tejado publicó en SDP Noticias, un monumental hallazgo. Al analizar los datos del INE sobre la cobertura de medios televisivos de la campaña presidencial, encontró que quien más espacio le ha dado fue el Canal 13, que no es Televisión Azteca, a la que conocimos con ese nombre por mucho tiempo, ni tenía nada que ver con su propietario Ricardo Salinas Pliego.

Tejado encontró que las frecuencias de Canal 13 están asignadas a la empresa Telsusa Televisión México, propiedad de Ángel Remigio González, mexicano y naturalizado guatemalteco, que tiene un imperio de medios electrónicos en América Central. El Fantasma, como lo apodan, tiene una empresa en Miami que maneja Guillermo Cañedo White, con 35 estaciones de televisión, 114 frecuencias de radio y dos cadenas de cine, expuso Tejado.

La gran sorpresa, admitió el columnista, fue encontrar un documento oficial del Instituto Federal de Telecomunicaciones fechado hace poco más de cuatro meses, donde da cuenta de que todas las 15 concesionarias de Telsusa que cubren Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz tenían autorizada la multiprogramación a favor de RT. El financiamiento de Canal 13 le ayuda a su expansión, que es la única explicación que encontró Tejado a la intensidad y amplitud de la cobertura presidencial con el tamiz acostumbrado de “manipulación mediática y guerra informativa”.

Hay dos escenarios como hipótesis de trabajo en esta novedosa versión de la Guerra Fría, donde por un lado es el fortalecimiento del régimen actual para reforzar el respaldo a Putin, llenando la mente de los mexicanos con desinformación, exacerbando sus contradicciones y acelerando la polarización, y por la otra, en esta nueva lucha que no es ideológica –los dos son capitalistas– sino por el poder absoluto, donde quizá para Putin, el daño a Estados Unidos y su desestabilización, pasa por hacer primero lo mismo en México, como pieza desechable de su ecuación.

Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, debe estar arrepentido por las recomendaciones que hizo a Washington sobre cómo lidiar con el presidente Andrés Manuel López Obrador porque son las mismas que ya provocaron la caída de Juan González, que dirigía los asuntos para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, cuya aproximación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo el mismo parámetro del que estableció Salazar para con López Obrador, fracasó.

Maduro desmanteló el acuerdo que tenía de realizar elecciones democráticas este año y está persiguiendo a sus opositores. Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Maduro, inhabilitó a la dirigente opositora, María Corina Machado, como candidata. Aunque en Washington entienden que México y Venezuela son dos países con condiciones diferentes, las similitudes entre López Obrador y Maduro, en cuanto a la utilización de los avances de la democracia para ir desmantelándola aceleradamente fomentando un régimen autoritario, parecen ahora diáfanas.

Hasta hace dos años era diferente. Salazar había logrado sobrevivir a las críticas de las empresas norteamericanas al Departamento de Estado por no defender los intereses estadounidenses e inclinarse por los mexicanos dentro del Acuerdo de Libre Comercio, y las molestias de Foggy Bottom contra su proceder. Salazar, muy cercano al presidente Joe Biden, había establecido una relación fácil, cómoda y amistosa con López Obrador, con el argumento de que tratando al presidente mexicano con una mano suave, podrían los estadounidenses dialogar con él y llegar a acuerdos. Estaba totalmente equivocado.

Un error estratégico en el diseño de Salazar metió en una trampa al gobierno de Estados Unidos, que requería de una buena relación con López Obrador para que ayudara a Biden a contener la migración, convertido en una pesadilla político-electoral muchos meses antes de iniciar la campaña presidencial. Salazar cedió en todo para tener contento a López Obrador, que aprovechó el presidente para salirse con la suya en materia económica, comercial e inversiones, logrando a través de la amenaza de abrir la puerta migratoria, evitar paneles dentro del tratado norteamericano. Su defensa de López Obrador fue tan vehemente, que lo llamaban con sorna “el embajador de México en el Departamento de Estado”.

Biden fue reduciendo el nivel de interlocución de su gobierno con López Obrador. La primera en ser relevada fue Kamala Harris, la vicepresidenta, con lo cual bajó un escalón. Después agotó la paciencia de John Kerry, una especie de embajador at large de Biden, con quien tuvo varios desencuentros en Palacio Nacional. Al final redujeron el nivel de interlocución a Salazar –algo inaudito al convertir al mensajero en la ventanilla de López Obrador–, y agregar a Elizabeth Sherwood-Randall, responsable de Seguridad Territorial en el Consejo Nacional de Seguridad, con lo que dejaron claro que la prioridad de la relación bilateral era la migración y el fentanilo.

En la medida que López Obrador aceptó contener la migración y combatir el fentanilo, Salazar pudo navegar hacia puerto seguro. Las cosas fueron cambiando conforme se acercaban los procesos electorales. El primero en caer fue González por el tema de Venezuela, y personas que conocen a Salazar dicen que se encuentra nervioso de que ese pueda ser su destino, porque los agravantes son mayores que en el caso de Maduro. En Washington están viendo con preocupación la creciente presencia de personal diplomático ruso, que fue detectada por primera vez por la veterana corresponsal mexicana Dolia Estévez, cuya investigación levantó las alertas.

Este domingo, en un largo reportaje en The Hill, el periódico más leído en el Capitolio, se afirmó que la huella rusa es desproporcionadamente grande comparada con la presencia de México en Moscú, lo que ha despertado preocupación por el potencial espionaje del Kremlin y su ciberactividad en Estados Unidos, “un valioso objetivo de inteligencia”, en la actual coyuntura del proceso electoral en aquella nación. “López Obrador, un exmilitante del PRI, ha mantenido una posición neutral en una variedad de temas, específicamente en aquellos que involucran a Rusia”, señaló el reportaje. “Se ha negado a tomar partido en la invasión a Ucrania y no ha condenado aún la muerte del líder opositor Alexéi Navalni”.

Salazar no parece haber informado con oportunidad y contexto sobre la creciente penetración rusa en México, que se está convirtiendo en un tema relevante en Washington por la postura del virtual candidato republicano a la Presidencia, Donald Trump, sobre Rusia. Trump ha dicho que él puede hablar directamente con Vladímir Putin, recién reelecto para un quinto mandato presidencial, y aunque López Obrador no ha dicho públicamente nada similar, sus acciones –como invitar a uno de los batallones que invadieron Ucrania a desfilar el 16 de septiembre–, su inclinación hacia Moscú ha sido evidente.

Tampoco parece haber informado Salazar a Washington –quizás porque le pasó desapercibido–, el apoyo que desde las elecciones presidenciales de 2020 brigadas de Morena en Estados Unidos le dieron a Trump. En la actualidad, ante la posibilidad de que Trump derrote a Biden en noviembre, el embajador ha comenzado a actuar, a su manera. Hace unos días habló con el fiscal Alejandro Gertz Manero para pasarle información de su gobierno de que Trump tenía pensado arrancar su campaña presidencial –después de que sea nominado en la Convención Republicana que se llevará a cabo a mediados de julio– con un discurso muy duro contra México y con nuevas amenazas para imponer aranceles, si el gobierno no frenaba la migración y sellaba su frontera norte.

A Salazar se le fue de las manos la relación con el presidente, por desestimar el perfil de los servicios de inteligencia de su país sobre López Obrador, y hacer caso omiso a la información que lo valoraba. El presidente no engañó al embajador. Si Salazar pensó que podía encontrar los espacios para que trabajaran juntos, con la mano suave de la Casa Blanca y los ojos cerrados ante los abusos políticos que hacía a cambio de colaboración migratoria, hoy da señales de haberse equivocado, porque los costos para su gobierno serían más elevados que aquellos que provocaron la caída de González.

Los pleitos en lo alto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no paran. El último que trascendió a la opinión pública fue la semana pasada, cuando se informó que Gildardo López Astudillo, El Gil, uno de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, y testigo estelar del caso en el gobierno de López Obrador, interpuso un amparo contra una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud, que aún no se resuelve. Si traducimos a su fase más básica lo que esto significa, es la acción del fiscal Alejandro Gertz Manero en contra del exresponsable del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, cuya investigación, llena de hoyos y pruebas falsas, tienen al presidente chapoteando en el lodo en medio de críticas de todas partes.

La orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía contra El Gil es consecuencia de una creciente molestia de López Obrador con Encinas, porque su obsesión contra los militares para meterlos en la cárcel por el caso Ayotzinapa no fue acompañada de pruebas sólidas que le dieran margen de maniobra con el secretario de la Defensa, General Luis Cresencio Sandoval, cuya contundencia aplacara la molestia de los generales, que consideraban la acción del exsubsecretario, como una cacería de brujas contra las Fuerzas Armadas.

Encinas, en la percepción de Palacio Nacional, está en rebeldía y actuando contra el propio gobierno. Varios de los colaboradores cercanos de López Obrador lo han señalado como el responsable de la violencia de las dos últimas en la Ciudad de México realizadas por normalistas y simpatizantes, además de apoyarlos con recursos económicos, a partir de informes que le ha entregado la Secretaría de la Defensa Nacional. En este sentido, se prevé que el secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, hable en estos días con Encinas para que deje de prender fuego en la pradera seca.

La intención de Encinas, consideran varios de los principales asesores de López Obrador, no es una acción contra él, sino para incrementar la presión contra el Ejército en el caso Ayotzinapa. El problema es que el esfuerzo que realiza no parte de una base a prueba de la propia posición del Ejército, y desde hace tiempo consideran, incluido el presidente, que el trabajo de Encinas pecó de ideologización y le faltó calidad investigadora.

Encinas, se podría argumentar, fue un ingenuo de quien se aprovecharon personas con mayor inteligencia que tenían una agenda específica para culpar al Ejército de la desaparición de los normalistas con el propósito ulterior de convertir el crimen en un asunto de Estado y llevarlo a tribunales internacionales con lo cual la reparación del daño sería en sumas de ocho o más dígitos. Esto es lo que López Obrador, de manera simulada, ha estado señalando desde hace varias semanas al hablar contra los abogados y activistas alrededor de los familiares de los normalistas.

El señuelo para atrapar a Encinas fue El Gil, el jefe de sicarios de la banda criminal Guerreros Unidos cuando se cometió el ataque contra los normalistas. López Astudillo fue detenido en Taxco en septiembre de 2015, casi un año después de la desaparición de los jóvenes, y lo acusaron de ser autor material del crimen, así como por secuestro, extorsión y tráfico de drogas. Desde un principio, de acuerdo con expertos en el tema, las dos principales figuras del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, denunciaron que cuando lo detuvieron lo torturaron, maltrataron a su esposa, se realizaron cateos ilegales y los policías se robaron 100 mil pesos. Los dos comenzaron a asesorarlo en todos los actos de autoridad y durante los procesos legales, argumentando que debían liberarlo. Buitrago y Beristáin negaron siempre un favoritismo o protección de El Gil, señalando que buscaban al final que hablara con ellos sobre la desaparición, y se convirtiera en testigo protegido.

El primer responsable directo de la investigación en el gobierno de Peña Nieto, Tomás Zerón, acusado hoy de tortura de presuntos criminales de los normalistas, lo hizo testigo protegido, que hizo declaraciones a modo que comenzaron a contaminar la investigación. Pero fue hasta que GIEI se incrustó en el equipo de Encinas que reabrió la investigación, a través de Omar Gómez Trejo, que había sido secretario técnico del grupo en el gobierno de Peña Nieto, y que fue nombrado fiscal para el caso Ayotzinapa, que El Gil adquirió un papel relevante.

Buitrago, Beristáin y Gómez Trejo convencieron a Encinas de gestionar el traslado de López Astudillo de una cárcel de alta seguridad a un reclusorio de la Ciudad de México y posteriormente de liberarlo. Convertido en el testigo estrella de Encinas y Gómez Trejo, lo fueron declarando para ir acomodando las versiones para imputar a militares directamente en el crimen. Cuando menos seis veces fue declarado, un número completamente anormal de testimonios y que, de acuerdo con expertos, casi siempre está asociado a la fabricación de pruebas.

La forma como se estaban utilizando las declaraciones de El Gil en contra de los militares propició un enfrentamiento entre Gertz Manero y Encinas-Gómez Trejo. El entonces fiscal para el caso Ayotzinapa renunció al cargo a finales de septiembre, tras esos choques, y después de que la Fiscalía de Asuntos Interno de la Fiscalía General, realizó una supervisión del actuar de la oficina de Gómez Trejo y encontró que se había hecho uso excesivo o ilegal de las declaraciones de López Astudillo al no haberse practicado mayores diligencias para corroborar o desestimar la información que les había aportado.

Luego de la renuncia de Gómez Trejo, en julio de 2023, el GIEI se fue de México y dejó de coadyuvar en la investigación del caso Ayotzinapa. Desde el extranjero siguen operando contra el gobierno de López Obrador, con el apoyo, deliberado o inopinado de Encinas. La orden de aprehensión que buscó la Fiscalía General contra El Gil, es una señal, para él, que no tiene la protección de la que gozó con Encinas, y para el exsubsecretario, que sus problemas en Palacio se irán incrementando.

El apoyo público del presidente Andrés Manuel López Obrador para la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, es inexplicable. Pero es aún más inconcebible porque intramuros la considera una incompetente a la que todos los problemas la rebasan. La gobernadora es tratada por Palacio Nacional como una figura de ornato, porque quien lleva las riendas del estado es su padre, el senador Félix Salgado Macedonio. Los temas importantes no son tratados con ella, sino con él, de manera no directa sino indirecta, y es a quien hacen responsable del control y el manejo de la crisis permanente que vive la entidad.

Guerrero se ha vuelto un tema de preocupación real en Palacio Nacional y el Presidente le autorizó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero –que hace las veces de jefe de Oficina y secretario de Gobernación en la sombra– para que hablara con el senador sobre la problemática en el estado, en particular por la cercanía incómoda que tienen los Salgado con el crimen organizado. El detonante fue un reporte que le entregó Gertz Manero a López Obrador donde mencionó que sólo este año han sido asesinadas, con violencia extrema, 10 personas cercanas a la gobernadora.

El Presidente esta metido, aunque no lo quiera ver o reconocer, en la contradicción de sus propios errores, al impulsar a Salgado Macedonio a la candidatura para la gubernatura de Guerrero, que cuando se frustró por violar las leyes electorales, pese a tener opciones y recomendaciones de sus más cercanos, optó por su hija Evelyn, para que el poder quedara en manos de la familia y sus cercanos.

Uno de ellos, Ludwing Marcial Reynoso, fue impulsado por el senador para ser el fiscal estatal, pero los anticuerpos en el gobierno federal se le cruzaron por su presunta responsabilidad en pactos oscuros con los Beltrán Leyva cuando era secretario del ayuntamiento de Acapulco, encabezado en ese entonces por Salgado Macedonio. No obstante cayó como secretario general de Gobierno, a través de quien manda el senador.

La reacción dentro del gobierno permitió que llegara a la fiscalía del estado Sandra Luz Valdovinos, teniente coronel del Ejército, a quien el gobierno estatal la ha bloqueado, sin darle apoyo ni recursos. El envío de una fiscal militar pretendía desmantelar la red de protección que se tejió durante el gobierno de Héctor Astudillo, cuando se impulsó como la organización criminal predominante a Los Tlacos, se contuvo a La Familia Michoacana en una parte de la Tierra Caliente, colindante con el Estado de México, y se negoció con Los Ardillos.

Desde la Ciudad de México respaldaron a Valdovinos y se obtuvieron, por primera vez, órdenes de aprehensión contra los jefes de Los Tlacos, Onésimo el Necho Marquina, que anda huyendo; de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, y contra los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, jefes de La Familia Michoacana. Valdovinos chocó recientemente con la Secretaría de Seguridad, por el tema de los policías que mataron a un normalista de Ayotzinapa, del general de brigada Rolando Solano, un guerrerense cercano al general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, que revela que también dentro del Ejército hay prioridades diferenciadas.

La falta de apoyo de la gobernadora y el senador a la fiscal Valdovinos demoró las acciones contra los grupos criminales, que tuvieron tiempo para modificar sus estrategias y relanzar, de forma individual y coordinadamente, acciones contra el gobierno federal en Guerrero, el enemigo real que tienen, porque el estatal está subordinado, en el mejor de los casos, ante ellos.

La estrategia que se está viendo en Guerrero repite la que realizaron durante el gobierno de Ángel Heladio Aguirre (2011-2014), aplicada en dos tiempos. Primero fue la violencia de grupos criminales detrás de policías comunitarias y, posteriormente, a través de la normal de Ayotzinapa, infiltrada por la banda criminal de Los Rojos, en cuya dinámica y contexto se dio la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.

Lo que se está experimentando en Guerrero es la reedición de esa estrategia desestabilizadora. Primero fueron los enfrentamientos entre bandas criminales y asesinatos de líderes comunitarios, y en la actualidad está la fase de la violencia a través de la normal. La escuela sigue infiltrada por las bandas criminales, de acuerdo con información del gobierno federal, y en el entorno de los familiares de los normalistas desaparecidos se encuentra otra de sus ramificaciones, el ERPI, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, que hace años se escindió del EPR (Ejército Popular Revolucionario), al cual pertenecen algunos abogados, activistas y políticos de Morena.

Guerrero está podrido y es un estado fallido. Un informe que le entregó el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, al Presidente a finales del año pasado, referido en este espacio en febrero, establecía que, para poder recuperar Guerrero, habría que trabajar 10 años. El deterioro ha sido acelerado. En una década, de acuerdo con informes gubernamentales, el número de municipios controlados por el narcotráfico se elevó de 22 a un estimado de al menos 40, dos terceras partes del total de municipios. Sin importar lo que se haga, Guerrero seguirá en manos de los criminales por varios años, viviendo en inestabilidad.

Los Salgado son parte del problema, pero hablar con el senador como propuso el fiscal general al Presidente para resolver la problemática y la gobernabilidad no dará resultados positivos porque no le interesa y el poder real lo tienen otras manos. La gobernadora está escondida y el senador en sus negocios, que por cierto realiza en una cantina en Amojileca, una pequeña comunidad en el municipio de Chilpancingo, que es donde lo grabaron bebido y bailando.

El desafío, al gobierno federal y al Estado mexicano, es de los grupos criminales que se apoderaron de Guerrero y controlan el presente y el futuro inmediato de la población. Hay una decisión de que la afrenta sea respondida, pero para que pueda tener éxito se necesitará alinear los esfuerzos dentro del gobierno federal, que no lo están, y diseñar una salida política para que haya un relevo de la gobernadora formal y el gobernador de facto.

La privación de la libertad de Jaime Barrera durante casi 40 horas tuvo una conclusión feliz, cuando menos hasta ahora. Barrera, uno de los periodistas más visibles de Jalisco, respetado y estimado por sus colegas, fue liberado por sus captores, que lo atraparon con violencia el lunes poco después de las dos de la tarde al salir de Mega Radio, la estación radiofónica donde también colaboraba, ubicada en Zapopan. Barrera le narró a Azucena Uresti en Radio Fórmula un operativo de cuando menos dos vehículos y cinco personas armadas que no dejaron que prendiera su automóvil y lo subieron a otro “con toda facilidad… en una zona muy transitada”.

Barrera, con los ojos vendados desde un principio, fue llevado a un sitio donde estuvo un día y de ahí lo trasladaron a otro. Después, en la madrugada, lo soltaron en el municipio de Magdalena, a 80 kilómetros de Guadalajara, con las manos atadas. En su narración, cuenta que lo tuvieron hincado, que es un acto de humillación y sometimiento de los captores, y que antes de liberarlo le dieron dos “tablazos”, que es un código criminal de advertencia para, como el mismo periodista lo interpretó, portarse bien.

Los criminales no tuvieron en ningún momento la intención ni la instrucción de asesinarlo, lo que pudieron hacer sin problema. Incluso, le ofrecieron comida para cenar, una atención que no es común. Tampoco, por su relato, estuvieron en riesgo de ser descubiertos. En las horas que lo tuvieron en cautiverio le hicieron saber que lo tenían vigilado hace tiempo y que conocían sus movimientos, en donde vivía, “donde estás y tu familia”, sugiriendo que el seguimiento para ellos era en tiempo real. No le aportaron ninguna prueba de que ello fuera cierto, pero en ese tipo de situaciones, nadie pide que demuestren su dicho. ¿Y quién podría dudar de sus palabras cuando realizaron un importante operativo para atraparlo y, por lo que se vio, se manejaron con absoluta impunidad?

La duda que prevalece es quién o quiénes, y por qué, realizaron esta acción sin importar que la prominencia del periodista generaría una reacción gremial y social importante. En un primer plano parece estar claro. Barrera dijo que le preguntaban “por qué escribía lo que escribía, de parte de quién lo escribía”. Barrera fue ambiguo y, más tarde, explicó que tenía que consultar con sus abogados qué decir.

Si sus secuestradores fueron claros y precisos, no lo sabemos aún. La única referencia que conecta lo que le sucedió con el contexto de violencia en Jalisco la recuperó este miércoles Héctor de Mauleón en El Universal, al recordar que el pasado 16 de febrero Barrera publicó en El Informador que a partir de una serie de bloqueos violentos en 2015 para impedir la detención de Nemesio Oseguera, el Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, el líder criminal se convirtió en un objetivo prioritario del gobierno federal.

En esa columna, que fue señalada por las autoridades como una probable razón del secuestro, agregó De Mauleón, Barrera apuntó que la captura del Mencho parecía ya no ser un asunto prioritario para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, “al grado que el domingo pasado en pleno Carnaval de Autlán, en medio de la corrida de toros que encabezó el matador Arturo Saldívar, el líder del CJNG fue objeto de distinciones con un vistoso y colorido arreglo sobre la arena del ruedo, en una plaza pletórica donde se leía: ‘Señor de los Gallos. Todo lo que desees para mí, Dios te lo multiplicará. Bendiciones’”. Oseguera es apodado también el Señor de los Gallos.

Barrera no dio más datos sobre ese homenaje en Autlán, pero la revelación de ese homenaje, en el contexto del terrible episodio que vivió, es de gran relevancia. Es cierto, como apuntó, que el gobierno de López Obrador no tiene interés en detener al Mencho, pese a que las Fuerzas Armadas lo tienen ubicado desde hace más de tres años. La instrucción ha sido no actuar contra él, pero que sepa que lo tienen vigilado.

Pero lo que reveló Barrera sí pudo haber sido la razón del secuestro y la amenaza, al publicar algo que iba más allá de lo que sabían las autoridades. El Mencho desapareció de la vista de las fuerzas de seguridad hace tres meses, dos meses antes de la corrida en Autlán donde lo homenajearon, por lo que el homenaje revelado, en la lógica criminal, debió haber sido producto de una indiscreción que les resultó incómoda, o de alguien dentro o fuera de la cúpula del Mencho que quiso perjudicarlo, al hacer pública su ubicación, lo que explicaría la pregunta que “de parte de quién” escribía.

Magdalena, donde soltaron a Barrera, no es un municipio que se encuentre en la región de Jalisco donde el Mencho tiene sus principales operaciones, que es Altos Norte, donde está Lagos de Moreno, en la frontera con Guanajuato. Magdalena se encuentra en la región Valles de Jalisco, en la frontera con Nayarit, colindante al sur con la región Sierra de Amula –al suroeste de Guadalajara–, donde se encuentra el municipio de El Grullo, el lugar donde las autoridades tenían ubicada la residencia de Oseguera. A 18 kilómetros de ahí se encuentra el municipio de Autlán, donde fue el carnaval en el que homenajearon al Mencho.

Muy probablemente la principal línea de investigación del secuestro de Barrera sea el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y muy probablemente no pasará de ahí. La investigación no prosperará –como tantas antes– y la única posibilidad de encontrar a los autores materiales será una fuerte presión social que lleve a que sus jefes los entreguen, como sucedió cuando el Cártel de Sinaloa entregó muerto al asesino de dos jesuitas en la Sierra Tarahumara.

No es un escenario alentador para el periodista, ni para nadie. Cualquiera que haya sido la motivación de su secuestro, lo único claro es la impunidad con la que operan los criminales, ante los grandes espacios de libertad que les han dejado las autoridades para silenciar a los demás.

El exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, detenido el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, recibió, dentro de sus primeras 24 horas en el Centro de Detención Metropolitano, cuatro ofertas de la Fiscalía Este de Distrito de Brooklyn para imputar a los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón, a los procuradores y procuradoras de 1988 a 2018, así como a todos los secretarios de Hacienda y algunos de Gobernación, a líderes del PRI y el PAN, a legisladores y a una decena de dueños de medios y periodistas de colusión con el narcotráfico. En todas las ocasiones García Luna se negó, pero la Fiscalía no se dio por vencida.

El 10 de diciembre, un día después de haber sido detenido, tuvo una quinta reunión con el titular de la Fiscalía, pero en esa ocasión ya estaba presente una abogada que había contactado el despacho Quinn Emanuel, al que se buscó cuando supieron en México de su captura. La abogada, que se encontraba en el centro de detención, lo apoyó mientras llegaba de Nueva York Juan Pablo Morillo, el abogado enviado por el despacho. Cuando el fiscal le repitió la oferta, la abogada le recomendó que si era inocente no firmara nada, y García Luna la rechazó una vez más.

Todavía hubo otra reunión más con el jefe de la Fiscalía en Brooklyn frente al abogado Morillo, quien cuando escuchó lo que ofrecía, preguntó por qué el plazo de siete meses en prisión, a lo que el fiscal prometió de inmediato bajarlo a cinco meses. El fiscal le dijo a García Luna que estaba listo el avión en que llegó para que viajaran a Nueva York una vez firmado el acuerdo y realizar la audiencia donde se declararía culpable y comenzaría a correr el plazo. De haberlo hecho, no habría existido juicio y habría recuperado su libertad en mayo de 2020, convertido en millonario. En cambio, está en la ruta final para que le dicten condena por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La información que ha trascendido no explica las razones de la “petición del presidente de México”, que es como lo presentó la Fiscalía, ni cómo se formuló esa solicitud, pero el contexto en 2019 era la campaña presidencial en Estados Unidos, donde la migración era eje del debate. Dos semanas antes de tomar posesión Andrés Manuel López Obrador, el canciller designado Marcelo Ebrard habló con el secretario de Estado, Mike Pompeo, para que México recibiera a miles de inmigrantes rechazados por Estados Unidos, lo que se concretó en junio de 2019.

No se sabe si fue Ebrard el portador de la propuesta del presidente López Obrador y si el quid pro quo era el acuerdo del programa Permanecer en México para apoyar al presidente Donald Trump, junto con la militarización de la frontera con Guatemala con 27 mil soldados de la Guardia Nacional para contener la migración, modificando la política de asilo al alinearla a los intereses de Washington.

La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca no cambió los términos que se plantearon en Dallas en 2019. Incluso, poco antes del juicio que empezó a finales de enero del año pasado, los fiscales de Brooklyn volvieron, por séptima ocasión, a presentarle la oferta. García Luna nuevamente la rechazó y se negó a declararse culpable. Una vez más, coincidentemente, el contexto fueron los prolegómenos de la campaña presidencial, donde la migración, más que hace cuatro años, apuntaba a ser el eje central del debate y, posiblemente, lo que defina la elección en noviembre próximo.

Para López Obrador, si se analizan los términos del intercambio que le propuso la Fiscalía de Brooklyn a García Luna, tenía un altísimo valor estratégico. De haber aceptado el exsecretario imputar a los mexicanos en la lista que le presentaron a cambio de su libertad, con una cuenta bancaria de más siete dígitos, lo que habría sucedido era el colapso del sistema político mexicano, que tanto ha deseado López Obrador, sin ensuciarse las manos.

El gobierno de Estados Unidos, a través de los fiscales, habría demolido todo el aparato político de los últimos 35 años, a la clase empresarial que se fue construyendo desde los 80, y a los contrapesos en el Poder Judicial y los medios. Lo único que quedaba al margen del sistema que quería derruir con la propuesta eran las Fuerzas Armadas: en ningún momento le pidieron a García Luna acusar a algún militar de tener vinculaciones con el narcotráfico.

La estrategia estaba muy bien diseñada, salvo quizá seleccionar a García Luna como la persona que se doblaría y aceptaría el acuerdo. Revisando el juicio en retrospectiva, el testimonio de Héctor Javier Villarreal, el extesorero del gobernador Humberto Moreira en Coahuila, el testigo más importante de la Fiscalía en el juicio de García Luna por ser el único que no era narcotraficante, era el principio de todo. Villarreal fue quien imputó a El Universal y a su propietario, Juan Francisco Ealy Ortiz, de haber estado coludidos con García Luna, con declaraciones falsas que ya fueron impugnadas en la Corte con documentación probatoria de que cometió perjurio, una de las causas por las que el juicio podría anularse.

La mecánica de su interrogatorio por parte de los fiscales permite ver lo que habría sucedido si García Luna hubiera imputado a quienes le pidieron acusar. A partir de testigos protegidos, como habría sido él, quienes formaron parte del sistema político mexicano en las últimas tres décadas habrían quedado destruidos, entregando toda la fuerza y legitimidad a López Obrador para aplastar las instituciones e instalar en su cuarta transformación un nuevo sistema político, una nueva clase dirigente, una nueva clase empresarial, sus jueces y sus medios.

Si este fue el objetivo último de la propuesta que dicen los fiscales neoyorquinos que existió, fue ambiciosa y factible. No se consumó porque no hubo negociación alguna con García Luna, pero nos habla de hasta dónde hubo fuerzas interesadas en los dos países para alcanzar sus propios fines, sin importar dónde quedaba la ley y una nación.

El juicio a Genaro García Luna, el poderoso secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, deberá concluir, cuando más, tres semanas después de las elecciones presidenciales en México. Si no se acelera el proceso, a finales de junio será condenado por el juez Brian Cogan, o anulará el juicio y repondrá el proceso, como pretende la defensa del mexicano. Este no es el desenlace que tenía en mente el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando le pidió al gobierno de Donald Trump su detención, que esperaba haber tenido una condena mucho tiempo antes. La estrategia alteró su calendario por lo lento y las circunstancias del proceso legal, y detalles de lo que hicieron ambos gobiernos en secreto comienzan a trascender.

La historia comenzó la mañana del 19 de diciembre en Dallas, cuando fue detenido García Luna, en el pequeño departamento que rentaba de manera temporal mientras trabajaba un programa de seguridad para un condado. Los alguaciles lo llevaron al Centro de Detención Metropolitano de Dallas, y tras ingresar lo llevaron a un salón donde había siete funcionarios del Departamento de Justicia, la DEA, el FBI y la CIA. Sin un abogado presente, sin grabación de lo ahí platicado y sin minutas para registrar lo dicho, el representante de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn le dijo que su captura había sido “a petición del Presidente de México” para que imputara a varias personalidades mexicanas de la política, el sector privado y los medios de comunicación.

El abogado de la Fiscalía mencionó por nombre a los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón, y sin identificar ni precisar, al “señor de la telefonía”, al “de la televisora”, a “los de Televisa” y “al empresario de medios que tiene hospitales”. Era una lista larga donde estaban incluidos todos los procuradores y procuradoras desde el gobierno de Salinas al de Enrique Peña Nieto, así como todos los secretarios de Hacienda y algunos de Gobernación.

No estaba el nombre del presidente Ernesto Zedillo, y Peña Nieto aparecía sólo de manera tangencial. Sí estaban incluidas las figuras del PRI y el PAN más connotadas de la última generación, líderes de partido, legisladores y jueces. También había una decena de periodistas. En todos los casos querían que García Luna acusara a los empresarios de haber utilizado dinero del narcotráfico en sus empresas, y que el resto había sido parte de un esquema de corrupción y encubrimiento.

Cuando el representante de la Fiscalía hizo la oferta, el representante de la CIA se salió del cuarto, algo que sólo sucede cuando lo que está prometiendo un funcionario con representatividad no tiene el consenso de quienes están presentes, lo desaprueban o pueda estar al margen de la ley. Ese fue el primero, pero no el único momento en que afloraron las diferencias entre los servicios policiales y de inteligencia estadounidenses. En el curso del juicio, la DEA también se dividió y una parte importante no respaldó el actuar del agente Miguel Madrigal, que fue quien llevó a la Fiscalía en Brooklyn a Héctor Javier Villarreal, el extesorero del gobernador Humberto Moreira en Coahuila, el testigo más importante de la Fiscalía en el juicio de García Luna por ser el único que no era narcotraficante ni había sido detenido por él, y a quien señala la defensa que cometió perjurio. Madrigal, tras la moción de la defensa donde presentó pruebas de que el agente de la DEA violó la ley para dañar a García Luna, fue jubilado.

García Luna rechazó la propuesta del representante de la Fiscalía. Su explicación, de acuerdo con la información en los ámbitos judiciales de Brooklyn, es que no imputaría a nadie de quien no tenía información. Como reacción a su negativa, el exsecretario no fue enviado a una celda ordinaria, sino a un SHU, las siglas en inglés de Unidad Especial de Vivienda, con la que identifican en el sistema penitenciario estadounidense espacios de dos metros cuadrados que no tienen nada para sentarse o acostarse, y que permanentemente tienen la luz encendida para que el reo pierda toda la noción del tiempo.

Aproximadamente dos horas después de la primera reunión, en un vuelo privado desde Nueva York, de acuerdo con la información obtenida, llegó a quienes varios de los que conocen los detalles de estos encuentros informales y que se mantuvieron fuera de los registros oficiales identifican como el titular de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn. Sin embargo, no se pudo corroborar que se tratara de Richard Donoghue, cabeza de esa poderosa oficina judicial. De ser así, haber realizado ese viaje para firmar un acuerdo con un prisionero es algo extraordinario, porque prácticamente no salen de sus oficinas, ni siquiera para asistir a sus juicios.

El titular de la Fiscalía de Brooklyn, como lo refieren en las informaciones, le repitió a García Luna que había sido detenido por “petición del presidente de México” –al que nunca llamó por su nombre– y le dijo que, a cambio de las imputaciones y que se declarara culpable, el gobierno de Estados Unidos le ofrecía que estaría en prisión sólo siete meses, al término de lo cual saldría libre y recibiría un pago “millonario”, que no cuantificó, para compensar que perdería las empresas que tenía en México y Estados Unidos.

García Luna repitió lo que había dicho al representante de la Fiscalía que le adelantó parte del acuerdo horas antes, que no imputaría a nadie, porque no tenía información de que hubieran estado vinculados con el narcotráfico, ni prueba alguna contra ellos. El titular de la Fiscalía le dijo que eso no importaba. Que él los señalara y que del resto se encargarían los fiscales. Además, le dijo que no se declararía culpable porque era inocente de las acusaciones que le habían formulado. Lo regresaron al SHU.

Todavía hubo dos reuniones más el 9 de diciembre, sin abogado defensor presente, sin grabación ni minutas para dejar registro de lo ahí platicado. La respuesta de García Luna fue la misma. Ni se declararía culpable, ni imputaría a nadie.

Mañana: El objetivo, desmantelar el régimen.

Desde hace varias elecciones se han utilizado las encuestas como una forma para inhibir el voto, pero en ninguna se empleó de manera tan metódica y vasta como en las del año pasado para la gubernatura del Estado de México. El equipo de campaña de la morenista Delfina Gómez salió de compras y contrató a todas las casas demoscópicas que pudo para ser la propietaria de las encuestas y decidir estratégicamente cómo utilizarlas en su beneficio. De esta forma, mediante convenios de publicidad con medios, se publicaron –como si fueran inserciones pagadas– aquellas que le salían favorables con el mayor porcentaje frente a su adversaria Alejandra del Moral.

Durante semanas se manejó una diferencia de dos dígitos en la preferencia electoral por Gómez, y dos semanas antes de la elección hubo una que le daba una ventaja de 18 puntos. Al final ganó por ocho puntos, pese a todos los recursos que se emplearon en su campaña, aunque puede argumentarse retóricamente que, de haber cumplido el PRI, el PAN y el PRD con el número de votos prometidos, el resultado pudo haber sido diferente. ¿Qué fue lo que provocó la apatía? Una explicación es la falta de cohesión de la coalición de Del Moral que enfrió el ánimo de votar; otra fue el desánimo del elector ante la inevitabilidad de la victoria de la morenista.

En todo caso, la estrategia del carrusel de encuestas al servicio de la campaña de Gómez fue creando la percepción de que la victoria era inminente, que es lo que en la actualidad está sucediendo en el caso de la candidata presidencial del régimen, Claudia Sheinbaum, que luce imbatible en los diferentes estudios de opinión frente a su opositora Xóchitl Gálvez. ¿Qué tanto son creíbles los resultados que se están mostrando? Metodológicamente, de acuerdo con expertos, son confiables, pero la pregunta que se están haciendo es qué es lo que realmente están midiendo.

Algo que inquieta y llama a la reflexión es que los números que arrojan sus encuestas muestran que Sheinbaum, a quien conoce 83% de los mexicanos, tiene casi 20 puntos más en preferencia de voto de la que tenía el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador en la campaña presidencial de 2018, a quien conocía más de 95% de la población nacional gracias a sus dos campañas presidenciales previas, a su prominente papel de líder de la izquierda social y sus dos recorridos a cada uno de los más de 2 mil 250 municipios del país. Sheinbaum, de acuerdo con esos datos, es más popular que López Obrador, pese a que es menor conocida que él y su trayectoria política es mucho más limitada.

Racionalmente esto no tendría sentido. Comparar una persona tan conocida en el país, con oficio, carisma y empatía en muchos sectores, frente a una persona que está lejos de ser reconocida como él, sin carisma ni empatía, además de carecer de su talento y teflón a prueba de armas políticas nucleares, choca con el hecho demoscópico de que sea ésta, Sheinbaum, quien sale mejor evaluada que López Obrador, y representa un desafío a la razón, salvo que, en realidad, las encuestas no estén midiendo a la candidata, sino al Presidente.

Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, observó que sí hay una correlación entre la aprobación de López Obrador y la preferencia de voto por Sheinbaum, cuyas diferencias casi se acercan al margen de error. La última encuesta de EL FINANCIERO sobre aprobación presidencial refuerza este punto, al ubicar a López Obrador en 56% de acuerdo nacional, mientras que la intención de voto promedio en el sitio de oraculus.mx –que agrega las encuestas de las empresas más acreditadas– tiene a Sheinbaum en 61% en febrero. Las líneas que muestran la fluctuación de las mediciones mensuales han corrido de manera paralela.

La aprobación del Presidente se ha mantenido sólida en la parte alta de los 50 por ciento y la parte baja de los 60, lo cual es un nivel de respaldo estupendo en el último año de gobierno, que se encuentra en niveles similares a los que tenían los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. La diferencia hoy es que la preferencia de voto de los candidatos no tenía nada que ver con sus altos niveles de acuerdo presidencial. De hecho, el candidato del PRI perdió la elección con Zedillo al mando del partido y del gobierno; Fox no pudo imponer a su candidato, y Calderón tuvo que regresarle el poder al PRI.

El fenómeno López Obrador es único y quizás irrepetible. Su poderoso imán político le da lo suficiente para arrastrar a su candidata, a través de la cual va por la reelección. Esta idea tiene que ser entendida a partir de dos premisas fundamentales, la primera, aunque parezca obvia, que no estará en la boleta presidencial en junio, y la segunda, que tampoco se pretende dibujar el escenario de que, si fracasara Sheinbaum, esté dispuesto a generar una crisis constitucional con tal de no entregar la banda presidencial a Gálvez.

La reelección de López Obrador pasa primero por consumar la victoria de Sheinbaum, a quien ya instruyó públicamente cuáles serán sus tareas, responsabilidades y obligaciones al asumir la Presidencia; luego, alcanzar la mayoría calificada en el Congreso para allanar el camino a todas sus reformas. Es posible plantear, por las evidencias de su robusto ego y narcicismo, que la elección para él no sería sólo un referéndum de su gobierno, sino que tiene que probar y probarse a sí mismo que fue capaz, a través de su candidata, de alcanzar un mayor número de votos de lo que él consiguió en 2018.

Sheinbaum es un instrumento de López Obrador para perpetuarse en el poder, sin tener el mando presidencial. Este planteamiento es rebatido por personas altamente informadas y con memoria histórica sobre cómo, cuando se ponen la banda presidencial sobre el pecho, es juego nuevo. ¿Lo hará Sheinbaum? Hay más dudas que certidumbres, pero en cuanto a López Obrador no: ya puso sus fichas sobre la mesa.

La virulencia desatada contra Jorge Castañeda por expresar que el componente que falta en la lucha de Xóchitl Gálvez por la Presidencia es una campaña negativa, no es necesariamente desproporcionada. Castañeda pudo haber abusado del lenguaje e incurrido en ligerezas por la manera como lo planteó durante el programa La Hora de Opinar en Foro TV, al mencionar “chismes” y “guerra sucia” como parte de esa estrategia que lo dejaron en medio del torbellino de la polarización, pero lo que explica su linchamiento es que su argumento es correcto y desde hace mucho tiempo, ‘chismes’ y ‘guerras sucias’ han sido utilizadas por los políticos en el mundo para obtener ventajas.

Puede gustar el recurso o no, pero sólo los hipócritas, los ingenuos o quienes temen a esa estrategia, pueden sorprenderse del planteamiento, empezando por López Obrador, quien durante casi 30 años la ha utilizado como una de sus herramientas políticas más efectivas. La reacción contra Castañeda no es exagerada, ante la posibilidad de que su grito resuene donde deba y provoque una avalancha.

López Obrador movilizó sus fuerzas para sepultarlo políticamente, y se puede argumentar que no fue una reacción circunscrita al ámbito personal, sino a lo que planteó una voz que es escuchada. El Presidente debe temer una campaña negativa, no sólo porque lo sufrió –”es un peligro para México”, fue la etiqueta que le grabó el PAN en la piel en las elecciones de 2006–, sino porque conoce, porque lo hicieron él y su maquinaria de propaganda en el pasado, los alcances que puede tener si se conectan realidades, verosimilitudes, ‘chismes’ y ‘guerras sucias’ con el electorado.

Las campañas negativas, una forma políticamente aceptable que sintetiza las caracterizaciones de Castañeda sin generar las turbulencias que provocó, son muy populares en la política moderna, aunque no son nada nuevas. Hace casi 180 años, el entonces candidato presidencial en Estados Unidos James Polk fue acusado de marcar a sus esclavos, lo que era una mentira. En el último cuarto del siglo pasado, el equipo del candidato republicano George H.W. Bush inventó que el candidato demócrata Michael Dukakis, cuando era gobernador de Massachusetts, perdonó a un criminal, mostrándolo como un político suave con el crimen, imagen que no pudo sacudirse el resto de la campaña.

Al candidato demócrata a la Casa Blanca, Gary Hart, le buscaron sus secretos, y uno, una relación amorosa con una guapa washingtoniana, terminó en la portada del semanario sensacionalista National Enquirer, que lo obligó a retirarse de la contienda. Buscaron hacer lo mismo con Hillary Clinton en 2016, con el llamado pizzagate, que tomó vida en las redes sociales como una red de pedofilia ligada a la demócrata. En esa campaña, el republicano Donald Trump utilizó a Cambridge Analítica, que administró ilegalmente información de 50 millones de usuarios de Facebook para llenarlos de noticias falsas sobre candidatos, diseminar mentiras y buscar desalentar la participación electoral.

Las campañas negativas son estrategias arriesgadas y, como se vio con las palabras de Castañeda, altamente controversiales. Pero son empleadas de manera amplia porque de lo que se trata es de ganar elecciones. López Obrador, que ha dicho que el fin no justifica los medios, utilizó, a través de sus propagandistas, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa para decir que fue un crimen de Estado y llevar a juicio a funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, que no se ha probado. A la candidata del régimen, Claudia Sheinbaum, le montaron una campaña sucia para decir que había nacido en Bulgaria. A Felipe Calderón le colocó la etiqueta de ‘borracho’ un colaborador de López Obrador, un chisme que se le quedó para siempre, pese a que quien lo hizo se disculpó públicamente tras reconocer que había mentido.

Las campañas incluyen el contraste, donde se enfatizan los errores o deficiencias del adversario. López Obrador podría enfrentar una campaña negativa a partir del análisis contrafactual derivado de la pregunta ¿estamos mejor hoy que en 2018? Sheinbaum, muy probablemente, se verá forzada a responder sobre los colapsos de la escuela Enrique Rébsamen, cuando era delegada en Tlalpan, y de la trabe de la Línea 12 del Metro, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Los propagandistas de López Obrador tienen desde hace varias semanas una línea de ataque contra Gálvez para sembrar en el imaginario colectivo que es la candidata del PRI, para que chupe los negativos de ese partido.

Apostar por una estrategia de esta naturaleza tiene riesgos, como el rechazo del electorado, aunque esto sucede más en democracias maduras, no incipientes como la mexicana. Aquí, como lo vivió López Obrador en anteriores elecciones, es un incentivo para la movilización y la cohesión de sus clientelas electorales que se traduce en votos. Pero sobre la base de su propia experiencia, sabe que puede haber un punto de inflexión para él y para su candidata Sheinbaum. ¿Será esta la motivación para linchar a Castañeda e inhibir esfuerzos y recursos que puedan inyectarse a las campañas negativas? A saber.

La campaña presidencial apenas inició y, muy probablemente, habrá materiales en las redes sociales que dañen la imagen de una candidata y modifique la narrativa. Esto, en el fondo, es de lo que trata una campaña, del control de la narrativa, por el potencial para cambiar el curso de una elección. Castañeda decía la verdad cuando observaba la falta de una campaña negativa de Gálvez, una idea que López Obrador está tratando de matar porque si la oposición encuentra el formato adecuado que penetre el cerebro del electorado, que reacciona ante lo negativo, no lo positivo, puede convertir el día de campo que piensa el Presidente será esta elección, en una pesadilla.

Nota: Tatiana Clouthier, actualmente en el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, afirmó que es “imprecisa y sin fundamento” la información publicada en esta columna el 6 de marzo sobre su participación en la recaudación de recursos para la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018, y que las propuestas de aportaciones privadas que recibió las canalizó al partido.

Epigmenio Ibarra, el videógrafo de Andrés Manuel López Obrador, vanguardia de la maquinaria de la propaganda de Andrés Manuel López Obrador, está siendo atacado en las redes sociales donde le adjudican, seria y satíricamente, ser el autor del video que dio a conocer el martes presuntamente el Cártel del Noreste, una escisión de Los Zetas, donde hace una defensa del Presidente y asegura que nunca le dieron dinero para sus campañas políticas, como señalan investigaciones en Estados Unidos que fueron cerradas por razones políticas.

El señalamiento de ser el productor del narcovideo no tiene sustento, hasta ahora, pero el imaginario colectivo suma: dos más dos son cuatro. Ibarra es un exitoso productor de narcotelenovelas donde los héroes son los capos, y la política de seguridad laxa del Presidente, tolerante y respetuoso con los líderes del Cártel del Pacífico, allana el camino al silogismo pernicioso, que por cierto utilizan los dos, y la máquina de propaganda a su servicio.

En cualquier caso, la grabación en sí misma despierta sospechas sobre la fuente que lo inspiró y produjo. El video difundido el martes dura 6′ 08″, y comienza con una cortinilla del presunto Cártel del Noreste con efectos y la utilización de la herramienta Google Earth para aproximarse desde el espacio hasta el municipio neoleonés Doctor Coss, una de las puertas de entrada a la llamada ‘frontera chica’ de Tamaulipas, y que está bajo su control, donde la semana pasada sus adversarios, el Cártel del Golfo, los atacó.

El arranque del video es muy diferente al anterior que dieron a conocer en las redes sociales, en junio del año pasado, en respuesta a un llamado a la paz de López Obrador. De entrada, la diferencia en la calidad entre los dos materiales es enorme. En el primero, cuando se abre, la resolución es mala y no se pueden ver los detalles; en el último, la resolución es nítida y se aprecia hasta el color de los ojos de los hombres armados.

El primer video tampoco tiene la producción del último, que incluye una edición de imágenes tomadas de Milenio TV y fichas de militares como las que aparecen en los Power Point que se transmiten en las sesiones informativas sobre seguridad en las mañaneras de Palacio Nacional. Tampoco hace uso de imágenes producidas profesionalmente que, para identificar al grupo como “CDN Cártel del Noreste”, emplearon una tipografía estilizada que brilla, a diferencia del previo, cuyos recursos se aprecian más cercanos a los de un estudiante de secundaria, utilizando la tipografía universal de la familia Helvética con letras blancas.

En el primer video, de 2′ 31″, aparecen ocho hombres armados detrás de quien lee el comunicado, con una variedad de fusiles de asalto y vestidos con uniformes tácticos negros, grabado de día en alguna zona urbana de alguna ciudad el 23 de junio pasado. En el de este martes, aparecen ocho hombres armados únicamente por lo que parecen ser fusiles R-15, de uso reglamentario del Ejército, que también son populares en los cárteles de las drogas, detrás de quien lee el mensaje, no del papel en el que fue escrito en el primer caso, sino desde un teléfono celular.

El video fue grabado durante la noche en una zona donde sólo se ven árboles, con dos cámaras –o con una sola, pero con varias tomas– que captaron diferentes ángulos. Los hombres también tienen uniformes tácticos, pero de color azul. Sus cuerpos se ven entrenados, a diferencia de los hombres en el primer video, y la forma como se paran no es desparpajada como en junio, sino en posición de firmes, sin moverse. Otra diferencia que llama la atención es que en el video que difundieron el martes el mensaje va acompañado de subtítulos, que no existen en el video del año pasado.

El contenido es lo que más los diferencia y más cejas levanta. En el video del año pasado, los hombres identificados como miembros del Cártel del Noreste respondieron un exhorto de López Obrador para que no actuaran de forma violenta, que fue la reacción que tuvo a una negociación con colectivos de madres buscadoras para que les permitieran encontrar a sus hijos. Poco duró ese pacto, pues una de ellas fue asesinada.

En el último video mezclan una introducción de denuncia por la presunta colusión de militares y funcionarios del gobierno de Tamaulipas con cárteles enemigos, que es algo no ajeno a ese tipo de mensaje criminales. Lo que fue insólito es que en la parte sustantiva se deslindaron de haber inyectado dinero en las campañas presidenciales de López Obrador en 2006 y 2018, como se publicó en cuatro medios, tres estadounidenses y uno alemán. “Ni nos metemos, ni nos metimos, ni nos meteremos” en procesos electorales, dijo el hombre que hizo la lectura.

Quien escribió el texto tiene una formación burocrática, porque comenzó citando, como si fuera un oficio, al “Presidente constitucional”; a la secretaria de Gobernación –responsable de la política interna–, Luisa María Alcalde, a la secretaria de Seguridad Pública, “ciudadana” Rosa Icela Rodríguez, y a los secretarios de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, almirante Rafael Ojeda, mencionando los dos apellidos en todos los casos.

También adopta la fobia de López Obrador contra el periodista Carlos Loret, porque el video tiene como motivación la entrevista que difundieron con quien se identificó –sin que hubiera desmentido– como Celso Ortega, líder de la banda criminal guerrerense de Los Ardillos, donde afirma que Los Zetas le inyectaron dinero a la campaña de López Obrador. No mencionan los primeros tres medios que airearon las investigaciones en Estados Unidos, y sólo le recarga la mano a The New York Times para decir que lo que publicó no es cierto. Como cereza de pastel, concluye citando a Donald Trump y afirma que todo lo publicado “son fake news”.

Al final, por donde se le quiera ver, presuntamente los ex-Zetas, reinventados como Cártel del Noreste, se sumaron a la maquinaria de propaganda de López Obrador que busca limpiar su nombre y su legado. Así no se va a poder.

Las investigaciones que realizó el Departamento de Justicia sobre presuntos financiamientos del Cártel de Sinaloa en las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2018, han generado una preocupación real del Presidente porque no sabe si existen realmente videos donde están sus hijos recibiendo dinero del narco, como lo apuntaron varios testigos en expedientes que se cerraron por razones políticas y diplomáticas.

Desde que aparecieron los primeros reportes periodísticos, hace casi un mes, el Presidente ha sostenido reuniones regulares con Alejandro Esquer, su secretario particular, para que le informe, aclare o confirme si existen videos, fotografías o audios que involucren a alguno de sus hijos o a su círculo cercano recibiendo dinero para las campañas. No se ha discutido, según ha trascendido, que sea dinero del narcotráfico, limitándose la petición a recursos en efectivo que pudieron llegar a la campaña irregularmente.

López Obrador ha negado vehementemente cualquier ilícito, pero le ha impactado en el ánimo la etiqueta de ‘narcopresidente’ en las redes sociales, que lo enerva crecientemente ante su uso cada vez más amplio en la opinión pública. Para tratar de neutralizarlo se ha desarrollado una estrategia –fallida– en la oficina de propaganda que dirige el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, pero la parte más crítica, la posibilidad de que videos de su gente más cercana recibiendo dinero en efectivo aparezcan, es la que tendría un efecto potencialmente devastador.

Financiamientos irregulares de las campañas presidenciales han sido motivo de discusión pública desde hace al menos tres años. Recientemente Jesús Ortega, que fue el coordinador de la campaña presidencial de López Obrador en 2006, dijo en una entrevista de prensa que quienes manejaban los recursos de la campaña eran Octavio Romero, actual director de Pemex y quien por lustros ha sido quien se encarga de la economía de los hijos mayores del Presidente; el hijo de Julio Scherer, cuyo padre fue poderoso consejero jurídico de la Presidencia en la primera parte del sexenio; Leonel Cota, que manejaba los dineros del PRD –cuando aún no se partía y nacía Morena–; el articulista al servicio del poder en turno Federico Arreola –actualmente en el cuarto de guerra de la candidata Claudia Sheinbaum– y el propio Esquer.

Ortega no precisó el origen de los recursos, aunque una de las investigaciones del Departamento de Justicia encontró testigos que le dijeron a agentes de la DEA que al menos 2 millones de dólares habían sido aportados por el Cártel de Sinaloa. La respuesta de López Obrador fue acusar de calumniadores a los tres periodistas que publicaron detalles de las investigaciones que se refieran a la campaña presidencial de 2006.

Informaciones sobre financiamientos opacos en la campaña de 2018 involucran directamente a Esquer. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad a finales de 2020, encontró que el entonces secretario de Finanzas de Morena contrató proveedoras fantasma con una empresa que estaba listada como simuladora de operaciones comerciales con fines de evasión fiscal. Un año después, en diciembre, la misma organización reveló que Esquer y Denis Zaharula Vasto, actual coordinadora general de Administración de la Oficina de la Presidencia, realizaron una operación de depósitos hormiga en diciembre de 2017 a un fideicomiso que supuestamente era para los damnificados del sismo en ese año, de donde supuestamente retiraron 44 millones y medio de pesos que terminaron en campañas políticas.

Ninguna de esas revelaciones vincularon los recursos al crimen organizado, como ha sido hasta recientemente con el detalle de varias investigaciones de las agencias que dependen del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que son las que han detonado la preocupación del Presidente, en particular de su hijo Gonzalo, que, de acuerdo con un libro del sociólogo Hernán Gómez Bruera, Traición en Palacio: el negocio de la justicia de la 4T, enfocado en el exconsejero jurídico Scherer, es quien estaba involucrado en el financiamiento de la campaña presidencial de su padre.

No era el único involucrado en la recaudación de recursos. De acuerdo con la información obtenida, también participaron el exconsejero Scherer, Tatiana Clouthier, que fue la coordinadora de campaña de López Obrador en 2018 y posterior secretaria de Economía, y Alejandra Fraustro, a quien nombró titular de Cultura. Hubo otras personas que contribuyeron en la recaudación de recursos, pero la preocupación central en Palacio Nacional se encuentra en el grupo más íntimo que recibió el dinero.

La posibilidad de que existan pruebas documentales de haber recibido dinero en efectivo es un tema que viene rondando en la Presidencia desde hace más de dos años, cuando detectaron la existencia de videos que, temían, podrían ser dados a conocer. Hasta ahora no han logrado averiguar quién o quiénes podrían tener esos videos, que tampoco han salido a la luz pública. No está claro si la preocupación actual del Presidente está relacionada con aquellos videos, o si hay temor de que sea un paquete diferente.

López Obrador ha estado pidiendo a Esquer detalles de su agenda durante la campaña presidencial de 2018, y toda la información de las personas con las que se reunieron él y los otros responsables de recaudar recursos, que le reportaban al actual secretario particular. Extrañamente, la identificación de donadores y los montos es un tema que no ha salido del control de Palacio Nacional, y no se ha involucrado, hasta el momento, al Centro Nacional de Inteligencia, que podría contribuir a determinar si los donantes tenían o no relaciones sospechosas con el crimen organizado.

El tema del financiamiento irregular o ilegal de sus campañas ha golpeado a López Obrador en la opinión pública de manera efímera, por lo cual no ha habido consecuencias en su imagen y popularidad, que es lo que más le importa. Pero el presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa y Los Zetas, investigado por el Departamento de Justicia hasta que cerró las pesquisas para no confrontarse con el gobierno mexicano y tener un diferendo político, es otra cosa, y pone la lupa de la preocupación presidencial en su campaña de 2018 y eventuales problemas legales internacionales para el entorno de López Obrador.