Dentro de la “Operación Limpieza”, que se lleva a cabo en la Agencia Nacional de Aduanas de México, se han comenzado a revisar diversos contratos millonarios que fueron otorgados por la anterior administración, a cargo del general George Foullon Van Lissum, a través de los cuales se pagaron grandes cantidades de recursos públicos a empresas de tecnología para la realización de actividades de seguridad y mantenimiento cibernético, aunque en algunos casos no se justificaban del todo esos pagos a contratistas por tratarse de actividades que podía cubrir la propia ANAM con sus técnicos informáticos.
En la revisión de algunos de esos contratos “inflados”, por ejemplo, la administración actual a cargo de Rafael Marín Mollinedo, encontró uno por hasta 567 millones 948 mil 571 pesos, otorgado a una empresa de nombre Creatif Atelier S.A. de C.V., para dar “continuidad operativa al servicio del Centro de Datos 2 (COSD2) del sistema aduanero nacional, con vigencia del 10 de junio de 2024 al 9 de junio del 2026. En el objeto del contrato se especifica que se busca dar “continuidad al servicio del centro de datos y mantenimiento del Plan de Recuperación de Desastres con el que cuenta la ANAM, a fin de contar con mecanismos de mitigación de riesgos, agilidad de respuesta en caso de requerir la movilidad del equipo de recuperación de desastres”.
El problema es que cuando se revisa el giro principal y la especialidad de la empresa contratada para tan delicada labor y a la que se le pagó más de 500 millones de pesos, Creatif Atelier en realidad es una compañía dedicada a la producción audiovisual, montajes creativos de stands y exposiciones y hasta la organización de bodas y otros eventos sociales. Y aunque sí aparece en su página de internet un área de “Ciberseguridad” en el que ofrecen el servicio de “mitigación de riesgos”, no parece ser la actividad original ni principal de la compañía.
Y es que exfuncionarios de la ANAM aseguran que en realidad Creatif Atelier fue utilizada como fachada por Cybolt Managed Services, S.A. de C. V. firma vinculada a Diego Hildebrando Zavala, hermano de la diputada Margarita Zavala, y cuñado del expresidente Felipe Calderón, quien es reconocido por sus empresas de tecnología de la información y ciberseguridad, y que fue señalado por Andrés Manuel López Obrador desde el debate presidencial de la campaña de 2006, por haber sido beneficiado por el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, por haber obtenido contratos del gobierno y no haber pagado impuestos.
Y aunque Calderón negó tajantemente en ese mismo debate que su cuñado hubiera sido beneficiado por él con contratos en la Secretaría de Energía y aseguró que “bajo mi mandato en Energía ni un solo contrato fue otorgado discrecional o en los términos de la propia reglamentación, a algún pariente mío… de tal manera que miente usted y miente también en el ingreso, 2,500 millones de pesos, hágasela buena”; en aquel mismo año, un día después del debate, en la sede nacional del PRD fue precisamente Claudia Sheinbaum Pardo, entonces colaboradora de la campaña de AMLO, quien presentó documentos que dijo haber recibido de forma “anónima” que sugerían el otorgamiento de hasta 20 contratos del gobierno federal, 11 de ellos en el sector energético, mientras sus ventas subieron de 23 mdp en 1996 a 443 mdp en 2006.
Una investigación periodística de El CEO que dirige el periodista Mario Maldonado, documentó el otorgamiento de dicho contrato, de cuya ficha técnica tiene copia esta columna, a la empresa de comunicación Creatif Atelier dirigida por Pamela Jennifer Castañeda y Adrián Amador Alcázar, amigos cercanos de Diana Foullon, hija del general Foullon. Diana Foullon seguía en redes sociales a Pamela Castañeda; sin embargo, tras la publicación de la investigación, su perfil fue eliminado y el de Pamela se volvió privado. Este vínculo refuerza los señalamientos sobre el riesgo que implica para la operación aduanal —incluyendo el combate al huachicol fiscal— la entrega de un contrato de esta magnitud a una empresa sin experiencia anterior en tecnología ni ciberseguridad.
Según fuentes del sector aduanero, Creatif Atelier es utilizada como estructura fantasma para que Cybolt —empresa encabezada por Diego H. Zavala desde junio de 2024— pueda acceder a contratos con el Gobierno Federal. En su portal oficial, Cybolt se presenta como una firma formada por la integración de compañías mexicanas y estadounidenses especializadas en ciberseguridad.
Durante años, Cybolt buscó consolidarse como empresa estadounidense. Los contratos obtenidos en administraciones anteriores a la 4T permitieron que la compañía enviara documentos ante la SEC con la intención de cotizar en bolsa. En esos registros aparece como socio Diego Zavala. Sin embargo, con el avance de la 4T, su nombre desapareció temporalmente, para volver a figurar públicamente tras la elección de Claudia Sheinbaum, ahora como Director General y obteniendo contratos por medio de firmas fachada como Creatif Atelier.
La contratación que se formalizó en junio de 2024 sigue vigente y concluye hasta diciembre de 2026, aunque la actual administración de la ANAM analiza y revisa la vigencia de ese y otros contratos similares en materia de protección y resguardo de datos, a partir de la nueva política que ha establecido la Agencia de Transformación Digital que encabeza José Antonio Merino, y que establece como prioridad, para todas las dependencias federales, que los servicios críticos de datos del gobierno federal se resguarden en infraestructura gubernamental, como parte de lo que denominan la “estrategia de soberanía digital”.
Apenas el pasado 19 de febrero, en su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum recordó aquella conferencia de prensa que dio en el PRD en el 2006, cuando exhibió los contratos de Hildebrando Zavala y volvió a referirse al empresario como parte de la corrupción en el sexenio del presidente Felipe Calderón, a quien le reprochó en esa misma conferencia su “intensa actividad pública” y que no hablara para nada de la sentencia a Genaro García Luna en Estados Unidos, todo luego de que Calderón le concediera una entrevista al conductor de televisión, Yordi Rosado.
¿Será que a Hildebrando le cancelan el contrato con la ANAM que según los funcionarios de Aduana obtuvo a través de sus empresas fachada?
NOTAS INDISCRETAS… Un paquete de 20 cambios de embajadores y cónsules generales en el mundo, es el que tienen ya listo en Palacio Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores para ser sometido al Senado de la República, que tiene que autorizar a los nuevos embajadores. Y entre los nombramientos que ya autorizó la presidenta Sheinbaum hay sorpresas, como la designación del académico y conductor de televisión, afín a la 4T, Genaro Lozano, quien se va como embajador a Italia en sustitución del diplomático de carrera, Carlos García de Alba. El intelectual orgánico de la 4T, Lozano, también será el embajador concurrente en Albania, Malta y San Marino. Otros nombramientos que vienen en esa lista son el de un militar, el general Luis Rodríguez Bucio, exdirector de la Guardia Nacional y quien será designado cónsul en Dallas Fort Worth, en Texas; el del exgobernador priista de Tlaxcala, Marco Mena, quien entregó el poder a Morena en los comicios de 2021; y destaca también la llegada de Marcos Bucio, exsecretario general del IMSS y con experiencia en temas internacionales, como nuevo cónsul de Nueva York, cargo que se encuentra acéfalo desde que en octubre de 2024 el diplomático Jorge Islas renunció para sumarse a la Coordinación General de Consulados de la SRE, aunque también terminó por declinar a ese nombramiento que le había ofrecido el canciller Juan Ramón de la Fuente, en medio de acusaciones y denuncias de acoso sexual por parte del personal del consulado, aunque él siempre negó la veracidad de esas denuncias. Será interesante la llegada de Bucio a Nueva York, un exfuncionario experimentado desde su época como priista, justo en momentos en que se llevan a cabo las investigaciones por el accidente trágico del Buque Escuela Cuauhtémoc, que chocara en el Puente de Brooklyn causando la muerte de dos cadetes y dejando varios más heridos… En medio de las denuncias de organizaciones civiles ante el INE por la existencia de “candidatos con antecedentes peligrosos”, surge el caso de Juan Ramón Rodríguez Minaya, candidato a Magistrado Federal en materia Penal y Administrativa por el circuito 14 de Yucatán, donde actualmente está en funciones en ese mismo cargo para el que quiere reelegirse. El problema es que, desde Mérida, nos llega información de varios casos y fallos “controvertidos y cuestionables” por decir lo menos, del actual candidato durante su desempeño como Magistrado Federal. En 2014, por ejemplo, en una denuncia por despojo en Tulum vinculada con el caso Casique Fernández, Rodríguez Minaya autorizó el despojo de predios en Punta Piedra, Tulum, a favor de individuos previamente acusados de fraude. En diciembre del mismo año, declaró culpable a Héctor Casique Fernández por homicidio, a pesar de evidencias de tortura que motivaron su confesión forzada. El caso generó críticas nacionales e internacionales por violaciones a derechos humanos. Para 2015, el magistrado y hoy candidato emitió un fallo que prohibía discriminar a estudiantes en escuelas privadas por falta de pago, considerando esa práctica violatoria de derechos humanos. Aunque progresista en términos de derechos, fue un caso mediático que dividió opiniones. Luego, en 2016 junto con otros magistrados de su Tribunal, frenó temporalmente la devastación del manglar Tajamar en Cancún, y aunque la decisión fue bien recibida en principio por ambientalistas, el caso reveló tensiones internas en el Poder Judicial sobre temas ecológicos. Pero entre 2017 y 2018 el nombre de Rodríguez Minaya volvió a ser noticia porque concedió, junto con otros magistrados un amparo al exgobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge, acusado de un desfalco de más 3 mil mdp durante su mandato, a quien le fijó una fianza de 85 millones de pesos que permitió al exgobernador evitar tres órdenes de aprehensión. La decisión fue ampliamente criticada por su permisividad frente a la corrupción. Y más recientemente en 2024, el actual candidato a Magistrado Federal se opuso a la destitución del Fiscal General de Yucatán, Juan Manuel León León, a pesar de que se documentó el incumplimiento de una orden judicial de restitución de hoteles a su legítimo dueño. Su voto fue parte de una postura que fue duramente criticada por solapar posibles abusos de poder. Por todo ello el nombre de Juan Ramón Rodríguez Minaya aparece en las listas de las “figuras polémicas y controversiales” que buscan colarse al nuevo poder judicial, pues se le cuestiona el poder y las redes de influencia que aparecen en sus fallos y que ya en 2024 le fueron señalados cuando apareció mencionado como posible aspirante al ya casi extinto Consejo de la Judicatura federal. ¿Cuántos de esos perfiles pasarán finalmente en las boletas electorales de este 1 de junio?… Y hablando de justicia y de fallas en el Poder Judicial, en Monterrey, el juez Primero de Juicio Civil Oral, Erick Alejandro Arenas Guzmán, está siendo denunciado por su cuestionada actuación en el caso de la demanda de la joven Karla Castro, quien el 13 de junio de 2017 sufrió un terrible accidente en una planta industrial de la empresa Ternium, dirigida por Máximo Bedolla y Siemens de Alejandro Preinfalk, quienes fueron denunciados desde aquel año por la ingeniera Castro por “evasión de su responsabilidad y actuación negligente en el accidente de trabajo que hirió gravemente a la demandante”. Resulta que los abogados de Karla han solicitado la inhabilitación del juez Arenas Guzmán, quien una vez más atrasó por un mes la audiencia preliminar que debió realizarse el pasado viernes, bajo el pretexto de que no conoce el caso a fondo a pesar de que lleva ocho años demorando el juicio contra las empresas Ternium y Siemens. Las maniobras dilatorias que el juez Arenas, de acuerdo con los abogados de la demandante, tienen que ver con que está en contubernio con los patrones acusados, y van desde la desestimación de caso para alargarlo en las apelaciones y amparos hasta hacer perdediza una notificación determinante en la paquetería de DHL. Karla Castro sufrió un accidente en la planta siderúrgica de Monterrey, debido a la ausencia de las medidas más básicas de seguridad industrial. Resbaló con bolas de polvo de hierro de reducción directa a muy alta temperatura, esparcidas en el piso, en donde no había señalamientos de precaución, ni equipos de primeros auxilios en 400 metros, ni un barandal de seguridad, lo que fue documentado por una inspección posterior de la Secretaría del Trabajo, aunque Ternium y Siemens hicieron todo a su alcance para evitarlo. A pesar de que Karla tenía puesto todo su equipo de seguridad en el momento del accidente, sus botas se fundieron con su piel, ocasionándole quemaduras y lesiones que la mantuvieron ocho meses hospitalizada y requirieron 10 cirugías. Atención de alta especialidad de la que sus patrones no se hicieron cargo. Únicamente le ofrecieron las primeras asistencias en una raquítica instalación médica propia, sin el equipo ni personal especializados para los riesgos industriales de una siderúrgica, pero que mantienen para evadir el pago de la seguridad social. La negligencia en este caso por parte de Ternium y Siemens fue tal, que ni siquiera llamaron al Ministerio Público como debe hacerse en cuanto sucede un incidente como este, dado que es el responsable de la realización de los peritajes necesarios. Aunque Karla Castro y sus abogados han registrado con evidencias claras todo el caso, la actuación del juez Éric Alejandro Arenas Guzmán es una muestra clara de la corrupción en que puede incurrir un juzgador al volverse cómplice de la parte acusada para negar la justicia a una víctima y de la necesidad de los mecanismos necesarios para preservar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial que garanticen procesos realmente prontos y expeditos. Todo esto ocurre justo en la víspera de una elección judicial cuestionada y en la que se apuesta por un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que se encargaría de revisar la ética y el profesionalismo en el trabajo de los jueces y magistrados. Está claro que si al juez regio lo revisaran en esa materia saldría totalmente reprobado… Y hablando de la elección judicial, nos hacen notar que cuando la presidenta Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno de la CDMX coincidió con Yasmín Esquivel que presidía el Tribunal de Justicia Administrativa de la capital. La relación entre las dos funcionarias, dicen, era buena e institucional. Ahora que una es presidenta y la otra la candidata mejor posicionada, según encuestas, a la Presidencia de la Suprema Corte, veremos si esa relación continúa en los mismos términos. Sobre todo porque el antecedente directo de la relación entre la doctora y la actual presidenta de la Corte, Norma Piña, nomás nunca existió y la juzgadora fue siempre percibida y tratada como “enemiga ideológica” por la mandataria nacional. ¿Será que se vuelven a repetir esas coincidencia y que, por segunda vez en la historia de la República sean dos mujeres las que encabecen los poderes Ejecutivo y Judicial? De suceder, al menos, parece que ahora sí habrá una mejor relación entre la presidenta de la Corte y la de la República… Los dados mandaron Serpiente Doble. Caída Libre.
