La amenaza de un paro nacional en la distribución del gas LP para la próxima semana, hecha por las empresas de ese sector, encendió los focos rojos en Palacio Nacional a tal grado que, tras haber desestimado y minimizado en principio el anuncio de los gaseros, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tuvo que rectificar y el pasado jueves ordenó a su gabinete energético darle prioridad al tema. Ella misma anunció, en su mañanera, la intención de dialogar con las compañías gaseras de toda la República que demandan la eliminación del precio topado del energético, a fin de evitar el paro que traería consecuencias nefastas para la industria y el abastecimiento doméstico del vital combustible.
Y es que en momentos en que la tensión social está a tope, con los bloqueos y plantones de la CNTE en la Ciudad de México, que cumplen ya quince días desquiciando la vida de los capitalinos, la Presidenta se dio cuenta que no podían abrir otro frente tan explosivo, literalmente, como un paro de los gaseros que abastecen al 75% de las familias mexicanas y a una buena parte de empresas que utilizan el Gas LP en sus procesos productivos y que, sin el combustible también pararían actividades afectando miles de empleos en toda la República.
Por eso Sheinbaum modificó su posición original, en la que había descartado el riesgo del paro nacional, y tuvo que jalar varias orejas en su gabinete energético, empezando por su muy querida secretaria de Energía, Luz Elena González, quien ha sido señalada por los gaseros como “el principal obstáculo” para una solución técnica y justa que implique la eliminación del “precio oficial” dictado por el gobierno de López Obrador el 28 de julio de 2021, cuando se estableció desde Palacio Nacional que la Comisión Reguladora de Energía sería la encargada de fijar los topes máximos a los precios del Gas LP para las distintas regiones del país.
“Desde que se decretó el control de precios en agosto de 2021, la dependencia (Secretaría de Energía) no ha mostrado disposición para ajustar las tarifas, a pesar de los aumentos sostenidos al salario mínimo, la inflación acumulada y los costos logísticos”, dijo a esta columna uno de los dirigentes de la industria gasera, quien pidió el anonimato, y argumentó que esa política ha provocado ya que cientos de empresas operen con márgenes negativos o incluso pérdidas netas, al tiempo que se benefician los grandes industriales, como el sector tortillero, cuyo precio final al consumidor no está regulado.
El argumento central de las compañías distribuidoras para exigir la eliminación de los “topes oficiales”, es que, contrario al discurso oficial que señala al Gas LP como factor clave en el control de precios de alimentos básicos como la tortilla, datos técnicos desmienten esa narrativa: el consumo de Gas LP para producir un kilo de tortillas equivale a entre 0.60 y 0.85 pesos, lo que representa apenas entre el 3% y 5% del costo total, que puede alcanzar hasta 30 pesos en ciertas regiones. Es decir, el impacto inflacionario del Gas LP en este producto es mínimo, pero las pérdidas para las gaseras son sustanciales.
El gesto de apertura de Sheinbaum no solo busca desactivar una crisis de abasto energético, sino también evitar un colapso social, en medio de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantiene ocupado el Zócalo capitalino, y que ha bloqueado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y todavía esta semana colapsó Paseo de la Reforma, agravando el caos en la capital y el enojo de los capitalinos.
La decisión de eliminar los topes a los precios del gas, que podría anunciarse la próxima semana, como resultado del diálogo entre el gobierno y el sector gasero, podría frenar una ofensiva silenciosa que, según denuncian empresarios del sector, se emprendió durante el pasado sexenio en contra de la industria de la distribución privada del gas.
Y es que, según denuncian grandes empresarios de ese sector, el expresidente, que en su momento también ideó la fracasada empresa del Gas Bienestar, que resultó un fiasco y una pérdida para el erario federal, tenía “intereses personales y familiares” en el negocio de la distribución del gas, donde su hijo Andrés Manuel López Beltrán ha realizado inversiones para volverse empresario del sector junto con amigos de su círculo cercano.
Detrás de esa política de presión regulatoria, dicen los empresarios, existe un objetivo político: “debilitar a las empresas privadas para abrir paso a nuevos actores cercanos a la familia del expresidente”. Este modelo ya habría sido probado en otros sectores estratégicos, como los hidrocarburos, contratos de obra pública, y la distribución de insumos médicos, donde grupos afines al obradorismo han desplazado a competidores históricos con la ayuda de regulaciones discrecionales, subsidios selectivos y decisiones políticas diseñadas para “reventar” el mercado.
Con la disposición al diálogo que mostró la presidenta Sheinbaum, se deslinda también de esta estrategia y busca una solución pragmática que evite que la crisis del gas LP se convierta en una puerta más al control político de sectores clave de la economía. Así que, como muchas otras decisiones que está tomando la mandataria, el gesto de modificar o eliminar los topes al gas LP podría leerse como pintar una línea divisoria entre el nuevo gobierno y las prácticas de patrimonialismo familiar de las que se acusa al sexenio anterior.
Así que, por lo pronto, en momentos en que las tensiones sociales y los problemas ya eran muchos para la Presidenta, el riesgo de un paro gasero no puede minimizarse. Además del impacto directo sobre la vida doméstica de millones de familias, se sumaría al caos social provocado por las protestas de la CNTE, en un momento particularmente delicado, a solo días de las elecciones judiciales del 1 de junio.
Este será pues, un fin de semana bastante intenso para la Presidenta, que enfrenta otra prueba de fuego con el tema del paro nacional gasero: demostrar que su administración sí puede tomar decisiones racionales y autónomas, incluso si eso implica romper con intereses heredados.
NOTAS INDISCRETAS…
Y es que la crisis de la CNTE, que hoy cumple ya 16 días con su desquiciamiento de la capital y de otras ciudades, además de la grave afectación a más de 8 millones de estudiantes de primaria y secundaria en al menos 4 estados del país, parece haber entrado en “fase de acuerdos”. Tras el fracaso del primer diálogo del miércoles pasado, cuando la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no pudo convencer con sus propuestas a los radicalizados líderes de la Coordinadora, ayer viernes por la tarde se reanudaron las pláticas, esta vez de manera privada y sin hacer ruido, en el Palacio de Bucareli. Con nuevos planteamientos y adecuaciones al primer documento, Rosa Icela estuvo dialogando toda la tarde del viernes con los líderes del movimiento disidente y, según nos dicen fuentes de la Segob y de la propia CNTE, se lograron “avances sustanciales” para un entendimiento, al grado de que se soltó el rumor el viernes por la noche de que el plantón del Zócalo sería levantado. Al final no hubo tal retirada, pero lo que sí pasó es que los maestros hicieron un “relevo”, ante el cansancio y agotamiento que ya presentaban muchos de sus participantes en el paro. Una buena parte de los que estaban apostados en el Zócalo regresaron a sus estados de origen, pero al mismo tiempo llegaron nuevos refuerzos para ocupar sus lugares, en espera de saber si se logra un acuerdo que levante definitivamente el plantón. Para convencerlos, la secretaria de Gobernación tuvo que hacer nuevos ofrecimientos y más concesiones a la CNTE que, nos dicen, estaría próxima a anunciar su retirada de la CDMX durante el fin de semana. Ya veremos en qué tuvo que ceder el gobierno para satisfacer las exigencias del magisterio disidente…Por cierto que el jueves pasado, durante la celebración de su 59 Consejo Nacional, el líder del SNTE, senador Alfonso Cepeda, dijo en un discurso que las demandas de la CNTE “son una utopía” porque según el dirigente formal no se puede derogar la totalidad de la Ley del ISSSTE que fue reformada en 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón. “Es una utopía pensar que una ley como la del ISSSTE pueda derogarse, eso significaría volver a construir toda la ley con los 21 seguros que presta el ISSSTE. Tenemos que hablar de reforma, pero de reforma realmente en el tema que nos interesa que son las pensiones”, dijo el senador Cepeda, quien anunció que él presentará ante el Congreso una iniciativa de reforma a la ley del Instituto que mejore sustancialmente las pensiones para los maestros…Más que dilema, la decisión de votar o no votar es libre, personal y derecho de cada ciudadano. Lo es en cualquier tipo de elección, en donde siempre hay una gran cantidad de electores que, por apatía, desconocimiento o por convicción, deciden no ejercer ese derecho y expresar también con la abstención o la anulación del voto una posición política. Pero en el caso de las elecciones judiciales de ese domingo, si bien impera la misma lógica, a esta decisión se añade también un elemento distinto. Ya no se trata solo de un posicionamiento personal o político, sino de la decisión de validar o no un proceso que claramente ha sido ilegal, manipulado y en el que se rompieron todas las normas para el ejercicio de unas elecciones libres, transparentes y profesionales. Votar es aceptar que a partir de ahora las elecciones en México se conviertan en un “asunto de Estado” en donde son los gobiernos y el partido gobernante los que deciden por quién se debe votar y quiénes, de antemano a que los ciudadanos acudan a las urnas, van a ser los ganadores. Y de paso, también votar el domingo es legitimar a un Poder Judicial que, por la inducción ilegal y descarada del voto corporativo y clientelar que ha promovido el régimen y el partido Morena, no nos dará una “mejor justicia” a todos los mexicanos, sino una “justicia a modo” de los intereses de quienes nos gobiernan y pretenden controlar y someter a jueces, magistrados y ministros para que validen y declaren constitucionales todas sus decisiones, políticas y gastos, por más que estos no sean benéficos para el país, sino solamente para su permanencia en el poder. No votar, por lo tanto, también es una forma de rechazar y deslegitimar todo eso, como el último gesto cívico que queda, ante el avance inexorable de un régimen político cada vez más autoritario y que controla y dirige a los tres poderes de la Unión. Y entonces, usted decide, aunque para los que salgan a votar, ya hubo quienes decidieron por ellos…Los dados mandan una Doble Serpiente. La República está cambiando, pero no para bien.
