El mes de julio será explosivo para la clase empresarial y política. Es el mes en el que Ovidio Guzmán López –“El Ratón” – se declarará culpable de los delitos que carga a cuestas para de ahí saltar al programa de testigos protegidos a fin de cooperar con las autoridades norteamericanas y así lograr una reducción de sus respectivas  sentencias cuando se la dicten.

Lo mismo hará su hermano, Joaquín Guzmán López, preso en Chicago desde julio de 2024, quien por cierto libró la pena de muerte y corre en paralelo a su hermano Ovidio rumbo al programa de testigos colaboradores para declarar lo que saben sobre el crimen organizado, sus rivales, sus cómplices y lavadores de dinero, así como policías y altos mandos militares que sirvieron a ese grupo criminal, uno de los más grandes del mundo en el rubro de las drogas.

Se afirma, desde hace varios meses, que los hermanos Guzmán López podrían echar de cabeza a personajes de la Cuarta Transformación presuntamente implicados en el narcotráfico, lavado de activos, tráfico de combustibles robados y otros delitos con los que cooperaron o protegieron a personajes del cártel de Sinaloa.

En Estados Unidos se mencionan nombres. Uno de ellos, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien en no pocas ocasiones importantes medios de comunicación estadunidenses, como The New York Time,  relacionaron con ese grupo criminal precisamente desde el año 2019, cuando dio la orden de que las Fuerzas Armadas liberaran a Ovidio Guzmán, entonces ya detenido en Culiacán, para ser extraditado a Estados Unidos.

Gatilleros del cártel se dieron a la tarea de incendiar la ciudad de Culiacán a balazos; sacaron a relucir su poderío bélico –mostraron las Barret .50 y otras armas de alto poder –y amenazaron al gobierno de López Obrador con realizar un baño de sangre si no liberaban a Ovidio Guzmán, quien ya estaba en manos de un grupo de militares que se aprestaban a llevarlo a la terminal aérea para ser trasladado a la ciudad de México.

Fueron horas de tensión las que se vivieron en Culiacán aquel día en que el entonces secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, encabezó el operativo –muy mal planeado, por cierto –para capturar a Ovidio Guzmán, a quien finalmente terminaron liberando.

Desde entonces surgió el estigma de que López Obrador estaba presuntamente ligado al grupo Sinaloa. Las versiones al respecto fueron creciendo hasta que Tim Golden, el periodista del Time, dos veces premio Pulitzer, publicó un reportaje en el que, con base en declaraciones de testigos, sostuvo la versión de que López Obrador fue financiado por el crimen organizado desde la campaña de 2006, a través de un empresario marmolero de La Laguna, conocido como Pancho Leon, quien extrañamente fue desaparecido en ese tiempo, cuando Manuel Camacho Solís era el coordinador de la campaña de López Obrador en el norte del país.

Pancho León, en efecto, tenía entonces una empresa de mármol. Estuvo relacionado, primero, y peleado, después, con el empresario lechero Carlos Herrera, de infausta memoria, quien fue ligado a Ismael “El Mayo” Zambada. En 2007, Herrera fue atacado a balazos por un grupo armado relacionado con Los Zetas. Los balazos que penetraron en su camioneta le arrancaron tres dedos de una mano. Desde ese momento le llamaban “El 17”.

Carlos Herrera falleció refugiado en un cuarto de pánico, donde vivía desde que sufrió el atentado. En el panteón de Gómez Palacio, un nutrido grupo de agentes israelíes cuidaban su tumba, pues la familia del fallecido recibió la amenaza de que sacarían sus restos para regarlos por las calles del pueblo.

Las investigaciones en Estados Unidos contra políticos morenistas, panistas y priistas están abiertas. Por ello, las autoridades de Estados Unidos están negociando con los personajes que mejor conocen el entramado político-criminal de México. Y esa, sin duda, es la razón poderosa por la que están negociando con los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Aunque no es oficial, la lista de presuntos políticos que saldrían a relucir serían Adán Augusto López, coordinador de los senadores de MORENA; Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y quien habría asistido a la reunión, el 25 de julio de 2024 en Culiacán, donde fue secuestrado “El Mayo” Zambada y asesinado Melesio Cuén, exrector de la Universidad de Sinaloa y diputado local.

Otro de los mencionados es el diputado Pedro Haces, Ricardo Monrreal, exgobernador de Zacatecas, exsenador y actual coordinador de los diputados de MORENA.

En la supuesta lista estarían los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Cabe recordar que durante el periodo del primero el cártel de Sinaloa vivió una etapa de jauja, esplendor e impunidad. El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue el principal protector del cártel de Sinaloa y del tráfico de drogas, de acuerdo con las acusaciones que lo llevaron a ser sentenciado a 38 años de cárcel.

Durante el sexenio de Peña Nieto, mucho se habló de millones de dólares que fueron canalizados a través de terceros para su campaña electoral de 2012 rumbo a la presidencia de la República. También recibió fuertes sumas de dinero de la empresa más corrupta de América Latina –Odebrech –a través de  Emilio Lozoya, a la postre director de Pemex, y quien se daba el lujo de cobrar hasta un millón de pesos por unos minutos de audiencia con los empresarios que querían hacer tratos con él.

Como se dijo líneas arriba, nada es oficial por parte del gobierno de Estados Unidos. Lo cierto es que para la Casa Blanca el gobierno de México está compuesto por una estructura criminal que da cobijo al crimen organizado. De ahí que Donald Trump haya declarado a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, por el elevado nivel de violencia que generan, el número de muertos que arrojan las disputas por territorios y la impunidad de que gozan a lo largo y ancho del país, pues ejercen férreos controles en municipios y entidades federativas. También gobiernan municipios, legislan y hacen obra pública. El narco también es pueblo, reza una de las máxima del líder moral de MORENA, López Obrador.

Lo que más preocupa al gobierno de Donald Trump es el tráfico de fentanilo que se procesa en México, previa importación de precursores que provienen de China. Por ello fue que impuso su política arancelaria en todo el mundo y exigió a China frenar la exportación de fentanilo y a México le pidió cooperar abiertamente para desmantelar a los llamados grupos terroristas.

En el caso de Sinaloa, el gobierno mexicano no parece estar dispuesto a destruir al cártel de Sinaloa, aunque esté dividido entre el grupo de “Los Chapitos” y “La Mayiza”, por el contrario, diversas fuentes consultadas señalan que desde el propio gobierno de Claudia Sheinbaum se impulsa el proyecto para que ambas facciones del cártel de Sinaloa, o al menos una, selle una alianza con el cártel de Jalisco Nueva Generación, el segundo más poderoso de América Latina.

El huachicol fiscal

Otras líneas de investigación que tiene el gobierno de Donald Trump es el llamado huachicol fiscal, combustibles que ingresan a México en busques cisterna con millones de litros y documentos aduanales falsos.

Esta práctica se mantuvo en jauja durante el gobierno de López Obrador, en cuyo sexenio entraron a México miles de buques con combustible robado en Estados Unidos y que luego se comercializó en México, causando un quebranto millonario a la paraestatal Petróleos Mexicanos.

El robo de gasolinas a Pemex no sólo está en manos de la delincuencia organizada o de los cárteles. También hay políticos implicados, altos mandos militares y efectivos de la Guardia Nacional.

El pasado martes 3 de junio, por ejemplo, once elementos de la Guardia Nacional quedaron formalmente presos por estar implicados en una red de “huachicoleo”.

Un juez federal los vinculó a proceso luego de ser sorprendidos sustrayento combustible en la comunidad de “El Espejo”, en Apaseo El Alto.

Los once, entre ellos dos tenientes y un subteniente, quedaron presos en el Cefereso número 12 del municipio de Ocampo, Guanajuato, mientras se lleva a cabo el proceso en su contra, toda vez que el juez determinó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.

Los miembros de la Guardia Nacional fueron sorprendidos y aprehendidos por elementos de la Policía Municipal de Apaseo El Alto, quienes los encontraron en flagrancia a los guardias nacionales, en el momento en que extraían combustible de una toma clandestina. La operación de robo se realizaba a la media noche.

Los elementos de la Guardia Nacional dijeron que se encontraban ahí brindando protección a una pipa, pero al momento se realizar una inspección se dieron cuenta de que había una manguera conectada a la toma clandestina que estaba, a su vez, colocada en el tanque de la pipa.

Los detenidos son teniente Daniel Iván “N”, quien pertenecía al sexto Regimiento de Caballería Motorizada de Loma Bonita, Oaxaca; El segundo es Eduardo “N”, perteneciente al décimo Regimiento de Caballería Motorizado  de Tenancingo, Estado de México; subteniente Josué Joel “N”, quien pertenece al Primer Batallón de la Guardia Nacional del estado de Hidalgo.

Luego de los mandos siguieron los elementos rasos: El Guardia Miguel, del 27 Batallón de la Guardia Nacional de Uruapan, Michoacán; agente Fernando, del 11 Batallón de Tlaxcala; Julio César, Juan, Brayan Salvador, Iván, Carlos Alfredo y el guardia Cristian de Benito, estos últimos, pertenecen al 17 Batallón de la Guardia Nacional en Tlaxcala, Tlaxcala.

El reporte que recibió la policía refiere que los miembros de la Guardia Nacional operaban brindando protección a huachicoleros que extraían combustible de una toma clandestina localizada en el macrolibramiento de Apaseo El Grande a Palmillas, comunidad de El Espejo.

Cabe señalar que durante el gobierno de López Obrador, el combate al huachicoleo fue una de sus principales tareas –según sus compromisos de campaña –pero al final todos los grupos criminales dedicados a ese ilícito quedaron impunes. Salvo el general Trauwitz, que está en Canadá sujeto a un juicio de extradición –era el jefe mayor de vigilancia de la red de ductos de Pemex y exjefe de guardias del expresidente Enrique Peña Nieto –el resto de las bandas están libres e impunes.

Así como no combatió al crimen organizado, tampoco hizo lo propio contra los grupos dedicados al robo de gasolinas, lo que significó un gran negocio durante su sexenio para amigos, compadres, familiares y aliados.

Lo grave de todo, es que pese al aparente cambio de política anticrimen, el negocio del huachicol sigue boyante.