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Columnistas de SP

El retorno de las elecciones de Estado

El obradorismo ensayó el domingo una estrategia que significa un retroceso de cuatro décadas. El peor saldo de la jornada para elegir impartidores de justicia no es la Corte Morena, sino normalizar la inequidad y la injerencia gubernamental en las elecciones.

Los partidos –y obviamente el gobierno– tenían prohibido participar en la elección de jueces, magistrados y ministros. Conforme surgen de los cómputos los nombres de los nuevos juzgadores, se materializa lo pernicioso: ganaron los acordeoneados por el oficialismo.

Ibargüengoitia estaría contrariado por su vigencia, varias generaciones después. Ya tenemos de nuevo elecciones donde la emoción por el resultado es una farsa, la jornada una simulación, y la sociedad, en términos generales, que es lo que cuenta, una masa adormecida.

Cuando algo deja de existir en nuestras narices merece al menos un responso. Hay que tratar de empatar las exequias, porque se han cargado del lado del Poder Judicial, que por cierto tenía más o menos el mismo tiempo de vida –3 décadas– que el caído sistema electoral.

Ir a elecciones en México desde mediados de los noventa se volvió un ritual donde a la ciudadanía le era prometido que gobierno y partidos no harían esas cochinadas, para decirlo en términos llanos, a las que nos acostumbró el histórico PRI.

Como esa promesa era mera formulación, ideamos un carísimo sistema de reglas y auditorías para vigilar a los políticos en el gobierno y a los de la oposición. Con las alternancias en gubernaturas y Presidencia ese sistema se probó más pertinente y eficaz.

Los gobiernos, de distinto color y de cualquier nivel, no cedieron a la tentación de la injerencia. Pero árbitros más o menos independientes y comprometidos, el robusto marco normativo y la fuerza equilibrada entre las otras opciones partidistas hicieron más caro el abuso oficial.

Es cierto, para concluir los antecedentes, que en muchas ocasiones la penalización a los mandatarios por la abierta injerencia dejó mucho qué desear. Desde Vicente Fox hasta Andrés Manuel López Obrador traicionaron la democracia.

El nivel de lo del domingo es muy distinto. La afluencia a las urnas de millones de votantes con instrucciones ajenas en mano borra la intención de guardar las apariencias; ello, aunado a la debilidad de la oposición y la ingravidez del árbitro, rompe el molde electoral.

Y lejos de sonrojarse o siquiera fingir disimulo, el obradorismo reivindica la coincidencia perfecta entre acordeón y resultado.

La propia argumentación del lunes de la presidenta va acorde a aquello de “a confesión de parte, relevo de prueba”: en la mañanera Claudia Sheinbaum ensalzó la participación en la jornada dominical destacando que son más votos que los de los partidos de la oposición en las elecciones de 2024.

Sin decirlo abiertamente, la mandataria ponía el contenido de las urnas como propio; votos partidarios, no ciudadanos; sufragios oficialistas, no independientes, y menos plurales.

Cinco días después hay lamentos por el Poder Judicial guillotinado el 1 de junio, pero pocas lágrimas por lo que se avecina: un gobierno que se cree autorizado, al salir sin raspón y menos sanción, para que funcionarios de todo nivel promocionen las boletas morenistas.

Porque quizá fue un error no permitir que en la elección judicial se pudiera, desde los partidos, hacer proselitismo. De haber sido así, al menos contamos con experiencia vigilándolos, y al menos nadie mentiría al decir que fue ajeno. Empezando por Sheinbaum.

Las elecciones con un gobierno de un movimiento que regatea a la oposición calidad democrática, serán el nuevo argumento para legitimar cualquier cosa, incluso, en algo muy enredado, las elecciones de Estado mismas.

Su violencia abusa de la Presidenta

La SEP difundió ayer un rápido comunicado para reprobar “todo acto vandálico contra edificios públicos o privados”, después de que maestros de la CNTE penetraron instalaciones del SNTE en el centro de la Ciudad de México para causar destrozos y prender fuego.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer que su gobierno está “en contra de cualquier acción de violencia”, después de que maestros de la CNTE violentaron el miércoles uno de los accesos a la Secretaría de Gobernación, donde sus representantes negociaban con los del gobierno la salida a la protesta que hoy entra en su cuarta semana.

Palabras de una autoridad incapaz de encauzar una solución que ha afectado la vida cotidiana y la economía de cientos de miles de ciudadanos (decenas de millones, si se multiplica por 21 días) y cancelado las clases en Oaxaca y varios lugares más.

La CNTE juega al viejo juego de que la violencia no es generada por su dirigencia ni sus bases, señala con tibieza a los radicales de Guerrero, pero no se deslinda de ellos. Qué necesidad. Sabe que empantanado en el discurso de la no represión, el gobierno todo lo termina tolerando, solapando, consintiendo. Gerundios que, por lo visto, ellos empalman en la idea abusiva de que, con la Presidenta, su violencia seguirá teniendo permiso.

El Museo Nacional de Antropología: no entienden que no entienden

Ni porque son de “izquierda” entienden aquello de ‘tener mucha mano izquierda’. Sí, habilidad y astucia para manejar situaciones o personas difíciles de forma inteligente. La expresión inicia usándose en el toreo, pero donde más se aplica hoy en día es en la diplomacia o en cualquier situación en la que de verdad se busca sacar algún asunto avante y no enredarlo más. En este caso recibieron, encima, un ofrecimiento diplomático de parte de España y, en lugar de tomarlo, se les fueron encima.

¿En serio nadie en este gobierno de la “transformación” sabe de guiños diplomáticos? Y si conocen de eso, peor, pues Claudia respondió con una ofensa.

Ni porque Juan Ramón de la Fuente, canciller, es psiquiatra supieron tomar la propuesta de España como una forma amable y tácita de restañar las relaciones entre gobiernos. Les gana el ego, pero sobre todo los complejos. Se saben poquita cosa.

Entrados en gastos, ni siquiera porque Beatriz Gutiérrez Müller, aún esposa de AMLO, quiere irse a vivir a la madre patria, han intentado ser amables.

Rebobinemos: España le brinda el premio “Princesa de Asturias” al Museo de Antropología y la contestación de la Presidencia de la República es: “pero tienen que pedir perdón”… Y, para terminarla de coronar, el Museo estaba cerrado debido a un paro… Vergonzoso es poco.

Por falta de recursos… espero. Prefiero pensar que se debió a un error de párvulos, que una deficiencia generalizada en el ‘segundo piso de la 4t’.

De acuerdo con el INAH, la licitación para hacerse de un equipo de seguridad que resguardara el recinto se publicó el 30 de mayo. La licitación era para asignar contratos a dos empresas que brindaran servicios de seguridad a 30 museos en la Ciudad de México y 26 más en el interior del país. Sabían que los contratos en ese momento vigentes se terminaban el 31 de mayo, pero se esperaron hasta el día 30 para mandarlos a concurso… ¿Esa es la planeación para licitar? Insisto, prefiero pensar que es un pretexto a pensar que dejaron la licitación al último momento.

Para no hacerles el cuento largo, en el cambio de empresas de seguridad, aparentemente el gobierno tuvo algún problema sin especificar y los museos y zonas arqueológicas se quedaron sin vigilancia. Ante ello, los propios empleados prefirieron cerrar para así poder cuidar el patrimonio histórico de la nación.

Y dado que en el momento en que España otorga el reconocimiento al museo este se encontraba cerrado, la reducción de presupuestos, la falta de recursos, el estado de inoperancia o como quieran llamarle, no solo resultó crítico y alarmante en sí para el funcionamiento, sino que también se convirtió en tema internacional. Una invitación más para que el turismo extranjero no venga a México, digo, porque hasta los museos están cerrados… Porque no tienen vigilancia y ¡le temen al crimen! Y no se olvide: esto no solo afectó a los museos, fue a todo el INAH, lo que impacta casi cualquier zona arqueológica de México.

Cuando Sheinbaum argumenta que los museos que dependen de la Secretaría de Cultura estaban abiertos, no vale pues ella bien sabe que el INAH es un órgano desconcentrado y, como tal, podía buscar la forma de no quedarse sin seguridad.

Pero volviendo al premio “Princesa de Asturias” otorgado al Museo Nacional de Antropología; efectivamente, este no cuenta como una disculpa de la casa real española, mas sí es un reconocimiento a la grandez de México. Es también esa “mano izquierda” para no tener que repetir —una vez más— que España YA pidió disculpas a México por la conquista. Esto ocurrió hace casi 200 años (diciembre de 1836), cuando se signó un tratado de paz y amistad entre México y el Reino de España. O que estas disculpas las volvió a extender con motivo del aniversario 500 del encuentro de dos mundos. Pero ya que en esas estamos, hace 500 años, cuando la conquista, ¡¡¡no existía España y tampoco México!!

Así que ¡qué necesidad de repetir la enojada ignorancia de López Obrador, diría Juan Gabriel…

¿O es que estamos atestiguando como “nueva ofensa” el que se haya hecho evidente que todos los museos a cargo del INAH estaban cerrados por falta de personal? ¿O porque recibimos una nueva muestra de diplomacia por parte de España? Me refiero a que la tripulación (cadetes y guardiamarinas) del buque escuela español “Juan Sebastián Elcano” rindieron honores y un sentido homenaje a sus compañeros del buque escuela mexicano “Cuauhtémoc”. Como se debe, como dictan los cánones navales y de compañerismo, esto fue un acto de respeto, sin políticos ni politiquerías.

¿Llegará el día en que la 4t pueda aprender de ello?

Giro de la Perinola

Además del Museo de Antropología, también estuvieron cerrados el Castillo de Chapultepec, el Museo del Carmen, el Museo del Caracol, el Museo de las Intervenciones, el Museo del Templo Mayor y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. En total 30 museos en la CDMX y 26 en distintos estados del país.

Caso ‘Philips México’. Y libelo de Aguilar Camín contra los “disciplinadores judiciales”

Encuentro dosis elevadas de racismo, idiotismo y machismo en el escrito de Héctor Aguilar Camín ‘Disciplinadores judiciales’. Es un libelo que desprestigia a su autor.

Es machista esa columna publicada en Milenio este viernes 6 de junio —“Los disciplinadores judiciales”— porque Aguilar Camín, al utilizar la palabra disciplinadores y no disciplinadoras, da a entender que solo habrá hombres, o más hombres que mujeres, en el Tribunal de Disciplina Judicial.

La realidad es otra. Al nuevo tribunal lo integrarán tres mujeres —Celia Maya García, Verónica de Gyves Zárate e Indira García Pérez— y dos hombres —Bernardo Bátiz y Vázquez y Rufino H León Tovar—.

No es algo que Aguilar Camín ignore —se trata de un hecho de sobra conocido—. Simple y sencillamente él es macho y escribe como macho, y que se jodan las profesiones dominadas por mujeres, como la de reciente creación en México, disciplinadoras judiciales.

Hay idiotismo, esto es, ignorancia en el escrito de Aguilar Camín porque no subraya lo relevante del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial: tienen capacidad más que reconocida sus integrantes. Estoy al tanto de las trayectorias, destacadísimas, de tres de tales juristas, Celia Maya García, Verónica de Gyves Zárate y Bernardo Bátiz y Vázquez, quienes invariablemente se han conducido con profesionalismo y, sobre todo, con honestidad. Es dable suponer que las otras personas que llegarán al mencionado tribunal poseen perfiles similares.

Y es racista la columna del colaborador más probo de Milenio —imaginemos la calidad ética del resto del equipo de comentócratas de ese diario— porque sin venir al caso se burla de mujeres indígenas “formadas para votar, descalzas” que acudieron a las urnas el pasado domingo.

¿Por qué era necesario el Tribunal de Disciplina Judicial?

Ayer, en Radio Fórmula, Ciro Gómez Leyva y Manuel Feregrino, comentaron un caso de abuso judicial que me llamó la atención. Consulté a un experto que conoce ese asunto y le pedí detalles del mismo. Me envió tal abogado el escrito “Extorsión disfrazada de justicia: El caso Philips y la urgencia de un Poder Judicial íntegro en México”. Lo que sigue es del especialista en derecho que me hizo el favor de informarme:

En un México que debate una profunda transformación de su sistema de impartición de justicia, el caso de Philips México resuena como una alarma estridente. Mientras la ciudadanía y el sector productivo anhelan un entorno de certidumbre y piso parejo, este conflicto subraya con crudeza los vicios que aún persisten y cómo el andamiaje legal puede ser torcido hasta convertirse en un instrumento de coacción, un claro intento de extorsión que amenaza la confianza y la inversión.

El conflicto que enfrenta Philips México con su exsocio distribuidor, Healthcare Systems, no es, como se ha querido presentar maliciosamente, una cuestión relacionada con la calidad de sus productos —equipos médicos de alta confiabilidad que son fundamentales en el sector salud—. Se trata, en esencia, de una disputa comercial pura y dura. La multinacional, tras documentar que Healthcare Systems no cumplía con rigurosos estándares éticos, decidió no renovar su certificación en 2024.

La respuesta de Healthcare Systems —asesorada ni más ni menos que por Eduardo Fuentes, el mismo que lleva el caso de Emilio Lozoya— fue una embestida mediática para dañar la reputación de la empresa neerlandesa. Esta ofensiva, lejos de buscar una resolución justa, pareció orquestada como una represalia y una herramienta de presión que pronto escaló hasta la detención arbitraria de Marc Duocastella, director general de Philips México, y el congelamiento de activos de la compañía, completamente ajenos a la controversia contractual. Afortunadamente, un juez de control revirtió posteriormente la detención, confirmando la absoluta inocencia del ejecutivo que había sido injustamente detenido, evidenciando un proceso legal viciado de origen.

El expediente del caso es un catálogo de irregularidades procesales que apuntan a un uso indebido del poder judicial: acusaciones falsas de supuesta desobediencia judicial, atropello al debido proceso, maniobras intimidatorias, carencia de competencia territorial por parte del juez de la causa, etcétera.

Paralelamente a estas artimañas judiciales, Healthcare Systems emprendió una campaña mediática para engañar a la opinión pública y a los medios, presentando el conflicto como si estuviera vinculado a la calidad de los productos Philips. El objetivo era simple: empañar la reputación de la empresa como medida de extorsión, para forzar un arreglo económico favorable, una táctica de presión que Philips denunció oficialmente el 22 de mayo de 2025 como una ‘campaña de represalia y desprestigio’.

Este tipo de acciones, donde la justicia se pervierte y se utiliza como arma en disputas comerciales, genera una profunda desconfianza. No solo perjudica la imagen de una compañía con 85 años de trayectoria y compromiso con la salud en México, sino que proyecta una sombra de incertidumbre sobre el estado de derecho en el país. En un contexto de revisión del T-MEC y la necesidad imperante de atraer y retener inversiones, estos episodios de aparente extorsión judicializada pueden acarrear costos diplomáticos y económicos significativos.

El caso Philips es un llamado urgente a la acción. México requiere, hoy más que nunca, un sistema de justicia transparente, profesional, eficiente y, sobre todo, inmune a los intereses particulares y a las tácticas de intimidación. Si no se actúa con firmeza para erradicar estas prácticas, donde el litigio se convierte en una herramienta de extorsión, no solo perderá una empresa; perderá México la oportunidad de consolidarse como un destino confiable para la inversión y el desarrollo.

El Tribunal de Disciplina Judicial ha sido diseñado, precisamente, para sancionar abusos como el del caso Philips, que no son la excepción, sino la norma en no pocas entidades federativas.

Philips y el golpe a la confianza e inversión

LA ELECCIÓN FEDERAL del 1 de junio marcó un parteaguas histórico para México.

La ciudadanía y la comunidad empresarial esperan que esta nueva generación de juzgadores garantice el piso parejo que toda democracia necesita: seguridad jurídica, tanto para las personas como para la inversión productiva que genera empleo.

Pero mientras los magistrados toman protesta, el caso de la multinacional holadensa Philips, que preside globalmente Roy Jakobs, sigue recordando qué tan urgente es depurar al Poder Judicial.

Desde 2024, Philips México se encuentra bajo una ofensiva legal orquestada por su exdistribuidor Healthcare Systems, que preside Fernando de Jesús Méndez Gil.

Tras documentar prácticas de licitación contrarias a su código ético, la multinacional rompió el vínculo comercial.

La represalia fue feroz: una demanda colmada de artimañas que desembocó en la detención arbitraria del director general de Philips aquí, Marc Duocastella, y en el congelamiento de activos totalmente ajenos a la controversia.

Ese expediente desnuda un proceso plagado de irregularidades promovidas por el avezado litigante, Eduardo Fuentes, célebre por haber defendido en su momento al ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

En primer lugar, la acusación por “desobediencia judicial” se sostuvo en medidas precautorias ya derogadas por convenio, lo que vuelve fraudulenta la denuncia.

En segundo lugar, el debido proceso fue atropellado, según la defensa, a cargo del penalista Ilan Katz. Se omitieron las etapas de amonestación y multa y se saltó directamente a la orden de captura con el único fin de intimidar.

En tercer lugar, el juzgado de Monterrey, Nuevo León, carecía de competencia territorial, pues Philips está constituida y domiciliada en el Estado de México. Tres golpes a la legalidad en un solo caso.

Además de las anomalías procesales, la contraparte intentó montar una campaña mediática para desviar la atención: presentó el conflicto como si estuviera relacionado con la calidad de los productos Philips, cuando en realidad se trata de una disputa contractual pura y dura.

El objetivo era simple: presionar a la empresa para forzar un arreglo económico, empañando su reputación sin sustento técnico ni legal, lo que incluso propició la intervención de las embajadas de los Países Bajos y de España, que encabezan Wilfred Mohr, y Juan Duarte Cuadrado.

Según datos oficiales, en México más de 50% de los asuntos federales presentan rezagos importantes, y muchas sentencias simplemente no se ejecutan.

La justicia tarda, pero además se tuerce: decisiones sin rigor como la del juez de Monterrey no solo dañan a una compañía que ha respaldado al sector salud durante 85 años, sino que envían una señal negativa al mundo sobre el Estado de derecho en el país.

México necesita atraer inversiones, no ahuyentarlas. La persecución legal contra Philips, con excesos judiciales y campañas mediáticas sin evidencia, genera desconfianza en los mercados y en los tratados internacionales.

En un escenario de revisión del T-MEC, este tipo de acciones puede acarrear costos diplomáticos y económicos inmensos.

Casos como éste muestran por qué el país requiere una justicia transparente, profesional y ajena a intereses particulares. Si no se actúa con firmeza para frenar estas prácticas, no solo perderá Philips: perderá México.

CONTRARIO A LO que se piensa, estar dentro del buró de crédito no es malo. Hoy en día más de 80 millones de mexicanos se encuentran en la base de datos compartida por los burós de crédito. Gracias a ese seguimiento del comportamiento de pago de personas físicas y morales que hacen estas sociedades de información crediticia, se ha creado una cultura de pago por la que más de 95% de los mexicanos cumplen el pago de sus créditos. Hace 20 años se fundó Círculo de Crédito, el buró que dirige Juan Manuel Ruiz Palmieri, rompiendo el monopolio que había en el sector, donde se necesita mayores detalles y certeza sobre el historial crediticio de las personas, a efecto de conocer su compromiso de pago, aspecto determinante para el otorgamiento de un crédito. Gracias a ello, lo que antes tomaba mes y medio entre visitas físicas, entregas de documentos, se ha reducido a minutos para obtener un préstamo o una tarjeta de crédito. Actualmente, se realizan 14 millones de consultas mensuales a la base de datos de los burós de crédito. En el caso de Círculo de Crédito, 98 de cada 100 consultas que recibe tienen historial crediticio a un nivel de detalle tan minucioso, que actualmente más de 3 mil 500 financieras trabajan con Círculo, conocida también como el buró de las fintech, dada la preferencia de éstas por su servicio.

LAS FIRMAS CONNOR Diagnostics de Hugo Fernando Ríos Castillo y Atlantis Operadora Servicios de Salud de Mario Eduardo Vilchis Guerrero, constituidas a inicios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, mantienen el buen ritmo en la obtención de contratos de servicios integrales de salud durante el segundo piso de la 4T. Se recuerda que, a pesar de su escasa experiencia, en la administración pasada, estas compañías acumularon contratos públicos por más de 2 mil millones de pesos y, apenas el pasado mes de mayo, el Hospital Juárez de México, a cargo de la Secretaría de Salud, que comanda David Kershenobich, les renovó hasta diciembre de 2026 las partidas que amparan los procedimientos de mínima invasión en cirugía general, ginecología, oncología, trasplantes y urología; este último un negocio cercano a los 100 millones de pesos.

EL NUEVO GOBIERNO quiere evitar en su primer año retrasos en la entrega de libros de texto, por lo que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos de Victoria Guillén arrancó la distribución de 156.7 millones de unidades del material, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026. No obstante, todavía falta que los proveedores cumplan ocho contratos que se asignaron esta semana para la producción de 12 títulos del programa de libros de secundaria, con lo que se completa el paquete de 50 partidas de impresión por un monto de mil 600 millones de pesos, todas ellas entregadas a través de licitación pública a Compañía Editorial Ultra de Enrique Espinosa, Activos Gráficos de Fernando Sánchez, Grupo Gráfico Editorial de Alejandro Luis Maldonado Couttolenc y Print LSC Communications de Marco Antonio del Valle Santillán.

Los tres meses decisivos

La deriva final de la actual administración estará marcada en muy buena medida por lo que ocurra en la relación con Estados Unidos. Y esa relación se definirá muy probablemente en los meses de julio, agosto y septiembre próximos, porque en octubre comenzará el proceso de negociación del T-MEC y para esa fecha debe estar ya claro, para todas las partes, cuáles son los márgenes de cooperación y colaboración, como así también las divergencias que pueden hacer transitable o no esa negociación estratégica.

¿Por qué esos meses? En principio, porque antes de que termine junio estará en México el secretario de Estado, Marco Rubio, cuya visita viene a preparar (en realidad, a establecer los márgenes, de acuerdo para cuando se dé esa visita) su segundo, el exembajador en México, Christopher Landau, actual subsecretario de Estado, que llega con una agenda cargada y con muchos mensajes, positivos y negativos, ya enviados desde Washington.

Inmediatamente vienen los procesos contra los grandes narcotraficantes que están detenidos en Estados Unidos. En julio se establecerán los convenios de culpabilidad de Joaquín y Ovidio Guzmán López, cuyas audiencias en la Corte de Chicago están previstas para el 15 y 9 de julio, respectivamente. Ambos ya están colaborando con la justicia estadunidense, tienen muchísima información por compartir.

El 16 de junio será la audiencia del Mayo Zambada, aunque puede postergarse también hasta julio. Es difícil, pero no imposible que El Mayo alcance también un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de Nueva York, aunque su abogado, que es el mismo que llevó los casos de su hijo y su hermano, los dos convertidos en testigos colaboradores, dijo que lo buscaría.

La de Caro Quintero está programada para el 25 de junio. Ese día, la Fiscalía de Nueva York informará si pide o no la pena de muerte para Caro Quintero, un proceso que, desde ya, se puede suponer que no habrá, de parte de la Fiscalía, intención de llegar a un acuerdo. Al contrario, creo que se buscará hacer un proceso paradigmático, ejemplificador en relación con el narcotráfico en México. Y puede terminar con la solicitud de que se aplique la pena de muerte.

Comenzarán, con esos procesos, semanas de tensión con México, tanto por los criminales que vayan a proceso como con los que se conviertan, se han convertido ya, en colaboradores de la justicia estadunidense. Y se tendrá que tomar determinaciones. No veo cómo, por ejemplo, se puede seguir protegiendo a funcionarios que, evidentemente, están bajo investigación en Estados Unidos y cuyos nombres van a salir a relucir en todos estos procesos. Lo que se ha hecho hasta ahora, de no reconocer ninguna responsabilidad, en ningún caso, de funcionarios o exfuncionarios de la 4T, no será viable.

Porque, además, para esa fecha deberíamos estar preparados para avanzar en el acuerdo de seguridad regional que se debería negociar en forma simultánea y paralela al T-MEC.

Ni Marco Rubio ni Landau ni el nuevo embajador, Ronald Johnson, ni tampoco un personaje clave en todo este andamiaje, el general Gregory Guillot, comandante del comando Norte, son los duros de Estados Unidos en esta historia. Todos ellos están en busca de un acuerdo de cooperación y colaboración, donde son conscientes de que un punto clave es el respeto a la soberanía. Pero que sus puntos de vista se puedan imponer o no en la Casa Blanca dependerá de los mecanismos de acuerdos y colaboración que se establezcan con la administración Sheinbaum. Y mucho no ayuda en ese sentido que no se tomen medidas en el plano interno que trasciendan el buen desempeño de la estrategia de seguridad o la estrecha y eficiente cooperación militar en la frontera. O seguir con la defensa y el financiamiento a Cuba, por ejemplo.

Pasados esos tres meses clave, en octubre se cumplirá un año de la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum. Para muchos, ésa deberá ser la fecha, el momento, al año de tomar el poder, en el que la presidenta Sheinbaum deberá confirmar el rumbo definitivo que tomará su gobierno. Por cierto, e insistiendo en el tema: la Presidenta debe ir a la cumbre del G7 en Alberta, Canadá, del 15 al 17 de junio próximos. Es incomprensible que aún no se haya confirmado su participación.

ARMAS

Siguiendo con la relación con Estados Unidos: ayer, la Corte Suprema de Estados Unidos desechó por improcedente la demanda de México contra las empresas de ese país por la venta de armamento a los grupos criminales de México.

Era muy difícil que este proceso prosperara porque hay una enmienda de la Constitución estadunidense que protege a esas empresas precisamente de ese tipo de demandas, pero existe otro mecanismo que no ha utilizado ni legal ni políticamente el gobierno de México que puede transformar esa decisión: al haber, Estados Unidos, declarado como terroristas a los cárteles mexicanos, por esa misma declaración la propia justicia estadunidense tiene la obligación de perseguir y castigar la venta de armas a cualquier organización terrorista y, por ende, a los cárteles. Si se juega esa carta, en lugar de rechazar la designación de los cárteles como terroristas, podrían darse avances importantes.

Permiso para quemar

Los maestros de la CNTE tienen permiso para bloquear, romper, quemar, amedrentar, como lo hicieron ayer impunemente en el edificio de la SNTE.

Las llamas y el humo que salían del inmueble del sindicato oficialista de maestros, ubicado en el centro de la Ciudad de México, no fueron motivo suficiente para que la fuerza pública interviniera.

No hay un sólo detenido.

La presidenta Claudia Sheinbaum ya dejó claro que su gobierno no va a usar a la policía ni la Guardia Nacional.

¿Aun si los manifestantes ponen en peligro la integridad de las personas y sus bienes? Es pregunta.

El artículo 4º de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece que éste se regirá por la absoluta necesidad, la legalidad, la proporcionalidad, la racionalidad y la oportunidad.

“El uso de la fuerza será la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas, evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor”, dice la ley.

* Los maestros disidentes exigen el diálogo directo con la Presidenta. Ya no quieren hablar ni con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, ni con Mario Delgado, secretario de Educación.

Ayer leímos pintas en paredes del edificio de la CNTE que piden la dimisión del titular de la SEP.

La Presidenta es rehén de sus palabras. Luego de que les canceló el encuentro que tenía agendado con los maestros, el 23 de mayo pasado, le preguntaron si, a pesar de todo, se reuniría con ellos. El rechazo fue tajante: “Conmigo no”.

Pero ayer matizó su postura cuando le volvieron a preguntar si, en aras de resolver el ya muy largo conflicto, recibiría a los maestros. “Vamos a esperar”, respondió.

Más tarde, logística de Presidencia informó que se cancelaba el viaje a Guerrero que Sheinbaum tenía agendado este fin de semana, para inaugurar un hospital (Reforma, 5/6/25).

El motivo aparente de la cancelación es que la CETEG de Guerrero, ala radical de la CNTE, anunció una protesta este viernes en Tlapa con motivo de la visita de la primera mandataria.

Las secretarías de Gobernación y de Educación condenaron los actos de vandalismo y reiteraron su disposición al diálogo.

“Recordamos que la violencia y el daño a instalaciones públicas no generan soluciones, sino que retrasan el proceso de acuerdos y afectan a la comunidad educativa y a la sociedad en general”, alertó la Segob.

Educación reprobó todo acto vandálico que atente contra edificios públicos y privados, como ha sido el caso del ataque a la sede del SNTE.

* Desde su trinchera opositora, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, no tuvo pelos en la lengua al reaccionar a lo ocurrido en la sede del SNTE.

“El país está fuera de control, la CNTE incendia oficinas, toma calles, paraliza escuelas y el gobierno cruzado de brazos”, alertó en un mensaje que subió a X.

Agregó: “Lo de hoy en el Centro Histórico es una vergüenza. México vive una crisis de gobernabilidad”, puntualizó.

* Las malas noticias se multiplican. La Corte Suprema de EU desestimó la demanda contra los fabricantes de armas en Estados Unidos, que tanto presumió Marcelo Ebrard cuando era canciller.

El gobierno mexicano sustentaba la demanda con el alegato de que los fabricantes de armas debían ser considerados responsables de la violencia de los cárteles en la frontera suroeste. Reclamaba miles de millones de dólares en daños.

La jueza Elena Kagan explicó por qué se desestimó la demanda de México. Cito las palabras de la juzgadora, según CNN:

“México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados ayudaron e instigaron la venta ilegal de armas de fuego a traficantes mexicanos.

“No tenemos dudas de que, como afirma la denuncia, algunas de esas ventas tienen lugar, y que los fabricantes saben qué sucede.

“La excepción predicada permite la responsabilidad por complicidad, sólo cuando un demandante hace un alegato plausible de que un fabricante de armas ‘participó en una violación de la ley relativa a armas de fuego”.

La cancillería mexicana rechazó el fallo. En un comunicado asegura que México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país.

“México seguirá en su lucha contra el tráfico de armas y la responsabilidad de las empresas que fabrican y permiten que el flujo de armas siga alimentando la violencia y nutriendo a los grupos delictivos que atentan contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas”, puntualiza la SRE.

“No es conmigo, es contra AMLO”: Andy minimiza retrocesos en Durango y Veracruz

Luego de los resultados electorales en Durango y Veracruz, donde Morena perdió fuerza municipal, el secretario de Organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán, aseguró que las críticas no son por su desempeño, sino ataques dirigidos a su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en el podcast La Moreniza, conducido por la presidenta del partido Luisa María Alcalde, López Beltrán afirmó que los señalamientos en su contra obedecen al vacío que dejó AMLO tras su retiro de la vida pública, acusando a los medios de redirigir sus ataques hacia él.

“Es evidente que no es conmigo, es evidente que quien fue el Presidente más atacado de la historia fue Andrés Manuel López Obrador y yo, en cierta forma, estoy heredando el trabajo de esos medios”, declaró.

El morenista se dijo sorprendido por la atención mediática que ha recibido su figura tras los comicios del 2 de junio. “Me extraña que le den una importancia fuera de lo común a una secretaría de Organización”, señaló, pidiendo “calma y contexto” al evaluar los resultados en Durango.

López Beltrán también reclamó el uso del diminutivo “Andy” y enfatizó que su nombre completo es Andrés Manuel López Beltrán, el cual considera un legado que representa a su padre.

En cuanto a los resultados, reconoció que en Durango el partido pasó de gobernar 20 a 16 ayuntamientos, pero defendió que casi duplicaron el porcentaje de población bajo su control. Además, sostuvo que Morena ganó realmente 21 municipios, y anunció que impugnarán cinco resultados por inconsistencias.

Entre los casos señalados se encuentran Cuencamé, Mapimí, Mezquital, Nazas y Nombre de Dios, donde las diferencias de votos fueron mínimas o se reportaron irregularidades, como la desaparición y posterior aparición de paquetes electorales.

Sobre Veracruz, Luisa María Alcalde detalló que, con sus aliados del PVEM y sin el PT, Morena pasó de 103 a 112 municipios gobernados, ampliando también su cobertura poblacional de 60% al 65%. Morena ganó 60 municipios en alianza con el Verde, 11 en solitario, mientras que el PT, ahora separado, obtuvo 28.

De novias del narco a operadoras del crimen: el nuevo rol de las buchonas, según experto

Las llamadas “buchonas”, tradicionalmente conocidas como las parejas sentimentales de narcotraficantes, han comenzado a asumir nuevos roles dentro de las estructuras operativas de los cárteles mexicanos, según explicó el especialista en seguridad Ghaleb Krame.

En su columna La Ruta de Silicón Sinaloense: Buchonas, Poder y el Desayuno en Dubái, publicada en Pie de Nota, Krame expone que estas mujeres han dejado de ser simples acompañantes para convertirse en nodos clave dentro del crimen organizado, cumpliendo funciones como mensajeras financieras, exploradoras o intermediarias en negociaciones criminales.

“La buchona de hoy no es solo una amante. Es un nodo. Una mensajera. Un proxy (…) Ella está ocupada haciendo que las cosas sucedan”, afirmó el especialista, quien relata haber presenciado reuniones en el extranjero donde estas mujeres se muestran con una actitud centrada y profesional, destacando por su ausencia de antecedentes penales, dominio del inglés y pasaportes limpios.

El término “buchona” surgió en Sinaloa y se ha popularizado en todo el país para referirse a mujeres vinculadas sentimentalmente con capos del narcotráfico, identificadas por su apariencia estética intervenida, vestimenta de lujo y presencia en redes sociales. No obstante, su papel ha evolucionado de la imagen superficial a una participación operativa dentro de las organizaciones criminales.

Algunas de ellas incluso han incursionado en la política, apoyando campañas locales, invirtiendo en procesos electorales o postulándose a cargos públicos, según señala Krame. En estados como Sinaloa y Durango, se ha identificado a mujeres con este perfil que han logrado acceder a posiciones públicas bajo “respaldos silenciosos, dinero sin rastro y comunidades demasiado intimidadas o económicamente entrelazadas”.

A pesar del cambio de funciones, la estética permanece: cuerpos esculpidos, atuendos de diseñador y una imagen pública cuidadosamente elaborada. Sin embargo, ahora también hay cargos públicos y presupuestos bajo su control, advierte el especialista.

Musk lanza explosiva acusación contra Trump: “Está en los archivos Epstein”

Washington.— El empresario Elon Musk acusó públicamente a Donald Trump de figurar en los archivos del fallecido Jeffrey Epstein, presunto responsable de una red de abuso y tráfico sexual de menores, lo que intensifica el enfrentamiento entre ambos personajes que alguna vez mantuvieron una estrecha relación.

“Es hora de lanzar la gran bomba: Donald Trump está en los archivos Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos”, escribió Musk en su red social X, y acompañó su publicación con un video de Trump en una fiesta de Epstein. También difundió notas periodísticas que documentan los vínculos del exmandatario con el polémico financista.

Musk respondió con un rotundo “YES” a un usuario que preguntó si Trump debería enfrentar un proceso de destitución, además de calificar como “repugnante” su política fiscal, en referencia a la ley ómnibus que recorta impuestos y aumenta el gasto en defensa.

La llamada “lista Epstein” nunca ha sido publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El financista fue acusado de reclutar y abusar de menores entre 1994 y 2004, y falleció en prisión antes de ser enjuiciado, en lo que se calificó oficialmente como suicidio.

Trump reaccionó a las acusaciones al asegurar que Musk podría tener un “trastorno mental”, y lamentó la ruptura de su relación. Además, habría ordenado cancelar contratos millonarios entre el gobierno y las empresas de Musk, incluido el de SpaceX con la NASA.

“Sin mí, Trump habría perdido las elecciones. Qué ingratitud”, reprochó Musk, aludiendo a su participación financiera en la campaña republicana de 2024, con aportaciones que habrían alcanzado los 300 millones de dólares.

El expresidente atribuyó el enojo de Musk a la eliminación de incentivos fiscales para autos eléctricos, lo que afecta directamente a Tesla, mientras conservan subsidios para petróleo y gas. El empresario respondió: “Mantengan los recortes a vehículos eléctricos, pero eliminen la montaña de cerdo asqueroso del proyecto de ley”.

Los efectos del enfrentamiento ya impactaron en los mercados. Las acciones de Tesla cayeron más de 14%, con una pérdida de más de 100 mil millones de dólares, mientras que Trump Media and Technology Group Corp (DJT) bajó un 7.3%.

Caen tres presuntos generadores de violencia tras balacera que dejó tres muertos en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la detención de tres presuntos generadores de violencia vinculados a una balacera registrada el pasado 4 de junio en Ciudad Obregón, la cual dejó un saldo de tres personas muertas, entre ellas una civil que transitaba por el sitio.

Los sujetos fueron detenidos durante un cateo realizado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en un domicilio de la colonia Hidalgo, como parte de las investigaciones por los hechos violentos. En el operativo fueron aseguradas armas de fuego y drogas, aunque no se detallaron cantidades ni tipos de sustancias incautadas.

Las armas aseguradas serán analizadas por peritos en balística forense, quienes buscarán determinar si fueron utilizadas en el enfrentamiento armado ocurrido en la misma entidad un día antes de la detención.

El ataque del 4 de junio involucró a sujetos armados que viajaban en dos camionetas tipo pick up. De acuerdo con los reportes, los ocupantes de una Nissan Frontier gris abrieron fuego contra una Tacoma blanca, resultando muertos Milkisedec “N”, de 35 años, una persona no identificada hallada en la camioneta, y Beatriz Elena “N”, quien conducía un vehículo cercano al lugar del tiroteo.

Las identidades y fotografías de los detenidos no han sido reveladas, y será hasta su presentación ante un juez que se dará a conocer más información, indicó la fiscalía.

En un hecho separado ocurrido el pasado 23 de mayo, un agente de la FGJES identificado como Julio César Contreras Arroyo fue asesinado en Hermosillo durante un enfrentamiento ligado a investigaciones sobre narcomenudeo en la zona de Tres Reynas. En el tiroteo también murió Francisco Daniel “N”, presunto agresor.

Corte Suprema de EU frena demanda de México contra fabricantes de armas

Washington.— La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó la demanda presentada por México contra fabricantes de armas, en la que el gobierno acusaba a estas compañías de fomentar la violencia en el país al facilitar armamento a los cárteles.

El fallo fue unánime y se basó en leyes estadounidenses que protegen a los fabricantes de armas de responsabilidad civil cuando sus productos son usados en actos delictivos. La jueza Elena Kagan afirmó que las acusaciones de México no cumplían con los requisitos legales para probar que las empresas ayudaron intencionalmente a traficantes de armas.

“La demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados hayan ayudado e instigado la venta ilegal de armas de fuego por parte de los traficantes de armas a traficantes mexicanos”, se lee en la resolución del tribunal.

La demanda, presentada en 2021, incluía a Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock, entre otros fabricantes. México sostenía que las empresas eran conscientes de que sus armas eran adquiridas por traficantes para ser ingresadas ilegalmente al país, y que decidieron aprovechar el mercado generado por el crimen organizado.

El caso había sido previamente desestimado por un juez federal bajo una ley de 2005 que protege a las empresas de armas, pero luego fue revivido por un tribunal de apelaciones, que consideró que el caso podría entrar en una excepción legal cuando se acusa a los fabricantes de violar la ley de forma deliberada.

El gobierno mexicano había solicitado que el caso siguiera su curso al encontrarse aún en sus etapas iniciales. Según sus estimaciones, al menos 70% de las armas que ingresan ilegalmente a México provienen de Estados Unidos.

En otros procesos judiciales, la misma excepción legal ha sido invocada con éxito. Las familias de las víctimas del tiroteo en Sandy Hook, por ejemplo, lograron un acuerdo por 73 millones de dólares con el fabricante Remington, al argumentar que la empresa violó leyes estatales al promocionar el rifle AR-15 utilizado en la masacre.

La Corte según Zaldívar

El verdadero vencedor del 2 de junio no fue Morena. Tampoco lo fue Claudia Sheinbaum. Mucho menos el votante. El gran ganador fue Arturo Zaldívar. Ministro en retiro, sí, pero jubilado no. El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia reaparece como el auténtico operador del nuevo Poder Judicial de la 4T.

Mientras todos miraban hacia las boletas presidenciales y los votos plurinominales, Zaldívar afilaba el bisturí. Quien crea que su retiro fue para descansar, debería ver de nuevo el tablero: presidencias, ministras, magistrados, consejeros y hasta el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial llevan su sello. Un golpe quirúrgico de control institucional.

El flamante Tribunal, que sustituye al viejo Consejo de la Judicatura, ya no será presidido por un ministro de la Corte. Traducción: se acabó el contrapeso interno. En su lugar, entra una dupla seleccionada por el Comité del Ejecutivo, es decir, por el ex ministro Zaldívar, que ahora actúa como jefe de quirófano. Rufino León y la colimense Indira García se suman a un elenco diseñado para obedecer sin chistar.

¿Quiénes más entran al nuevo reparto de toga y birrete? Abogados como Irving Espinosa, pupilo de Ernestina Godoy; Giovanni Figueroa, cuota de los gobernadores; Arístides Guerrero, ligado a Rosa Icela Rodríguez; y la clásica ficha palaciega: María Estela Ríos. Todos ellos ungidos por el Comité Evaluador de Zaldívar.

Y como cereza en el pastel, Hugo Aguilar Ortiz será el nuevo presidente de la Corte. Otro cercano. Otro confiable. Otro más en el rebaño del Zaldívarismo.

Mención aparte merece Sara Irene Herrerías. Promovida por el fiscal Gertz Manero, pero también por Adán Augusto y Monreal. Un fichaje con doble sello de garantía. Herrerías entra por una puerta… y por la otra. En la Corte ya no hay equilibrios, sólo intereses alineados.

Ni Norma Piña ni los viejos jueces de carrera judicial figuran. Ni siquiera los legisladores que supuestamente “iban a negociar” algo en el nuevo modelo de justicia. Todo eso se desechó. El rediseño institucional fue unilateral, vertical, quirúrgico. Y con bisturí prestado.

Zaldívar no sólo gana posiciones, recupera poder. Y según rumores palaciegos, ya planea su próximo gran movimiento: suceder a Gertz Manero en la Fiscalía General. El fiscal tiene aún dos años y medio en el cargo, pero el ambiente huele a mudanza. Zaldívar prepara su entrada triunfal.

Mientras tanto, el nuevo Poder Judicial es una maquinaria perfectamente engrasada. Con engranes que no chirrían. Porque no hablan, no opinan y mucho menos se rebelan.

No hay Corte. Hay comité. No hay ministros. Hay encargados. No hay justicia. Hay línea.

El futuro huele a toga… pero con uniforme de partido.

Reducen condenas a implicados en caso ABC; padres acusan corrupción judicial

Padres de víctimas del incendio en la Guardería ABC denunciaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la reducción de condenas a implicados en el caso, ocurrido hace 16 años en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños y decenas más resultaron lesionados.

Tras la tragedia del 5 de junio de 2009, 32 personas fueron procesadas, incluyendo funcionarios de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, con el tiempo la lista se redujo a 22. Algunos fueron exonerados mediante sentencias absolutorias o porque se extinguió la acción penal tras recibir el perdón de los ofendidos.

En 2016, el Juez Primero de Distrito en Hermosillo dictó penas de entre 20 y 28 años de prisión a 19 de los 22 acusados. No obstante, tras recursos de amparo y apelaciones, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito solicitó en 2018 a la SCJN atraer el caso, lo que derivó en 2022 en la reducción de penas y exoneración de varios procesados.

El Tercer Tribunal Unitario dictó nuevas sentencias entre abril y mayo de 2022. Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, socios de la guardería, fueron condenados a solo 5 años y 7 meses, con órdenes de reaprehensión vigentes. Otros sentenciados, como Roberto Copado Gutiérrez, Arturo César Leyva Lizárraga y Fausto Salazar Gómez, recibieron penas similares. Leyva Lizárraga purgó su condena en su domicilio.

Nohemí López Sánchez, del IMSS, fue la única con una pena mayor, de 8 años y 10 meses, y se entregó voluntariamente en junio de 2024. La mayoría de los demás sentenciados recibió condenas de entre 4 y 6 años.

La Asociación Cinco de Junio, representada por Patricia Duarte y Francisco Quintana, acusó que persiste la corrupción en el Poder Judicial, al señalar que la mayoría de los responsables fueron absueltos o beneficiados por los cambios en las penas, mientras siguen activos recursos legales que dilatan el cumplimiento de las sentencias.

Los nuevos movimientos judiciales derivan de tres amparos promovidos en 2024, relacionados con la ejecución de las sentencias y la competencia del juez encargado. El conflicto fue turnado del Quinto Circuito a un tribunal en Baja California, que apenas resolvió el 29 de abril de 2025 que el Juez Primero de Distrito seguirá conociendo del caso, salvo en lo relativo a la pena de prisión, que corresponderá al Juzgado de Ejecución de Penas en la Ciudad de México.

Los padres convocaron a una manifestación este 5 de junio a las 18:00 horas, desde las ruinas de la Guardería ABC hasta el Museo de la Universidad de Sonora, donde emitirán un manifiesto a la nación.

Jueces serán vigilados por allegados a la 4T en nuevo tribunal judicial

Los cinco integrantes que conformarán el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) fueron perfilados por Morena y son funcionarios vinculados a la administración actual, al igual que los próximos ministros de la Suprema Corte. Con el 94.2 por ciento de las actas computadas, se confirma que Celia Maya García, Verónica de Gyves Pérez, Bernardo Bátiz, Indira García Pérez y Rufino León Tovar formarán parte de este organismo.

El TDJ tendrá mayores facultades que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), incluyendo la capacidad de suspender y destituir a jueces por sentencias consideradas contrarias a la administración de justicia, así como de investigar a ministros de la Corte. Las resoluciones de este tribunal serán definitivas, es decir, no podrán ser impugnadas ante la Suprema Corte.

Celia Maya, quien fue candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, se perfila como la primera presidenta del Tribunal por un periodo de dos años, para luego ser sustituida por Verónica de Gyves. Esta última es Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y esposa del actual presidente de ese órgano, Rafael Guerra, quien desistió de postularse para ministro de la Corte.

Bernardo Bátiz, de 89 años, fue Procurador General de Justicia en la Ciudad de México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien lo nombró previamente en el CJF. Por su parte, Indira García y Rufino León Tovar también cuentan con trayectorias vinculadas a administraciones morenistas y ocupan ya posiciones aseguradas en el cuarto y quinto lugar de la elección.

León Tovar ha ocupado diversos cargos durante los gobiernos de AMLO y Marcelo Ebrard en la capital del país, y en 2021 fue nombrado Magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. García ha trabajado en Colima como Auditora Superior del Estado, tanto con gobiernos priistas como morenistas.

En contraste, los jueces de carrera no lograron posicionarse entre los cinco primeros lugares. El mejor ubicado, Gildardo Galinzoga, está a casi dos millones de votos de Tovar, mientras que Blanca Alicia Ochoa, en el caso de las mujeres, ocupa el séptimo lugar, a 2.1 millones de votos de García.

Ariadna Camacho, en cuarto lugar entre las candidatas, también ha trabajado en administraciones perredistas y morenistas, primero en la CDMX y ahora como funcionaria en la Secretaría de Turismo federal.

Director: Juan Luis Parra

Hermosillo, Sonora.

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