El 21 de octubre, según los reportes, elementos de la policía municipal fueron agredidos cuando patrullaban al sur de Acámbaro, en Guanajuato. Tras una persecución, los agresores abandonaron la camioneta en que se desplazaban y huyeron a pie entre los sembradíos. Los aprehendieron más adelante.
Dos detenidos eran originarios de Zapopan. El tercero, de Aguascalientes. Las autoridades los relacionaron con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Llevaban dos R-15, varios cargadores, radios y equipo táctico.
Horas después el secretario de seguridad pública del municipio recibió una amenaza. Tres días más tarde se registró el estallido de aparatos explosivos colocados en dos automóviles: uno, el más violento, precisamente en Acámbaro, frente a las instalaciones de la secretaría de seguridad municipal, dejó siete vehículos quemados y múltiples daños materiales; el otro, en un municipio colindante, Jerécuaro, destrozó una patrulla y afectó negocios, viviendas y autos particulares.
Se aseguró en la “mañanera” que se trataba de una disputa entre grupos del crimen organizado. La explosión en instalaciones de seguridad indica, sin embargo, que se trató de un mensaje destinado a retar y amedrentar a las autoridades.
En el primer mes del gobierno de Claudia Sheinbaum, y a resultas del visible fracaso de la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, que consistió en no enfrentar al crimen organizado, y por la cual tarde o temprano tendrá que responder, en diversos estados de la República los grupos criminales han dado repetidas muestras de su empoderamiento.
No solo en Guanajuato han desafiado al Estado. En Sinaloa, donde los Chapitos y las fuerzas de El Mayo Zambada llevan ocho semanas enfrascados en una guerra que se desarrolla en las calles y los alrededores de la capital del estado, el general Jesús Leana aseguró que la paz llegará hasta que los criminales quieran. El desafío ha llegado al punto de que el pasado 22 de octubre se lanzaron sobre Culiacán volantes atribuidos a La Mayiza, que llamaban a denunciar a supuestos prestanombres del gobernador Rocha Moya y de sus hijos, a quienes acusaron de apoyar a los Chapitos. “Necesitamos derrocar a este gobierno que los apoya”, se leía en dichos volantes.
En Guerrero fue decapitado el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, un hecho sin precedente por tratarse de la capital de un estado de la República. El silencio que sobre esa tragedia han mantenido los tres órdenes de gobierno es elocuente: no hay responsables, no hay detenidos porque, se ha visto, en Guerrero quienes mandan son los delincuentes.
Tabasco, la tierra de López Obrador, ha dejado de ser un edén para convertirse en un infierno. Desde diciembre de 2023, fecha en que fue atacada la residencia del secretario de seguridad pública durante el gobierno de Adán Augusto López, Hernán Bermúdez Requena, al que informes de inteligencia militar vincularon con el Cártel Jalisco, la violencia no ha hecho sino escalar.
Ese ataque marcó la ruptura del grupo criminal La Barredora, y la alianza de algunas de sus células con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La pugna se ha desbordado durante los días que el nuevo gobernador, Javier May, lleva al frente del estado de Tabasco.
Un día sí y otro también los grupos criminales suben videos y le dejan narcomantas en las que acusan al nuevo secretario de seguridad, Víctor Hugo Chávez Martínez, de haber vendido la plaza, y en las que amenazan al gobernador con desatarle una guerra en caso de que no cese a este funcionario.
En esas narcomantas se acusa también al Ejército y a la Guardia Nacional de haber roto acuerdos con el crimen organizado.
En Michoacán, las amenazas de los cárteles obligaron al gobernador Ramírez Bedolla a despedir al secretario de seguridad que les resultaba incómodo (José Alfredo Ortega Reyes), y desde entonces han arreciado las extorsiones a los productores, el control en las carreteras, los retenes a la salida y la entrada de los pueblos e incluso el asesinato de algunos líderes.
En Chiapas, el asesinato del sacerdote defensor de los pueblos indígenas, Marcelo Pérez, ilustra la situación del estado: guerra por el control del tráfico de personas y de drogas, decenas de miles de desplazados, kilómetros de territorio en donde quien manda no es el Estado.
En Sonora nada para el enfrentamiento entre el Cártel de Caborca y Los Chapitos. El estado vive la peor crisis de seguridad de su historia: narcobloqueos, secuestros, vehículos en llamas, ejecuciones, enfrentamientos, y el éxodo de miles que huyen de sus pueblos para librar el horror impuesto por los cárteles.
En Baja California, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas y el Morelos que dejó Cuauhtémoc Blanco, el contexto de violencia ha rebasado por completo a las autoridades.
Camionetas con cuerpos apilados, muertos tirados en todas partes, enfrentamientos entre células, drones cargados con explosivos, casas incendiadas, ejecuciones múltiples, poblaciones vacías al caer la noche.
A lo largo de miles de kilómetros, no hay más autoridad que la de los criminales, que hoy se han apropiado de más lugares de México que nunca antes en la historia.
