En México, desaparecer no es lo peor. Lo peor es que, para que te busquen, hay que pagar. Y mucho.
Edith Guadalupe salió a buscar trabajo. Su familia terminó bloqueando calles, suplicando atención y haciendo de policía, perito y Ministerio Público al mismo tiempo. Porque cuando alguien desaparece, el Estado mexicano no reacciona: negocia… luego extorsiona.
Primero, la mentira burocrática de siempre: “espere 72 horas”. Una instrucción ilegal, obsoleta y, en este contexto, criminal. Porque en México esperar no es protocolo: es sentencia. Después, lo verdaderamente obsceno: la petición de dinero. Funcionarios públicos cobrando por hacer su trabajo. Tarifando la búsqueda de una mujer desaparecida. Poniéndole precio a la urgencia.
Así opera buena parte del aparato de justicia: si no pagas, no existes.
La Fiscalía de la Ciudad de México —esa institución que en teoría debería activar protocolos inmediatos— decidió no actuar. O peor: decidió administrar el tiempo mientras la familia aportaba ubicación en tiempo real, pruebas, videos, rutas. Todo. Menos lo único que importaba: reacción.
Y entonces aparece la pregunta que nadie en el poder quiere responder, pero que persigue a las familias como una condena: si hubieran actuado de inmediato, si no hubieran pedido dinero, si hubieran hecho su trabajo… ¿Edith seguiría viva? Pero en México las preguntas incómodas no se contestan. Se archivan.
La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, ya salió a decir que “se investiga”. Que hay un funcionario bajo revisión. Que no hay indicios de trata de personas. Que todo está bajo control. El guion de siempre.
Se abre una carpeta, se promete sanción, se gana tiempo. Y en ese lapso, la indignación se enfría, la presión baja y la impunidad vuelve a acomodarse en su lugar natural: el centro del sistema.
Porque aquí no estamos frente a una falla. Estamos frente a un modelo.
Un modelo donde la justicia depende de la presión mediática. Donde las familias tienen que volverse virales para ser atendidas. Donde los funcionarios aprenden que no pasa nada si no hacen nada… pero que sí puede pasar algo si cobran.
El fiscal de desaparecidos, Luis Eduardo Poletti Vega, tendría que explicar si pedir dinero es una desviación individual o una práctica tolerada. Aunque la pregunta es casi retórica: cuando la corrupción no se castiga, deja de ser excepción y se convierte en incentivo.
Y ahí es donde el Estado se rompe. No cuando no puede. Cuando decide no hacerlo.
Pero ese quiebre no es local. No empieza ni termina en una ventanilla de la Fiscalía. Tiene nombre y tiene narrativa.
Durante años, desde el poder federal —primero con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum— se construyó una coartada perfecta: minimizar, negar, maquillar. Convertir la crisis de violencia en discurso político. Administrar cifras, relativizar tragedias, desplazar culpas. Gobernar, al parecer, también es decidir cuándo no buscar.
Porque cuando desde arriba se normaliza la violencia, abajo se burocratiza la muerte. Cuando desde Palacio se relativiza, en las fiscalías se posterga. Cuando el mensaje es que no pasa nada, el sistema entero entiende que, en efecto, no pasa nada.
Y entonces pasan estas cosas.
¿Qué hace una familia cuando sabe que su hija está en peligro y la autoridad no responde? Insistir. Gritar. Exponerse. Romper.
¿Y qué recibe cuando finalmente aparece muerta? Un comunicado.
Luego, desde la comodidad del poder, llegan los reproches: que no bloqueen, que no protesten, que no “alteren el orden”.
¿El orden? ¿El orden de qué? ¿El de una burocracia que convierte la vida en soborno? ¿El de funcionarios que piden “mordida” para activar una búsqueda? ¿El de un Estado que reacciona solo cuando hay escándalo? Ese orden ya está podrido. Y lo saben.
Por eso irrita tanto cuando organismos internacionales señalan la crisis. Porque exhiben lo evidente: que el problema no es solo la violencia, sino su administración política. La decisión —sí, decisión— de tolerarla, dosificarla y, en no pocos casos, lucrar con ella.
México no es un país sin leyes. Es un país donde la ley estorba. Donde el Estado de derecho no murió de golpe, sino de omisiones, de retrasos, de sellos, de firmas, de “vuelva mañana”. De funcionarios que entendieron que dejar pasar el tiempo también mata. Y mata con eficacia.
Edith Guadalupe no solo fue víctima de un asesino. Fue víctima de un sistema. De un gobierno. De una forma de ejercer el poder que convirtió la negligencia en norma y la impunidad en política pública. Un sistema que siempre llega tarde… porque le conviene llegar tarde. Un sistema donde buscar cuesta. Y donde no pagar… te cuesta la vida.