En política, los divorcios no son rupturas: son reacomodos de poder. Lo que ocurre hoy entre el Partido Verde y Morena en San Luis Potosí no es una separación ideológica —eso implicaría que alguna vez existió afinidad—, sino la manifestación más transparente de cómo opera un sistema que ha normalizado la apropiación familiar del poder mientras simula combatirla.
El detonante es conocido. Ruth González Silva, senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, no descarta competir por la gubernatura. No lo confirma —porque hay reglas—, pero tampoco lo niega —porque hay proyecto—. Es el tipo de ambigüedad que en México no oculta intención, sino que la va dosificando.
La reacción de Claudia Sheinbaum fue, en apariencia, un intento de contención institucional: expresar su desacuerdo con la eventual candidatura y empujar una reforma interna en Morena para prohibir el nepotismo electoral a partir de 2027. Pero el gesto, que busca proyectar autoridad normativa, terminó produciendo el efecto inverso: evidenciar los límites reales de su autoridad. Porque lo que siguió no fue una corrección, sino una fuga.
El Partido Verde decidió competir solo en San Luis Potosí. No como acto de rebeldía, sino como cálculo. Vaya, cuando la regla estorba, se cambia de tablero.
Aquí es donde el caso deja de ser local y se vuelve estructural. Lo que está en juego no es una candidatura, sino la definición misma de nepotismo en el sistema político mexicano. Y esa definición no se disputa en tribunales, sino primeramente en el lenguaje.
Gallardo ofreció una: el nepotismo —dijo— ocurre únicamente cuando un gobernante contrata familiares en la administración pública. Si esos familiares compiten en elecciones subsecuentes y ganan, entonces no lo es. La afirmación no es ingenua; es profundamente estratégica. Reduce el concepto de nepotismo a su mínima expresión legal para vaciarlo de contenido político.
En términos de O’Donnell, no estamos ante instituciones que logran autonomizarse del poder personal, sino ante estructuras capturadas que permiten su reproducción. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es quién compite, sino bajo qué condiciones simbólicas se legitima esa competencia.
En ese caso, competir no es partir de cero. Es heredar redes, visibilidad, recursos, estructura. Es convertir capital político en patrimonio transferible. Y eso, aunque no encaje en la definición estrecha de nepotismo administrativo, sí configura una forma de reproducción asistida y dinástica del poder.
México está lleno de ejemplos. No como anomalías, sino como patrón. Familias que ocupan posiciones estratégicas en órganos autónomos, en el Congreso, en gobiernos estatales. Redes que se presentan como meras coincidencias, pero que operan continua y sistemáticamente.
El Verde, en esto, no es una excepción: es un laboratorio adelantado. Un partido que ha perfeccionado la lealtad móvil como forma de supervivencia, que ha acompañado a cada gobierno en turno sin fricción ideológica, y que ahora demuestra que también puede desprenderse sin costo político relevante. Sí, lo interesante, entonces, del episodio en San Luis Potosí es que esa lógica ya no se disfraza. Se defiende abiertamente.
Lo que antes era oportunismo, hoy es método. Y en ese método, el divorcio con Morena no implica ruptura con el poder, sino su reconfiguración. Porque mientras en el discurso se respalda a la presidenta, en la práctica se le desafía. Sin estridencias, sin confrontación directa, pero con mucha eficacia.
La pregunta de fondo no es si Ruth González será candidata; todo indica que sí. La pregunta es qué revela que pueda serlo sin costo electoral y social. Revela un sistema donde las reglas son negociables, las lealtades transaccionales y los conceptos maleables. Un sistema donde el poder no necesita ocultarse: le basta con redefinirse.
Así, el problema no es el nepotismo; es que ya ni siquiera hace falta negarlo.