Lo voy a decir sin preámbulos: la Fiscalía General de la República decidió no ejercer acción penal contra dirigentes de la iglesia “La Luz del Mundo”. No por un tecnicismo jurídico, sino por una definición política.
Mientras en Estados Unidos su líder, Naasón Joaquín García, cumple una condena de 16 años por abuso sexual de menores —con un expediente que incluye testimonios, víctimas protegidas y líneas abiertas de investigación por delitos aún más graves—, en México la autoridad optó por archivar. No investigar. No profundizar. No incomodar. Cerrar, así sin más.
La decisión no solo es cuestionable por el fondo, sino por la forma: se tomó en diciembre, se notificó a una víctima hasta enero y solo se volvió pública cuando el caso alcanzó los medios. La justicia mexicana, una vez más, operando en voz baja cuando el escándalo exige exactamente lo contrario. Importante: aquí no falló el sistema. Funcionó… para quien debía funcionar. Algunos que navegan al cobijo del poder.
Conviene recordar un episodio que explica más que mil discursos: en 2019, a Naasón Joaquín García se le abrió el Palacio de Bellas Artes para celebrar su cumpleaños. Sí, un recinto público, emblema cultural del Estado laico, prestado a un líder religioso hoy condenado por abuso de menores. Entre los asistentes, figuras políticas relevantes; de muchos giros y trayectorias, pero destacadamente ligados a Morena.
La escena no fue un error: fue un mensaje. Y los mensajes importan, porque delinean jerarquías reales.
Desde entonces, la carpeta mexicana —iniciada en paralelo a la estadounidense— parece haber transitado de la investigación a la congeladora, y de ahí al archivo muerto definitivo. Mientras tanto, las denuncias que incluyen tráfico de personas, explotación sexual y producción de material de abuso infantil simplemente dejan de existir en términos institucionales. Y obviamente no porque no existan, sino porque no conviene que sobrevivan.
Se insiste, desde el discurso oficial, en una narrativa de “humanismo” y de compromiso con las víctimas. Pero la política pública no se mide en discursos, sino en decisiones. Y esta decisión —no ejercer acción penal— es una forma sofisticada de decir: hasta aquí llega la justicia. O, más bien: hasta aquí llega para algunos.
Porque del otro lado de la frontera, el mismo individuo recibe un trato conforme a derecho que deriva en condena. De este lado, el expediente se evapora. No por falta de elementos, sino por exceso de consideraciones.
El contraste con Estados Unidos no es menor. Allá, el mismo personaje enfrenta cargos, procesos y condenas. Aquí, ni siquiera la investigación prospera. Dos sistemas, dos velocidades, dos definiciones de lo que significa proteger a las víctimas, las de verdad.
Ahora bien, esa asimetría no es jurídica. Es política. Porque cuando el Estado decide no investigar delitos graves —pese a testimonios, patrones y antecedentes— deja de ser un árbitro y se convierte en un actor. No en garante de derechos, sino en administrador de silencios.
Las víctimas lo entienden mejor que nadie. Denunciaron, expusieron, arriesgaron. Y de las autoridades recibieron como respuesta el archivo. La institucionalización del olvido.
En teoría, México ha construido en los últimos siete años un andamiaje discursivo centrado en las mujeres, en las víctimas, en la justicia con perspectiva de género. En la práctica, ese andamiaje se desploma cuando choca con intereses oscuros, relaciones inconfesables o costos políticos. Ahí es donde se revela la verdadera estructura del poder de la Cuarta Transformación…
Y no es la primera señal. ¡Qué va! En septiembre de 2025, una jueza en Michoacán ordenó la liberación de 38 integrantes de esta misma organización detenidos con armas de uso exclusivo del Ejército. El hecho, por sí mismo grave, se diluyó sin mayores consecuencias institucionales. Como si se tratara de una anomalía menor, no de un síntoma gravísimo. Y lo que es más, los síntomas, cuando se repiten, dejan de ser excepciones. Todos lo sabemos.
La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó revisar el registro de la organización religiosa tras estos hechos. Hasta ahora, no hay resultados públicos. Otra vez, el silencio administrativo como estrategia.
Así que la pregunta no es por qué ocurre. La pregunta es para quién ocurre.
No sé —ni pretendo especular sin evidencia— cuál es la razón específica detrás de este carpetazo. Pero sí sé lo que produce: impunidad selectiva en un momento particularmente sensible para el país.
Y la impunidad selectiva no es un accidente, es una política.
Naasón Joaquín está preso en Estados Unidos. En México, su caso está archivado. Las víctimas, otra vez, relegadas. No solo por sus agresores, sino por el Estado que debía protegerlas.
“La Luz del Mundo”, se llama la organización. Pero cuando el poder decide no ver, no investigar y no actuar, lo que se impone no es la luz. Es la sombra. Y esa sombra —hecha de silencios, omisiones y decisiones calculadas— ya no solo cubre a una organización, empieza a definir al claudismo entero.
Giros de la perinola
(1) ¿Alguien sabe dónde está Hamlet Almaguer? Consejero nacional de Morena, exdiputado local, aspirante a fiscal… y, según diversas versiones, cercano a esa zona donde la luz no alcanza a alumbrar. En definitiva, en México, más que redes de poder, lo que hay son circuitos de protección. Y esos —no como el sistema de salud— sí funcionan requetebién.
(2) Mucho se critica —y con razón— que la FGR está supeditada y controlada por presidencia. Pues bien, ahora que se requiere que Claudia Sheinbaum se imponga e instruya se procese a los integrantes de esta red de trata -eso es, ni más ni menos—, la titular del Ejecutivo Federal habla de independencia de la Fiscalía. ¡Qué conveniente!