El sistema público de salud en México adquirió medicamentos por al menos 9 mil 500 millones de pesos entre 2021 y 2025 a distribuidores catalogados como irregulares, de acuerdo con una revisión de contratos oficiales vinculados al listado de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Los recursos fueron asignados mediante alrededor de mil 360 contratos con instituciones federales y estatales, pese a que las empresas proveedoras habían sido señaladas por incumplir regulaciones sanitarias o administrativas, como operar sin autorización o no cumplir requisitos normativos.
El fenómeno se desarrolló en un contexto de cambios en los sistemas de compra de medicamentos desde 2018 y problemas de desabasto, lo que derivó en adquisiciones de emergencia que, según fuentes del sector farmacéutico, facilitaron la participación de estos distribuidores.
Entre las empresas beneficiadas destaca Ethomedical, que obtuvo cerca de 8 mil millones de pesos en 2021 y 2022, principalmente a través de adjudicaciones directas con el Instituto Mexicano del Seguro Social. La compañía se encuentra en el listado oficial por presentar “irregularidades graves” y estar suspendida. Ha sido vinculada con Aldo Díaz Pérez, socio del yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien ha negado conocerlo.
En total, 28 de los 162 distribuidores identificados como irregulares lograron contratos con el sector salud, lo que evidencia la penetración de estas empresas en instituciones públicas. Un documento interno de Cofepris señala que México se ubica entre los seis países con mayor venta y distribución de medicamentos falsificados y clandestinos, un mercado que se ha multiplicado por cinco desde 2018.
Otras empresas con montos relevantes son Santek Health, con 391 millones de pesos y bajo investigación por presunto suministro de medicamentos falsificados en Yucatán, así como Hima Promotions, con 319 millones en contratos con el IMSS, e Industrias Danjur, con 194 millones de pesos.
Entre personas físicas, Alan Jair de la Peña Rodríguez acumuló alrededor de 120 millones de pesos en 90 contratos, incluidos algunos adjudicados de forma directa por el ISSSTE incluso después de aparecer en el listado de distribuidores irregulares.
De la Peña Rodríguez respondió que su inclusión en el listado se debió a una verificación no realizada por cambio de domicilio y no por incumplimientos sanitarios, y aseguró que solicitó su retiro sin obtener respuesta formal. Permanece en la lista al menos desde mayo de 2023.
Ni la Secretaría de Salud ni Cofepris respondieron a solicitudes de información sobre estos contratos antes del cierre de la investigación.
