La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, pagó en 2024 un total de 412.81 pesos de impuesto predial por un rancho de dos hectáreas, luego de que el predio fuera clasificado oficialmente como terreno baldío, sin metros construidos, pese a que ya existían edificaciones en el lugar.
De acuerdo con registros catastrales, el recibo consignó cero metros cuadrados de construcción, lo que permitió aplicar la tarifa mínima. Sin embargo, imágenes satelitales de noviembre de 2023 muestran una casa campestre de dos niveles, así como otras construcciones en proceso, una barda perimetral y un camino interior dentro del predio ubicado en el ejido Baños de Agua Caliente, entre Silao y León.
La situación se mantuvo durante 2025. Hasta el quinto bimestre de ese año, el inmueble seguía reportado como sin construcción, con el mismo valor fiscal de 35 mil 362 pesos y el pago mínimo correspondiente.
La actualización catastral ocurrió el 20 de octubre de 2025, semanas después de la publicación de un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). A partir de entonces, el predio registró 585.7 metros cuadrados construidos y un valor fiscal de 3 millones 403 mil pesos, lo que derivó en un pago de mil 021 pesos en el último bimestre del año.
Documentos oficiales también refieren que el aviso de terminación de obra fue emitido el 12 de enero de 2024, previo al pago del predial de ese año. No obstante, la actualización del valor fiscal se reflejó hasta meses después.
Un avalúo presentado por la propia gobernadora en marzo de 2024 estimó el valor del inmueble en 8.9 millones de pesos, mientras que organizaciones civiles han señalado que el costo podría ser mayor al considerar amenidades como canchas deportivas, alberca techada y áreas recreativas visibles en el terreno.
El abogado Rogelio Santoyo Guevara, integrante de Silaoenses Unidos Contra la Corrupción, señaló que la secuencia de registros presenta inconsistencias, al mantenerse el predio como baldío durante un periodo prolongado pese a contar con construcciones.
En respuesta, el Gobierno de Guanajuato indicó que la actualización del valor catastral corresponde a la autoridad municipal, conforme al artículo 172 de la Ley de Hacienda local, y que el pago del impuesto se realizó con base en los valores vigentes al momento. Añadió que la gobernadora notificó la terminación de obra y cumplió con sus obligaciones fiscales según lo determinado por el municipio.
La propiedad cuenta con aproximadamente 20 mil metros cuadrados, con edificaciones, barda perimetral, áreas recreativas, una casa de servicio y un camino interior adoquinado de más de 500 metros.
