El ocultamiento de un derrame de petróleo en el Golfo de México podría exponer al país a sanciones internacionales, demandas por daño ambiental e indemnizaciones millonarias, incluso por parte de Estados Unidos y Cuba, de acuerdo con especialistas consultados por EL UNIVERSAL.
El impacto del incidente no se limita al daño inmediato en el agua, sino que se extiende a ecosistemas marinos y costeros, con afectaciones a la biodiversidad, pérdida de hábitats y alteraciones en las cadenas alimenticias, además de consecuencias económicas en sectores como la pesca, el turismo y comunidades que dependen de esta región.
Daniel Israel Muñoz Cruz, presidente de la Comisión de Derecho Internacional y Migratorio del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, explicó que al tratarse de Petróleos Mexicanos, empresa del Estado, la responsabilidad recae directamente en el país, lo que abre la puerta a sanciones bajo marcos como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
“Podemos esperar que se exija la reparación del daño ambiental, así como la indemnización de las partes afectadas”, señaló. Añadió que, de comprobarse afectaciones en aguas de otros países, podrían iniciarse procedimientos ante instancias internacionales o paneles de arbitraje.
El especialista advirtió que los costos no sólo incluyen multas, sino también remediación ambiental, compensaciones económicas y posibles litigios, lo que podría elevar el impacto a miles de millones de pesos, sin considerar los trabajos de restauración a largo plazo.
Por su parte, Raúl Gutiérrez, académico de la Universidad Iberoamericana, indicó que aunque existen marcos legales para sancionar daños ambientales, en la práctica suelen ser insuficientes o aplicarse de forma tardía, lo que reduce su efectividad frente a incidentes de gran escala.
También subrayó que las multas en México suelen ser menores en comparación con los costos reales de los daños, lo que puede generar incentivos para que estos eventos se asuman como parte de la operación de las empresas. Además, señaló que los procesos para determinar responsabilidades son prolongados y carecen de claridad.
Desde la UNAM, la académica Berenice Carrera advirtió que el caso refleja una brecha entre la legislación ambiental y su aplicación, lo que limita la capacidad del Estado para prevenir y sancionar estos eventos. Añadió que la restauración ecológica podría extenderse por años o décadas, debido a la magnitud del daño.
“Los impactos en biodiversidad y servicios ecosistémicos no se revierten en el corto plazo”, explicó, al señalar que se requiere seguimiento científico continuo y recursos sostenidos.
En el ámbito internacional, Guadalupe Peña, catedrática de la Universidad La Salle, indicó que el caso podría escalar a instancias como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar o la Corte Internacional de Justicia, además de posibles paneles bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), particularmente en su capítulo ambiental.
La especialista agregó que México también forma parte de convenios internacionales que sancionan el vertimiento de hidrocarburos en el mar, así como del reciente Tratado de Altamar, vigente desde enero, que compromete a los países a proteger la biodiversidad en aguas internacionales.
El derrame, además de sus implicaciones legales, podría generar consecuencias comerciales y políticas, como aranceles, menor inversión extranjera y alertas turísticas, en un contexto donde se evalúan los alcances del daño ambiental y sus efectos a nivel regional.
