El Servicio de Administración Tributaria (SAT) colocó en fase de embargo a dos empresas vinculadas a figuras cercanas a la llamada Cuarta Transformación: Argos Producciones, asociada a Epigmenio Ibarra, e IBN Industrias de Inteligencia Artificial y Alta Tecnología Balística, ligada al diputado morenista Arturo Ávila Anaya, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En ambos casos, la autoridad fiscal determinó créditos fiscales por montos millonarios y emitió mandamientos de ejecución, lo que abre la posibilidad de asegurar bienes en caso de incumplimiento de pago.
Para Argos Producciones, el adeudo se originó en febrero de 2020 por conceptos de impuesto sobre la renta, pagos provisionales y retenciones. El SAT fijó el crédito fiscal el 7 de diciembre de 2022 y lo notificó días después, otorgando un plazo que venció en febrero de 2023 para cubrir o garantizar el monto.
La empresa impugnó la resolución sin asegurar el pago, lo que derivó en que la deuda aumentara con recargos, actualizaciones por inflación y sanciones. Para febrero de 2026, el SAT ya había emitido el mandamiento de ejecución. El monto asciende a 8 millones 690 mil pesos, según documentos citados por MCCI.
La investigación también señala que Argos fue beneficiada con un crédito de hasta 150 millones de pesos de Bancomext en 2020, en el contexto de la pandemia. Además, registros oficiales muestran que empresas del grupo Argos recibieron condonaciones fiscales entre 2020 y 2022 por un total de 8 millones 862 mil pesos, incluyendo beneficios directos para Argos Producciones.
En el caso de IBN Industrias, empresa vinculada a Arturo Ávila, el adeudo corresponde a omisiones fiscales de 2021. El SAT determinó el crédito el 10 de junio de 2024 y lo notificó días después, sin que la compañía pagara o garantizara el monto dentro del plazo legal.
Al igual que Argos, la empresa optó por litigar sin respaldar el adeudo, lo que provocó su incremento. Para marzo de 2026, el SAT emitió el mandamiento de ejecución. El monto creció de 1.5 millones de pesos a 2 millones 593 mil pesos, tras sumarse actualizaciones, recargos, multas y gastos de ejecución.
De acuerdo con MCCI, durante el periodo en que se generaron las omisiones fiscales, IBN mantenía contratos vigentes con el gobierno federal, incluyendo uno en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por servicios de seguridad de hasta 3.5 millones de pesos mensuales, así como contratos con Pemex para el arrendamiento de vehículos blindados.
Estos contratos fueron observados por la Auditoría Superior de la Federación, que detectó irregularidades en su ejecución, inconsistencias en los bienes entregados y falta de verificación de requisitos técnicos. Asimismo, la empresa fue inhabilitada en 2021 por la Secretaría de la Función Pública por incumplimientos.
La investigación documenta que en ambos casos las empresas acumularon adeudos durante años, impugnaron las resoluciones sin garantizar los montos y permitieron que las deudas crecieran hasta entrar en fase de embargo, conforme a registros oficiales del SAT.
