La presidenta Claudia Sheinbaum comenzó a mover piezas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en medio de un reclamo directo de los grandes corporativos de Estados Unidos. A mediados de marzo, el National Foreign Trade Council envió una carta al secretario de Hacienda, Édgar Amador, en la que cuestiona prácticas del SAT que, advierte, están afectando la inversión. El organismo representa a empresas como Amazon, Google, Microsoft, Ford, General Motors, Pfizer, ExxonMobil, Chevron, Visa, Mastercard, PepsiCo y Coca-Cola, con presencia relevante en México.
El documento señala auditorías agresivas, rechazo de deducciones, negativas retroactivas de devoluciones de IVA y exigencias de información confidencial. También cuestiona un esquema que obliga a pagar primero para poder litigar. En su opinión, el SAT dejó de ser un órgano de verificación para convertirse en un mecanismo de recaudación intensiva. El planteamiento llega en plena revisión del T-MEC y coloca el tema fiscal en la agenda bilateral.
En ese contexto se entiende el reacomodo que se perfila en el SAT, encabezado desde 2022 por Antonio Martínez Dagnino, cercano al grupo político del expresidente López Obrador. El primer movimiento es la llegada de Jennifer Krystel Castillo Madrid a la Administración General de Grandes Contribuyentes en sustitución de Armando Ramírez Sánchez. Desde esa posición se concentra la relación con las empresas de mayor tamaño.
Martínez Dagnino llegó al SAT después de haber ocupado esa misma área. Su cercanía con los hijos del expresidente es conocida desde la etapa escolar y universitaria. Su nombramiento se atribuye a ese círculo. Bajo su gestión, el SAT consolidó una política de mayor presión sobre grandes contribuyentes con resultados recaudatorios relevantes, pero también con crecientes cuestionamientos del sector privado.
El eventual arribo de Castillo Madrid, cercana a Sheinbaum desde su paso por el gobierno capitalino, apunta a un ajuste de control político y operativo. El cambio se da también en un momento en el que las finanzas públicas enfrentan presiones por el subsidio a combustibles, que absorbe miles de millones de pesos cada semana, y por la necesidad de mantener ingresos sin elevar impuestos.
Que el nombre de Castillo Madrid comience a sonar como posible relevo de Martínez Dagnino es también un mensaje político. No sería el primero. Ahí están el operativo contra Nemesio Oseguera, la salida de Rafael Marín de Aduanas y el fortalecimiento del equipo de José Antonio Peña Merino en áreas estratégicas forman parte de una misma lógica. También el viraje en la postura sobre el fracking, que pasó del rechazo a una apertura condicionada por la necesidad energética.
La carta del NFTC es un nuevo episodio de presión de EU. Las empresas advierten cargas sin precedentes, uso de auditorías con fines recaudatorios y debilitamiento de mecanismos de defensa como Prodecon. Señalan que algunas compañías enfrentan la disyuntiva de entregar información sensible o aceptar determinaciones fiscales. El efecto, sostienen, es la pérdida de certidumbre.
Los cambios en curso sugieren que el gobierno busca corregir excesos sin desmontar la capacidad recaudatoria. La salida de Martínez Dagnino no está confirmada, pero su debilitamiento es evidente. El relevo en Grandes Contribuyentes sería el primer paso.
En 2025, la recaudación tributaria alcanzó niveles históricos superiores a 4.7 billones de pesos, con un crecimiento real cercano al 10% impulsado en buena medida por actos de fiscalización a grandes contribuyentes. Para 2026, Hacienda mantiene la apuesta de elevar los ingresos sin una reforma fiscal de fondo, lo que implica seguir presionando a los mismos sectores.
El SAT está siendo utilizado como el principal instrumento para compensar presiones fiscales crecientes en un entorno de menor crecimiento económico y mayores compromisos de gasto. El reclamo de las empresas estadounidenses es generalizado: también lo ven así las otras empresas extranjeras y las mexicanas.
El viraje de la Presidenta es muy importante para evitar un mayor deterioro económico.
Posdata 1
Y hablando de cambios en el gabinete, en la Secretaría de Economía se da por hecho un ajuste en el equipo de Marcelo Ebrard. Versiones al interior de la dependencia apuntan a la salida de Vidal Llerenas de la Subsecretaría de Industria y Comercio, y a la llegada de Ximena Escobar, actual titular de la Unidad de Inversiones. El relevo se perfila en un momento de alta presión para detonar inversión productiva y ordenar la política industrial.
También ocurre en un contexto complejo. La economía mexicana arrastra un arranque débil en 2026, con señales de desaceleración y un entorno internacional adverso, mientras el gobierno busca capitalizar el nearshoring y avanzar en la revisión del T-MEC. Al interior de Economía se reconoce la necesidad de perfiles enfocados en ejecución de proyectos e interlocución con inversionistas, un terreno en el que Escobar ha operado de forma más directa.
Posdata 2
En Morena ya comenzó a tomar forma el relevo en la dirigencia nacional. La llegada de Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones perfila más movimientos, entre ellos el de Luisa María Alcalde.
En ese reacomodo se barajan dos nombres para asumir la presidencia del partido. Uno es Alfonso Durazo, actual presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora, con experiencia política y operación territorial. El otro es Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, con control de uno de los aparatos sociales más potentes del país. En el entorno presidencial consideran que ambos podrían alinearse sin fricciones, aunque Montiel aparece como un perfil más cercano y funcional al proyecto de Claudia Sheinbaum.
Sigue en duda el relevo de Andrés Manuel López Beltrán en la Secretaría de Organización. Hace unos meses se daba por hecho que dejaría el cargo para buscar una diputación por Tabasco, pero ahora la presión interna apunta a que se mantenga. Desde esa posición controla la estructura territorial del partido y es clave en la operación electoral.
El escenario que se perfila, aunque aún de forma tentativa, es el de Citlalli Hernández en la Secretaría de Organización, con Durazo o Montiel en la presidencia. La presidenta Sheinbaum es quien está operando el reacomodo y marcando el rumbo de Morena hacia el 2027.
Posdata 3
El gobierno federal terminó por reconocer lo que durante semanas negó: el derrame de petróleo en el Golfo de México sí se originó en instalaciones de Pemex. La investigación oficial ubicó la fuga en un ducto cercano al complejo Abkatún, en la Sonda de Campeche, donde se detectó una filtración desde febrero que se prolongó durante días antes de ser contenida.
En un inicio, la narrativa oficial apuntó a un buque privado y hasta a emanaciones naturales como posibles causas, pese a que organizaciones ambientales y reportes independientes ya advertían fallas en infraestructura petrolera.
El caso exhibe problemas más profundos. Hubo una fuga detectada desde el 8 de febrero y reparaciones que se extendieron por al menos 10 días, sin que la alta dirección tuviera información oportuna. Esa cadena de omisiones derivó en la salida de funcionarios y en una denuncia ambiental para deslindar responsabilidades, mientras el hidrocarburo alcanzaba costas de varios estados del Golfo.
Más allá del episodio puntual, el derrame confirma el deterioro operativo de Pemex y la opacidad en el manejo de incidentes. El costo no es solo ambiental; también es reputacional y financiero para una empresa que acumula accidentes, pasivos crecientes y cada vez menor margen de maniobra.
Posdata 4
En Oaxaca arrancó el “Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza”, en respuesta a la escalada de violencia registrada en ese municipio en los últimos meses por la operación de grupos delictivos. La región del Istmo, y en particular Juchitán, se ha convertido en un punto de disputa por su ubicación estratégica para el trasiego de drogas, migrantes y mercancías, lo que ha derivado en enfrentamientos entre células criminales, ejecuciones y extorsiones a comercios locales. A esto se suma la debilidad de las policías municipales y la limitada capacidad de respuesta institucional frente a organizaciones con mayor poder de fuego.
Con respaldo del gobierno federal, el gobernador Salomón Jara presentó una estrategia de carácter interinstitucional que busca restablecer el control territorial y contener la incidencia criminal. El plan se articula en dos frentes. El primero atiende las causas de la violencia mediante recuperación de espacios públicos y acciones orientadas a reconstruir la confianza ciudadana en las autoridades. El segundo se centra en el combate directo a la delincuencia, con operativos focalizados en zonas de alta incidencia, uso de inteligencia por parte de las corporaciones de seguridad y la ejecución de detenciones de alto impacto contra objetivos prioritarios vinculados a la delincuencia organizada.
En los últimos meses, reportes locales y federales han documentado un aumento en homicidios dolosos, ataques armados y bloqueos carreteros en la zona, además de denuncias por cobro de piso a transportistas y comerciantes. La violencia también ha impactado actividades económicas clave en el Istmo, incluida la logística asociada al Corredor Interoceánico, considerado uno de los proyectos estratégicos del gobierno federal.