La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, promovida por el Gobierno de México como una funcionaria “intachable”, tiene en su trayectoria un vínculo poco documentado con el Festival Ceremonia, el evento que en 2025 dejó dos fotoperiodistas muertos y que hoy sigue bajo cuestionamientos por presuntas irregularidades y falta de justicia.
El tema cobra relevancia ante las denuncias de los familiares de las víctimas, quienes aseguran que los responsables de la tragedia tienen protección desde el más alto nivel del gobierno federal, lo que impide que en este caso se lleve a conclusión un proceso de justicia en el que se ha documentado que el evento celebrado en el Parque Bicentenario estuvo plagado de irregularidades.
Promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum desde su llegada al gabinete en 2024, la egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México ha ocultado al máximo que al menos durante un año formó parte del encuentro musical en el que murieron Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles el 5 de abril de 2025.
Una fotografía de la funcionaria pública con el empresario Diego Jiménez Labora Prieto, además de publicaciones periodísticas, confirman que la hija de Claudia de Icaza y Federico Curiel mantenía una relación laboral con uno de los imputados en el caso, mismo que registró la marca Ceremonia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en 2013, a la par que era organizador de los festivales Trópico y Bravo.
Claudia Stella Curiel de Icaza figuró en aquellos años, antes de integrarse al ámbito de gobierno, como relacionista pública de Grupo Sicario, hoy Grupo Eco, fundado en su momento por Hugo Díaz Barreiro Olvera. Dicha compañía está directamente involucrada con los hechos del Festival Ceremonia por ser responsable del Programa de Protección Civil. También aparecen en las indagatorias las firmas Servicios de Seguridad Privada Lobo y Grupo Operadora Eclectic.
Como actual responsable de Grupo Eco, Jiménez Labora, de 42 años, enfrentó una orden de aprehensión que logró evadir mediante un amparo. No obstante, a su nombre siguen figurando 14 empresas que organizan conciertos y eventos de gran calado en todo el país. En febrero pasado, fue visto de fiesta en Soho House, en la colonia Juárez, sin que fuera remitido a las autoridades.
Otro dato curioso del Festival Ceremonia —actualmente cancelado— fue que en la edición del año 2023 tuvo a la cantante Rosalía como cabeza del evento. Una semana después de dicha presentación, la artista ofreció un concierto gratuito en el Zócalo, anunciado con bombo y platillo por Claudia Sheinbaum y la propia Curiel de Icaza, con propaganda oficial de la Secretaría de Turismo capitalina en la publicidad del evento privado.
La presunción de los abogados que llevan el caso es que el empresario Diego Jiménez Labora y todos los involucrados en la tragedia tienen protección de muy altos funcionarios, tanto del gobierno de Claudia Sheinbaum como del de Clara Brugada. La prueba es que este mismo año tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaria de Turismo federal local permitieron a Grupo Eco presentar en las instalaciones militares de Reforma el festival Campo Marte 26, avalado por el Gobierno de México como parte de la serie de eventos que acompañarán a los partidos del Mundial de Fútbol de la FIFA.
Posdata 1
Al episodio de Ceremonia se suma el manejo de la Colección Gelman, uno de los conflictos mediáticos de Claudia Curiel de Icaza al frente de la Secretaría de Cultura. Frente a los cuestionamientos sobre las condiciones del acuerdo para exhibir el acervo —y la falta de claridad sobre costos, beneficios y alcances del convenio—, la funcionaria optó por una respuesta confrontativa hacia la prensa, minimizando las críticas y defendiendo el proyecto de la Fundación Santander sin transparentar de inicio los detalles. El caso escaló a tal punto que obligó a la propia Presidencia a matizar el discurso y abrir la puerta a mayor información, evidenciando no solo problemas de comunicación política, sino también una gestión poco abierta en un tema sensible por el valor patrimonial y el historial polémico de la colección en México.
La gestión de Curiel de Icaza ya arrastraba conflictos laborales en el sector cultural, con protestas en la Cineteca Nacional, Radio Educación y oficinas de la Secretaría de Cultura por adeudos, bajos salarios y falta de acuerdos.
Posdata 2
El subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, José Antonio Rojas Nieto, se dejó ir en su participación durante el evento de la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, donde dejó claro cómo entiende el poder. Entre bromas y anécdotas personales, habló de su pensión —que “sube, baja y volverá a subir”— y de su permanencia en el cargo como si se tratara de una decisión personal, no institucional.
Contó que pidió a un gerente de distribución en Guanajuato que mantuviera “vigilancia permanente” para que a su madre nunca le cortaran la luz, aun cuando ella usaba un sistema eléctrico. Es decir, reconoció públicamente que intervino para garantizar un trato diferenciado en un servicio público como gestión directa desde su posición.
Además, descalificó las dudas de los usuarios (incluidos sus propios alumnos) sobre las tarifas eléctricas. Según él, quienes cuestionan por qué la industria paga menos que el consumo doméstico simplemente “no entienden” y deberían “tomar una clase”. La explicación vino acompañada de un juicio que coloca la responsabilidad en la supuesta ignorancia de la gente.
Y fue más lejos al referirse a cómo se definieron cuotas clave del mercado eléctrico —como el “54-46”— y relató que esos números se fijaron prácticamente entre ocurrencias: “¿52, 53, 54 y ahí muere?”. Es decir, decisiones estructurales del sector no necesariamente surgieron de análisis técnico, sino de negociación política en una mesa.
Lo que exhibió Rojas Nieto fue el uso del cargo para obtener tratos preferenciales, desprecio abierto hacia los usuarios y decisiones que parecen responder más a acuerdos políticos que a criterios técnicos. Y lo dijo sin filtros, en público y sin dimensionar el alcance. Sin duda.
Posdata 3
Las minusvalías por 417 mil millones de pesos registradas en marzo de 2026 encendieron alertas sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), aunque en realidad reflejan un episodio de volatilidad global más que un deterioro estructural. Con ese dato, el balance del primer trimestre quedó en -111 mil millones de pesos, tras las plusvalías observadas en enero y febrero. Sin embargo, en una visión más amplia, el sistema acumula 723 mil millones de pesos en plusvalías en los últimos 12 meses, lo que confirma que la tendencia de largo plazo se mantiene positiva.
El ajuste de marzo se explica más bien por el entorno externo. El repunte en tasas de interés, la volatilidad financiera y las caídas bursátiles a nivel global, agravadas por tensiones geopolíticas y un menor apetito por riesgo, impactaron directamente el valor de los activos en los que invierten las Afore. Los mercados accionarios, incluidos los emergentes, registraron retrocesos generalizados y una apreciación del dólar que presionó portafolios diversificados como los del SAR.
Aun así, el diseño del sistema amortigua este tipo de episodios. El SAR opera con un horizonte de inversión de largo plazo —con plazos promedio superiores a 11 años— y una diversificación que incluye deuda, renta variable y activos alternativos. Las minusvalías, en ese sentido, son valuaciones temporales y no pérdidas realizadas, a menos que los activos se vendan en ese momento, lo que no ocurre en condiciones normales.
De hecho, la reversión ya comenzó. En abril se observan plusvalías por más de 377 mil millones de pesos, lo que prácticamente compensa el ajuste de marzo y devuelve al sistema a terreno positivo en el acumulado del año.
Posdata 4
Este miércoles se presentó en la Ciudad de México la antología Reflexiones sobre la elección judicial 2025 en México, un libro que reúne a una decena de perfiles del ámbito jurídico y académico para analizar el inédito proceso de elección de juzgadores que se ensayó el año pasado.
El volumen, compilado por Benjamín Hill, Carolina Muñoz y Xiuh Tenorio, parte de la premisa que la elección judicial de 2025 fue un experimento democrático con resultados mixtos. Entre los diagnósticos que recoge destacan la baja participación ciudadana, la complejidad de las boletas y las limitaciones en la comunicación institucional, factores que, coinciden los autores, evidenciaron que modificar el método de selección no es suficiente para transformar de fondo la impartición de justicia.
En la presentación participaron la ministra Yasmín Esquivel Mossa, la magistrada Claudia Valle Aguilasocho y el propio Xiuh Tenorio. El libro se inserta en esa discusión con una lectura menos política y más técnica, aunque no exenta de implicaciones para el diseño institucional que impulsa el nuevo gobierno.
Más allá del libro, de lectura obligada, el mensaje es que la elección judicial dejó lecciones que aún no se procesan del todo. Los autores plantean que el ejercicio no debe asumirse como un fracaso definitivo, sino como un ensayo que obliga a ajustes. Lo que se haga, o se omita, a partir de esas conclusiones será determinante para el futuro inmediato del sistema judicial mexicano.