Durante aproximadamente dos años, de octubre de 2022 a septiembre de 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional, entonces a cargo del general Luis Cresencio Sandoval, realizó compras para la Guardia Nacional por casi 2 mil millones de pesos; esto a pesar de que el marco jurídico y constitucional impedía que la dependencia administrara los recursos de este cuerpo policiaco, en un esquema que hoy alcanza incluso a perfiles vinculados con el entorno político del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.
La ahora autodenominada Defensa disfrazó estas compras con contratos para equipamiento de su Policía Militar, un órgano interno especializado y encargado de vigilar que los militares cumplan reglamentos y leyes dentro de sus cuarteles e instalaciones. En específico, esta “Policía” tiene como tareas custodiar bases militares, regular el tránsito de vehículos militares, vigilar prisiones militares y cooperar en investigaciones de delitos de los integrantes del Ejército Mexicano.
Aunque los títulos de los contratos omitían el nombre de la Guardia Nacional, en los documentos de especificaciones de los productos solicitados se especificaba que eran para uso de esa corporación policiaca, y algunos exigían las siglas GN estampadas en el equipo a comprar.
En este contexto, ayer martes, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, dio a conocer un comunicado en el que informó la inhabilitación por cuatro meses de las empresas Soluciones Militares Tácticas Superior, S.A. de C.V. y West Armor, Inc., así como una multa para ambas compañías de 236 mil pesos, por incumplir uno de esos contratos firmados en 2022.
Se trata de un contrato que no sólo forma parte del esquema de adquisiciones cuestionadas por su ilegalidad, sino que también presenta vínculos directos con el entorno político del actual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.
En diciembre de ese año, la Defensa Nacional, como resultado de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados LA-007-000999-E818-2022, adjudicó el contrato D.G.ADMÓN.SAE-291/F/2022 a dichas empresas, por la adquisición de 2.8 millones de proyectiles antidisturbios (gas lacrimógeno, bombas de humo y de pintura) para la Policía Militar; todo por un monto de 325 millones de pesos.
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción, las firmas incumplieron con dicho acuerdo, por lo que ya fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.
Lo importante a destacar es que este contrato es uno de los que precisamente fueron violatorios del marco jurídico de ese entonces, pues, aunque desde 2019 por decreto presidencial la Defensa sí tenía facultades legales para comprar equipamiento, armamento y vehículos a la Guardia Nacional, el 21 de octubre de 2022 la jueza Novena de Distrito en Guanajuato, Karla María Macías, otorgó una suspensión definitiva a la organización Uniendo Caminos México contra dicho decreto.
La resolución impedía la transferencia del control operativo y administrativo de la GN a la Defensa, a quien obligaba a suspender cualquier transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales pertenecientes al cuerpo de seguridad pública. No obstante la restricción judicial, la Sedena mantuvo vigente la licitación y entregó el contrato por los proyectiles antidisturbios.
Dentro de las peculiaridades de este contrato y la inhabilitación que se da a conocer, se encuentra la vinculación de la representante legal de la empresa Soluciones Militares Tácticas Superior con el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. En la documentación de la compra aparece Anakaren García Sifuentes, quien fungió como regidora priista durante los dos primeros trienios del actual alcalde regiomontano (2015-2018 y 2018-2021), con participación importante en las comisiones de Hacienda y Patrimonio Municipales, y Gobernación y Reglamentación.
Las sanciones de la Secretaría Anticorrupción no sólo aplican a las empresas, sino que también para las personas físicas que las representaron: García Sifuentes y Luis Aguirre León, quienes no podrán participar en contrataciones públicas aunque representen a otras empresas. El caso abre una arista política para el grupo de Adrián de la Garza, ahora vinculado a un esquema de contrataciones federales que se mantuvo vigente pese a una suspensión judicial expresa.
Posdata 1
La Selección Mexicana dejará de transmitirse en televisión abierta para torneos oficiales de la Concacaf. Netflix adquirió en exclusiva los derechos en México de la Copa Oro y la Nations League por un monto cercano a los 60 millones de dólares, una cifra que, según fuentes del sector, quedó fuera del alcance de Televisa y TV Azteca. Es la primera vez que competiciones de selecciones nacionales quedan concentradas en una plataforma de streaming extranjera, sin ventanas simultáneas en señal abierta.
El movimiento responde a una lógica global en la que organismos como la FIFA y la Concacaf priorizan ingresos por derechos audiovisuales y experiencias premium en estadios sobre la masividad de las audiencias. En México, donde el futbol de la Selección ha sido históricamente un contenido de acceso universal, el cambio implica trasladar el consumo a un modelo de suscripción, con barreras de entrada para amplios segmentos de la población.
En el plano político, el tema ya comenzó a escalar. En Morena se analiza impulsar mecanismos regulatorios para evitar que contenidos considerados de interés nacional —como los partidos de México— queden fuera del alcance de la televisión pública o abierta. La discusión enfrenta la lógica de mercado de los derechos deportivos con un enfoque de acceso público y, eventualmente, con criterios de soberanía cultural.
Por lo pronto, Televisa y TV Azteca pierden uno de sus activos históricos de audiencia y publicidad, mientras que plataformas globales como Netflix consolidan su entrada al deporte en vivo. El futbol mexicano deja de ser un producto cautivo de la televisión abierta y se integra, de lleno, a la disputa global por contenidos premium.
Posdata 2
La enorme presión por el alza de precios ya se resiente en México y comienza a contrastar con el discurso oficial. Mientras la Secretaría de Hacienda mantiene un escenario inflacionario controlado y Banco de México intenta reconducirla al rango objetivo, los datos de marzo muestran un repunte: la inflación anual se ubicó en 4.59%, por encima del objetivo del banco central. El deterioro ya es visible en el consumo cotidiano, en varios de la canasta básica.
El principal foco de presión está en los agropecuarios. Jitomate, cebolla, chile serrano, pollo y huevo registraron alzas relevantes, impulsadas por factores estacionales, problemas de oferta y mayores costos logísticos. Se trata de bienes básicos que no admiten sustitución inmediata y que impactan directamente a los hogares. El componente no subyacente volvió a desbordarse, evidenciando que las presiones no están completamente ancladas y que el problema va más allá de choques externos.
En energía, el gobierno ha optado por contener el impacto mediante estímulos y subsidios a las gasolinas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que no habrá “gasolinazos”, incluso en un entorno de mayores precios internacionales del petróleo. Hacienda ha reconocido el uso de estos mecanismos, cuyo costo es creciente para las finanzas públicas. El margen fiscal para sostenerlos no es ilimitado y comienza a tener efectos en otras prioridades del gasto.
A este entorno se suma la tortilla. Mientras el gobierno asegura que los precios se han estabilizado mediante acuerdos con la industria, productores y distribuidores reportan incrementos por el alza de la energía y el transporte. Al mismo tiempo, se busca reactivar el PACIC con grandes empresas para contener la carestía. La estrategia enfrenta ahora un escenario más complejo: presiones en alimentos frescos, subsidios energéticos crecientes y expectativas inflacionarias desfasadas. Se está descomponiendo el panorama económico.
Posdata 3
El proceso de compra de tóners en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Michoacán empieza a levantar sospechas dentro del sector tecnológico. Se trata de la invitación a cuando menos tres personas internacional IA-50-GYR-050GYR037-T31-2026, emitida el 13 de abril de 2026 en Morelia, para adquirir cartuchos de tóner y consumibles de impresión. El problema es que, según fuentes cercanas al procedimiento, las especificaciones técnicas incluidas en la convocatoria no coinciden con los lineamientos vigentes de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del propio instituto.
Mientras la normativa nacional establece que las bandejas de los equipos de impresión deben tener capacidad para 500 hojas, en este proceso se pidió una capacidad de 550 páginas, un cambio aparentemente menor que en la práctica podría dejar fuera a buena parte de los proveedores y favorecer a marcas o distribuidores específicos. Además, la situación adquiere mayor relevancia porque, de acuerdo con los inconformes, el área nacional de adquisiciones del IMSS, encabezada por Fernando Lorenzana Rojas, ha instruido evitar invitaciones cerradas y apegarse a los lineamientos técnicos del nivel central. Sin embargo, el procedimiento en Michoacán se realizó precisamente bajo el esquema de invitación restringida y con empresas cuyo perfil ha generado cuestionamientos.
Algunos de los participantes no cuentan con trayectoria clara en el suministro de insumos tecnológicos. El resultado es un proceso que, más que incentivar competencia, parece diseñado con requisitos específicos que reducen el universo de proveedores.