La mañana del pasado martes entre los límites de Culiacán y Navolato se reportaron múltiples bloqueos con camiones y vehículos en al menos cinco vialidades como respuesta a un intenso operativo que desplegaron personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional en coordinación con policías estatales y municipales.
Los hechos generaron gran intriga entre los habitantes de la capital y municipio sinaloenses y es que, no es un secreto que miembros del crimen organizado recurren a ese tipo de acciones con la finalidad de obstaculizar el paso de autoridades y, con ello, frustrar sus más meticulosos operativos.
Ante la poca información que se tenía en el momento de los hechos, incluso se llegó a especular que los bloqueos se habían registrado por la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, mejor conocido como “El Nini”, quien se desempeña como jefe de seguridad de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa que encabezan los hijos de Joaquín Guzmán Loera. No obstante, el gobernador del estado Rubén Rocha Moya, descartó dicha premisa y brindó detalles sobre el despliegue de las fuerzas federales, estatales y municipales.
Rubén Rocha Moya aseguró que el operativo no había dejado personas detenidas
Como parte de una gira de trabajo, el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya visitó la tarde del pasado martes el municipio de Navolato, y fue precisamente en su arribo al municipio sinaloense en donde brindó detalles sobre el intenso operativo de las fuerzas federales y los bloqueos reportados a temprana hora.
El militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) indicó que presuntos criminales bloquearon las vialidades para impedir el paso de fuerzas castrenses que realizaron un operativo que dejó como saldo el decomiso de nueve vehículos, entre los que se encontraron dos patrullas clonadas, una de la Guardia Nacional y una de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Rubén Rocha Moya confirmó también que ninguna persona había sido detenida tras el despliegue de las autoridades, así como que tampoco se registraron enfrentamientos armados en las sindicaturas de Villa Ángel Flores “La Palma” y Villa Adolfo López Mateos “El Tamarindo”, en los municipios de Navolato y Culiacán.
Horas más tarde de que el gobernador de Sinaloa confirmara dicha información, a través de redes sociales comenzó a circular un audio en el que se escucha como, presuntamente, Iván Guzmán Salazar -líder e integrante de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa- da instrucciones a su gente respecto a los bloqueos reportados en Navolato.
“Que no se va a hacer ni una balacera, nomás’ quiten las unidades y vámonos”, se le escucha mencionar supuestamente a Iván Guzmán Salazar en una grabación que el usuario @LAMERAVENA_133 -reconocido por compartir material audiovisual sobre integrantes del crimen organizado- difundió el pasado martes a través de su cuenta de Twitter.
De acuerdo con sus afirmaciones, la voz que se escucha entre los ruidos de radios correspondería al líder de “Los Chapitos” quien supuestamente le da la instrucción a sus subordinados de no realizar enfrentamientos armados con las fuerzas federales y estatales que desplegaron el operativo en el municipio de Navolato.
Cabe recordar que la capital del estado de Sinaloa y municipios aledaños han sido durante décadas el bastión del también llamado Cártel del Pacífico, del cual actualmente los hijos de Joaquín Guzmán Loera encabezan una de las facciones más grandes.
Aunque al audio se le concede el beneficio de la duda sobre su veracidad, lo cierto es que lo que se escucha mencionar en el coincide con la información que el propio gobernador Rubén Rocha Moya confirmó durante su visita a Navolato, en la cual también descarto enfrentamientos armados entre personal de las fuerzas castrenses y presuntos integrantes del crimen organizado.
En días recientes hemos detectado en algunos medios de información una campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial, S.A. de C.V. relacionada con cierto proceso penal. Al respecto, y en ejercicio de nuestro derecho fundamental de información, queremos hacer del conocimiento que lo que se ha publicado carece de sustento y está dirigido a dañar la reputación e imagen de una empresa mexicana que genera fuentes de empleo y colabora con el desarrollo económico en nuestro país.
Al respecto, es importante aclarar que Generación Industrial, en su calidad de parte ofendida, ha ejercido su legítimo derecho de defensa, aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes, con los que se justificó una afectación a su patrimonio y, por consecuencia, la vinculación a proceso de una persona mencionada en un espacio editorial.
Es totalmente falso que Generación Industrial haya realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin ninguna prueba ni juicio de por medio y de manera por demás laxa se imputó la información periodística. En efecto, tal imputación no constituye una crítica periodística tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien refleja la divulgación de información carente de veracidad.
El proceso penal se ha sustanciado con estricto apego a derecho y respetando en todo momento el debido proceso, tan es así, que el imputado tuvo la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas y promover todos los medios de defensa a su disposición, incluyéndose, ciertos procedimientos en el que alegó la incompetencia del juez de Control de Torreón, Coahuila, así como sendos juicios de amparo.
Bajo este contexto, consideramos que la campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial constituye un medio para presionar ilegítimamente a los juzgadores tanto estatales como federales con motivo del proceso penal de referencia y amparos que se encuentran actualmente en curso.
Nuestra empresa continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales, respetando en todo momento la resolución final que dicte la autoridad judicial.
Generación Industrial, como empresa regulada en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, se ubica en uno de los sectores de la industria con más supervisión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza el exacto cumplimiento de la ley.
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