Enojado y molesto porque a su gobierno lo rebasó la dimensión de la tragedia en Acapulco y la costa de Guerrero, en donde además fallaron todos los protocolos de alertamiento a la población de los sistemas de Protección Civil municipal, estatal y federal, el presidente López Obrador ha dado una orden inconstitucional y autoritaria al Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, para que controlen de manera exclusiva el reparto de ayuda humanitaria a los guerrerenses afectados por el huracán “Otis” y para que detengan, inspeccionen y requisen todo tipo de víveres y apoyos a los ciudadanos que están tratando de llevar apoyos a los acapulqueños en sus automóviles y camionetas.

No conforme con culpar a los medios y a sus dueños de estar “exagerando” la dimensión de la tragedia y cuestionar la cobertura periódistica y mediática del megadesastre de Acapulco, ahora López Obrador en la senilidad de su poder y el autoritarismo que lo ha caracterizado, pretende meterse con un derecho y una tradición de los mexicanos que es la solidaridad con los compatriotas que sufren de algún desastre o tragedia. Miles de ciudadanos de toda la República se han organizado, como siempre lo hacen ante este tipo de desastres, para mandar ayuda víveres, agua, ropa y medicamentos, y están dirigiéndose en sus autos particulares hasta las costas de Guerrero para llevar el apoyo que es urgente y necesario para los que pidieron todo por el golpe de Otis.

Pero lejos de facilitarle a los mexicanos el tránsito y la entrega directa de esa ayuda, el presidente ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército instalar retenes en las carreteras y autopistas que llevan a Guerrero, para que detengan ahí cualquier tipo de transporte, particular o de carga, que pretende llevar apoyo humanitario a la zona de desastre. Los testimonios empiezan a abundar en las redes sociales: las camionetas, autos o transporte de carga son obligados a detenerse, bajan a los conductores y acompañantes, revisan las despensas y ayuda que llevan y les dicen que “vas a tener que dejarnos todo, sólo las Fuerzas Armadas y el gobierno federal pueden repartir la ayuda a los damnificados”.

Así, los ciudadanos y también algunos conductores de empresas privadas que han mandado ayuda, están siendo obligados a entregarle a los militares los víveres, agua y demás productos que con mucho esfuerzo recolectaron, que aportaron otros ciudadanos o empresarios con la única idea de ayudar en la tragedia, y se les dice que serán las instituciones militares las encargadas de ir a entregar personalmente esos apoyos a quienes los necesitan. De entrada, los soldados y guardias están coartando la libertad de tránsito consagrada en la Constitución al impedir que pasen las personas o particulares que pretenden llevar personalmente la ayuda que noblemente y sin ningún interés personal o político quieren repartir.

Pero lo más grave aún, es que López Obrador, con esa orden al Ejército y la Guardia Nacional, para monopolizar y centralizar toda la ayuda que fluya hacia Acapulco y demás municipios afectados, se está metiendo con algo que ya es parte de la idiosincracia de los mexicanos contemporáneos y que, a partir de los sismos de 1985 en la Ciudad de México y otros estados, se convirtió en una costumbre y una solidaridad natural que lleva a los mexicanos a empatizar y tratar de ayudar con los connacionales que sufren algún tipo de desastre natural o humano.

Ayer me llegó el audio de un ciudadano de la CDMX, que tiene un departamento en la zona de Pichilingue y que además, como presidente de la Asociación de Cóndominos de ese lugar, organizó una colecta de apoyos, despensas, y medicamentos para llevar hasta ese lugar, con la idea de apoyar a los trabajadores y empleados de esos condominios. Junto con sus dos hijos y empleados suyos, juntaron tres camionetas que cargaron con todo lo que la gente apoyó y se dispusieron a llevarla directa y personalmente a esa parte de Acapulco para entregarsela a los trabajadores. A continuación reproduzco textual el audio que esa persona compartió a través de servicios de mensajería a su familia y amigos:

“Hola buenas noches a todos. Soy Omar Flores del 401. Quiero comentarles que es la tarde más horrible, desde hace muchos años que no vivía. Les quiero platicar lo que me pasó: íbamos tres camionetas, mis cuatro hijos y dos muchachos que me ayudan en el Hospital. Llevábamos tres camionetas, pasamos todo iba muy bien, Chilpancingo lo pasamos y ahí en una recta muy grande que se llama Valle Industrial, ahí un retén de militares y de Guardia Nacional. A todos los carros los estaban parando, carros, camionetas, todo, sólo dejaban pasar ambulancias militares. Para no hacerles el cuento muy largo me hacen la parada, yo iba en la camioneta de adelante: ‘¿A dónde se dirige?’, le dije mire yo soy el presidente de Pichilingue, y voy a dar víveres a la gente de Pichilingue, y quiero ver mi propiedad y las propiedades de todos mis vecinos”.

“’A ver bájese por favor’. Le dije sí como no. Me bajé y me abren la puerta, me dice ábrame la camioneta, a mis hijos ya los estaban bajando como están más chavos. Las tres camionetas nos orillaron, todo ese andén que son kilómetros y kilómetros, parados, había como 7 u 8 camiones de militares, camionetas de Guardia Nacional. Le dije, no yo voy a llevar todo. ‘Ningún vívere se lleva si no es la Guardia Nacional’, me dijo. Le dije: ‘No, mi amigo, yo voy a llevar los víveres porque yo traigo esa encomienda, de todos los condóminos de Pichilingue, soy el presidente, quiero ver como están las propiedades y apoyar a la gente que nos cuida, que nos hace favor de cuidar, que se quedó ahí en las casas’. Para no hacerles el cuento largo, me dice el militar: ‘Qué no entiendes que no, mi cabrón’, perdón las palabras que uso. Le dije ‘yo no le estoy hablando con groserías oficial, me mete un culatazo en la boca, sin más ni más, traigo mi boca toda hinchada, me ponen las esposas, esposan a uno de los muchachos que iba conmigo, esposan a mis hijos, a uno de mis hijos ya lo tenían tirado, esposados con grilletes nos tiraron al piso y a vaciar las camionetas”.

Y continúa su relato: “Llega una camioneta con tres señoras, me di cuenta que eran tres señoras porque empiezan a gritar. Y estos cuates tirándolas al piso y a vaciar las camionetas y a llenar los camiones de ellos. Les estoy hablando que mis tres camionetas y nosotros, que éramos 7, todos en el piso, vaciando las camionetas. A uno de los muchachos que iba conmigo, llevaba una faja, y le dicen: ‘Tú traes pistola, güey’, cortan cartucho, se lo ponen en la cabeza, le bajan los pantalones y le ven que es una faja, y de una manera, híjole no les puede decir cómo se siente uno en la impotencia, celulares, relojes, las cadenas, y le dicen a uno de mis hijos: ‘A ver, pinche junior’, y rájale le rompen el medallón a la camioneta, me dicen ‘¿Qué más llevas?’, me rompieron los faros de las tres camionetas, los vidrios, y me dicen: ‘Ahora a chingar a su madre, dénse la vuelta y adiós’.

“A un señor ya grande con alguien que creo era su yerno, lo bajaron de un carro. ‘Yo voy a ver mi casa’, les decía. ‘Usted no puede pasar, no pasa nadie ahorita a Acapulco’. Lo bajan al señor grande y dicen: ‘Llévate ese carro para atrás, a ver quién les da un aventón a esos dos pendejos’. Se quedaron su carrito, un Mercedes Benz CLK, el convertible chiquito. Yo estuve ahí como dos horas, uno de mis hijos traía unos tenis y le dicen, ‘a ver, quítate los tenis’, se los quitaron, lo dejaron en calcetines. Y yo le dije al militar: ‘Oye ya, ya tienes todo, ya me asaltaste’, nunca le hubiera dicho la palabra ‘me asaltaste’, me dio un patadón, que me duele todo el costado, a unos de mis hijos le dieron una cachetada. Y dicen: ‘¿Qué más traes?’. Me sacan la llanta de refacción de la camioneta. Y yo le dije: ‘Oye espérame, nosotros no estamos haciendo daño, tú eres el Ejército, eres quien nos debe de proteger, nosotros sólo vamos a ayudar’. Y me contestó: ‘Aquí ayuda el gobierno, nosotros tenemos orden federal’”.

La narración de ese ciudadano sigue y confirma que, en medio del desastre y la crisis humanitaria que hoy vive Acapulco y la costa de Guerrero, el presidente López Obrador se ha equivocado y está violando no sólo derechos constitucionales de los mexicanos, sino que ha decretado un virtual estado de excepción, en el que les dio a los militares la facultad de suspender los derechos y garantías de los ciudadanos, y de actuar, literalmente, como si viviéramos en una dictadura, donde sólo el presidente y su estructura política y clientelar del bienestar, además de las empoderadas Fuerzas Armadas pueden llevar ayuda la zona de desastre.

O el presidente enloqueció en el último tramo de su gobierno o se está comportando de una forma totalmente inconstitucional al impedir que los ciudadanos puedan ayudar libre y personalmente en la tragedia de Acapulco, con la única idea de monopolizar el reparto de apoyos, tal y como lo hizo con la pandemia de Covid en donde sólo él y su gobierno, también apoyados con el Ejército, podían vacunar a los mexicanos. En los hechos, por su egocentrismo, molestia y el saber que se equivocó en la prevención y alertamiento de este desastre, López Obrador ha perdido la cordura y está actuando peligrosamente en contra de los ciudadanos, de sus derechos y de su buena intención de ayudar a los hermanos guerrerenses en desgracia. ¿O de plano ya entramos en estado de excepción en esa parte de la República y un Ejército ciego en su lealtad (por tanto dinero y poder que les ha dado) se está poniendo en contra del pueblo y de los ciudadanos que deben defender?

Serpiente Doble manda el tiro de los dados. La República peligra.

Era el 11 de marzo de 2012 y el estadio de la Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, lucía repleto y preparado para que Josefina Vázquez Mota rindiera protesta como candidata presidencial del PAN a las elecciones federales de aquel año. La gente esperaba entusiasmada en las gradas, pero con el sol del medio día a plomo y la tardanza de la candidata en salir al escenario dispuesto en el centro de la cancha, el primer discurso de arranque de su campaña se opacó cuando las gradas del estadio comenzaron a vaciarse y las cámaras de televisión captaron un estadio semivacío; los panistas se habían ido para cuando empezó a hablar la candidata. Aquel fue el inicio desafortunado de la campaña de Vázquez Mota, que acabaría en tercer lugar de la elección presidencial.

Más de 11 años después, el pasado martes 24 en el mismo Estadio Azul de futbol, la escena de las gradas vacías en un evento proselitista y de campaña se repitió, pero ahora con Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena. Sólo que a diferencia de lo que le pasó a la abanderada panista en 2012, en el acto de la coordinadora morenista el estadio nunca se llenó y en todo momento se vio semivacío, ni tampoco apareció nunca la candidata, que al ver que no había suficiente público en las gradas, de plano decidió no salir al escenario y el evento de plano se abortó y a los pocos asistentes que sí habían llegado se les pidió que mejor se retiraran.

La imagen del Estadio Azul siendo abandonado por los militantes morenistas que sí habían llegado a la cita circuló profusamente en redes sociales y revivió por momentos el fantasma de lo que le pasó a la panista Vázquez Mota. Tan fuerte caló la obligada cancelación del evento de Sheinbaum, que empezaron a circular todo tipo de versiones: desde un sabotaje de grupos internos morenistas que le quisieron mandar un mensaje a la futura candidata, por su apoyo al aspirante Omar García Harfuch, hasta que algunos de los dirigentes morenistas no hicieron bien su labor de llevar “invitados” (vulgo acarreados) al evento proselitista de Sheinbaum.

El caso es que, desde las 3 de la tarde, que comenzaron a llegar los primeros militantes morenistas al Estadio Azul y para las 18:30 horas, ya con media hora de retraso de la hora prevista para comenzar, el inmueble deportivo lucía a menos de la mitad de su capacidad y a los asistentes, que ya se mostraban impacientes ante la ausencia de la candidata, los comenzaron a bajar al nivel de la cancha, pero ni así se iniciaba el evento. Por primera vez desde que comenzó sus recorridos proselitistas por toda la República, Claudia Sheinbaum no se presentó al evento y tuvo que salir Mario Delgado, quien subió al templete, para pedir al público que se retirara y anunciar la cancelación oficial del encuentro.

“El día de hoy hay que reconocer que nos faltó organización. Hay mucha gente que quisiera estar aquí que no se enteró. Por eso, es un llamado de atención para todas y todos que simpatizamos, que militamos y que somos dirigentes de este movimiento para organizarnos mejor”. No tenemos derecho a fallar, necesitamos redoblar el esfuerzo de organización”, dijo un Mario Delgado que se veía evidentemente molesto y contrariado por el fracaso del que pretendía ser un evento masivo.

Y es que lo que se planeó como una “magna concentración” para demostrar el músculo de la doctora en la ciudad que gobernó y en donde se buscaba también la firma del “Acuerdo de Unidad” promovido por Sheinbaum Pardo y del que la CDMX sería la entidad numero 24 en firmarlo, terminó siendo un evento fallido que mandó una imagen de desorganización y falta de convocatoria justo en la capital del país, considerada la “cuna del movimiento lopezobradorista”. Y junto con el plantón que la doctora le dio a sus simpatizantes, tampoco se pudo cumplir la intención de apuntalar a los cinco aspirantes en el proceso interno para elegir al candidato a Jefe de Gobierno de la CDMX.

En el war room de la futura candidata presidencial, el tema ocasionó molestia y reclamos airados de la doctora para los organizadores del evento, entre los que se menciona a Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la CDMX, pero no fue el único responsable, pues de acuerdo con una lista interna de la campaña morenista, al que tuvo acceso este columnista, la meta era meter al Estadio Azul cerca de 28 mil personas y para ello se había repartido la responsabilidad de llevar “invitados” entre distintos personajes y figuras del partido, en total 21 encargados de garantizar una cuota de personas que variaba entre los 1,000 y los 2,000 “invitados” que debía llevar cada uno de los responsables.

De acuerdo con ese listado, en poder de esta columna, a cada “Responsable CSP” se le pidió llevar determinado número de “invitados” para completar un total de 27, 650 personas que llenarían el estadio. Por ejemplo, en Alvaro Obregón se le pidió a Eduardo Santillán llevar 1,000 invitados; de Azcapotzalco, Esthela Damián debía llevar 600; por Benito Juárez se le pidió a Martí Batres llevar 750 invitados; a Gabriel García le correspondía llevar 1,900 de la Cuauhtémoc; de Coyoacán debían ser 1,692 llevados por Carlos Castillo; de Cuajimalpa, Roberto Candia tenía que llevar 750; a Armando Quintero le correspondían 1,750 de Iztacalco; de la GAM, 1,872 con Francisco Chiguil; a Clara Brugada le pidieron llevar 1,923 de Iztapalapa; Díaz de León debía llevar 1,550 de Magdalena Contreras; de Miguel Hidalgo, 1,575 con Víctor Hugo Romo; de Milpa Alta 1,396 a Judith Vanegas; de Tláhuac 1,700 de Berenice Hernández; a Carlos Ulloa le pidieron 1,550 de Tlalpan; a Evelyn Parra 1,794 de Venustiano Carranza; y de Xochimilco 1,800 con José Carlos Acosta.

Además, como “invitados especiales” se le pidió a Alfonso Flores llevar 1,500 personas; Pedro Haces, 198; al Partido Verde, 100 y al PT, 100 más, mientras a la Organización SUMA, que coordina Teresita Ealy, 2,000 personas. De acuerdo con los informes internos del war room de Sheinbaum, muchos de los “Responsables CSP” fallaron en las cuotas mencionadas y no cumplieron con lo que se les pidió, sobre todo de las demarcaciones capitalinas a las que se atribuye el fracaso rotundo del evento que tuvo que ser cancelado.

Esperemos que, entre la molestia de Claudia Sheinbaum, y los ajustes de cuentas internos que desde ayer comenzó a hacer Mario Delgado, a la campaña de la virtual candidata morenista no le vaya a caer “la maldición del Estadio Azul”, esa que marca campañas y las termina llevando a perder.

NOTAS INDISCRETAS…

Anoche, cuando se cumplían casi 24 horas de que el huracán “Otis” devastó al Puerto de Acapulco y a 10 municipios de la Costa Chica de Guerrero, la situación seguía siendo grave en la zona urbana y en las localidades rurales afectadas. Al filo de las 8:00 pm se estimaba la llegada del presidente López Obrador al “Centro de Mando” que se estableció para coordinar las labores de rescate y reconstrucción de lo que ya era calificado por los lugareños y por las autoridades federales como una auténtica “Zona de Desastre”. La falta de aviso de una alerta por parte de las autoridades federales de Conagua y de los sistemas de Protección Civil tanto nacional como estatal, que nunca alertaron sobre el grave peligro que representaba este huracán, que ya desde la 1 de la tarde del martes había subido a Categoría 1 y se preveía que tocara tierra por la noche en Acapulco, hizo que los daños fueran mucho mayores y cuantiosos y que se tomara totalmente desprevenida a la población guerrerense y a los turistas incautos que seguían vacacionando mientras se acercaba ya el peligroso ciclón. Las escenas y testimonios difundidos por redes sociales hablaban de un megadesastre y hasta la noche de ayer Acapulco seguía sin comunicaciones, ni telefonía, ni señales de radio ni televisión por el derrumbe de antenas, y sin internet porque la fuerza del agua se llevó toda la fibra óptica que comunica al puerto. Un vocero del gobierno del Estado, que tuvo acceso a un teléfono satelital, nos decía anoche en un mensaje de audio que no se puede calcular aún la cifra de muertos, pero se habla muy preliminarmente de 18 personas, y narraba que el 80% de los postes de energía eléctrica se derrumbaron y la mayoría de las colonias del puerto están inundadas y con pérdidas totales en viviendas y enseres domésticos. Los grandes hoteles de las distintas zonas de Acapulco, incluida la Diamante, lucían desmantelados y con daños cuantiosos, mientras muchos turistas seguían varados y sin poder salir del Puerto por los daños a la Autopista del Sol. Veremos si hoy el gobierno federal, ya con la presencia del Presidente y de su gabinete de seguridad que ayer finalmente pudo llegar después de casi 12 horas que les llevó lograrlo, dan más información sobre los daños y la situación de la población acapulqueña, y también como se va a enfrentar una tragedia de estas dimensiones que claramente pudo prevenirse, con la información meteorológica disponible y con una evacuación a tiempo de las instalaciones turísticas y habitacionales. Por lo pronto, ayer la UNAM se adelantó y con mucha más capacidad de reacción que la que mostraron los gobiernos federal y estatal, que se vieron lentos y negligentes en la prevención, instaló un Centro de Acopio para mandar ayuda a los guerrerenses en las instalaciones del Estado de CU. Nos surgen por ahora dos preguntas: ¿alguien asumirá la responsabilidad de la tragedia? y ¿de dónde saldrán los recursos para ayudar a la recuperación de Acapulco?, tras la genial idea de este gobierno de desaparecer el FONDEN, un instrumento que siempre funcionó correctamente para ayudar a las poblaciones que sufren desastres de cualquier tipo…Capicúa de los dados. Relanzamos el tiro

En cualquier otro sexenio que el presidente de la República se refiriera a algún político o colaborador como “mi hermano” era sin duda un gesto de cercanía y aprecio que, para el aludido, significaba subir automáticamente su imagen y sus bonos políticos. Pero en el actual gobierno de López Obrador, que el mandatario se refiera a alguien como “mi hermano”, se ha convertido casi en una maldición, una marca que augura para quien recibe ese mote despido, traición y hasta desgracia política.

Porque la lista de los “hermanos” políticos de López Obrador, que primero sonrieron y se ufanaron públicamente de su cercanía afectiva y política con el actual presidente y que hoy se encuentran en desgracia, degradados y desconocidos por el mismo que les juraba hermandad y cariño, es cada vez más larga e incluye a personajes como Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Julio Scherer Ibarra, César Yáñez y algunos otros que un día sintieron que tocaban el cielo por las generosas menciones del presidente hacia ellos y hoy se encuentran expulsados y marginados del primer círculo presidencial.

Es como si el “gran hermano” de Palacio, en lugar de Andrés se llamara Caín y, cada vez que reconocía y ensalzaba a otro “hermano” con su lenguaje zalamero y florido, al final terminara matando, con su quijada de burro, a aquellos que reconoce como parte de su hermandad. Y esa manera caínesca de López Obrador, de utilizar primero y luego golpear y desechar a sus cercanos, aplica no sólo para sus “hermanos” políticos, sino también para sus consanguíneos, como Pío y Arturo López Obrador, dos de sus hermanos carnales que terminaron siendo utilizados para financiar y apoyar su movimiento y que después fueron abandonados o incluso desconocidos por el presidente.

Las historias detrás de todos los “Abeles” a los que ha ido dejando tirados en el suelo el “Caín” de Palacio son muchas y tienen en común la decepción y el desencanto en que terminan muchos de los que recibieron el golpe brutal de la quijada de burro. Los más recientes y que todavía van por ahí sufriendo y lamentándose, sin poder creer que el presidente, quien los llamó “mi hermano” les haya hecho eso, son sin duda Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

De los dos, el más dolido y sorprendido del trato que recibió del “gran hermano” tabasqueño es sin duda Adán Augusto. Su reciente reaparición pública, tras haberse ausentado por unas largas vacaciones con su familia, dejó ver a un Adán cambiado, con el pelo y la barba canas y con una expresión que ya no era la del poderosísimo secretario de Gobernación que llegó a ser visto por todos en este país, como el “hombre de mayor confianza”, el “operador más cercano”, “el hermano que más conoce al presidente”.

El tabasqueño se duele y se lamenta cuando está con amigos preguntándose: “¿Por qué me hizo esto el presidente? nunca me esperé este trato de quien decía que era su hermano?”. Y es que Adán lo perdió todo y fue literalmente expulsado del paraíso lopezobradorista con decisiones que tomó directamente el presidente: su humillante cuarto lugar en las encuestas y una inversión millonaria que perdió en su fallida campaña; el control de la candidatura morenista en Tabasco, el estado que gobernó, y también en Chiapas, donde Claudia Sheinbaum impondrá candidata, además del inmenso poder que lo convirtió en el interlocutor político y hasta empresarial de este gobierno durante los dos años que ocupó el despacho de Bucareli.

Lo más que rescató el exsecretario de Gobernación fue una comida con su “hermano” en Palacio Nacional el pasado 11 de octubre en la que lo invitó de nuevo a integrarse al gabinete, algo que declinó Adán y que el propio presidente comentó al día siguiente entre risas y carcajadas en su mañanera: “Saludé a Adán, lo extrañaba, ya tenía tiempo que no lo veía, es mi hermano, lo estimo mucho, es un profesionista de primer orden, muy buen servidor público y estuvimos platicando, hasta lo quería invitar a que se regresara acá, pero tiene otros planes”, dijo el presidente que soltó una carcajada cuando los reporteros le preguntaron por los planes de su paisano tabasqueño.

El otro caso reciente es el de Marcelo Ebrard, que después de haber sido llamado infinidad de veces “mi hermano” por parte del presidente y de haberse convertido también en el operador de todas las confianzas que manejaba a su antojo la relación con Estados Unidos y le resolvía al presidente todo tipo de crisis, desde las migratorias, las amenazas de Trump, la compra de pipas para Pemex y hasta la compra de las vacunas contra el Covid, lo que le valió el mote del “bombero” o “apagafuegos” de este gobierno.

Hoy Marcelo no sólo está cada vez más lejano y rumiando su derrota por las transas y violaciones que le hicieron en Morena, sino que aún le manda mensajes de “lealtad” al presidente, mientras espera una respuesta cada vez más tardada de su partido, al tiempo que mantiene abierta la puerta de MC donde su amigo y compadre, Dante Delgado, lo espera con la paciencia de la Penélope de Serrat para hacerlo candidato emecista a la Presidencia.

A Ricardo Monreal el presidente lo mató y lo engañó dos veces con la quijada de burro. Primero cuando lo culpó de la derrota de Morena en la CDMX en 2021, por las insidias de Sheinbaum que se justificó de su torpeza política acusando al zacatecano, lo que le valió casi dos años de enfriamiento y alejamiento del inquilino de Palacio; y la segunda vez que Monreal volvió a recibir el golpe del “Caín” de Palacio fue en el proceso interno de Morena, en el que López Obrador, que lo volvió a recibir y le pidió su apoyo para legitimar ese proceso, a cambio de darle preferencia a la candidatura a Jefe de Gobierno de la CDMX, volvió a dejarlo colgado y volvió a incumplirle su promesa. Alguna vez Ricardo declaró: “Prefiero no ser nada, antes que traicionar al presidente”. Y se le cumplió.

De Julio Scherer la historia de cómo fue encumbrado como “el máximo operador del presidente”, “el interlocutor político” con el que todos querían hablar, el que tenía el control del oído y de la puerta del presidente, y el que operaba por encima incluso de la entonces secretaria de Gobernación y manejaba las relaciones con los poderes, hacía reformas constitucionales y era el conducto con los grandes empresarios, es de sobra conocida, al igual que su inesperada caída en septiembre del 2021 cuando, sin avisarle previamente, el presidente anunció su sustitución en la Consejería Jurídica. Scherer Ibarra sigue manteniendo una relación fraterna con López Obrador y su familia, pero cada que puede les dice a sus cercanos: “No vuelvo a cometer el error de aceptar un cargo político”, argumentando que terminó perdiendo en su despacho y en sus temas familiares.

Pero quizás el caso más palpable del estilo político del “úsese y deséchese” de López Obrador, con aquellos a los que llamaba “hermanos”, es el de César Yáñez, su exvocero y acompañante de toda la vida, a quien su boda y una portada en la revista Hola, le costaron perder años de cercanía, afecto y hasta contacto personal con el presidente. A Yáñez quizás AMLO no lo mató políticamente, porque le dio un cargo simbólico en Palacio Nacional, aunque muy poco volvió a verlo ni le dio funciones de confianza, y después lo mandó con Adán Augusto a Gobernación, pero igual que muchos de los antiguos “hermanos”, a César se le escucha hablar con dolor y decepción cuando recuerda cosas tan personales como que él le cortaba el pelo y hasta le ponía las pijamas al tabasqueño cuando caía rendido en sus interminables recorridos por la República.

Según la narración bíblica, Caín mató a Abel por envidia, luego de que los dos le presentaran ofrendas y sólo la de Abel fuera del agrado del señor. Con los huesos de la quijada de un burro el hermano celoso golpeó hasta matarlo a su propio hermano, sufriendo la ira de Dios y el destierro. Pues el “Caín” de Palacio quizás no actúe por celos, sino más bien por maquiavelismo político y pragmatismo. El primero besa a sus “hermanos”, los utiliza y exprime mientras ellos le presentan “ofrendas” con las que buscan agradarlo y complacerlo en todo, y luego cuando ya no le sirven, les asesta el golpe mortal con su quijada y los expulsa de su poder y cercanía, aunque los siga llamando “hermanos” y les ofrezca cargos y posiciones. Sólo que este “Caín” de Macuspana no sufre la ira de Dios, él es la ira de Dios.

NOTAS INDISCRETAS… Infantil y absurda, por decir lo menos, fue la explicación que dieron los senadores de Morena para justificar su grosería de primero invitar públicamente a la ministra presidenta Norma Piña a dialogar al Senado y defender los fideicomisos del Poder Judicial, para luego desinvitarla también públicamente porque ella no les respondió a los morenistas y sí a la invitación del PRI y del PAN. La realidad es que la bancada oficialista en el Senado tuvo que echarse para atrás en su intención de entablar un diálogo abierto y parlamentario con la presidenta de la Judicatura y de la Corte, porque desde Palacio Nacional les dieron la orden fulminante de “no recibir, por ningún motivo, a la ministra Piña”. Fuentes de Palacio confirman que fue la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la encargada de llamar a la coordinación de la bancada de Morena y a la presidencia de la Jucopo para transmitir la orden presidencial con advertencias y amenazas de que, si aceptaban la presencia de la ministra, varios senadores que tienen aspiraciones para ser candidatos ya sea a gubernaturas o a la reelección perderían sus postulaciones. Así que, por miedo o por precaución, el presidente no quiso ver a Norma Piña en el Senado, no fuera a ser que lo volviera a desafiar y a dejar en ridículo como lo hizo en aquella ceremonia de la Constitución el pasado 5 de febrero en el Teatro de la República de Querétaro… Por cierto que el único senador morenista que actuó con dignidad y congruencia ayer fue Alejandro Rojas Díaz Durán. El tamaulipeco salió a defender la invitación formal que él le hizo a la ministra Piña el sábado pasado, a través de una carta, en la que le pedía, a nombre de su bancada que asistiera a la sesión de comisiones unidas llevada a cabo ayer y en donde se debatió y aprobó el dictamen que le roba al Poder Judicial 15 mil millones de pesos y afecta prestaciones laborales de sus trabajadores. Rojas Díaz Durán incluso salió con un megáfono a las rejas del Senado a decirles a los trabajadores del Poder Judicial que apoyaba su lucha y que no estaba de acuerdo con quitarles recursos para sus pensiones de retiro, sino que emitió un comunicado en el que desmintió a su coordinador Eduardo Ramírez Aguilar al decir que “él siempre estuvo enterado de la invitación que mandé” a la presidencia de la Corte y que fue siempre una invitación oficial. Por la noche,  desde la tribuna del Senado, el senador emitió un voto particular y dijo que “por encima de todo yo vengo a defender la Constitución, la Justicia y la Verdad. Yo milito en Morena y Morena también tiene que respetar la Constitución. Con estos fideicomisos que se pretenden extinguir estamos violando la Constitución”, dijo citando los artículos 41 y 49 de la Carta Magna. “No a los privilegios, sí a los derechos adquiridos de los integrantes y trabajadores del Poder Judicial de la Federación”, escribió también en su cuenta de Twitter el senador Díaz Durán. Vaya, al menos quedan algunos senadores con dignidad y valentía en Morena, aunque la mayoría se someten, se pliegan y se arrastran al chasquido de los dedos del presidente… Giran los dados. Serpiente Doble.

En su quinto año de gobierno, el presidente López Obrador sigue actuando como un presidente “atípico” para el presidencialismo mexicano. Porque mientras para otros mandatarios mexicanos el último año del sexenio siempre era el tiempo de sanar heridas y cerrar cicatrices, preparando el terreno para su salida del poder y para el fatídico “séptimo año”, al tabasqueño se le ve, en estos últimos meses de mandato igual de pendenciero, provocador y tan temerario como cuando recién llegó al poder.

Lo mismo se mete arbitrariamente con otro poder autónomo del Estado, como el Poder Judicial de la Federación, al que le arrebata recursos de fideicomisos que atienden prestaciones laborales de sus trabajadores, provocando un paro nacional y protestas en el sistema de justicia, que se confronta con el gobierno de Estados Unidos y manda mensajes de provocación al invitar a una cumbre ficticia y convocada con premura a los dictadores de Cuba y Venezuela, Miguel Diaz Canel y Nicolás Maduro (Daniel Ortega de Nicaragua fue invitado, pero declinó asistir), a quienes trata con toda deferencia y les permite que, desde Palenque, México, lancen culpas hacia Washington y acusen a la Casa Blanca de ser la responsable de que los venezolanos y cubanos estén huyendo despavoridos de la miseria y de sus dictaduras corruptas, ineficientes y opresoras de los derechos humanos.

Porque sólo para eso sirvió la llamada Cumbre de Migración convocada de último momento por el presidente mexicano y que fue desairada por la mitad de los países invitados, cuyos presidentes se negaron a asistir y mandaron en su representación a cancilleres y vicecancilleres. Sólo los cuestionados presidentes de Cuba y Venezuela, además del no menos polémico presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, atendieron la invitación apresurada de López Obrador para venir a lo que, a juzgar por los discursos y los 13 compromisos signados, pareció más una visita turística de amigos y un catálogo de buenas intenciones que difícilmente servirá para resolver la urgente crisis migratoria y humanitaria que comparten México y Estados Unidos.

¿Cuál era la necesidad de traer a dos dictadores vetados por Washington, y que son en gran medida responsables del éxodo masivo de sus ciudadanos por sus fallidos modelos económicos, la corrupción sin freno de sus élites de poder y militares, y porque se han dedicado a reprimir y a conculcar los derechos políticos y humanos más elementales en sus países?

Información manejada por el periodista Ramón Alberto Garza en su portal de Código Magenta, asegura que la premura por organizar la Cumbre de Palenque sobre la crisis migratoria, fue en realidad una respuesta de López Obrador a la fuerte presión que ejerció Estados Unidos en contra de su gobierno, durante la reciente visita a Palacio Nacional del secretario de Estado de la Casa Blanca, Antony Blinken, para el llamado “Diálogo de Alto Nivel en materia de Seguridad” entre los dos países.

De acuerdo con las fuentes que cita el también analista regiomontano, durante el diálogo de alto nivel que tuvo lugar el pasado 5 de octubre, los enviados de Biden, Blinken y el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, habrían reclamado al gobierno mexicano la falta de contundencia en sus acciones y operativos para combatir la elaboración y tráfico de las pastillas de Fentanilo que los cárteles mexicanos mandan a los Estados Unidos y que han provocado ya la muerte de más de 100 mil ciudadanos de ese país.

El reclamo de los dos funcionarios estadunidenses, por información de inteligencia que tienen en Washington y que indica que la producción de fentanilo manejada por Los Chapitos, se habría cancelado en ese estado –donde incluso aparecieron letreros en lugares públicos prohibiendo la fabricación de esa droga–, pero se habría trasladado a Nuevo León y Tamaulipas donde los hijos de Joaquín Guzmán Loera pretenderían seguir produciendo las pastillas que son el objetivo prioritario de la guerra estadounidense contra el fentanilo. Según Ramón Alberto, esa información habría hecho que en algún punto de la reunión los reclamos hacia el gobierno de López Obrador subiera tanto de tono que el mismo presidente pidió a varios de los funcionarios mexicanos que lo acompañaban en la delegación oficial, que abandonaran el salón donde tenía lugar el encuentro, para evitar que escucharan la molestia de los dos secretarios estadounidenses.

Parte de esos reclamos, que incomodaron al mandatario mexicano, fueron los desaires que ha tenido para las cumbres sobre migración convocadas por Estados Unidos, como la Cumbre de las Américas de junio de 2022 en Los Angeles, a la que se negó a asistir López Obrador por solidaridad con Cuba y Venezuela. Blinken le pidió al presidente mexicano que tenía que asistir a la próxima Cumbre de líderes de la APEC en San Francisco, California, los próximos 14 y 15 de noviembre, y le advirtieron que otra ausencia más a estos foros convocados por Washington serían tomados como un desaire o desinterés en la cooperación bilateral.

Curiosamente el 9 de octubre pasado, tres días después de ese tenso diálogo en Palacio Nacional, el presidente López Obrador, que ya había dicho que no asistiría a la Cumbre de la APEC, por sus diferencias con la presidencia de Perú en ese mecanismo, salió a rectificar y dijo que finalmente sí asistiría al encuentro en San Francisco, California. “Me invitó el presidente Biden, me invitó a las dos, no puedo ir a las dos (una en San Francisco y otra en Washington). Tampoco puedo dejar de ir. Tengo que mantener, lo hago por convicción, una muy buena relación con el gobierno de EEUU, nos conviene”, dijo ese día el mandatario mexicano.

Quizás fue en ese momento cuando, obligado a estar presente en la APEC de San Francisco, por la presión estadounidense, López Obrador decidió convocar a su propia cumbre sobre migración y, de manera apresurada ordenó a la canciller Alicia Bárcena operar esa reunión, con la que el presidente mexicano ejercía su derecho al pataleo y se anticipaba al encuentro en territorio estadounidense para tratar de fijar su propia agenda con Estados Unidos. Y allá fue la solícita canciller a buscar hasta Caracas al dictador Maduro y a invitar a Díaz Canel y a Petro, junto con el resto de los 7 países, que en su mayoría decidieron enviar a representantes.

Y así, con dedicatoria a Washington, AMLO se inventó una cumbre de la que sacó sólo un catálogo de buenas intenciones, el ofrecimiento de que les va a mandar “ayuda petrolera y de energías renovables” a los países convocados, además de querer exportarles sus cuestionados programas sociales, como Sembrano Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, señalados por corrupción y falta de eficacia. Y ya nomás para terminar de provocar al Tío Sam, el mandatario mexicano dejó que sus amigos dictadores lanzaran las culpas de la migración a los Estados Unidos por el embargo económico a Cuba y las restricciones y sanciones a Venezuela, al tiempo que, en su sueño guajiro de ser considerado “el líder de la América Latina”, López Obrador se ofreció como “mediador” entre La Habana y Washinton para que la Casa Blanca le levante el bloqueo económico a la isla.

Todos esos berrinches, provocaciones y dislates, en el quinto y último año de gobierno. ¿Será que el presidente López Obrador cree que su poder será eterno? ¿O será más bien que se está esmerando en aumentar el caos y las tensiones en el país con la idea de generar tal estado de zozobra e incertidumbre en el final de su sexenio que al final tanto desorden haga necesario declarar un estado de excepción para que él se mantenga en el Poder? Que conste que sólo son preguntas.

NOTAS INDISCRETAS… Más que extraña resultó ayer la maniobra del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien mandó su solicitud de licencia al Congreso estatal, de mayoría opositora, con más de un mes de anticipación, y para que surta efectos a partir del 2 de diciembre próximo y hasta el 2 de junio, día de las elecciones presidenciales del 2024. Extraño porque justo el mismo día en que Dante Delgado declaró que Movimiento Ciudadano tiene dos aspirantes presidenciales: uno externo, que es Marcelo Ebrard, y otro interno que es Samuel García, el mandatario nuevoleonés envía su carta a los diputados y le disputa así al líder emecista los reflectores mediáticos. Y más raro aún es la versión que comentan periodistas de Nuevo León, sobre que la acción de García sería una estrategia política y electoral, con la que, más que pedir licencia, estaría buscando que la mayoría del PRI-PAN le nieguen la licencia para separarse del cargo y con esa negativa él pueda ir a inconformarse al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, alegando violación de sus derechos políticos, y si les gana el juicio, lo que es muy probable, entonces no sólo que le den licencia sino que le permitan imponer el nombre del gobernador interino, como ya lo hizo en su petición de ayer, donde pide que lo sustituya temporalmente sea su secretario de Gobierno, Javier Navarro Velasco. Así que, entre que opaca a Dante Delgado y pretende ganarle la partida política a la mayoría de su Congreso local, el joven Samuel García por lo pronto ya tiene algo seguro: incumplió su palabra de que no iba a dejar tirada la gubernatura de Nuevo León por irse a la aventura presidencial del 2024, tal y como se cansó de decirlo en entrevistas y declaraciones desde que asumió el cargo. Por algo dicen que el poder los iguala; tanto que Samuel criticó y hasta persiguió y encarceló a su antecesor Jaime Rodríguez “El Bronco” y ahora termina actuando exactamente igual a él… Los dados repiten Escalera. Bien avanza la semana.

Mientras los trabajadores del Poder Judicial de la Federación confirmaron que su movilizazión en contra de la eliminación de fideicomisos que afectan sus prestaciones laborales va en serio y está tomando fuerza con las manifestaciones realizadas ayer en varias ciudades de la República, en la capital del país, el gobierno morenista de Martí Batres se confirmó también como un gobierno partidista, que concibe el uso del poder y hasta del espacio público citadino, con un enfoque patrimonialista en el que sólo sus manifestaciones son buenas y merecen todo el apoyo, acarreo y apropiación del espacio urbano, mientras a las protestas que se oponen al gobierno se les limitan los espacios, se les mandan granaderos o se les bloquean con vallas y muros de acero para que ni siquiera puedan llegar tranquilamente al Zócalo de la CDMX, que se supone la plaza pública por excelencia.

Podríamos decir, en términos llanos y directos, que mientras el movimiento laboral de los empleados del Poder Judicial federal enseñó el músculo ayer domingo, el señor Jefe de Gobierno, Martí Batres, enseñó el cobre. Porque ni siquiera sus vallas metálicas y sus muros de acero pudieron evitar que decenas de miles de trabajadores salieran a defender sus derechos y prestaciones; aunque la verdad del exceuísta Batres ya no sorprende nada en cuanto al trato que le da a los manifestantes opositores, porque fue él mismo quien en la pasada marcha ciudadana en defensa del INE, a la que los medios bautizaron como la “marea rosa” del 26 de febrero de este año, salió decir, desde su cargo de Secretario de Gobierno de la CDMX que estimaba la asistencia de personas a esa marcha “en unos 15 mil asistentes”. Fue tan burdo y tan poco serio el papel del secretario Batres en aquella ocasión, que hasta dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum le reclamaron en su momento haber manejado esa cifra ridícula para tratar de minimizar y descalificar a aquella marcha ciudadana.

Lo que se vio ayer en las calles y avenidas de las principales ciudades del país es un aviso de que en el Poder Judicial no se quedarán de brazos cruzados ante lo que ellos califican de “un atraco” de Morena y de López Obrador para apropiarse de recursos que le pertenecen a ese poder constitucional del Estado, con el argumento demagógico de que todos los fideicomisos eliminados por los diputados morenistas y los 15 mil millones de pesos que admistraban eran para “privilegios y prebendas” de los ministros de la Corte.

La movilización nacional lograda por los distintos sindicatos que existen en las tres instancias que integran el Poder Judicial fue de casi 40 mil personas en más de 49 ciudades del país, de acuerdo con un informe elaborado por el Consejo de al Judicatura Federal, que midió las afluencias en las distintas marchas. Por ejemplo, en la Ciudad de México reportaron 6 mil personas; en Nuevo León 3000 asistentes; en Coahuila, 2,400; en Chiapas 2,385; en Jalisco 2000; en Guanajuato 1,870; en Guerrero 1650; en Puebla 1500, al igual que en Baja California, San Luis Potosí y Colima; en Chihuahua 1,450; en Veracruz 1230; Zacatecas e Hidalgo 1,200; Estado de México 1,175; Querétaro 1,100; Michoacán 1,050, Tamaulipas 1,035 y en el resto de las entidades menos de mil personas particuparon en las movilizaciones, según el reporte de la Judicatura.

Y quizás, como no llegaron a llenar el Zócalo, porque además los bloquearon y obstaculizaron desde el gobierno capitalino, los morenistas y el propio López Obrador se van a mofar de los números o descalificarán el esfuerzo de manifestación de los trabajadores judiciales diciéndo que fueron pocos y que no alcanzan el tamaño de las movilizaciones que convoca el presidente que abarrota el Zócalo con decenas de miles de personas acarreadas y traídas desde toda la República en camiones a los que sí se les entrega la ciudad y su espacio para estacionarse donde quieran, avenidas y vialidades primarias incluídas, con tal de que le llenen la plancha de concreto para aclamar al líder.

Pero aunque claramente estas movilizaciones no tuvieron los “apoyos”, “estímulos” o hasta “medios de transporte” pagados todos con dinero de los impuestos de los mexicanos, lo que vale de las marchas realizadas ayer por los trabajadores del Poder Judicial es que muestran a un Poder autónomo y consitucional que no se ha doblado ni se piensa doblar ante el presidente, por más que eso le cueste ataques, descalificaciones, venganzas y hasta expresiones de odio por parte de López Obrador y sus diputados y senadores.

Y como siempre pasa en las comedias y en la vida, donde el que se ríe al último ríe mejor, lo más probable es que, vía las acciones de constitucionalidad y la lluvia de amparos que llegarán a los juzgados, tribunales y hasta la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la  cuestionada eliminación de los fideicomisos y la apropiación de recursos que ordenó el presidente y que ejecutaron sin chistar sus genuflexos y serviles diputados, y muy seguramente también lo harán los senadores morenistas, terminará siendo revertida por la misma Corte que trató en vano de explicar y hacerles entender a los legisladores de Morena que parte de esos recursos, al menos tres fideicomisos de la Judicatura, sí era dinero que se destinaba a pagar prestaciones laborales de retiro, jubilación y préstamos de vivienda, entre otros derechos constitucionales.

Y entonces, como diría el célebre y querido filósofo de Ciudad Juárez: “!Pero qué necesidad!”, de que en pleno fin de sexenio el presidente López Obrador esté agitando cada vez más las aguas y sumando resentimientos y enemistades hacia su estilo de ejercer el poder, a los que a una larga lista ahora se suman los trabajadores del Poder Judicial federal, cuando al tabasqueño ya le queda menos de un año para irse a “La Chingada”, su conocido rancho en Palenque, Chiapas.

NOTAS INDISCRETAS…Y hablando de “La Chingada” hasta allá se fue la pomposamente llamada cumbre sobre Migración “Por una Vecindad Fraterna y con Bienestar”. Con la presencia de los dictadores Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel, de Venezuela y Cuba, el presidente de Colombia, Gustavo Pedro y la mandataria hondureña Xiomara Castro, además del primer Ministro de Haití, Jovenel Moïse, y cinco cancilleres y vicecancilleres que completaron la lista de 10 países convocados por López Obrador, la cumbre terminó siendo más un “encuentro de cuates y amigos populistas y dictadores” en la que los 13 compromisos signados por los mandatarios y representantes no aportan nada nuevo ni mucho menos efectivo para solucionar la grave y urgente crisis humanitaria y migratoria que vive la región y que padece especialmente México como la puerta de entrada a los Estados Unidos.

De hecho, con buenas intenciones como “promover el dialogo y acercamiento con Estados Unidos”, “abordar el problema migratorio desde los derechos humanos” o “lograr la autosuficiencia alimentaria” de los países afectados por la migración, todo terminó en el descaro y el cinismo de los presidentes Díaz Canel y Maduro culpando a Estados Unidos de que aumente la migración indocumentada en sus países, por “el embargo económico” en el caso de la isla y “por restricciones comerciales absurdas”, según se autojustificó el dictador de Venezuela. Es decir, que López Obrador trajo a sus amigos dictadores a México y los llevo a “La Chingada” para que desde ahí le echaran toda la culpa a Washington mientras ellos se lavan las manos de sus fallidas e inexistentes políticas económicas, la corrupción que impera en sus élites de gobierno y la opresión y persecución de los derechos humanos básicos que cometen en contra de sus ciudadanos.

Qué tan absurda resultó la dichosa cumbre de Palenque y sus propuestas, que la canciller Alicia Bárcena terminó proponiendo “los programas sociales de la 4T” como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el futuro como una medida que deben implementar los países de la región para frenar la migración. Seguro nadie le ha dicho a la canciller, y si se lo han dicho prefiere ignorarlo, que en los últimos tres años todos los indicadores señalan que se disparó y aumentó de nuevo la migración de mexicanos a Estados Unidos, después de años de que iba en descenso, y que además de los migrantes que huyen de México por falta de empleo bien pagado, ahora también están tratando de irse a Estados Unidos los expulsados por la violencia del narcotráfico e incluso, el dato que dio ONU-Migrantes este año, que hasta a crecido el número de mexicanos con estudios universitarios y de posgrado que buscan emigrar a los Estados Unidos.

Si esa es la propuesta de solución, está claro que seguiremos viendo llegar las olas de migrantes de centro, Sudamérica y El Caribe…Y hablando de Chiapas, las cosas se calientan en el proceso interno de Morena y a unos días de que se defina el nombre del candidato o la candidata de ese partido a la gubernatura, el senador Eduardo Ramírez volvió a mandar señales de que si la postulación de su partido se define por género y recae, como todo apunta, en la senadora morenista Sasil de León, él podría terminar yéndose a otro partido. El tema para Morena, más allá de lo que decida hacer el senador, es que es él quien está en el primer lugar de todas las encuestas y su postulación por cualquier otro partido o frente, pondría en serio riesgo al morenismo de perder la entidad chiapaneca.

Una fuente cercana al llamado “Jaguar Negro” nos asegura que el coordinador de los senadores morenistas llegó al movimiento de transformación arropado por miles de hombres y mujeres chiapanecos, mismos que han continuado con los trabajos en cada uno de los municipios y distritos y recientemente mostraron músculo en una concentración masiva en Comitán. Y que “con ese capital político Ramírez Aguilar tendría las puertas abiertas de la oposición”, por lo que ya se ve venir su renuncia a Morena. A ver si don Eduardo no termina “amarcelándose”… Y a propósito de morenistas, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, rendirá esta semana su Segundo Informe de Gobierno.

A tiros y tirones y enfrentando la fuerte crisis de seguridad en su estado, la mandataria a la que muchos descalificaron por ser hija del senador Félix Salgado y haber llegado a la candidatura en sustitución de su padre, informará de un segundo año en el que su administración ha puesto el acento en los programas sociales y, según las cifras que presentará, haber reducido hasta en 6 puntos porcentuales la pobreza en su estado con respecto a las cifras del 2020. Según los datos que informará la gobernadora, 189,874 personas habitantes de Guerrero salieron de la pobreza, lo que significaría un logro histórico en una de las entidades con mayor pobreza y marginación en el país. Y no todo serán los programas sociales federales, que llegan a Guerrero, sino que se atribuirán los resultados también a programas estatales de bienestar y salud como “Programa Universal de Pensión”, “Pensión Guerrero” y “Caravanas de la Salud” con 34,704 consultas médicas brindadas, entre otros servicios, así como inversiones significativas en infraestructura de salud, incluida la construcción de Clínicas de Hemodiálisis. Veremos pues los datos y cifras que presenta la gobernadora Evelyn en su segundo informe y si resisten el análisis externo…Los dados abren con Escalera Doble. Promete la semana.

En los plagios que se realizaban en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, no sólo participaban algunos investigadores que copiaban textuales citas y párrafos de otros estudios académicos publicados en libros, revistas o sitios digitales, sino que también el director de ese Centro, Juan Carlos Cervantes Gómez, sabía del robo intelectual y además de validarlo, él mismo firmaba trabajos e investigaciones en las que se plagiaban contenidos de otros autores.

Es el caso del estudio titulado “Reflexiones en torno a la Investigación Parlamentaria: acercamientos a los métodos multi, inter y transdisciplinario”, que publicó en junio de 2019 la Cámara de Diputados y firmado por el director del CIDEP, Juan Carlos Cervantes y por Saúl Pérez Trinidad, en calidad de coordinadores. Ahí, aparece textual un párrafo tomado del libro Conducta antisocial: un enfoque sicológico, de Arturo Silva, de Editorial Pax. “El dominio ontológico fija las bases de la forma y la naturaleza de la realidad, es decir: qué tanto podemos conocer de ella. Delimitando este dominio, partimos de la premisa de que ese mundo real existe y que podemos conocer la realidad en que se manifiesta su ser. Así, al asumir la existencia de un mundo real, es posible conocer cómo son realmente las cosas y cual es la forma que adoptan para relacionarse”, dice el libro de Silva en su página 10. El mismo párrafo, letra por letra y palabra por palabra, aparece copiado en la página 155 del mencionado estudio del centro legislativo, al igual que otro párrafo también plagiado del mismo libro.

Más adelante, en la página 171 del estudio del CIDEP, aparece también en las páginas 170 y 171, un párrafo que, con algunas modificaciones de sintaxis, fue copiado del estudio “La Interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en las ciencias: una mirada a la teoría biológico-informativa”, de Nuria Esther Pérez Matos y Emilio Setién Quesada, académicos e investigadores de Cuba: “La transdisciplinariedad es una concepción más reciente, que surge debido a la propia complejidad del mundo contemporáneo, que presenta una realidad que muestra cada vez más dificultad de explicación… De esta manera es el propio mundo y los fenómenos actuales, quienes necesitan una nueva forma de organización de pensamiento que reclama encontrar un nuevo paradigma capaz de interpretar la realidad actual. Esto nos lleva a la concepción transdisciplinaria”.

Del mismo estudio cubano, se fusilan también textual otro párrafo: “Como movimiento académico e intelectual, la transdisciplina se desarrolló significativamente durante los últimos 15 años, a pesar de que es un fenómeno que surgió como parte de los cuestionamietos filosóficos, teóricos y metodólogicos de la ciencia del siglo XX frente al positivismo. Como hemos reiterado lo transdisciplinario tiene como intención superar la fragmentación del conocimiento, más allá del enriquecimiento de las disciplinas con diferentes saberes, lo que da lugar a la multidisciplina; y más allá del intercambio epistemológico y de métodos científicos de los saberes”. Salvo la frase “como hemos reiterado”, todo lo demás fue plagiado del trabajo de los investigadores cubanos.

El colmo de la práctica plagiaria en el CEDIP, es que no sólo no cumplen con sus propios “Lineamientos y Criterios Editoriales” publicados en el año 2021 y firmados por los mismos Juan Carlos Cervantes Gómez, Saúl Pérez Trinidad y Diego Armando Mejía Velázquez, en los que se establece que “Como todos los productos que se pretenden científicos, la investigación que se produce en el CEDIP…se inserta en una estrategia académica e institucional para elevar la calidad de los diversos productos que emite este centro, porque sin duda la coherencia, la sistematicidad y el rigor científico son parte fundamental de las actividades de investigación que se realizan al interior de dicho centro”.

Y para reafirmar su “coherencia, sistematicidad y el rigor científico” que dicen procurar, hay al menos dos paginas de sus lineamientos y criterios editoriales, que textualmente fue plagiada de los “Lineamientos y criterios del Proceso Editorial” publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y firmado por Raúl Márquez Romero y Ricardo Hernández Montes de Oca. En el punto 13 de dichos lineamientos, cuando citan cómo deben referirse en los estudios del CIDEP a “Segundas y posteriores referencias a una obra”, copian literalmente el manual del IIJ-UNAM: “Deberán emplearse abreviaturas en latín, en cursivas, de acuerdo con los siguientes casos: –en el caso de que se cite por segunda o posterior ocasión una obra, deberá utilizarse ‘op.cit’; en el caso de que se citen dos o más obras de un mismo autor y  se tenga que citar en repetidas ocasiones deberá utilizarse una parte del título de la obra seguido de puntos suspensivos “cit.”; en caso de que exista necesidad de referir la misma obra pero distinta página en la nota posterior inmediata, usaremos “ibidem”; en caso de que se trate de la misma obre e incluso la misma página, entonces usaremos el vocablo “idem” (sin más indicación)”. Las indicaciones son exactamente las mismas tomadas del manual universitario.

Y también copiaron textual el punto IV de los Lineamientos y Criterios Editoriales del CEDIP de los del documento del IIJ-UNAM, llamado “Abreviaturas para las notas a pue de página”, enumerando las abreviaturas en latín y en español que aceptan para su uso en el centro de estudios legislativos, y que son las mismas, y en el mismo orden, que las del documento universitario: cfr para confróntense, confrontar; comp., coords, para compilador, compiladores; ed., eds., para editor, editores; et al. para y otros; y finalmente in fine para “al final”.

Así el “rigor científico” que dicen tener en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarios de la Cámara de Diputados, un lugar en donde el plagio de algunos investigadores no sólo es practicado, sino que está institucionalizado, tolerado y aceptado por su director, Juan Carlos Cervantes Gómez,  y por el secretario de Servicios Parlamentarios, Hugo Christian Rosas de León, de quien depende la operación de ese y los otros centros de investigación de la Cámara de Diputados mexicana.

NOTAS INDISCRETAS… La Secretaría General de la Cámara de Diputados nos hizo llegar la siguiente carta en respuesta a la columna que publicamos ayer. “A partir de que el Secretario de Servicios Parlamentarios, Hugo Rosas de León, tuvo conocimiento de actos de plagio cometidos por el investigador parlamentario Saúl Pérez Trinidad, éste último causó baja de la Cámara, con fecha 31 de diciembre de 2022. En el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) laboran 30 personas que se dedican a la investigación parlamentaria, 77% pertenecen al Servicio de Carrera (SC), lo cual implica que pasaron por un riguroso proceso de selección y cumplen con el perfil idóneo para dicha posición. El trabajo de los funcionarios que pertenecen al SC es evaluado anualmente, con el objetivo de mejorar su desempeño. Además, recientemente la Cámara adquirió un software (iThenticate) para detectar transcripciones mal citadas o sin referencia bibliográfica, en abril del presente año se brindó capacitación para su utilización a todos los investigadores parlamentarios.  Por tanto, no es preciso señalar que la situación de plagio referida en el artículo de García Soto constituya una práctica generalizada, mucho menos un “modus operandi” de quienes laboran en el CEDIP.  Cabe señalar que a la fecha no se ha presentado ninguna denuncia de plagio, de ser el caso, se procedería conforme a lo que marca la normatividad. Adicionalmente, se están reforzando las acciones de supervisión jerárquica y está en curso una auditoría interna destinada a mejorar los procedimientos del CEDIP y del resto de los centros de estudio, con el fin de fortalecer un área técnica indispensable que proporciona información objetiva e imparcial para la toma de decisiones de las y los diputados.  Valga mencionar que todos los congresos y parlamentos en el mundo cuentan con este tipo de instituciones que apoyan los trabajos legislativos. Por otra parte, cabe aclarar que el Secretario de Servicios Parlamentarios, Hugo Rosas de León, no fue “promovido” por el Dip. Sergio Gutiérrez Luna, quien fungió como Presidente de la Mesa Directiva entre septiembre de 2021 y agosto de 2022, sino que fue nombrado por los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados en octubre de 2018. La Secretaría de Servicios Parlamentarios es un órgano técnico, dedicado al apoyo institucional a todas y todos los legisladores y al conjunto de Grupos Parlamentarios, sin distingo alguno. Su labor se rige por el profesionalismo y por la imparcialidad hacia los partidos, en particular ahora que se han hecho rigurosos concursos de ingreso al Servicio de Carrera. Por ello, no es preciso aseverar que dicha Secretaría coloca en puestos directivos o de investigación, con fines partidistas, a “personas cercanas e incondicionales” o que “no cumplan con los perfiles”. Al margen del recientemente implementado Servicio de Carrera, buena parte de los funcionarios de dicha Secretaría laboran en la misma desde hace más de tres legislaturas, su trabajo es de tal forma objetivo e imparcial, que sus nombramientos trascienden mayorías. Aun así, gracias a la implementación del servicio de carrera, que estuvo suspendido desde el año 2000 y fue reactivado en 2019, se ha impulsado con firmeza romper con prácticas discrecionales en la designación del personal dedicado a la investigación, y se ha privilegiado contar con perfiles adecuados… Giran los dados, Escalera doble

​​​​​​​​​En el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados (CEDIP), sus investigadores presentan estudios, artículos y publicaciones que se publican y editan como originales en los órganos de difusión del Poder Legislativo Federal, pero en varios de esos textos se incurre en actos de plagio de otros estudios, libros o iniciativas ya publicadas, de las que los empleados de San Lázaro toman párrafos completos e ideas textuales, sin citar a sus autores ni a las fuentes bibliográficas.

El plagio es descarado y ha sido documentado y denunciado desde hace más de un año al actual director del citado centro legislativo, Juan Carlos Cervantes Gómez, por parte de investigadores que detectaron esta práctica ilícita y antiética en varios de sus compañeros, pero el funcionario hizo caso omiso y no emprendió ninguna acción administrativa o legal en contra de los plagiarios. Incluso, el tema se llegó a denunciar también al Secretario de Servicios Parlamentarios, Hugo Christian Rosas de León, de quien depende el Centro de Estudios de Derecho y los otros cuatro Centros de Investigación con los que cuenta la Cámara de Diputados, y quien forma parte de Morena, pero tampoco se tomaron medidas para sancionar y evitar los plagios.

De acuerdo con el artículo 43 del Estatuto del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Diputados, el CEDIP tiene como función “llevar a cabo investigaciones y estudios jurídicos que contribuyan al ejercicio de las funciones legislativas”. Sin embargo, hay en ese centro, entre algunos de sus investigadores, un modus operandi que tergiversa esa función legal, pues existe una práctica generalizada e impune que consiste en el plagio de iniciativas de ley ya presentadas y otros trabajos académicos, como libros, revistas y hasta han plagiado los criterios legales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios.

Aun sabiendo de los plagios, todos los trabajos que han incurrido en esa práctica han sido validados o elaborados en coautoría por el director del CIDEP, doctor Juan Carlos Cervantes, quien es el responsable de autorizar todo lo que se publica en revistas y libros editados por el centro de estudios legislativos. Al propio Hugo Christian Rosas le informaron de manera directa de la conducta antiética de los investigadores, pero hizo caso omiso y no ordenó la separación del cargo de los plagiadores o iniciarles procesos administrativos. Por el contrario, el secretario de Servicios Parlamentarios, quien depende de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, que ocupa Graciela Báez Ricardez, y que en su momento fue promovido para ese cargo por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, aprovecha esa situación para colocar en puestos directivos y de investigación a personas cercanas e incondicionales a él, aunque no cumplan con el perfil para esos puestos.

Un comparativo elaborado por investigadores que trabajaron en el CIDEP, fechado en octubre de 2022 y en poder de esta columna, documenta un gran número de casos de plagio en artículos, estudios y publicaciones editadas por ese Centro legislativo. Por ejemplo, en el número 129 de la Revista Quorum Legislativo de la Cámara de Diputados, de marzo de 2020, se publica el artículo “Ley Nacional de Extinción de Dominio, entre el combate al narcotráfico y el ejercicio de los derechos humanos. Una mirada desde la criminología crítica”, que firma Saúl Pérez Trinida, investigador del CIDEP.

En su introducción, el artículo de la citada revista dice textual: “En esta ley se estableció la figura del arraigo –que en 2008 fue elevada a rango constitucional— para permitir la detención y privación de la libertad de una persona hasta por 80 días, sin ninguna acusación, orden de aprehensión o sin haber sido detenida por cometer un delito en flagrancia”. Pero en una publicación del Transnational Institute (TNI) un think thank internacional con sede en Amsterdam dedicado a la investigación política, se publicó un estudio el 30 de agosto de 2014, sobre esa misma Ley, del que el investigador de la Cámara de Diputados mexicana, plagió textual ese párrafo sin citar la fuente: “Esta Ley también estableció la figura del arraigo, que en 2008 fue incorporada a la Constitución. El arraigo permite la detención y privación de la libertad de una persona hasta por 80 días, sin ninguna acusación, orden de aprehensión o sin haber sido detenida por cometer un delito en flagrancia”.

El mismo investigador en ese artículo, plagió también unas líneas de un artículo publicado en la revista “Saskab” del Ideaz Institute de Viena y firmado por Maribel Lozano Cortés. El artículo del CIDEP dice: “El objeto a estudiar no son las causas que originan las conductas desviadas, sino la descripción de los procesos sociales (ambiente social) a través de los cuales se va a calificar a esa conducta criminal”. Y textual en el artículo de la revista, publicado en 2003, se puede leer: “el objeto a estudiar ya no son las causas que originan la conducta, sino la descripción de los procesos sociales a través de los cuales se va a calificar esa conducta como criminal”.

Más adelante el artículo del centro legislativo toma citas y párrafos textuales del libro “Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal, de Alessandro Baratta, editado por Siglo XXI Editores, en Argentina, del que plagia entre otros este párrafo: “En el realismo las medidas utilizadas en el conflicto están en relación directa con el grado de ‘refinamiento’ de los violadores de la norma. Cuanto menos ‘refinados’, tanto más fácilmente ejecutan medidas no realistas que tienen por eso consecuencias ventajosas para ellos, y tanto mayor es la probabilidad de criminalización. De este modo se ´explican´ las diferentes tasas de criminalidad que presentan los diversos grupos o los diversos estratos sociales”. El mismo párrafo, con la misma redacción incluidas las palabras entrecomilladas, aparece en el mencionado libro de Alessandro Baratta.

El mismo investigador incurre en otro plagio en el número 127 de Quorum Legislativo de septiembre de 2019. En su artículo “La perspectiva de género y el proceso legislativo”, Saúl Pérez Trinidad se autoplagia tomando textual una cita de su tesis para titularse como doctor en Derecho por la UNAM en 2014. Pero también plagia un párrafo completo del estudio “Epistemología ética y género” publicado por Graciela Hierro en el sitio “la haine.org” de España, el 8 de marzo de 2013. El siguiente párrafo fue copiado del estudio de la académica española: “La perspectiva de género permite tener una visión crítica de las determinaciones sociales del rol impuesto y modificarlo junto con las instituciones que lo propician. No se trata de descubrir principios aplicables a todas las circunstancias y géneros, tampoco la comprensión ahistórica de una naturaleza femenina que puede ser usada como fundamento, más bien se intenta la comprensión profunda de la moralidad y los cambios que se anuncian o se presienten, llevan a visiones y perspectivas más deseables”. Sólo se molestó en cambiar un par de palabras.

Y para cerrar ese caso de plagio, que quedó impune en la Cámara de Diputados, en el mismo artículo de la revista legislativa de 2019, se robaron textual un párrafo del estudio “Feminismo, género y patriarcado” de Alda Facio y Lorena Fries, publicado en 2005 por la Revista sobre Enseñanza del Derecho, de Buenos Aires. Tal y como aparece en el estudio de Quorum Legislativo, se puede leer en el mencionado estudio de los académicos argentinos: “un instrumento transformador que desplace los actuales modelos sexuales, sociales, económicos y políticos, hacia una convivencia humana basada en la aceptación de otras personas”.

Ese es apenas un caso de plagio de varios más que fueron documentados por el detector de plagio aplicado por otros investigadores. En la próxima entrega documentaremos otros casos en los que aparece el mismo investigador Saúl Pérez Trinidad, pero también firma como coautor el director del Centro de Investigaciones en Derecho y Estudios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cervantes Gómez, que firma estudios y publicaciones que abiertamente son plagiarios de obras impresas y estudios académicos de varios países. Todo con la complacencia de sus superiores en la Cámara de Diputados, vinculados al partido Morena.

La tensión creciente causada por la guerra declarada por Israel al terrorismo de Hamas está reviviendo en el mundo las expresiones de odio e intolerancia entre Occidente y el mundo islámico. Los bombardeos indiscriminados del ejército israelí sobre la franja de Gaza, como respuesta a los actos de barbarie perpetrados por los extremistas palestinos, no sólo están provocando ya miles de muertes de civiles inocentes, sino que también están causando una calamidad humanitaria en toda esa zona, donde un millón de palestinos están atrapados entre el norte y el sur de su territorio, sin agua ni comida, mientras los países árabes vecinos, Jordania y Egipto, se niegan a recibirlos como refugiados.

Y si en el mundo ya se habían desatado las tensiones y choques entre migrantes musulmanes y europeos de varios países, por las manifestaciones multitudinarias de los primeros apoyando al pueblo Palestino, anoche tras la noticia del bombardeo a un Hospital de Gaza, en el que habrían muerto 500 personas, entre niños y mujeres hospitalizados, escaló las expresiones de odio y de rechazo a Israel y a Estados Unidos en el mundo árabe y en otros países con fuertes protestas e intentos de tomar embajadas israelíes y estadunidenses en Turquía, Francia, Líbano, Irán e Irak, donde anoche manifestantes de ese país intentaban romper las barreras de seguridad con la intención de tomar por asalto la embajada de los Estados Unidos en Bagdad.

Todo eso ocurría en la víspera de la visita que el presidente Joe Biden hará hoy a Tel Aviv, como parte del apoyo abierto que la Casa Blanca le ha dado a Israel en su ofensiva militar sobre Gaza. Y aunque un portavoz del ejército israelí negaba que ellos hayan bombardeado el hospital de Gaza, y aseguraba que “múltiples fuentes de inteligencia indican que la Yihad islámica es responsable del lanzamiento fallido del cohete que impactó el hospital”, el propio Biden ya había condenado anoche el ataque a la instalación hospitalaria y anunció que había pedido a su equipo de seguridad nacional que recabara información del ataque a civiles, porque “Estados Unidos defiende inequívocamente la protección de la vida civil durante el conflicto”.

El Medio Oriente y el conflicto árabe-israelí está volviendo a ser, como lo ha sido históricamente, el detonante que atiza y exacerba las diferencias raciales y religiosas entre los países del mundo islámico y el Occidente que apoya a Israel. Primero fueron las protestas en países de Europa y Estados Unidos, donde la fuerza de la migración árabe volvió a mostrarse con manifestaciones a favor de Palestina y en contra de la respuesta de Israel a los ataques de Hamas y en las que los ciudadanos locales chocaban y se molestaban por el apoyo de los árabes a Hamas en sus ciudades; en ciudades como París, Londres, Madrid, Amsterdam, Nueva York y Barcelona hubo tensión por la salida masiva a de las comunidades árabes que tomaron las calles con banderas palestinas; luego vino el ataque en Bruselas a dos ciudadanos suecos por un hombre armado, catalogado por el primer ministro belga como un “horrible atentado terrorista”.

Y anoche, tras difundirse la noticia del bombardeo sobre el Hospital de Gaza, en varios países del mundo árabe se desataron marchas y protestas improvisadas en Líbano, Jordania, Marruecos, Turquía y Túnez, donde el común denominador eran los ataques a embajadas de Israel y Estados Unidos. En Beirut, Líbano, lanzaron ladrillos contra la embajada de Estados Unidos en medio de gritos de “muerte a Israel”, mientras que en Teherán, en la Plaza Palestina, cientos de manifestantes mostraban su rechazo al bombardeo y el presidente iraní Ebrahim Raisi declaró un día de luto y acusó que “las llamas de las bombas estadunidenses-israelís, lanzadas esta tarde sobre las víctimas palestinas, pronto consumirán a los sionistas”.

En Ramala y Hebrón, ambas en Cisjordania, hubo manifestaciones de rechazo al presidente palestino Mahmud Abbas, mientras que en Amán, miles de jordanos rodearon la embajada israelí, mientras el rey Abdalá culpa a Israel de las 500 muertes en el hospital de Gaza y anunciaba la cancelación de su encuentro previsto para hoy con el presidente Joe Biden, y con el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, en busca de una solución al conflicto.

Así que el conflicto en Medio Oriente ya rebasó con mucho los horrores de la guerra que se están viendo en la franja de Gaza y la crisis humanitaria que hoy vive el pueblo palestino y amenaza con desbordarse hacia todo el mundo árabe, reviviendo y agitando los extremismos y las expresiones más radicales del islam, en oposición al apoyo que Israel recibe de Occidente. Veremos cómo le va al presidente Biden en su visita de hoy al territorio israelí y si las tensiones de la víspera y las cancelaciones de varios presidentes del mundo árabe al mandatario de Estados Unidos no le auguran una tensa presencia en la zona de conflicto.

Decía Samuel Huntington que de todos los elementos objetivos que definen a las civilizaciones, la religión suele ser el más importante, y que a partir de las religiones, la relaciones entre países y civilizaciones variarían entre lo distante y lo violento, tendiendo siempre a los extremos. ¿Será que la guerra árabe-israelí terminará siendo el detonante de un nuevo choque violento de civilizaciones?

NOTAS INDISCRETAS…

Y mientras en el mundo las tensiones aumentan, en México ayer el choque era mucho más local, aunque no menos tenso. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación desquiciaron por segundo día consecutivo a la Ciudad de México, con bloqueos y protestas que se repitieron en las principales ciudades del país, exigiéndole al presidente López Obrador y a Morena que no les roben los recursos de los fideicomisos que garantizan sus pensiones de retiro y otras prestaciones laborales. “Es un atraco a los trabajadores del Poder Judicial”, dijo el secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Jesús Gilberto González, quien acudió ayer a la Cámara de Diputados para decir que los fideicomisos de los que se quiere apropiar el Presidente “nacieron hace 25 años con recursos de nuestros salarios y aportaciones”. Pero ni las protestas ni las amenazas de paro, que ayer fueron desdeñadas por el presidente López Obrador, quien dijo que “los trabajadores del Poder Judicial no trabajan y se la pasan de vacaciones”, evitaron que anoche la mayoría de Morena avanzara en su intención de extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, y en medio de un intenso debate en el que los morenistas defendían la extinción y la oposición decía defender a la Corte, al cierre de esta columna se había aprobado en lo general la extinción de los fideicomisos judiciales por 259 votos de morenistas y aliados, contra 205 y una abstención de las bancadas opositoras. Pero este asunto apenas comienza y, además de seguir las protestas y paros en los juzgados y tribunales, el tema irá al Senado y si se aprueba también de seguro vendrán acciones de inconstitucionalidad y recursos que terminarán ¿en manos de quién creen? De la Corte. Así que mientras el mundo está en guerra de civilizaciones y religiones, los mexicanos estamos en una guerra de poderes, donde el poder presidencial se quiere apropiar de todos los recursos y cobrar venganza contra el único poder que se le rebela y se le enfrenta, como es el Poder Judicial…Los dados mandan Serpiente Doble. Noche de tensiones.

Cuando la realidad apremia, el pragmatismo se impone a veces a las convicciones. Algo así es lo que decidió Claudia Sheinbaum en el momento de pedirle a Omar García Harfuch que se apuntara como aspirante de Morena a la candidatura a jefe de Gobierno de la CDMX. Fue la primera decisión con la que la doctora estrenó su “bastón de mando” y la tomó desde el pasado 9 de septiembre, apenas dos días después de que había sido declarada ganadora de la contienda interna y al día siguiente de que el presidente López Obrador le cedió, simbólicamente, la jefatura de su movimiento político.

Para habilitar como posible candidato a su exsecretario de Seguridad Ciudadana, un policía de carrera sin experiencia política, Sheinbaum tuvo que tomar antes dos definiciones: la primera, convencer al presidente López Obrador, que siempre vio con recelo y desconfianza a García Harfuch, por sus orígenes policiacos vinculados al periodo de Genaro García Luna en la extinta Agencia Federal de Investigación; y la segunda, enfrentarse a sus amigos “los puros” de Morena que nunca estuvieron de acuerdo en la idea de postular al popular y carismático jefe de la Policía capitalina, al que además le achacan sus orígenes priistas y su no pertenencia al lopezobraodorismo.

Pero en ambos caos, más que las convicciones políticas de la doctora, lo que se impuso fue el más puro pragmatismo. “Sólo Omar nos garantiza reconquistar el voto duro que perdimos en 2021”, llegó a argumentar la exjefa de Gobierno que, aunque nunca quiso aceptar la paternidad de aquella derrota estrepitosa de Morena en los comicios intermedios y prefirió culpar al senador Ricardo Monreal, en el fondo supo muy bien que fueron los errores de su gobierno y su distanciamiento con las informadas y críticas clases medias de la CDMX, los que la llevaron a perder 9 de 16 alcaldías (todo el centro y el poniente de la ciudad) además de la mayoría del Congreso local a manos de la alianza opositora del PRI-PAN y PRD.

La figura de Omar, un junior de la vieja política mexicana, poseedor de un carisma natural y con una historia de superviviente a un ataque mortal del crimen organizado, sedujo desde un principio a Claudia Sheinbaum que encontró en el “superpolicía” a un funcionario que no sólo se ganó su simpatía y su lealtad, a base de resultados en su estrategia de seguridad, sino que también supo hábilmente ganarse la confianza personal y política de la jefa de Gobierno a tal grado que lo integró a su equipo de mayor confianza en el que la mayoría de sus colaboradores eran amigos y amigas que conocía de años atrás.

García Harfuch no conocía a Claudia Sheinbaum ni esta tenía ningún vínculo con el exfuncionario federal. Fue en septiembre de 2019 cuando Julio Scherer Ibarra, entonces poderoso Consejero Jurídico de la Presidencia y ya desde entonces asesor personalísimo de la doctora, le presentó al policía que en ese momento era el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Sheinbaum estaba harta de los yerros y la pésima gestión de Jesús Orta y ya quería despedir al secretario de Seguridad Ciudadana con el que arrancó su gobierno por recomendación nada menos que de Marcelo Ebrard Casaubon.

Llegó a ser tal el desencuentro y la falta de resultados de Orta Martínez, un académico de escritorio con conocimientos de seguridad, pero con nula experiencia práctica, que la jefa de Gobierno aguantó 10 meses una crisis de seguridad en la que su secretario ni siquiera pudo tener el control de los más de 80 mil elementos de la Policía capitalina. La inseguridad y la falta de una estrategia efectiva se volvieron un dolor de cabeza para Sheinbaum que terminó culpando a Marcelo Ebrard de haberle hecho una “pésima recomendación” en la persona de Jesús, al que terminó pidiéndole la renuncia.

Y es que desde junio de aquel 2019, Omar había sido llevado por Scherer al despacho de la Jefa de Gobierno para que lo conociera y le presentara un proyecto de estrategia para disminuir los delitos de alto impacto en la Ciudad de México que habían comenzado a hacer crisis con balaceras, cuerpos tirados en Insurgentes y la presencia de cárteles de la droga ya no sólo locales, como la Unión-Tepito, la Unión-Insurgentes, el Cártel de Tláhuac y su líder “El Ojos” y la llegada de los grupos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que pretendían extender sus operaciones de drogas y otros delitos a la capital del país.

García Harfuch estaba entonces también harto de trabajar con el fiscal Alejandro Gertz Manero, con quien nunca pudo entenderse porque cada vez que daba un golpe y detenía a un jefe de plaza o narcotraficante importante, lejos de reconocérselo, el fiscal se molestaba y le reprochaba: “Así no son las cosas en este gobierno, no nos interesa estar deteniendo objetivos”, le llegó a reclamar Gertz al titular de la AIC por hacer su trabajo. Por eso cuando Scherer le ofreció una entrevista con la gobernante capitalina, con miras a ocupar la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar no lo pensó dos veces y se aplicó para convencer a la que sería su nueva jefa, también porque para él llegar a la poderosa Secretaría de Seguridad de la CDMX significaba todo un reto y un sueño personal por haber sido el penúltimo cargo público que ocupó su padre, el jalisciense Javier García Paniagua, quien fue secretario de Protección y Vialidad del Distrito Federal entre 1988 y 1991.

En principio, con la recomendación de Scherer, Claudia intentó meter a García Harfuch como su secretario de Seguridad, pero al consultarlo con el presidente López Obrador este se mostró reticente por su pasado vinculado a García Luna. Ante el rechazo presidencial, la jefa de Gobierno mandó a Omar a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, al equipo de la entonces procuradora Ernestina Godoy, donde llegó a dirigir y reordenar a la Policía Ministerial y desde ahí, con su experiencia federal, comenzó a dar golpes, detenciones y a resolver casos mediáticos, lo que le ayudó a que finalmente su nombre fuera aceptado en Palacio Nacional para manejar la seguridad capitalina.

El 4 de octubre de aquel año, Claudia Sheinbaum finalmente pudo despedir a Jesús Orta y nombró al secretario que a la postre se convertiría en uno de sus colaboradores de mayor confianza y a quien, a partir de resultados, le dio todo el poder para manejar no sólo a la Policía de la ciudad y sus 88 mil elementos, además le permitió hacer cambios a la estructura y las funciones de la SSC para que pudiera realizar labores de inteligencia e investigación de delitos y bandas criminales, la especialidad de García Harfuch.

Y con un talento nato para las relaciones públicas y políticas, que heredó de su padre y un carisma mediático que sacó de su madre, el secretario de Seguridad capitalina comenzó a volverse cada vez más notorio, en la medida que aparecía constantemente en los medios, daba entrevistas al por mayor, anunciaba la detención de delincuentes, narcotraficantes y realizaba aparatosos operativos en las zonas más conflictivas de la ciudad siempre a la cabeza de los policías y coordinando las detenciones importantes.

Fue tan rápido su crecimiento mediático y político, que para 2021, en plena época electoral comenzaron a surgir versiones de que Movimiento Ciudadano lo había buscado y se había reunido con Dante Delgado para hablar de una posible candidatura a la Jefatura de Gobierno. Vino entonces la estrepitosa derrota política de Sheinbaum y de Morena en la CDMX en aquellos comicios intermedios y, mientras repartía culpas y escabullía la responsabilidad, la jefa de Gobierno comenzó a mirar a su secretario de Seguridad como un prospecto, primero para que fuera su secretario de Seguridad federal, si ella llegaba a la Presidencia, y después, cuando el pragmatismo la alcanzó, como su candidato a jefe de Gobierno, aún en contra de sus convicciones izquierdistas y a contracorriente de sus amigos, los duros y radicales de Morena.

¿Será entonces que, pragmática y calculadora como se volvió la antigua investigadora de la UNAM y hoy segura candidata presidencial, logrará sacar limpio a su candidato para la ciudad, con el que quiere reconquistar el voto de clases medias que perdió, o será que sus amigos “puros” y “puristas” de Morena se le terminan imponiendo o, en el peor de los casos, se dividen y le hacen una huelga de brazos caídos en la próxima elección capitalina?

NOTAS INDISCRETAS… Ayer, invitado por el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Cházaro, tuve el honor de participar en el Foro “La libertad de Prensa como Eje de la Democracia Moderna”. En el Salón Verde del Palacio de San Lázaro en una mesa en la que estuvieron las periodistas Lourdes Mendoza, Beatriz Pagés, Maru Campos y Francisco Garfias, reflexionamos sobre los retos y amenazas que enfrenta la prensa crítica y la libertad de prensa en el México actual. Desde la violencia del crimen organizado, que mata y desaparece a periodistas mexicanos, hasta el poder político y los funcionarios de todos los niveles, que se han convertido en la principal fuente de agresiones y asesinatos de comunicadores, con 63 periodistas asesinados en lo que va de este gobierno y 260 víctimas contando los tres últimos sexenios. También se habló de la violencia verbal y los ataques del presidente López Obrador que han derivado no sólo en una campaña de agresión e intimidación a profesionales del periodismo, sino incluso en ataques armados como el de Ciro Gómez Leyva. La conclusión de todos los que participamos en esta reflexión, fue que sin una prensa libre, crítica y que no sea castigada o condicionada por el gobierno federal, que ha vuelto a manejar el presupuesto público de Comunicación de la manera más discrecional y patrimonialista, para favorecer a los medios que hablan bien de su gobierno y castigar a quienes ejercen la crítica del poder, y mientras la violencia contra los periodistas se propague y exacerbe desde la mañanera, la libertad de prensa y el contrapeso que significa la prensa crítica, estarán en peligro junto con la democracia mexicana. Mientras sigan asesinando periodistas y defensores de derechos humanos y activistas en este país, que al gobierno no le importan en lo más mínimo porque no resuelve sus asesinatos ni castiga a los homicidas, y mientras desde el poder se descalifique a la prensa por pensar distinto y no apegarse a la línea de este gobierno, la amenaza del autoritarismo seguirá avanzando igual que el presidencialismo más omnímodo y antidemocrático… Los dados mandan Escalera. Segundo tiro bueno de la semana.

En mayo de 2018, cuando faltaba cerca de mes y medio para las votaciones presidenciales de aquel año, el PRI y el PAN buscaron hacer un último intento desesperado para evitar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que en ese momento ya daban por hecho todas las encuestas y sondeos que medían aquella carrera presidencial. En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto y su entonces secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, acordaron un plan para sustituir al candidato del PAN, Ricardo Anaya, que iba en el segundo lugar de la contienda, para poner en su lugar a un “candidato altamente competitivo” que pudiera pelearle el triunfo a López Obrador.

De acuerdo con fuentes que participaron en aquel episodio, Peña y Navarrete mandaron llamar a Los Pinos a Santiago Creel Miranda para plantearle la tarea de que convenciera a Anaya Cortés de declinar su candidatura, para dar paso al candidato que, creían, podría derrotar al candidato puntero de Morena. Cuando Creel escuchó la propuesta, preguntó quién sería el abanderado sustituto para el PAN y la respuesta del Presidente y el secretario de Gobernación sorprendió al panista: el ingeniero Carlos Slim Helú. Si los panistas podían convencer a su candidato de que renunciara a la postulación, Peña Nieto se comprometía a hablar con Slim y convencerlo de que se postulara y se enfrentara a AMLO.

Creel aceptó plantearle la declinación a Anaya, aunque aclaró que la decisión solo le correspondería al candidato panista y pidió un par de días para llevar una respuesta a Los Pinos. Mientras tanto, Navarrete Prida operó una reunión entre Carlos Slim y el Presidente, pidiéndole al empresario que acudiera a Los Pinos. Una vez que llegó la respuesta del PAN, anunciando la aceptación de su candidato para renunciar y dar paso a la postulación el empresario más rico de México, el secretario de Gobernación confirmó la audiencia y le comunicó al presidente Peña Nieto que el resto estaba en sus manos para convencer a Slim Helú de aceptar la candidatura panista a la Presidencia de la República.

El tiempo apremiaba porque el calendario electoral de aquel año marcaba el 2 de junio como la fecha límite para sustituir candidatos a la Presidencia, y después de esa fecha se mandarían a imprimir los millones de boletas electorales que se utilizarían en las votaciones de aquel año. Es decir, que estaban a unas semanas del plazo legal para que el PAN solicitara la sustitución de Ricardo Anaya y le comunicara al INE que el nombre de su nuevo candidato presidencial era el de Carlos Slim Helú.

En la versión que dan las fuentes involucradas en aquella operación inusual en la política mexicana, Slim se presentó puntual a la audiencia con el presidente Peña Nieto y, en presencia de Navarrete Prida, le hizo directamente la propuesta de postularlo a la elección presidencial, a partir de que ya el PAN y su candidato Ricardo Anaya habían aceptado la sustitución. El ingeniero escuchó, entre interesado y sorprendido, el ofrecimiento del que se dijo halagado, pero dijo que era una “decisión difícil” que necesitaba tiempo para pensarla y que tendría que consultar a su familia, a los socios y accionistas de sus empresas antes de tomar una decisión.

Peña Nieto aceptó darle el tiempo que pedía el ingeniero y dos días después lo volvió a recibir en su despacho de Los Pinos. “Depende de usted convencerlo”, le dijo su secretario de Gobernación, que era el contacto entre el empresario y el mandatario. Aquel día de finales de mayo, de regreso en la residencia presidencial, Carlos Slim llevaba ya una respuesta y una decisión tomada, a partir de las consultas que había realizado tanto con sus familiares, amigos más cercanos y los accionistas principales de sus compañías.

En la intimidad y la privacidad del despacho del Presidente, el ingeniero que desde hace años figura como el empresario más rico de México y que también apareció en varias ocasiones encabezando la lista de multimillonarios del mundo de la revista Forbes, le dio su respuesta a Peña Nieto: no podía aceptar la postulación como candidato presidencial por el PAN, porque aunque valoraba y agradecía el ofrecimiento, no se sentía en condiciones de terminar el mes restante de la campaña, además de que sus socios y accionistas no habían estado de acuerdo con la idea de que se lanzara por la Presidencia.

El Presidente insistió y le pidió reconsiderar y pensar en el futuro del país, pero no hubo poder humano que convenciera a Carlos Slim de aceptar enfrentarse a un López Obrador que ya se veía como seguro ganador de la elección presidencial. Hoy, a juzgar por la estrecha relación personal y de negocios que existe entre las empresas de Slim y el gobierno de López Obrador, del que ha sido uno de los empresarios más beneficiados, aquella decisión del ingeniero terminó siendo la más conveniente para él y sus negocios. Y el resto de la historia es de todos conocido.

NOTAS INDISCRETAS…

Las listas finales de los aspirantes de Morena a las 9 gubernaturas que se renovarán en 2024, optó por la salomónica decisión de meter a todos y todas los que fueron excluidos en las decisiones de los Consejos Estatales de ese partido. Así, Alejandro Armenta, que había sido eliminado por los manipulados consejeros estatales, ya figura como aspirante formal en Puebla, así como Eduardo Ramírez también ya fue incluido en la lista de Chiapas, y en la Ciudad de México aumentaron en la lista al diputado Miguel Torruco. En Veracruz, el CEN morenista incluyó al diputado Sergio Gutiérrez Luna, que también había sido marginado por los consejeros, mientras que en Yucatán llamó la atención que metieron a cuatro mujeres aspirantes, contra solo 3 hombres, lo que hace pensar en que podrían optar por designar a su futura candidata por el tema de género. Ahora que, aparecer en la lista final, no le garantiza nada a nadie y serán las encuestas (y las decisiones de Claudia Sheinbaum que tiene el bastón y del presidente López Obrador, que sigue teniendo el mando) las que al final definan los nombres de las y los candidatos morenistas a las 9 entidades…Por cierto que la que de plano no salió ni promovida por el CEN en las listas morenistas, fue la senadora Lucía Meza, quien a pesar de tener un alto posicionamiento en las encuestas, fue doblemente discriminada, primero por el Consejo estatal morenista, que no la tomó en cuenta, y luego por el Comité Nacional, que a pesar de que había dicho Mario Delgado que incluiría a los que tenían buen posicionamiento en las encuestas, de plano ignoró a Lucy Meza. Y es que dicen que la decisión de que la senadora Meza no figurara por ninguna razón en el proceso interno de Morena fue de Cuauhtémoc Blanco. El gobernador le dijo a Claudia Sheinbaum y a Mario Delgado que “por ninguna razón” iba a aceptar a Lucy Meza en la contienda interna y menos en la candidatura a gobernadora. “Cualquiera menos ella”, dijo el mandatario morelense, que ejerció su derecho al veto en contra de la senadora porque la ubica como amiga cercana del fiscal Uriel Carmona. Así la supuesta “democracia” morenista…Por cierto que en la lista final de aspirantes de Morena en Guanajuato, sorprendió la inclusión de Héctor Tejada, presidente de la Concanaco a nivel nacional. Y es que el líder de los comerciantes ha sido fuertemente cuestionado por sus propios agremiados que lo cuestionan por un manejo totalmente opaco y discrecional de los recursos que maneja en el organismo cúpula de los comerciantes del país. En sus dos reelecciones, Tejada ha sido acusado de violentar los estatutos internos y la Ley de Cámaras, ganando de forma fraudulenta las dos elecciones en que ha participado. Tejada Shaar fue electo Presidente de la Confederación en septiembre de 2021, en una asamblea general plagada de ilegalidades, fundamentalmente porque la elección se verificó fuera de los plazos establecidos en la Ley de Cámaras -con la complicidad de funcionarios de la Secretaría de Economía, esa ley federal fue “modificada” desde un escritorio de la dependencia, “ampliándose” los plazos en beneficio de la dirigencia de la Concanaco-, y porque se violaron los derechos que la Ley y los Estatutos otorgan a las cámaras nacionales de comercio. Por eso, Héctor Tejada fue tachado de ser un “presidente ilegítimo” por varios de los empresarios más fuertes de la Concanaco. Pero las denuncias de desvío de recursos no sólo fueron internas, también se documentaron irregularidades y posibles daños a la Hacienda Pública Federal por Auditoría Superior de la Federación (Auditoría DN19001), por más de 291 millones de pesos, recursos públicos operados por la Concanaco. A eso se suma la imposición de dirigentes afines a él pero desconocidos para las cámaras de comercio de varios estados de la República y los señalamientos de que no ha pagado las cuotas de los comerciantes al Consejo Coordinador Empresarial. Por todo eso sorprende que Mario Delgado haya comprado la aspiración de un dirigente tan cuestionado por los comerciantes. Decía el presidente López Obrador que “en política lo que no suena lógico, suena metálico”, así que o Héctor Tejada engañó al líder de Morena, en su urgencia de buscar fuero, o su inclusión en la lista de Guanajuato por parte del CEN morenista suena muy metálica…Los dados mandan Serpiente Doble. Sábado de eclipse solar.

A pesar de que el presidente López Obrador anunció desde finales de septiembre que le pediría su renuncia a todos los integrantes de su gabinete que fueran a buscar un cargo de elección popular y dijo que tenían que renunciar “por moral”, aunque la ley no les obligara, aún hay funcionarios que a pesar de ya estar participando en los procesos internos de Morena en los estados, siguen actuando amoralmente. Es el caso de la secretaria de Energía, Rocío , quien encabeza la lista de aspirantes a la coordinación de la 4T en Veracruz, todo mundo la da ya por segura candidata de Morena al gobierno de su estado, pero ella sigue sin entregar la renuncia que desde hace una semana anunció el Presidente.

Claro que eso no obsta para que la señora Nahle, que oficialmente cobró durante 6 años como titular de la Sener -aunque en la práctica sólo fungía como “encargada de la obra de Dos Bocas” a la que le dedicaba todo su tiempo- ya esté operando y mandando en Veracruz, donde con el apoyo incondicional de su amigo, el gobernador morenista Cuitláhuac García, doña Rocío se convirtió ya en una especie de “jefa” de Morena que maneja el proceso a su antojo, mueve sus fichas, bloquea a sus enemigos y, aunque a ella no le dieron un “bastón de mando”, eso no impide que tenga el control a partir del hecho que lleva la bendición no sólo del Presidente, sino de su amiga Claudia Sheinbaum para ser la segura candidata.

De hecho, de las 4 o 5 mujeres que postulará Morena para las 9 gubernaturas que se renuevan el próximo año, la única que ya tiene segura la nominación es Rocío Nahle, según afirman morenistas de la cúpula que reconocen que a la aún titular de Energía, prácticamente le ayudaron a limpiarle el camino de contrincantes incómodos, a los que ella misma operó para bloquear y anular para que no le dieran molestias en su ya segura unción.

Por ejemplo, fuentes de Morena en Veracruz aseguran que fue Rocío Nahle quien ordenó y operó para que los consejeros estatales inscribieran sólo a los aspirantes afines a ella para así cerrarle el paso a contendientes que sí le disputaban la candidatura. Así metieron al secretario de Educación estatal, el controvertido Zenyasen Escobar, a quien entre los morenistas veracruzanos se refieren burlonamente como el “Tarzan Boy”. Y es que el hoy titular de la SEP veracruzana trabajó como striper en su juventud y por ser amigo cercano del gobernador Cuitláhuac, éste lo nombró secretario de Educación de su gobierno, donde por cierto, nos dicen las fuentes morenistas, “su fortuna creció de manera considerable”.

Nahle y Cuitláhuac le prometieron a Zenyasen que será él quien encabece la fórmula al Senado de la República, a cambio de que se inscribiera e hiciera el papel de comparsa en el proceso interno; también le ofrecieron que se convierta en coordinador de la región centro del estado, para la campaña de la futura candidata. La misma estrategia aplicaron con el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, quien también fue inscrito como parte de la estrategia de la secretaria y el gobernador, a pesar de que públicamente han tratado de aparentar un distanciamiento, en realidad el llamado “Bola 8” es un alfil de Rocío Nahle, con quien tiene una relación de muchos años.

Fue Nahle quien trajo a Eric Cisneros a Veracruz en 2016 para que le ayudara al inexperto Cuitláhuac en la gubernatura. El ahora secretario de Gobierno llevaba 40 años viviendo en Baja California Sur y, aunque conocía la política veracruzana, al principio de la administración en el estado era prácticamente desconocido y un recién llegado. Nació en Tierra Blanca, en la región del Papaloapan, en 1965, pero toda su carrera política la realizó en Baja Sur, según su perfil en la página oficial de la Secretaría de Gobierno de Veracruz: “Es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y maestro en Finanzas por la Universidad Internacional de La Paz. Ha sido director de Recursos Humanos en el gobierno de Baja California Sur; asesor del gobernador Narciso Agúndez Montaño de Baja California Sur; asesor del grupo legislativo de Morena en el Congreso de la Unión; tesorero municipal de Mulegé; y diputado suplente del 04 Distrito Local Electoral en la IX Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur”.

Su aspiración a la candidatura, que en realidad es parte del juego de Nahle para simular competencia, se volvió conocida a partir de que el presidente López Obrador lo criticó en junio pasado, por la gran cantidad de espectaculares que aparecieron en varias ciudades de Veracruz promocionando su imagen. “Si quiere ser candidato que renuncie”, le dijo el Presidente desde su mañanera, a lo que el “Bola 8” respondió diciendo que no iba a renunciar a su cargo y que él no había mandado poner los espectaculares con su imagen.

Lo que es un hecho es que, ante la incapacidad e inexperiencia del académico Cuitláhuac, Eric Cisneros se hizo del control político del estado. Atemoriza y amenaza alcaldes y ordena abrirle expedientes a sus adversarios, ya que tiene la fiscal Verónica Hernández Giadans bajo sus órdenes. Por cierto, a la fiscal la han señalado por tener familiares que tienen vínculos con el crimen organizado. Así que Bola 8 y Rocío han simulado un distanciamiento desde hace meses, pero es totalmente falso, porque él es en realidad su operador político y electoral.

Tan es una farsa el distanciamiento entre Rocío y el “Bola 8”, que el medio hermano de éste, Jenry Vera Burgos, ha sido el Oficial Mayor de la Secretaría de Energía desde 2018 y hasta la fecha. Es decir, el hombre que le ha manejado los dineros a la aún secretaria y en quien confía ciegamente, es familiar directo de Eric Cisneros Burgos. Por eso Nahle utilizó al secretario de Educación y al de Gobierno para que, al aparecer en la lista de los más votados por el Consejo Estatal de Morena, le cerraran definitivamente el paso a sus competidores reales, delegado del Bienestar en el estado y, sobre todo al incómodo diputado federal, Sergio Gutiérrez Luna.

Y es tanta la seguridad que Rocío Nahle siente de que será candidata a la gubernatura y tanta la soberbia que la hace ya verse como futura gobernadora, que en corto ha comentado que pretende seguir trabajando con una parte del mismo equipo de Cuitláhuac García y la otra parte será de nuevos colaboradores a las que ya les prometió cargos específicos en el gobierno y ya les asignó responsabilidades en el estado.

Esperemos que la campaña de Nahle para las elecciones del próximo año en Veracruz no resulte tan costosa y onerosa para los mexicanos como su Refinería que dejó incompleta, sin refinar ni una gota de gasolina, y con una total opacidad y señalamientos de corrupción en la asignación de contratos millonarios a sus compadres veracruzanos. Una obra que con mentiras y engaños al Presidente y a todos los mexicanos, pasó de costar 8 mil millones de dólares, como ella afirmó inicialmente, a casi 17 mil millones de dólares que pagaremos los contribuyentes por varias generaciones. Más que Dos Bocas, la futura candidata Rocío Nahle construyó Dos Gargantas Profundas que succionaron el presupuesto público y los impuestos de los mexicanos y que, si acaso, empezará a refinar petróleo después de este sexenio.

NOTAS INDISCRETAS…

Pasadas la 3 de la tarde, como quien llega a comer, se vio llegar ayer al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, al Palacio Nacional. Su presencia no sólo sorprendió porque después de su cuarto lugar en el proceso interno de Morena, el otrora poderoso secretario se ausentó por casi un mes, para viajar de vacaciones con su familia, sino también por la nueva imagen con la que se vio al “hermano” tabasqueño. El pelo canoso, ya sin tinte y la barba crecida de varios días, dieron cuenta de una transformación en Adán Augusto, quien se vio claramente molesto ante los resultados de la encuesta de Morena, aquella tarde del 7 de septiembre en el World Trade Center. Hasta anoche no se sabía qué fue lo que acordó o habló con el Presidente o si le darán alguna posición o candidatura de consolación, pero lo que sí se vio cuando Adán salió del vetusto edificio, es que su semblante era sonriente, muy distinto al estado de ánimo triste y decepcionado como lo vieron sus amigos y cercanos en las últimas semanas. ¿Será que el hermano y el Presidente ya limaron asperezas y que Adán volverá a estar en el paraíso del señor de la 4T del que había sido casi expulsado por sus pecados?…Ayer en San Cristóbal de las Casas, la Universidad Autónoma de Chiapas le entregó el premio Post Mortem del “Mérito al Juzgador Chiapaneco” al magistrado Rodolfo R. Ríos Vázquez, quien fuera un destacado juzgador mexicano que si bien fue oriundo de Nuevo León, comenzó su carrera como juez en la entidad del sureste, de la que se enamoró y contribuyó a resolver los problemas de la justicia federal para la sociedad chiapaneca. En una emotiva ceremonia, en la que se habló de las grandes contribuciones del fallecido magistrado al sistema de justicia federal, fue su hija, Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia, quien acudió personalmente hasta San Cristóbal, al auditorio de la Facultad de Derecho de la UACH, para recibir el reconocimiento a su padre. Emocionada, la ministra Ríos Farjat agradeció a los jueces de Distrito de Tuxtla Gutiérrez y a los directivos de Universidad Autónoma por honrar la memoria y el trabajo de toda una vida como juzgador de su padre. “Si bien papá no era chiapaneco, quiso mucho a Chiapas pues fue el primer lugar donde ejerció como juez en este bello Estado, ayudando a solucionar los problemas de la justicia federal en la sociedad chiapaneca. Yo misma he sentido siempre cercano a Chiapas porque está en mi historia familiar, así que estoy contenta”, dijo la ministra de la Corte. El Acuerdo de la Asamblea de los Jueces de Distrito, por el que le otorgaron el “Mérito al Juzgador Chiapaneco”, dice que el magistrado Ríos Vázquez puso en alto al estado de Chiapas, porque “acá inició su entregada y brillante trayectoria como juzgador”…Los dados mandan Escalera doble. Mejora la semana.

Con todas las reservas que se puedan tener sobre las encuestas que proliferan en los medios y que ubican a Claudia Sheinbaum en el primer lugar con diferencias de hasta 30 puntos o más sobre Xóchitl Gálvez, lo que no se puede dejar de ver con o sin esos sondeos, es que la virtual candidata del Frente Amplio por México, que tuvo un ascenso meteórico en los sondeos y arrancó con una gran fuerza generando muchas expectativas en un sector de la población y los votantes mexicanos, parece haber frenado su crecimiento y haber perdido su empuje inicial, sin que se advierta en torno a ella ni estrategia ni estructura que la estén ayudando a subir.

A Xóchitl Gálvez se le ve cada vez más sola, sin una estructura partidista que la impulse, ni del PAN ni del PRI, y sin tener un equipo definido.

Una versión que nos dan desde su equipo interno es que, además de que los dirigentes del PRI y del PAN, Alito Moreno y Marko Cortés, parecen más interesados en acaparar cargos y candidaturas para ellos y los cuates de su grupo político que en impulsar una estrategia ganadora para su candidata presidencial, también algunos asesores cercanos de los que se ha rodeado la propia Xóchitl, como la ex candidata presidencial Cecilia Soto, han convencido a la hidalguense de que “no te conviene asociarte ni acercarte a las marcas del PRI y del PAN, porque eso te alejará de los ciudadanos”.

Toda proporción guardada, con el frenón que se percibe en la campaña de Xóchitl Gálvez, a quien los ataques desde la 4T, sobre todo el haberla señalado como “plagiaria” de su tesis de licenciatura, parecen haberle hecho mella anímicamente, hay en la oposición quienes empiezan a preguntarse si a la futura abanderada presidencial del Frente opositor, no le estará pasando lo mismo que a Diego Fernández de Cevallos en aquella convulsa elección presidencial de 1994.

Y es que en aquel año sucedió lo que hoy algunos refieren como “el síndrome del Jefe Diego” cuando el candidato del PAN, Fernández de Cevallos, ganó sorpresiva y contundentemente el debate presidencial, luego de ponerles un baile, literalmente, al candidato sustituto del PRI, Ernesto Zedillo Ponce de León, y al candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano. Fue tal la habilidad y el punch verbal del abanderado panista, que tomó por sorpresa a sus dos contendientes, a los que dejó noqueados, y para cuando concluyó aquel primer debate, en la noche del 12 de mayo de 1994, la percepción casi generalizada entre los 34 millones que vieron el evento por televisión y también en el mundo político, era que Diego Fernández de Cevallos ganaría la Presidencia.

Pero si Diego sorprendió con su labia contundente, la sorpresa fue todavía mayor para todo el país cuando el candidato panista, del que todo mundo seguía hablando, se desapareció literalmente de su campaña presidencial. Durante dos semanas nadie supo dónde estaba el hombre que despertó por primera vez la esperanza y la expectativa de derrotar al PRI y sacarlo de Los Pinos. Para cuando reapareció, quince días después, ya habían corrido todo tipo de rumores: que si el presidente Salinas lo había obligado a esconderse y a frenar su meteórico ascenso; que si lo habían “enfermado” ante la presión del entonces poderoso y autoritario sistema priista.

La explicación que ha dado de aquella extraña conducta el propio Jefe Diego, fue que no hubo tal negociación, ni amedrentamiento del sistema; que se encerró con su equipo para “planear y proyectar la siguiente etapa de la estrategia, tras el éxito del debate” y que nunca sintió miedo ni temor de ganar la Presidencia.

Lo cierto y que quedó registrado para la historia reciente, es que cuando reapareció no volvió a ser el mismo candidato entrón, rebelde y temerario; su actitud había cambiado y la enorme expectativa que despertó en los mexicanos se fue diluyendo y se reventó. ¿Será que algo así le está pasando o le puede terminar pasando a Xóchitl Gálvez? Aunque en este caso no sólo sería por ella, que parece seguir teniendo el carisma y el empuje personal para volverse una buena candidata, sino por las cúpulas partidistas del Frente Amplio por México, que nomás no terminan de convencer de que tienen tamaños y ganas para ganarle a Morena la Presidencia de la República.

En el proceso electoral que viviremos los mexicanos el año próximo, catalogado ya como el más grande que se haya tenido en la historia del país, junto con la elección de Presidente o Presidenta de la República, que es la que más atención y reflectores mediáticos acapara, también se renovarán los 128 senadores y 500 diputados federales, los gobernadores de nueve estados del país y en total se votará por 19,634 cargos de elección popular.

Para todas esas elecciones se imprimirán boletas en las que puedan emitir su voto los mexicanos y el volumen de papeletas que se requerirá plantea todo un reto de logística y capacidad para los proveedores de servicios de impresión en el país. La mayor parte de esa responsabilidad recaerá en los Talleres Gráficos de la Nación (TGM), organismo que depende de la Secretaría de Gobernación y el que, por convenio con el Instituto Nacional Electoral se encargará de la impresión de las papeletas que se utilizarán en la elección federal y, aunque históricamente las boletas para las elecciones locales se imprimen con proveedores estatales seleccionados por los OPLES del INE, en esta ocasión los directivos de los organismos electorales locales han denunciado una serie de presiones y peticiones desde el centro para que también le asignen sus impresiones a los citados TGM.

Y es que detrás de la impresión de millones de papeletas electorales hay un multimillonario y jugoso negocio que se reparten, en cada proceso electoral, entre la instancia pública que es TGM y los impresores en los estados. La dirección general de los Talleres Gráficos la ocupa actualmente Maribel Aguilera Chairez, la diputada federal con licencia de Morena que, sin tener ninguna experiencia en el sector de la impresión de papelería de alta seguridad, como la que requieren las boletas electorales, y mucho menos en la administración de empresas, fue designada en esa posición gracias a sus conexiones políticas, más que por su experiencia en el ramo.

De hecho, Aguilera Chairez comenzó su carrera política al amparo del PRI y de la mano de quien fuera su primer esposo Javier Mier Mier, quien fuera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango. Desde ahí, Maribel comenzó a tejer relaciones de amistad, de política y hasta de negocios con funcionarios electorales de otros estados de la República, con los que mantiene contacto, y a los que incluso ha utilizado para intentar convencer a los presidentes de OPLES en los estados de que, en vez de mandar a hacer su impresión de boletas con proveedores locales, se las encarguen a TGM.

Con Javier Mier tuvo un hijo y su relación terminó tan mal que ella lo terminó denunciando por presuntas irregularidades y violencia incluso con protestas en la explanada del Instituto Nacional Electoral hasta donde llevó sus acusaciones la duranguense. Tras esa turbulenta relación, Maribel Aguilera conoció a Antonio Meza, cuando este aún era el titular de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) en este gobierno y quien la impulsó para que llegara a ser diputada por Morena en la pasada legislatura y luego se reeligió para la actual, aunque pidió licencia para aceptar la dirección de TGM.

Meza Estrada, exsecretario particular del presidente  Ernesto Zedillo y titular de la Conaliteg en el sexenio zedillista, había salido del cargo en aquel gobierno en medio de escándalos de corrupción en la asignación de los contratos para la impresión de los libros de texto. Y paradójicamente en el actual gobierno de López Obrador, apoyado por su amigo Esteban Moctezuma, Toño Meza volvió a ocupar el cargo de director de la misma Comisión de libros de texto, donde otra vez terminó metido en escándalos de corrupción cuando se revelara en un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción que había dado 463 millones de pesos en 13 contratos públicos por adjudicación directa a las empresas Litografía Magno Graf S. A. de C. V. y a Grupo Bio Pappel, cuyos accionistas formaron con Meza Estrada la asociación civil Amigos de la Letra Impresa en 2006. Además, se le señaló también por otorgarle contratos millonarios a Juan Sebastián Estrada Hernández, quien se presume es su sobrino y dueño de la imprenta Gráficas Corona JE, S.A. de C.

La suerte de Toño Meza cambió en 2021 cuando Delfina Gómez, al llegar a la SEP, lo despidió de inmediato porque ya las auditorías a Conaliteg lo señalaron por haber provocado daños patrimoniales por más de mil 350 mdp por firmar contratos con los cuales aparentemente benefició a una red de corrupción empresarial-familiar, entre los que se encontraban los contratos millonarios que Meza Estrada le otorgó a Juan Sebastián Estrada Hernández, quien se presume es su sobrino y dueño de la imprenta Gráficas Corona JE, S.A. de C.

Pero para entonces la pareja formada por Meza y la diputada Aguilera, ya había ampliado sus influencias con expriistas y se habían convertido en miembros distinguidos de la 4T, tanto que la diputada se inscribió en 2022 en el proceso interno para competir por la candidatura de Morena a la gubernatura, aun cuando su imagen en Durango no es tan buena. Pero más allá de la relación personal y privada, el matrimonio Meza-Aguilera se volvió también una asociación de negocios y relaciones al amparo del ejercicio público.

Casualmente, las dos empresas a las que la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones en Conaliteg, por haber recibido contratos millonarios por adjudicación directa y en donde se identificó a familiares de Antonio Meza, fueron Gráficas Corona JE S.A de C.V, y One to One Solutions, S.A. de C.V., cuya representante legal es Lucía Azucena Estrada Hernández. Ambas empresas también han sido encargadas de la impresión de boletas electorales; y en muchos de los casos señaladas por incumplimiento en la entrega de papelería electoral por organismos electorales locales como el de Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán, Chiapas, Michoacán y Oaxaca por mencionar sólo algunos.  Incluso a las dos compañías vinculadas a Meza, se les ha señalado en el medio de los impresores de que, para disfrazar sus incapacidades, han recurrido a asociarse con otras empresas como Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V.

De hecho, entre impresores grandes, se asegura que las relaciones que ha tejido Maribel Aguilar Chairez con el apoyo de Antonio Meza Estrada, tienen como objetivo apoderarse de la contratación para la impresión de boletas electorales para posteriormente entregárselas a Gráficas Corona y, en la medida de lo posible, del material electoral para que sea Formas Finas y Materiales, la encargada de buscar a terceros para que realicen las maquilas, ya sea de manera directa, o a través de sus razones sociales alternas.

Es decir, que desde TGM con su flamante directora moviendo sus influencias entre los OPLES locales para que le cedan la impresión de sus boletas al organismo federal, mientras atrás aparece la mano de Toño Meza y de las empresas a las que benefició indebidamente en la Conaliteg, se puede hablar de una “mafia electoral” que está a punto de apropiarse del millonario negocio de la impresión de las boletas electorales. Todo en tiempos de la supuesta honestidad y austeridad de la 4T.

Los dados abren semana con Serpiente Doble. Se vienen días complicados.

Finalmente quedó claro ayer cuál era la intención política real detrás de la reapertura del Caso Colosio ordenada desde Palacio Nacional a la Fiscalía General de la República: no se trataba de vincular a proceso o acusar del delito imprescriptible de tortura a Carlos Salinas de Gortari y a otros dirigentes priistas de aquella época de 1994, cuando ocurrió el magnicidio del excandidato presidencial del PRI, pero sí de beneficiar con criterios legales a Mario Aburto Martínez, para luego poder utilizar al llamado “asesino solitario” y confeso, como una fuente de ataques, declaraciones y señalamientos contra el expresidente y la oposición política justo en el arranque de las campañas presidenciales del próximo año.

Hacia eso apunta el fallo judicial emitido ayer por el Primer Tribunal Colegiado de Toluca con el que declaró inválida la sentencia que condenó a 45 años de prisión al asesino de Colosio Fernández, al tiempo que giró instrucciones para que se le dicte una nueva sentencia por el delito de homicidio, pero ya no bajo los artículos del Código Penal Federal, como indebidamente se hizo hace 29 años, sino con base en el Código Penal de Baja California, estado donde Aburto Martínez cometió ese homicidio y bajo el que debió ser juzgado por tratarse de un delito del fuero estatal, y donde coincidentemente la pena máxima por ese delito es de 30 años.

De ese modo, Mario Aburto quedaría libre justo el próximo 23 de marzo de 2024, cuando se cumplen 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y exactamente en el mes en que arrancarán oficialmente las campañas de los candidatos a la Presidencia de la República, del Congreso de la Unión, de 9 entidades federativas que renuevan gubernaturas y de los miles de cargos de diputados de Congresos locales y presidencias municipales para un total de 19,634 cargos de elección por los que votarán los mexicanos. No es para nada difícil apostar a que, una vez libre, Mario Aburto Martínez comenzará a hablar y a que sus dichos tendrán un impacto político y mediático en las campañas electorales que en ese momento estarán en marcha.

Tal vez por eso el presidente López Obrador se adelantó hace un par de semanas para aclarar, desde su conferencia mañanera, que su gobierno no estaba buscando citar a comparecer a Carlos Salinas de Gortari con la reapertura del Caso Colosio, y hasta se refirió extrañamente al expresidente como “el licenciado Salinas”, a quien por primera vez en muchos años no criticó ni se refirió a él con apodos o sobrenombres despectivos. Porque el inquilino de Palacio sabía que venía un fallo a modo del Poder Judicial Federal, ese que tanto ataca y cuestiona y descalifica cuando falla en contra de su gobierno.

Porque al final el fallo dictado por mayoría en el citado Tribunal Colegiado de Toluca, a propuesta del secretario en funciones, magistrado Luis Alberto Castro Velázquez, no dice que Aburto no haya sido el asesino de Colosio, sino que la sentencia en su contra fue “excesiva”. Es decir, que le encontraron una muy buena salida jurídica al homicida de Lomas Taurinas, porque si bien el homicidio que cometió aquel 23 de marzo de 1994 fue calificado con agravantes (premeditación, alevosía y ventaja), no fue un delito federal, dado que la víctima, en el momento del crimen no era funcionario federal (tampoco estatal o municipal) y por tanto a su asesino se le debió procesar conforme al Código Penal del estado donde cometió el asesinato y no de acuerdo al Código Penal federal, en el que en ese momento las penas por el delito de homicidio eran mayores.

Así que no parece para nada una casualidad que Mario Aburto podría quedar libre justo el mismo mes de marzo de 2024 en que estarán iniciando las campañas políticas y electorales, de tal modo que ya en libertad, y con el perfil de mitómano compulsivo que ya había mostrado en las investigaciones originales del caso Colosio, Aburto se convertirá en una fuente de estridentes y ruidosas declaraciones que, ya sean verdades a medias o mentiras completas, será utilizadas como armas de campañas negativas en contra de la oposición política a Morena y a sus candidatos y, particularmente, en contra del “licenciado Salinas”, al que claramente ubican en Palacio Nacional como uno de los promotores del Frente Amplio opositor a la 4T.

Lo que está buscando, pues, López Obrador y ayer prácticamente lo logró, es tener elementos para defenderse y defender a la candidata presidencial y demás candidatos de su partido, cuando arrecien los golpes y ataques por las campañas del 2024. Y en la medida que los problemas sociales como salud, seguridad, economía y demás promesas incumplidas en su gobierno se vuelvan temas de ataque y cuestionamiento para su movimiento, tener a Mario Aburto como uno más de los francotiradores al servicio de la llamada 4T y para mantener a raya a los que él mismo ha denominado antes “los verdaderos jefes de la mafia electoral”.

Maquiavelismo puro y uso de las instituciones públicas, incluidas las del Poder Judicial, para sus fines políticos, es lo que hace rato viene haciendo el Presidente de la República que, tal y como él mismo lo adelantó desde hace varios meses en un encuentro con gobernadores de su partido en Palacio Nacional, está dispuesto a “hacer lo que se tenga que hacer” con tal de lograr la continuidad de su movimiento político en el poder. Para López Obrador la que viene no es una batalla política más de las muchas que ha librado en su trayectoria política: es la guerra y para la guerra está cuidando todos sus frentes y a sus principales enemigos.

NOTAS INDISCRETAS…

Mientras siguen pasando los días sin que el Partido Morena y su Comisión de Honestidad y Justicia dé señales de querer atender y responder a su queja sobre irregularidades y violaciones en el pasado proceso interno del que surgió Claudia Sheinbaum como la futura aspirante presidencial, Marcelo Ebrard sigue subiendo el tono de su discurso y, además de operar políticamente con sus diputados afines en San Lázaro que insisten en pedir cambios al Presupuesto federal 2024, ayer el fallido aspirante morenista se aventó dos declaraciones fuertes y que claramente llevan dedicatoria específica: la primera fue que si las irregularidades en el proceso interno morenista hubieran sido en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, también estaría protestando, “con nosotros estuviera, no lo puede decir, pero él piensa como nosotros pensamos”, sostuvo Ebrard y aprovechó para recordarle a su aún partido que tiene sólo octubre para resolver su queja y espera que se reponga el proceso, ya que “no verán a Marcelo Ebrard participar en ninguna otra cosa que no sea por la candidatura a la Presidencia de la República”. Y la segunda declaración, que también mandó dedicada, fue a todos los que lo han tachado de “traidor” en el partido gobernante: “Hoy sabemos que tenían los resultados de la encuesta hasta antes del conteo, ya los tenían”, declaró el excanciller durante un evento en Tlalpan y llamó traicioneros a quienes “guardaron silencio y traicionaron los principios” de Morena. La única pregunta para Ebrard sigue siendo ¿y si ya sabe todo eso, qué sigue esperando para renunciar a un partido que lo engañó y donde ni siquiera se dignan a responderle?…La reciente gira del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por países del Lejano Oriente tal vez consiga algunas inversiones de los llamados “Tigres Asiáticos” para su estado. Eso está aún por verse, pero lo que sí ya consiguió el mandatario sonorense es dar pena ajena con lo que hizo en su reciente visita a Taiwán. Resulta que, durante una reunión con empresarios, Durazo cerró el encuentro anunciando que tenía un regalo para los taiwaneses con los que quería quedar bien y les entregó a varios de ellos una réplica de un grabado titulado “Danzante del Venado” que plasma al icónico bailarín de los Pueblos Yaquis, cuya imagen y danza son la imagen del estado de Sonora. Hasta ahí todo iba bien; a los empresarios orientales les fascinó el cuadro que les regalaba el visitante mexicano, pero a la que no le gustó ese gesto fue a la artista plástica sonorense Edith Blanco, quien fue la autora del grabado que regaló el gobernador morenista, pero ella nunca autorizó su reproducción, ni firmó su obra ni la consultaron sobre regalarla en Taiwán. Desde Hermosillo, la joven artista, a quien entrevistamos ayer para el Noticiero “A la Una con Salvador García Soto” del Heraldo Radio, denunció el presunto plagio en el que estarían incurriendo el gobernador Alfonso Durazo y algunas funcionarias de su administración, como la directora de Comunicación Social, Paulina Ocaña: Y es que Edith Blanco afirma que la señora Karla Encinas, madre de la vocera de Durazo, la engañó al pedirle que creara el grabado mencionado, supuestamente para ayudar a su hija, pero al final, cuando ella le entregó su creación artística, la mujer se la entregó al gobierno estatal sin siquiera permitirle estampar su firma, y luego, por las noticias e imágenes de la gira del gobernador, se enteró que su obra había sido utilizada como regalo para los empresarios taiwaneses, sin su firma, sin su autorización y sin que siquiera le pagaran por su trabajo artístico. Veremos qué dice sobre esta denuncia Durazo y su gobierno, pues si ya es vergonzoso y delicado que lo acusen de plagio, más penoso aún que ande regalando el trabajo ajeno y abusando de los artistas sonorenses… Si como tanto repiten los de la 4T y el presidente López Obrador “en Morena todo lo decide el pueblo”, el senador morenista por Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, parece que está dispuesto a poner a prueba la veracidad y congruencia de ese discurso en su partido. Y es que a pesar de ser uno de los mejores posicionados en las encuestas para la gubernatura chiapaneca, al senador lo dejaron fuera de la lista de aspirantes votada y aprobada por el Consejo Estatal de Morena el pasado fin de semana. Lo curioso es que, a diferencia de lo que declaró en el caso de Puebla y Morelos, el dirigente de Morena, Mario Delgado, quien dijo que la lista aprobada de los consejeros estatales no era la definitiva y que el CEN morenista iba a incluir a otros aspirantes que tuvieran buen posicionamiento en las encuestas; en Chiapas, Mario no ha dicho lo mismo y por eso Ramírez Aguilar, a quien le apodan sus seguidores “El Jaguar Negro”, se apresta a realizar un acto masivo mañana domingo en Chiapas para mostrar que no sólo está posicionado en las encuestas sino que tiene toda una estructura formada por alcaldes, diputados locales, líderes sociales y dirigentes comunitarios chiapanecos que lo han acompañado en toda su carrera y que ya en el 2018 le habían dado todo su apoyo, aun cuando las negociaciones de el PVEM con Morena, para postular al nefasto gobernador Rutilio Escandón, lo terminaron dejando fuera. Entonces Eduardo Ramírez renunció al PVEM, aunque mantuvo lazos y relaciones con Manuel Velasco y se fue a Morena, pero ahora en Morena pareciera que lo quieren volver a marginar por un acuerdo político entre la cúpula verde y Claudia Sheinbaum para postular por género a la senadora Sasil León. Veremos si a Chiapas y a Ramírez Aguilar le dan el mismo tratamiento que a Morelos y a Puebla, donde la dirigencia nacional abogó por incluir en la lista de aspirantes al senador Alejandro Armenta y a la también senadora Lucy Meza, ambos marginados por presiones y grillas de los consejeros estatales. Porque si no hay inclusión, dicen en el equipo cercano del senador chiapaneco, podría venir la incertidumbre y para un estado como Chiapas, sumido en la violencia del narcotráfico, además de las reyertas políticas y los históricos conflictos comunitarios, las cosas se podrían poner complicadas. Veremos qué dice el senador Ramírez en su evento del domingo y si las otras fuerzas políticas que ya han empezado a buscarlo para ofrecerle ser su candidato al gobierno chiapaneco, no terminan convenciéndolo. Veremos qué deciden en Morena y si escuchan el rugido del jaguar…Se baten los dados. Escalera Doble. La semana fue intensa.

Pocos presidentes en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lograron volverse tan visibles y mediáticos, incluso con dimensión política, como la ministra Norma Piña, primera mujer en ocupar la presidencia del Poder Judicial de la Federación. Su antecesor en el cargo, Arturo Zaldívar, llegó a ser también un presidente visible y desarrolló una faceta mediática y hasta de impacto en sectores juveniles del país, pero a él le llevó cuatro años y muchas controversias llegar a convertirse además de un jurista respetado, en una figura política por su cercanía e identificación con el presidente López Obrador y su 4T.

En cambio a la ministra Piña le bastó un evento con el presidente López Obrador, en el aniversario 106 de la Constitución el pasado 5 de febrero, en el Teatro de la República de Querétaro, para pasar de ser vista como una “ministra adversa a la 4T”, como la habían tachado en Palacio Nacional, a convertirse en la primera mujer que, reivindicando el equilibrio de Poderes y la autonomía del Poder Judicial, que se atrevió a no levantarse del presidium cuando anunciaron la presencia del Presidente, como un gesto de dignidad y autonomía, tras el desaire que le había hecho Andrés Manuel al llegar al recinto teatral, cuando no la saludó, la pasó de largo y la dejó atrás junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda.

Y si con eso ya Norma Piña había hecho historia, con un gesto nunca visto en la historia del presidencialismo mexicano, en su discurso como presidenta del Poder Judicial, exigió “respeto a la independencia y libertad de los jueces para ejercer sus cargos y brindar justicia a la población mexicana”. La ministra llamó al reconocimiento y respeto entre los Poderes de la Unión y dijo que ella defendería siempre el trabajo de los juzgadores, porque ella misma fue juez y nunca aceptó consignas de ningún tipo en su trabajo.

El momento fue claramente incómodo para el Presidente, a quien Piña le dirigía la mirada mientras hablaba y, en su turno como el orador principal, López Obrador garantizó que habría respeto al Poder Judicial y que el suyo era un gobierno democrático y a favor de los equilibrios y las libertades. Las portadas y notas de ocho columnas de los diarios, los comentarios y análisis en la radio y la televisión, además de los #hashtags y tendencias en las redes sociales, al día siguiente consignaron sí la presencia y el discurso presidencial en el evento de la Constitución, pero le dieron más peso y relevancia al gesto inédito y valiente que había tenido la ministra Presidenta de la Corte frente al titular del poder Ejecutivo.

A partir de ahí, la ministra Piña se volvió no sólo muy conocida en el mundo político y mediático, sino que generó en muchos mexicanos, ávidos de oposición en este país, ante la pequeñez de los partidos opositores, que vieran en la presidenta del Poder Judicial una figura de contrapeso y equilibrio del desbordado poder que ha adquirido López Obrador. “Mis respetos para la señora ministra”, “Una mujer se atrevió a ponerle un alto a López Obrador”, “Una ministra progresista e incómoda”, “Norma Piña es una presidenta valiente” o de plano “Norma Piña para presidenta”, fueron comentarios, titulares y hasta parte del análisis político, que comenzaron a ver en la ministra presidenta una mujer que había llegado para romper el nexo entre el Palacio Nacional y el Palacio de Justicia, por lo que generaba muchas expectativas y esperanzas de que se podía contener al Presidente en sus excesos y caprichos.

Pero de eso hace ya casi 8 meses y la actuación de la ministra Norma Piña, si bien comenzó exigiendo y reivindicando la autonomía e independencia de los jueces con fallos adversos al gobierno federal en temas que tocaban directamente al Presidente, sus reformas constitucionales o sus reformas a leyes reglamentarias que pretendían modificar la Constitución y hasta la persecución y acusaciones a sus adversarios políticos. Los reveses tan fuertes que le empezó a propinar el Poder Judicial, desde los juzgados y tribunales de circuito, hasta los Colegiados, el pleno de la Corte, el Consejo de la Jurídica y hasta los magistrados del Tribunal Electoral, calaron en el ánimo presidencial y el discurso de odio y cuestionamientos a los ministros y a los juzgadores, acusándoles de “corruptos”, “vendidos”, “defensores de intereses económicos”, “jefes del Bloque Conservador”, se convirtió en una constante.

A la ministra Piña, la fama y las múltiples expectativas que depositaron en ella un sector de la ciudadanía, de los partidos de oposición, de los empresarios y hasta de los políticos y ciudadanos acusados por el gobierno lopezobradorista y perseguidos y encarcelados por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, no le sentó tan bien y empezó a tener gestos y excesos que parecían soberbia en su actuación pública y privada.

Los mensajes de reclamo y cuestionamiento que le mandó vía WhatsApp al senador Alejandro Armenta, quien la acusó públicamente de “amenazas e intimidación a un representante de otro Poder de la Federación” y amenazó con demandarla judicialmente si no se disculpaba por haberlo increpado y atacado en su teléfono personal, la mostraron en otra de sus facetas, pues al haber enviado esos mensajes, la ministra tuvo que reconocer públicamente que su acción fue un exceso de su parte y tácitamente se disculpó con el Senador.

Luego vinieron sus viajes, primero a Marruecos, a recibir un premio de “Derechos Humanos por garantizar el acceso a la justicia e igualdad de condiciones para las mujeres juzgadoras”, que le otorgó la Décimo Sexta Bienal de Mujeres Juezas, que reúne a ministras, magistradas y juzgadoras de todo el mundo, el 15 de mayo pasado. Y dos meses después, en agosto de este año, viajó a Colombia y a Chile para dar discursos en eventos de juzgadores de Latinoamérica. Y justo esta semana, la ministra Piña viaja a Madrid, España, para participar en otro evento de jueces.

Pero justo ese viaje ocurre hoy, cuando en la Cámara de Diputados la mayoría de Morena se apresta a quitarle recursos por 15 mil millones de pesos a los 14 Fideicomisos del Poder Judicial, entre ellos el que administra los Fondos de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores del Poder Judicial, y otros más. La bancada morenista se apresta este miércoles a aprobar el dictamen de una iniciativa que reforma y adiciona varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera del Poder Judicial, y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que regula el Apartado “B” de la Constitución en materia laboral, para reducir esos 15 mil millones de pesos de los 21 mil millones que hasta ahora tenían esos fideicomisos judiciales.

Ningún comentario o reclamo hizo la ministra antes de irse a España por la disminución de esos recursos que afectarán a los mandos medios y personal operativo del Poder Judicial, desde juzgadores hasta trabajadores judiciales, que podrían ver impagadas sus pensiones y jubilaciones por insuficiencia de recursos. De por sí a la ministra Piña no le salió tan bien el acto público en el que, antes de que empezara la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados, y cuando no se conocía aún el paquete presupuestal que presentaría Hacienda, reunió a todo el Poder Judicial de la Federación en pleno, con los 11 ministros de la Suprema Corte, los 7 consejeros de la Judicatura Federal y los 7 magistrados del Tribunal Electoral, para exigir que no le disminuyeran recursos al trabajo de los jueces, porque eso sería atentar contra la administración de justicia para los mexicanos.

El que se haya adelantado a los tiempos de la discusión presupuestal molestó mucho en la bancada de Morena y por supuesto en Palacio Nacional, que endurecieron aún más los recortes y disminución presupuestal, tocando incluso los Fideicomisos Judiciales y el dinero de los fondos de pensiones, para un recorte total de 26 mil millones de pesos al Presupuesto solicitado por el Poder Judicial, 14 mil millones en el retiro de recursos fiduciarios y 12 mil al gasto corriente y los gastos de los ministros y juzgadores federales.

Sí a todo eso se añade que ayer la Fiscalía General de la República anunció que iniciará un procedimiento en contra del ex juez federal Gerardo Genaro Alarcón López y de los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, del Primer Tribunal Colegiado de apelación en Materia Penal en Materia Penal, por haberle negado una orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna, por un ingreso no justificado de hasta 43 millones de pesos que acumuló el exsecretario de Seguridad Federal del gobierno de Felipe Calderón entre 2000 y 2012.

“Después de haber obtenido de un juez de control una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito en contra de Genaro ‘G’, por habérsele descubierto un ingreso injustificado, inicialmente de más de 43 millones de pesos durante su gestión como servidor público en el periodo de 2000 a 2012, y sin que los mismos consten en sus declaraciones fiscales y patrimoniales, lo cual está confirmado por diligencias periciales contables. Ahora, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito resolvió que se niega el mandamiento judicial obtenido”, explicó en una tarjeta informativa la Fiscalía, que anunció que denunciará el trabajo de los juzgadores federales que “violentaron los principios de legalidad y debido proceso”.

Y no hubo nadie del Poder Judicial, empezando por la ministra Presidenta, que saliera a defender el fallo de los jueces y su independencia y honestidad. Y mientras eso pasaba, Norma Piña se iba del país a dar discursos en favor del “respeto a la autonomía de los juzgadores”. Sin duda, unas fueron las expectativas que despertó en muchos mexicanos la ministra Piña, y otra la realidad que ha mostrado en su actuación pública, incluso en algunos temas privados en sus rutinas vespertinas diarias, la mujer que hoy preside el Poder Judicial de la Federación.

Los dados mandan Serpiente Doble. Caída libre.