En contra del discurso presidencial, insensible y falaz, que no se cansa de repetir que éstas han sido hasta ahora “las elecciones más pacíficas, tranquilas y limpias”, el actual proceso electoral pasará a la historia como el más violento del que se tenga memoria en la historia de la democracia mexicana. Nunca como en estas campañas que concluyeron ayer habían asesinado, atacado y amedrentado hasta hacerlos desistir de sus aspiraciones a tantos candidatos y aspirantes a los cargos públicos en México. Y para documentar el extraviado e infundado optimismo del Presidente, ayer mismo, en pleno cierre de campaña, mataron a tiros al candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez, en el violento Guerrero, José Alfredo Cabrera Barrientos.

La ejecución del abanderado de la alianza opositora del PRI-PAN-PRD, que además fue transmitida en vivo y en directo a todo el mundo durante una transmisión en línea que se realizaba ayer por la tarde desde el mitin en el centro de Coyuca, confirmó la violencia descarnada del crimen organizado, mezclado con actores políticos locales, que ya manchó con sangre estas elecciones. La forma en que le disparan en la cabeza al candidato aliancista, mientras él va sonriendo y saludando a la gente que acudió a su cierra de campaña, recordó por momentos la ejecución en Lomas Taurinas del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, aquel 23 de marzo del aciago 1994.

Sólo que entonces, hace justamente 30 años, la violencia política que golpeó y azoró a los mexicanos se concentró en aquel magnicidio que, por lo inédito para las generaciones de entonces, impactó y sacudió a la apenas naciente democracia mexicana. Pero hoy, 30 años después, el asesinato cruel y a mansalva de 23 candidatos, según las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad federal, y 35 se acuerdo a las cifras que documenta el Laboratorio Electoral, ya no parecen asustar a los mexicanos, que a fuerza de ver y vivir tanta violencia en los últimos 18 años, con un incremento notable en este sexenio, ya se acostumbraron a ver caer por las balas a hombres y mujeres que, por aspirar a ocupar un cargo público, encontraron la muerte a manos de criminales impunes que ni siquiera son investigados y mucho menos detenidos.

Por eso preocupa e indigna que, en la ceguera delirante que acusa en el ocaso de su sexenio, el presidente López Obrador insista en que “no es tan grave la violencia política” y afirme -como siempre sin pruebas ni datos que lo sustenten- que hay menos asesinatos políticos y de candidatos en estas elecciones, comparadas con las del pasado reciente. Justo ayer la Consultora Integralia, que dirige el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, documentaba en total 749 víctimas de violencia política, que incluyen 231 asesinatos vinculados a las elecciones, lo que representa un aumento del 150% de las cifras de asesinatos políticos en las pasadas elecciones federales y estatales del 202. ¿De dónde saca entonces el Presidente sus afirmaciones de que hay menos violencia en estos comicios?

A estas alturas, lo reconozca o no el inquilino de Palacio y próximo habitante de “La Chingada”, una de sus herencias negras a los mexicanos será el incremento de la violencia del narcotráfico, como resultado inequívoco de su fallida y sospechosa política de seguridad que, al calor de sus “abrazos, no balazos”, terminó disparando los homicidios violentos en México como nunca antes en la historia reciente del país, superando con creces las cifras de la cruenta guerra al narco de su odiado Felipe Calderón y de su protegido Enrique Peña Nieto.

Y si ya la violencia se había desbordado y descontrolado en la mayor parte del país en estos seis años, en los que que el Presidente defendía y anteponía los “derechos humanos” de los narcos y criminales, por encima de los de sus víctimas, que la impunidad que él le otorgó al crimen organizado terminara manchando y tiñendo de sangre y miedo las elecciones democráticas, fue sólo una consecuencia inevitable.

Lo único que nos queda a los mexicanos es esperar, apelar y participar para que la jornada de votación de este próximo 2 de junio sí pueda ser pacífica, tranquila y limpia, lo que ya no fueron las campañas. Porque al final, con sus balas como lápiz y la sangre de los candidatos como tinta, el narco ya votó y decidió, usurpando el derecho de nosotros los ciudadanos, quién sí y quién no podía ser candidato a un cargo público. A los que se les rebelaron los bajaron a balazos y a los que prefirieron su vida a un cargo de elección, se bajaron solitos. Por ellos, víctimas políticas de la violencia y por todos los civiles inocentes que han muerto entre los más de 185 mil homicidios violentos en este sexenio, hay que salir a votar este próximo domingo, al menos por los candidatos y candidatas a los que no mataron los narcos.

NOTAS INDISCRETAS…

Con guerra de encuestas y de llenos en los mítines, sobre todo entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, concluyeron ayer las tortuosas y polarizadas campañas presidenciales. La morenista en el Zócalo cantando victoria anticipada, mientras la aliancista presumiendo un lleno total en la Arena Monterrey, en tanto que el candidato naranja, Jorge Álvarez Máynez, cerró con los jóvenes en un concierto con bandas de rock en el foro Blackberry de la Ciudad de México. Ahora, tras la confrontación permanente que sostuvieron en su proselitismo, las candidatas y el candidato se concentrarán en sus cuarteles de campaña a revisar sus estrategias de “promoción del voto” el día de las votaciones, también llamada la “movilización de las estructuras”, lo que coloquialmente se conoce como el “acarreo de votantes” a las urnas, algo que en la todavía inmadura democracia mexicana sigue siendo una práctica tan común como ominosa, porque parte de la ignorancia y, sobre todo de la necesidad de los votantes más pobres que, a cambio de un desayuno, de un pago o hasta de las promesas de futuros apoyos, se dejan acarrear y manipular dócilmente por el mejor postor. Así que, en medio de escenarios, proyecciones y hasta la soberbia que destilan en algunos partidos, sólo queda esperar a que en estos tres días de veda electoral, en los que se abre el llamado “periodo de reflexión del voto” al que apela la ley electoral, los mexicanos en edad de votar y empadronados, se decidan a salir masivamente a expresar su voto y con ello su opinión y sus deseos sobre la conducción del país en el futuro inmediato, y a pugnar porque lo podamos hacer libremente, con paz y seguridad, en medio de toda la violencia electoral que ya empañó y marcó a este proceso electoral como el más violento de la historia. El voto también es un arma contra la violencia, la impunidad y la corrupción que debe ser castigada…Los dados mandan la tercera Serpiente Doble de la semana. Descenso obligado.

Una de las cosas que prometió desde su campaña y que repitió ya como presidente Andrés Manuel López Obrador fue un ambicioso e inédito plan para descentralizar a las dependencias de la Administración Pública Federal, a las cuales, dijo, sacaría de la Ciudad de México para mandarlas a distintos estados y ciudades de la República, como una forma no sólo de disminuir el centralismo histórico y nocivo en el país, sino también para fomentar el crecimiento económico y la diversificación de empleos en varias regiones de México.

“¿Qué se quiere con la descentralización y con otras acciones? Que todo el territorio nacional pueda crecer parejo. No es justo ni recomendable que toda la inversión pública y privada se concentre sólo en algunas regiones del país, y si se quiere que haya inversión en todo el país, por eso la descentralización del gobierno”, dijo López Obrador el 9 de julio de 2018, cuando aún era presidente electo.

La idea no era mala y en su momento le sirvió incluso para ganar votos, porque les dijo a muchos mexicanos del interior de la República, que crecieron repudiando el viejo centralismo de la era priista, que por primera vez un Presidente apostaría por llevar a las regiones y entidades federativas las distintas dependencias federales que, según su vocación, llevarían todos sus empleos, sus actividades y sus recursos económicos, a ciudades en las que hacía falta trabajo y el dinamismo económico que representa el gasto público de varias de esas dependencias.

Pero el plan real con el que se echó a andar esa descentralización fue, como casi todas las acciones de este gobierno, improvisado, sin estudios técnicos, de factibilidad y sin la planeación presupuestal, administrativa y hasta laboral que requería un movimiento de ese tamaño para la administración federal y sus funcionarios y trabajadores. En ciudades como Chetumal, Acapulco y Ciudad Obregón se esperaba con ansías la llegada de la Secretaría de Turismo en la capital quintanarroense, la Secretaría de Salud en el caso del necesitado puerto de Guerrero y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el agroindustrial y abandonado Cajeme del Sur de Sonora.

Pero todo fue demagogia y discurso de campaña; ante la ausencia de una planeación real que tomara en cuenta cosas tan básicas como el posible traslado de cientos de miles de burócratas federales y sus familias que viven en la Ciudad de México y a las que pretendían obligar a mudarse a otras regiones del país, el plan obradorista naufragó en el desorden, la simulación y el incumplimiento. Apenas algunas oficinas de la Secretaría de Educación se abrieron en Puebla, algún local fue rentado por Turismo en Chetumal para simular que estaban trabajando, igual que Pemex hizo como que mandaba algunas oficinas menores a Ciudad del Carmen en Campeche.

En cinco años, desde el 2018 al 2023 el programa más ambicioso de descentralización que haya intentado gobierno alguno en México apenas si logró trasladar algunas áreas menores del gabinete federal no como parte de un plan real, estudiado y gradual, sino más bien como la simulación en que cayeron varios titulares de las secretarías para hacer como que cumplían con el compromiso presidencial, cuando en los hechos, ni siquiera ellos, los secretarios y directores de paraestatales, intentaron ni se vieron nunca despachando fuera de la cómoda y centralizada Ciudad de México.

La Secretaría del Medio Ambiente, que fue prácticamente inexistente en este gobierno –además de ser cómplice del ecocidio en la selva maya— apenas si mandó a algunas personas a aparentar que se estaban moviendo a Mérida; igual que hizo la Secretaría de Cultura, que abrió un local en Tlaxcala para decir que estaba avanzando, aunque sus titulares no salían de la capital del país.

Y así llegó el último año de gobierno y ante la terca realidad que, como en muchos otros temas le golpeó la cara al Presidente, a López Obrador no le quedó más que reconocer, el pasado 11 de enero, que “ya no se pudo” concretar su promesa de llevar a las dependencias federales a ciudades y estados donde contribuyeran con su derrama económica y de empleo al crecimiento de esas regiones. Pero como en todo lo que incumplió en su mandato, el tabasqueño encontró el pretexto perfecto en la pandemia de Covid-19 que, él mismo lo confesó públicamente, le vino “como anillo al dedo”.

“Una de las cosas que tenemos pendiente es lo de la descentralización. Nos afectó bastante la pandemia, como en otros casos, y ya no se pudo”, declaró el Presidente a principios de este año, reconociendo, a su modo, otro de los fracasos y promesas incumplidas que dejará su sexenio.

Lo que sorprende no es que haya fallado un plan de descentralización al que nunca se le vio pies ni cabeza, ni se realizó con seriedad y mucho menos con voluntad política y presupuestal real; lo más paradójico y negativo es que el gobierno que ofreció descentralizar la vida pública y administrativa, terminó convirtiéndose en el más centralista y antifederalista.

No sólo porque el Presidente volvió a concentrar muchas funciones y poder que les fue quitando a los estados, como en su programa del IMSS-Bienestar, que le dio al traste a los avances de los Sistemas de Salud de los estados, sino porque eliminó el Seguro Popular, que repartía recursos a las entidades los fideicomisos de apoyo a los estados y municipios en materia de seguridad, para concentrarlo todo en el Ejército y su inservible Guardia Nacional, sino porque además pocos presidentes trataron con tanto desdén y prepotencia a los gobernadores estatales, a los que siempre vio como sus empleados y lacayos, en el caso de los 22 mandatarios morenistas, a los que obliga a venir con un chasquido de dedos cada que se le antoja al Palacio Nacional para tratar incluso temas partidistas, mientras que a los de la oposición se dedicó a cortejarlos y cooptarlos políticamente con embajadas y consulados, a cambio de que traicionaran a sus partidos y le cedieran el poder a su nuevo partido de Estado.

Con Andrés Manuel López Obrador la República se volvió mucho más centralista, porque todo lo decidía el Presidente desde su Palacio, como en las épocas del viejo PRI, y a los estados los sometió y los subordinó a sus caprichos, premiando a los gobernadores que se le hincaban y castigando presupuestalmente a los mandatarios estatales que se atrevieron a intentar rebelársele al Centro invocando el federalismo, como ocurrió con todos los que impulsaron la fallida Alianza Federalista, que les costó a varios de ellos hasta persecución y cárcel. En eso también retrocedimos en este sexenio.

NOTAS INIDSCRETAS…

En medio del contexto de violencia electoral que ha afectado a estas campañas, donde las cifras de la Secretaría de Seguridad federal ya reconocieron 22 asesinatos vinculados a las actuales elecciones, entre candidatos, aspirantes y dirigentes partidistas, mientras que las cifras de organizaciones civiles contabilizan hasta 38 homicidios violentos ligados a las candidaturas de todos los partidos, en el Estado de México las campañas han transcurrido sin mayores contratiempos. Las Mesas Políticas para el Proceso Electoral que encabeza la gobernadora morenista Delfina Gómez, donde participan dirigentes de todos los partidos, han servido para coordinar desde el inicio del proceso electoral acciones plurales e interinstitucionales para prevenir la violencia en los comicios mexiquenses. Esta semana se llevó a cabo la tercera sesión de esas Mesas Políticas y se revisaron los operativos y acciones para construir un entorno de paz y fortalecer la participación política en un ambiente democrático y de seguridad. En esos operativos, el Secretario de Seguridad estatal, Andrés Andrade Téllez, ha mantenido comunicación permanente con todos los partidos políticos, para atender sus peticiones e inquietudes, brindando medidas de protección de manera inmediata a quienes las han solicitado, mismas que se otorgan de manera coordinada con Guardia Nacional y las policías municipales. Hasta la fecha han sido atendidos 32 casos de violencia política y en todos los casos el diálogo ha sido la premisa para garantizar que las y los mexiquenses acudan a las urnas a ejercer su derecho al voto…Y hablando de candidatos, Enrique Inzunza Cazares, abanderado de Morena a senador por Sinaloa, acaba de ser citado a comparecer a una audiencia en un juzgado por las denuncias de acoso y abuso sexual que formuló en su contra la jueza Ana Karina. De acuerdo con la carpeta de investigación No. CLN/AEDSEX/003107/2018 la audiencia para el morenista está programada para el próximo 25 de junio a las 10 horas en la sala D en el Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la región centro de Sinaloa, ubicado en Aguaruto, Culiacán. El juez que llevará la audiencia es Carlos Alberto Herrera. Veremos cómo le va al candidato acosador y si, en una de esas, no hay un fallo judicial que lo sentencie por acoso sexual, con lo cual perdería el derecho a convertirse en Senador; claro si es que gana la elección del domingo. ¿Será que un acosador sí podrá ser Senador?…El exsubdelegado de Bienestar del gobierno de Tamaulipas en Reynosa, Luis Miguel Iglesias, nos hizo llegar la siguiente carta sobre lo publicado ayer en esta columna y a continuación la reproducimos textual atendiendo a su derecho de réplica. “Por medio de la presente me dirijo a usted y a los directivos de tan prestigioso medio de comunicación, para aclarar lo dicho en su columna del 28 de Mayo del 2024 con el encabezado: “Morenista puso a empresarios para extorsión en Reynosa” donde se maneja mi nombre. En su columna, asegura que yo invité a empresarios a una reunión bajo la premisa de que recibirían apoyos y dónde finalmente fueron amenazados por hombres armados. Niego categóricamente la versión que maneja en su columna y le pido derecho de réplica pues, como comprenderá, es un tema delicado donde no tuve participación alguna. Mi desempeño profesional y personal siempre ha estado apegado a la ley por lo que la versión que usted maneja, mancha mi nombre, me pone en riesgo y también a mi familia. ATTE: Luis Miguel Iglesias Elizondo”. Hasta ahí la carta. Sólo precisar que los señalamientos que se publican en este espacio no son afirmaciones ni sentencias del columnista y en este caso, como en la mayoría, se atribuyen a fuentes directas que afirmaron lo que desmiente el señor Iglesias. Asistentes a la reunión referida por la señora Juliana Aldret González, hubo varios asistentes que señalaron el nombre mencionado como uno de los convocantes a la referida reunión…Ruedan los dados. Acecha la Serpiente.

En la extorsión y amenazas que sufrieron 17 empresarios de maquiladoras en Reynosa, el pasado 16 de mayo, cuando los citaron en un hotel para supuestamente ofrecerles apoyos y estímulos para sus empresas, el enlace para que asistieran a esa reunión, donde hombres armados y del crimen organizado les exigieron el pago de 6 millones de pesos y cobro de piso a sus empresas, fue Luis Miguel Iglesias Elizondo un funcionario del gobierno de Tamaulipas, que se desempeñó como subdelegado regional del Bienestar en Reynosa, y que ahora se ostenta como “coordinador regional” de la campaña de la candidata Claudia Sheinbaum en esa ciudad fronteriza.

De acuerdo con el testimonio de la empresaria Juliana Aldret González, presidenta de la Unión de Comedores Industriales de Reynosa, Tamaulipas, que agrupa a empresas que prestan servicios de comedor en varias empresas trasnacionales que tienen maquilas en Reynosa, Matamoros, Ramos Arizpe y Querétaro, quien le llamó para invitarla a ella y a otros 17 empresarios a una reunión en el restaurante “La Estrella” de Reynosa, ese 16 de mayo, fue “una persona del gobierno” y aunque ella se negó a revelar la identidad del convocante a ese encuentro por miedo a sufrir represalias, otros de los asistentes al encuentro afirman que quién le hizo la invitación para que asistieran los empresarios fue Luis Miguel Iglesias Elizondo.

“Me dijo que iba a ser una reunión muy productiva para nosotros, que estaba muy contento por nosotros, que nos iban a dar bastantes apoyos y se la compramos”, narró la empresaria en una entrevista radiofónica el pasado viernes con Azucena Uresti. “El 16 de mayo nos llevaron con engaños al restaurante La Estrella, comentándonos que nos iban a dar apoyos. Acudimos 17 empresarios que tienen comedores industriales en Reynosa, Ramos Arizpe, Matamoros, Querétaro. De pronto llegaron al lugar hombres armados, nos quitaron teléfonos, bolsas y nos dijeron que teníamos que darles, para empezar, 6 millones de pesos y a partir del lunes 20 de mayo teníamos que pagarles una cuota de 5 pesos por cada platillo que sirviéramos en sus comedores de las maquilas”, narró la empresaria que ha pedido apoyo de los gobiernos federal y estatal porque teme por su vida y la de sus colegas empresarios.

Los sujetos armados, que se presentaron como “el licenciado Raúl Salinas”, Hugo Ramírez y Ricardo Ramírez, les dijeron a los 17 empresarios que si no pagaban lo que se les pedía irían por cada uno de ellos y en particular a la presidenta de la Unión de Comedores Industriales le dijeron que si no pagaban la iban a descuartizar.

“A mí en lo particular me amenazó con que me iban a descuartizar, que mis hijas lo iban a ver porque iba a salir en los periódicos. Yo estoy pidiendo ayuda porque mi vida corre peligro y nadie nos ha ofrecido ayuda y en ninguno de los medios de Tamaulipas me quisieron publicar nada”, denunció Juliana Aldret.

Tras tenerlos secuestrados por varias horas, Raúl Salinas, quien llevaba la batuta de la reunión les sugirió a los empresarios que para que no les afectara el pago de los 5 pesos por comida servida y los 6 millones ellos tenían que subirles el precio a las empresas maquiladoras, varias de ellas de origen estadunidense y les ofrecieron que si las empresas se negaban a pagarles el aumento, ellos irían contra los gerentes de las maquiladoras para que les pagaran ese sobreprecio.

Luis Miguel Iglesias Elizondo, quien habría engañado a los empresarios para que asistieran a la reunión donde los iban a extorsionar, se desempeñó como subdelegado Regional del Bienestar en el gobierno de Tamaulipas. Fue aspirante a la alcaldía de Reynosa, aunque perdió la candidatura con el actual alcalde Carlos Peña. En el proceso interno de Morena se presentaba como “coordinador regional de la 4T” y desde abril de este año se ostenta como el “coordinador regional” de la campaña de Claudia Sheinbaum.

Raúl Salinas, a quien los empresarios amenazados se refieren como “el licenciado”, estuvo en prisión por delitos de narcotráfico. La prensa local lo identifica como “L3” y fue policía estatal. En la reunión donde extorsionó y amenazó a los empresarios les dijo que si tenían dudas de su mando y del poderío que tenían en Reynosa, podrían comunicarse con M36 y con un comandante Neme.

Los 17 empresarios que fueron extorsionados tienen convenios con empresas maquiladoras trasnacionales que les otorgan a sus trabajadores la prestación de las comidas que se sirven en comedores dentro de las empresas. Varias de esas empresas provienen de los Estados Unidos, donde la extorsión es considerado un delito grave y se castiga hasta con 9 años de cárcel por la Ley Hubb y por la Magnitsky Act y la Kingping Designation Act, por lo que la denuncia que están haciendo los empresarios tamaulipecos podría tener repercusiones en las leyes estadunidenses, que por cierto establecen que se perseguirá y castigara la extorsión a empresas de su país en cualquier parte del mundo.

NOTAS INDISCRETAS… Vapuleada por la oposición y recibida con reservas en Morena, a la expriista Alejandra del Moral no le fue muy bien con el anuncio de su renuncia al tricolor y su adhesión a la campaña de Claudia Sheinbaum, justo cinco días antes de las elecciones de este domingo. Y es que mientras sus compañeros priistas no la bajaron de “traidora”, a pesar de que ella esgrimió marginación y falta de comunicación con la dirigencia nacional del PRI que encabeza Alejandro Moreno, en Morena no todos celebraron la adhesión de la que fuera candidata del PRI-PAN-PRD al gobierno mexiquense. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, salió a aclarar que Del Moral no se suma a Morena ni sería parte de su gabinete, mientras que muchos otros morenistas, que antes criticaron a Alejandra y la asociaron con la corrupción del PRI, ayer tuvieron que callarse y tragar muchos sapos. En la vapuleada y alicaída clase política mexiquense la renuncia de Ale del Moral fue un fuerte descontón cuando todavía no se recuperaban de las traiciones que le atribuyen al exgobernador Alfredo del Mazo, y ahora con la decisión de su excandidata, a muchos ya no les queda duda que Del Mazo entregó el estado a cambio de impunidad… En las investigaciones del atentado que denunció Alessandra Rojo de la Vega, candidata de la alianza opositora, hay varias situaciones que han llamado la atención de los investigadores de las fiscalías tanto de la CDMX como del Estado de México. La primera, nos dicen, es el cambio de vehículo que justo ese día hizo la candidata, quien usualmente se movía en una camioneta Cherokee Blanca último modelo, pero ese día cambió a un vehículo obscuro que no es de su propiedad, sino de su padre. La segunda, es que el tirador que se ve en el video de las cámaras del C5 llegó caminando, cuando ella dijo en su declaración oficial que el agresor había llegado en moto o en auto. Y tercera, que antes y después del atentado el vehículo estuvo siempre estacionado, e incluso después de recibir los disparos permanece sin moverse por varios segundos. Pero lo que más ha intrigado a quienes llevan la investigación son las llamadas realizadas antes y después del atentado, donde aparece un mismo número telefónico que pertenece a un policía de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. En la sábana de llamadas de este policía del

Estado de México (de nombre Fabián Gómez), aparece también el número del policía de la Cuauhtémoc que ubican como “cercano a la exalcaldesa Sandra Cuevas”, pero también, y esto es lo más relevante, en el seguimiento al número del policía de Atizapán aparecen llamadas que realizó en varias ocasiones, durante dos semanas anteriores al atentado, el número personal de la candidata Rojo de la Vega. Poco a poco las fiscalías del estado de México y de la CDMX van armando el cuadro de relaciones vinculantes entre todos estos números, mediante el programa de “redes neuronales”. Veremos si al final se sabe qué fue lo que pasó realmente con este atentado o, incluso, si se trató de un atentado real, como dice una de las líneas de investigación que siguen las dos Fiscalías involucradas en el caso… Se baten los dados. Repite la Serpiente.

En el último mes de las campañas, la injerencia abierta y cínica de López Obrador en los comicios presidenciales y federales no sólo ha sido con sus declaraciones y arengas en favor de la candidata de Morena desde las mañaneras; el activismo del presidente no se limita a sus intervenciones verbales, que son violatorias de la ley electoral, y en las últimas semanas el mandatario ha realizado varias giras por estados de la República en los que visita ciudades y municipios adonde él llega tres o cuatro días antes de que Claudia Sheinbaum visite esos mismos lugares para hacer campaña.

Hay registros de que en varios estados como Sinaloa, Sonora, Veracruz y el más reciente Morelos, la presencia del presidente en esas entidades y sus capitales siempre antecede a los actos proselitistas de Sheinbaum que suele llegar unos días después de que el mandatario estuvo visitando el lugar. En varias ocasiones el presidente no tiene eventos públicos en esas visitas y solamente se reúne en la Zona Militar de los estados a veces con los gobernadores de Morena y en ocasiones solo con los jefes militares en esos lugares.

Por ejemplo en Morelos, donde el presidente estuvo el pasado 21 de mayo, hay videos donde se ve a su comitiva, con Suburbans blindadas ingresar a las instalaciones de 24 Zona Militar en Cuernavaca, donde sostuvo reuniones privadas de las que no se informaron detalles. Cuatro días después, el pasado sábado 25 de mayo llegó a la Plaza de Armas de la capital morelense, la candidata Sheinbaum para encabezar su acto de cierre de campaña junto a la candidata de Morena a la gubernatura estatal, Margarita González.

¿Es casualidad que coincidan, con diferencia de días y siempre el presidente por delante, las giras de López Obrador con los lugares a los que irá a hacer proselitismo la abanderada presidencial de Morena? Todo indica que no. Es más que sabido que la intervención presidencial en estas campañas no se limita a sus ilegales comentarios en las mañaneras donde ha dicho que “ganará la continuidad”, que “el pueblo va a votar por que continúe la transformación” o de plano que “la doctora Sheinbaum va a ganar”.

Entre Palacio Nacional y la candidata Sheinbaum hay una comunicación constante y, según confirman fuentes del Palacio, “hay coordinación sobre las estrategias de campaña” que se siguen en el cuartel de la abanderada de la 4T. Las visitas de la candidata al presidente o sus conferencias constantes son parte del papel que juega López Obrador como el virtual “jefe de campaña” de Claudia, aun cuando todo se maneje con sigilo para evitar que la oposición tenga materia para impugnar violaciones graves a las leyes electorales por parte del mandatario.

Pero, si ya de suyo es grave e ilegal la injerencia presidencial en estos comicios, lo que resulta aún más delicado es que parte de esa intervención indebida que está teniendo el presidente en el actual proceso electoral se realice desde los cuarteles militares, en donde suele reunirse López Obrador para revisar los asuntos de las campañas morenistas con gobernadores y otras autoridades estatales. Con agendas oficiales como “supervisión del IMSS-Bienestar” o “revisión de obras carreteras” o de cualquier otro tipo, el mandatario nacional utiliza las instalaciones militares como si fueran oficinas políticas para repasar cómo va su candidata presidencial y las candidaturas al Congreso en los estados.

El sábado pasado, por ejemplo, López Obrador llegó a Culiacán con el pretexto de que supervisaría los avances del IMSS-Bienestar, pero se reunió en privado con el gobernador Rubén Rocha Moya en las instalaciones de la Base Aérea Militar cercana al aeropuerto culiacanense. Sin dar mayor información a los medios, hasta el lugar se vio llegar el gobernador morenista para tratar, oficialmente, los temas de avances de hospitales y asuntos médicos en la instalación militar.

Es decir que, además de hacer las veces de “avanzada” de la candidata oficialista en esta campaña, el presidente  utiliza e involucra en actos que podrían ser constitutivos de delitos electorales, a los militares y utiliza instalaciones castrenses para coordinar asuntos de campaña, algo que no sólo le prohíbe terminantemente la ley a él, como gobernante –por cierto por una ley que él mismo exigió e impulsó cuando era opositor–, sino que también los militares tienen estrictamente prohibido incurrir en actos proselitistas o de carácter político.

¿En algún momento las abiertas violaciones a la ley electoral que ha realizado el presidente durante todo este proceso electoral podrían tener consecuencias, ante un INE que se volvió mucho más pasivo y tolerante con la intervención ilegal del presidente o simplemente quedará para la historia la terrible incongruencia e ilegalidad con la que se ha conducido Andrés Manuel López Obrador como presidente, cuando fue él el líder de la oposición que más denunció y se quejaba de que los mandatarios del PRI y del PAN metieran las manos en los procesos electorales? Porque, sin dudar que sí lo hacían los presidentes anteriores, en estas elecciones López Obrador no sólo fue avanzada y jefe de campaña de Sheinbaum, sino que metió no sólo las manos a las elecciones, sino el cuerpo entero y el aparato del Estado para favorecer a su candidata.

NOTAS INDISCRETAS… Justo ayer que su equipo perdía la final del futbol mexicano, el expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez reapareció públicamente a través de un video que subió a redes sociales en el que habló de las acusaciones en su contra que le han valido una nueva orden de aprehensión por parte de un juez federal. El exdirectivo cruzazulino acusó la existencia de un “esquema jurídico-político” para perjudicarlo y dividir a la empresa cementera hidalguense que, dijo, genera empleos para 20 mil familias. Y es que Billy Álvarez fue uno de los personajes que aparecieron en las investigaciones y denuncias en contra del expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien presionaba a jueces y magistrados, según la investigación abierta por el Consejo de la Judicatura Federal, para que fallaran a favor de ciertos personajes con los que se hacían arreglos económicos a cambio de favorecerlos en los juicios. Apenas en marzo pasado a Guillermo Álvarez le habían invalidado, desde un Tribunal federal, la orden de aprehensión en su contra por delitos delincuencia organizada y lavado de dinero por más de 107 millones de pesos, a través de empresas factureras. Y ahora que las cosas para Billy parecen haber cambiado, luego de los supuestos apoyos que recibía de personajes como Carlos Alpízar y el exconsejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer, y que le reactivaron esa orden de aprehensión, él decidió salir a apoyar y alentar al equipo de Cruz Azul que, justo anoche, perdía la final ante el América sin haber hecho mucho para evitarlo. ¿Será un mal augurio para Billy y sus cuentas pendientes con la justicia?… Serpiente doble mandaron los dados. La semana de las votaciones se viene intensa y complicada.

Uno de los temas que más ha evadido definir con claridad la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, es cuál será su política con respecto al Ejército y la Secretaría de Marina y su desbordada presencia en las actividades del gobierno civil. Ante la insistencia del cuestionamiento, la abanderada de la 4T ha dicho solamente que mantendrá a los militares dentro de las labores de seguridad, pero que “otras tareas” asignadas al Ejército serían “analizadas”. Es claro que Sheinbaum no puede desmarcarse claramente de la militarización en el gobierno federal, por ser una de las prioridades del presidente López Obrador, pero también parece claro que habrá matices en la utilización de los militares dentro de la vida civil.

Para Xóchitl Gálvez, en contraste, la idea de “regresar al Ejército a sus cuarteles” ha estado clara desde que fue precandidata de la alianza opositora del PRI-PAN-PRD, y no sólo apareció en su plataforma de campaña, sino que la ratificó en varios discursos sobre el tema de seguridad y cuando presentó su estrategia para combatir la inseguridad y la violencia del narcotráfico también definió claramente que “las funciones del Ejército serán las constitucionales”. La abanderada de la oposición lo dice con todas sus letras y para que lo oigan los generales que hoy están tan alineados con la 4T: “Al Ejército le toca la seguridad nacional. Hoy, buena parte del territorio nacional está en manos de la delincuencia. Nosotros queremos que el Ejército deje de estar pavimentando carreteras, haciendo trenes, cuidando aduanas”.

Y es que ante el cada vez más cercano cambio de gobierno en México, hablar del actual papel del Ejército y de la Marina y de cómo, por órdenes del Presidente, han ido copando y ocupando tareas civiles en el gobierno, además de administrar recursos multimillonarios del presupuesto público y manejar a discreción las licitaciones de servicios y obras públicas, algo que indudablemente les ha dado a los militares un poder que hace casi 100 años que no tenían en este país: el de llevar a cabo labores de gobierno y sustituir a los civiles en campos que la ley y la Constitución establecen como de estricto carácter civil.

Muchos mexicanos se preguntan si los militares y marinos van a soltar tan fácilmente todo el poder administrativo y económico que les ha otorgado López Obrador como una forma de comprar no su lealtad, que ya tenía por tradición, sino el respaldo de la milicia a su movimiento político y a la obsesión de continuidad que tiene el líder de la 4T. Y la mayoría responden esa pregunta con un rotundo “No”.

Por eso es importante saber con claridad cómo actuarán las candidatas y el candidato presidencial ante el hecho de que las cúpulas militares de este país ya están metidas con medio cuerpo en la administración pública federal y que durante seis años el Presidente repitió como mantra que “tenía que recurrir a las Fuerzas Armadas por que ellos sí son honestos y eficientes para hacer casi de todo”, con lo que a muchos mexicanos y seguro también a los generales y almirantes que hoy dirigen la Defensa y la Armada de México, se les quedó la idea de que “los militares son mejores para realizar muchas tareas”, algo que parece darle supremacía a la capacidad militar sobre el gobierno civil.

Entre los miembros del gabinete de seguridad federal, ese que sesiona todos los días a las 6 de la mañana en Palacio Nacional, se escucha que el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, le dice a quien lo quiera escuchar que “las fuerzas armadas, todas, deben quedar bajo un mismo mando”. Claro que el general se refiere al mando de la Defensa Nacional, a la que tendría que someterse también la Marina Armada de México, y esto lo dice en el contexto de la sucesión presidencial, como si se tratara de una propuesta o un objetivo que le planteará a quién llegue a la Presidencia.

Alguien tendría que recordarle al general la importancia que tiene mantener separadas las fuerzas armadas, como ocurre en todas las democracias del mundo. Porque si de por sí la Secretaría de la Defensa Nacional ha acumulado muchas funciones que no le corresponden constitucionalmente, entregarle el mando único de las Fuerzas Armadas nacionales sería acumular más poder para el Ejército. En una democracia nadie debe tener tanto poder.

Por eso decimos que en el próximo gobierno, gane quien gane las elecciones del 2 de junio, se tiene que hablar del Ejército y de cómo desmantelar todo el aparato militar y naval que se ha montado encima del gobierno civil y de sus funciones constitucionales.

NOTAS INDISCRETAS…

A ver quién le entiende a los morelenses. Porque con el pésimo gobierno de Cuauhtémoc Blanco, cualquiera esperaría que los electores estuvieran rechazando a los partidos que arroparon al gobernador saliente y que hubiera un voto de castigo fuerte contra el mal gobierno del exfutbolista. Y aunque lo del voto de castigo aún no puede descartarse porque sólo se verá el domingo 2 de junio, las encuestas en Morelos, en la recta final de las campañas, le dan a Margarita González Saravia, la candidata por Morena, PT y PVEM una ventaja que ronda entre los 18 y los 12 puntos, sobre su más cercana contrincante que es Lucía Meza, candidata de la alianza PRI-PAN-PRD. Los últimos sondeos de Consulta Mitofsky, de Roy Campos, le dan a González Sarabia una preferencia bruta de 44.8 por ciento, contra 32.2 de Meza; y el De las Heras Demotecnia, de Rodrigo Galván de las Heras, registra una preferencia de 55 por ciento contra 33 por ciento. En el papel y en el momento la derrota se ve irremontable para Lucy Meza, pero los números reales los tendremos en 2 de junio…Después de las primeras versiones que apuntaban a un nombre y una empresa de un tal Alexander Bremen, como encargada del montaje del escenario que se derrumbó en el cierre de campaña de Jorge Álvarez Máynez, y que provocó la muerte de 9 personas y más de 100 heridos, ayer se confirmó que el nombre real de la empresa contratada por MC para ese evento masivo es Proaudio, con sede en Tampico y en Monterrey, que es propiedad de Víctor Gutiérrez y que el enlace para la contratación fue la candidata emecista a alcalde de Monterrey, Lorenia Canavati. Lo que falta ahora es que la Fiscalía de Justicia de Nuevo León avance en sus investigaciones y deslinde las responsabilidades penales que conlleva la muerte de 9 personas en un evento público autorizado por las autoridades municipales y, por ley, supervisado y validado por las áreas de Protección Civil del estado y del municipio. Porque mientras 9 familias lloran su pérdida y el gobernador Samuel García se apresuró a sacar la chequera para intentar comprar el dolor de los deudos, el deslindadero y las autoexculpaciones están a la orden del día entre las autoridades neoleonesas y de San Pedro Garza. El primero en tratar de zafarse de cualquier sospecha fue el gobernador García que, apenas ocurrida la tragedia, negaba que hubiera habido una alerta del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. La alerta de “tormenta, con ráfagas de viento de entre 50 y 70 kilómetros” fue emitida y publicada al menos en tres ocasiones en el sitio on linedel Meteorológico desde temprano la tarde del miércoles, desmintiendo claramente al gobernador que dijo que fue “inesperada” la fuerte lluvia y los vientos que derribaron el escenario y provocaron la tragedia. Luego salió el director de Protección Civil del Estado, Erick Cavazos, a decir también que no recibieron ninguna alerta de la tormenta con fuertes ráfagas de viento, y al unísono el alcalde independiente de San Pedro Garza, Miguel Treviño, se desmarcó de las posibles responsabilidades penales y dijo que “nunca recibimos las alertas de Protección Civil del Estado. Un empresario que tiene una empresa de organización y logística de eventos, cuya identidad se reserva, dice en un audio que nos envió que las alertas se activaron, que los reportes existieron pero que Protección Civil debió suspender el evento ante el pronóstico de lluvia fuerte, y se pregunta quién dio la orden de que, a pesar de las malas condiciones, el evento continuara. Aquí les transcribo textual la opinión de este empresario del ramo: “Yo tengo un escenario ‘gran support’ no se lo presumo, se lo cuento, yo organizo ferias y aparte mi escenario lo rento para eventos musicales y si me piden algún evento político, lo llevo. A nosotros, Protección Civil, a la sola presunción de llovizna, no de lluvia, de llovizna, no de tormenta eléctrica ni de vientos, Protección Civil me avisa horas antes de que no debo prender los juegos mecánicos y bajar la lona y quitar el gran soporte, el techo, para que me entienda, del escenario. ¿Quién no hizo caso? ¿Por qué se decidió seguir el evento? ¿Quién tomó la decisión de seguir el evento? Estoy seguro que Protección Civil les avisó, es más ni siquiera los de Protección Civil te dan el VoBo. de arrancar, en eventos privados de conciertos y expoferias, ni si quiera te deja arrancar ese día. Aquí había un aviso horas antes. Se lo repito con conocimiento de causa: ¿quién ordenó seguir el evento? ¿El coordinador de Lorenia (Canavati), el coordinador de la agenda del candidato Máynez?, ¿el timing político de ‘a huevo, cierre de campaña’? el no perder el dinero que se le dio al grupo musical, porque el grupo musical si suspendes, ellos como quiera cobran. ¿Quién ordenó que a pesar de que ya había empezado a llover siguiera el evento? No, señores, aquí la responsabilidad y esta tragedia tiene un color”, dice el empresario en su opinión compartida por audio. ¿Se referirá al color fosfo-fosfo?…Se cierra una semana difícil. Los dados nos regalan una Escalera Doble. Buen fin de semana para los amables lectores.

Aparecen en todas las encuestas, aún en las que dan ventajas más amplias a la candidata morenista Claudia Sheinbaum. El porcentaje que representan varía según el sondeo que se vea, pero los hay de entre 20% y hasta del 50% del total de los encuestados, lo que significa que aún hay un amplio sector de los votantes, en edad de ejercer en ese derecho y empadronados, que no saben ni definen con claridad a qué partido o candidatura le darán su voto en los próximos comicios presidenciales.

Los votantes indecisos o que responden en una encuesta que aún no saben por quién votarán, ya sea porque efectivamente no lo han decidido o porque no les da la gana revelar el sentido de su voto y prefieren ocultarlo, suelen ser minimizados o ignorados por los equipos y estrategas de las campañas, pero al final el impacto de su voto es real y se manifiesta literalmente hasta el día de los comicios, siendo uno de los factores que pueden incidir y modificar las tendencias previas que mostraban los sondeos.

De acuerdo con especialistas en la medición de opinión pública, hay dos razones por las que un elector potencial suele responder que “no sabe” todavía por quién votará o de plano se niega a responder las preguntas que le realizan los levantadores de encuestas, ya sea en domicilio o vía telefónica. La primera causa suele ser porque, efectivamente, ante el bombardeo de las campañas, las llamadas telefónicas o las encuestas en calle o domicilio, hay personas que no definen todavía por cuál candidata, candidato o partido emitirán su voto, ya que al no tratarse de militantes o simpatizantes convencidos de una candidatura o fuerza política, no encuentran todavía una razón clara y convincente para decidir a qué opción política o personalidad le darán su voto.

Pero, además de los “indecisos” porque no les convence claramente ninguna de las opciones, también hay los votantes que, ya sea por temor a algún tipo de represalia (como la pérdida, amenaza o condicionamiento de ayudas económicas o programas sociales), porque no quieren decir que votarán contra el partido o candidata favoritos o simplemente porque no desean hacer público el voto “libre y secreto” que les otorga la ley, suelen responder a los levantadores de encuestas que aún no saben o no deciden por quién van a votar el día de los comicios.

En el caso de una indecisión real, donde el elector se siente confundido o abrumado por las campañas y su bombardeo de mensajes, lo más común es que sea hasta los últimos días de campaña, previo a la contienda en las urnas, cuando esos votantes definan por qué opción emitirán su voto. Incluso, según los especialistas, hay una buena parte de los indecisos que deciden su voto justo al momento de estar en la soledad de la urna, donde nadie los ve y ahí, dependiendo de su circunstancia, de qué tan bien les ha ido en temas básicos como el empleo, la seguridad, la educación, a calidad de los servicios urbanos que reciben, la atención de algún trámite de gobierno o los precios del transporte o los alimentos, deciden cómo y por quién cruzarán la papeleta o si anularán su voto.

Pero en el caso de los que se dicen “indecisos” pero más bien se trata de “voto oculto”, esos suelen ser los más peligrosos para las candidatas o partidos que ya se sienten ganadores antes de las votaciones y que ven, a partir de su ventaja en las encuestas, el día de la elección como un mero “trámite”. Porque si un votante no revela a una casa encuestadora el sentido de su voto, porque simplemente no quiere hacerlo o por miedo a represalias, en opinión de encuestadores experimentados, casi siempre se tratará de voto opositor o incluso “voto de castigo” contra los partidos gobernantes y sus candidatas y candidatos.

Y esa es la gran duda que hoy se mantiene en los actuales comicios presidenciales en México, a tan sólo 10 días de las votaciones del próximo 2 de junio: ¿qué tanto ese voto de los indecisos puede modificar o alterar las tendencias que marcan la mayoría de las encuestas?

Un primer escenario indica que, por la cifra de personas que dicen aún no haber decidido su voto, las diferencias entre las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez no serán tan pronunciadas como los casi 30 puntos que anticipan varias encuestas; pero si a eso se le suma la posibilidad de que una buena parte de ese “voto indeciso” pueda ser en realidad un “voto antisistémico”  o “voto de castigo” en contra del gobierno y su partido, es muy posible que se repita el escenario que se vivió en el Estado de México en las elecciones locales del 2023, donde la mayoría de encuestas, de las mismas casas encuestadoras que hoy miden la contienda presidencial, pronosticaban hasta 20 puntos de ventaja para la candidata morenista, Delfina Gómez, y al final el resultado de las votaciones quedó en solo 8 puntos de diferencia que le sacó la actual gobernadora a la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral.

Es decir que, con el tamaño de votantes indecisos que aún registran la mayoría de los sondeos y encuestas publicadas y que se publicarán hasta el último día que lo permite la ley, que es el próximo 29 de mayo cuando concluyen oficialmente las campañas, nadie puede dar por sentado cuál será el resultado final de la contienda ni mucho menos aventurarse a anticipar una “amplia ventaja” para ninguna candidata o candidato.

En todo caso, la prudencia y la seriedad política obligan a esperar la decisión final de los electores y, si bien las encuestas en esta elección, aun las de las casas encuestadores consideradas más serias, terminaron siendo cooptadas por un partido y su candidata y fueron utilizadas burdamente como un instrumento de propaganda, con el consentimiento de los dueños de esas encuestadoras, serán al final los electores, como siempre ha sido y seguirá siendo, los que tengan la última palabra y ubiquen a cada quién, candidata, candidato, partido, alianza o encuestadora en su justa y real dimensión. Todo lo demás que usted escuche en estos últimos días es pura propaganda y manipulación.

NOTAS INDISCRETAS…

El tema Sergio Carmona y el uso de dinero ilícito del huachicol fiscal, se le sigue indigestando al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Por más que el líder morenista niegue haber tenido una relación cercana con el empresario asesinado Sergio Carmona, las evidencias de esos vínculos y de los financiamientos ilegales que otorgó el llamado “Rey del Huachicol” a las campañas de al menos 5 gobernadores actuales de Morena, son tan profusas y tan conocidas, que no sólo se pueden apreciar en la influencia que aún ejercen personajes cercanos a los negocios de Carmona en varios gobiernos estatales morenistas, sino que además hay testimonios, mensajes y llamadas que evidencian que sí existió ese financiamiento que salía directo del contrabando ilegal de gasolina y diesel por la frontera de Tamaulipas, a las campañas y a la dirigencia nacional morenista. Por algo, luego de la denuncia pública que hizo la candidata Xóchitl Gálvez en el tercer debate presidencial, donde habló de la vinculación de Mario Delgado con el asesinado Carmona y sus negocios ilícitos, y de la existencia de una investigación en agencias del gobierno de Estados Unidos como el ICE y el FBI, cuando le preguntaron en su conferencia mañanera del pasado lunes, qué opinaba de los señalamientos contra el dirigente nacional de su partido, el Presidente respondió: “Pues eso que lo resuelva él”, dijo López Obrador, que repitió su dicho sobre las calumnias que tiñen, pero no hizo una defensa clara ni abierta del líder morenista. Porque muy diferente ha respondido el Presidente cuando le cuestionan por la escandalosa y burda corrupción de la que acusan a Rocío Nahle en Veracruz o de las ineptitudes de Layda Sansores o de Cuauhtémoc Blanco, a quienes suele defender a capa y espada repitiendo frase hechas como “es una mujer muy honesta y me consta”, algo que nunca dice de Mario Delgado. O sea que el Presidente se está anticipando a que si llega alguna investigación desde Estados Unidos, por las millonarias diferencias que tiene documentadas el gobierno de ese país entre la cantidad de gasolina que ellos mandan y la que ingresa oficialmente por las aduanas mexicanas, es decir sobre el huachicol fiscal, pues él no piensa meter las manos ni por Delgado ni por nadie. Bastante tendría él con defenderse a sí mismo si llega a haber denuncias o investigaciones desde Estados Unidos sobre su presunta protección al narcotráfico…Los dados mandan Escalera Doble. La semana mejora.

En la investigación conjunta que llevan las Fiscalías de Justicia de la CDMX y la del Estado de México, sobre el atentado a balazos en contra de Alessandra Rojo de la Vega, la detención del presunto atacante que disparó contra la camioneta de la candidata aliancista a la alcaldía Cuauhtémoc, ocurrida la semana pasada en la entidad mexiquense, está arrojando luz sobre las motivaciones y el cómo se armó el ataque armado, así como sus posibles autores intelectuales.

Información que nos llega de fuentes directas de la Fiscalía General de Justicia del Edomex, indica que a partir de la captura de Juan David “N” en el municipio de Ecatepec, la Unidad Ministerial de la fiscalía mexiquense ha comenzado a integrar su propia carpeta en la que han hecho algunos descubrimientos importantes que están permitiendo armar el rompecabezas sobre la planeación, la ejecución y los verdaderos móviles detrás del hecho de violencia que sacudió y alarmó las campañas electorales en la capital del país.

A partir de que el propio atacante reveló que quien lo contrató para dispararle al vehículo de la candidata Rojo de la Vega es un sujeto apodado “La Parka”, que se mueve en el barrio de Peralvillo y que se presume tiene vínculos con grupos delincuenciales que operan en la zona de Tepito, las autoridades han empezado a seguir las huellas que dejaron los autores materiales e intelectuales del atentado por el que el joven sicario detenido dijo que le pagaron 60 mil pesos, “por dispararle al vehículo” de la candidata.

Un seguimiento de la sábana de comunicaciones, realizado por los investigadores mexiquenses, permitió identificar las llamadas telefónicas entre Juan David “N” y “La Parka”, en los días previos a que se cometiera el atentado, lo cual comprobaría el dicho del muchacho que realizó los disparos y luego huyó con rumbo a Valle de Aragón. Pero lo más interesante de lo que dicen las fuentes mexiquenses, es que las mismas sábanas de llamadas permitieron ubicar a un tercer sujeto que a su vez habló en varias ocasiones con “La Parka”, y aunque no dicen mucho de la identidad de ese sujeto, que pudo ser el otro autor intelectual, sí nos confirman un dato: se trata de un policía de la Alcaldía Cuauhtémoc que está identificado como uno de los que siempre cuidaban y acompañaban a la alcaldesa con licencia, Sandra Cuevas.

Ese policía, que podría ser clave en la planeación del atentado ya está siendo buscado por las autoridades tanto de la CDMX como de la Fiscalía Mexiquense y se cree que pudo ser él quien encargara el atentado a la “Parka” y que éste a su vez contratara el sicario. Lo interesante es que, según nos dicen las fuentes, todo se habría planeado no con la finalidad de asesinar a la candidata ni de lesionarla, sino que desde un principio el encargo fue que sólo se le disparara a su vehículo en la parte trasera y en un costado, tal y como se aprecia en el video de seguridad difundido desde la semana pasada y captado por las cámaras del C5.

Las imágenes permiten ver cómo la camioneta de Alessandra Rojo llega y se estaciona en la calle, donde permanece cerca de 5 minutos hasta que aparece el presunto agresor que, tranquilamente y como si siguiera un plan, se detiene, observa a los lados, saca su arma y, desde la acera de enfrente, sin buscar nunca acercarse al vehículo, realiza cinco disparos que parecen ir dirigidos al costado trasero de la camioneta, y luego huye del lugar sin que nadie lo persiga o intercepte.

Toda esa forma de actuar ha hecho pensar a los investigadores que llevan el caso, en las dos fiscalías, que el objetivo final del atentado nunca fue asesinar o herir a la candidata ni a sus choferes o escoltas, sino más bien “sacarle un susto” o simular un atentado.

Y ahí es donde el policía que hoy es el eslabón perdido y que buscan localizar ya las autoridades capitalinas y mexiquenses tendría la información que falta para esclarecer estos hechos que cimbraron la contienda capitalina, especialmente la disputa por la alcaldía Cuauhtémoc. Si, como dicen las fuentes de la Fiscalía mexiquense, ese policía está vinculado a Sandra Cuevas, habría que esperar si se confirma, porque eso le daría otro cariz distinto al atentado que sufrió, o que dijo haber sufrido, la candidata Rojo de la Vega.

Hay una versión que se escucha en el equipo de campaña de Alessandra Rojo de la Vega y que dice que la candidata aliancista habría tenido “acercamientos” con Sandra Cuevas, en busca de una alianza entre ambas para enfrentar a Ricardo Monreal y a la candidatura de su hija, Caty Monreal. La versión dice que ante lo cerrado de la contienda y a partir de su rompimiento y enfrentamiento con su antiguo promotor político, el senador Monreal, la alcaldesa con licencia y actual candidata al Senado por MC, habría buscado a Rojo de la Vega y, aunque no había la mejor relación entre ambas y tenían sus choques, le propuso aliarse para evitar el regreso del apellido Monreal a la Cuauhtémoc.

Apenas la semana pasada, en varias entrevistas que concedió en radio, Cuevas habló de su ruptura y pleito con el morenista que la impulsó y la hizo ganar la alcaldía en 2021: “Desde hace tres semanas he estado recibiendo un bombardeo por parte de Ricardo Monreal Ávila, a quien acusó directamente de violencia sicológica. Esto debido a que no quise ayudar en la campaña de su hija Caty Monreal. Yo voy a seguir trabajando, sigo firme, nunca me doblé ante Morena, nunca lo hice, no le tengo miedo a Ricardo Monreal, se lo dije a él directamente y no le tengo miedo a morirme”, afirmó Cuevas, quien dijo que prepara una conferencia de prensa para hablar de su relación con Monreal y que dará a conocer en los próximos días. “El tema con Ricardo Monreal es delicado y es porque no quise ayudarle con su hija”, insistió.

¿Será que entonces peleada con Monreal y, acusando amenazas en contra suya por no ayudar a la campaña de su hija, Sandra Cuevas buscó a Alessandra Rojo y ofreció apoyarla en su campaña?

Veremos qué dicen las investigaciones y si llega a aparecer el policía que custodiaba a la exalcaldesa de Cuauhtémoc que hoy es la clave para saber que hubo detrás del atentado contra Alessandra Rojo y si se trató de un ataque real contra la candidata aliancista o más bien de un ataque montado con fines políticos y electorales.

NOTAS INDISCRETAS… Un dato que ilustra cuál es la situación real de México y la violencia que está asfixiando a regiones enteras del país, ocurrió este domingo 19 de mayo. Justo cuando las candidatas y el candidato se confrontaban en el tercer debate presidencial, donde uno de los temas centrales era justamente “la inseguridad y la violencia del narcotráfico”, para que los tres explicaran qué proponen para detener el baño de sangre que vive México desde hace ya 18 años y que se ha agravado y aumentado en este sexenio, las cifras oficiales de asesinatos dolosos en la República estaban marcando, en esa misma noche mientras se hablaba de “propuestas” que ese domingo se convertiría en el día más violento de lo que llevamos en este 2024 al contabilizarse 104 asesinatos violentos en todo el país. Decía un amigo que a veces las paradojas de la vida se convierten en “parajodas” y, aunque parezca anecdótico o curioso, el dato ilustra la gravedad del problema de violencia que hoy tenemos y que se niegan a reconocer en el gobierno de López Obrador y, peor aún, en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Justo cuando le preguntaron a la candidata morenista cuáles eran sus propuestas para frenar la violencia que padecen los mexicanos y que no distingue entre civiles inocentes, mujeres, niños, estudiantes, trabajadores, empresarios, profesionistas, indígenas, productores del campo, periodistas, defensores de derechos humanos y ambientalistas, la doctora sacó gráficas con cifras manipuladas para decir que este gobierno “ha disminuido notablemente los delitos de alto impacto” como el secuestro y otros que mencionó con cifras oficiales, pero alteradas. Y luego dijo que ella seguiría con la misma estrategia (la cuestionada “abrazos, no balazos”) del presidente y que seguiría “atendiendo las causas”. Y mientras las candidatas y el candidato hablaban, la cuenta de muertos por homicidio doloso seguía subiendo hasta llegar a convertir este domingo pasado en el día más violento del presente año… Y hablando del último debate, si a muchos les reafirmó la percepción de que Movimiento Ciudadano y sus candidatos están jugando en buena parte a ser comparsas de Morena, por los ataques constantes de Máynez a Xóchitl y su trato más cuidadoso y comedido hacia Sheinbaum, pues parece que los que sostienen esa percepción no están del todo errados. Y es que ayer, en un debate realizado por el Institutito Electoral de la CDMX, se confrontaron los tres candidatos a la alcaldía de Alvaro Obregón: por Morena, Javier López Casarín; por la alianza PRI-PAN-PRD, Lía Limón; y por MC, Esther Mejía Bolaños. Ya antes de que se realizara ese debate, estuvo a punto de suspenderse, porque la candidata emecista había anunciado que no se presentaría y es que en la víspera hubo rumores de que dejaría su candidatura para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum y a Morena. Pero con todo y los rumores, el debate sí se realizó ayer a las 5 de la tarde y, para despejar cualquier duda, la abanderada de MC “Teté” Mejía, aprovechó justo el foro del debate para anunciar ahí que “declinaba su candidatura para apoyar a Morena, al proyecto de Sheinbaum, de Clara Brugada y de mi amigo Javier López”. Todos los que estaban en el estudio desde donde se transmitía el debate y seguro los que lo seguían por internet, se quedaron estupefactos con el “fuera máscaras” de la candidata emecista que no tuvo ni el recato de esperar a que concluyera el evento oficial y anunciar ella por su cuenta su declinación a los medios. Así que al final Lía Limón se enfrentó sola contra dos morenistas. ¿Será que así está también Xóchitl contra la candidata de Morena y contra su esbirro?… Los dados mandan Serpiente. Caída libre.

Con la realización del tercero y último de los debates presidenciales concluyó anoche la fase más álgida de las campañas presidenciales. A partir de hoy comienza la cuenta regresiva de los últimos 10 días que le quedan a las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República para tratar de influir y convencer a los electores de que sus propuestas, proyecto, sus partidos y hasta su personalidad, perfil y experiencia, son los adecuados para dirigir el destino del país para los próximos tres años.

En esta recta final de la contienda presidencial que hoy inicia, vendrán los movimientos y definiciones quizás más relevantes que tomen los equipos de campaña porque, si bien a estas alturas muchos de los votantes, sobre todo los que tienen afinidad partidista, ya están decididos y saben por quién sufragarán en los inminentes comicios, también en estos últimos días es cuando los indecisos, que hoy aún representan entre el 15 y el 20% de los encuestados en la mayoría de los sondeos, suelen decantarse y decidir su voto, lo que puede modificar los números y las “grandes ventajas” que algunas candidatas presumen, al grado de creer que “sólo falta el trámite del 2 de junio”.

Nada más lejano de la realidad. Hoy, no hay ninguna candidata o candidato que pueda declararse ganador, y quien lo haga no sólo peca de soberbia, sino que miente y manipula para desalentar la participación ciudadana. Lo único hay en este momento, a 10 días de que cierren las campañas y 12 días de que acudamos a las urnas, son tendencias, números de encuestas que reflejan momentos específicos de la disputa electoral, mucho dinero pagado a encuestadoras para que ayuden a generar la burda percepción de que “este arroz ya se coció” y ya no hay nada que hacer, independientemente de lo que quieran los votantes, porque ya hay una candidata que “arrasa en todas las encuestas”.

Del tercero de los debates presidenciales no hay mucho que rescatar: se repitieron básicamente las mismas acusaciones cruzadas entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, con un Álvarez Máynez que ahora dejó de lado las propuestas para lanzar ataques mayoritariamente a Xóchitl, pero también algunos duros y fuertes contra Sheinbaum. La retórica de los tres aspirantes volvió a ser la misma: que si el PRIAN es el culpable de todos los males, incluidos los que se han generado o agravado en este sexenio, según Claudia; que si Morena y su dirigente, Mario Delgado, están metidos en el huachicol fiscal y son investigados en Estados Unidos, además de ser la amenaza autoritaria, de acuerdo con Xóchitl; que si MC es la única opción frente a la corrupción del pasado prianista y los errores y excesos de Morena, además de que sí escucha a los jóvenes y piensa en los niños, según Máynez.

Menos agresivas que en los dos debates anteriores, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez volvieron a chocar no sólo en sus dos visiones de país, sino en el pleito eterno de si eran más corruptos los gobiernos del PRI y el PAN en el pasado, o si la corrupción de Rocío Nahle, de los hijos del presidente y de un fósil del pasado que tanto critican, como lo es Manuel Bartlett, descalifica a Morena y a la 4T.

La candidata de la alianza opositora llegó con el empuje de las movilizaciones multitudinarias que se vieron ayer en la Ciudad de México y en todas las ciudades de la República con la llamada “Marea Rosa” que ayer se decantó ya como un movimiento político y ciudadano en favor de Xóchitl y de las candidaturas aliancistas. Así lo presumió con fotografías de la masiva concentración en el Zócalo hablando de un “despertar” ciudadano que parece ser la última apuesta para la coalición del PRI-PAN- PRD que saben muy bien que sólo con una participación muy alta del electorado, por arriba del 65% del padrón total, tendrían posibilidades de acortar y hasta posiblemente revertir la ventaja que dan a Morena las encuestas.

Mientras tanto Claudia Sheinbaum llegó también al tercer debate con la idea de reafirmar su confianza de que ganará la Presidencia y de que al final, como dijera el clásico “haiga sido como haiga sido”, su estrategia de administrar su ventaja en las encuestas le funcionó en estos casi 3 meses de campaña, porque logrará cerrar, igual que arrancó su proselitismo, en la condición de puntera y favorita de los sondeos. Por eso en este debate, aunque evitó engancharse y responderle a varios ataques a su contrincante del segundo lugar, la candidata morenista tampoco dejó pasar señalamientos, pero prefirió centrarse en sus propuestas, mostrando en su imagen y en su ensayada oratoria, gesticulación y movimientos de manos, el enorme entrenamiento, cambios y asesoría que recibió en sus casi dos años de campaña.

En el caso de Máynez, su estrategia tampoco varió en este tercer debate y siguió siendo la de contrastarse de las dos candidatas con sus propuestas y mensajes, aunque en su golpeteo constante contra Xóchitl y sólo algunas menciones ocasionales y golpes mucho más cuidados contra Claudia, el candidato emecista reafirmó la percepción de que a él y a su jefe político, que no es Dante Delgado sino Samuel García, lo único que les importa es restarle votos a la candidata aliancista, para aumentar la votación naranja, aunque eso al final signifique que en sentido estricto están jugando a favor de Morena y de su continuidad en el poder.

Podría decirse que, si bien crecieron en audiencia y mejoraron en sus formatos y ejercicio, los tres debates organizados por el INE, que fueron de menos a más en su organización, producción y realización, quedarán ahí como el ejercicio de contraste, de confrontación y de propuestas que se proponen ser, pero al final, más allá de haber producido algunos momentos tensos y entretenidos, sobre todo en el segundo debate, no dejarán mucho que recordar para la historia y tampoco lograron ser decisivos o modificar sustancialmente las intenciones de voto de los electores.

Así que ahora no resta más que esperar esta semana los cierres de campaña ya anunciados y perfilados por las tres candidaturas, respetar los tres días de veda y de silencio que establece la ley electoral a partir del miércoles 29 de junio, previo a la jornada de votación, y sobre todo apelar a que los ciudadanos salgan a votar masiva, libre y conscientemente, el próximo 2 de junio, pero sobre todo que lo puedan hacer en paz y con seguridad para expresar lo que a su juicio convenga para el país en los próximos 6 años.

Y de las candidatas y el candidato, pero más que de ellos de sus partidos y dirigentes, y marcada y encarecidamente del presidente López Obrador, queda esperar que haya prudencia, madurez y altura de miras para que respeten la ley y que no utilicen esta decena final en vísperas de los comicios para seguir atizando odios, ni para enrarecer con palabras y discursos violentos e ilegales, lo que aspiramos sea una elección legal, transparente y con total certidumbre, aún cuando ya las campañas se mancharon de sangre por la violencia y asesinatos de candidatas y candidatos por todo el territorio nacional.

NOTAS INDISCRETAS… Entre los golpes fuertes que ayer se escucharon en el debate presidencial llamaron la atención algunos que no iban destinados a las candidatas y el candidato, sino a sus colaboradores y ahí varios salieron muy raspados, empezando por Arturo Zaldívar, el exministro de la Corte que fue mencionado en varias ocasiones por Xóchitl Gálvez y hasta por Máynez como un referente de sumisión y subordinación desde el Poder Judicial hacia el presidente. “No sé cómo lo tiene en su equipo”, dijo Xóchitl a Claudia después de recordar las investigaciones del Consejo de la Judicatura en contra de Zaldívar por presionar y acosar a jueces para resolver casos favorables al gobierno federal y a temas de corrupción. Pero otro que salió raspado en los comentarios fue Omar García Harfuch, a quien Xóchitl se refirió burlonamente como “el superpolicía de la señora”, mientras que Máynez de plano se aventó la frase de que “Quien sabe cuál García sea peor si García Luna o García Harfuch”. Y por supuesto como referentes de la corrupción de la 4T resonaron fuerte los nombres de Manuel Bartlett y Rocío Nahle, sin olvidar a los vástagos presidenciales… Por cierto que cuando habló de su política exterior y en un par de ocasiones, Claudia Sheinbaum refirió a Juan Ramón de la Fuente como la estrella de su equipo de campaña, lo mismo para temas de política exterior y de la relación con Estados Unidos que para otros temas. “Ahí tenemos al exrector Juan Ramón de la Fuente” repetía orgullosa la candidata morenista, a quien se le olvidó que también está en su equipo el excanciller Marcelo Ebrard, aunque seguro no se le olvidó, pero no lo considera importante… Y sin duda el que se llevó la noche en cuanto a lo chamuscado que salió del debate, fue el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. La mención directa que le hizo Gálvez de sus nexos con el empresario asesinado Sergio Carmona y su vinculación al huachicol fiscal en el contrabando ilegal de gasolinas y combustibles por las aduanas federales, que le han costado una pérdida y evasión de hasta 700 mil millones de pesos al gobierno federal, no es que sean nuevas para el líder de Morena, pero se las hicieron en cadena nacional y justo en un debate presidencial en el que se afirmó que “Mario Delgado está siendo investigado por agencias de Estados Unidos por haber recibido  dinero sucio para el financiamiento de Morena y de sus candidatos”. De qué tamaño sería el trancazo que anoche el propio Mario Delgado improvisó una conferencia para responder a Xóchitl, aunque lo hizo con más argumentos ideológicos y políticos que con pruebas de su inocencia… Los dados mandan Escalera Doble. Se viene la última semana de campañas.

La difundida cena entre la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y los tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tuvo lugar el pasado 12 de diciembre, justo el día de la celebración guadalupana, y ocurrió en medio de la crisis que enfrentaba el máximo órgano de justicia electoral por la decisión de la mayoría de sus integrantes de solicitar su renuncia al presidente Reyes Rodríguez Mondragón, a quien sus compañeros le habían perdido la confianza.

Hasta la sede de la cena convocada por la ministra Piña, en una residencia del Paseo de la Reforma, llegaron los tres magistrados a la que, les dijeron, sería una “cena de conciliación” para evitar que, en pleno año electoral que ya estaba en marcha, se profundizaran las diferencias que tenían al Tribunal Electoral, ya de por sí menguado porque el Senado fue omiso en nombrar a dos de sus integrantes, en riesgo de entrar en una crisis de gobernabilidad interna ante decisión de la mayoría de promover la remoción del magistrado presidente.

La casa donde se realizó el encuentro en aquel día guadalupano es propiedad del ministro Juan Luis Rodríguez Alcántara, quien a petición de la ministra presidenta accedió a poner su hogar como el lugar del encuentro. La primera sorpresa que se llevaron los tres magistrados, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y Mónica Soto, fue que además de su jefa de oficina y asesora más cercana, Natalia Reyes Heroles, acompañaba también a la ministra Piña el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. A los tres les sorprendió la presencia del líder partidista que nunca les fue comunicada y entre ellos cruzaron miradas cuando los saludó muy sonriente el dirigente priista.

Previo a la plática, la ministra presidenta había estado intercambiando mensajes por WhatsApp con el magistrado Felipe Fuentes, quien lideraba la rebelión de los 3 para destituir al presidente del Tribunal y nombrar, por votación mayoritaria, una nueva presidencia para el Tribunal Electoral . Esos mensajes, que comenzaron siendo comedidos y moderados por parte de la ministra presidenta, que abogaba por la continuidad de la presidencia de Reyes Rodríguez, terminaron en cuestión de días volviéndose enérgicos primero y luego amenazantes sobre las consecuencias que enfrentarían los tres magistrados si persistían en su intención de remover al presidente.

“Tu y tus compañeros tienen cola que les pisen”, llegó a advertir la presidenta del Consejo de la Judicatura al magistrado Fuentes, según las capturas de pantalla que reveló el diario Milenio. Y ya en la cena, cuando sacaron a relucir el tema de la remoción del presidente del Tribunal, la petición de la ministra Piña volvió a ser la misma: que no removieran a Reyes de la presidencia, algo que también apoyaba públicamente en ese momento el bloque opositor del PRI-PAN-PRD, lo que explicaba la sorpresiva presencia de Alito Moreno en la cena.

Entre platos, bebidas y postres, los tres magistrados defendieron su reglamento interno, que autorizaba a solicitar un cambio de presidente por “pérdida de confianza” siempre y cuando lo apoyara la mayoría de integrantes de la Sala Superior del TEPJF y sostuvieron que ese mecanismo ya había sido aplicado en varias ocasiones sin que la Corte ni ninguna otra instancia del Poder Judicial cuestionara su legalidad. La ministra y sus dos acompañantes insistían en la inconveniencia de un cambio a esas alturas del actual proceso electoral y les pedían reconsiderar su decisión.

Así transcurrieron los distintos tiempos de la cena y cuando recogieron los postres y ofrecieron digestivos, seguía sin haber entendimiento entre los participantes, hasta que la ministra Piña hizo una contrapropuesta: se aceptaba que los tres magistrados hicieran valer su mayoría y fueran ellos y solo ellos los que definieran quién de los tres sustituiría a Reyes Mondragón al frente de la Presidencia del Tribunal Electoral. La única condición que pidió la presidenta de la Corte fue “que se borren los textos y palabras” que a través de la aplicación de mensajería había intercambiado con el magistrado Fuentes. Las dos partes estuvieron de acuerdo y se selló así la negociación para dar paso a la que después sería la actual presidencia de la magistrada Mónica Soto.

Eso fue lo que de manera resumida ocurrió en esa cena privada que hoy sale a la luz con todos sus detalles, incluidos los mensajes intercambiados entre Piña y Fuentes que supuestamente se desaparecerían , según nos cuentan fuentes directas que participaron en aquella negociación. El que se hayan revelado detalles, mensajes y otros datos de aquel encuentro, forma parte de la guerra que actualmente se libra entre la 4T y el Poder Judicial de la Federación, con el exministro y ahora porrista político, Arturo Zaldívar, y la actual ministra presidenta, Norma Piña, como los actores confrontados.

Porque justo la difusión de dicha cena coincide con los citatorios y declaraciones de jueces y magistrados del Poder Judicial que han estado declarando sobre las presiones, amenazas y represalias de que fueron objeto durante la presidencia de Zaldívar para que apoyaran casos judiciales afines al gobierno de López Obrador y algunos otros asuntos de tipo mercantil en los que se involucró al propio Zaldivar, a su operador y secretario del Consejo de la Judicatura, Carlos Alpízar, y al exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra.

Mientras en la Corte hay jueces y magistrados que declaran por voluntad propia y acusan y señalan a Alpízar como el autor de las amenazas y presiones, por indicaciones de su jefe y para favorecer intereses del gobierno lopezobradorista y de su consejero jurídico, también hay varios casos de juzgadores que se están quejando de que están siendo “acosados y presionados” para que declaren en la investigación abierta por instrucciones de la ministra Piña, argumentando algunos de ellos que los están citando repetidamente en la Ciudad de México cuando ellos trabajan en el interior de la República, o que aun cuando ya emitieron su declaración, los vuelven a llamar varias ocasiones para presionar a que amplíen su declaración contra los tres personajes señalados en dicha investigación.

Del otro lado está claro que la filtración de la difundida cena y sus detalles busca exhibir los acercamientos de Norma Piña con la oposición y el que se haya alineado a los intereses de los partidos que, a cambio, dicen en la Corte, le ofrecieron protegerla de la amenaza de juicio político que le hizo Zaldívar y apoyó Morena, con los dos panistas y un priista que hay en la sección instructora y que tienen mayoría para desechar la solicitud de enjuiciamiento contra la ministra, además de garantizarle también que no pasaría la Reforma judicial que mandó el presidente López Obrador para cambiar los métodos de selección de la Suprema Corte y crear una nueva integración del pleno con 11 nuevos ministros electos por el voto de la población, porque no le darían a Morena los votos que necesitaba para tener mayoría absoluta.

Porque al final la guerra judicial que se desató contra la Corte y su ministra presidenta, alentada desde Palacio Nacional y utilizando a su esbirro Arturo Zaldívar, ya terminó también metida y contaminada con la elección presidencial, por el apoyo abierto que le ha dado Claudia Sheinbaum al exministro presidente y el aval que también ya dio la candidata de Morena a modificar la integración del Poder Judicial a través de una nueva Corte con ministros electos por un voto popular, que hoy claramente tiene controlado y clientelado, con sus programas y apoyos sociales, el partido Morena; mientras que Xóchitl Gálvez se ha declarado defensora absoluta de la Constitución y de la Corte.

Por eso en el choque de dos visiones distintas y en muchas cosas opuestas de país, en el que se convirtieron estas elecciones presidenciales, la idea de un Poder Judicial fuerte y autónomo, que sea garante de la constitucionalidad y frene los abusos y violaciones del Poder Ejecutivo, se está enfrentando a la actual visión de López Obrador y a la que se somete plenamente Claudia Sheinbaum, en el que el Poder Judicial y los jueces, magistrados y ministros, sean menos autónomos e independientes y más bien se conviertan en juzgadores morenizados, simpatizantes y militantes del nuevo régimen. Y parece que en todo eso su punta de lanza fue Arturo Zaldívar, primero desde la Corte y ahora como jurista y porrista de la candidata Sheinbaum. Vaya, para decirlo claro y directo, quieren tener en la 4T y su “segundo piso de la transformación”, a sus “Jueces del Bienestar”.

En todo el debate político y social que desató el Informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia del Covid-19, que documentó la muerte de más de 808 mil mexicanos por el virus pandémico y habló de deficiencias en la atención de la enfermedad, particularmente en la Ciudad de México donde murieron más mexicanos que en cualquier otro estado de la República, cuando la capital tiene infinidad de recursos, hospitales y presupuesto para la salud, está el duelo de versiones entre el secretario General del IMSS, Marco Bucio Mújica, y el coordinador de la citada comisión independiente, Jaime Sepúlveda Amor. El primero sostiene que Sepúlveda no dio respuesta a la petición de “diálogo serio, científico y abierto a la sociedad” y que al IMSS solo le ofrecieron “una entrevista, cuando se trata de un organismo más representativo por ser una institución tripartita, en la que confluyen el sector obrero, empresarial y gubernamental que además enfrentó en la primera línea la emergencia por la Covid-19, además que la carta que le mandó Sepulveda nunca respondió a la petición expresa que hizo el IMSS de esperar hasta el término del proceso electoral para publicar el informe y evitar un sesgo electoral. Y al final, en su respuesta Bucio, que es el segundo de a bordo en el Instituto, afirmó que de cualquier modo desde la Comisión Independiente “nunca mandaron lo necesario para que esa única entrevista se llevara a cabo: cuestionario de temas a tratar ni los datos de acceso a la plataforma, ni la cita ni el espacio, etc.”. Mientras tanto, Jaime Sepúlveda ha calificado de “tramposa” la respuesta de Bucio Mújica porque asegura que los funcionarios del Instituto nunca respondieron a las varias peticiones que les formularon para entrevistas y reuniones de trabajo conjunto. En fin, que no hubo manera de conciliar la información y las visiones de los dos lados de la moneda y que al final el explosivo informe independiente, que desde el principio se le indigestó al presidente López Obrador, que lo descalificó como a casi todo lo que contradiga a su gobierno y su visión casi bucólica de una pandemia que ellos primero dijeron que no existía, después se equivocaron en las estimaciones de muertes, luego no pudieron garantizar camas de hospital ni tratamientos con respiradores a millones de mexicanos y al final terminaron monopolizando y controlando políticamente la aplicación de las vacunas, en contra de la visión de los médicos y científicos independientes del gobierno que reconocieron como Covid la totalidad de muertes en exceso. Del lado de los científicos desconfían de los datos y la información del gobierno, y del lado gubernamental de plano descalifican el informe y le atribuyen claras intenciones políticas por haber hecho que coincidieran sus tiempos con el de las campañas electorales y presidenciales en su etapa casi de cierre. Y en medio de ese choque están todo el dolor y el sufrimiento que tuvieron que pasar los mexicanos no sólo por la enfermedad de la Covid, sino por el golpe brutal que significó para la economía de muchos mexicanos, desde trabajadores asalariados, hasta pequeños empresarios, negocios familiares o vendedores ambulantes. También la historia del Covid en México se volvió otro frente de la guerra sucesoria…Los dados cierran con Escalera Doble. Semana redonda.

En un salón contiguo al despacho principal de la Alcaldía Cuauhtémoc, que se utilizaba para las reuniones de los concejales de esa demarcación, la alcaldesa Sandra Cuevas se mandó construir una recámara con todas las comodidades y lujos, donde solía dormir o encerrarse a descansar. En una ocasión el personal de Protección Civil recibió una llamada desde la oficina de la alcaldesa: “que subieran rápido” porque tenía una emergencia. Los paramédicos corrieron y al llegar al despacho los hicieron pasar a esa recámara privada para que atendieran la emergencia: Cuevas les pidió que reanimaran y checaran a Dany -su osito de Peluche al que trata como un hijo- porque lo encontró tirado al lado de la cama.

Esa es una de las anécdotas que personal de la oficina de la actual alcaldesa con licencia y candidata de MC al Senado, cuentan como parte de  las actitudes extrañas y los desplantes que solía tener Sandra Cuevas en el ejercicio del cargo. En los tres años que estuvo al frente de esa demarcación, a donde llegó tras ganar los comicios locales de 2021, postulada por la alianza PRI-PAN-PRD pero impulsada políticamente por la operación con Ricardo Monreal, con quien mantenía una relación cercana a partir de la amistad que mantenía con la esposa del senador morenista, María de Jesús Pérez Guardado.

Comenzó así una de las historias más bizarras y lamentables de la política capitalina, con un personaje que no sólo rompía todas las normas y protocolos del ejercicio del poder, sino que imponía y ejecutaba acciones, programas y operativos que rayaban en el abuso, la prepotencia y el uso patrimonial y discrecional del espacio público, en detrimento de los derechos de los ciudadanos de la alcaldía. A fuerza de polémicas, escándalos y acciones tan abusivas como mandar pintar murales artísticos en paredes de parques, mercados y otros espacios públicos, la alcaldesa Cuevas pronto se hizo notar y se volvió un personaje polémico que lo mismo chocaba y desafiaba a la entonces Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, cancelaba bailes públicos en plazas y jardines, que amenazaba y amedrentaba a los vendedores y comerciantes de su demarcación.

Con un manejo de redes sociales más parecido al de una influencer de modas, que al de una gobernante de la alcaldía más céntrica y estratégica de la capital del país, Sandra Cuevas comenzó a mostrar lo mismo sus viajes por el extranjero, sin comisión oficial, que su ropa y accesorios de diseñadores costosos. Y mientras sumaba adeptos a su imagen fashionista, la polémica alcaldesa también se hacía fama de prepotente y comenzaba a aparecer siempre rodeada de un grupo mayormente de hombres y de algunas mujeres que no eran guardias ni policías y más bien tenían facha de golpeadores o sicarios que la acompañaban a todos lados y que solían golpear o empujar a quien osara cruzarse por el camino de la funcionaria, lo mismo a una anciana que la cuestionaba, que a un ciudadano que la increpaba.

Su estilo abusivo y prepotente rápidamente le ganó fama y cobertura de los medios. Sus escándalos, pleitos y reyertas superaron con mucho a sus acciones de gobierno. Un día se enfrentó, con su grupo de golpeadores, al contralor capitalino, Juan José Serrano, cuando pretendía ejecutar una diligencia oficial en las instalaciones de la alcaldía, ante una presunta denuncia ciudadana sobre la existencia de propaganda política a favor de partidos en el edificio de la demarcación; otro día salió a las calles a circular en un costoso vehículo Polaris Racer, con valor mínimo de 730 mil pesos, del que sólo dijo que era su “regalo de Reyes”, sin explicar si se adquirió con recursos públicos, y cuando circulaba en él en zonas peatonales, un ciudadano que la cuestionó terminó golpeado por sus porros y mandado al hospital.

Tanto desplante y lujos en las redes le valieron una investigación de la Defensa Nacional que en 2023, en una ficha difundida en medios y redes sociales, habla de “posibles vínculos” de la alcaldesa con personajes y líderes de la Unión Tepito, como Oscar Andrés Pérez “El Lunares”, actualmente preso, y consigna también el documento militar que su pareja sentimental, Christian Israel Quiroz Oropeza, tiene una acusación por secuestro de una menor en el Estado de México. Sin embargo, en junio de 2023, Cuevas fue captada en la Plaza de Garibaldi en una fiesta con cervezas y mariachi, donde se le vio besar a un hombre, cuya identidad ella misma reveló y resultó ser Ernesto Alonso de Rosas, jefe Regional de la Policía Ministerial del Estado de México, involucrado en la investigación de temas de narcotráfico.

Una fuente directa de la alcaldía, que trabajó cercano a Sandra Cuevas, afirma que desde su llegada al cargo en 2021, la alcaldesa “negoció con líderes de la Unión Tepito” a los que les pidió dejar de extorsionar y cobrar derecho de piso a los locatarios de los mercados más grandes de la alcaldía Cuauhtémoc, como son Martínez de la Torre, Lagunilla y Lagunilla anexo de ropa, el anexo de Muebles de Mtz. De la Torre. A cambio les ofreció a esa organización criminal entregarles el manejo y administración de los baños públicos que hay en esos mercados y que son conocidos como “autogenerados” porque fueron construidos por los locatarios que los administraban y obtenían del servicio sanitario recursos para el mantenimiento de sus mercados.

Según la fuente que dice haber sido testigo de esas negociaciones, la Unión Tepito aceptó la propuesta y desde entonces son ellos los que manejan, administran y cobran por el servicio de baños en los mercados de la Cuauhtémoc, donde además se presume que hay venta de drogas y narcomenudeo.

Sandra Cuevas se volvió tan controvertida y políticamente tóxica, que la alianza opositora que la había llevado al poder, la desconoció e incluso el propio Monreal, que había sido su promotor, se hizo a un lado y la dejó sola cuando ninguno de los tres partidos aliancistas quisieron postularla para su reelección. Se alió entonces con Adrián Ruvalcaba, con quien además de lo político compartía la frivolidad y sus gustos banales, y su alianza llegó a despertar rumores sobre una relación sentimental. Pero para mala fortuna de Cuevas, Ruvalcaba no sólo no resultó postulado como candidato a la Jefatura de Gobierno y se fue a Morena y el PVEM, algo que Sandra no podía hacer porque se peleó a muerte con Claudia Sheinbaum.

Por eso, cuando para sorpresa de todos consiguió de manera muy poco clara la candidatura al Senado por Movimiento Ciudadano, un partido que dice representar “la nueva política” pero que aceptó postular a un personaje tan cuestionable, dejó en su lugar a José Guadalupe Medina Romero, director de Servicios Jurídicos y Legales, pensado que éste le cuidaría las espaldas; pero apenas unos días después de que ella se había ido, el encargado se le rebeló, comenzó a dejar de tomarle llamadas y luego corrió a su hermano y a varios de sus colaboradores de confianza que cobraban en su oficina.

Hoy la apuesta de Sandra Cuevas es alcanzar el Senado de la República, más en busca de fuero que de un cargo legislativo para el que tiene nula experiencia. Y es que si no logra ganar, aun con propuestas tan absurdas como que bajará a 4 pesos el precio del Metro y del resto de los transportes públicos de la CDMX, a la polémica alcaldesa le van a destapar la cloaca que dejó en la Cuauhtémoc, ya sea que gana Caty Monreal, la hija de su antiguo protector, o que gane Alessandra Rojo de la Vega, la candidata de la alianza opositora. Por eso la señora alcaldesa que se mandó construir una recámara de lujo, justo a un lado de su oficina, anda desesperada y gastando mucho dinero, cosa que siempre ha hecho, en busca de alcanzar al Senado, repitiendo la máxima que alguna vez se le escuchó al ahora preso exgobernador de Tamaulipas, el priista Tomás Yarrington: “yo no quiero fuero, lo necesito”.

NOTAS INDISCRETAS…

Ayer le comentamos de la enorme cercanía política que logró el presidente López Obrador con el SNTE y su dirigencia, mientras se alejaba y confrontaba con sus aliados de la CNTE que hoy amanecieron en plantón indefinido en el Zócalo capitalino. Pues bien, para que no queden dudas de cómo el tabasqueño repitió las estrategias priistas y panistas de tener cerca y de su lado a los más de 2 millones de maestros, ayer en la comida que les ofreció a los líderes del poderoso sindicato magisterial, el profesor Alonso Cepeda, que logró ser candidato plurinominal al Senado por Morena, le dijo al Presidente y a todo México que el magisterio, que primero fue priista, luego panista, y luego se declaró plural, hoy se tiñe de guinda y apoya incondicionalmente al movimiento político obradorista. “La verdad, lo digo sin rubores: ¡es un honor estar con Obrador!”, soltó el secretario general del SNTE apenas iniciado su discurso. Y ya con la camiseta ideológica bien puesta, el dirigente y candidato morenista elogió y reconoció al Presidente por haberle cumplido a los maestros:  “Presidente, ha cumplido, no nos falló, lo que nos compromete a continuar como agentes de la transformación. Lo recordaremos como el Presidente que recuperó la dignidad para las maestras y los maestros”, dijo Cepeda. Hasta ahí se podría entender el agradecimiento del profesor por los favores recibidos, pero ya rayando en la adulación y en todo de despedida, el líder magisterial habló de la herencia que, según él, dejara López Obrador en la educación pública del país:  “Deja un legado que no sólo se expresa en el modelo de la nueva escuela mexicana, sino que tiene que ver con cientos de miles de plazas y respuestas a demandas económicas. Es un fiel defensor de la escuela pública. Usted dejó atrás una etapa de agravios y estigmatización para dar inicio a una fase de dignidad. Gracias Presidente”. Y así el magisterio se tiñó de guinda…En la aguerrida contienda por la capital de Puebla, el candidato del PRI, PAN, PRD y PSI, Mario Riestra, nomás no ve la suya. Y es que la más reciente encuesta de Parametría, que dirige Francisco Abundis,  lo ubica en segundo lugar de las intenciones del voto, a lejanos 15 puntos de José Chedraui el abanderado de Morena al municipio poblano. Sin duda los escándalos judiciales en que se han visto involucrados los integrantes de la planilla de Riestra, ya le están pasando factura entre el electorado. Con esos amigos y amigas, señor Riestra, para qué quiere enemigos…Se baten los dados. Capicúa. Repetimos el tiro.

En el territorio controlado por la Unión Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc que es centro y sede de los tres poderes de la Unión, y en medio de una disputa cada vez más cerrada y tensa por los gobiernos de la Ciudad de México, el atentado en contra de la candidata Alessandra Rojo de la Vega, representa una alerta que debiera encender los focos rojos porque la violencia criminal y política, que ha asesinado ya a 25 candidatos y aspirantes a cargos de elección en varias estados, ha llegado también a la capital de la República.

Información que ya revisan la Policía de Investigación de la FGJCDMX arroja que fueron 3 vehículos y 6 sujetos los que persiguieron y atacaron a Alessandra Rojo la noche del sábado en Peralvillo. A través de las imágenes del C5 se pudo observar a los autos y motocicletas que iban cazando a la candidata. Los 3 vehículos que la seguían están identificados y ya están siendo buscados por las autoridades, pero los disparos que le hicieron para intentar matarla fueron hechos desde una motocicleta.

Quizás por fortuna o porque les falló el intento ante la reacción de sus choferes y escoltas, el ataque armado que sufrió la abanderada de la Coalición Fuerza y Corazón por la CDMX a la alcaldía Cuauhtémoc, quedó en un gran susto en el que la camioneta en la que viajaba por las calles de Peralvillo recibió al menos 6 disparos de arma de fuego, cuyo calibre, aún dado a conocer por las autoridades, podría determinar si se trató de un atentado del crimen organizado o si fue más bien un intento de asalto. Si las balas que le dispararon resultan de los calibres .380 o 9 mm, sería casi un hecho que se trató de un ataque de un grupo criminal como el que opera en la zona donde ocurrió el atentado.

De acuerdo con fuentes cercanas a la carpeta de investigación que ya abrió al Fiscalía General de Justicia de la CDMX por el delito de “tentativa de homicidio calificado”, primero por las publicaciones que hiciera en redes la propia candidata, y luego por la denuncia formal que acudió a presentar Rojo de la Vega, serían tres la hipótesis que hasta el momento indaga la Policía Ministerial capitalina: la primera es un atentado directo con intenciones de asesinarla; la segunda un posible intento de robo, y la tercera, una confusión de grupos criminales que operan en Tepito de que se tratara de otro grupo delincuencial que entraba a su territorio al ver las camionetas y escoltas con los que viajaba la candidata.

La abanderada de la coalición del PRI-PAN-PRD a la alcaldía Cuauhtémoc narró en su declaración oficial que la noche del sábado 11 de mayo circulaba por la calle Francisco Tamagno de la colonia Peralvillo cuando un sujeto con casco, desde una motocicleta, abrió fuego directo en contra de la camioneta en la que ella viajaba, misma que presenta los 6 impactos de bala en los costados laterales y la parte trasera. La reacción rápida de sus escoltas hizo que ella saliera rápido de la zona con dirección a su domicilio.

La misma Alessandra declaró haber recibido en la víspera del atentado varios mensajes y amenazas de muerte desde un número celular desconocido que le fueron enviados a ella y a su padre. Uno de esos mensajes que exhibió la candidata dice textual: “Ni se te ocurra ir a la marcha porque te pueden matar, te tiene algo preparado, lo escuché, puedo perder mucho con el mensaje pero no es justo”, dice el texto del mensaje.

Por la ubicación donde ocurrió el atentado y las amenazas previas, la hipótesis de un atentado del crimen organizado que opera en esa zona de la Ciudad de México no puede descartarse. Peralvillo y todas las colonias aledañas al barrio de Tepito son territorio de la Unión-Tepito el cártel criminal y de narcotráfico que hoy domina la Ciudad de México. La propia candidata atacada en sus primeros posteos sobre el atentado que sufrió afirma que “me quieren callar”, aunque no apunta a ningún personaje o grupo detrás de esa intención.

Pero en otro de los mensajes que dio ayer en conferencia de prensa, Rojo de la Vega, advierte que seguirá recorriendo las calles de la alcaldía Cuauhtémoc y que lo hará desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche: “Vamos a seguir en la lucha y vamos a ganar, ante el intento de callarnos una y otra vez; saldrá la unión”, dice en un juego de palabras que parece referirse al grupo criminal que controla la alcaldía Cuauhtémoc y la zona donde su camioneta fue baleada.

La candidata de la coalición opositora ha sido una crítica constante de la ex alcaldesa Sandra Cuevas, a quien ha tachado de creerse “dueña de la alcaldía”. Y es que la actual candidata de MC al Senado amenazó antes de pedir licencia como titular de la Cuauhtémoc que implementaría un “Operativo Diamante” con el que impediría a los candidatos de cualquier partido hacer campaña en esa demarcación, amenazando con que ella y los vecinos “los correremos a jitomatazos”, en una acción que fue calificada por el Congreso de la CDMX como inconstitucional y un abuso de poder por parte de la ex alcaldesa.

Pero con Cuevas el tema no para en sus amenazas verbales y sus operativos abusivos. De acuerdo con el periodista Oscar Balmen, la Secretaría de la Defensa tiene una ficha en la que investiga los presuntos vínculos de Cuevas con la Unión-Tepito. El documento presentado por Balmen en distintos medios de comunicación y en redes sociales, tiene el logotipo de la Sedena y del Gobierno de la República y señala que la defensa habría empezado a investigar a la alcaldesa cuando aún estaba en el cargo, en septiembre de 2023, a partir de notas periodísticas que la relacionaban con dos integrantes y dirigentes del grupo criminal tepitense.

“Presuntamente sus nexos con el grupo delictivo Unión-Tepito tienen su origen en su relación con Olga Lidia Ramírez Godínez, quien es madre de Oscar Andrés Flores Ramírez  alías “El Lunares”… En algunas redes sociales se ha mostrado una colección de armas de fuego de diversos calibres por lo que adquirió el mote de “Laydi Metralletas”, algunas de las armas son de uso exclusivo del Ejército… Junto a su pareja Christian Israel Quiroz Oropeza, fundó una asociación civil de nombre “Por un México Bonito”… De acuerdo con señalamientos de su círculo cercano Christian Quiroz siempre porta una identificación apócrifa de la Policía de Investigación, así como existe una denuncia en su contra por intento de secuestro de una menor en 2018 en Azcapotzalco… Sandra Cuevas realizó diversos recorridos en la zona de Tepito, en la colonia Morelos, donde aparece seguida de un sujeto identificado como “Toño”, integrante del grupo delictivo Unión-Tepito”, dice la ficha de la Sedena.

Tendrán que ser las autoridades de la Fiscalía de Justicia de la CDMX las que esclarezcan el atentado que sufrió la candidata Alessandra Rojo de la Vega y de lo que arrojen las investigaciones se verá si el brazo armado del narcotráfico capitalino ya empezó también a amedrentar y a atacar, con intenciones de matarlos o de obligarlos a bajarse de la contienda, a candidatas y candidatos, algo que lamentablemente ya se ha vuelto común en varios estados de la República. ¿Será que la Unión-Tepito y sus aliadas políticas quieren influir definir quién debe gobernar en la Cuauhtémoc y lo quieren hacer por el poder de las balas?

NOTAS INDISCRETAS… La rápida reacción de las candidatas morenistas, Clara Brugada y Caty Monreal, quienes salieron a solidarizarse ayer con Alessandra Rojo de la Vega por el intento de asesinato que sufrió en la Cuauhtémoc, deja muy claro que desde la 4T se deslindan de cualquier conjetura o elucubración detrás de este grave hecho ocurrido en la elección capitalina. La propia Xóchitl Gálvez también le expresó su apoyo a la candidata de su coalición y pidió a las autoridades capitalinas detener a los responsables y esclarecer el móvil de por qué quisieron matar a Rojo de la Vega. Todo eso sucedió justo un día antes de que la guerra electoral que se vive en al CDMX subiera de tono con el tercer “Debate Chilango” que anoche sostuvieron los candidatos a la Jefatura de Gobierno en las instalaciones de una televisora privada. Y aunque las encuestas siguen hablado de una ventaja para la candidata morenista Brugada, la gran incógnita es si el electorado capitalino repetirá o no el fenómeno de 2021 cuando, de manera sorpresiva y sin que se lo esperaran los propios partidos políticos, ni los de oposición ni del oficialismo, un voto de castigo y rechazo a los gobiernos morenistas en la capital del país, en donde Morena perdió el control político de 9 alcaldías y la mayoría del Congreso local. La disputa chilanga se sigue confirmando como una de las más impredecibles y cerradas en el actual proceso electoral. Solo esperemos que no se confirme como otra más donde la violencia criminal asoma sus balas para matar o amedrentar a candidatos y candidatas… Los dados abren con Serpiente Doble. Se viene fuerte la semana.

Al interior del partido gobernante se han prendido los focos rojos ante los números internos que están levantando a menos de un mes de las elecciones locales en la Ciudad de México y el estado de Veracruz. En ambos casos hay alarma y preocupación por un escenario de derrota para Morena en dos de sus principales bastiones, especialmente en la capital del país, porque además esas dos entidades que representan juntas una votación de casi 14 millones –7.9 millones en CDMX y 6 millones de votantes en Veracruz–, son parte de la lista de los cinco estados estratégicos por tener las listas nominales de electores más grandes de la República y que juntos los 5 concentran el 38.5% de los votos.

Aún cuando las encuestas aún les dan una ligera ventaja a sus dos candidatas a Jefa de Gobierno y gobernadora, la preocupación en Morena se basa en que en la CDMX se teme que vuelva a presentarse el fenómeno del 2021 cuando emergió, sin que se reflejara en las encuestas de aquellos comicios intermedios, un fuerte “voto de castigo” a los gobiernos morenistas de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, que sorprendió a todos en el partido gobernante y les costó perder 9 de 16 alcaldías a manos de la alianza opositora del PRI-PAN-PRD además de la mayoría en el Congreso local capitalino.

Si se vuelve a presentar ese fenómeno y aflora un descontento ciudadano que no alcanzan a medir las encuestas, Morena perdería no sólo la segunda entidad con más votos a nivel nacional, sólo superada por el Estado de México con sus 13 millones de votantes, sino que una derrota en la CDMX significaría también perder el control del bastión más emblemático del morenismo y de la 4T, porque fue justo en la capital de la República donde cobró fuerza y relevancia nacional el movimiento lopezobradorista en 2006, que después daría pie al rompimiento con el PRD y la fundación de Morena en el año 2015.

En el caso de Veracruz, por más que la candidata Rocío Nahle presuma su ventaja en las encuestas, las señales de alarma se encendieron en el partido oficialista por el fuerte desgaste que ha sufrido la imagen de su abanderada a la gubernatura, luego de las publicaciones sobre un presunto crecimiento inusitado en su patrimonio inmobiliario. Y aunque Nahle ha negado la propiedad de casas, mansiones y departamentos que le ha documentado el empresario veracruzano, Arturo Castagne, hasta ahora la difusión constante de noticias con propiedades que le achacan en México y en el extranjero, ha permeado en el electorado veracruzano y la estrategia política de golpeteo, que ella atribuye a su contrincante el candidato priista, José Yunes Zorrilla, parece haber cumplido su cometido de manchar la imagen de la exsecretaria de Energía, como una mujer que incrementó su patrimonio de manera notable durante los 5 años que se hizo cargo de la construcción de la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

El temor que tienen en Morena es que la persistencia de la campaña en contra de Nahle, que no ha reaccionado bien al golpeteo político y mediático, y ha aparecido enojada y con su tono prepotente negando las acusaciones, pero sin presentar documentos que prueben la verdad sobre su patrimonio y el de su familia, pueda tener un efecto inesperado en el electorado veracruzano y genere un voto de molestia o rechazo hacia su candidata, de tal tamaño que pueda revertir la ventaja que todavía, a tres semanas de las votaciones, le otorgan las encuestas a la morenista.

Así que si se toman en cuenta los riesgos de perder la CDMX y Veracruz para el partido gobernante, y se le suman estados que hoy se ven perdidos para Morena como Guanajuato, Yucatán, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Coahuila, además de Durango donde hay una contienda muy cerrada con la alianza opositora, se podría hablar de entre 9 y 10 estados en los que los morenistas no tendrían el triunfo y eso les impactará directamente en su votación nacional, pero sobre todo en la posibilidad de perder la mayoría simple en el Congreso de la Unión, lo que configuraría un posible gobierno dividido para el próximo sexenio a quien gane la Presidencia de la República.

Apenas el pasado lunes, ante consejeros regionales del banco BBVA, el más grande de México en este momento, la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, les dijo a los banqueros que la elección del 2 de junio es para ella un mero “trámite” pues según los apoyos que ha recibido en su recorrido por la República, ella cree que ya ganó la Presidencia, aún cuando ni siquiera han votado los mexicanos. Veremos si los electores no le hacen más complicado el trámite a Sheinbaum, a Morena y al verdadero jefe de sus campañas, el presidente López Obrador, y les dan otra sorpresa que no se esperan arrebatándoles sus bastiones más emblemáticos.

NOTAS INDISCRETAS… A propósito de los escándalos de la presunta corrupción de la candidata Rocío Nahle, ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el PAN presentó una proposición de Punto de Acuerdo para exhortar al órgano permanente del Congreso a crear “un grupo de trabajo para analizar los posibles actos de corrupción y desvío de recursos del erario utilizados para la construcción de la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco”. Los panistas proponen que presida esa comisión investigadora la diputada María Elena Pérez Jaén, especialista en temas de transparencia y corrupción. Entre los argumentos que esgrimen los panistas para crear dicho grupo legislativo, señalan que “México atraviesa por momentos de definición de los futuros en referencia a su matriz energética, incluyendo la petrolera. Ante ello, la construcción de la Refinería Olmeca ubicada en Dos Bocas, Tabasco, con la que se busca disminuir la dependencia que mantiene nuestro país de productos refinados provenientes del petróleo, es un punto que merece un debate bien informado, estructurado y transparente, que asegure la plena rendición de cuentas del Ejecutivo federal ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Admitir el tema es de plena salud republicana y más cuando el Titular de Pemex ha hecho del conocimiento de la opinión pública que, en junio próximo, la refinería iniciará las pruebas necesarias para, eventualmente, procesar hasta 340 mil barriles de petróleo crudo por día, que inician cinco años después del comienzo de la construcción del proyecto, toda vez que la exsecretaria de Energía había manifestado que el proyecto se terminaría en un plazo de tres años, con un presupuesto de 8000 millones de dólares”. Aunque ya se puede adivinar desde ahora que la mayoría de Morena en la Permanente no dejará pasar tal proposición, seguro los panistas dirán, al menos lo intentamos. Y de paso abonan al escándalo por las propiedades de la señora Nahle que está impactando la elección en Veracruz… A propósito de denuncias, el fiscal anticorrupción del estado de Jalisco, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General del Estado, por los delitos de Ejercicio indebido y Abandono del Servicio Público, Abuso de Autoridad y delitos contra la Administración de la Justicia. La acusación penal contra el fiscal anticorrupción fue presentada por el abogado Luis Armando Córdova Díaz, quien es presidente de la Asociación Civil Centro de Estudios Pila Seca, y exregidor del municipio de Tlaquepaque, quien acusa que Gerardo Ignacio de la Cruz ha incurrido en inacción injustificada y ha guardado silencio en integrar carpetas de investigación sobre denuncias de corrupción presentadas en contra de la ex alcaldesa de Tlaquepaque y actual diputada federal por Movimiento Ciudadano. El denunciante se refirió a dos carpetas de investigación, con los números 117/2020 y 305/2019 en los que se acusa a María Elena Limón de enriquecimiento ilícito y Asociación Delictuosa durante el tiempo en que ocupó por 6 años la presidencia municipal de Tlaquepaque, en el caso de la primera carpeta, además la segunda carpeta donde también se le acusa de Uso de Atribuciones y Facultades por una serie de adquisiciones, compras y gastos realizados por dicho municipio que violentaron las leyes de adquisiciones, enajenaciones y contratación de servicios. El abogado Luis Armando Córdova recordó, en conferencia de prensa donde anunció la demanda penal contra el Fiscal Anticorrupción jalisciense, que todas estas denuncias comenzaron desde que él era regidor de Tlaquepaque y que a pesar de haberlas presentado ante varias instancias federales y estatales, no ha habido avances y en particular el Fiscal Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, ha sido omiso y no ha cumplido su función de investigar y sancionar la corrupción de la señora Limón, por lo que ya desde hace unas semanas se había solicitado un juicio político en su contra ante el Congreso de Jalisco, que tampoco procedió a sancionar el desempeño omiso y encubridor del titular de la Fiscalía Anticorrupción. Por esa razón, se presentará la denuncia penal en su contra para ver si de esa manera se logra que el señor fiscal De la Cruz Tovar deje de proteger la corrupción emecista, en lugar de combatirla… Giran los dados. Acecha la Serpiente.

El brutal asesinato de tres jóvenes surfistas extranjeros en las playas de Baja California, dos hermanos australianos y un amigo estadounidense que apenas rebasaban los 30 años, ha puesto los reflectores sobre lo que está pasando en ese estado donde la violencia del narcotráfico ha vuelto con toda su crudeza e impunidad, en medio de denuncias públicas y abiertas sobre la existencia de un “narcogobierno” encabezado por la gobernadora morenista, Marina del Pilar, a quien su antecesor en el cargo, el también senador por Morena, Jaime Bonilla, ubica como “la jefa de un cártel que le disputa la plaza a los otros cárteles del narcotráfico” que ya existían en la entidad norteña.

La ejecución de los hermanos Jake y Callum Robinson, y de su amigo estadunidense Cater Rohad, asesinados de un tiro en la cabeza por un grupo criminal que, según la fiscal estatal, “les querían robar las llantas” de su camioneta, representa un acto de brutalidad, pero también de la impunidad con la que actúa el crimen organizado en un estado en el que la violencia narca regresó con toda su fuerza a partir del actual gobierno morenista. A los tres jóvenes que visitaban las playas de Rosarito para prácticar el surf, los asesinaron y desaparecieron arrojándolos a un pozo, donde fueron encontrados este fin de semana por las autoridades, luego de que se reportara su desaparición desde el pasado viernes.

Aunque las cifras que maneja el gobierno estatal y el Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan supuestas disminuciones en homicidios dolosos y feminicidios, la realidad que viven cotidianamente los bajacalifornianos y la percepción de inseguridad del 63% en el estado, según la encuesta Envipe del Inegi, contradicen a las cifras oficiales. El Centro de Estudios Económicos de Tijuana (CEET) ha dicho en un análisis de la situación en la entidad que la inseguridad ha creado un fenómeno de “policrisis” y el “estancamiento casi secular” de la economía de Baja California por lo que denominaron “la peor crisis de los últimos cinco años con un avance anual del 12 por ciento, lo que se traduce en 109 mil 721 delitos en enero de 2023, a dos años del inicio del gobierno de Marina del Pilar.

Desde enero de 2021, cuando se registró una baja en la incidencia de delitos en Baja California con 7,098 casos durante el periodo de pandemia, en comparación con 2020 que registró 7,831 casos, la incidencia delictiva registrada durante el mes de enero ha aumentado un 40% para 2024. Según datos del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, con base en informes de la Fiscalía General del Estado, para 2022 se registraron 7,143 casos de delitos, cifra que fue en ascenso para 2023 cuando se registraron 8,010 casos, aumentando en un 24% para 2024 con 9,929 casos registrados.

“Los datos de inseguridad que escalaron a niveles preocupantes, llegan a esa confluencia de calamidades que podemos definir de policrisis, acentuando el estancamiento económico de más de dos décadas”, dijo el Centro de Estudios Económicos de Tijuana, al mencionar que en 2022 se tuvo el mayor cierre de empresas desde el 2008 y la inseguridad ha sido uno de los factores de que se vayan las empresas de Baja California “tal como lo muestra la salida de casi 520 millones de dólares en tres trimestres”, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Inversión Extranjera.

Delitos comunes como la violación de mujeres registran cifras históricas con un 32.5% de aumento, mientras que los robos en la vía pública y secuestros, alcanzaron también su máximo nivel con una elevación del 18.3 por ciento, mientras los secuestros un 20 por ciento. En cuanto al desempeño de la Fiscalía General del Estado, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Roberto Quijano, afirma que sigue sin arrojar resultados satisfactorios. Baja California ocupa los últimos lugares a nivel nacional en la persecución y presentación de delincuentes ante un juez, siendo la Fiscalía número 28 de 32 a nivel nacional.

Todo eso ocurre mientras a la gobernadora morenista la acusan de tener vínculos directos con el narcotráfico. Desde la tribuna del Senado, su antecesor en la gubernatura y actual senador por el PT, Jaime Bonilla, acusó en septiembre del año pasado que su sucesora “encabeza un cártel del narcotráfico” y dijo que Marina del Pilar “desde su administración le disputa la plaza a otras organizaciones delincuenciales”. En aquella ocasión, al igual que en videos que sube regularmente a sus redes sociales, el ex gobernador Bonilla le ha pedido al presidente López Obrador “que ponga los ojos en Baja California ya que no tenemos un gobierno”. A la gobernadora, repite en varias publicaciones el empresario y amigo de López Obrador, “no le importa el oficio político, y le interesan más los Tik Toks, las fiestas, bailar y cantar, como se ha visto desde hace dos años”.

Pero Bonilla, quien tuvo fuertes diferencias y un rompimiento político con su sucesora por investigaciones a su gobierno, no es el único que ha apuntado hacia una vinculación desde el gobierno de la morenista con el narcotráfico. Información que dan fuentes de agencias estadunidenses desde San Diego, California, afirma que el exfiscal de Baja California con la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila, Ricardo Iván Carpio Sánchez, se volvió testigo protegido en los Estados Unidos y estaría dando información sobre “colaboradores de la gobernadora que pactaron con grupos del crimen organizado como el CJNG, para financiar su campaña y obtener protección del gobierno estatal, así como golpear a grupos contrarios”.

Si a eso se añade la información que se escucha en las áreas de inteligencia de la Defensa Nacional, sobre presuntos vínculos del esposo de la gobernadora, Carlos Torres, con grupos delincuenciales, el tema se vuelve más que delicado. Justo hace tres días, el exgobernador Jaime Bonilla afirmó en sus redes sociales que Torres había sido detenido por la DEA en territorio estadounidense, aunque la información fue desmentida con una publicación en el Facebook del marido de la gobernadora, quien por cierto es actualmente candidato a la reelección como senador por el Partido del Trabajo.

Veremos en qué termina toda esta historia de inseguridad y violencia que está afectando ya no sólo a los bajacalifornianos, que la viven cotidianamente, sino ahora también a los turistas extranjeros que visitan ese estado. Está claro que a la gobernadora Del Pilar la seguridad se le fue de las manos y ha perdido el control del tema más sensible para la principal frontera común con los Estados Unidos. Y de lo que tanto dicen de ella, de su administración y de su esposo, será cuestión de ver si se comprueban esos oscuros vínculos que no sólo se denuncian en México, por gente de su mismo movimiento político, sino ahora también en Estados Unidos.

NOTAS INDISCRETAS… Dicen que la soberbia es muy mala consejera y a la candidata Claudia Sheinbaum hace rato que las encuestas que le dan ventajas tan amplias la han hecho caer, si no en la soberbia, sí en el exceso de confianza. Porque juzgue usted lo que les respondió ayer la abanderada de la 4T a los consejeros del Banco BBVA que la invitaron ayer a participar en reunión anual: “¿Ya se coció el arroz en materia electoral?”, le preguntaron los banqueros. Y su respuesta destilo o soberbia o exceso de confianza: “Bueno, falta el trámite del 2 de junio, la verdad es que hemos recibido un reconocimiento muy grande en todo el país”. ¿O sea que para la candidata oficialista el voto libre y secreto y la decisión que a partir de ello tomen los mexicanos es un mero trámite? Qué manera tan insensible de desvalorizar el voto ciudadano, porque aunque la mayoría de las encuestas pronostiquen su triunfo, a la doctora Sheinbaum no se le debe olvidar la historia de otro candidato presidencial, allá por el año 2006, que ya se sentía presidente y se veía sentado en la silla porque las encuestas, la gran mayoría de aquel momento, le anticipaban una ventaja de más de 10 puntos. Fue tal la soberbia de aquel candidato que incluso se daba el lujo de desairar invitaciones o peticiones de empresarios, de gobernadores y hasta de la entonces lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, que le solicitaban verlo para apoyar su campaña. “Diles que los recibo el 3 de julio”, les contestaba el candidato puntero que ya daba por hecho su victoria el 2 de julio de aquel año. Pero ¡oh, sorpresa!, que las encuestas fallaron y la elección se cerró tanto que la diferencia por la que perdió la elección fue de 0.54% de los votos, es decir menos de un punto, metiendo al país en una espiral de incertidumbre e inestabilidad, sobre todo porque el aludido candidato no quiso reconocer su derrota y alegó un fraude que nunca pudo probar y que lo llevó después a tomar por varios meses el Paseo de la Reforma y a caer en la ridiculez de autonombrarse “presidente legítimo”. Así que ni “trámite” ni nada, lo que mandan son los votos en las urnas y no las encuestas, muchas de ellas a modo y pagadas por su comité de campaña. Por cierto si la doctora quiere saber más de esa historia que le pregunte a su líder y jefe político, a ver si así se le baja un poco la soberbia… Y hablando de candidatos, el panista Mauricio Vila, presenta hoy su solicitud de licencia definitiva al cargo de gobernador de Yucatán, para salvar su candidatura plurinominal al Senado de la República, luego del que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le diera un ultimátum para que se definiera si quería ser gobernador o candidato al Senado, porque al ocupar ambas posiciones estaba violentando la ley. Así que, como no se puede chiflar y comer pinole, el góber yucateco prefirió no arriesgar el hueso futuro y hoy se despide de sus paisanos para cumplir con la ley electoral y con el mandato de los magistrados electorales… Los dados mandan Serpiente Doble. Caída libre.

En una misma semana, dos gobernantes surgidos del Partido Morena violentaron de manera burda, grotesca y abusiva el derecho a la privacidad que tienen los ciudadanos mexicanos. Lo más preocupante de ambos casos, que ya de por sí son graves porque representan un abuso de poder de quienes detentan la autoridad, es que, a los dos ciudadanos vulnerados en su intimidad y privacidad desde el Estado, se les ubica claramente como críticos del gobierno, lo que parece encajar con un patrón en el que, más que una casualidad o un exabrupto de los gobernantes, apunta hacia una política de intimidación, descalificación y exhibición desde el Poder, a los opositores y disidentes del régimen.

El primer caso de abuso y ataque a la privacidad lo cometió el mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien desde su púlpito mañanero soltó a una jauría encabezada por él mismo, sus colaboradores, opinadores, periodistas militantes y por supuesto las granjas de bots que maneja desde la Presidencia su vocero, en contra de la académica y politóloga, María Amparo Casar, a quien acusan desde el poder de un presunto acto de corrupción cometido hace 20 años cuando cobró un seguro de vida y recibió una pensión post mortem, tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Márquez Padilla, ocurrido en 2004 cuando él era un alto funcionario de Petróleos Mexicanos.

En su andanada en contra de la directora de Mexicanos contra la Corrupción, una organización civil que realiza y documenta reportajes periodísticos sobre la corrupción política y gubernamental, el presidente no dudó en poner en marcha y utilizar todo el aparato del Estado mexicano para exhibir la supuesta conducta irregular cometida por la señora Casar, a quien no solo le revivieron el doloroso tema del suicidio de su esposo, sino que además publicaron y difundieron desde las páginas oficiales de la Presidencia de la República los expedientes judiciales de aquel año sobre los peritajes e investigaciones de la muerte de Carlos Márquez, con la intención de desacreditar que María Amparo “no tiene autoridad moral”, como lo declaró desde el viernes el presidente.

La acusación pública del presidente, que ni siquiera queda del todo acreditada o comprobada con la difusión ilegal de los expedientes que contienen información privada y datos personales de la familia Márquez-Casar, es que la hoy directora de Mexicanos contra la Corrupción habría cobrado, en su tiempo, un seguro de vida por 130 mil pesos y habría pedido la pensión que le correspondía a su esposo, además del pago de gastos funerarios, a pesar de que el señor Márquez, que entonces era Coordinador de Asesores del Corporativo de Administración de Pemex, se había quitado la vida por su propia decisión al arrojarse de la Torre de oficinas de la empresa estatal, mientras que los dictámenes en su momento hablaron de un accidente de trabajo.

El seguro de vida que tanto le molestó al presidente lo cubrió en su momento un banco privado, mientras que la pensión post-mortem que cobró la familia del funcionario fallecido era un derecho laboral adquirido, sin importar cuál fuera la causa de su muerte. Pero nada de eso se dijo en el discurso de odio lanzado por el Presidente y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en contra de la académica que dirige una organización civil que exhibe la corrupción del gobierno. Lo que importaba, al parecer, era cumplir la consigna del presidente en contra de una ciudadana que cuestiona y documenta casos de corrupción de su gobierno y hasta de su familia.

El otro caso de violación a la privacidad de un ciudadano lo cometió el gobierno de Morelos, encabezado por el aliado y protegido del presidente, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Tras denunciarse la desaparición del obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo, Guerrero, monseñor Salvador Rangel, el lunes pasado, por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) el asunto causó revuelo y conmoción por tratarse de un prelado católico que ha cuestionado públicamente la violencia del narcotráfico que impera en Guerrero y ha puesto en duda la eficacia de las estrategias de seguridad de los gobiernos estatal y federal, al reunirse con narcos en busca de un “acuerdo de paz” para que no ataquen ni asesinen a la población.

La presunta desaparición del obispo crítico generó reacciones inmediatas desde el gobierno federal y fue asumida por la Fiscalía de Justicia de Morelos, que encabeza Uriel Carmona, otro fiscal “incómodo” para la 4T y que fue acusado, perseguido y encarcelado en un penal de máxima seguridad, de donde salió libre por orden de un juez que no encontró elementos para que lo hubieran detenido y apresado. Pero como el gobernador Cuauhtémoc Blanco está enfrentado a muerte con el fiscal Carmona, ordenó a su secretario de Seguridad estatal, José Antonio Ortiz, meterse también a indagar qué había ocurrido con la desaparición del obispo Rangel, quien apareció el mismo lunes que la CEM lo reportó desaparecido, lastimado y drogado en un hospital de Cuernavaca.

El fiscal Uriel Carmona declaró a los medios que se investigaba un caso de secuestro exprés, como la causa de la desaparición del obispo y que éste no podía declarar porque lo habían drogado al parecer con cocaína. Pero cuando la Fiscalía estatal estaba llevando el caso, el comisionado de Seguridad morelense irrumpió en la escena con una declaración no sólo insensible y desafortunada sino que violentó de golpe no sólo la privacidad de Salvador Rangel, sino también su calidad de víctima de un presunto delito. “No fue un secuestro”, dijo el funcionario del gobierno morenista de Morelos. “El obispo Rangel entró a un motel acompañado de otro hombre”.

Así, de golpe y por una declaración claramente malintencionada del gobierno de Morelos, al obispo católico de Chilpancingo, al mismo que ha cuestionado los vínculos de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con el crimen organizado y ha dicho que la gobernadora Evelyn Salgado entregó el estado al narcotráfico, no sólo lo exhibieron y vulneraron su intimidad y privacidad, sino que además atacaron y cuestionaron su autoridad moral y religiosa ante su feligresía. ¿Era necesario dar detalles tan particulares para decir que el obispo había sido atacado en un encuentro privado con otra persona y no secuestrado?

A estas alturas, con un presidente que ya ha dejado claro que no le importa la ley ni la Constitución y que está dispuesto a todo, lo que haga falta con tal de mantener el poder y hacer que gane su candidata presidencial en las próximas elecciones del 2 de junio, difícilmente se puede creer que esos dos casos de abuso de poder y ataques desde el gobierno a la privacidad de dos ciudadanos mexicanos es algo casual o aislado. Lo que está emergiendo en este fin de sexenio es la amenaza y el peligro que representa un poder desbordado y autoritario como el que le han dado al presidente López Obrador y que él pretende heredarle a la que quiere a toda costa como su sucesora.

Cuando un gobierno usa los instrumentos del Poder y los recursos de un Estado para ir en contra de los ciudadanos, con intenciones políticas perversas y aviesas, como las que se ven muy claramente en estos dos casos, los focos de alerta para una democracia deben encenderse. Nada garantiza a estas alturas que lo que pasó en la última semana, con los ataques a María Amparo Casar y al obispo Salvador Rangel, no se convierta en una práctica común contra los que critiquen, disientan o se opongan ya no sólo a este gobierno, sino al movimiento político que representa y que busca mantenerse en el Poder por los próximos 6 años. Ahora son una académica investigadora y un prelado religioso, después podría ser cualquiera en que esté en la mira de un Estado dictatorial y autoritario que se vuelva en contra de los ciudadanos y su derecho a disentir.

NOTAS INDISCRETAS… Entre las repercusiones que trajo la muerte de Raúl Padilla López, ocurrida en abril de 2023, se dieron varios reacomodos en el grupo que controla la Universidad de Guadalajara, la segunda universidad pública más importante del país. Muchos de los reacomodos y cambios en posiciones estratégicas que se dieron en el último año en la UdeG, tuvieron que ver con la nueva relación política entre el gobierno del emecista, Enrique Alfaro, y la rectoría de la Universidad, que mejoró y se recompuso tras la ausencia de Padilla, con quien el gobernador Alfaro y hasta el presidente López Obrador tenían una guerra declarada. Uno de los cambios que más llamaron la atención fue el nombramiento del maestro Carlos Trejo Herrera como el nuevo Abogado General de la UdeG que fue anunciado en octubre pasado. Con esa designación al que se desempeñaba hasta entonces como abogado universitario, Juan Carlos Guerrero Fausto, lo mandaron a la Coordinación General de Servicios a Universitarios.  A Guerrero Fausto lo removieron del cargo de abogado a pesar de que le quedaba un año al periodo para el que fue elegido y llamó también la atención que no se le permitió nombrar sucesor de su confianza; por el contrario el nuevo abogado general comenzó a pedirles su renuncia o a cambiar de plaza a varios de los colaboradores más cercanos a Guerrero Fausto incluyendo a su asistente, con lo que quedó claro que se estaba haciendo una limpia en la Abogacía General. Y es que en las cúpulas universitarias de Guadalajara se escuchan fuertes señalamientos de corrupción y deshonestidad sobre Juan Carlos Guerrero, a quien acusan incluso de extorsión. Lo que comentan altos directivos de la UdeG es que el exabogado general utilizó su cercanía con el finado Raúl Padilla para pasar por encima no sólo de sus pares en la Universidad sino también de funcionarios estatales y federales e incluso de abogados de la Suprema Corte, con lo que se abrió tantos frentes de batalla que terminaron cobrándole factura a él y a su mentor Raúl Padilla. A Guerrero Fausto se le señala como el operador de la donación de predios a la UdeG que antes le habían sido entregados por el gobierno estatal para que se construyera el Complejo de las Artes incluyendo la biblioteca central; sin embargo, gran parte de esos predios fueron utilizados para construir edificios e inmuebles privados de las cuales, dicen, se benefició Juan Carlos Guerrero, quien incluso, afirman las fuentes universitarias, estuvo a punto de rentar una nave a la empresa Walmart por 30 años, algo que hizo explotar al gobernador Alfaro y  que declarara públicamente que no autorizaría más recursos públicos a la Universidad, “para mantener los negocios privados de Raúl Padilla”. Varios de los negocios inmobiliarios y de otro tipo que se le atribuyen a Guerrero Fausto se hicieron a través del Corporativo de Empresas Universitarias, cuyo objetivo era obtener recursos que ayudaran a la UdeG para su operación y expansión, incluyendo empresas de giros que nada tenían que ver con la actividad académica como el Hotel Villa Primavera, gasolineras y hasta negocios en la ciudad de Los Ángeles. A través del Centro de Idiomas Proulex Comlex se obligaba a los estudiantes a inscribirse en cursos de idiomas y a pagar, condicionando la validación de sus estudios de bachillerato y universidad. Fueron tantos los escándalos que se generaron en ese Corporativo de Empresas universitarias, que tras la muerte de Padilla tuvieron incluso que cambiarle el nombre e integrarlo a la estructura universitaria con nuevas y estrictas reglas de operación. Incluso los mismos directivos universitarios aseguran que Juan Carlos cometió peculado, porque cuando era abogado general seguía siendo al mismo tiempo socio del despacho legal Pravo, en donde su socio era el hijo de Raúl Padilla, del mismo nombre. Y aun cuando públicamente él decía haber renunciado a sus acciones en ese despacho, en realidad no sólo seguía siendo socio, sino que utilizaba los recursos de la Abogacía General, para litigar y atender asuntos de su despacho. Y al final, en medio de todos esos escándalos de corrupción en la universidad jalisciense, ahí sigue Juan Carlos Guerrero Fausto, quien enfrenta actualmente denuncias del SAT y la UIF, presentadas ante la Fiscalía General de la República por fraude fiscal, discrepancia fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre los que se menciona la compra de un departamento de su propiedad en la exclusiva zona Polanco de la CDMX… Ayer domingo trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación realizaron una protesta en el Angel de la Independencia para defender la autonomía e independencia de los juzgadores federales, ante los embates, ataques y reformas promovidas desde la Presidencia de la República. Dirigentes sindicales y directivos de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados hablaron en la protesta que logró reunir a unos 4 mil trabajadores, y desde el improvisado templete, en las escalinatas del Angel, se escuchó a uno de los oradores referir el nombre del exministro presidente de la Corte, Arturo Zaldivar, lo que desató gritos de repudio y rechiflas de los trabajadores judiciales, mientras el que hablaba se refería al actual vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum: “Zaldívar, te lo decimos de frente y a la cara: eres un rastrero. La comunidad jurídica ya te está juzgando. Eres un traidor, has cambiado la toga por un chaleco. Veniste a dinamitar al Poder Judicial desde adentro y usaste tu cargo para presionar y amedrentar a jueces”, decía el orador entre gritos de “¡traidor, traidor!”… Se lanzan los dados. Escalera Doble. La semana pinta bien.

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador será recordado como el de un Presidente que abusó de su poder y utilizó los medios y los recursos del Estado, junto al poder de la Presidencia de la República, para atacar, exhibir y difundir información privada y datos personales, patrimoniales y fiscales de periodistas críticos y de opositores a su gobierno. Si ya con Carlos Loret, el mandatario mexicano violentó todas las leyes que protegen la privacidad y los datos fiscales de un ciudadano mexicano, ayer con María Amparo Casar, directora de la organización “Mexicanos contra la Corrupción”, que investiga y documenta casos de corrupción política y gubernamental, López Obrador volvió a pasar todos los límites y utilizó de nuevo su poder para exponer y exhibir a la académica por el caso de suicidio de su esposo ocurrido en el año 2024.

Porque desde la Presidencia de la República se difundieron ayer acusaciones directas por un presunto acto de corrupción en contra de la académica y politóloga, que no sólo fueron hechas de palabra desde la conferencia presidencial por el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, sino también por el propio Presidente que utilizó el suicidio del esposo de Casar para exhibirla y poner en duda su “autoridad moral” para investigar casos de corrupción. “Se demostró que fue un suicidio, para que se tratara como accidente y se pagara un seguro y una pensión vitalicia de 130 mil pesos mensuales a la señora. Con todo respeto, pero de repente se convierten en defensores de la democracia… ¿Cuál es la autoridad moral?”, dijo López Obrador, al encabezar la andanada contra la directora de la organización civil, en la que también mencionó al escritor Héctor Aguilar Camín, a quién le dijo: “¿Y que ya se le olvidó a Héctor que recibía dinero de Carlos Salinas de Gortari?”.

Fue primero el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien desde la misma mañanera en Palacio Nacional acusó directamente a María Amparo de incurrir en un acto corrupto en contra de la empresa petrolera. “Este es un caso importante porque es un caso de corrupción, encabezado por quien dice combatir la corrupción o por quien encabeza a Mexicanos, ellos dicen que son en contra de la corrupción, pero en realidad son a favor de la corrupción”, dijo con sorna Romero Oropeza al contar su versión sobre la muerte de Carlos Fernández Márquez Padilla, ocurrida cuando cayó del piso 12 de la Torre de Pemex, que fue finalmente dictaminada por los peritos de la Procuraduría de Justicia del DF como un suicidio, pero los pagos de un seguro de vida y de la pensión post mortem solicitada por María Amparo se hicieron como si se tratara de un accidente de trabajo.

“Todo esto fue antes de que hubiera un dictamen pericial. Los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente, omitiendo esperar el dictamen del Ministerio Público que finalmente resolvió que había sido un suicidio”, agregó el director de Pemex, quien afirmó que por aquellas fechas Casar y el escritor Héctor Aguilar Camín buscaron al entonces procurador capitalino, Samuel del Villar, “para pedirle que modificara el dictamen, que no pareciera suicidio sino que pareciera un accidente, para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación, pero se resolvió que fue suicidio”.

Por la tarde de ayer continuó la andanada directa del Presidente y desde la página oficial de la Presidencia de la República se publicó el expediente judicial completo de aquel caso de la muerte de Carlos Fernández, quien al momento de su muerte se desempeñaba como coordinador de Asesores de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex. El documento oficial de la antigua Procuraduría capitalina, en el que se habla del suicidio del funcionario de Pemex, fue subido sin testar y exhibiendo los datos personales del fallecido y de sus familiares.

Las reacciones de los círculos académicos y políticos en defensa de María Amparo Casar no se hicieron esperar y condenaron lo que llamaron “el abuso del Presidente”. En un escrito firmado por José Woldenberg, Lorenzo Córdova, Jaqueline Peschard, Ciro Murayama, Hortensia Santiago, Raúl Trejo Delabre, Patricia Ortega, Ricardo Becerra, Natalia Cervantes, Luis Emilio Giménez Cacho y Rubén Álvarez, entre otros, se acusó al mandatario de traspasar los límites de su poder. “Con la publicación de un expediente repleto de documentos y datos personales, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompe los límites legales, pero también morales, que organizan la vida pública en nuestro país. En su afán para tomar venganza personal contra una ciudadana que ha analizado con seriedad y ánimo crítico numerosos abusos del actual gobierno, el Presidente quebranta varias leyes, enrarece aún más el debate público a menos de un mes de las elecciones y lastima a una familia”, dicen los académicos y exfuncionarios del INE en su carta.

Señalaron también que “los documentos ilegalmente exhibidos esta tarde por la Presidencia de la República no aclaran en absoluto la supuesta irregularidad en el pago de un seguro de vida hace dos décadas. Su difusión infringe la secrecía en el manejo de datos personales. Lo que muestra la publicación de ese expediente es una conducta enfermiza, con un abuso de poder inusitado, por parte del Presidente de la República. El poder no es ni debe ser absoluto, caprichoso, ni vengativo. Las agresiones de la Presidencia a los ciudadanos deben cesar”, exigen los firmantes.

Y más allá de las razones claramente políticas que el Presidente tenga para emprender una campaña en contra de María Amparo Casar, es cierto que el poder de la Presidencia no puede usarse para venganzas y ataques en contra de una ciudadana que además es crítica del gobierno. Pero no es la primera vez que López Obrador actúa abusando de su poder y quién sabe también si sea la última en los cinco meses que le quedan a su gobierno. Sobre todo porque el Presidente cada vez está más descarado en su actuación como Jefe Político y jefe de la campaña de Morena y de su candidata presidencial, a la que un día elogia y el otro dice que “va a ganar Sheinbaum”.

En ese afán, López Obrador ha cruzado la raya de lo legal y lo moral en la actuación de un Presidente frente a los ciudadanos. Se metió con la vida privada de una ciudadana para acusar un acto de corrupción que ni siquiera queda plenamente probado con el expediente judicial ilegalmente difundido desde la Presidencia. Pareciera que Andrés Manuel sigue empeñado en cosechar agravios, resentimientos y ofensas hasta el último día de su presidencia. Nomás que el inmenso poder de la Presidencia se acaba en cuanto termina el sexenio, y quién sabe si quien gane la elección presidencial querrá cargar con todos esos agravios y resentimientos que dejará el tabasqueño y que, sin duda, una vez que ponga un pie fuera del Palacio, muchos de los ciudadanos lastimados y ofendidos desde la Presidencia, se las van a querer cobrar al que ha dicho que se irá a “La Chingada”.

NOTAS INDISCRETAS…

Dicen que en la política no hay coincidencias y ayer, el exvocero presidencial de Vicente Fox, Rubén Aguilar, subió el siguiente mensaje a Twitter desde su cuenta personal: “Personas cercanas a López Obrador me dicen que ya se separó de su esposa, que se hará público cuando termine su mandato”. ¿Será que ya rotos los límites de la vida privada desde la Presidencia ahora también le van a ventilar su intimidad al Presidente?…Por cierto que sí ha sido notorio que después de haber tenido una intensa actividad pública todavía hasta el año pasado, cuando realizó incluso giras internacionales por varios países del Caribe llevando una representación oficial a nombre del gobierno mexicano para promover intercambios culturales con otros países, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller ya no se le ha visto últimamente en actividades públicas. En el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum manejan rumores de una posible incorporación de la actual esposa del presidente en un eventual gabinete de la candidata morenista. ¿Será que doña Beatriz no se va al rancho de Palenque?…A propósito de guerras electorales, será interesante saber cuál fue el banco mexicano, con sede en la Ciudad de México, que según el gobierno de Estados Unidos sobornó al congresista republicano Henry Cuellar a cambio de que presionara en Washington en contra de las leyes de lavado de dinero impulsadas por el gobierno estadounidense. Y es que el Departamento de Justicia de EU acusó a Cuellar y su esposa por cargos federales de conspiración, soborno y blanqueo de dinero por haber recibido 600 mil dólares de una empresa petrolera de Azerbaiyán y de un banco mexicano para utilizar su posición pública e influir en la política exterior estadounidense hacia Azerbaiyán y presionar a funcionarios de su gobierno para ayudar al banco de origen mexicano a ejercer presión en contra de las políticas antilavado impuestas desde Washington. Cuellar ha declarado, incluso antes de ser acusado, que su esposa y él son inocentes de estas acusaciones. Y hablando de vida privada, en el caso del congresista estadounidense también se involucra a su esposa, tal y como pasó recientemente en España con la investigación ordenada por un juez contra la señora Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo que desató todo un sainete que hoy ha hecho que a Sánchez los analistas y críticos de su gobierno ya lo estén comparando “con los líderes populistas de América Latina”. ¿A quiénes se referirán?…Se cierra la semana y los dados mandaron Serpiente Doble. Buen fin de semana para los amables lectores.