En una misma semana, dos gobernantes surgidos del Partido Morena violentaron de manera burda, grotesca y abusiva el derecho a la privacidad que tienen los ciudadanos mexicanos. Lo más preocupante de ambos casos, que ya de por sí son graves porque representan un abuso de poder de quienes detentan la autoridad, es que, a los dos ciudadanos vulnerados en su intimidad y privacidad desde el Estado, se les ubica claramente como críticos del gobierno, lo que parece encajar con un patrón en el que, más que una casualidad o un exabrupto de los gobernantes, apunta hacia una política de intimidación, descalificación y exhibición desde el Poder, a los opositores y disidentes del régimen.

El primer caso de abuso y ataque a la privacidad lo cometió el mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien desde su púlpito mañanero soltó a una jauría encabezada por él mismo, sus colaboradores, opinadores, periodistas militantes y por supuesto las granjas de bots que maneja desde la Presidencia su vocero, en contra de la académica y politóloga, María Amparo Casar, a quien acusan desde el poder de un presunto acto de corrupción cometido hace 20 años cuando cobró un seguro de vida y recibió una pensión post mortem, tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Márquez Padilla, ocurrido en 2004 cuando él era un alto funcionario de Petróleos Mexicanos.

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En su andanada en contra de la directora de Mexicanos contra la Corrupción, una organización civil que realiza y documenta reportajes periodísticos sobre la corrupción política y gubernamental, el presidente no dudó en poner en marcha y utilizar todo el aparato del Estado mexicano para exhibir la supuesta conducta irregular cometida por la señora Casar, a quien no solo le revivieron el doloroso tema del suicidio de su esposo, sino que además publicaron y difundieron desde las páginas oficiales de la Presidencia de la República los expedientes judiciales de aquel año sobre los peritajes e investigaciones de la muerte de Carlos Márquez, con la intención de desacreditar que María Amparo “no tiene autoridad moral”, como lo declaró desde el viernes el presidente.

La acusación pública del presidente, que ni siquiera queda del todo acreditada o comprobada con la difusión ilegal de los expedientes que contienen información privada y datos personales de la familia Márquez-Casar, es que la hoy directora de Mexicanos contra la Corrupción habría cobrado, en su tiempo, un seguro de vida por 130 mil pesos y habría pedido la pensión que le correspondía a su esposo, además del pago de gastos funerarios, a pesar de que el señor Márquez, que entonces era Coordinador de Asesores del Corporativo de Administración de Pemex, se había quitado la vida por su propia decisión al arrojarse de la Torre de oficinas de la empresa estatal, mientras que los dictámenes en su momento hablaron de un accidente de trabajo.

El seguro de vida que tanto le molestó al presidente lo cubrió en su momento un banco privado, mientras que la pensión post-mortem que cobró la familia del funcionario fallecido era un derecho laboral adquirido, sin importar cuál fuera la causa de su muerte. Pero nada de eso se dijo en el discurso de odio lanzado por el Presidente y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en contra de la académica que dirige una organización civil que exhibe la corrupción del gobierno. Lo que importaba, al parecer, era cumplir la consigna del presidente en contra de una ciudadana que cuestiona y documenta casos de corrupción de su gobierno y hasta de su familia.

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El otro caso de violación a la privacidad de un ciudadano lo cometió el gobierno de Morelos, encabezado por el aliado y protegido del presidente, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Tras denunciarse la desaparición del obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo, Guerrero, monseñor Salvador Rangel, el lunes pasado, por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) el asunto causó revuelo y conmoción por tratarse de un prelado católico que ha cuestionado públicamente la violencia del narcotráfico que impera en Guerrero y ha puesto en duda la eficacia de las estrategias de seguridad de los gobiernos estatal y federal, al reunirse con narcos en busca de un “acuerdo de paz” para que no ataquen ni asesinen a la población.

La presunta desaparición del obispo crítico generó reacciones inmediatas desde el gobierno federal y fue asumida por la Fiscalía de Justicia de Morelos, que encabeza Uriel Carmona, otro fiscal “incómodo” para la 4T y que fue acusado, perseguido y encarcelado en un penal de máxima seguridad, de donde salió libre por orden de un juez que no encontró elementos para que lo hubieran detenido y apresado. Pero como el gobernador Cuauhtémoc Blanco está enfrentado a muerte con el fiscal Carmona, ordenó a su secretario de Seguridad estatal, José Antonio Ortiz, meterse también a indagar qué había ocurrido con la desaparición del obispo Rangel, quien apareció el mismo lunes que la CEM lo reportó desaparecido, lastimado y drogado en un hospital de Cuernavaca.

El fiscal Uriel Carmona declaró a los medios que se investigaba un caso de secuestro exprés, como la causa de la desaparición del obispo y que éste no podía declarar porque lo habían drogado al parecer con cocaína. Pero cuando la Fiscalía estatal estaba llevando el caso, el comisionado de Seguridad morelense irrumpió en la escena con una declaración no sólo insensible y desafortunada sino que violentó de golpe no sólo la privacidad de Salvador Rangel, sino también su calidad de víctima de un presunto delito. “No fue un secuestro”, dijo el funcionario del gobierno morenista de Morelos. “El obispo Rangel entró a un motel acompañado de otro hombre”.

Así, de golpe y por una declaración claramente malintencionada del gobierno de Morelos, al obispo católico de Chilpancingo, al mismo que ha cuestionado los vínculos de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con el crimen organizado y ha dicho que la gobernadora Evelyn Salgado entregó el estado al narcotráfico, no sólo lo exhibieron y vulneraron su intimidad y privacidad, sino que además atacaron y cuestionaron su autoridad moral y religiosa ante su feligresía. ¿Era necesario dar detalles tan particulares para decir que el obispo había sido atacado en un encuentro privado con otra persona y no secuestrado?

A estas alturas, con un presidente que ya ha dejado claro que no le importa la ley ni la Constitución y que está dispuesto a todo, lo que haga falta con tal de mantener el poder y hacer que gane su candidata presidencial en las próximas elecciones del 2 de junio, difícilmente se puede creer que esos dos casos de abuso de poder y ataques desde el gobierno a la privacidad de dos ciudadanos mexicanos es algo casual o aislado. Lo que está emergiendo en este fin de sexenio es la amenaza y el peligro que representa un poder desbordado y autoritario como el que le han dado al presidente López Obrador y que él pretende heredarle a la que quiere a toda costa como su sucesora.

Cuando un gobierno usa los instrumentos del Poder y los recursos de un Estado para ir en contra de los ciudadanos, con intenciones políticas perversas y aviesas, como las que se ven muy claramente en estos dos casos, los focos de alerta para una democracia deben encenderse. Nada garantiza a estas alturas que lo que pasó en la última semana, con los ataques a María Amparo Casar y al obispo Salvador Rangel, no se convierta en una práctica común contra los que critiquen, disientan o se opongan ya no sólo a este gobierno, sino al movimiento político que representa y que busca mantenerse en el Poder por los próximos 6 años. Ahora son una académica investigadora y un prelado religioso, después podría ser cualquiera en que esté en la mira de un Estado dictatorial y autoritario que se vuelva en contra de los ciudadanos y su derecho a disentir.

NOTAS INDISCRETAS… Entre las repercusiones que trajo la muerte de Raúl Padilla López, ocurrida en abril de 2023, se dieron varios reacomodos en el grupo que controla la Universidad de Guadalajara, la segunda universidad pública más importante del país. Muchos de los reacomodos y cambios en posiciones estratégicas que se dieron en el último año en la UdeG, tuvieron que ver con la nueva relación política entre el gobierno del emecista, Enrique Alfaro, y la rectoría de la Universidad, que mejoró y se recompuso tras la ausencia de Padilla, con quien el gobernador Alfaro y hasta el presidente López Obrador tenían una guerra declarada. Uno de los cambios que más llamaron la atención fue el nombramiento del maestro Carlos Trejo Herrera como el nuevo Abogado General de la UdeG que fue anunciado en octubre pasado. Con esa designación al que se desempeñaba hasta entonces como abogado universitario, Juan Carlos Guerrero Fausto, lo mandaron a la Coordinación General de Servicios a Universitarios.  A Guerrero Fausto lo removieron del cargo de abogado a pesar de que le quedaba un año al periodo para el que fue elegido y llamó también la atención que no se le permitió nombrar sucesor de su confianza; por el contrario el nuevo abogado general comenzó a pedirles su renuncia o a cambiar de plaza a varios de los colaboradores más cercanos a Guerrero Fausto incluyendo a su asistente, con lo que quedó claro que se estaba haciendo una limpia en la Abogacía General. Y es que en las cúpulas universitarias de Guadalajara se escuchan fuertes señalamientos de corrupción y deshonestidad sobre Juan Carlos Guerrero, a quien acusan incluso de extorsión. Lo que comentan altos directivos de la UdeG es que el exabogado general utilizó su cercanía con el finado Raúl Padilla para pasar por encima no sólo de sus pares en la Universidad sino también de funcionarios estatales y federales e incluso de abogados de la Suprema Corte, con lo que se abrió tantos frentes de batalla que terminaron cobrándole factura a él y a su mentor Raúl Padilla. A Guerrero Fausto se le señala como el operador de la donación de predios a la UdeG que antes le habían sido entregados por el gobierno estatal para que se construyera el Complejo de las Artes incluyendo la biblioteca central; sin embargo, gran parte de esos predios fueron utilizados para construir edificios e inmuebles privados de las cuales, dicen, se benefició Juan Carlos Guerrero, quien incluso, afirman las fuentes universitarias, estuvo a punto de rentar una nave a la empresa Walmart por 30 años, algo que hizo explotar al gobernador Alfaro y  que declarara públicamente que no autorizaría más recursos públicos a la Universidad, “para mantener los negocios privados de Raúl Padilla”. Varios de los negocios inmobiliarios y de otro tipo que se le atribuyen a Guerrero Fausto se hicieron a través del Corporativo de Empresas Universitarias, cuyo objetivo era obtener recursos que ayudaran a la UdeG para su operación y expansión, incluyendo empresas de giros que nada tenían que ver con la actividad académica como el Hotel Villa Primavera, gasolineras y hasta negocios en la ciudad de Los Ángeles. A través del Centro de Idiomas Proulex Comlex se obligaba a los estudiantes a inscribirse en cursos de idiomas y a pagar, condicionando la validación de sus estudios de bachillerato y universidad. Fueron tantos los escándalos que se generaron en ese Corporativo de Empresas universitarias, que tras la muerte de Padilla tuvieron incluso que cambiarle el nombre e integrarlo a la estructura universitaria con nuevas y estrictas reglas de operación. Incluso los mismos directivos universitarios aseguran que Juan Carlos cometió peculado, porque cuando era abogado general seguía siendo al mismo tiempo socio del despacho legal Pravo, en donde su socio era el hijo de Raúl Padilla, del mismo nombre. Y aun cuando públicamente él decía haber renunciado a sus acciones en ese despacho, en realidad no sólo seguía siendo socio, sino que utilizaba los recursos de la Abogacía General, para litigar y atender asuntos de su despacho. Y al final, en medio de todos esos escándalos de corrupción en la universidad jalisciense, ahí sigue Juan Carlos Guerrero Fausto, quien enfrenta actualmente denuncias del SAT y la UIF, presentadas ante la Fiscalía General de la República por fraude fiscal, discrepancia fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre los que se menciona la compra de un departamento de su propiedad en la exclusiva zona Polanco de la CDMX… Ayer domingo trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación realizaron una protesta en el Angel de la Independencia para defender la autonomía e independencia de los juzgadores federales, ante los embates, ataques y reformas promovidas desde la Presidencia de la República. Dirigentes sindicales y directivos de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados hablaron en la protesta que logró reunir a unos 4 mil trabajadores, y desde el improvisado templete, en las escalinatas del Angel, se escuchó a uno de los oradores referir el nombre del exministro presidente de la Corte, Arturo Zaldivar, lo que desató gritos de repudio y rechiflas de los trabajadores judiciales, mientras el que hablaba se refería al actual vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum: “Zaldívar, te lo decimos de frente y a la cara: eres un rastrero. La comunidad jurídica ya te está juzgando. Eres un traidor, has cambiado la toga por un chaleco. Veniste a dinamitar al Poder Judicial desde adentro y usaste tu cargo para presionar y amedrentar a jueces”, decía el orador entre gritos de “¡traidor, traidor!”… Se lanzan los dados. Escalera Doble. La semana pinta bien.