En una entrevista con Adela Micha, el periodista especializado en crimen organizado, Luis Chaparro, reveló información sobre el papel de Joaquín “El Chapo” Guzmán en un plan para secuestrar a Ismael “El Mayo” Zambada, y destapó las supuestas conexiones entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el cártel de los Chapitos. Durante la conversación en el programa de Micha, Chaparro afirmó que estos nexos entre Rocha y los Chapitos han sido documentados en investigaciones de Estados Unidos y México, las cuales apuntan a una red de corrupción que habría facilitado el poder del grupo criminal en el estado.

Según Chaparro, el secuestro de El Mayo Zambada, actualmente al frente de una facción del Cártel de Sinaloa, fue parte de una estrategia de Guzmán para consolidar el liderazgo de sus hijos, los llamados “Chapitos”. A pesar de encontrarse en prisión, “El Chapo” habría sido el autor intelectual de la traición contra su antiguo socio y líder del cártel. “Desde prisión, El Chapo intentó asegurar que sus hijos consolidaran su poder, incluso si eso implicaba traicionar a Zambada”, señaló Chaparro, quien explicó que la rivalidad entre las facciones surgió cuando los Chapitos rechazaron entregarse o negociar como su padre les había pedido, y optaron por reforzar sus operaciones en el tráfico de drogas.

La tensión en Sinaloa aumentó cuando Rocha Moya, a pesar de ser el gobernador de Sinaloa, fue rechazado tanto por los Chapitos como por la “Mayiza”, el grupo de seguidores de El Mayo Zambada, según Chaparro. La ruptura de Rocha con los Chapitos habría ocurrido después de que el gobernador incumplió promesas hechas al grupo, generando una profunda desconfianza en su relación. En esta ruptura, Rocha habría buscado ganarse la confianza de ambas facciones criminales, pero terminó por ser despreciado. Infobae informó el 18 de octubre sobre el rechazo de Rocha Moya por los dos grupos, en una señal de la compleja situación en el estado, que vive una escalada de violencia y narcotráfico.

De acuerdo con Chaparro, la traición de “El Chapo” Guzmán hacia su antiguo aliado Ismael “El Mayo” Zambada se fue gestando durante meses y obedeció a una estrategia de consolidación de poder para asegurar el liderazgo de sus hijos en el cártel. Chaparro explicó que la decisión de Guzmán fue favorecida por la creciente distancia entre ambas familias; una hija de Zambada le confesó al periodista que la relación con la familia de El Chapo estaba “muy fracturada”. Ante esto, Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, pasó meses ganándose la confianza de El Mayo para poner en marcha la operación de secuestro, lo cual representaría un golpe definitivo contra la facción de Zambada.

Además, Chaparro detalló que este movimiento fue meticulosamente planeado, también contó con el apoyo logístico de aviones de vigilancia de Homeland Security. Según el periodista, la colaboración de las autoridades estadounidenses fue crucial para monitorear los movimientos de Zambada y su equipo de seguridad, facilitando así el intento de secuestro.

Al final de la entrevista, Chaparro reveló que había sido amenazado de muerte con una bala, una advertencia que recibió en territorio estadounidense. Esta amenaza, confesó, no es un hecho aislado, pues periodistas y activistas que han investigado temas de narcotráfico y corrupción en Sinaloa han experimentado situaciones similares. “En un viaje a Disney familiar, ahí bonito y todo el día que llama mamá, tuve que regresar. Meto la mano a mi bolsillo izquierdo como para sacarme los tickets de cosillas que habíamos comprado. Y encuentro una bala. Alguien en algún momento me puso una bala”, compartió Chaparro, evidenciando los riesgos de cubrir la realidad del crimen organizado en México.

La entrevista de Micha y Chaparro ha generado fuertes reacciones en redes sociales y medios de comunicación, dado que las acusaciones contra Rocha Moya y la revelación de una supuesta traición orquestada por “El Chapo” contra Zambada plantean un panorama crítico para la seguridad en Sinaloa. Los vínculos entre políticos y cárteles de droga, según Chaparro, siguen siendo una realidad que alimenta la violencia y la inseguridad en la región.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha presentado un proyecto de sentencia en el que declara la inconstitucionalidad de ciertos aspectos de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso.

Según el proyecto, se declara la inconstitucionalidad de la elección por vía popular de jueces y magistrados, pero se mantendrá la elección de ministros, con el objetivo de poner fin a la actual “crisis constitucional”.

El ministro González Alcántara señaló que se rechaza la elección de ministros como un acto de “autocontención” para solucionar la crisis y restaurar la normalidad en las relaciones entre los Poderes de la Unión.

El proyecto también propone la invalidación de los jueces sin rostro, la supresión de los amparos con efectos generales, y la elección de jueces y magistrados por voto popular. No obstante, se mantendrá la elección de los miembros de la Suprema Corte, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial.

Además, el ministro también propone que se declare inconstitucional la renovación total de los poderes judiciales locales, lo que significa que los jueces estatales no podrán ser removidos y reemplazados por otros elegidos por voto popular.

El ministro González Alcántara aclara que su análisis de la reforma judicial se basa en la violación de principios constitucionales y en una “grave afectación a la democracia constitucional”. Además, su postura coincide con el discurso del presidente en contra del Poder Judicial de la Federación, afirmando que la supuesta intención de mantener privilegios es en realidad la preservación de la imparcialidad y la independencia en el cargo.

Sin embargo, el tema de los ministros de la Corte no se incluye en el proyecto por “mesura institucional”. El ministro señala que sus colegas de la SCJN tienen la autoridad para analizar el régimen electoral de ministros, pero propone no hacerlo por razones de “mesura institucional”.

Por último, el ministro afirma que la Suprema Corte tiene la potestad de revisar cualquier reforma constitucional que afecte los principios fundamentales establecidos en la Constitución, también conocidos como “cláusulas pétreas”.

El proyecto, que atiende las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, fue publicado por la SCJN y todavía no ha sido programado para ser discutido y votado en las próximas sesiones del pleno.

Dependiendo de la decisión final de los ministros, el alcance y el contenido del proyecto podrían ser modificados, y se necesitará un mínimo de ocho votos a favor para su aprobación.

La jueza Magdalena Victoria ha alertado sobre la gravedad de la reforma judicial que actualmente se tramita en el Congreso de México y ha informado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha convocado una reunión temática para el próximo 12 de noviembre. Según la jueza, esta reunión se ha organizado a una velocidad récord, ya que nunca antes se había logrado una consulta en un tiempo tan reducido.

Esta reunión ha sido solicitada por 26 organizaciones que buscan defender la independencia del poder judicial en México, aunque aún se desconoce quién asistirá por parte del gobierno a este encuentro que se llevará a cabo en Nueva York. La jueza Magdalena Victoria calificó esta reunión como “histórica”.

La jueza, titular del Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas con sede en la Ciudad de México, ha hecho un llamado a tomar conciencia sobre la gravedad de la reforma judicial y la supremacía legislativa que se está discutiendo en el Congreso. Según ha explicado, la CIDH está preocupada porque esta reforma representa un cambio estructural que pone en peligro los pilares fundamentales de la Constitución.

Según la jueza, esta reforma judicial va más allá de un simple cambio legal y se asemeja más a lo que un Constituyente haría, como el que, a principios del siglo pasado, definió la forma de gobierno actual. La jueza Victoria también ha señalado que todas las reformas que se están impulsando en el Congreso son parte de un “combo” que busca la misma finalidad.

Para la jueza Victoria, la intención de eliminar del artículo 1 de la Constitución el tema de los derechos humanos tenía como propósito desconocer a la CIDH de cara a la consulta. Además, la jueza ha señalado que el hecho de que la reforma en materia de justicia no incluya a las fiscalías ni al fuero común refuerza la idea de que se está buscando cambiar la estructura del Estado mexicano.

La preocupación de la CIDH y la convocatoria a una reunión temática en tiempo récord son una prueba de la alarma que genera esta reforma en la comunidad internacional.