Para quienes nacieron hace 31 años, el México al cual despiertan hoy no será igual. Son alrededor de 63 millones y medio, casi la mitad de quienes nacimos antes de 1994, cuando el presidente Ernesto Zedillo reformó el Poder Judicial. Este que conocimos, con sus fallas, injusticias, corrupción y privilegios, fue también un contrapeso al presidente en turno que emitió resoluciones históricas para frenar y corregir abusos y excesos. Al que nos adentramos quienes vivimos ese Poder Judicial, y para quienes navegarán en una nueva experiencia, será como entrar en un túnel oscuro donde no sabemos qué nos deparará.
Muchos pidieron una reforma urgente al Poder Judicial, pero no es lo que se consumó ayer. Con trampas y engaños, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum lo liquidaron. Se escudaron en que era la voluntad popular que votó mayoritariamente por ella, pero era otro engaño. Votó la ciudadanía por algo abstracto, sin conocer la demolición que tenían en mente. La narrativa de que era una institución repudiada también fue falsa: su nivel de confianza era similar con 53.6% el gobierno y 52.6% la Suprema Corte –con la que se identifica al Poder Judicial–, de acuerdo con la última encuesta del INEGI.
El “pueblo”, tras el cual esconden su alma autoritaria, no les dio el mandato para reformar la Constitución y liquidar el sistema que teníamos. Hicieron fraude a la ley para tener una mayoría calificada en el Congreso, y comprar votos a cambio de perdonar actos criminales para alcanzarla en el Senado. Esto, que es cosa del pasado, se les cobrará en el futuro.
Los traidores levantamanos de hoy, serán juzgados mañana. No será su problema, pero sí para sus hijos y descendientes, que cargarán la infamia que les heredaron sus padres, que cambiaron su conciencia por un huesito de poder efímero. Será difícil olvidar sus apellidos.
Se desconoce cuántas personas acudieron a votar ayer por los juzgadores de la nueva reforma judicial de López Obrador y su sucesora Sheinbaum. Hasta en esto ya cocinado, violaron la legalidad. Hubo inducción de voto, se metió el régimen a manipular obscenamente la opinión de los electores, e inyectaron millones de pesos en el acarreo nacional. Y, por las dudas, para buscar la legitimidad tienen la complicidad del Instituto Nacional Electoral, de embarazar urnas en el recuento de votos, sin testigos independientes en ello.
Para muchos de los que tienen menos de 31 años, quizás no les importe mucho lo que se consumó ayer. Quizás les diga algo que, como apuntó un editorial de The Washington Post el sábado, México ya es parte del club de los autócratas que modificaron el Poder Judicial a modo de sus necesidades, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, El Salvador, Turquía, Hungría, Filipinas y Zimbabwe. Si aun así, los mayores en ese grupo no comprenden lo que significa matar el Estado de derecho, pueden hacer un ejercicio a partir de quiénes serán los juzgadores en los tribunales que más importan porque son los que definirán el futuro del país, para vislumbrar el México en el que vivirán a partir de hoy.
La cabeza de la reforma judicial es la Suprema Corte de Justicia. En unos días podrán ver si la lista en los acordeones que distribuyeron con los nombres de a quién quería Sheinbaum como vecinas, lo ratifica. También podrán confirmar si las cartas del régimen para presidirla, Lenia Batres o Yasmín Esquivel, resultan electas como la cabeza de toda esta transformación en reversa.
Hay otros juzgadores que habrá que revisar de manera inversa, es decir, quién quedó y cuáles son sus orígenes y apoyos. Algo que concierne a todos, porque la parte donde más ha mostrado su cara autoritaria el régimen, es en el aspecto penal.
Ahí, los juzgados a analizar quiénes los encabezarán son los penales del Altiplano, en el Estado de México; Puente Grande, Jalisco, y Reynosa, Tamaulipas, sin olvidar el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, a donde envían a los políticos a los que se acusa, justa o injustamente, de un delito. En varios de ellos se espera ver la mano de Morena, y en algunos más, habrá que ver si esa mano oculta la de los cárteles de las drogas.
Otros tribunales importantes para observar a quiénes queden, son los juzgados especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, que ven regulaciones, impiden monopolios y empresas predominantes, cuyos fallos tienen impacto directo en los consumidores.
Los tres juzgados especializados están en la Ciudad de México, aunque tienen competencia en el resto del país, y dos de ellos se votaron en Iztapalapa. ¿Por qué en esa alcaldía? Nadie lo ha explicado, pero es donde Morena tiene su locomotora de movilización y su principal granero de votos.
Muy importantes son los 32 tribunales administrativos en el país, en particular el 4º y el 5º, donde tradicionalmente los jueces y magistrados son los más influyentes a nivel nacional, por ser nombrados en ellos a los más capaces, cuyos fallos y resoluciones suelen ser seguidos por sus pares a nivel nacional, y donde algunos frenaron los abusos y violaciones legales de López Obrador.
Finalmente, habrá que revisar quiénes quedan al frente del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura y se encargará de la disciplina y el control interno de jueces y magistrados. La referencia será el fallo del Consejo de la Judicatura en diciembre pasado que cerró la investigación en contra del exministro de la Corte, Arturo Zaldívar, y de varios de sus colaboradores, por posibles actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y abuso de funciones, observando quiénes de los que votaron para cancelar el expediente, fueron premiados con cargos en ese tribunal.
Hay dos visiones encontradas sobre esta reforma. El régimen y sus voceros sostienen que será un sistema más justo para todos, por su origen demócrata, donde “el pueblo” los eligió. Los críticos, en México y en el mundo democrático, piensan lo contrario. No será más justo. Tampoco fortalecerá la democracia sino a la tiranía. Los que menos tienen sufrirán más. Y la ley quedará en manos de los poderosos y los criminales.
