Hace seis meses el alcalde de Chilpancingo Alejandro Arcos Catalán fue decapitado y su cabeza expuesta a plena luz del día en el cofre de una camioneta. Había acudido, según el secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, “a una reunión específica” al territorio controlado por el grupo criminal de Los Ardillos.
La decapitación y el desmembramiento es el método del terror de Celso Ortega Jiménez, líder de esa organización delictiva: varios meses atrás Ortega Jiménez había abandonado otras cinco cabezas cercenadas para obligar a la entonces alcaldesa de Morena, Norma Otilia Hernández, a sostener con él una nueva reunión.
La primera, llevada a cabo en un restaurante, había sido grabada por el jefe criminal. La tormenta cayó sobre Hernández una vez que esas imágenes fueron difundidas. Fuentes se seguridad sostienen que Ortega Jiménez tiene grabados a varios de los personajes más importantes de la clase política de Guerrero y que solo exhibe a quienes no cumplen con sus exigencias.
Con ese mismo personaje fue a reunirse Alejandro Arcos hace seis meses, a los pocos días de tomar posesión como presidente municipal de Chilpancingo. Regresó en pedazos.
Las autoridades federales y estatales han hecho lo posible por echar sobre el asunto una capa de olvido. Pero la violencia no deja de aflorar. Dos meses después del asesinato y desmembramiento de Arcos, fue asesinado el presidente del patronato de la feria de Chilpancingo, Martín Roberto Ramírez Ruiz. En medio de una fuerte irritación social, la tradicional feria fue cancelada.
Semanas antes, 17 pobladores de Chilapa (entre ellos dos mujeres, cinco hombres adultos y cuatro menores de edad) fueron secuestrados por Los Ardillos: sus cadáveres fueron hallados finalmente dentro de una camioneta.
Al acercarse el tercer informe de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, su gestión acumulaba ya 2 mil 499 homicidios. La cifra había aumentado 20% desde su llegada al cargo. La gobernadora hablaba, sin embargo, de un descenso de 34% “en comparación con la administración pasada”.
Para febrero de 2025, Salgado presumía que Guerrero había salido de la lista de los estados con mayor incidencia de homicidios dolosos, “ubicándose ahora en el octavo lugar nacional”.
En Chilapa, Mochitlán y Quechultenango, los principales bastiones de Los Ardillos, en efecto ya no hay homicidios: solo desapariciones y, según denuncia de pobladores, accidentes extraños como el ocurrido el fin de semana pasado, que cobró la vida de cinco integrantes de la familia Flores, dedicada a la ganadería –y del cual di cuenta en este espacio en la entrega de ayer.
La organización que encabeza Ortega Jiménez continúa, mientras tanto, actuando en sus territorios con entera impunidad. El pasado 25 de marzo, el jefe criminal —cuya cuñada, Mercedes Carballo, es la alcaldesa de Chilapa—, sostuvo una reunión de varias horas en la comunidad de Cuauhtenango con los encargados del rastro municipal y los locatarios del mercado de Chilapa.
Según testigos, Ortega estableció nuevas cuotas, de hasta 400 pesos diarios por cada puesto, y confirmó que las reses compradas en el rastro debían ser adquiridas solo en ranchos de su propiedad.
“¿Existe relación entre las nuevas cuotas y la muerte ‘accidental’ de una familia que acostumbraba vender sus reses al rastro?”, preguntan.
Al territorio controlado por Los Ardillos no entra nadie sin permiso. Seis meses después del espantoso asesinato del alcalde Arcos, el control del grupo criminal se mantiene igual que el primer día.
Cuando a mediados de 2023 esta organización movilizó a más de dos mil personas para tomar el Congreso y exigir la liberación de uno de sus líderes, el entonces presidente López Obrador ordenó el retiro de la Guardia Nacional y abandonó la capital del estado a su suerte. Los Ardillos no fueron tocados.
Fue precisamente en Quechultenango, el mayor centro de operaciones de Los Ardillos donde, en diciembre de 2017, y todavía como candidato de Morena a la Presidencia de la República, López Obrador fue a ofrecer la posibilidad de amnistía a los líderes del crimen organizado, con la intención de hacer “todo lo que se pueda para que logremos la paz en el país”.
Al termino de aquel controvertido mitin, un reportero le pidió a López Obrador ser más específico: “¿Esta amnistía alcanzaría a los líderes de los cárteles?”, le preguntó. La respuesta de AMLO fue recogida por todos los medios: “Vamos a plantearlo. Lo estoy analizando… Vamos a explorar todas las posibilidades”.
Dicen en Chilapa y en Quechultenango que el que quiera oír, que escuche. Hace siete años de aquel ofrecimiento.
En todo ese tiempo, y a pesar de los escalofriante de sus crímenes, nadie osa tocar al líder de Los Ardillos. Apenas el 25 de marzo anduvo por ahí, para dictarle a la gente nuevas instrucciones.
¿Quién creen que le organizó el mitin, en un municipio al que nadie puede entrar, al entonces flamante candidato de Morena?
