El 25 de julio de 2024, Ismael Zambada García, “El Mayo”, acudió a una reunión en la finca Huertos del Pedregal, en la periferia de Culiacán, Sinaloa, con Joaquín Guzmán López, Melesio Cuén –exrector y entonces diputado local–, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y presuntamente el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (aunque el mandatario ha negado haber asistido). Llegó acompañado de cuatro escoltas, dos entraron con él y los otros permanecieron afuera del sitio. De acuerdo con la primera versión de este caso, los dos escoltas que ingresaron con Zambada fueron asesinados en el mismo lugar donde el capo dice que fue secuestrado, pero ahora resulta que fueron declarados como desaparecidos y son buscados por instancias federales. Eran policías, uno retirado, el otro activo. Respecto de los agentes que estaban afuera, nada se sabe, por ello, el caso está envuelto en un misterio.

El caso del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y traslado a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, sigue causando controversias y también misterio.

Aquel 25 de julio de 2024, cuando el capo acudió a la finca Huertos del Pedregal, iba acompañado de dos guardaespaldas –José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez Valdez –que fueron declarados como desaparecidos, según una primera versión; otra establece que murieron acribillados en ese lugar donde “El Mayo” Zambada fue secuestrado por uno de los llamados “Chapitos” (Joaquín Guzmán) y luego trasladados en un avión a El Paso, Texas.

Sin embargo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas  y No Localizadas RNPDNO clasificó los casos de Heras López y Chaidez Valdez como confidencial; también hizo lo propio la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. El caso de Heras López –quien fungía como comandante activo de la Policía de Investigación –quedó bajo reserva en la Comisión Estatal responsable de la búsqueda de personas.

Las dos personas que acompañaron a Ismael Zambada a la finca, a la que presuntamente también acudió el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya –quien ha negado reiteradamente su asistencia y afirma que ese día viajó a Estados Unidos– fueron identificadas como parte del equipo de seguridad del capo por parte de su abogado, Frank Pérez, mediante una carta con fecha 10 de agosto de 2024.

Pérez, según antecedentes públicos, fue el primero en denunciar el secuestro de su cliente el 25 de julio del año pasado en la quinta Huertos del Pedregal, el mismo sitio donde fue ejecutado el exrector de la Universidad de Sinaloa y legislador, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien era amigo de Zambada, según reconoció el propio narcotraficante actualmente preso en Nueva York.

En la carta referida, Ismael “El Mayo” Zambada relató lo que ya se sabe: que acudió a una reunión a invitación de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, en la que estarían –además de las personas ya referidas –Iván Archivaldo Guzmán Salazar, cabeza del grupo criminal conocido como “Los Chapitos”, herederos del cártel de Sinaloa que ahora combate el Gobierno Federal, a petición de Estados Unidos, para frenar el tráfico de fentanilo y pacificar el territorio.

Según el documento, los guardaespaldas de Zambada –Heras y Chaidez – ingresaron con su jefe al lugar de la cita,  en tanto que otros dos escoltas permanecieron fuera del lugar.

La primera versión que circuló, luego del secuestro de “El Mayo”, fue sus escoltas que ingresaron fueron asesinados en la finca Huertos del Pedregal, pero resulta que los familiares de los agentes de seguridad de Zambada reportaron su desaparición a finales julio del 2024, días después de que se efectuó la citada reunión.

El caso confrontó a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía General de la República. La primera abrió carpetas de investigación y emitió fichas de búsqueda, mientras que la segunda decidió atraer el caso al ámbito federal para ahondar en las investigaciones.

Cabe referir que ambas dependencias chocaron desde el día del asesinato del diputado Melesio Cuén, pues la Fiscalía sinaloense, en una maniobra realizada presuntamente para manipular el caso, realizó un montaje para sostener la versión de que el exrector de la universidad de Sinaloa fue asesinado en una gasolinera. El móvil: un robo que no se probó.

La versión de “El Mayo” Zambada, multicitada en sus cartas, señala que su amigo fue acribillado en la finca Huertos del Pedregal el mismo día de su secuestro. Por esa razón tuvo que renunciar la entonces Fiscal estatal, Sara Bruno Quiñones.

Pero sobre la muerte de los escoltas de “El Mayo” otra parece ser la historia, pues la FGR hizo pública la búsqueda de Rodolfo Chaidez. Para ello, utilizó una fotografía suya que, de acuerdo con sus antecedentes, indica que  trabajó en la Policía de Investigación antes de ocuparse de la seguridad de Zambada García.

El otro guardaespaldas –José Rosario Heras –, de acuerdo con datos publicados por la agencia informativa Infobae, era agente activo y estaba adscrito al área de órdenes de aprehensión.

Con base en la misma información, no existen datos oficiales sobre lo que pasó con los otros dos escoltas, quienes se quedaron afuera para resguardar la finca Huertos del Pedregal. Uno de ellos responde al nombre de Jesús Peña González, conocido en el mundo del hampa como “El 20” –fue jefe del grupo criminal “Los Ántrax” –quien está prófugo desde el año 2020.

El camino de la negociación

El juicio contra Ismael “El Mayo” Zambada continúa en Nueva York. Candidato a la pena de muerte, el Gobierno de México solicitó desde julio de 2025 –días después de su secuestro y aparición en Estados Unidos –su extradición a México. Hasta ahora el caso no se ha resuelto y existen nulas posibilidades de que el Gobierno de Estados Unidos lo extradite. Es una pieza clave que conoce como nadie la relación de muchos políticos de todos los partidos con el crimen organizado.

Por otra parte, Zambada ha pedido al Gobierno de Claudia Sheinbaum que gestione su regreso a México. No quiere ser juzgado en Estados Unidos. En el hipotético caso de que “El Mayo” fuera extraditado a México, el capo sería encarcelado en una prisión de máxima seguridad. Esa sería una forma de evitar la pena de muerte.

Mientras el trámite de la extradición se resuelve, “El Mayo” Zambada está en negociaciones con las autoridades de Estados Unidos para evitar ir a juicio. En realidad los juicios contra capos en la Unión Americana han sido pocos, de acuerdo con datos históricos, pues la mayoría de los criminales han terminado negociando con las autoridades de ese país cuyos gobernantes siempre han pregonado que la justicia es inquebrantable.

Uno de los casos más relevantes en su momento fue el de Osiel Cárdenas Guillén –por cierto ya preso en el penal del Altiplano tras compurgar veinticinco años en Estados Unidos –; otro es el de Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua, y uno más reciente, el de Genaro García Luna, sentenciado a treinta y cuatro años por brindar protección al cártel de Sinaloa cuando fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

Para medio controlar la presión de Donald Trump y los aranceles a las exportaciones mexicanas, el Gobierno de México envió a Estados Unidos a veinticuatro narcotraficantes, entre ellos, a Rafael Caro Quintero, personaje emblemático del narcotráfico mexicano, candidato a la pena de muerte por el asesinato de Enrique Camarena, en 1985.

Otro de los capos que fueron figuras en los años noventa responde al nombre de Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, quien al igual que Caro Quintero podría enfrentar la pena capital.

Es posible que –con excepción de Caro Quintero –muchos de los capos expulsados, que no extraditados, terminen negociando con Estados Unidos. Sería lo mejor para ellos. Podrían salvar sus vidas soltando la lengua y diciendo lo que saben respecto a los vínculos de políticos mexicanos y el crimen organizado. Sería muy atractivo periodísticamente, por ejemplo, que Caro Quintero hablara sobre su relación con Manuel Bartlett, relacionado públicamente con el caso Camarena y con el narcotráfico en no pocas ocasiones.

APUNTES DEL SUBSUELO

DE ACUERDO CON FUENTES CONSULTADAS EN LA DEA, la violencia criminal podría recrudecerse en el sur del país debido a los golpes que el Gobierno de Claudia Sheinbaum está asestando en Sinaloa, donde se busca la pacificación mediante una guerra contra “Los Chapitos” y “La Mayisa”, socios en una etapa de esplendor, enemigos ahora, tras la división del cártel de Sinaloa.

Según mis fuentes, el cerco que el Gobierno Federal ha puesto en Sinaloa y otros estados del Pacífico podría causar más violencia en Veracruz, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintan Roo, esto debido a que los grupos criminales buscan ahora utilizar otros puertos para la recepción y envío de fentanilo a Estados Unidos. Las mismas fuentes señalan que los cárteles mexicanos están explorando nuevas vías para introducir drogas sintéticas a la Unión Americana. Y Veracruz, ahí donde gobierna Rocío Nahle, podría enfrentar en breve una etapa de fuerte tensión debido a la violencia criminal que se avizora. La Gobernadora me comentó en un WhatssApp que ya cambiaron a varios mandos policiacos que servían a otros intereses, en el pasado, y que está tomando las medidas para evitar la violencia. Esperemos que así sea.