Durante años la izquierda que hoy milita en Morena y el movimiento lopezobradorista respaldaron la versión sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa (“Fue el Estado”) y defendieron la posición de los padres de familia, sus abogados y los centros de Derechos Humanos Pro y Tlanchinollan de la Montaña, de que a los estudiantes los había atacado, detenido y se los habían llevado aquella noche del 26 de septiembre los policías municipales de Huitzuco, Iguala y Cocula.

El informe de la CNDH sobre el caso Aytozinapa reforzó esa versión y confirmó que los cuerpos municipales de seguridad actuaron por órdenes de “El Patrón”, el misterioso personaje que sigue sin ser identificado, y que agentes de la entonces Policía Federal y del Ejército supieron y vieron del secuestro de los jóvenes por parte de los policías locales y no hicieron nada para impedirlo. Y cuando López Obrador tuvo el poder, las investigaciones reabiertas en el pasado sexenio, dirigidas por la Comisión de la Verdad del subsecretario Alejandro Encinas, les dieron la razón confirmando no sólo la responsabilidad de los policías locales, sino también del Ejército, con la acusación histórica de 16 mandos militares, a los que se acusó de “desaparición forzada”, aunque en un hecho inédito e ilegal la FGR pidió a un juez revocar sus propias denuncias para liberar de culpa a los oficiales del Ejército.

Hoy, cuando el escándalo y la tragedia del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde la misma FGR ya confirmó la presencia de restos humanos cremados, alcanza repercusión internacional –como la que también tuvo Ayotzinapa— y el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU presenta un informe sobre el crecimiento de las desapariciones en México y la impunidad y desatención que ha permitido el Estado mexicano, los mismos morenistas que antes gritaban “Fue el Estado”, hoy se desgañitan y se ponen fúricos contra el director de ese Comité, al que hasta piden destituir, pero ahora dicen que “No fue el Estado” y que en México y en los gobiernos de la 4T, el pasado y el actual, “no hay desapariciones forzadas”.

Pero en el caso de los crematorios y el campo de exterminio de Teuchitlán, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó el pasado 19 de marzo que sí hubo participación de la Policía Municipal de Tala para detener, secuestrar y entregar a jóvenes al Cártel Jalisco Nueva Generación, que a su vez los llevaba al mencionado rancho, donde los que se resistían a ser entrenados como sicarios, eran “torturados y asesinados”, según informó también el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, el pasado 24 de marzo. “¿Se puede decir que hubo colusión de policías y autoridades?”, le preguntaron a Gertz Manero en la conferencia que dio hace tres semanas. “Obviamente, eso es evidente, eso lo dicen los mismos testigos, no lo digo yo”, respondió el fiscal.

Luego entonces, si la participación de los policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas confirmaba que se trató de una “desaparición forzada”, la “colusión” y participación de los policías de Tala (más lo que falta que arrojen las investigaciones en curso) también confirma que los jóvenes desaparecidos en Jalisco y procedentes de ese y otros estados, que fueron secuestrados, torturados y asesinados en el Rancho Izaguirre y en otros campos de entrenamiento y exterminio en Zacatecas, también fueron víctimas de “desaparición forzada”. En ambos casos la participación de policías municipales involucra al Estado mexicano.

Pero además, el verdadero fondo del informe que tanto incomodó al gobierno de la doctora Sheinbaum, elaborado por el funcionario de la ONU, Oliver Frouville, al que casi quieren linchar los morenistas, parte de la información que tiene dicho Comité, que le ha entegado el propio Estado mexicano desde 2014 y de las denuncias y solicitudes de colectivos y grupos de madres buscadoras, que documentan que desde hace más de 10 años (o incluso más porque abarca a otros gobiernos anteriores) han ocurrido las desapariciones en México sin que ningún gobierno, ni los dos de Morena ni los del PRI y el PAN antes hicieran nada para evitarlo, no investigaran las desapariciones y tampoco detuvieran a los responsables.

Por eso el CDE (por sus siglas en inglés) y su presidente decidieron analizar la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, porque a partir de la información que tiene y las solicitudes que ha recibido, se confirma que en México desde las últimas dos décadas al menos han ocurrido desapariciones sistemáticas, en las que instituciones del Estado sí participaron directamente y por comisión en algunos casos (Ayotzinapa y ahora Teuchitlán) y en otras por que el Estado y sus instituciones permitieron, consintieron o dieron su aquiescencia, por omisión y negligencia, para que esas desapariciones ocurrieran, por lo que también serían desapariciones forzadas.

Ya la ONU aclaró en un comunicado que las reacciones del gobierno de Sheinbaum y de los morenistas que se desgarraron las vestiduras para decir que ellos no desaparecen personas, están prejuzgando el contenido del informe y lo malinterpretan, pues lo que hará el CDE es llevar, con el citado artículo 34 de la Convención, el caso a la Asamblea General de la ONU, que será donde se decida si se responsabiliza o no al Estado mexicano de los casos de desaparición forzada sistemática.

Pero para que no queden dudas de que, aunque lo nieguen y se hagan los ofendidos, este gobierno sí tendrá que enfrentar el tema ante la ONU, no como administración sino como representante del Estado mexicano, el artículo 2 de la Convención define la desaparición forzada como “la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida; que colocan a esa persona fuera de la protección de la ley”. ¿No han contado las desapariciones de más de 125 mil mexicanos reconocidos oficialmente en calidad de desaparecidos o no localizados con la aquiescencia o consentimiento de facto de un Estado que no actúo, investigó ni castigó a los secuestradores, sean criminales, narcos o policías?

Tan solo en el rancho de Teuchitlán, ya confirmado por el Fiscal General de la República, sí hubo policías municipales que secuestraban a los jóvenes y se los entregaban al crimen organizado. Solo ese caso, lo quieran reconocer o no, ya representa el nuevo “Ayotzinapa” de la 4T, más todos los que se acumulen y los que nunca investigó, sancionó y castigó –por no hablar de los ataques y acusaciones de “conservadoras y opositoras” a las madres buscadoras— de López Obrador, más los de Peña Nieto, Calderón y Fox. Todos juntos serán juzgados en la Asamblea de la ONU que tendrá el último veredicto, por más berrinches que hagan los de la 4T.

NOTAS INDISCRETAS…

Justo el mismo día en el que la Presidenta le mandó un saludo nada amistoso y más bien bastante rudo al senador Adán Augusto López, por el ilegal y oscuro proselitismo anticipado de su protegida la senadora Andrea Chávez, al coordinador de los senadores de Morena se le atoró la aprobación de los magistrados electorales que no pudo ser aprobada en su primer intento el martes por la noche en el Senado. Y aunque ayer, en el segundo intento los nombramientos de los funcionarios electorales finalmente se aprobaron. Y es que en la primera votación del martes a Morena le faltaron votos para alcanzar la mayoría absoluta porque hubo senadores del PVEM que se negaron a votar o se ausentaron, debido a la molestia que provocó el desaseado y burdo procedimiento para esos nombramientos que ordenó Adán Augusto. Resulta que para seleccionar a los 56 magistrados se lanzó una convocatoria pública a la que se inscribieron varios cientos de aspirantes que buscaban conseguir una magistratura para las salas estatales y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Durante semanas a los senadores que integran la Comisión de Justicia se les hizo entrevistar a cientos de aspirantes que, entusiasmados y esperanzados en obtener el cargo, acudieron a las entrevistas, algunas presenciales y otras virtuales ante la enorme cantidad de candidatos que cumplieron los requisitos y que tenían los méritos y la preparación para ser magistrados electorales. Pero resultó que después de desgastarse haciendo entrevistas y seleccionando a los perfiles más capacitados que presentaron al Senado en varias listas finales, el martes al mediodía, el coordinador de Morena se presentó ante la Comisión de Justicia para decirles a sus integrantes que desecharan todo el trabajo y las preselecciones que habían hecho porque no serviría de nada. “Aquí están en esta hoja los 56 que vamos a aprobar”, les dijo mientras les mostraba una lista que no fue ni elaborada ni avalada por la Comisión de Justicia. “Por estos vamos a votar”, les reiteró Adán Augusto, ante el desconcierto y el enojo de varios senadores del oficialismo que se preguntaban para qué se dedicaron horas a entrevistar candidatos y para que entusiasmaron a tanta gente, si al final ya tenían una lista “palomeada” de los que iban a nombrar como magistrados. Por eso fue que a la hora de la votación, entre ausencias y votos en contra o abstenciones de las bancadas de la 4T, la lista de Adán Augusto no pasó; aunque al final la imposición de la lista palomeada fue aprobada anoche…Los dados giran. Acecha la Serpiente.