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Columnistas de SP

México: la dictadura generosa

En México no se necesita un dictador con botas, sable y armas. El gobierno de México camina firmemente hacia la dictadura mientras el público le aplaude agradecido.

Aquí el gobierno gana las elecciones libres, y luego amaña el resultado: coopta y amenaza a los órganos electorales para que le den 16% más legisladores, como si hubieran ganado 9 millones más que los votos que obtuvieron. Si le faltan senadores para su mayoría, usa los instrumentos del Estado para cooptar los que le falten para poder cambiar la constitución sin el consenso de la oposición.

La oposición existe, pero vive bajo la amenaza de los expedientes judiciales que el gobierno les ha abierto por presuntos actos de corrupción. Si el gobierno abriera esos mismos expedientes contra su propia gente descubierta en actos flagrantes de corrupción, no habría problema, sería una aplicación de la ley justa, pareja. No es así.

Los grandes empresarios del país están, en su inmensa mayoría, doblegados ante el gobierno. No se atreven a criticar porque les caen auditorías fiscales que derivan en órdenes de aprehensión o les cancelan los contratos encaminándolos a la quiebra.

La Constitución marca que hay tres poderes, que son contrapesos entre sí. En realidad, el Poder Ejecutivo es del mismo partido que tiene supermayoría en las dos cámaras del Poder Legislativo y que a partir de este domingo —con unas elecciones simuladas en las que la oposición no participará— controlará el Poder Judicial.

El cuarto poder, informalmente así llamado, es la prensa. En México el gobierno dice que hay libertad de expresión. Pero en la inmensa mayoría de los medios de comunicación no se puede criticar al régimen porque los dueños de esos medios tienen negocios alternos que reciben cantidades multimillonarias en contratos gubernamentales. Los medios que se atreven son inmediatamente atacados desde Palacio Nacional y amenazados con carpetas de investigación.

El SAT no es el organismo encargado de cobrar profesional y desapasionadamente los impuestos. Es con el que el gobierno amenaza y controla a los agentes económicos. La UIF no es la entidad dedicada a combatir el lavado de dinero de los narcos. Es el arma favorita para la persecución de quienes son considerados adversarios políticos. La FGR no es la institución autónoma que procura justicia, es una dependencia al servicio de los intereses del gobierno.

Los organismos autónomos han sido desmantelados sistemáticamente. Ya no hay instituto de transparencia acceso a la información, ya no hay de competencia económica ni de telecomunicaciones. Los dos organismos electorales ya están dominados por figuras afines al régimen. También la de derechos humanos y la que hace la auditoría al presupuesto público. Las organizaciones de la sociedad civil que evalúan al poder han sido atacadas y desmanteladas presionando a sus financiadores.

A lo largo de los últimos años, el gobierno ha tenido la pericia de destruir las condiciones democráticas generales que el ciudadano de a pie siente lejos y poco útiles para su día a día, y mientras tanto, resolverle la supervivencia con generosas transferencias de dinero a través de un mosaico de programas sociales que llegan al 80% de los hogares mexicanos. Dinero constante y sonante. En un pueblo con tantas necesidades, es lógico que la prioridad sea esa y se valore que el gobierno —aunque no haya resuelto la inseguridad, no haya abatido la corrupción y tenga los servicios de salud peor que antes— reparta el presupuesto entre todos.

Caminamos hacia un modelo de dictadura generosa. Que consolida su autoritarismo mientras comparte el presupuesto. Es una dictadura que no grita ni dispara. Sonríe, reparte dinero y tiene rostro de mujer. La dictadora generosa goza de 80% de popularidad.

El 1 de junio y la “democracia” según Morena

El próximo domingo quedará inscrito en la historia política del país como el día en el que el Poder Judicial Federal y el concepto de democracia cambiaron en México no necesariamente para mejorar. Porque los vicios de origen y la superficialidad de la reforma constitucional que dio pie a la formación de un nuevo sistema judicial, no ofrece ninguna garantía de que la votación a la que se convoca a los ciudadanos, bastará para garantizar un modelo de justicia mejor o exento de corruptelas y, por el contrario, la confusa y manipulada elección que ocurrirá este 1 de junio abrirá la puerta a un Poder Judicial controlado, manipulado y sometido al régimen gobernante.

Y si nada garantiza una mejora real en la justicia, para la democracia mexicana, tal y como la conocimos en los últimos 30 años, los comicios de este domingo también representan un grave retroceso porque, lejos de los procesos confiables, profesionales imparciales que logramos tener desde la reforma política de 1996, la de los juecesmagistrados ministros será una elección con la que regresarán, de manera abierta y cínica, los peores vicios de los procesos electorales de la era priista: el voto corporativo, el acarreo masivo de votantes que sustituye al voto ciudadano y, como ocurría en el antiguo régimen del PRI, una elección cuyos resultados ya se conocen y éstos serán totalmente favorables a los intereses del gobierno y su partido.

En ese sentido, el próximo domingo, con la participación del aparato político y clientelar del gobierno y con la ausencia de la oposición y del voto de la sociedad civil, que no creen en la certeza y legalidad de este proceso, avanzaremos en una nueva forma de realizar elecciones en las que sólo el régimen y sus grupos clientelares participan y deciden, mientras la ciudadanía y los partidos de oposición se vuelven actores meramente testimoniales, ya sea porque se abstienen y descalifican el proceso o porque el aparato político del gobierno puede, por sí solo, definir las elecciones.

Podría decirse que esta es la primera elección de la época reciente en México de la que ya se saben de manera anticipada sus resultados, porque además las huestes del gobierno y su partido, inducen de manera descarada y cínica el voto, diciéndoles a sus clientelas y estructuras por qué candidatos deben votar a través de los ya famosos “acordeones” de Morena; aunque a decir verdad, algo muy similar pasó ya en las elecciones presidenciales de 2024, donde el uso descarado de recursos públicos, programas sociales y el manejo de encuestas pagadas, hicieron que desde al menos dos meses antes de las votaciones ya se supiera quién sería la candidata ganadora e incluso, por voz del entonces presidente, hasta se “adivinara” anticipadamente el margen de votación con el que ganaría, con más del 30% de diferencia y 35 millones de votos.

Pero a diferencia del 2024, donde ya el aparato de estado y del partido hegemónico habían definido anticipadamente el resultado de la elección, pero todavía los ciudadanos salieron a votar masivamente tratando de hacer valer su derecho a decidir, en esta ocasión, en la elección judicial, el problema es que los ciudadanos y hasta la disminuida y debilitada oposición, ni siquiera harán el intento por votar y tratar de influir en un resultado que, de antemano, se sabe definido a favor del régimen.

Más allá del discurso oficial que pretende vender esta elección como algo “histórico”, que nos convertirá “en el país más democrático del mundo” o que “podremos decidir quiénes queremos que sean nuestros jueces ministros”, la realidad es que no hay muchos incentivos para votar. No sólo por lo confuso y complicado que resultará este experimento, sino porque tal y como se diseñó todo el proceso –entre la tómbola, los comités amañados que evaluaron a los candidatos y la presencia de candidatos con vínculos o antecedentes oscuros— todo parece orientado a que salgan electos los candidatos candidatas afines al régimen.

Eso es quizá lo más grave que ocurrirá este domingo: que las elecciones serias, profesionales y certeras, a las que nos acostumbramos a partir de 1997, con el nacimiento del IFE y su posterior transformación ciudadana con el INE, darán paso a un nuevo tipo de comicios en los que habrá más dudas que certezas y en los que los resultados, previamente difundidos e inducidos por el partido gobernante, simplemente serán validados por el voto corporativo clientelar, con la ausencia mayor del voto ciudadano.

Esa parece ser la nueva forma de “democracia” que ahora promoverá el régimen de la 4T y que dista mucho de ser el tipo de elecciones libres democráticas que tuvimos hasta ahora en el país. Lo que ocurrirá el domingo se parece mucho más a las elecciones de los regímenes dictatoriales autoritarios de Latinoamérica y de otras partes del mundo, y su resultado será también el fin de un Poder Judicial independiente y autónomo, para dar paso a un modelo judicial a imagen y semejanza de los Poderes Ejecutivo y Legislativo que ya controla el nuevo partido hegemónico de México.

Parafraseando al recién fallecido escritor, Mario Vargas Llosa, nos acercamos a partir de este 1 de junio, a la nueva “dictadura perfecta” mexicana, ahora vestida de color guinda, pero con muchos resabios y similitudes a la vieja dictadura priista.

NOTAS INDISCRETAS… Hay pactos que, por inconfesables y sucios que hayan sido, sus resultados siempre salen a la vista. Lo decimos por las fotografías y videos que han llegado en los últimos días desde España, donde los Yunes, el senador Yunes Márquez y su padre Miguel Angel Yunes Linares se pasean de lo más tranquilos por Madrid, en unas vacaciones que dejan ver su cómodo y sofisticado estilo de vida. Lo mismo en bares de moda de la capital española, que en exclusivas boutiques, padre e hijo, grabados o fotografiados en su relajada estancia madrileña, se muestran de lo más tranquilos, como quien se sabe protegido e impune gracias a sus acuerdos con el régimen. Y mientras acá, lo mismo en las redes, en el Senado o en las calles de Veracruz y del país les gritan “traidores”, en el selecto barrio de Salamanca, ahora que no es época vacacional y no hay tantos mexicanos, ellos ni sudan ni se acongojan y para nada les molesta que sus críticos los vean tranquilos y rozagantes, disfrutando de sus relajadas vacaciones madrileñas. En una de esas hasta el mismo patriarca se mandó grabar y fotografiar, nomás para mostrar su poder e impunidad… A la presidenta Claudia Sheinbaum le salió, sin esperarlo, una invitación con boleto dorado. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, invitó ayer a la doctora a que asista a la Cumbre del G-7, que se llevará a cabo en la provincia de Alberta, en su país, con la idea de que en el marco de ese encuentro, se puedan reunir los tres presidentes de América del Norte, es decir, ella y el primer ministro canadiense con el presidente Donald Trump. La invitación parece muy conveniente, justo en momentos en que hay tantos y tan importantes temas sobre la mesa en la relación bilateral México-Estados Unidos y en la relación del TMEC también con Canadá. Sería la primera vez que Claudia Sheinbaum se reuniera con Donald Trump con el que hasta ahora solo ha tenido llamadas telefónicas. Hasta anoche la Presidencia de la República no había contestado a la invitación improvisada que le hizo el presidente Carney a la doctora, pero es seguro que hoy en la conferencia mañanera se dé la respuesta. No aprovechar esta invitación sería un grave error, en momentos en que las presiones y las tensiones aumentan en la relación con Estados Unidos. ¿Aprovechará Sheinbaum el boleto dorado que le ofreció Carney o lo despreciará para irse a bailar y a repartir ayudas sociales en comunidades?… Ayer por una confusión, se mencionó en esta columna que al excónsul de Nueva York, Jorge Islas, lo habían acusado de “abuso sexual” empleados de dicho consulado, pero en realidad las acusaciones fueron por “acoso laboral” en contra del diplomático. Se hace la aclaración a petición suya… Los dados repitieron Serpiente. Descenso obligado.

La violencia en Veracruz y las pugnas en Morena

En Veracruz, la violencia política y las divisiones entre los morenistas apuntan a que las elecciones del próximo domingo no serán un “día de campo”. Además de las diversas posiciones del Poder Judicial, en la entidad se vota por renovar a los gobiernos municipales y los integrantes del congreso estatal, en un escenario en el que la gobernadora Rocío Nahle no ha podido tomar las riendas del estado en su totalidad.

La exsecretaria de Energía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tratado de alinearse a la nueva titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, para recibir un respaldo que le permita controlar a los grupos rebeldes locales, pero en Palacio Nacional no terminan de aprobar la persecución, al parecer justificada, contra el exgobernador Cuitláhuac García, quien ahora se encuentra al frente del Cenagas.

Recientemente la Presidenta defendió en su conferencia matutina la reputación del exmandatario veracruzano, luego de que Nahle denunciara a su antecesor por un posible desfalco de mil 600 millones de pesos en la Secretaría de Salud. Los elementos de la denuncia son bastante serios, pero Sheinbaum sigue sin aceptar que se cargue una mancha a la marca Morena y mucho menos a su padrino político, el expresidente López Obrador.

El problema es que no sólo los grupos locales quieren meter mano en territorio veracruzano. El senador Adán Augusto López también quiere meter la mano en el estado, el cual busca tener bajo su influencia, en especial porque ahí está avecindado su operador financiero por excelencia, el empresario Fernando Padilla, del que con anterioridad le he dado varias referencias en este espacio.

El grupo de Adán Augusto ya ha dejado ver la apuesta que tiene desde hace meses para el futuro de Veracruz: se trata de una alianza con la familia Yunes para pelear por la gubernatura del estado en cinco años, con el expanista Miguel Angel Yunes Márquez como candidato, pero pintado de guinda y representando en la boleta al partido Morena.

Precisamente ese plan fue el que derivó en una revuelta al interior de Morena, ya que la propia gobernadora Rocío Nahle puso el grito en el cielo cuando se enteró de la idea de incorporar a Yunes Márquez al partido. En esa lucha sí la apoyó Sheinbaum, quien instruyó a la lideresa nacional, Luisa María Alcalde, a evitar la afiliación del expanista.

De todas formas, las estructuras de la familia Yunes ya se mueven en territorio jarocho de la mano del morenismo, aun contra la voluntad de la mandataria estatal. Con los recursos de Fernando Padilla y otros empresarios no solo se impulsa a los Yunes hacia el gobierno del estado, sino que dicen estar aceitando una estructura para llevar, ahora sí, a Adán Augusto López a la Presidencia en el 2030.

La ruptura interna en Veracruz pone en riesgo el control de una estructura electoral morenista de casi 1.6 millones de votos, la segunda más grande de las 32 entidades del país, sólo superada por la del Estado de México, que alcanza los 2 millones de sufragios. Tales votos agrupados serían suficientes para impulsar el próximo domingo a cualquier perfil hacia la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero pulverizados son un desperdicio.

A todo este complicado escenario se suma la creciente penetración de los grupos criminales, que han puesto bajo fuego la elección en el estado con el asesinato de un par de candidatos ligados a Morena. Veracruz es una joya electoral que este fin de semana podría inclinar la balanza; desafortunadamente para Palacio Nacional, ésta no se encuentra bajo el control de Rocío Nahle.

Posdata 1

A propósito de los Yunes, vaya balconeada la que les han dado estos días en las redes sociales y medios de comunicación por su lujoso viaje a Madrid, España, donde viven o pasan largas temporadas los expresidentes Enrique Peña NietoFelipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, y a donde al parecer se quiere ir a vivir como ciudadana la esposa del expresidente López ObradorBeatriz Gutiérrez Müller.

En varios lugares de lujo de la capital española han sido fotografiados o videograbados el senador Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, recientemente expulsados del PAN tras votar a favor de la Reforma Judicial, lo que permitió su aprobación en el Senado de la República.

Ya sea en la exclusiva bodega de vinos The Library, en el exclusivo restaurante francés Saint James o en la lujosa casa de moda española Loewe, perteneciente al holding francés LVMH, los Yunes se han dejado ver sin empacho en Madrid, o más bien con la impunidad y el poder que les otorgó su alianza con el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, y con el partido, aunque haya militantes que no los quieran, como Rocío Nahle.

Por si fuera poco, a los Yunes se les vio con dos empresarios veracruzanos que fueron contratistas de los Yunes y también el gobierno de Cuitláhuac García; se trata de José Ricardo Medina Hernández y Román Corrons Chávez. ¿Algo qué investigar en la capital veracruzana o en el gobierno federal? ¿Regresarán a votar el domingo en sus distritos para la elección judicial o, como muchos mexicanos, creen que es un fraude?

Posdata 2

Hablando de la elección judicial de este domingo, sigue creciendo la expectativa sobre quién será la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La mayoría de las encuestas centran la contienda en dos de las ministras más cercanas al movimiento de la 4T. Una de ellas es Lenia Batres, quien, pese a que tiene el apoyo de los integrantes radicales, en Morena no están convencidos de su llegada a la presidencia del máximo tribunal de justicia del país. Ni qué decir de los empresarios y otros grupos de poder, los cuales consideran que sería un grave error permitir que Batres, quien ha demostrado muchas deficiencias en el entendimiento de cómo funciona la Corte y muchos antagonismos con hombres y mujeres de negocios, se convierta en la nueva presidenta.

Por el contrario, la mayoría de los grupos empresariales ven con buenos ojos a su principal competidora, la ministra Yasmín Esquivel, a quien consideran menos radical, además de que ha participado en varias reuniones con diferentes sectores económicos.

La diferencia entre el apoyo empresarial y de otros sectores es que a Yasmín Esquivel le ven muchas más tablas que a Lenia Batres, sobre todo porque es considerada una abogada de carrera judicial, mientras que Batres ha estado vinculada a escándalos y movimientos políticos radicales, al haber sido miembro del Partido Socialista Unificado de México y participar en organizaciones sociales como la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores, la Unión Nacional de Jóvenes y el Consejo Estudiantil Universitario.

El caballo negro podría ser Loretta Ortíz, quien asegura a quien la quiera escuchar que tiene el respaldo del secretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán.

Posdata 3

Y sobre este mismo tema, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó que la reforma judicial preocupe al gobierno de Estados Unidos, que esperará hasta su implementación para emitir una opinión. ¿Será que esa es la postura de la administración de Donald Trump?

Durante su participación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2025 de BBVA, Ebrard comentó que no es un tema que se haya puesto sobre la mesa en las conversaciones bilaterales entre los gobiernos, por lo que en todo caso el gobierno de Estados Unidos evaluará la reforma judicial en función de sus resultados.

El secretario de Economía agregó que no es la intención de Estados Unidos tener injerencia en la elección del domingo, ni meterse en el debate, sino ejercer una visión pragmática: “a ver si funciona”.

Digan lo que digan, es un hecho que el gobierno de Trump ve con preocupación la reforma judicial y la potencial debilidad del Estado de Derecho en México. Y sobre todo que el crimen organizado se infiltre –aún más– en la procuración de justicia del país.

Los 120 millones de dólares que rompieron un pacto

En mayo de 2018, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un pacto con el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador: no intervendría en la elección y le quitaría combustible a la campaña del aspirante del PRI, José Antonio Meade, a cambio de inmunidad para él y varios de sus cercanos. López Obrador mantuvo el acuerdo secreto y resistió todas las presiones que los radicales en Palacio Nacional y su movimiento ejercieron para buscar meter a Peña Nieto a la cárcel. Esa fue la razón por la que, para darle posibilidades de maniobra, le pidió que se fuera discretamente del país. Ese pacto, hoy en día, parece haberse extinguido, y los poderosos priistas están entrando a un túnel de tormentas judiciales.

Peña Nieto y Osorio Chong no figuraban en la investigación que inició la Fiscalía General en 2020 contra 58 funcionarios, Samuel Weinberg, su hijo Alexis, y su socio, Natan Wancier Taub, proveedores de servicios de seguridad al gobierno mexicano por más de un cuarto de siglo, acusados de peculado, recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La idea original era perseguir al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, apostando a que en algún momento imputaría al expresidente Felipe Calderón. La investigación de la fiscalía la tomó el entonces titular de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para presentar una demanda civil en Miami contra García Luna y los Weinberg, por presunta corrupción.

El juicio en Miami llevó por caminos insospechados en ese momento, que tomaron nuevo brío cuando los Weinberg y Wancier Taub pidieron a la Fiscalía General el criterio de oportunidad, y Pablo Gómez, que había relevado a Nieto, enfocó sus baterías políticas. Durante meses presionó para que los Weinberg imputaran a Peña Nieto, pero, sobre todo, a Osorio Chong. Varios borradores de la declaración ministerial que iban a hacer en Miami para lograr el criterio de oportunidad fueron revisados y rechazados, hasta que en México quedaron satisfechos.

Los Weinberg entregaron documentación sobre decenas de contratos que les otorgó el gobierno de Peña Nieto entre el 22 de julio de 2013 y el 20 de abril de 2018, por 465 millones de dólares, y cobraron una parte similar que les adeudaban del sexenio anterior. Inicialmente, se comprometieron 10 contratos para la empresa de los Weinberg y Wancier Taub, dentro del esquema de corrupción que acordaron con los financieros de Miami, Jorge Fernández Moreno y Adolfo del Cueto Arámburu.

Hay algunos antecedentes que hay que conocer.

1.- Diez contratos con el OADPRS entre febrero de 2012 y octubre de 2017, por un total de 403 millones de dólares. Cinco de esos contratos, por poco más de la mitad del costo, fueron adjudicados en el último año de Calderón, pero no se pagaron. El gobierno entrante de Peña Nieto se los liquidó. Los penales federales, que en el gobierno de Calderón dependían de García Luna, en el de Peña Nieto fueron trasladados a la Secretaría de Gobernación, que encabezaba en ese momento Osorio Chong.

2.- Catorce contratos con el Cisen –actualmente llamado Centro Nacional de Inteligencia-, entre julio de 2013 y abril de 2018, por un total de 256 millo–es 831 mil dólares.

3.- Cinco contratos con la Policía Federal entre febrero de 2009 y mayo de 2012, por un monto de 60 millones 312 mil dólares, que no fueron saldados en el gobierno de Calderón, lo fueron en el de Peña Nieto.

4.- Un contrato con la Procuraduría General de la República por 214 mil dólares.

“Todo lo anterior”, dijeron los Weinberg y Wancier Taub, “a cambio de la obtención de beneficios personales para los servidores públicos involucrados”.

El gobierno mexicano realizó los pagos a Nunvav Inc. S.A., y a sus empresas relacionadas, como Nunvav Technologies Inc. S.A., donde 82.5% de la compañía, fundada en 2014, era propiedad de Fernández Moreno y Del Cueto Arámburu. Las transferencias de dinero se realizaron a 17 bancos mexicanos y 18 en Barbados e Israel. La documentación que aportaron los testigos de la Fiscalía, en 15 anexos a sus declaraciones, mezcla transferencias que se realizaron en el gobierno de Calderón y en el de Peña Nieto.

Las adjudicaciones, en sí mismas, no significan que fueran irregulares o ilegales.

Lo que fue ilegal, de probar sus dichos en un tribunal, los Weinberg y Wancier Taub, fueron los presuntos sobornos que le dieron a Peña Nieto y a Osorio Chong, que suman más de 100 millones de dólares directos a lo que llamaron su “organización”.

Las revelaciones de los Weinberg son un golpe para el gobierno de Peña Nieto, con el cual López Obrador tuvo grandes consideraciones y encubrimientos de posibles actos de corrupción. El expresidente nunca estuvo en el imaginario colectivo hasta que se negoció el criterio de oportunidad con ellos y Wancier Taub. Abrir este caso es cancelar el pacto de inmunidad que acordó López Obrador con Peña Nieto y, posiblemente, el fin de su impunidad.

CNTE se cansará de esperar reunión con Sheinbaum

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han dicho a sus agremiados que desde hace unos días el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, les ha escrito a las y los secretarios generales centistas para pedirles retomar la mesa de diálogo, que encabezan esa dependencia, la Secretaría de Gobernación (Segob) y el ISSSTE. Sin embargo, señalan que lo más seguro es que no acudan a la mesa de diálogo a la que fueron convocados hoy en la sede de la Segob, porque lo que buscan con sus movilizaciones es sentarse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Todo indica que si esa es su última palabra, se cansarán de esperar, pues difícilmente las puertas de Palacio Nacional se les abrirán.

Primero fue la intención de ejercer censura presente y futura contra un columnista de EL UNIVERSAL que escribió sobre el huachicol y el Poder Judicial en Tamaulipas. Ahora, el Instituto Electoral de Tamaulipas envía a este diario un requerimiento tan absurdo como ofensivo. Pide que El Gran Diario de México le informe cuánto se pagó para que se publicara ese contenido periodístico. Como estamos seguros de que la ignorancia no puede llegar a esos niveles, no queda otra manera de interpretar la solicitud del Instituto Electoral de Tamaulipas, que no sea la del acoso.

Nos cuentan que después de que el diputado Gildardo Pérez (MC) fuera exhibido por participar en una sesión semipresencial de la Comisión de Transparencia, desde una taquería, salió a defenderse y afirmó que no falta a las sesiones y siempre participa, desde donde esté, y no se esconde como la mayoría de sus compañeros legisladores que no prendieron la cámara de su computadora. Y de paso le hizo promoción a la taquería: “No soy ostentoso, no consumo en lugares donde no se debe, yo lo hago en una taquería porque está limpio, está sabroso, está delicioso, está muy rico”, aseguró don Gildardo, un taquero de corazón.

Ante el repudio del gobierno mexicano al impuesto de 3.5% a las remesas que connacionales que trabajan en Estados Unidos envían a México, nos comentan que un “ejército de mexicanos” en el vecino país alista un envío masivo de cartas a los políticos estadounidenses. Nos cuentan que organizaciones de connacionales han preparado documentos para “bombardear” a los legisladores y hacerles ver el desacuerdo que hay contra este impuesto, que incluso afectaría la economía de Estados Unidos. Además, nos dicen que en caso de que este “ataque” de cartas no surta efecto, se plantean otras acciones como manifestaciones en las calles.

Si no estás conmigo, estás en mi contra

YA LLEGAMOS a ese bonito momento del año en el que los nostálgicos recuerdan cuando golpear a las universidades y ensañarse con los estudiantes era cosa de tiranos… y no de presidentes democráticamente electos.

LA CRUZADA de Donald Trump contra las universidades de su país no se entiende más que por la necesidad del mandatario de someter a toda institución que no le rinda pleitesía. Si no estás conmigo, estás en mi contra, se ha convertido en el lema de la Casa Blanca.

LO INCREÍBLE es que el Presidente que tanto presume su interés por la economía pareciera no entender que atraer talento y generar conocimiento es la clave, justamente, para hacer despegar la economía. El caso de Japón, Corea y China, por mencionar algunos, es claro: emprendieron un largo camino basado en la mano de obra barata, y terminaron rebasando por la izquierda a EU en cuestión de desarrollo tecnológico… y manufactura.

CUALQUIERA PODRÍA pensar que Trump prefiere un país iletrado para tener más votos y mantener su cuarta transformación, perdón, su MAGA por años y años.

LA IDEA DE QUE el gobierno federal acabe con el conflicto de la CNTE negociando suena más bien a sueño guajiro. De entrada porque los maestros del ala radical no reconocen como interlocutor a Mario Delgado, con todo y que es el secretario de Educación Pública.

EN LAS PLÁTICAS de igual forma participa Leticia Ramírez, que fue titular de la SEP… y también integrante de la CNTE. Pero eso no les basta a los de la coordinadora magisterial, pues la funcionaria no tiene facultades para ofrecerles acuerdos sólidos a sus ex compañeros de lucha.

Y eso que su cargo tiene el larguísimo título de coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social.

POR SI FUERA POCO, los de la CNTE han exigido que en todas las reuniones con el gobierno esté presente alguien de la Secretaría de Hacienda, por aquello de que con dinero baila el magisterio, pero tampoco se los han concedido.

A PROPÓSITO de enredos entre morenistas, el pleito entre la Secretaría de Gobernación y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, justamente por el tema de la CNTE, se está poniendo candente. La tensión es tanta que ya hasta de Bucareli le mandaron decir que, si no ayuda a resolver la bronca, le van a retirar todo apoyo político desde la Federación.

OTRO AL QUE también le han llovido reproches es a David Monreal, a quien señalan de financiar parte de la movilización de los maestros desde Zacatecas.

QUIZÁS ESO EXPLICA que ayer se haya desvivido en elogios a la distancia para la presidenta Claudia Sheinbaum en la inauguración de un hospital del IMSS-Bienestar en Jerez. Bien dicen que el miedo no anda en burro.

Un mentiroso contumaz

En su discurso del 8 de agosto de 2018, al recibir la constancia de mayoría como presidente electo por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Andrés Manuel López Obrador expresó una de sus mayores mentiras, su compromiso con el respeto a la independencia del Poder Judicial:

El Ejecutivo (él) no será más el poder de los poderes ni buscará someter a otros poderes. Cada uno actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá la República y el Estado democrático de derecho transitará del ideal a la realidad. Ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes compete.

Y de ahí saltó, giró, ya en el poder a esto:

El Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco, entonces solo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo elija abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, solo así vamos a poder avanzar.

Ese fue el germen de su reforma al Poder Judicial que esta Legislatura le aprobó fast track y el domingo se llevarán a cabo las elecciones para elegir la mitad de la nueva alineación judicial, el pleno de la Corte incluido.

Su reforma solo confirma la vertiente mendaz de su palabra y sus compromisos a partir del engaño de que el voto del pueblo bueno impedirá la corrupción en el Poder Judicial, cuando ese método, democrático, sí, no lo ha logrado en el servicio público.

Y además se echó a los organismos autónomos.

La mentira como símbolo de su gestión.

RETALES

1. DUDA. La pregunta es dónde va a votar López Obrador el domingo. ¿Saldrá de su búnker e irá a la casilla que le corresponde en Palenque? Lo dudo. Pero de hacerlo, estará blindada porque él ya no resiste la prueba de la calle. Por eso su encierro;

2. ACORDEONES. Era lo que le faltaba a la elección judicial que será dominada por la maquinaria de Morena para no dejar mal a su Mesías. Dicen que participarán 50 millones. Difícilmente llegará a una tercera parte. Y sí, al ganar perderá la nación, pero ganará Morena, lo que les importa; y

3. INVITACIÓN. El premier canadiense, Mark Carney, invitó a la presidenta Sheinbaum a la cumbre del G-7. Acuden los jefes de gobierno de Alemania, Francia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Italia el anfitrión y la Unión Europea. Representan 58 por ciento de la riqueza mundial y 46 por ciento del PIB global. Es un foro que no puede dejar ir. Y ahora menos.

Jalisco, las Cybertruck y los lentes de Lemus

Pablo Lemus tomó posesión en diciembre como gobernador de Jalisco luego de una larga batalla poselectoral, donde su triunfo y el de Verónica Delgadillo en Guadalajara fueron cuestionados por Morena. Cuando finalmente asumió, le cayó la ruda realidad de la violencia.

Si bien las condiciones de la inseguridad en Jalisco datan de sexenios, el horror del campo de entrenamiento y muerte de Teuchitlán y los asesinatos de funcionarios municipales de Teocaltiche ya marcan el naciente sexenio: todo México sabe que Lemus tiene un problema.

Problema que incluye, desde luego, las desapariciones de jóvenes. La verdad sea dicha, parecía que en marzo, tras la crisis por la denuncia del colectivo Guerreros Buscadores del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Lemus aparcaría su manía por las redes sociales y se pondría serio.

En esas estábamos hasta hace unos días, cuando aparecieron unas Cybertruck como parte de 700 patrullas que Lemus compró o arrendó por 980 millones de pesos. El gobernador ha dicho que los modelos de Tesla ayudarán a la percepción de seguridad.

Hay quien sostiene que no hay nada mejor que la presencia policiaca para inhibir la comisión de delitos, y así generar percepción de seguridad. Si realmente esto último era el objetivo de Lemus, quizá debió pensar en contratar más policías, no tres Cybertruck.

Porque Jalisco tiene 56 policías por cada 100 mil habitantes, mientras esa tasa en la capital del país es de 410. En términos absolutos, el estado de fuerza en la CDMX es de alrededor de 38 mil efectivos, mientras que Lemus tiene a su disposición sólo 4 mil 730 (INEGI, 2020).

En términos de seguridad, los 125 municipios de Jalisco están divididos en 12 regiones, pero sólo tiene siete bases regionales: quizá el gobernador debió pensar si al estado no le urgen, antes que Cybertruck, más bases, infraestructura para que los policías operen.

Ahora, patrullas sí se necesitan, porque el día que la policía de Jalisco –unos mil 900 elementos de vialidad y unos 2 mil 800 “de uniforme negro”– chambea toda (elecciones, por ejemplo), no alcanzan las bicis, las motos, las patrullas ni las camionetas para desplazarse. No caben.

¿700 patrullas nuevas van a hacer diferencia? La realidad es que nadie sabe. El cuántas patrullas están en buenas condiciones, cuántas medio ruedan sólo gracias a policías que ponen de su bolsillo (y luego reponen con mordidas, obvio), cuántas nadie sabe qué fue de ellas, etc., es un hoyo negro que nos ocultan para no espantarnos más.

¿Alguien de verdad cree que las tres Cybertruck de Lemus cambiarán algo? Hombre, el góber de las gafas de sol ya puso a todo mundo a hablar del tema, si eso obliga a la bisoña administración estatal a explicar la compra y arrendamiento podría valer la pena.

En medio de la polémica Lemus ya dijo que las Cybertruck serán un C2 móvil (un Centro de Comando y Control) gracias a que tienen antena Starlink. Ok. Preguntas básicas: ¿el C5 de verdad tiene tecnología compatible con Tesla? ¿Van a poder comunicarse? ¿No será a lo sumo una patrulla con internet que no dependa del territorio Telcel? ¿Es decir, patrullas wifi de la policía de Jalisco cuyas comunicaciones, encima, ese no-amigo de México que es Elon Musk podría fisgonear permanentemente?

Desde su arranque como gobernador, Lemus llamó la atención por sus gafas de sol. Las usa incluso cuando ve a la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay quien dice que es parte de su estilo de comunicar; ok, pero de comunicar qué: ¿estilo de relumbrón? ¿Para eso las Cybertruck? ¿Como sus lentes? ¿Para pura percepción de modernidad? Órale gobernador.

El pellejo de Taddei

Un solo dato se conocerá la noche del domingo y, creo, será el gran dato de la elección: la participación ciudadana. Desde finales del año pasado, Luis Carlos Ugalde, analista mayor del sistema electoral mexicano, calculó que difícilmente 10% del padrón de 100 millones de votantes sufragaría en los comicios judiciales del 1 de junio. La misma presidenta del INE, Guadalupe Taddei, me dijo en febrero que el porcentaje se movería en torno del 12%-14 por ciento. Pero ayer arriesgó otra cifra: “Soy optimista, será entre 18% y 20 por ciento”. Le dije que sería un éxito que 18, 20 millones de mexicanos acudieran a las urnas y ella me dio las razones de por qué cree que así será. Le solté mis dudas sobre la confiabilidad que fue desarmando una a una: ¿por qué no habrá cómputo de votos en las casillas ni sábanas en las paredes de la calle con los resultados, ni PREP ni resultados prontos ni inhabilitación de boletas no usadas? Para todo tuvo una respuesta, una lógica, una secuencia y una conclusión. “Que no les quede duda, la certeza de la elección está garantizada”, remató. No soy de los que piensan que el domingo acudiremos a la demolición del INE, pero quiero ver de qué se trata una elección sin cómputo inmediato, sábanas, PREP, etcétera, más allá de la certeza de Taddei, que el domingo se juega también el pellejo.

‘Chambón chambitas’ o la agencia de colocación. La verdad detrás de la reforma judicial

Diría el diario Reforma: “esta es una elección kafkiana”. Y sí, estará llena de trampas y de acordeones. Hacer a un lado el mérito es típico en la 4t.

Mas, ¿es innecesaria? Depende de a quién se le pregunte. Ya llegaremos a ello, pero les adelanto que hay un objetivo para no pocos en el Movimiento que hace necesarísima la reforma al Poder Judicial.

Empecemos por decir lo que a estas alturas ya es una obviedad: la exorbitante elección y la reforma toda ella dinamita —no fortalece— al ya de por sí maltrecho Estado de derecho en México. Acción exterminadora de todo ingrediente de independencia y autonomía del Poder Judicial. ¿Consecuencia última, pero paso previo al fin último que tiene todo esto? Concentrar el poder en torno a un partido que actúa como única fuerza político/social en el país. ¿Estamos?

Y aquí entra a lo que voy: lo que Morena requiere con urgencia, además de controlar la impartición de “justicia”, es una nueva gran agencia de colocación. Poder colocar a los miles y miles de integrantes, porristas y votantes de su partido, pues las estructuras con las que cuenta —que son muchas y variadas— ya NO LE ALCANZAN. Dicho en términos muy llanos, todo el Poder Judicial será una bolsa de trabajo para tener a las huestes satisfechas (ojo, no vaya a ser que morenistas y simpatizantes defraudados terminen tomando las calles como lo hace la CNTE).

El INEGI acaba de publicar la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el primer trimestre de este año. Los resultados son catastróficos. 486 mil empleos MENOS que en el último trimestre de 2024. ¡Casi medio millón de empleos se perdieron! En esos mismos tres primeros meses del año (enero, febrero y marzo de 2025) tenemos que hay 17.5 millones de trabajadores SIN acceso a los servicios de salud y 12 millones que trabajan sin ningún tipo de prestaciones de ley.

Ahora bien, para fines de la reflexión que hago en la columna de hoy, poco importa si lo anterior se debe a los descalabros ocasionados por Trump, a la incertidumbre creada por la reforma al Poder Judicial, a la inseguridad que se vive en el país o a algo más. El vivir diario en México es el siguiente: un lugar donde cada día es más complicado conseguir trabajo, si no es que se pierde y las expectativas de crecimiento al menos para este año son malas, tirando a peores. Y eso no dispensa, no exime a la gente de Morena y del oficialismo. A ellos les pasa lo mismo.

¿Cómo colocar, entonces, a los miles y miles de miembros y simpatizantes de la 4t? Dado que la economía no está generando empleos en la cantidad que se requeriría para favorecer a todos los que se suman o se han sumado al oficialismo, ¿qué mejor que tener los puestos de trabajo del Poder Judicial? Son muchos más de los que usted pensaría, estimado lector.

Sí, la reforma es para que los actuales servidores públicos del judicial se queden sin trabajo, pero para que los adeptos al régimen los “ganen”. Bono adicional que es, además, falso: en las cuentas nacionales se dirá se crearon miles de empleos. Ya… muchos de quienes apoyan a la 4t contarán con trabajo.

Pongamos un ejemplo: mientras la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández tiene a su cargo seis empleados en la Presidencia de la SCJN, lo que nos cuesta a los contribuyentes casi 800 mil pesos mensualmente, la ministra de las palabrotas (me reusó a decir que es ‘la del pueblo’), Lenia Batres, tiene a su cargo 79 empleados y le cuesta al erario (a los que pagamos impuestos) 5 millones de pesos al mes.

Y esa es la propuesta. Inflar el número de personas que “trabajen” en el Poder Judicial.

Seguro, como siempre, habrá algunos que sí desquiten su sueldo, pero por lo que respecta a la gran mayoría, se tratará de personas cuyo único mérito radica en ser de la 4t o haberla apoyado en pasadas elecciones. Las estructuras morenistas quieren y necesitan otra nueva estructura para repartir más puestos.

Es una desgracia mayúscula que nos costará en conocimiento, experiencia, pero también en una nómina que será más inflada de lo que hoy de por sí existe. Gente incrustada leal a un partido, a su sueldo, a una estructura electoral; no leales a la justicia, a la Constitución, a la nación. Tampoco leales a Sheinbaum.

Una estructura obesa, menos preparada que cobre al Estado en beneficio de los muchos que apoyaron a Morena en el 2018 y en el 2024 y que aún no se pueden colocar.

Esto que está ocurriendo reduce al Poder Judicial a una bolsa de chambones y chambitas. Listos a cumplir la voluntad del que grite más fuerte, del que presuma estar más cerca del poder, de alguien de Morena…

‘Las consecuencias económicas de la destrucción de Harvard’

Sintetizo un artículo de Paul Krugman, economista laureado con el Nobel de Economía en 2008:

√ ‘Es fácil odiar Harvard. Es una universidad rica. Es elitista’.

√ ‘Pero el esfuerzo trumpista por destruir Harvard y otras universidades de élite —porque esa es claramente su intención— causará un daño enorme al futuro de nuestra nación (Estados Unidos)’.

√ ‘El aspecto más importante de esta campaña de intimidación y disrupción es, por supuesto, el ataque a la libertad de pensamiento’.

√ ‘La verdadera queja (del gobierno de), obviamente, es que estas instituciones no están adoctrinando a sus estudiantes, sino que están exponiendo a los jóvenes a diversas ideas y animándolos a pensar por sí mismos, cuando deberían estar predicando dogmas de derecha y obediencia a lo que el Líder les diga que deben creer’.

√ Hay además, en el ataque a Harvard, consecuencias económicas. Veamos.

√ ‘Harvard es un importante exportador estadounidense. Los estudiantes extranjeros que la administración Trump intenta vetar suelen pagar su propia matrícula, dinero que se refleja en la balanza comercial estadounidense’.

‘Pero podría decirse que el problema mucho más importante es que Harvard es un elemento crucial de la economía del Gran Boston’.

‘Esta economía regional es una de las joyas de la corona de la economía estadounidense, uno de los principales generadores de altos ingresos, conocimiento especializado e innovación’.

√ La economía del Gran Boston es líder mundial en:

  • Sus universidades que ‘emplean a 87 mil 000 personas’.
  • ‘Un complejo médico de primera clase que atiende a pacientes de todo el mundo y forma a muchos de los mejores médicos del mundo’.
  • ‘El Gran Boston es un actor líder tanto en inteligencia artificial como en tecnología robusta , que se centra en cómo la información interactúa con el mundo físico’.
  • Es también ‘el principal centro biotecnológico del mundo’.
  • Todas las anteriores actividades están ‘vinculadas por la curiosidad intelectual, el pensamiento riguroso, la disciplina científica y la apertura a nuevas ideas’ que ‘generan una apertura al mejor talento del mundo: estudiantes, investigadores y emprendedores’.

√ ‘Harvard no es, ni mucho menos, el actor dominante en este universo intelectual y económico. Puede que ni siquiera sea el más importante’.

√ ‘El MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) ha sido, en sentido directo, una mayor incubadora de nuevas empresas que su vecino, a tres kilómetros de Massachusetts Ave. Pero el MIT no sería lo que es sin la cercanía de Harvard, y viceversa. Lo mismo ocurre con las docenas de otras excelentes universidades de la zona y los cientos, probablemente miles, de empresas cercanas. Los hospitales y la investigación médica forman parte del mismo ecosistema’.

√ Si se destruyera a Harvard ‘lo más probable es que toda la estructura del ecosistema educativo y de innovación del Gran Boston se derrumbara. En consecuencia, Estados Unidos perdería todo lo que el Gran Boston hace por el progreso y el enriquecimiento de nuestra nación’.

√ ‘Harvard no solo educa a muchos hijos de la élite estadounidense. También educa a los hijos de las élites de todo el mundo… Harvard es un pilar importante en la construcción del poder blando estadounidense’.

√ A la extrema derecha estadounidense ‘empobrecer, debilitar y enfermar a Estados Unidos es un precio aceptable para mantener a la nación en la ignorancia adecuada’.

Las mentiras de Marcelo

LOS SABIOS DEL comercio internacional creen que con el actual gobierno de Estados Unidos estamos “en medio de la tempestad”.

Que el futuro inmediato está lleno barreras no arancelarias y de lograr un nuevo acuerdo comercial difícilmente obtendremos las condiciones obtenidas del TLCAN con Carlos Salinas o el primer T-MEC de Donald Trump.

El gobierno de México y sus negociadores, encabezados por Marcelo Ebrard no han podido quitar los aranceles de 25% al acero y aluminio, liberar al ganado del gusano barrenador y el arancel de 21% al tomate que entrará en vigor en julio.

Y no mencionemos los aranceles que Trump puso a las latas de las cervezas, a los frutos rojos, al pimiento, al aguacate, al tequila y al mezcal.

Ebrard informó que “se logró un acuerdo con el gobierno trumpista, donde los vehículos fabricados en México y exportados a la Unión Americana pagarán un arancel promedio de 15%, una reducción frente al 25% impuesto inicialmente por Trump”.

En realidad, lo que se “logró” con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutcnick, es que los autos que cumplen la regla de origen paguen arancel de 25% sobre el contenido no estadounidense.

Si un coche tiene 40% de contenido de Estados Unidos y 60% de otras partes, incluyendo México y Canadá, pagan 15% contra 27.5% que paga el resto del mundo.

El “gran logro” de México se debió más bien a que las armadoras estadounidenses convencieron a su gobierno que tratara menos mal a nuestro país y a Canadá.

En la revisión anterior del tratado entre Estados Unidos, Canadá y México, se elevó el Valor de Contenido Regional (VCR) obligatorio para los vehículos a 75% de General Motors, de Mary Barra, y Ford, de Jim Farley.

Pero también se agregaron condiciones sobre Valor de Contenido Laboral (VCL), el cual requiere que entre 40 y 45% del valor de un vehículo se haya producido con un salario mayor a los 16 dólares por hora.

Los expertos coinciden en que la madre de todas las batallas en el nuevo T-MEC, que se supone inicie en el segundo semestre, es sobre reglas de origen en el sector industrial.

Pero también en las barreras arancelarias y no arancelarias de Trump a los productos agropecuarios, así como las disputas laborales por incumplimientos de la Ley Federal de Trabajo, algo de lo que no podrá escapar el secretario del Trabajo, Marath Bolaños.

Hay inconformidad del gobierno de Estados Unidos con México en las compras de gobierno, la amenaza de posible nacionalización de bienes de empresas multinacionales y respeto a los Derechos Humanos.

La administración de Trump va en contrasentido del espíritu de libre comercio.

Tanto el TLCAN como el T-MEC surgieron como una iniciativa de los tres gobiernos para llegar a un arancel cero y crear una unión aduanera.

Y lo que vemos ahora es proteccionismo exacerbado y unilateral por parte del mandatario norteamericano

PARA EL REGISTRO Público Marítimo Nacional, a cargo de la Secretaría de la Marina, es importante que el Poder Judicial ratifique el criterio de simulación corporativa con el que operan varias navieras internacionales. Es el caso de Hornbeck Offshore Services Mexico (HOS), que tiene a la embarcación HOS Iron Horse en operación para Pemex, gracias a un amparo que lograron. Los ojos de la autoridad y de los miembros de la industria agrupados en la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, están puestos en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX, a cargo de que Minerva Hermelinda Mendoza Cruz, donde los abogados de la compañía, Clyde & Co, al mando de Vicente Bañuelos, están ejerciendo toda la presión sobre secretarios de juzgados para ir en contra de la resolución que evidenció que el control de la compañía está “de facto” en manos extranjeras, contraviniendo la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y el artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera. Es el mismo caso de Harvey Gulf International Marine de México, que tiene seis embarcaciones con bandera mexicana y dos, el Harvey Storm y el Harvey Challenger, operando actualmente frente a la costa de Ciudad del Carmen, Campeche. Se trata de una decisión crítica para el almirante secretario Raymundo Morales Ángeles, y que pone en alerta a las compañías nacionales y extranjeras como Pemex que dirige Víctor Rodríguez; Woodside Energy, que comanda Raymundo Piñones, y Eni México, que capitanea Giorgio Guidi, que tienen previsto cerrar contrataciones con estas navieras para servicios costa afuera en el Golfo de México en próximos meses.

PENDIENTES ESTE MIÉRCOLES en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El punto va ser declar o no “legalmente impedido” al ministro Alberto Pérez Dayán de votar el recurso promovido por Ricardo Salinas Pliego, relacionado con el amparo a revisión 5654/ 2024 relativo a un crédito fiscal que el SAT, presidido por Antonio Martínez Dagnino, le fincó a Grupo Elektra. Hace exactamente una semana esa misma sala con los votos de los ministros Margarita Ríos-Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo impidió a Lenia Batres votar por su pública animadversión expresada en sus redes sociales contra Salinas Pliego y Elektra. Hoy las baterías del también dueño de Televisión Azteca están enfocadas al candidato a embajador de la 4T, en pago por haber descarrilado los esfuerzos de la Corte que todavía preside Norma Piña de vetar la Reforma Judicial de Andrés Manuel López Obrador, que justo se votará el próximo domingo. Por esa razón, que pone en duda su imparcialidad, y por haber desechado una resolución de sus colegas ministros, que habían declarado inconstitucionalidad la sentencia de un Tribunal Colegiado que daba la razón al SAT, es que se pidió la recusación del togado. La duda es si logran vetar a Pérez Dayán. Pardo Rebolledo ya se inclinó por no recusarlo, Loretta Ortiz va votar a su favor y González Alcántara es el único seguro en censurarlo. No se sabe el sentido del voto de Ríos-Farjat y Gutiérrez Ortiz-Mena.

ROBERTO CAMPA, VOCERO del Grupo FEMSA, rechazó categóricamente cualquier insinuación o señalamiento que relacione “a nuestra empresa con grupos criminales”. Asegura en una carta enviada a El Heraldo de México que ninguna de sus unidades de negocio (Oxxo) está vinculada, ni mucho menos controlada, por la delincuencia organizada. “Nuestra postura siempre ha sido firme: jamás negociaremos con grupos delictivos. Esta determinación nos ha llevado a enfrentar represalias, como el incendio de tiendas o el cierre de operaciones en ciertas regiones del país. En contextos complejos de seguridad, hemos tomado decisiones difíciles, siempre con la prioridad de proteger a colaboradores y clientes”. Subraya que en FEMSA operan con estricto apego a principios éticos, legales y estándares internacionales, con políticas de prevención y mitigación de riesgos legales, reputacionales y de seguridad. Sí, señor Campa, nadie lo duda, pero hay zonas del país, sobre todo en regiones mineras controladas por el narco, donde no hay más ley que la de los cárteles, y eso incluye el comercio minorista, como apuntamos en la columna de este lunes.

El desaire de la Coordinadora

Me desconcertó profundamente que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera ayer en la mañanera que el 8 de mayo tenía acordada una reunión con los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que éstos no llegaron a ese encuentro con la mandataria, sobre todo cuando ella misma ya había postergado la reforma a la ley de ISSSTE, que había impulsado Martí Batres, y cuando se estaba discutiendo el incremento al salario de los maestros, que quedó finalmente en un 9%, superior al de la mayoría de los trabajadores.

Recordé cuando estaba comenzando mi vida como reportero y me citó, iniciaba el gobierno de Salinas, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios. No conocía personalmente al mítico político y ese día me concedió dos horas de plática en su oficina de Bucareli. De alguna forma llegamos a la relación que se debía mantener con un presidente de la República (más allá de su nombre) y me dijo algo que se me quedó grabado: puede usted, me decía en aquella ocasión Gutiérrez Barrios, estar de acuerdo o no con un presidente, le puede caer bien o mal, pero “cuando la silla convoca, el convocado va”. No se puede, insistía, desairar a un presidente. No tiene nada que ver con tener o no simpatía con él, o ella en este caso, sino del respeto a una institución y lo que representa. Creo que tenía razón.

Desde aquella plática, en enero de 1989, siempre he creído en ello: cuando la silla convoca hay que ir, aunque sea para expresar un desacuerdo. Los dirigentes de la Coordinadora son especialistas en hacer patanerías, pero no recuerdo que dejaran plantado a un presidente, mucho menos a una mandataria que, en muchas ocasiones a lo largo de su carrera, ha simpatizado con ellos y cuando, en una decisión que en términos de negociación política pudiera ser cuestionable, ya había concedido en una de las demandas que ellos habían presentado originalmente: la postergación de la reforma a la Ley de ISSSTE de Batres.

Pero no sólo no fueron a esa cita con la presidenta Sheinbaum, iniciaron un proceso de manifestaciones, bloqueos, presiones, provocaciones que lleva ya dos semanas en la Ciudad de México, con un pliego petitorio que, en sus principales puntos, saben que el gobierno no puede cumplir, porque no hay forma financiera de hacerlo: un aumento salarial del 100% y la derogación de la Ley de Pensiones de 2007 que creó las cuentas de retiro individualizadas. No lo pidieron con Calderón, con Peña, mucho menos con López Obrador y ahora exigen a Sheinbaum dos demandas que el Estado mexicano no tiene forma alguna de cubrir, no alcanzan las finanzas públicas para eso.

Pero, además, bloquearon Palacio Nacional, impidieron entrar durante horas a funcionarios, trabajadores, periodistas, provocaron que, un día después del crimen político más grave que ha habido en el sexenio, el asesinato en contra de Ximena Guzmán y de José Muñoz, la Presidenta tuviera que estar sola en el inmenso patio de la Tesorería en la conferencia mañanera. Llevamos dos semanas de provocaciones de la CNTE sin el menor costo para esa agrupación política (lo de sindical y magisterial es una coartada), pero con altos costos para la ciudadanía y para la imagen del gobierno federal.

Ayer, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que le presentaron a la CNTE una nueva propuesta para reunirse hoy. A ver si los dirigentes de la Coordinadora aceptan reunirse con Rosa Icela y negociar algo que, en principio, no están dispuestos a hacer. Y a ver qué les puede ofrecer el gobierno federal sin exhibir debilidad ante ellos.

Lo que queda claro es que la suma de desaires políticos que han hecho a la Presidenta no tendrían que quedar impunes. Lo que está haciendo la Coordinadora no sólo es desafiar a la presidenta Sheinbaum, tratar de tomarle la medida en la lógica de la negociación, sino también, y más importante, tratar de debilitarla o de exhibirla débil ante el poder de una organización que, en última instancia, tiene alguna representatividad, pero que no nuclea a más del 20% del magisterio del país.

Ayer también la CNTE se unió a los grupos de Ayotzinapa (que tienen la misma matriz ideológica que los de la Coordinadora) y vivimos otro capítulo de la misma historia. Piden la renuncia del fiscal especial, no aceptan las decisiones judiciales sobre el caso (que, al margen, establecen que la verdad jurídica sigue siendo la de la llamada verdad histórica, y con eso confirman la injusticia que se cometió con el exprocurador Jesús Murillo Karam) y dicen que “no les cumplieron, no les respondieron” a sus demandas.

No son capítulos aislados ni tampoco son simples coincidencias. Son tiempos de definiciones desde el poder ante grupos que lo desafían mucho más que cualquier partido de la oposición porque, en última instancia, son internos. Y que no entienden eso de que “cuando la silla convoca, el convocado va”.

TABASCO

Otro duro golpe del Gabinete de Seguridad, en este caso en Tabasco, con la caída del jefe de plaza en Paraíso, junto con otros once integrantes de ese grupo delictivo. Como ya había ocurrido en Guerrero y hace unos días en Michoacán, más de la mitad de los sicarios detenidos eran de origen guatemalteco, lo que confirmaría que cada vez más estas organizaciones criminales, sobre todo el CJNG, están recurriendo a sicarios de Centroamérica y Colombia para suplir sus bajas. No es un dato menor.

El engaño de la “democratización”

Los días de la República están contados. El próximo 1 de junio se concreta la operación para eliminar la autonomía del Poder Judicial y reemplazarla por los “tribunales del bienestar”: ese día se elegirá a 881 juzgadores en una elección que fue promocionada bajo un monumental engaño: la “democratización” del Poder Judicial.

Morena y rémoras tendrán así el control absoluto de los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El oficialismo gobernará sin contrapesos, sin amparos, y controversias que obstaculicen sus planes A, B, C, D… Z.

El sueño que AMLO no pudo concretar en funciones se hará realidad dentro de cinco días.

* En Morena no se cansan de decir que el pueblo elige; que el pueblo quita y el pueblo pone, pero en corto reconocen que el escenario más optimista es el de una participación de 20 por ciento, acarreados incluidos.

Es decir, sólo dos de cada diez mexicanos, que en su gran mayoría serán acarreados, irán a las urnas ese domingo. Agregue que es un proceso con vicios de origen. Es falso que la reforma judicial sea un mandato de las urnas. Todos sabemos cómo se agandallaron la mayoría calificada en San Lázaro.

Con 54 por ciento de los votos, los órganos electorales, controlados por el guinda, les otorgaron 75 por ciento de las curules. Del Senado mejor ni hablamos, ¿Se acuerda de Yunes?

Súmele tómbolas con derecho de admisión, acordeones con sugerencias por quién votar, comités de evaluación identificados con la cuatroté.

Y luego se extrañan que el Financial Times califique la elección de kafkiana, por absurda, complicada y extraña.

Se crea, por cierto, un Tribunal Disciplinario con facultades para destituir a juzgadores que se atrevan a ejercer su autonomía. Van a reforzar el control que ya tienen sobre el Tribunal Electoral. Y qué decir de la Suprema Corte. No hay duda de que los nueve ministros que conformarán el máximo tribunal se parezcan más a Lenia Batres que a Norma Piña.

* Ya que estamos. La Comisión Permanente Nacional del PAN, su máximo órgano de dirección operativa, llamó a todos los que ocupan cargos de dirigencia en ese partido a no votar en la elección judicial. “Lo que va a ocurrir no es una elección, sino un fraude, una transa, una estafa para que Morena tome el control total y absoluto del Poder Judicial”, aseguró Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN en el Senado.

Los priistas tampoco van a ir a votar. Dice el jefe de la bancada tricolor en el Senado, Manuel Añorve, que no van a avalar una reforma que elimina la división de Poderes para hacer “un traje a la medida de este gobierno autoritario”.

* Dice Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, que ya no es posible aguantar la “podredumbre” del Poder Judicial y que la reforma judicial es una “válvula de escape” para renovar ese poder. Pronostica que los ciudadanos van a recuperar la confianza en la justicia.

–¿Qué garantías tenemos de que no habrá “podredumbre” en el nuevo Poder Judicial, si los juzgadores son seres sujetos a la condición humana? Le preguntamos.

–Tengo confianza en que el nuevo Poder Judicial estará a la altura de las circunstancias. Tengo la confianza de que será mucho mejor que la putrefacción en la que se encuentra actual Poder Judicial de la Federación —respondió.

* Luego de que la Presidenta revelara que la CNTE la dejó plantada, el pasado 8 de mayo, las secretarías de Gobernación y Educación, el ISSSTE y otras dependencias, convocaron a la Comisión Única Organizadora de la CNTE para continuar con el diálogo, hoy a las 11 a.m. en Bucareli.

“Estamos convencidos de que el diálogo es la única manera de encontrar soluciones al objetivo que compartimos: alcanzar mejores condiciones para las y los maestros y con ello contribuir al desarrollo del Sistema Educativo Nacional”, dice la convocatoria.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación adelantó que el propósito de la reunión es dar a conocer a la Coordinadora una nueva propuesta que beneficiará al magisterio nacional. Al cierre de esta columna, los maestros disidentes no habían confirmado su asistencia a la reunión.

Eso sí, hicieron saber que buscan respuestas nuevas y resolutivas. No le ven sentido al diálogo, si las autoridades sólo repiten respuestas conocidas.

* Una buena. La senadora emecista Amalia García fue propuesta para recibir la medalla Belisario Domínguez, máxima condecoración que la Cámara alta otorga a ciudadanos mexicanos por sus acciones en beneficio de la nación o de la humanidad.

La propuesta es de la periodista Sara Lovera. Adhieren más de 25 redes nacionales y 150 personas en lo individual.

En la carta que envió a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, la periodista destaca la “inquebrantable” convicción social y política que caracteriza a doña Amalia, alguna vez presidenta nacional del desaparecido PRD.

Destaca, entre otros méritos, su incansable lucha por los derechos de las mujeres.

Alerta en Morena: temen baja participación en elección judicial y ya suenan cambios en el gabinete

Una posible participación inferior al 10% en la elección judicial del próximo domingo ha encendido las alarmas en el círculo más cercano de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y en el actual gabinete federal, donde ya se considera que el proceso podría detonar cambios importantes en la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez.

El diagnóstico de baja movilización ha permeado las reuniones clave del oficialismo, ante la creciente percepción de que el tema de la reforma judicial no ha sido adoptado por la mayoría del electorado. En el equipo de transición se reconoce que, durante la campaña presidencial, el reclamo social por democratizar el Poder Judicial no figuró como una prioridad ciudadana.

Andrés Manuel López Obrador impulsó esta elección hasta el final de su mandato, aun cuando el proceso provocó fricciones con el sector empresarial, con el gobierno de Estados Unidos y la incorporación de perfiles polémicos a Morena, como miembros de la familia Yunes, que actualmente se encuentran en España.

Sheinbaum también respaldó la elección judicial, lo cual la llevó a tensar su relación con sectores como el sindicalismo magisterial. Una baja participación se convertiría en un contraste incómodo frente a la alta capacidad de movilización de los maestros.

En Palacio Nacional ya se habla de posibles relevos en el gabinete si la participación no supera los dos dígitos, con especial atención en la Secretaría de Gobernación. Cercanos a Sheinbaum consideran que una remoción de Rosa Icela Rodríguez sería una forma de marcar distancia con López Obrador, debido a que la secretaria mantiene comunicación directa con él, sin reportar siempre a la futura presidenta.

Entre los nombres que se manejan para un eventual cambio figuran Zoé Robledo, actual titular del IMSS, y Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Robledo ha sido cercano a Sheinbaum, pero enfrenta pendientes en el sector salud. Ebrard, en cambio, ha fortalecido su relación con la presidenta electa y podría aportar experiencia en el vínculo con Washington.

También ha sido mencionado Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, aunque su interés estaría en ocupar Gobernación una vez concluido su mandato estatal. Su principal obstáculo es la falta de control absoluto sobre la estructura morenista local, lo cual podría complicar la sucesión en su entidad.

Por lo pronto, Andy López Beltrán, hijo del expresidente, ha marcado distancia del proceso judicial y se concentra en operar políticamente en Durango, en una señal más de que la elección del domingo no ha generado interés dentro del mismo movimiento oficialista.

Director: Juan Luis Parra

Hermosillo, Sonora.

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