El tráfico de combustible robado –mejor conocido como huachicol –sigue tan boyante como impune en el país, a pesar de que su combate fue una de las prioridades del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación. Al robo de gasolinas en ductos de Pemex ahora se suma el llamado “huachicol fiscal”, una modalidad criminal que consiste en introducir combustibles de otros países, particularmente de Estados Unidos, sin pagar impuestos. Para ello, la red criminal utiliza documentación aduanal falsa, buques con bandera de conveniencia y un elevado nivel de corrupción para enganchar a políticos y altos funcionarios portuarios, del SAT y Aduanas con el fin de falsear documentos que indican que los buques transportan un producto distinto al que descargan en los puertos mexicanos. Este negocio es uno de los más explotados por el Cártel de Jalisco, pero ahora se han sumado políticos, funcionarios y empresarios presuntamente protegidos desde el poder.
El tráfico de combustible robado, así como el llamado “huachicol fiscal”, una modalidad criminal para evadir impuestos, sigue en jauja en el país a pesar de que este negocio ilegal se empezó a combatir, supuestamente, desde el inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2018.
Uno los primeros golpes que asestó López Obrador al crimen fue precisamente el combate al “huachicoleo”, entonces un negocio boyante que explotaban funcionarios de la paraestatal Petróleos Mexicanos. Destruir las redes no fue fácil, pues en 2018 el país sufrió una escasez de combustibles nunca antes vista, el abasto de gasolinas se frenó y el Gobierno Federal tuvo que recurrir a la compra de pipas en Estados Unidos para más o menos reanudar el flujo en el país. En decenas de gasolineras los automovilistas hacían colas que alcanzaban varias cuadras, con el riesgo de que el combustible no alcanzara para todos.
Todo esto derivó en una crisis. Pero las redes del “huachicoleo” no fueron desmanteladas, menos las que operan los grupos criminales, como el cártel Santa Rosa de Lima, con amplio poder en Guanajuato y en la refinería de Salamanca, así como el cártel de Jalisco Nueva Generación, al que se le atribuye amplio dominio territorial que abarca desde Quintana Roo hasta Baja California. Este cártel, que actualmente goza de impunidad, es uno de los más activos en el tráfico de combustible robado en ductos de Pemex, con la presunta complicidad de altos funcionarios de esa empresa, políticos y empresarios.
El robo de combustible a Pemex es una de las veinticinco tipologías delictivas con las que operan varios cárteles de la droga que, a su vez, están imbuidos en el negocio del tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Estas organizaciones criminales, además de las ya citadas, son el cártel llamado La Familia Michoacana, el de Tijuana, Golfo, Noreste, entre otros, que con el apoyo de amplias redes introducen buques a México, desde Estados Unidos, con combustible presuntamente robado. A eso se le denomina “huachicol fiscal”.
En días pasados, durante la conferencia mañanera, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que fue asegurado en aguas nacionales un buque cisterna que en sus tanques transportaba unos 10 millones de litros de combustible.
El navío ingresó a México proveniente de Estados Unidos, permaneció el altamar varios días –quizá semanas– y luego comenzó a descargar combustible en varios puertos mexicanos, entre otros, los que se ubican en el norte del país.
También descargó en Tampico, Tamaulipas, y en Altamira. En esta última terminal portuaria fue asegurado por la FGR junto con varios vehículos, pipas –presuntamente propiedad de empresarios gasolineros ligados al huachicoleo.
Lo que destacó el Fiscal Gertz Manero es que el barco portaba bandera de Singapur y a plena luz del dia introdujo 10 millones de diésel de contrabando al país.
El Fiscal detalló, además, que el buque –una embarcación de gran calado– fue asegurado y se iniciaron procedimientos legales en contra de varias agencias aduanales que obtuvieron permisos falsos en los que se indica que el barco traía en sus tanques un producto diferente al que realmente transportaba. Esta es una vieja práctica para simular importaciones ilegales. En este enjuague podrían estar implicados altos funcionario de las aduanas, del SAT, Hacienda, políticos y empresarios relacionados con este negocio ilegal abiertamente explotado por el crimen organizado.
El diésel incautado por la FGR se puso a resguardo de Pemex, de acuerdo con el Fiscal Gertz Manero, quien destacó, por otra parte, que la información entregada por las agencias aduanales fue manipulada, por lo que aún no se tiene certeza sobre el verdadero origen del combustible, pues el barco fue asegurado cuando el delito ya se había cometido.
Así lo expuso Gertz Manero: “Nosotros recibimos una información de un hecho que ya se había consumado, es decir, había llegado ese barco con una declaración fiscal en el sentido de que era un material que no era el que bajaron del barco.
“Con base en eso nos dieron ya vista a nosotros de inmediato ya que se aseguró el barco, se iniciaron las acciones contra las agencias aduanales y contra los funcionarios que (permitieron) que bajara ese diésel , ese es el primer informe que tenemos de Pemex”.
El Fiscal ni duda al afirmar que este caso refleja el modus operandi ya identificado en redes de robo de combustible, mejor conocido como huachicol. La FGR, de acuerdo con su titular, está esperando respuesta de Estados Unidos sobre la salida del buque que navegaba con bandera de conveniencia de Singapur.
Añadió el Fiscal Gertz Manero: “No tenemos todavía la información firme porque toda la documentación aduanal está falseada, venía por cantidades que no eran, venía por un tipo de combustible que no era, y con esa información falsa, cualquier tipo de dato, hasta que nos lo den todos los servicios internacionales de salida , no podemos ratificar. En este momento estamos en eso”.
Según la Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico (Asipona), la embarcación atracó en el puerto de Tampico, Tamaulipas el miércoles 19 de marzo, a las 08:58 horas en lo que se conoce como terminal de usos múltiples. El buque arribó a esa terminal portuaria –una de las más usadas para el tráfico de gasolinas y fentanilo –con una carga de 17 mil 459 toneladas de aditivos para aceites lubricantes, según establece la documentación aduanera. Pero en realidad lo que el barco traía en sus compartimentos era diésel presuntamente robado.
Las redes del huachicol
El tráfico de combustible robado a Pemex o traído a México desde Estados Unidos es un negocio tan boyante que en esas operaciones están implicadas empresas fachada, agencias navieras internacionales que poseen o rentan buques y altos funcionarios aduanales.
A finales de marzo último, autoridades mexicanas realizaron operativos en los puertos de Ensenada, Baja California, y Altamira, Tamaulipas y se aseguraron unos dieciocho millones de litros de combustible que arribó al país ilegalmente.
Las acciones fueron encabezadas por la Secretaría de Marina, la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los informes consultados sostienen que en el negocio de tráfico de combustible existe una red de funcionarios ligados al negocio conocido como “huachicol fiscal” que, al parecer, está relacionado con el cártel de Jalisco.
Esta red de funcionarios –señalan los informes– opera con buques que portan banderas de conveniencia; empresas fachada y documentación aduanal falsa que obtienen mediante cañonazos de dinero. También explotan rutas marítimas nacionales e internacionales.
El caso del buque asegurado en Altamira, Tamaulipas, es el mayor golpe que el Gobierno Federal ha asestado a los criminales ligados el tráfico de combustible.
A diferencia del robo tradicional de combustible que ocurre en los ductos de Pemex, el huachicol fiscal es una modalidad distinta y consiste en la introducción de combustibles al país sin el correspondiente pago de impuestos; para ello, utilizan documentación falsa obtenida de las aduanas, a través de agentes aduanales que, a su vez, están ligados a la red de corrupción del SAT y a funcionarios de los puertos mexicanos.
A pesar de los golpes asestados a las redes del huachicol, en México sigue siendo un negocio multimillonario que involucra a políticos –gobernadores, senadores, alcaldes, altos funcionarios portuarios, entre otros– y a los cárteles de la droga.
Lo que se debe destacar es que a pesar de que el combate al huachicol fue una de las prioridades del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hasta la fecha no hay funcionarios encarcelados –y menos sentenciados– por esta actividad criminal que ha causado fuertes pérdidas económicas a Pemex. Es decir, es un negocio impune desde hace varios años, del que se han beneficiado políticos de todos los partidos.
