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Columnistas de SP

El gobernador de Sinaloa y los hermanitos Guzmán

Los narcos también lloran… ¿Y cómo no llorar, si ahora hasta la Fiscalía General de la República se burla de ellos? (¿O será de nosotros?) Miren que eso de que la FGR quiera saber del paradero de Ovidio Guzmán en Estados Unidos y busque extraditarlo de vuelta a México, no por ser narcotraficante ni tampoco por ser testigo protegido de los estadounidenses, sino porque algo tuvo que ver en el secuestro de El Mayo Zambada, es bajar mucho de categoría al joven delincuente.

O que Alejandro Gertz Manero, su oficina y los gobiernos cuatroteístas requieran a Ismael Zambada y exijan información a EU porque este fue secuestrado en territorio mexicano ¡y no por ser un criminal! ¡Qué decadente en ambos casos para los amplios currículos de estos feroces delincuentes!

Hay otros que también lloran. Está el gobernador Rubén Rocha de Sinaloa que ya no sabe cómo mandarle decir a los asociados de Zambada que él no tuvo que ver con la traición que devino en el arresto del narcotraficante; vaya, que él ni estuvo en la entidad el día del dichoso secuestro, mismo momento en que asesinaron a Héctor Melesio Cuén. Ayer, como último intento, le mandó informar a la FGR que podía dar más detalles sobre su paradero ese día si la institución se lo solicitaba… Sus declaraciones permiten ver que el gobernador cada vez se encuentra más acorralado, aunque falta saber si por nuestra fiscalía, por los narcos o por el gobierno de Estados Unidos.

Ya, fuera de guasa, todo esto que describo es francamente alucinante y desquiciante pues es sintomático de la colusión que existe entre nuestras autoridades y los narcotraficantes.

Lloran los funcionarios de la FGE de Sinaloa, pues la fiscalía federal los citará por las irregularidades en el caso Cuén. ¿Cómo pueden justificarse ante una dudosa y desaseada investigación por ellos realizada?

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Los narcos también lloran, pues con la entrada de Ovidio Guzmán al programa de testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos, más de uno ha de estar preguntándose si ya soltó toda la sopa.

El que más llora es obviamente la víctima eterna de este sexenio que está por concluir: López Obrador. La razón de su lloriqueo es que desde la detención de Zambada, Estados Unidos fue el primero en ponerlo en “pausa” pues no le ha brindado ningún tipo de información privilegiada del caso. ¿Será que como su pecho no es bodega soltaría dicha información —no sin antes tergiversarla— en la mañanera?, ¿o tal vez porque iría y la compartiría en Badiguarato?

Hasta el embajador Ken Salazar llora. No entiende que, más que “entrometerse” con “nuestra” reforma judicial, lo que AMLO no le perdona —y por eso ya no es el gran amigo diplomático— es que EU haya arrestado a El Mayo y el gobierno 4t ni en cuenta.

Pero quienes más tenemos razones para chillar somos nosotros los contribuyentes fiscales. ¡¡¿Cómo es eso de que la Fiscalía de la República tardó más de un mes en ligar algo bastante obvio: la puesta en libertad de El Chapito Ovidio con los arrestos de su medio hermano, Joaquín Guzmán López, y de El Mayo?!!

Lloramos también porque nos dolemos de que, si bien los narcos chillan, también se mueven y reaccionan. ¿A qué me refiero? A que la situación de violencia por la que pasa el país solo se va a recrudecer a partir de ahora y que no podemos confiar en las autoridades para protegernos. Quizá por eso El Mayo pedía en su carta no desatar la violencia en Sinaloa; por eso dio su versión de los hechos; por eso coincidió todo esto con la salida de prisión en Estados Unidos de Osiel Cárdenas, fundador de Los Zetas. Por eso los diversos narcobloqueos en días recientes en Culiacán… Un jueves negro de enfrentamientos entre el Ejército y criminales en tierra de Los Chapitos.

Esos bloqueos, quemas de vehículos y persecuciones reportados en Sinaloa fueron olvidados por el presidente de la República (prefirió celebrar con los youtuberos que comentar sobre la crisis en ese estado) y ninguneados por su gobernador (el mismo jueves en la noche dijo que ya estaba controlada “la situación”, mientras la ciudad aún humeaba y autobuses ardían en los narcobloqueos; pidió no se “sobredimensionara” la violencia y ofreció capacitaciones para que la gente sepa cómo reaccionar ante culiacanazos).

Giro de la Perinola

Por lo visto, el gobernador de Sinaloa no es el único que tiene “historias” con narcotraficantes. La revista Proceso compartió una investigación donde liga el incremento exponencial de la fortuna de Samuel García, gobernador de Nuevo León con los Beltrán Leyva.

El contra-Informe

¿Pienso que todo es malo? No. Creo que es un logro monumental haber sacado a 9 millones de personas de la pobreza, haber casi triplicado el salario mínimo sin desatar la inflación, haber mantenido la estabilidad económica seis años y concretar la renovación del TMEC. No escatimo un ápice esos logros. Pienso que los programas sociales resuelven una necesidad urgente para millones de mexicanos: en lo que aprenden a pescar, la gente tiene hambre y hay que darles pescado. Lástima que su grosero uso electoral les hizo perder brillo.

Pero el triunfo electoral, los 36 millones de votos y la supermayoría artificial en el Congreso no significan que se puede esconder la realidad, como intentó el presidente en su último informe de gobierno:

30 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a servicios de salud por la desaparición del Seguro Popular y el fracaso del Insabi. Durante 4 años hubo desabasto de medicinas. En la pandemia murieron 320 mil mexicanos por el mal manejo del gobierno. La Megafarmacia costó 2 mil millones de pesos y surte 5 recetas al día.

Este fue el sexenio con más asesinatos de la historia: 25% más que Peña Nieto, 60% más que Calderón y 200% más que Fox. También es el sexenio con el mayor número de personas desaparecidas: más de 120 mil, aun cuando el “nuevo censo” del gobierno rasuró el dato a 100 mil. No aparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y la investigación obradorista dijo lo mismo que la “verdad histórica” de Peña Nieto.

Segalmex fue un desfalco de 15 mil millones de pesos; su director sigue trabajando en el gobierno. Dos hermanos del presidente aparecieron en videos recibiendo sobornos. Su hijo mayor vivía en una mansión en Houston propiedad de un ejecutivo de una contratista del gobierno. Sus otros dos hijos adultos traficaron con influencias para el Tren Maya, el Transístmico y la compra de medicinas, según confesó en conversaciones telefónicas su íntimo amigo.

Salió el doble de caro cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco y hacer el AIFA, que dejar que se terminara la obra. La refinería de Dos Bocas costó el doble de lo presupuestado, se va a tardar el doble en estar lista y es hora que no refina un solo barril. El Tren Maya devastó 7 millones de árboles, costó el triple de lo prometido, aún no se termina y casi nadie lo usa.

A Pemex le inyectaron 2 billones de pesos y sigue siendo la empresa petrolera más endeudada del mundo, casi considerada “bono basura”. Prometió producir 2.6 millones de barriles diarios y se quedó en 1.8 (igual que en 2018). GasBienestar prometió llevar gas más barato a los hogares mexicanos; sólo funciona en 9 alcaldías.

Desde que Claudia Sheinbaum ganó las elecciones el dólar subió 3 pesos. La inversión extranjera directa nueva está en su peor nivel en décadas. La deuda creció 5% (finalmente lo aceptó el presidente el domingo) y el crecimiento económico será de 1% contra la promesa de llegar a 6%.

Y la reforma judicial ha terminado de esculpir la imagen de López Obrador en el mundo moderno: se trata de un presidente vengativo, autoritario, que quiere destruir la democracia y que va a generar con ello un problema económico en su país.

36 millones de votos no se discuten. Los datos duros tampoco.

La conexión con Puente Grande

Eran tres venezolanos. Habían ido a una notaría a recoger diversos objetos de valor que un empleado les entregó en un portafolio. Iban a bordo de una camioneta blanca y de una motocicleta. Habían echado mano de la estafa conocida como La Patrona: le hicieron creer al empleado que su jefe estaba en un serio aprieto.

Lograron que les depositara cien mil pesos en una cuenta de banco. Luego, seguros de haberse ganado su confianza, acudieron a la notaría a recoger piezas diversas.

Cámaras de vigilancia los siguieron hasta la colonia San Simón Ticumac. Eran parte del mismo grupo que un mes antes se había llevado 300 mil pesos y varias joyas de un domicilio de Santa Fe.

Hace dos años, una madrugada de domingo, una mujer recibió un mensaje de WhatsApp enviado por un alcalde de Guanajuato:

“Cómo te encuentras. Estás ocupada”

“A tus órdenes”.

“Me puedes ayudar a realizar un pago. Te lo devuelvo en dos horas cuando se actualice mi banca móvil. Tuve un accidente. Lo que me preocupa es que una menor salió lesionada en la cabeza”.

“¿Cuánto necesitas?”.

“Lo que quiero es moverme de aquí. Son 27 mil”.

“Sí los tengo, afortunadamente… Pásame si quieres de una vez la cuenta”.

El autor de aquel mensaje había cometido un error.

La mujer que lo recibió es una alta funcionaria de seguridad: se llama Sophía Huett, y es secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato.

Huett sabía que por esas fechas a varios alcaldes de la entidad les habían hackeado sus cuentas. Le siguió el juego al estafador y obtuvo la cuenta en la que este pretendía que se hiciera el depósito. Al día siguiente presentó una denuncia en la fiscalía.

La investigación reveló que el lugar de donde provenía la señal del aparato utilizado para llevar a cabo el fraude era nada menos que el penal estatal de Puente Grande, en Jalisco.

Puente Grande es la catedral de la extorsión.

En 2017, durante un operativo, se detectó que los internos tenían a la mano teléfonos celulares, tarjetas y chips, y se dedicaban a hacer extorsiones en distintas ciudades de los Estados Unidos: las víctimas eran migrantes que se hallaban lejos de sus familiares, y a los que se engañaba con el supuesto aviso de accidentes vehiculares pago de deudas o pago de presuntos sobornos a autoridades policiacas y judiciales.

En cuadernos hallados en las celdas había números telefónicos y cuentas bancarias de Texas, Georgia, Oregon, Tennessee, Los Ángeles, Houston…

Siete años más tarde, la red de extorsión sigue trabajando a todas horas, a pesar de que, supuestamente, el centro de readaptación cuenta con un inhibidor de señal.

En ese sitio, gracias al sistema de corrupción reinante, los internos pueden rentar los celulares con los cuales roban identidades y “trabajan” a las víctimas de extorsión. Muchas veces solo tienen que dejar “un código de verificación” en el buzón de voz de la víctima. Es a través del buzón como pueden apoderarse de una cuenta de WhatsApp.

De acuerdo con las autoridades, en cuatro de cada diez casos tienen éxito.

Investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México indican que en Puente Grande hay células encargadas de revisar redes sociales y hacer perfiles de sus víctimas.

Cuando han recabado suficiente información, estas células entran en comunicación, por correo electrónico, mensajes de texto o llamadas telefónicas, con trabajadores y empleadas domésticas para hacerles creer que La Patrona, o en su caso, El Patrón, se hallan en un aprieto. Desde luego, también están en comunicación con cómplices que se mueven en la calle para hacer tareas de vigilancia y seguimiento.

Son los personajes que se aparecen en los domicilios para llevarse en bolsas, sobres y portafolios, el dinero y las joyas con que La Patrona será salvada.

En el sexenio que agoniza la tasa de fraudes y extorsiones alcanzó máximos históricos. Estos delitos son generados desde todos los centros penitenciarios del país. Pero en gran parte de ellos, hay una conexión con Puente Grande.

Primer día, primer choque en la bancada de Morena

Ni 24 horas pasaron, y ya se dio un choque en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Nos hacen ver que la noche del domingo el diputado morenista y vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que diputados y diputadas de Morena habían presentado una solicitud de juicio político en contra de la jueza y el juez que otorgaron una suspensión que impedía que la reforma al Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera discutida. Sin embargo, horas después, por la mañana de ayer, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, dijo que las querellas contra los juzgadores se hicieron a título personal y pidió a sus diputados poner pausa a esa ofensiva legal. Nos hacen ver que las declaraciones de Monreal dan cuenta de que algunos miembros de su bancada, liderados por Gutiérrez Luna se le fueron por la libre y pidieron el juicio político, pese a que su coordinador quería actuar con mayor prudencia. Bien dicen algunos legisladores morenistas que la única oposición que les preocupa es la de sus propios compañeros.

Después de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio a conocer las preocupaciones de su gobierno sobre la reforma judicial del presidente López Obrador, que le costaron que el mandatario lo pusiera en pausa (cualquier cosa que eso signifique), el diplomático ofrecerá hoy una conferencia en su residencia. Nos hacen ver que, se ha advertido a los medios que don Ken únicamente hablará del legado de Abraham Lincoln y de Benito Juárez, y no tiene previsto tocar el tema de la reforma al Poder Judicial, en especial de la elección de jueces por medio del voto popular. Esta aparición del embajador Salazar se da también después de que López Obrador durante su informe sometió a votación a mano alzada su propuesta de que los jueces sean electos por el voto del pueblo y cuando sus simpatizantes levantaron la mano en señal de aprobación, el mandatario dijo que ese mensaje debería ser entendido por los Estados Unidos. Ya se verá si luego de su conferencia de hoy el Presidente vuelve a poner en “play” al embajador, o lo mantiene en pausa hasta el fin de su mandato.

El domingo en la sección VIP del Sexto y último Informe de gobierno del presidente López Obrador en el Zócalo, causó sorpresa ver a dos gobernadores de oposición estar sentados muy cerca de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, y entre gobernadores de la autollamada Cuarta Transformación. Se trata de la panista Teresa Jiménez, gobernadora de Aguascalientes; y del priista Esteban Villegas, gobernador de Durango. Este último gobernador ya no es noticia que se lleva de piquete de ombligo y le lanza vivas al mandatario federal cuando va a su estado. Sin embargo, la presencia que llamó más la atención fue la gobernadora panista quien fue colocada en primera fila muy cerca de la próxima presidenta. Nos hacen ver que las señales son de que habrá una buena relación entre ambas mandatarias.

En el seno de la Junta de Coordinación Política del Senado se tomó la decisión de incrementar el número de comisiones legislativas para pasar de 57 a 60, y cuyo reparto entre las fracciones parlamentarias se hará de acuerdo con el porcentaje de escaños obtenidos. El tema, nos hacen ver, es muy relevante, pues presidir cada comisión implica un presupuesto extra para las bancadas. Morena tendrá bajo su responsabilidad 31 de esas comisiones, además de que busca quedarse con las presidencias de las más importantes y determinantes en los procesos de las reformas que se avecinan.  En las últimas horas se está dando una pelea por esas comisiones, y será hoy cuando se integren cada una de las comisiones legislativas. Nos dicen que si usted quiere ir a lo seguro apueste a que Morena y su casi mayoría calificada se quedará con las más relevantes.

Los beneficios de reforma al PJ… ¡en Texas!

COMO SUELEN decir los texanos: “Howdy, money!”. O lo que es lo mismo: ¡bienvenidas todas las inversiones que México no quiere!

POR INCREÍBLE que parezca, la reforma judicial del gobierno mexicano se está convirtiendo en un gran atractivo para los inversionistas que quieren aprovechar el nearshoring… ¡pero para irse a Texas!

TAN ES ASÍ que, por los rumbos tanto de Dallas como de Houston, distintos consejos de desarrollo económico regional están recibiendo como nunca solicitudes de afiliación de empresarios que buscan entrarle a los procesos de relocalización, alejándose de China y trayendo plantas de insumos y proveeduría lo más cerca posible de Estados Unidos.

Y AUNQUE esto se supone que principalmente debería beneficiar a México, en realidad está cayendo de perlas a Texas. Se sabe, por ejemplo, de un centro promotor de inversiones que usualmente recibe 30 aplicaciones por mes y que en este verano ya rebasó las 400 solicitudes.

Y AGÁRRENSE que la cosa se va a poner peor, pues en cosa de días, allá en Texas, lanzarán una campaña internacional ofreciendo a los inversionistas facilidades para instalarse, pero sobre todo la seguridad jurídica que en México ya no van a encontrar. Y nada de sutilezas, justo con esas palabras, mencionando la reforma judicial, están armando sus promocionales.

VAN QUEDANDO claras las razones por las que Morena y sus aliados quieren aprobar hoy, hoy, hoy la reforma judicial.

ANTE la suspensión provisional de una jueza de Morelos que busca frenar la discusión en la Cámara de Diputados, quieren aprobar la iniciativa en lo general hoy mismo para desactivar una eventual suspensión definitiva por parte de un tribunal, prevista para mañana.

OTRA preocupación de los cuatroteístas tiene que ver con las simpatías que han ganado las protestas estudiantiles, por lo que quieren evitar que crezcan pasando pronto la reforma.

POR ÚLTIMO, los diputados quieren pasar el paquete al Senado en sólo cuatro días para tener todo planchado antes del 15 de septiembre y darle a Andrés Manuel López Obrador el gusto de agregar en su último grito un: ¡Viva la reforma judicial!

DOS nombramientos llamaron la atención ayer en el Senado. Uno es el del nuevo encargado de servicios Administrativos y Financieros que recayó en Óscar Palomera, tabasqueño, ex secretario particular de Adán Augusto López en la Segob y persona de todas las confianzas del nuevo líder senatorial.

EL OTRO es el de Luis Genaro Vásquez como responsable de Asuntos Jurídicos, cargo que ocupó en la Cámara de Diputados y quien tendrá la tarea de conducir la adecuación de leyes secundarias en cuanto se aprueben las varias reformas constitucionales. A ver cómo les va.

El paro en la Corte, los ministros y los transitorios

El paro de labores de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) era inminente ante la inflexibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena de modificar la iniciativa de Reforma al Poder Judicial de la Federación. Lo que llama la atención es que, aun cuando desde el inicio las movilizaciones se gestaron con el conocimiento y la venia de la presidenta del máximo órgano constitucional, Norma Piña, así como de su más cercano asesor, el también ministro Juan Luis González Alcántara, ambos no han querido liderar públicamente las movilizaciones.

El 5 de julio revelé que el Consejo de la Judicatura Federal alistaba un paro de labores hacia mediados de agosto en contra de la reforma judicial que se votará este mes en el Congreso de la Unión. Los funcionarios del CJF acudieron a las instalaciones del edificio Prisma, en Insurgentes Sur, propiedad del Poder Judicial de la Federación, para hablar con los titulares de los órganos jurisdiccionales y transmitirles el mensaje.

El 21 de agosto inició el paro de labores de más de mil 200 juzgadores de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces, que encabeza la jueza Juana Fuentes Velázquez, cercana a Norma Piña, a lo que siguieron otras agrupaciones de integrantes del Poder Judicial, las manifestaciones de miles de estudiantes de universidades públicas y privadas, y finalmente este lunes se aprobó, por mayoría de votos, la suspensión de labores de los trabajadores del máximo tribunal.

Salvo Lenia Batres, el resto de los ministros y ministras de la Corte está preocupado por la reforma que se va a aprobar esta semana en la Cámara de Diputados, la siguiente en el Senado, la tercera semana de septiembre en los Congresos de los estados y la última –que a su vez será la final del gobierno del presidente López Obrador– en el Ejecutivo para su promulgación. Si bien siguen existiendo divisiones y distintos criterios sobre las modificaciones al Poder Judicial, ninguno considera que la elección de jueces, magistrados y ministros es buena idea ni tampoco algo sostenible en el tiempo.

Además de Norma Piña y Juan Luis González Alcánta, los ministros que están más beligerantes –en privado– contra la reforma son los tres que concluirían su periodo el próximo sexenio: Luis María Aguilar (2024), Jorge Pardo (2026) y Alberto Pérez Dayán (2027). El más vocal durante los foros y parlamentos abiertos, Javier Laynez, igualmente está que revienta, pero se ha enfocado más en intentar construir una estrategia, mientras que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Ríos Farjat –quienes al igual que Laynez fueron titulares del SAT– han optado por no participar mucho en las discusiones. Finalmente, las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, sin bien están resignadas –aunque no convencidas de la reforma– apuntan a un nuevo cargo dentro de la nueva estructura del PJF, principalmente al Tribunal de Disciplina Administrativa.

Así, los ministros y ministras, los máximos juzgadores de México, han preferido apartarse de los reflectores para evitar que les lluevan las críticas o los intentos de juicio político que mucho han malbaratado el presidente López Obrador y Morena en contra de los altos mandos del Poder Judicial.

La esperanza, al igual que la de los inversionistas globales y los empresarios mexicanos, es que en las leyes secundarias de la Reforma Judicial se incluyan cambios; por ejemplo, la creación de tribunales especializados en los cuales los jueces y magistrados no sea electos directamente por voto popular, o bien que las elecciones sean únicamente con integrantes de carrera del Poder Judicial.

En los artículos transitorios del dictamen de iniciativa de reforma al PJF se prevé que deben hacerse adecuaciones a la legislación secundaria en un plazo de 90 días.

En tanto, el artículo 10 transitorio determina que la Ley del Presupuesto de Egresos de 2025 incluya todos los recursos necesarios para pagar las prestaciones que correspondan a los trabajadores del PJF. En ese orden de ideas no hay alguna otra previsión sobre legislación secundaria.

¿Se podrán incluir en las leyes secundarias los cambios para apaciguar a los mercados financieros, a nuestros socios comerciales y a los trabajadores del Poder Judicial? Es la pregunta del millón, luego de que López Obrador deje el poder.

Posdata 1

Sobre la Reforma Judicial la mayoría de bancos internacionales, casas de bolsa, calificadoras y agrupaciones empresariales han externado sus preocupaciones por el contenido y las consecuencias negativas que podría generar para México. Sin embargo, no solo se trata de tal reforma constitucional, sino de las que van a votarse en los próximos meses con la supermayoría de Morena y sus aliados.

Este lunes, Citibanamex expuso que la bancada de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo es similar a la del PRI de hace 40 años, por lo que la “dominancia política” de la coalición permitirá aprobar reformas que desaparezcan contrapesos democráticos en el país.

El grupo financiero recordó que entre 1997 y 2015 el electorado mexicano configuró gobiernos divididos, en los que ningún partido o coalición controlaba al mismo tiempo la Presidencia y mayorías absolutas en el Congreso.

La bancada del oficialismo es similar a la que tuvo el PRI entre 1930 y 1985, con mayorías superiores a 70% de la Cámara de Diputados.

Posdata 2

El caso de la Alcaldía Cuauhtémoc atizará la de por sí complicada situación política, económica y social que se vive en el cierre de sexenio. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto. “Cuando es motivo de cancelación, o de desconocimiento de un triunfo el que haya insultos, sean reales o inventados, ya es otra cosa; el tema de violaciones por agravios de género hay que verlo con mucho cuidado”, dijo sobre la determinación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México de anular la victoria de la Alessandra Rojo de la Vega, la candidata de Fuerza y Corazón por la CDMX, por violencia política de género en contra de la morenista Catalina Monreal

La determinación final quedará a cargo de la Sala Regional Especializada y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que deberán definir si se repone el proceso antes de la toma de protesta, el próximo 1 de octubre.

Al respecto, Catalina Monreal, excandidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc, se ha mostrado contundente al acusar a Rojo de la Vega de ejercer “una violencia sistemática y calumniosa” en su contra durante el proceso electoral.

En entrevista para mi programa Las Noticias de la Mañana, la candidata morenista dijo que no representa a una familia, sino a Morena, además de asegurar que no tiene vínculos con los magistrados del Tribunal Electoral y refutó las acusaciones de corrupción que han sido dirigidas hacia ella.

Caty Monreal hizo un llamado a dejar de normalizar la violencia política de género y a sancionar a quienes la ejercen. Mucha presión pública tendrán los magistrados y magistradas del TEPJF sobre este caso, que marcará un precedente electoral.

Posdata 3

En su último año, el jefe de gobierno interino, Martí Batres –ligado en el pasado a organizaciones invasoras de predios– se le ocurrió emitir un decreto este lunes sobre la reforma al artículo 3 de la Constitución local para “armonizarlo con lo establecido en el artículo 27 de la Carta Magna federal, en materia de propiedad privada, pública y social”.

“¿Qué decía la Constitución de la Ciudad de México hasta hace algunos días? ‘La Ciudad de México asume como principios el respeto a la propiedad privada’. ¿Qué dice ahora? ‘La Ciudad de México asume como principios la propiedad en los mismos términos del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’. Esa es la reforma que estamos celebrando el día de hoy”, dijo Batres.

Con esto y con la presencia de Pablo Gómez en el anuncio, Batres –considerado del ala más radical de Morena, lo mismo que el actual titular de la UIF– lo dijo todo: la CDMX podrá atentar contra la propiedad privada argumentando un interés público superior.

La Corte en paro y los ministros confrontados

La ofensiva del presidente López Obrador contra el Poder Judicial de la Federación ha provocado dos efectos dentro de las instituciones judiciales. Por un lado ha puesto en pie de lucha a los trabajadores, jueces y magistrados de ese poder, con un paro total de labores que ha logrado difusión internacional y la solidaridad de los mexicanos, al que a partir de ayer se sumaron también los empleados y asesores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero por el otro ha dividido y confrontado, más de lo que ya estaban, a los 11 ministros del pleno de la Suprema Corte.

El apoyo creciente de sectores sociales, como los estudiantes de universidades públicas y privadas del país en toda la República, confirma que las estrategias de los empleados del sistema de justicia federal han sido exitosas y valientes, por más que sean descalificadas y cuestionadas por el presidente, por sus seguidores y por el aparato de poder. Podría decirse que al obradorismo y a la 4T, los trabajadores judiciales le dieron una “sopa de su propio chocolate” porque la movilización y la protesta fueron justo los métodos que los llevaron a ganar el poder.

Pero mientras el resto de las instituciones e integrantes del Poder Judicial federal se han cohesionado y unido en su vistosa y exitosa lucha, en el pleno de la Corte los 11 ministros que la integran nomás no logran ponerse de acuerdo en qué posición tomarán ellos ante el movimiento de protesta que cada vez cobra más fuerza en contra de la polémica reforma constitucional del presidente. Y es que las divisiones y bloques que ya existían antes de todo el asunto de la reforma, se han ahondado y separado todavía más con el ambiente de tensión, incertidumbre y discordia que prevalece en la Suprema Corte.

De un lado están la presidenta Norma Piña y los ministros que han hecho bloque con ella como son Alberto Pérez Dayan, Luis María Aguilar y Jorge Mario Pardo Rebolledo, y en algún momento también Juan Luis González Alcántara, quien luego se distanció al “congelar” el recurso de contradicción de tesis que pretendía frenar la reforma. En el otro extremo están las ministras pro 4T, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz y Lenia Batres, aunque ésta última se ha vuelto la más radical y se mueve con su propia agenda; y en el bloque intermedio, que no necesariamente toma partido por ninguno de los dos extremos, están la ministra Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Y en sus diferencias de posiciones, que se han polarizado todavía más por todo el ambiente enrarecido que ha generado la venganza de López Obrador, los ministros no han podido llegar a un acuerdo para asumir una posición oficial como pleno, y en vez de eso se han tensado aún más sus debates internos e incluso algunos de ellos, como la radicalizada ministra Lenia Batres, ha acusado a sus otros compañeros y a la ministra presidenta, de permitir y fomentar que la ataquen los trabajadores del Poder Judicial, a los que ella se ha dedicado a denostar y a acusar de corrupción y privilegios en su activismo partidista a favor de la multicitada reforma.

Hasta este columnista llegaron varias capturas de pantalla del Chat privado que tiene los 11 ministros para comunicarse a través de la plataforma de mensajería de WhatsApp, y en sus conversaciones e intercambios que ahí aparecen queda perfectamente claro el ambiente que prevalece en los integrantes del pleno de la Corte. A continuación, y por considerarlas de interés público para ilustrar el ambiente enrarecido y confrontado que hay en el pleno de la Corte, reproducimos solo algunos fragmentos de los intercambios de mensajes entre los 11 ministros.

Ministra Lenia Batres: “Ayer hubo manifestaciones en la Corte. Este es el muro de mi oficina:” Y aparecen fotografías donde se ven una serie de cartulinas con mensajes en su contra que pegaron en la pared los trabajadores de la Corte en la manifestación silenciosa que hicieron el martes de la semana pasada. Y una foto con acercamiento en donde se ve el nombre de la ministra Batres y abajo de él una cartulina escrita a mano con la siguiente leyenda: “Ayer me escondí, hoy organicé una traición, no tengo preparación, pero aquí sigo”.

Ministra Margarita Ríos Farjat, en respuesta a Lenia Batres: “También son ofensivas. Yo procuro ser imparcial y jamás me he sentido menos que los que tienen carrera (judicial)”. Mi ponencia tiene instrucciones de ser muy respetuosos de todo, de no caer en provocaciones ni majaderías, ni en concursos de popularidad. Sino en procurar mantenerse a la altura de las causas. Espero estén cumpliendo con esa encomienda”.

Ministra Presidenta Norma Piña: “Estoy en sesión de Consejo, pero ya di instrucciones que se tomaran medidas”.

Ministro Javier Laynez: “Mi gente está en sus respectivas oficinas. No autorizaría ninguna expresión contra alguien en lo particular”.

Ministra Margarita Ríos Farjat: “Confirmado. Todos mis colaboradores están trabajando en sus espacios”.

Ministro Jorge Mario Pardo: “No tenía conocimiento. Pregunté y mi personal está trabajando en sus lugares. Si alguno se manifestó de mi ponencia no fue por instrucciones mías”.

Ministro Alberto Pérez Dayan: “Mi ponencia está en sus oficinas, pero creo conveniente pedir a todos…

Ministra Presidenta Norma Piña: “Tenemos que hacer algo. Creo que ha habido carteles y agresiones de ambas partes. La ponencia de la Ministra Lenia Batres ya empezó a manifestarse dentro de la Corte” Y muestra una fotografía donde colaboradores directos de la ministra Batres se manifiestan en las escaleras de la Corte donde sostienen carteles con consignas y leyendas como: “A sus sentencias les hace falta pueblo”, entre otras más que se aprecian en la imagen.

Luego en otra parte del chat privado de los ministros, Norma Piña les ofrece convocar a una reunión en la que se tomen medidas y le avisa a Batres que ya movieron al personal de la Corte que se manifestaba afuera de sus oficinas: “Ya no hay nadie ahorita”, le dice. A lo que la autonombrada “ministra del pueblo” le contesta: “Sí muchas gracias por pedirles que se retiraran. Pero están subiendo el tono con insultos (los mismos que por cierto trae la cuenta de X @SCJN_Clips), que sigue usando el logo de la SCJN. Incluso empezaron a poner mi nombre en los carteles”.

Ministro Jorge Mario Pardo: “Repruebo cualquier insulto o falta de respeto”.

Ministro Luis María Aguilar: “Desde luego, eso por supuesto nadie en el PJF y menos en la Corte lo debe hacer. Respeto, Respeto, Respeto”.

Ministra Presidenta Norma Pïña: “Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Pediré que se realice una investigación al respecto”.

“Ministra Yasmín Esquivel Mossa: “Es inédito la falta de respeto de este tiempo”.

En otra parte de la conversación entre los ministros, Margarita Ríos Farjat muestra en su cuenta una fotografía donde una colaboradora de Lenia Batres sostiene una cartulina que repite la leyenda: “A sus sentencias les hace falta pueblo”. Y debajo de la imagen escribe la ministra Ríos: “Sin Palabras. Pensé que había reflexividad y que estábamos en la construcción de una armonía”. Y de inmediato le contestan las ministras Batres y Loretta Ortiz Ahlf: “Voy a pedir a mis colaboradores que se abstengan de imprimir carteles que contengan calificativos contra alguna, algún ministro. Por supuesto espero que les pidan lo mismo a sus colaboradores. Y si pueden extender a las redes”, dice Batres. Y Loretta Ortiz le responde: “Estoy de acuerdo contigo Lenia”, mientras que el ministro Juan Luis González Alcántara, les escribe: “Así creo que debemos actuar. Yo haré lo mismo con mis colaboradoras y colaboradores”.

Ministra Margarita Ríos Farjat: “Pero si dicen que las sentencias no son sensibles, lastima a quienes proyectan y dedican sus desvelos a una justicia sensible. Reitero que digo esto en abono a una reflexión pragmática de retornar a los cauces de sensibilidad”. Y en otra parte de la conversación vuelve a replicar la ministra Ríos: “Supongo que es una reacción a tanto que se dice que falta sensibilidad en las sentencias. Hay formas de provocar, lo digo con muchísimo respeto, y reiterando la línea respetuosa que tenemos como ponencia. Respetuosa pero responsable”.

Ministra Lenia Batres: “Hoy se manifestaron las ponencias en la segunda sala. Como respuesta mi ponencia sacó sus mensajes. Los vi cuando salí”.

Ministro Juan Luis González Alcántara: “Lo lamento profundamente. Respeto absoluto a las y los colegas!”

Ministra Margarita Ríos Farjat: “Supongo que es una reacción a tanto que se dice que falta sensibilidad en las sentencias. Hay formas de provocar, lo digo con muchísimo respeto, y reiterando la línea respetuosa que tenemos como ponencia. Respetuosa pero responsable. ¿Qué significa que hace falta pueblo en las sentencias? No quiero abonar a la falta de armonía pero objetivamente yo no las leo así, con toga o sin ella. Creo que con razón se despiertan pasiones. Los proyectistas de DDHH pueden sentirse ofendidos. Lo digo, reitero, con respeto pero con responsabilidad”.

Ministro Alberto Pérez Dayan: “Me sumo a ello”.

Hasta ahí las conversaciones que nos hicieron llegar fuentes de la Suprema Corte y que, con respeto a la privacidad de las conversaciones, se publican sólo porque tienen valor informativo para entender lo que se está viviendo en estos momentos al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que pudieran ser sus últimas horas de existencia del modelo de una Corte con autonomía e independencia tal y como la hemos conocido los mexicanos a partir de la reforma de Ernesto Zedillo de 1995.

Es decir, que a los mexicanos poco nos duró el gusto y el derecho de tener una Suprema Corte autónoma del Poder Ejecutivo. Una Corte que pudo haber tenido sus altas y bajas en estas tres décadas; a veces con ministros sumisos y negociantes de la justicia, como en las épocas del PRI y del PAN, pero que en la 4T rompieron todas las formas al colocar ministros entregados o hasta militantes de su movimiento político.

Pero al final la Suprema Corte que hoy está obstinado en desaparecer López Obrador sí llegó a constituirse en un poder vivo, actuante y que empezó a consolidarse como el tribunal constitucional por excelencia, que actuaba como la defensa de los derechos ciudadanos con el amparo como la principal arma, que mediaba en los juicios fiscales o empresariales y que al mismo tiempo dictaba las reglas de constitucionalidad entre poderes y entre los estados de la República, a tal grado que cuando se enfrentaron al poder del presidente López Obrador y se le convirtieron en un dique de contención para evitar sus reformas, leyes y medidas autoritarias o estatistas que atentan contra la certidumbre de los inversionistas, vino uno de los manotazos presidenciales más autoritarios de que tengamos memoria los mexicanos.

Y estamos a punto de verlo consumado, con todos los riesgos y peligros para el país y su economía, pero sobre todo para esa presidenta electa a la que pide vitorear en público y se dice feliz de que lo suceda, mientras le agita cada vez más las trubulentas aguas políticas, financieras y sociales que se están juntando en este momento en el país. Entonces, vale la pena preguntarse: ¿AMLO quiere ayudar a la doctora Claudia Sheinbaum o le está heredando la tormenta perfecta para que sólo él, con su liderazgo casi religioso para la nueva clase gobernante, pero sobre todo para sus agradecidos beneficiarios de programas sociales, pueda resolverlo y su sucesora tenga que buscarlo y necesitarlo? Para decirlo más claramente, López Obrador está aplicando la estrategia que le aprendió a su amigo y cercanísimo asesor, Manuel Camacho Solís. Aquella que decía: “Si yo provoco el problema, es porque sólo yo se resolverlo”.

NOTAS INDISCRETAS… Después de la dura respuesta que el presidente López Obrador le dio al comunicado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que solicitó evitar una sobrerrepresentación de Morena en el Congreso, se empezaron a sentir fracturas entre el sector empresarial que se dividió sobre cómo debían responder a los cuestionamientos públicos que les hizo el presidente. Esta división enfrenta a grupos que buscan “estabilidad y diálogo” con el gobierno, contra aquellos que prefieren el conflicto y la polarización para responderle al presidente. Aunque el mensaje de los empresarios fue respetuoso y oportuno, el conflicto principal parece estar relacionado con disputas internas dentro del CCE, motivadas por intereses personales y económicos, entre ellos por la lucha por la presidencia del consejo. Figuras como Juan Cortina Gallardo, Bosco de la Vega, Rolando Vega Sáenz y José Medina Mora están identificados como el grupo que busca la confrontación con López Obrador. Y en particular de Bosco de la Vega se menciona su relación sentimental con la sobrina favorita del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, el segundo enemigo de AMLO, solo superado por el villano favorito de la 4T Felipe Calderón… Y a propósito del presidente y su fantasioso y locuaz Sexto y último informe de Gobierno, nos cuentan que en la concentración morenista que se acarreó hasta el Zócalo, a la más vieja usanza del PRI, hubo ayer varias denuncias de asistentes, lo mismo de políticos que de “pueblo bueno”, de que les robaron celulares, carteras y otros valores en el mitin convocado por la Presidencia de al República. El primero en quejarse y denunciarlo fue el diputado federal Pedro Haces, quien dijo que el domingo le robaron su celular durante la concentración morenista. Luego se supo de otros casos de políticos y simpatizantes que se quejaron del robo de sus carteras y relojes. O la seguridad estuvo muy mal en el evento del informe de gobierno o de plano los de la 4T tienen al enemigo en casa. ¿Usted que dice?… Ayer se reportó una muy fuerte explosión en una casa de Reynosa, Tamaulipas. El estallido, que en los videos se ve como alcanzó varios metros de altura, que provocó la muerte de dos personas y dejó más de 20 heridos y que afectó varios metros a la redonda, fue informado por las autoridades de Protección Civil del municipio fronterizo como ocurrido “en una casa en la que almacenaban pirotecnia”. Pero en redes sociales y en varios sitios y portales informativos de Tamaulipas y de la zona fronteriza se aseguraba que el tamaño de la explosión y lo que se puede ver en videos grabados por cámaras de seguridad esa no fue una explosión por pólvora o fuegos pirotécnicos. Y sugieren que una explosión de la misma intensidad ya había ocurrido en Valle Hermoso y que lo que explotó es C4, un potente explosivo plástico, que según afirman los usuarios o periodistas locales deja un fuerte olor a almendras después de ser detonado y que estaría siendo almacenado en casas o viviendas de zonas populares por los grupos del crimen organizado tamaulipeco, como parte de su guerra interna y de la guerra también con el Cártel Jalisco Nueva Generación que llegó invitado por el asesinado empresario huachicolero Sergio Carmona a Tamaulipas. ¿Y entonces? Qué es lo que están ocultando o protegiendo las autoridades locales de Tamaulipas?… Se lanzan los dados. Volvió a tocar Serpiente.

Del Dr. Muerte y Dinamarca

LA PRESENCIA DE Hugo López-Gatell en la foto del recuerdo y la arenga triunfalista de que el sistema de salud mexicano es mejor que el de Dinamarca, retratan de cuerpo entero el primer gobierno de Morena.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ni pudo recomponer la distribución de medicinas que él mismo destruyó, ni erradicó la corrupción en el sistema de salud, que creció todavía más en su sexenio.

El mejor ejemplo es el fallido proceso de “nacionalización” de los servicios en el ISSSTE, un modelo que va a contrapelo de lo que implementaron los regímenes panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Los gobiernos federales decidieron subrogar servicios clínicos, de anestesia, banco de sangre, hemodinamia y cardiología, entre otros, porque el Estado carecía de dinero para ofrecerlos él mismo.

El Presidente se rasga ahora las vestiduras: “En el periodo neoliberal se subrogaron los servicios, se subcontrataba, dejaron al ISSSTE como un cascarón, porque rentaban hasta las camillas…”

Pero lo que no dice es que a lo largo de su gobierno, fue el que más servicios clínicos asignó directamente y a los mismos proveedores, y ahora peor aún: se despide entregando contratos sin propuestas económicas.

Y el operador de esta rara “nacionalización” de los servicios que no tiene nada de nacionalista porque son empresas internacionales las ganadoras, es el impresentable López Gatell.

Si todo le sale bien, esta semana o más tardar la siguiente, el ISSSTE que todavía dirige Bertha Alcalde estará asignando un contrato por dos años para entregar insumos para laboratorio clínico.

El ganador será la farmacéutica suiza Roche, que preside aquí Mónica Palomares, y un grupo de empresas asociadas, a las que darán el tercero y cuarto paquete de nacionalización de servicios.

El primero y segundo, de hemodinamia y cardiología, junto con la anestesia fue asignado a la división salud de General Electric, que dirige Guillermo Murra, sin proceso licitatorio.

Estas nuevas asignaciones a Roche las operó López-Gatell, a quien el Presidente instruyó para dirigir los procesos de nacionalización de servicios en una primera etapa en el ISSSTE.

Lo curioso de esta asignación es que los funcionarios del instituto evaluaron técnicamente y Roche fue seleccionado como el ganador absoluto, pero ni siquiera entregó propuesta económica.

El monto inicial supera los mil millones de pesos, pero fácilmente se podrá escalar por todo el sexenio que está por iniciar y el negocio se puede ir hasta los 4 mil 500 millones de pesos.

Habrá que ver si el nuevo director que Claudia Sheinbaum designó para el ISSSTE, Martí Batres, deja pasar esa bola rápida.

LA CLÍNICA MÉRIDA del ISSSTE fue la última “compra” de una Asociación Pública Privada hospitalaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que pidió Claudia Sheinbaum al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y al próximo secretario de Salud, David Kershenobich, fue detener las otras cinco que estaban en marcha. Nos referimos a los hospitales generales de Tepic y CDMX y los hospitales regionales de alta especialidad de Ciudad Victoria, Bajío e Ixtapaluca, del ISSSTE y del sector Salud, que están concesionadas a las españolas Sacyr y Acciona y a las mexicanas Invex y GIA+A, de Manuel Manrique, José Manuel Entrecanales, Juan Guichard e Hipólito Gerard respectivamente. No hay dinero para pagar los privados.

MARCELA VILLEGAS SERÁ la nueva directora corporativa de Administración de Pemex. Se trata de un nombramiento interesante. Trae todo el sello de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y de la que será su secretaria de Energía, Luz Elena González. Curiosamente el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con todo y que será el que le autorice los presupuestos, se mantuvo al margen de esa designación. Villegas es actualmente la Coordinadora General de la Central de Abastos, recinto por el que a diario se mueven decenas de millones de pesos. Su jefa directa hasta hace unas semanas era precisamente González, como secretaria de Finanzas del Gobierno de la CDMX.

DURANTE EL MES de julio de 2024 las cuentas de social media del Grupo El Heraldo de México fueron involuntariamente desconectadas por Comscore, lo que provocó la pérdida de medición de Social Media del mismo mes. Así lo reconoció la misma empresa en una comunicación emitida ayer por Iván Marchant, vicepresidente de Comscore LATAM. La reconexión se logró los últimos días de agosto, por lo que El Heraldo Media Group salió afectado en las sumas de las métricas de sus redes sociales y del sitio web, impactando su clasificación en los resultados de Comscore en el mes de julio, los cuales, al no estar apegados a la realidad, no debieron ser publicados debido a un faltante de 30 millones de usuarios únicos.

EL QUE SE estrenó ya como Coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de diputados es Pedro Haces. El líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México será el tercero en el escalafón del partido guinda en San Lázaro, cuya fracción coordinarán Ricardo Monreal como presidente y Alfonso Ramírez Cuéllar como vicepresidente. A Haces le tocará una delicada función, pues el cambio de Presidencia se da en un entorno político muy enrarecido por la forma en que Andrés Manuel López Obrador está imponiendo sus reformas constitucionales de su cierre de gobierno.

LE ALERTAMOS LA semana pasada de las prácticas de Banxol, que en su publicidad se presenta como una empresa que ofrece soluciones financieras efectivas y confiables. La empresa de Javier Belgodere ha sido acusada en varias ocasiones de quedarse con el dinero que le confían algunos de sus clientes. Sus malos manejos se remontan años atrás. De hecho, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en tiempos de Adalberto Palma, la multó por infringir la Ley para la Transferencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, por no entregar información al regulador. Banxol ni siquiera metió recurso de defensa.

El mes más peligroso

Estamos comenzando el mes más peligroso del sexenio: el último, el mes donde aún no muere lo viejo, pero todavía no nace lo nuevo, el mes donde se suelen imponer vanidades, rencores, ilusiones de legado, donde se catalizan conflictos, se ajustan cuentas, donde las fuerzas acumuladas a lo largo de seis años buscan nuevos cauces por los cuales expresarse.

Ha habido momentos dramáticos en las últimas décadas de finales traumáticos: ninguno como el de 1982, cuando José López Portillo decidió estatizar la banca nacional y dejó con una crisis inconmensurable a su sucesor, Miguel de la Madrid. O la de 1994 cuando los desacuerdos entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo terminaron detonando, luego de un año de brutales tensiones con los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu incluidos, una crisis económica terrible en diciembre de ese año.

Estamos iniciando este último mes de gobierno de López Obrador en un escenario en apariencia diferente, pero no tanto como algunos creen. Estamos enfrentando una situación económica delicada, según coinciden desde el Banco de México hasta las consultoras internacionales, confrontados con Estados Unidos y Canadá, con una reforma judicial unánimemente rechazada y que se quiere aprobar fast track, sin atender sus innumerables errores, contradicciones y carencias, y con los peores números de seguridad de nuestra historia: 200 mil muertos y 50 mil desparecidos en lo que va del sexenio.

Lo peor es que esa realidad no se ve. El domingo en el Zócalo se habló de otro país. Como escribió Sergio Sarmiento, sería magnífico vivir en el país que describió el Presidente en el Sexto Informe de Gobierno. No estamos ni remotamente mejor que Dinamarca en salud, no estamos mejor en seguridad, la economía ha tenido el sexenio de menor crecimiento en décadas, la relación con Estados Unidos está deteriorada como no lo veíamos precisamente desde las épocas de López Portillo, por la estatización bancaria y la corrupción, y de Miguel de la Madrid, por el caso Camarena.

Lo cierto es que hoy tenemos un crecimiento económico que al finalizar el sexenio será menor a 1 por ciento, el más bajo en muchas décadas, con una deuda enorme de casi 6 por ciento del PIB. En salud no sólo no somos Dinamarca: la mitad de la población no tiene acceso a la salud pública y la mala gestión ante la pandemia, encabezada por el impresentable López-Gatell, dejó en realidad más de 800 mil muertos, uno de los índices más altos del mundo. Se desapareció el Seguro Popular y se creó el Insabi, que también debió ser liquidado por ineficiente y ahora se está tratando de montar otra estructura con el IMSS-Bienestar. Más de un millón y medio de niños no han regresado a clases desde que terminó la pandemia.

En seguridad tendremos a fin de este mes casi 200 mil muertos y 50 mil desaparecidos; un tercio de territorio nacional, incluyendo la frontera sur, está en manos del crimen organizado con un enorme desafío a la seguridad nacional. Ésta nunca había estado tan comprometida en décadas. La situación en estados como Chiapas, Michoacán, Tamaulipas es delicadísima. A partir de las detenciones de El Mayo Zambada y Los Chapitos, Ovidio y Joaquín, se ha detonado una crisis en la relación de seguridad con los Estados Unidos inédita, pero también el Estado mexicano ha quedado en condiciones de extrema vulnerabilidad ante nuestros socios comerciales.

Mientras tanto, la reforma judicial acentúa aún más las diferencias y las controversias a un punto tal que lo que ya está en debate es la continuidad del tratado de libre comercio con EU y Canadá.

El gobierno dejará obras inconclusas y con costos desbordados para el futuro, no sólo para terminarlas, sino para mantenerlas operando: el Tren Maya queda sin concluir, con un costo tres veces superior al presupuestado, de cerca de 25 mil millones de dólares, a eso habrá que sumarle un costo de operación evidentemente deficitario. Dos Bocas está también sin terminar, con un costo tres veces mayor al proyectado. La Megafarmacia, que costó tres mil 600 millones de pesos, surte sólo seis recetas diarias. La cancelación del aeropuerto de Texcoco costó, según cifras oficiales, 339 mil millones de pesos pagados a fondo perdido, y se estarán pagando los bonos emitidos para su construcción hasta 2040. El mayor fraude de la historia se cometió en Segalmex, superó los 12 mil millones de pesos y su director sigue impune. A Pemex se le han destinado billones de pesos simplemente para solventar sus deudas y, así y todo, su deuda hoy es de unos 100 mil millones de dólares; es la empresa petrolera con peores números en el mundo.

Se asegura que se avanzó en la lucha contra la pobreza con los enormes apoyos sociales, que suman unos 700 mil millones de pesos al año. Quizás es verdad, pero se olvida que para millones de familias mexicanas, más importante aún son las remesas que envían nuestros paisanos desde Estados Unidos: unos 60 mil millones de dólares que duplican los apoyos sociales del gobierno. Una cifra y una realidad que vuelven a exhibir la insensatez de profundizar la mala relación con la Casa Blanca. Las remesas son un espacio de vulnerabilidad evidente para la economía nacional y, sobre todo, la popular.

El buen mentiroso

La parte más comentada del último informe de López Obrador fue su sorprendente afirmación de que el sistema de salud —en los 23 estados que ya tienen el IMSS-Bienestar— ya es el más eficaz en el mundo.

“Dije que iba a ser como en Dinamarca. Es mejor que el de Dinamarca”, indicó el Presidente, sin bromear.

Y el pueblo bueno, reunido en el Zócalo, lo aclamó como si no se tratara de una mentira más grande que el océano Pacífico. Los datos están allí. De acuerdo con el índice de atención médica de la revista CEAWord, Dinamarca es el tercer país con el mejor sistema de salud, detrás de Corea de Sur y Taiwán. Le siguen, en orden descendente, Austria, Japón, Australia, Francia, España, Bélgica y Reino Unido.

México ocupa el puesto 72 de los 192 publicados.

El diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, médico de profesión, hizo un balance de la salud en México, después del último Informe de AMLO, mucho más apegado a la realidad

“Es terrible: seis años de subejercicios, desabasto de medicamentos, crisis en vacunación, médicos en las calles y un manejo negligente de la pandemia”, dijo.

Todos sabemos, además, que la política de seguridad de “abrazos, no balazos” resultó en récord de homicidios: 196 mil 438 al 1 de septiembre de 2024, según el reporte “La Guerra en Números’, de T-ResearchMX.

AMLO, por el contrario, habló de una reducción de 18% en homicidios dolosos; robo, 29.5%; feminicido, 37.6%; robo de vehículo, 48.6%, y secuestro, 77 por ciento.

* El tema va más allá de la demagogia populista. ¿AMLO se cree lo que dice?, preguntamos al reconocido psiquiatra José Newman. Esto fue lo que nos dijo:

“Es imposible responder a esa pregunta, pues el sujeto lo repetirá y rebatirá a quien lo contradiga. Ése es el comportamiento que desquicia al entorno. Unos optan por no contradecirlo y hasta celebrarlo (como ocurrió ayer). Otros se le opondrán”.

De acuerdo con el informe de la OCDE sobre el panorama de salud actualizado a 2022 —cuarto año del sexenio—, cerca de 3 de cada 10 mexicanos están fuera del derecho a los servicios médicos.

* Otro tema que llamó la atención en el Sexto Informe fue la muy polémica elección de jueces, magistrados y ministros. Allí, en pleno Zócalo, López Obrador hizo una encuesta a mano alzada.

“Que levanten las manos quienes creen que es mejor que los ministros sean elegidos por el Presidente y los senadores”, pidió.

Se escucharon abucheos.

“Que la levanten quienes creen que es mejor que el pueblo los elija”.

Lo aclamaron.

La aversión de AMLO al Poder Judicial no es nueva. Basta recordar que en octubre del 2003, cuando una sentencia judicial obligaba al Gobierno de la CDMX a pagar una suma exorbitante por la expropiación de unos terrenos, declaró:

“Si una ley no recoge el sentir de la gente, no puede tener una función eficaz… La Corte no es una junta de notables ni un poder casi divino”, dijo (Enrique Krauze, Letras Libres, junio de 2006).

Hoy se pregunta que, si el Presidente, los gobernadores, los legisladores y hasta los alcaldes son electos en urna, ¿por qué no hacerlo con jueces, magistrados y ministros?

Un argumento utilizado por los que favorecen que se voten los jueces, incluida Claudia Sheinbaum, es que en Estados Unidos los ciudadanos eligen a los jueces en urna.

Arturo Sarukhán, exembajador de México en Estados Unidos, salió a corregir en su cuenta de X:

“En EEUU ni los jueces federales, ni los jueces de la Suprema Corte, se eligen por voto popular. El presidente los nomina y tienen que ser aprobados por el Senado.

“En EEUU son sólo los jueces locales y estatales y eso ni siquiera es en todos los estados. En EEUU quien decide el veredicto es un jurado conformado por ciudadanos, no el juez”.

Bolivia es el único país de Latinoamérica que elige a los jueces por voto popular. Les ha ido muy mal. “La justicia está lejos de la gente”, ha asegurado Diego García-Sayán, relator especial de las Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados, al terminar su visita oficial a Bolivia.

* El cese de casi 1,700 juzgadores ya está calendarizado en la Cámara de Diputados. Hoy martes se aprueba en lo general y el miércoles en lo particular. Traen prisa por darle su “regalo” al Presidente saliente antes de que se vaya.

De nada han servido las opiniones de expertos, las presiones de la calle, el paro de jueces, magistrados, trabajadores. Ni siquiera las advertencias de Estados Unidos de que esa reforma va a socavar las relaciones entre ambos países los ha movido un centímetro de la reforma que proponen.

Parece que a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no le ha caído el veinte del paquete que le deja “el mejor Presidente de la historia”.

Demanda BlackRock en NY a CFE por frenar contrato

BlackRock, la administradora de fondos más grande del mundo, y un grupo de cinco empresas mexicanas demandaron en Nueva York a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La intención es obligar a la empresa a cumplir un laudo arbitral que la condena a pagar casi 160 millones de dólares de un contrato de provisión de carbón para la central termoeléctrica de Petacalco, en Guerrero.

El laudo, dictado el pasado 28 de mayo por un panel de tres árbitros, condena a la CFE a pagar servicios recibidos entre 2019 y 2023, así como a seguir cumpliendo el contrato, firmado en diciembre de 2016, hasta su conclusión en 2033.

Ante el desacato, la demanda fue presentada el 23 de agosto en la Corte para el Distrito Sur de Nueva York, que tiene jurisdicción para hacer cumplir el laudo y ejecutarlo sobre bienes de la CFE en Estados Unidos.

Las demandantes son Greenfield SPV I, creada por BlackRock México vía un fideicomiso en Banamex, así como el consorcio Terminales Portuarias del Pacífico (TPP), del que son dueños por partes iguales las empresas Cemex, Grupo Mexicano de Desarrollo, Impulsora DCA, BID Logistics y Noble Interamericana.

En diciembre de 2020, la CFE afirmó que no seguiría el contrato con estas empresas porque el carbón era “carísimo”, y que usaría combustóleo para la planta, un residuo de los procesos de refinación de Pemex, que es todavía más contaminante.

El contrato con Greenfield obligaba a la CFE a pagar por 1.3 millones de toneladas anuales de carbón, así como por servicios de recepción, almacenamiento y transporte desde una terminal del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Bloquean trabajadores del PJ accesos a Cámara de Diputados

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación bloquean desde esta mañana los accesos a la Cámara de Diputados, previo a la discusión de la reforma judicial.

Mediante cadenas humanas, los trabajadores buscan impedir el ingreso de los legisladores de Morena y aliados.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la circulación se mantiene cerrada en Emiliano Zapata a la altura de Av. Eduardo Molina.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación bloquean desde esta mañana los accesos a la Cámara de Diputados, previo a la discusión de la reforma judicial.

A las afueras del recinto legislativo también se encuentran ya elementos policiales.

Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, aseguró que en la zona hay aproximadamente 600 trabajadores y, pese a que sabían que algunos legisladores de Morena se quedarían a pernoctar, harán lo imposible por no dejarlos pasar.

“Sabíamos inclusive que algunos diputados se quedaron a pernoctar, pero estamos haciendo lo imposible para que no pasen. Hay un aproximado de unos 600 (trabajadores bloqueando los accesos)”, compartió.

Patricia Aguayo dijo que este es un acto más por parte de los trabajadores para defender al Poder Judicial.

“Finalmente decidimos cerrar, vamos a hacer un ejercicio de bloqueo para frenar. Estamos haciendo ejercicios de bloqueo para que no ingrese nadie a la Cámara de Diputados. Hoy empiezan a hacer la discusión en lo general de la reforma al Poder Judicial.

“Y es un acto más de nuestra parte para defender al Poder Judicial de la Federación, por eso estamos cerrando todos los accesos, faltan algunos que están del otro lado del Congreso de la Unión y a eso vamos”, añadió.

Hoy, en la Cámara de Diputados, la mayoría de Morena y aliados se disponen a avalar en lo general la reforma judicial, mientras que en el Senado se habilitarán los comisiones encargadas de dar trámite a la minuta.

‘Se pueden ir a sesionar al infierno’

Ante el planteamiento de Ricardo Monreal de medidas como ir a sesionar a sedes alternas, la vocera de los trabajadores -Patricia Aguayo- expresó que los legisladores “se pueden ir a sesionar al infierno”.

“Sí, ya nos avisaron (de la sede alterna). Por nosotros, se pueden ir a sesionar al infierno, pero aquí en la Cámara de Diputados no van a sesionar ni hoy ni mañana”, sentenció Aguayo.

Tras el bloqueo de trabajadores en San Lázaro, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que pidió a sus compañeros de bancada que no intenten ingresar por la fuerza al recinto legislativo y anunció que puede haber medidas como sedes alternas.

Nadie se mueve

La popularidad envuelve al conflicto. La idolatría empaña. El Zócalo lleno es vitamina que nutre al reto. El último Informe de AMLO más que rendición de cuentas es agitación, declaración de principios, trazo de raya.

No supo a despedida sino a permanencia. De aquí nadie se mueve. Atrás de la raya que estoy gobernando. El Presidente extiende su legado, lo explica, reconvierte los lemas en cifras y apura descripciones para el entusiasmo.

La larga marcha es contada con los capítulos históricos reseñados diariamente. Tanto costó llegar que ni modo de no aprovechar lo ganado. Y lo ganado es mucho. Muchísimo. Tanto que obnubila. Y si falta, se consigue. Al fin y al cabo que, como dicta nuestra historia, la misma que se recapitula día a día, los arrepentidos se consiguen en botica. Ha resultado tan fácil coleccionar diputados, senadores, aplaudidores, que ya no caben en la sala.

El bloque oficial desborda poder, lo suda. Exultante, la nueva mayoría avasalla con tintes del viejo cuño. Hacen muchas de las cosas que combatieron en los tiempos de oposición azarosa.

El último Informe flota sobre esa marea que marea. E incita a algo extraño: a mantenerse en el poder, no necesariamente a renovarlo. O, dicho de otra forma, la abundancia les ha generado una extraña tensión. Los que ya se deben de ir, porque se acabó su sexenio, pregonan el mantenimiento y la continuidad. Los que llegan, porque quieren iniciar una nueva administración, anhelan cambios, aunque sea de matices, tonos.

El último Informe despeja dudas. La ruta es la continuidad y ahí les encargo los pendientes.

Como ha ocurrido con las piezas presidenciales de este y otros sexenios, el Informe también se lee por lo omitido, lo evadido, lo no reconocido. El discurso presidencial no habla en ningún momento del proceso electoral y la votación de junio pasado. Del reconocimiento a contendientes, de la participación ciudadana, de la votación inédita. Lo da por descontado como un trámite.

No hay palabras sobre lo acontecido en las fronteras, ni en la del sur ni en la del norte. La narcoviolencia que domina en municipios chiapanecos o la ejercida en distintos municipios norteños. Nada sobre la crisis diplomática con Estados Unidos, sobre la entrega de las cabezas del principal grupo del narcotráfico en México, sobre las presiones externas. Se reduce todo a un desplante frente a la reforma judicial (para que los vecinos vean de qué lado masca la iguana).

Hay cuentas buenas. La mejora salarial, la mejora de ingresos de segmentos de pobreza y extrema pobreza, multiplicación de becas educativas, empleos temporales para jóvenes. Treinta millones de hogares reciben un programa de bienestar, un pedazo de presupuesto. Ésa es sin duda la piedra angular de la legitimidad del gobierno saliente, su palanca y su signo. Es justamente la popularidad que envuelve y agradece. Es una prioridad presupuestal diferente a la de otras administraciones. Sin duda es una tarea mayor. Que funcione y se pague a tiempo.

Pero no se dice nada sobre las bombas de tiempo en las finanzas públicas, la forma de lidiar con las incertidumbres, las deudas, el estancamiento en la calidad educativa.

Los informes presidenciales, se dirá, siempre hablan de triunfos. México es más grande que sus problemas decían desde José López Portillo o Miguel de la Madrid y hasta Felipe Calderón. En los informes presidenciales sus autores nunca hablan de derrotas, todos los presidentes son Cid Campeador, Batman, El Santo o Kalimán. La adversidad les hace lo que el viento a Juárez.

Eso sí, el último Informe de un sexenio se esmeraba en el resumen de lo grandioso con una inevitable sentencia de despedida. Así era. Era, porque el sabor de este domingo no fue de despedida. No nos vamos, somos muchos, y aquí nos vamos a quedar.

Se suman trabajadores de Corte a paro en PJ

Empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron hoy, por amplia mayoría, un paro de labores en protesta por la reforma judicial que el Congreso discutirá a partir de mañana.

Será el primer paro de labores en el máximo tribunal del País por voluntad de sus trabajadores.

Cifras preliminares indican que se registraron mil 72 votos emitidos en la Corte:
-951 fueron a favor del paro
-116 en contra
-Cinco abstenciones

El total de votantes en el edificio central, ubicado en la Avenida Pino Suárez, equivale a 29 por ciento de las 3 mil 647 plazas ocupadas de la Corte en 2024.

Sin embargo, muchos de estos empleados labora en edificios alternos, casas de la cultura jurídica en los 32 estados, o son personal operativo o administrativo al que la reforma no le afectaría.

Discutirá Corte mañana postura de ministros sobre paro

Fuentes judiciales informaron que el Pleno de la Corte discutirá mañana la forma en que ministros y ministras asumirán este paro, convocado básicamente por sus colaboradores más cercanos, que son los secretarios de estudio y cuenta y secretarios auxiliares.

El Pleno rechazó hoy en sesión privada una petición de la Ministra Lenia Batres para que la Corte aplique facultades previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que le permiten solicitar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) la emisión de acuerdos generales.

Lo anterior, pues Batres considera que este paro sólo ha sido reivindicado por una asociación civil que no puede “usurpar” las funciones administrativas que la Constitución le reserva al CJF.

La propuesta fue rechazada por nueve votos contra dos, y solo fue apoyada por Yasmín Esquivel, según informó la propia Batres en un comunicado.

Acorralan al “Mayo” con estrategia judicial: traiciona o le cae todo el peso de la ley

WASHINGTON.– A Ismael el Mayo Zambada García, capo de capos del Cártel de Sinaloa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo tiene acorralado. Su única opción para evitar una sentencia de cadena perpetua o la pena capital es cooperar con Washington, traicionar y denunciar a narcos, militares, políticos y policías mexicanos que estuvieron en su nómina.

Por encima de la minucia de su entrega pactada con las autoridades federales de EU, junto con la de Joaquín Guzmán López, hijo de su compadre, Joaquín el Chapo Guzmán Loera, el Mayo enfrenta acusaciones de narcotráfico sumamente graves.

Cinco meses antes de su misteriosa llegada en avión privado a Santa Teresa, Nuevo México, en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, el Departamento de Justicia entregó un encausamiento judicial contra el Mayo que lo tiene atado de manos.

El caso número 09-cr-466 (BMC) (S-5), que es el expediente criminal contra Zambada, entregado el 15 de febrero último al juez federal Brian Cogan, podría implicar su pena de muerte.

No se trata de cualquier acusación federal por narcotráfico, sino de lo que en Estados Unidos se conoce jurídicamente como un “superencausamiento”, en el que al Mayo le adjudican la manufacturación, distribución y venta de fentanilo que todos los días mata a cientos de personas en ese país.

“El fentanilo es la droga más letal que haya amenazado a los estadunidenses, y el Cártel de Sinaloa continúa siendo el más grande traficante de esta sustancia dirigida a Estados Unidos. Con el fentanilo, principal causa de muerte de estadunidenses de entre 18 y 45 años, debemos continuar responsabilizando a Zambada García y a otros líderes y miembros del Cártel de Sinaloa por el deceso de muchas personas”, escribió en una carta la responsable de la Administración Federal Antidrogas (DEA), Anne Milgram, dirigida al juez Cogan el día de la entrega del superencausamiento.

El señalamiento de asesino que la jefa de la DEA hace coontra el Mayo no debe pasar desapercibido.

La acusación, de ser culpable de la muerte de centenares de estadunidenses por venderles fentanilo, es el argumento judicial con el que los fiscales del Departamento de Justicia buscan que el capo se convierta en su testigo protegido y empiece a hablar.

No importa que una de las razones por las que todos los días mueran unas 330 personas en Estados Unidos, a causa de una sobredosis con drogas sintéticas elaboradas con fentanilo, sea el fracaso del gobierno estadunidense y de la DEA en la guerra contra las drogas, Al Mayo lo quieren doblegar con la amenaza de la cárcel perpetua o la ejecución.

Aunque en el estado de Nueva York la pena capital fue abolida en 2004, el gobierno federal estadunidense puede solicitar la pena de muerte como castigo para un asesino múltiple, si es declarado culpable.

En el superencausamiento contra Zambada García, el fiscal federal para el Distrito Este en Brooklyn, Breon Peace, se encargó de que al Mayo se le responsabilizara exclusivamente del trasiego de fentanilo, amén de que en la misma Corte pesan sobre él cuatro expedientes más.

“Previamente a Zambada García en cuatro encausamientos entregados a está Corte se le acusa de mantener en vigencia una empresa criminal y conspirar para exportar a Estados Unidos cocaína, heroína, metanfetaminas, manufacturar fentanilo, conspiración de asesinato y lavado de dinero, entre otros crímenes”, resalta el fiscal Peace en el documento de introducción del superencausamiento.

En el quinto expediente criminal contra el líder del Cártel de Sinaloa en la corte neoyorquina, no se requiere ser forense para identificar desde la primeras líneas  las huellas de un testigo protegido de los fiscales estadunidenses: Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo.

“Estados Unidos contra Ismael Zambada García, alias El Mayo, Mayo Zambada, Doctor, La Doc, Doctora, El Lic., Mike y Mayo El Señor”, fueron los apodos con los que en enero de 2019, en el juicio del Chapo ante el juez Cogan, el Vicentillo, hijo del capo de capos, afirmó que se le identifica a su padre en el narcotráfico.

Proceso

Director: Juan Luis Parra

Hermosillo, Sonora.

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