En pleno apogeo comercial, México busca pasar reformas que tienen el potencial de violar el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Analistas advierten que parte de las 20 iniciativas de ley que se espera sean aprobadas en septiembre violan los principios del acuerdo, el TMEC, pero los tiempos electorales pudieran aminorar las confrontaciones entre ambos gobiernos.

El año pasado, el comercio entre México y EE UU sumó 798.000 millones de dólares, con lo que el país latinoamericano destronó a China como el mayor socio comercial de EE UU. Esto se dio porque el Gobierno estadounidense ha escalado un plan para desacoplarse económicamente de China, lo que abre una ventana de oportunidad que México ha identificado para atraer mayor inversión.

Es aquí donde el TMEC se vuelve más relevante que nunca, ya que el acuerdo es, en pocas palabras, una serie de reglas de negocios que los tres países juraron seguir. Los frutos son innegables: el comercio entre los tres países incrementó 50% desde 2020 (cuando entró en vigor el acuerdo) y el año pasado representó un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, según un análisis de la organización sin fines de lucro Wilson Center. En Norteamérica, cada minuto se intercambian 3,6 millones de dólares en bienes y servicios.

No se ha dado sin sus choques. Los tres países han hecho uso de mecanismos de resolución de conflictos en mercados tan variados como el de lácteos en Canadá hasta el automotriz en México. En la mayoría de los casos, y a pesar de algunos fallos contundentes, los conflictos siguen, sin que nadie ejerza mucho esfuerzo en que el otro haga lo que debe. Pero la veintena de reformas que López Obrador busca pasar en septiembre, cuando su partido y aliados ocupen las mayorías que ganaron en las elecciones del mes pasado, pudieran elevar las tensiones comerciales a un nuevo nivel.

En concreto, son cinco iniciativas las que pudieran violar seis capítulos del TMEC, explica Jesús Carrillo, especialista del Instituto Mexicano para la Competitividad, un centro de investigación independiente que trabajó con el Wilson Center en el reporte publicado este mes.

“La iniciativa de la simplificación administrativa es de las más importantes”, señala Carrillo, “y mucho dependerá de cómo quede al final”. La iniciativa buscar desaparecer órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) pero también los reguladores en sectores como el energético y el de telecomunicaciones. “Cabe la posibilidad de que, dentro de la misma reforma, se opte por tener otra figura de autoridad nacional de competencia y una de autoridad en telecomunicaciones, por ejemplo… pero, así como está ahora el planteamiento es nada más de quitar estas autoridades y eso no cumple con el TMEC”, asegura el investigador.

Sin embargo, ninguna de las cinco iniciativas que identificaron Carrillo y sus colegas es la que más controversia ha generado. El llamado Plan C es una reforma al poder judicial que busca que la mayoría de los jueces sean electos por la vía popular, lo que ha generado mucha incertidumbre y hasta tumbó el tipo de cambio en 8% en los días después de la elección.

“Esta propuesta genera serias preocupaciones de que la seguridad y la independencia judiciales puedan verse sustancialmente debilitadas, socavando el estado de derecho en el país”, escribieron Diego Marroquín Bítar y Earl Anthony Wayne del Wilson Center. “Si bien los resultados siguen siendo inciertos al momento de escribir este artículo, estos acontecimientos podrían plantear nuevos desafíos serios para el TMEC y la competitividad a largo plazo de la región, si se aprueban”, agregaron en el reporte publicado a principios de mes.

México se ha confrontado con EE UU en dos de los temas incluidos en las reformas, sin mayor resultado. En materia energética, la Casa Blanca abrió un proceso de consultas alegando que es violatorio del TMEC que las empresas del Estado mexicano reciban una ventaja en el mercado. En el tema de maíz transgénico, cuya prohibición costaría cientos de millones de dólares a agricultores estadounidenses que exportan a México su producto, EE UU espera el fallo de un panel.

Pero el Gobierno estadounidense ha sido “demasiado pragmático” en sus confrontaciones comerciales con México, opina Juan Carlos Baker, quien negoció el TMEC como funcionario de la secretaria de Economía bajo la Administración anterior. “Estados Unidos claramente se da cuenta de que algunas de estas cosas tienen una implicación fuerte en los negocios y en materia de certidumbre, y está muy lejos de ser lo que a ellos le gustaría ver”, asegura, pero los tiempos electorales pudieran aminorar las presiones.

“Estados Unidos necesita a México para el problema migratorio, por el tema de seguridad, por el tema de fentanilo… el Gobierno va a cuidar mucho cualquier cosa que pueda influir en la opinión pública estadounidense y, por lo tanto, en la elección”, sostiene Baker, “no veo a Biden armando un escándalo por estas reformas antes de noviembre que sean las elecciones”.

Carrillo también considera que se debe hacer una “lectura política” del TMEC. A diferencia de empresarios en el sector energético estadounidense, los agricultores están mejor organizados y han presionado de manera más efectiva a la Casa Blanca, razón por la cual la disputa se escaló al nivel de un panel y no quedó en el limbo como la energética. “Es muy evidente, en mi opinión, que ahí pesan estos territorios muy poderosos, porque representan votos que se les pueden mover en un año importante para su partido”, explica Carrillo.

Una lectura más amplia de estas reformas, y, por lo tanto, cambios en el panorama económico mexicano apunta a la entrada de un nuevo paradigma, según Baker. “Esto augura que en México se va a consolidar un régimen diferente a los que existieron en la época del TLCAN e incluso durante los primeros años del TMEC. México va a caminar para otro lado. No creo que todo lo que se está proponiendo sea necesariamente malo, pero hay cosas que, en su espíritu, son difícil de reconciliar con el contexto que se supone que el TMEC propuso hace cinco años, concluyó el especialista.

Claudia Sheinbaum ha mencionado muy temprano el tendido de vías férreas para poner trenes de pasajeros por México en su sexenio. No es un gesto cualquiera. La movilidad humana en un país es un símbolo inequívoco de progreso. En esos trenes viajarán estudiantes, obreros, científicos, turistas, lo que indudablemente elevará el consumo y la inversión privada, es decir, el empleo, la cultura y todo aquello que moderniza un territorio y eleva el bienestar de su población, pero también envía un mensaje económico de calado internacional. El momento clave que atraviesa México, con previsiones de inversión extranjera en polos industriales, necesita que el Gobierno implemente las medidas adecuadas para canalizar ese desarrollo y llevarlo por todo el país, no solo en los núcleos tradicionales. La seguridad y la capacitación del personal serán dos asuntos a tener en cuenta para sacar el máximo rendimiento al dinero estadounidense y al propio.

México tuvo tendido ferroviario como cualquier otro país, pero las políticas privatizadoras de finales del siglo pasado desposeyeron a los pasajeros de este transporte y lo limitaron a mercancías que circulan por unas vías en manos de pocos y millonarios magnates que se hicieron con la concesión. Los errores del pasado cuestan en el presente enormes desembolsos dinerarios. La presidenta electa, siguiendo medidas que ya se iniciaron en este sexenio, ha anunciado una inversión pública de 475.000 millones de pesos en su mandato, del 1 de octubre próximo hasta 2030, para echar a andar esos trenes. Por fortuna, el esfuerzo para construir los nuevos caminos de hierro beneficiará al empleo. Solo para el tramo Guadalajara – Irapuato se han calculado 37.000 puestos directos y 18.500 indirectos. Y son muchos más los cientos de kilómetros previstos.

Los nuevos trenes, ha dicho Sheinbaum, serán eléctricos. La ventaja de llegar tarde al progreso es que no hay nada viejo que adaptar ni mantener, sino recoger lo mejor del momento y aplicarlo. Una buena noticia para la contaminación que ahora atraviesa los cielos mexicanos en los aviones y para las congestionadas carreteras. En algunos países, mencionó la presidenta electa la semana pasada, los trayectos de menos de 250 kilómetros ya tienen prohibido el avión, todo por tierra. Por no hablar del tiempo que se pierde en los aeropuertos.

La parte más débil del asunto es la inseguridad. Los trenes de mercancías son asaltados en numerosas ocasiones, de ahí que lleven protección. El paso de los convoyes es curioso en México, porque entre vagones suelen ir personas fuertemente armadas para impedir que los criminales frenen la locomotora y se hagan con la mercancía, ya sean electrodomésticos, colchones o trigo, que luego va al mercado negro para engrosar las arcas de los criminales. La violencia se paga cara, y no solo en vidas humanas y en lo económico. También en las obras civiles. La protección de los nuevos trenes necesitará un gasto extra. En algunos tramos no bastará con vallas de alambre, las autoridades ya han anunciado muros de cemento en ciertos kilómetros para impedir incidentes y vandalismo.

Ahora se están evaluando las cuestiones técnicas, dónde se pueden usar las vías actuales y dónde habrá que tender otras en paralelo para el transporte humano, que debe alcanzar, atendiendo a lo previsto, los 160 kilómetros por hora. Después habrá que negociar con los concesionarios las oportunas licitaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió a los actuales operarios de las vías la posibilidad de que inviertan en los trenes de pasajeros y algunos ya han alzado la mano. De lo contrario, dijo, el Estado se hará cargo.

La necesidad de los trayectos proyectados cae por su propio peso. ¿Quién no quiere viajar de Ciudad de México a Guadalajara o a Monterrey un fin de semana en la comodidad del tren? ¿O a la playa en Colima? ¿O alcanzar la frontera con Estados Unidos sin soportar los abarrotados aeropuertos y los retrasos constantes de los vuelos? La conexión con la frontera norte es comprensible y crucial, de aquel lado llegarán las inversiones, el empleo y el turismo. Pero conviene no olvidar el sur, como ocurrió en los antiguos tratados de libre comercio con Estados Unidos, que apenas favorecieron el desarrollo de algunas regiones. La presidenta ha prometido revisar con detalle los posibles nodos comerciales e industriales, del mismo como que el Tren Maya se abre camino en un territorio de excepcional valor cultural y turístico.

La construcción de este proyecto ferroviario no será de la noche a la mañana, pero el camino al progreso está trazado. Si nadie lo descarrila.