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Columnistas de SP

Narcotraficante “El Mayo” Zambada fue trasladado a EEUU en avión encubierto propiedad de HSI

La reciente captura de “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, en un aeropuerto fronterizo de Estados Unidos ha generado interrogantes sobre el vuelo en el que fue trasladado junto a Joaquín Guzmán López el pasado 25 de julio. A pesar de que en un principio se informó que la aeronave era un Cessna con matrícula N8454Z, posteriormente se reveló que en realidad se trataba de una Beechcraft King Air, supuestamente propiedad de “El Chapo” Guzmán.

En octubre, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) anunció que la aeronave, valuada en más de 650 mil dólares, había sido decomisada. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado datos del piloto ni los requisitos cumplidos para ingresar con dos narcotraficantes a bordo. Ante la falta de respuestas del Gobierno de Estados Unidos, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, exigió aclaraciones sobre el protocolo seguido en el ingreso de la aeronave y su piloto.

Según revelaciones del periodista Luis Chaparro en una investigación para la Revista Proceso, el avión pertenece a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), agencia colaboradora del Cártel de Sinaloa en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada. Fuentes del gobierno federal estadounidense confirmaron que la HSI operó la aeronave y obtuvo los permisos necesarios para ingresar al país. Según el exdirector de la HSI, Óscar Hagelsie, estas aeronaves encubiertas no tienen registros visibles ya que son utilizadas por empresas encubiertas.

“Son aviones que no tienen registro visible, son de la HSI”, declaró Hagelsie.

Juez multa a consejeros del INE por desacatar suspensión en elección judicial

Francisco García Contreras, juez Segundo de Distrito en Colima, ha impuesto una multa de 54 mil 285 pesos a cada uno de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), por incumplir una suspensión provisional que les prohibió continuar con los preparativos para la elección judicial de 2025.

Según se ha informado, el INE indicó que no cumpliría con dicha medida cautelar debido a las consideraciones emitidas por diversas autoridades del Poder Judicial de la Federación (PJF) en otros procesos, que no están relacionadas con el incidente de suspensión en cuestión.

El juez ha determinado que “se hace efectivo el apercibimiento al Consejo General del INE”, por lo cual se les impone una multa de 54 mil 285 pesos a cada uno de sus miembros, tal y como lo establece la fracción III del numeral 262 de la Ley de Amparo.

Además, se ha facultado al magistrado para que en caso de que la oficina encargada de recibir el oficio girado a la autoridad responsable se niegue a aceptarlo, se les informe que la notificación se considerará realizada y si siguen negándose, se anotará el motivo y se tendrá por notificado.

También se ha señalado que si su negativa se debe a un cambio en la denominación parcial de la autoridad o a algún sinónimo constitucional, se les impondrá una multa de acuerdo a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.

El Chapo orquestó desde prisión la entrega de su antiguo socio, El Mayo Zambada

En la revista Proceso, el periodista independiente Luis Chaparro reveló cómo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán planeó la entrega de su antiguo socio, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, desde prisión un año antes de su detención.

De acuerdo a dos fuentes del gobierno estadounidense y dos miembros de la familia Zambada, Joaquín envió una carta dirigida a su hijo Joaquín Guzmán López (quien también fue detenido junto a El Mayo en julio de 2019) a través de sus abogados. En el mensaje, ‘El Chapo’ dio luz verde a su hijo para entregar a Zambada García a las autoridades estadounidenses.

La estrategia era secuestrar a El Mayo y entregarlo a las autoridades estadounidenses para obtener beneficios legales para Joaquín y su hermano Ovidio Guzmán López, quien fue extraditado en septiembre de 2023.

Joaquín Guzmán López acordó traicionar a El Mayo y entregarse junto a él a las autoridades estadounidenses, a cambio de una sentencia más leve para él y su hermano. Supuestamente, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos también estaba al tanto de la operación y se incluyó en las negociaciones.

Una fuente confidencial confirmó que Joaquín fue quien se contactó con ellos para entregarse, pero su plan era traer a alguien ajeno a su familia. Gracias a esta estrategia, Joaquín podría salir de prisión más pronto que sus hermanos Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quienes enfrentan más cargos en Estados Unidos.

El pasado 25 de julio, ‘El Mayo’ y Joaquín Guzmán López fueron detenidos en Estados Unidos, luego de aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México. De acuerdo con la información difundida por Luis Chaparro, la HSI se habría encargado de poner la aeronave y el piloto que llevó a los dos narcotraficantes al otro lado de la frontera.

Según la versión de ‘El Mayo’ Zambada, ese día fue convocado por los hijos de ‘El Chapo’ a una reunión en Culiacán, Sinaloa, en la que también participaría el gobernador estatal, Rubén Rocha Moya, y el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Sin embargo, todo se trataba de un engaño para “secuestrarlo” y llevarlo contra su voluntad a territorio estadounidense. Dos días antes de su detención, Ovidio Guzmán López salió de una prisión en Chicago y dejó de estar bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP) de Estados Unidos.

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que ‘El Mayo’ fue secuestrado en un rancho de Culiacán y que en ese mismo lugar fue asesinado Melesio Cuén. Hasta el momento no hay personas detenidas por este crimen.

La traición de “El Chapo” a “El Mayo”: la verdad detrás de su captura

Según reveló el periodista Luis Chaparro en un reportaje para la Revista Proceso, el capo del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, planeó la traición contra Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del también llamado “Cártel del Pacífico” y uno de los narcotraficantes más buscados por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Hace aproximadamente un año, “El Chapo” ordenó a su hijo, Joaquín Guzmán López, secuestrar a “El Mayo” y entregarlo a las autoridades estadounidenses, como parte de un plan para negociar beneficios para sus hijos Joaquín y Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”. Este acto implicaba que “El Chapo” tendría que enfrentar cargos menos severos, lo que le permitiría pasar menos tiempo en prisión.

Según fuentes cercanas al gobierno de Estados Unidos y a la familia Zambada, el mensaje fue enviado por el propio “El Chapo” a través de sus abogados mientras se encontraba recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence. La carta decía: “Tú ya sabes quiénes son los objetivos. Ya sabes qué hacer”. Estas palabras dejaban entrever que era el momento de actuar y cumplir con el plan acordado.

Fue así como, el 25 de julio, Joaquín Guzmán López, junto a su hijo, se entregaron en un aeropuerto fronterizo, acompañados por “El Mayo”, quien era uno de los criminales más emblemáticos en el mundo del narcotráfico debido a que nunca había sido capturado a pesar de sus décadas de carrera delictiva. De hecho, el Departamento de Estado llegó a ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a su arresto.

La decisión de “El Chapo” de sacrificar a “El Mayo” fue tomada debido a que los cargos que pesaban sobre Joaquín Guzmán López no eran suficientes para obtener beneficios para sus dos hijos, por lo que se necesitaba una figura importante en el mundo del narcotráfico que también fuera significativa para las autoridades estadounidenses. Fue así como se planeó y ejecutó la traición contra uno de los líderes más poderosos del mundo del crimen organizado.

Desde su lugar de reclusión, Guzmán Loera le hizo llegar a su hijo los pasos a seguir, los cuales consistían en establecer contacto con las agencias de Estados Unidos para negociar su entrega, luego traicionar a “El Mayo” y proceder a la liberación de “El Ratón”. Consciente de que ninguno de los dos evitaría la prisión, Joaquín solicitó beneficios para él y para su hermano Ovidio Guzmán.

De acuerdo con las fuentes que hablaron con Luis Chaparro, dicha operación estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

Postergará INE aval para presupuesto de elección judicial

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido postergar la discusión del presupuesto para la elección del Poder Judicial hasta tener mayor certeza sobre el futuro de dicho proceso, debido a la discusión que se dará este martes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de la reforma judicial.

La sesión de este lunes se ha dividido en dos puntos: el primero sobre el presupuesto ordinario del INE de 15 mil 295 millones 882 pesos, y el segundo sobre un monto precautorio de 13 mil 205 millones de pesos para la elección judicial y 4 mil 620 millones de pesos para la consulta popular. Sin embargo, al inicio de la sesión el consejero Jaime Rivera propuso aprobar únicamente el primer punto, argumentando que existe una “situación jurídica controversial” sobre dicha elección.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha indicado que a pesar de estar de acuerdo con la propuesta de Rivera, la Secretaría de Hacienda les ha dado como plazo el 5 de noviembre para presentar su proyecto y el monto precautorio para la elección judicial y para la consulta popular quedarían excluidos del presupuesto si se aprueba únicamente el primer punto.

Por ello, Taddei ha propuesto retirar el punto y más tarde convocar a una sesión extraordinaria urgente para aprobar el monto de la consulta popular. Otros consejeros también se han pronunciado por posponer el presupuesto para la elección judicial.

Kamala Harris promete perseguir a cárteles mexicanos si gana elecciones de EE. UU.

Estados Unidos está a pocos días de decidir quién será su próximo presidente o presidenta, una elección que marcará un antes y un después en la nación. Durante su campaña política, la candidata demócrata Kamala Harris lanzó una fuerte advertencia para México en caso de ganar los comicios y convertirse en la primera mujer en liderar el país.

Durante un mitin en Pensilvania, Harris advirtió a sus simpatizantes que, en caso de convertirse en presidenta, su primera acción sería ir en contra de las organizaciones criminales de México. La vicepresidenta de Estados Unidos, quien anteriormente se desempeñó como fiscal general de California entre 2011 y 2017, declaró que trabajó para enfrentar a cárteles de droga como el “Cártel del Pacífico” y afirmó tener conocimiento de estas células delictivas.

“Conozco de primera mano a estos cárteles (…) que trafican drogas y amenazan la seguridad de nuestras comunidades. Como presidenta, les aseguro que los perseguiré con todo el peso de la ley”, declaró la candidata y enfatizó que todas sus acciones serán en pro de “construir juntos un mejor futuro para nuestra nación”.

Vale la pena recordar que durante el debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris, la demócrata señaló que ella ha sido la única en el escenario que ha formado parte del proceso judicial contra organizaciones criminales dedicadas al tráfico de armas, drogas y migrantes.

“La única persona en este escenario que ha procesado a organizaciones criminales transnacionales por tráfico de armas, drogas y seres humanos”, exclamó. Harris destacó además que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA), 74 mil 702 personas fallecieron en 2023 por sobredosis de fentanilo en EE. UU.

Trump advierte a Sheinbaum con aranceles por frontera desatendida

Durante un mitin en Raleigh, Carolina del Norte, el candidato republicano Donald Trump anunció que informará a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sobre la imposición de un arancel del 25% a exportaciones hacia Estados Unidos si no atiende los cruces ilegales y el tráfico de drogas en la frontera entre ambos países.

Trump criticó a la Administración de Biden por la migración, y acusó al presidente demócrata y a la vicepresidenta Kamala Harris por un crimen que atribuye a la migración ilegal. “Tenemos una nueva presidenta en México. Supuestamente es una mujer muy agradable, dicen, yo no la conozco. Y voy a informarle desde el primer día o mucho antes, que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país, voy a imponer un arancel del 25% a todo lo que manden a Estados Unidos”, expresó Trump.

El exmandatario también mencionó otras amenazas que ha hecho en el pasado, como la de imponer aranceles a supuestos autos chinos fabricados en territorio mexicano, de los cuales no hay registro alguno. Además, dijo haber hecho advertencias similares a la empresa John Deere si decidía llevar su producción a México.

Trump recordó cómo amenazó al expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para que adoptara su política de “Permanecer en México”, por la cual los migrantes debían esperar en el sur de la frontera con Estados Unidos para solicitar asilo. Esta política fue eliminada por el presidente Biden.

El mitin en Raleigh, Carolina del Norte, es el último día de campaña antes de las elecciones en Estados Unidos. Trump prometió que si gana, mantendrá su palabra y presionará a México para que cumpla con sus exigencias en materia de frontera. Después de este evento, se espera que Trump viaje a Pensilvania para realizar mítines en Reading y Pittsburgh.

Zedillo denuncia ambiciones autoritarias de Morena y Sheinbaum en México

Ernesto Zedillo, expresidente de México, ha publicado un artículo en el Washington Post en el que denuncia las peligrosas ambiciones de Morena, el partido en el poder, de instaurar un régimen autoritario en el país latinoamericano. En particular, Zedillo dirige sus críticas a la actual presidenta Claudia Sheinbaum, quien sigue los pasos de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador.

En su artículo, Zedillo destaca que México celebró un hito histórico al tener por primera vez a una mujer como presidenta, pero lamentablemente, su orgullo se ve opacado por las acciones de Sheinbaum, que parecen encaminadas a convertir a México en una autocracia de partido único. El expresidente señala que durante el gobierno de López Obrador, se han visto demagogia, clientelismo, incompetencia y abuso de poder, y ahora Sheinbaum parece seguir ese mismo camino.

Zedillo critica la interpretación inconstitucional de las reglas electorales por parte de Morena, que le ha permitido obtener una mayoría calificada en las cámaras, y denuncia la supuesta compra del voto de un senador ofreciéndole impunidad para él y su familia. Además, el exmandatario detalla las reformas constitucionales impulsadas por esta supermayoría de Morena, que incluyen la mencionada reforma judicial, que desmantele el Poder Judicial independiente y lo reemplaza por personas sin la suficiente preparación profesional.

Zedillo advierte que estos nuevos jueces serán leales al partido en el poder y a otras organizaciones criminales, y por lo tanto, no serán independientes ni competentes. Por lo tanto, el expresidente insta a Sheinbaum a usar su mandato para detener esta regresión democrática orquestada por López Obrador, en lugar de ser leal a él. Zedillo concluye su artículo instando a la presidenta a decidir entre honrar su lealtad a López Obrador o a la voluntad del pueblo mexicano de vivir en democracia, y así mejorar el pobre desempeño de su predecesor.

La Corte provoca problema constitucional, según Claudia Sheinbaum

“¿Quién provoca problema constitucional? La Corte”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al cuestionar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de echar abajo, de manera parcial, la reforma realizada al Poder Judicial. La mandataria denunció que la Corte se está sobrepasando en sus funciones y que tienen un plan en caso de que la sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara sea en contra de la reforma.

El proyecto de Alcántara, que será discutido este martes 5 de noviembre, propone invalidar la reforma respecto a la elección de jueces y magistrados, pero aceptar la de los Ministros. Esta decisión ha generado polémica y ha llevado a distintos sectores a manifestarse frente a la SCJN, incluyendo a trabajadores del Poder Judicial, barras de abogados, colectivos de estudiantes y a la sociedad en general.

La Presidenta de México hizo un llamado a los Ministros para que retrasen la votación, ya que recientemente se aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación la “supremacía constitucional” que, según ella, debería cambiar la situación. Además, recordó que los Ministros no pueden estar por encima del pueblo y los acusó de poner en duda una reforma constitucional que ya es parte de la Constitución.

Sheinbaum explicó que, en caso de que la Corte decida en contra de la reforma, es importante que el pueblo sepa que son los Ministros del Poder Judicial quienes han cometido una falta. “Si ellos insisten en decidir el día de mañana, yo creo que vale la pena que todas y todos sepamos que quien está cometiendo una falta es la Corte”, expresó la mandataria.

Finalmente, la presidenta pidió a los Ministros que no se pongan por encima del pueblo de México y del Constituyente, que representa a la población. “Ocho Ministros no pueden estar por encima del pueblo y quien está poniendo en duda la reforma constitucional no es la Presidenta de la República, son los ocho Ministros y ministras”, concluyó.

La trampa del “Chapo” Guzmán al “Mayo” Zambada planeada desde la cárcel

Desde la cárcel, Joaquín “El Chapo” Guzmán planeó un arriesgado plan para salir de prisión junto con su hijo y su compadre Ismael “El Mayo” Zambada. Según revelaron dos fuentes del gobierno estadounidense y dos miembros de la familia Zambada al medio Proceso, el exlíder del cártel de Sinaloa envió una carta a su hijo mayor, Joaquín Guzmán López, ordenándole el secuestro del “Mayo” para entregárselo a las autoridades de Estados Unidos.

Según las fuentes consultadas, el “Chapo” buscaba aprovechar la menor cantidad de cargos que enfrenta su hijo Joaquín Guzmán López en Estados Unidos, para que se entregara y pudiera negociar su liberación y la de su hermano Ovidio. La estrategia del exlíder del cártel de Sinaloa era entregar a alguien valioso para Estados Unidos, y quién mejor que su compadre Ismael “El Mayo” Zambada.

Por medio de una carta, el “Chapo” le ordenó a su hijo Joaquín contactar a las autoridades estadounidenses, planear su propia entrega, traicionar al “Mayo” Zambada y así liberar a su otro hijo, Ovidio. El plan fue ejecutado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), según relataron fuentes de la agencia federal a Proceso en un hotel de Arizona en septiembre.

Un agente de la agencia, cuya identidad se mantuvo en secreto, explicó que fue Joaquín Guzmán López quien se contactó directamente con ellos para entregarse, pero tenía planeado traer consigo a alguien más que no fuera de su familia. Según las fuentes, el hijo del “Chapo” habría pedido garantías de seguridad y beneficios para él y su hermano Ovidio, en caso de entregarse a las autoridades.

Aunque no se pudo comprobar si los beneficios realmente se le otorgaron a los dos hermanos, las fuentes aseguraron que la HSI cumplió con todo lo prometido durante el operativo de entrega. Esto incluía permitir la entrada de Joaquín Guzmán y del “Mayo” Zambada a Estados Unidos, así como el aterrizaje seguro de su aeronave. La trampa del “Chapo” Guzmán al “Mayo” Zambada fue planeada desde la cárcel, pero fue revelada gracias a la intervención de la HSI.

“Estos aviones los llamamos covert, es decir, encubiertos. Son aviones que por más que le busques no va a salir su registro original, son de la HSI y están registrados y licenciados a través de empresas encubiertas”, detalla Óscar Hagelsieb, quien hasta el pasado 2023 lideró la oficina de la HSI en Ciudad Juárez.

Hagelsieb expone que la agencia no promete beneficios, pero que esos beneficios que pudo haber negociado Joaquín Guzmán López se hicieron entre la agencia, sus abogados y la aprobación de la Fiscalía General de Estados Unidos.

Riña en Cereso de Cajeme deja tres heridos

El fin de semana en el municipio de Cajeme, Sonora, se vio afectado con un incidente de violencia dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) que resultó en una movilización policiaca.

Según reportes preliminares, en la tarde del domingo 3 de noviembre, durante la hora de visita semanal, un grupo de reos comenzó una riña que alertó a los familiares de los internos. Ante esto, las autoridades locales fueron notificadas para restablecer el orden.

Un operativo fue desplegado por los tres órdenes de gobierno para controlar la situación. Aunque, en un principio se reportó que se escucharon disparos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) descartó esta información.

En un comunicado, la SSP aseguró que la riña fue controlada y que no hubo víctimas mortales o heridos graves. La situación fue controlada por las autoridades penitenciarias con el uso de balas de goma.

Las visitas al centro penitenciario tuvieron que ser interrumpidas momentáneamente mientras se evaluaba el incidente y se tomaron medidas necesarias para proteger a los internos y garantizar el orden.

De manera extraoficial, se informó que tres reos sufrieron lesiones leves y fueron atendidos inmediatamente. Además, se reportaron otros hechos de violencia en el estado de Sonora, como el rescate de dos menores de edad durante un cateo en una propiedad utilizada para la venta de drogas en el municipio de Hermosillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que en una vivienda de la colonia Puerta del Rey, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional realizaron un cateo, tras el cual aseguraron 32 envoltorios de cristal.

En estas acciones se rescató a dos menores de 11 y 9 años de edad, que quedaron bajo el resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Sonora.

Asimismo, se logró la detención de tres personas, identificadas como Víctor Manuel “N”, José Salvador “N” y María de los Ángeles “N”, de 22, 50 y 27 años de edad. El hombre mayor cuenta con registros penales por delitos de narcomenudeo en 2020 y amenazas en 2015.

Droga, corrupción y muerte en Atlacholoaya

De las casi tres mil visitas de familiares que en un fin de semana recibió el conflictivo penal de Atlacholoaya, en Morelos, 2 mil 037 no recibían folio de identificación. El personal de seguridad cobraba a los familiares cuotas de 250 pesos para permitirles el acceso, pero no había registro alguno de su visita. Además, la mayor parte de las cámaras del sistema de circuito cerrado no funcionaba.

Se detectó que personas con antecedentes penales ingresaban normalmente a este centro de readaptación, desde donde se giran las órdenes “hacia fuera” a los grupos de la delincuencia organizada que operan en el estado.

Apenas el viernes pasado, en un operativo ordenado por el nuevo secretario de Seguridad Pública estatal, Miguel Ángel Urrutia, se hallaron bajo el piso de una celda que no se utiliza, en el Módulo de Visita Íntima, más de tres kilos de mariguana: mariguana colombiana, mariguana acapulqueña, mariguana en greña, mariguana para todos los gustos.

Hace un mes, el 5 de octubre, varios internos desataron un motín en el que denunciaron presuntos actos de corrupción y abuso contra la población penitenciaria por parte del director operativo, Jesús Francisco Flores Jiménez. Lo interesante es que, durante ese motín, las autoridades detectaron que los internos grabaron y transmitieron los hechos desde más de 50 teléfonos celulares.

Investigaciones realizadas en el penal por parte del nuevo gobierno estatal revelan que solo la renta de teléfonos celulares en Atlacholoaya dejaba a los funcionarios penitenciarios tres millones de pesos cada mes. Desde esos celulares se ordenan los movimientos del crimen organizado y se lleva a cabo una de las peores pesadillas de los morelenses: la extorsión.

En un cuarto de siglo de existencia, Atlacholoaya ha derrotado a gobiernos de todos los colores: priistas, panistas, perredistas, morenistas. Decir “derrotado” es verdaderamente un decir. Porque muchos de esos gobiernos se han beneficiado de la corrupción que impera en ese centro. En 2023, la impresentable Comisión de Derechos Humanos de Rosario Piedra Ibarra le concedió a Atlacholoaya una calificación de 7.38 y más tarde, no se sabe a cuenta de qué, le concedió un reconocimiento a este centro de reinserción. El entonces coordinador del Sistema Penitenciario, Israel Ponce de León, celebró el diagnóstico y alabó “la gestión del Ejecutivo Estatal”, Cuauhtémoc Blanco.

En realidad, cuando se aproximaba la llegada de visitadores de la CNDH, se suspendían las extorsiones, los internos eran amenazados por los comandantes para que no hubiera quejas y en general, el centro se limpiaba de arriba a abajo. Un día después todo volvía a la normalidad: autogobierno, violencia, corrupción, hacinamiento.

El control de las tiendas de abarrotes arrojaba ganancias de un millón de pesos al mes a los funcionarios penitenciarios. Así fue durante todo el sexenio de Blanco. A los internos se les cobra por protección, por recibir visitas íntimas, por cambios de celda, e incluso por ir de un dormitorio a otro. No solo eso: las autoridades les rentaron celulares, aparatos electrónicos, equipos de sonido, planchas, frigoríficos, ventiladores, sillones reclinables y pantallas de alta definición.

De acuerdo con testimonios recogidos por el gobierno estatal, en Atlacholoaya es común incluso la trata de personas. Por mil pesos se permite la entrada de sexoservidoras.

La Comisión de Derechos Humanos de Morelos documentó la complicidad y la corrupción de las autoridades del sistema penitenciario. Israel Hernández Cruz, el ombudsperson, denunció las complicidades, la corrupción, las omisiones, la negligencia, “que se han traducido en fugas, motines, riñas, masacres, suicidios y la facilidad con que ingresan objetos no autorizados: celulares, armas, drogas, alcohol”.

Cuauhtémoc Blanco les volvió al espalda. “Quienes tienen el control son los grupos de la delincuencia y, lamentablemente, Blanco no se lo tomó en serio”, ha dicho Hernández Cruz.

En octubre de 2019 un grupo de internos logró cruzar a través de tres filtros para llegar hasta el sitio conocido como El Paraíso, donde se hallaba recluido el líder del Cártel Jalisco en Morelos, Raymundo Castro Salgado, El Ray. El asalto dejó siete muertos y varios heridos. El cuerpo de El Ray, brutalmente golpeado, fue calcinado por completo.

A pesar de que el comando que lo asesinó no habría podido llegar hasta él sin la complicidad de las autoridades, el coordinador estatal del sistema penitenciario en Morelos, Israel Ponce de León, al que las investigaciones señalan como el verdadero motor de la maquinaria de la corrupción penitenciaria, no solo no fue tocado: recibió el espaldarazo del comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, y del entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco.

En un simple operativo, la realidad ha vuelto a salir a la luz.

El golpe final al IFT

En los primeros días de octubre pasado, el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) notificó a la exdirectora General de Supervisión y Verificación de Regulación Asimétrica de la Unidad de Cumplimiento, Adriana Williams Hernández, la imposición de una sanción consistente en su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por ocho meses.

El ilícito por el que fue sancionada consistió en “realizar un acto arbitrario, en razón de que autorizó el borrado de la información contenida en los equipos de cómputo de sus subordinados Liliana Salgado, Nancy Espinoza, Miguel Núñez y Narciso Guzmán”.

Todos fueron despedidos de manera arbitraria y fulminante por la propia Williams y la entonces titular de la Unidad de Cumplimiento, Fernanda Arciniega, con el conocimiento y la venia del Presidente del IFT, Javier Juárez.

Fernanda Arciniega, quien al igual que Adriana Williams fue suspendida de sus funciones a finales de 2022 por el OIC del IFT, también fue sancionada en febrero de este año con su destitución e inhabilitación de un año por el mismo ilícito: la destrucción de información.

Pese a la relevancia de los casos, la información eliminada y las sanciones se han mantenido bajo reserva por la solicitud expresa de los comisionados del IFT a la titular del OIC, Perla Lizeth Torres López.

Pero más bien los comisionados deberían impulsar la presentación de denuncias de hechos, ya que la destrucción de información es un delito grave, en términos de los artículos 211 bis 2, 211 bis 3 o 214, fracción IV, del Código Penal Federal, relativos a delitos a acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos del Estado y al ejercicio indebido del servicio público.

Dentro del IFT se asegura que la información destruida era concerniente a investigaciones  del Preponderante en Telecomunicaciones, América Móvil, correspondientes a más de una decena de expedientes de sanción que fueron cerrados por la propia Fernanda Arciniega, en lo que parece ser una operación “blanqueo” que le evitó a la empresa del magnate Carlos Slim sanciones multimillonarias.

En septiembre del año pasado publiqué que la crisis en el IFT comenzó a inicios del 2022, cuando, ante la alta probabilidad de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador no enviara sus propuestas para cubrir las vacantes de los integrantes del Pleno, el organismo modificó su estatuto orgánico para poder seguir operando con cuatro comisionados, en lugar de siete.

Javier Juárez Mojica asumió la Presidencia interina del organismo, acompañado en las decisiones del Pleno por los comisionados Arturo Robles, Sóstenes Díaz y Ramiro Camacho.

Luego, en enero del 2023 el IFT decidió no multar a Telmex por incumplir con la divulgación de información acerca de su infraestructura en 2017, por lo cual habría tenido que pagar unos 20 mil millones de pesos. El regulador expuso que con base en las pruebas y defensas aportadas al expediente del caso no fue posible entrar al análisis del fondo de la conducta, ni concluir sobre el incumplimiento.

Del 2018 a septiembre del 2023, las empresas de Slim acumularon 12 asuntos iniciados y en trámite de ejecución de un procedimiento administrativo, así como siete pendientes por iniciar. No obstante, la instrucción de la Unidad de Cumplimiento, a cargo de Fernanda Arciniega, y la Coordinación Ejecutiva, encabezada por Víctor Rodríguez Hilario –con la anuencia de los comisionados– fue  archivar o cerrar los procedimientos, por lo que fueron despedidos por lo menos una decena de funcionarios de dichas áreas.

Este caso parece ser el golpe final al Instituto que Morena planea desaparecer con la reforma constitucional de los organismos autónomos, pese a que atenta contra el TMEC.

Posdata 1

La nueva Directora General de Juegos y Sorteos, Maria de Lourdes Ramírez García, se va a encontrar con un problema legal y político por las autorizaciones que la administración saliente otorgó para la apertura de nuevos casinos.

Ahí está el caso del Casino Jubilee, ubicado en Naucalpan, Estado de México, donde la empresa Atracciones y Emociones Vallarta S.A. de C.V. reporta ante la Dirección de Juegos y Sorteos un casino en operaciones, cuando en la realidad la construcción se encuentra en obra negra y no tiene siquiera un techo. La empresa al parecer ha burlado la prohibición vigente que impide la explotación de máquinas de juego o de azar en casinos que abrieron sus puertas a partir del 17 de noviembre de 2023, de acuerdo a la reforma al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Por eso reportan el funcionamiento mensual de más de 1,000 máquinas de juego o azar en ese domicilio.

La nueva titular de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación se enfrentará a la oposición vecinal para que opere el casino, pero además con una autorización emitida por el gobierno municipal de Naucalpan que preside la panista Angélica Moya Marín, mediante el oficio PM/543 2BIS/2022 suscrito por la alcaldesa a favor del Casino Jubilee, a pesar de no contar con las facultades legales para firmar ese tipo de permisos, ya que en términos de la normatividad administrativa local, en específico el Reglamento de Unidades Económicas, artículos 159 al 163, le corresponde al pleno del Cabildo resolver dicha autorización.

Posdata 2

Trabajadores de diversas plantas de Cruz Azul se pronunciaron por rechazar la propuesta del secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares, para establecer mesas de diálogo con el grupo que desde hace tres años tiene tomadas las instalaciones de su cementera de Tula, lo que les ha generado pérdidas del orden de los 25 mil millones de pesos.

Cientos de cooperativistas de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Puebla organizaron este fin de semana una manifestación simultánea y colocaron mantas en sus centros de operación con leyendas en las que se exige a la administración hidalguense hacer cumplir la ley y respetar las tres sentencias que tienen firmes para recuperar aquel inmueble.

Posdata 3

En 2024 los casos de dengue en el país rompieron récord, superando en más de 50% los que se presentaron en 2023. Por tanto, con más de 94 mil casos confirmados y la pérdida de 223 vidas, la Secretaría de Salud, que encabeza David Kershenobich, destinará más de 42 millones de pesos para la adquisición de insumos de diagnóstico de dengue y otras enfermedades víricas que se transmiten a través de la picadura de un mosquito en noviembre y diciembre.

La empresa encargada de surtir el material será Control Técnico y Representaciones SA de CV, la cual, luego de un estudio de mercado realizado por la dependencia en el que participaron ocho proveedores, obtuvo la adjudicación directa “por causas de fuerza mayor”, para cubrir las siete partidas del contrato 2024-074-AA-12-512-012000991-IM.

La empresa representada por Ramael Garza Chávez ha tenido su bonanza con esta emergencia sanitaria, pues este acuerdo se suma a otros 152 contratos que la firma ha obtenido con diferentes instituciones de salud e investigación, con los que acumulan más de 115 millones de pesos.

El rey de Paiporta y el presidente de Acapulco

Son imágenes que nunca se habían visto por acá. El rey de España, con el rostro y la ropa percudidos, mancillados por el lodo que le lanzan los afectados por las catastróficas inundaciones en el poblado de Paiporta, a las afueras de Valencia. “Se está haciendo todo lo posible”, repite el rey tratando de avanzar, no sube la voz, no reta. Inclina la cabeza, abraza a quien puede, acata la ira. La reina tiene el rostro salpicado de lodo también, y un gesto de desconsuelo que cuida no devenga en pánico, la reina camina con el rey. Atrás de ellos, Sánchez, el presidente del gobierno español, no aguanta las bolas de fango ni los palos y botellas que vuelan hacia él al grito de “asesino, asesino”, huye cuando puede. Sánchez acusará de esto a los provocadores de la ultraderecha, clásico. YouTube cumple, el mundo se entera al instante de lo ocurrido el domingo en Paiporta. Los reyes, que aducen la obligación moral de estar con los damnificados y traer esperanza, soportan el recorrido hasta el final, unos dirán que humillados, otros que enaltecidos. El recorrido que López Obrador no se atrevió a hacer en Acapulco hace un año. Aquel López Obrador que le exigía disculpas a este rey.

Semana crítica

Treinta y seis días después de haber asumido la Presidencia, Claudia Sheinbaum enfrenta el mayor desafío que haya afrontado cualquiera de sus antecesores, cuando este martes la Suprema Corte de Justicia vote si aprueba o no un proyecto de sentencia que declara varias acciones de inconstitucionalidad de la reforma judicial, que puede detonar una crisis constitucional sin precedente al poner en entredicho el orden democrático en el país –de rechazarse– y marcaría su administración como autocrática, o de una confrontación entre poderes –de aprobarse–, donde ella tendría que ser árbitro y factor de gobernabilidad. El problema es que no tiene la fuerza política, ni para evitar llegar a ese cenit con una negociación que evite el choque de instituciones, ni para obligar a los líderes de su partido en las cámaras a que respeten la ley.

Hoy, la Presidenta parece estar a la deriva porque no tiene pleno control del barco mexicano, aunque sus primeras reacciones refuerzan el anclaje de un régimen autoritario, porque el Poder Judicial perdería autonomía y quedaría en manos del gobierno y el partido en el poder, y de quienes tengan más dinero para manipular jueces y magistrados o capacidad de intimidación, como el crimen organizado. Sería ese grupo el que tendría un Poder Judicial a modo, dictando sentencias en su beneficio.

Sheinbaum ha dicho que la reforma judicial es democrática y generará más justicia. Es falso. Alega, como lo hacen el obradorismo y sus voceros, que es lo que el pueblo quiso, y que votó por Sheinbaum para que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, autor del esperpento judicial, hiciera lo que quisiera con la Constitución. Se pudiera argumentar que es cierto, en la Cámara de Diputados, donde el Tribunal Electoral le dio la mayoría calificada pese a no tener los votos, al ceñirse al sistema de asignación vigente desde hace años. Pero no se puede decir lo mismo en el Senado, donde la mayoría calificada la consiguieron mediante coerciones. Esto no es democracia sino chantaje.

El proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara no plantea una resolución jurídica sino una solución política. Propone declarar inconstitucional la elección por voto popular de jueces y magistrados, pero mantiene la elección popular de ministros y magistrados electorales. González Alcántara explicó que el proyecto era “un ejercicio de autocontención, deseando el final de la crisis” que se vive. Su proyecto le entrega las cabezas de los ministros al régimen para saciar su sed vengativa por haber frenado a López Obrador, pero el gobierno y Morena quieren todo.

Por eso, cuando sus argumentos de que la Suprema Corte no podía revisar una reforma constitucional –en el momento en que sólo estaban revisando si podía o no aceptar que se analizara–, Morena introdujo una nueva reforma llamada “supremacía constitucional”, para declarar improcedentes los juicios de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y la controversia contra modificaciones o adiciones a la Constitución. Es decir, el gobierno podría hacer lo que quisiera sin que nadie pudiera evitarlo. Un ejemplo extremo, sólo con fines de ilustración, es que podría establecer la pena de muerte para los carteristas, y sería automáticamente legal.

Las bancadas de Morena en el Congreso y el Senado se apuraron para sacar la “supremacía constitucional”, para que el martes, sin importar la votación en la Suprema Corte, la reforma fuera irreversible. Corriendo, violando los procedimientos legislativos, se declaró la constitucionalidad de la reforma. Eso se logró con el voto de al menos 10 senadores que no se encontraban en el Senado. En tiempo récord 17 Congresos estatales la ratificaron. Lo hicieron porque pueden. Ese mismo día Sheinbaum ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entrara en vigor.

Sin embargo, por la impericia jurídica de Morena cometieron un error en su redacción, al señalar que la ley se aplicaría para todas aquellas reformas en “trámite”, por lo que no puede aplicarse a la reforma judicial porque no se encuentra en trámite, sino es un hecho. Pero para la forma como se comporta Morena, no parece que será relevante, porque han mostrado estar dispuestos a desacatar cualquier sentencia judicial que no les acomode.

Nadie sabe cómo resultará la votación en el pleno el martes. Se da por descontado que las tres ministras subordinadas a López Obrador –Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz– votarán en contra, pero no hay certeza de que las ocho ministras y ministros que renunciaron la semana pasada por su rechazo a participar a la elección popular de los juzgadores respalden el proyecto de sentencia.

Pero si lo hicieran, como ya lo advirtieron los morenos en el Congreso y el Senado, ignorarán lo que digan los jueces, provocando una crisis constitucional por el desacato a mandatos judiciales. Si eso pasa, la Corte está facultada para consignar a quien cometa desacato de un mandato judicial y girar la orden de aprehensión. Pero hasta ahí. La Fiscalía General tendría que cumplimentar la orden. Si la Presidenta desacatara el mandato, también podría ser considerada una presunta delincuente. Se antoja imposible que el conflicto escale hasta ese nivel, pero para efectos de argumentación, ¿qué hará la Presidenta?

Sheinbaum está por la reforma judicial en sus términos, y ya criticó el proyecto de González Alcántara. El ministro le regaló una salida política, que sería también una financiera, porque no hay dinero para organizar la elección de juzgadores el próximo año. Sheinbaum podría evitar una crisis y un probable fiasco electoral si respalda el proyecto de sentencia. Pero si lo hace, el obradorismo se le irá encima porque no tiene control sobre el movimiento, sobre Morena o sobre sus coordinadores legislativos, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, que obedecen a López Obrador.

Nadie, como ella, estará a prueba el martes y los días posteriores. Depende del voto de los ministros, que en cualquier dirección que tome, definirá su gobierno: la Presidenta que apostó por la gobernabilidad por encima de López Obrador y los radicales, o la Presidenta que quedó subordinada a los radicales de López Obrador, que habrá mostrado tener más poder que la Presidenta.

Director: Juan Luis Parra

Hermosillo, Sonora.

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