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Columnistas de SP

Terror en Culiacán: hallan 20 cuerpos, cuatro colgados y decapitados en un puente

Veinte cuerpos fueron localizados la madrugada de este lunes en la salida norte de Culiacán, Sinaloa, en un hecho que ha encendido las alertas de las autoridades de seguridad. Cuatro de las víctimas estaban colgadas y decapitadas en un puente, mientras que las otras 16 fueron encontradas dentro de una camioneta abandonada en las inmediaciones del Seminario.

Según reportes oficiales, los cuerpos colgados fueron descubiertos sobre el puente que cruza la carretera federal México-Nogales, donde también se hallaron mensajes escritos en mantas. Elementos de seguridad acudieron al sitio tras recibir una alerta ciudadana y confirmaron la presencia de las víctimas decapitadas.

En el mismo punto fue ubicada una camioneta Ford tipo panel con las llantas dañadas, la cual fue trasladada al Servicio Médico Forense con ayuda de una grúa. Dentro del vehículo se encontraron 16 cadáveres, aún sin identificar, y las autoridades no han precisado si presentan huellas de tortura.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que continúan los trabajos forenses para establecer la identidad de las víctimas y las circunstancias de su muerte. Hasta el momento no se ha detallado si los mensajes dejados en la zona están vinculados con algún grupo criminal.

El hallazgo ocurrió en un tramo carretero ubicado a la salida norte de Culiacán, cerca del Seminario, una zona que en el pasado ha sido escenario de violencia relacionada con el crimen organizado.

Alfonso Romo, el chairo fifí

El régimen de Cuarta… Transformación produjo en Alfonso Carlos Romo Garza una nueva especie de malandrín: El chairo fifí.

Siempre polémico, siempre metido en líos, Romo y su casa de bolsa enfrentan hoy el mayor de todos los desafíos: Demostrar a propios y extraños que Vector no es una “lavandería” de dineros negros provenientes de la producción y tráfico de drogas, como acusó la semana anterior el Departamento del Tesoro estadounidense.

Y aunque la Secretaría de Hacienda desvirtuó el reporte de la dependencia con sede en Washington menos de una hora después de la llegada a México de los despachos informativos –¿qué querían?, ¿velocidad o eficiencia?, como dice el chiste–, y al día siguiente la Presidente formal Claudia Sheinbaum se volvió a envolver en la bandera del patrioterismo exigiendo pruebas y no rumores, el hecho es que Vector, tanto como las otras dos instituciones acusadas, CIBanco e Intercam, ¡ya no pueden realizar operaciones en los Estados Unidos!

Y si los señalamientos hechos desde el vecino del norte sólo son rumores sin pruebas ¿por qué la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las intervino también al día siguiente?

 

Montado en “la grilla”

Desde siempre, Romo ha sabido bienquistarse con el poder político y con los máximos exponentes de éste. Saca provecho de esas relaciones.

Su ficha en la Wikipedia da cuenta de ello: Formado inicialmente en colegios jesuitas de Ciudad de México, tras su paso por el ITESM en el que se graduó en Ingeniería Agrícola, Romo abandonó la educación progresista de la Compañía de Jesús y, por conveniencia, abrazó a los Legionarios de Cristo y al Opus Dei.

“De estas etapas tempranas data su asociación con Pedro Aspe Armella que se convertiría en el secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Así que al término del sexenio salinista, Romo dio cabida a Aspe y a Emilio Lozoya Thalmann –padre de usted ya sabe quién–, que fuera secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal en sus empresas financieras.

Al mismo tiempo y, tras su matrimonio con una de las herederas de un magnate del Grupo Monterrey, Romo adquirió en 1987 Cigarrera La Moderna.

En 1991 fundó Pulsar Internacional, una compañía matriz que, entre otras entidades, incluía una compañía de seguros y corretaje de valores. Luego se expandió a la biotecnología y a la producción de semillas. Además de sus empresas comerciales. Su compañía de producción de semillas era conocida como Seminis antes de ser vendida a Monsanto. En 1997 vendió la cigarrera a British American Tobacco.

 

AMLO lo encumbró

Alfonso Romo apoyó activamente la campaña presidencial del panista Vicente Fox y fue un destacado defensor del proyecto de desarrollo e integración regional impulsado por EU y que fuera conocido como el Plan Puebla-Panamá. En 2005 Romo fue destituido en una asamblea realizada en la acera fuera de las oficinas del Grupo Savia

Para 2006, según sus propias declaraciones, Alfonso Romo –que había sido crítico acérrimo de AMLO– fue invitado a participar en la campaña de desprestigio contra el candidato del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador y no aceptó, pero en 2012, tras contratar empresas financieras para investigarle pues no confiaba en el tabasqueño, el empresario apoyó al ahora expresidente en las elecciones presidenciales de ese año.

En 2014, Romo recuperó Savia.

Debido ya a su cercanía con AMLO, participó en la campaña del tabasqueño. Fue designado coordinador del Proyecto de Nación. Su labor consistió en acercar al candidato con el sector privado nacional e internacional, especialmente en el norte del país donde los resultados no le habían sido favorables en elecciones anteriores.

El 22 de junio de 2018, en un mitin de campaña en Monterrey, López Obrador propuso a Romo como coordinador de la Oficina de la Presidencia de la República en caso de resultar electo Ocupó el cargo y dos años después renunció a él, conservando la amistad y la cercanía con “el primer morenista del país”.

 

Negocios con el gobierno

Se atribuye a Pulsar, la empresa transgenética inspiradora del fallido programita Sembrando Vida esta nueva aportación para el estudio de las mutaciones homínidas.

El emblemático capitán de empresa, desde el salinismo hasta nuestros días, Alfonso Romo Garza, ideólogo del nuevo régimen, sustituyó a todos los intentos imperiales para succionar los mantos freáticos del subsuelo maya e integrarlos a las cuencas centro y sudamericanas a través del foxista Plan Puebla-Panamá para hacer el depósito estadounidense de las reservas acuíferas al servicio del gran capital. Desde entonces, Romo dispuso de los mejores acuíferos.

Con gran revuelo, Romo Garza despachó al otro mundo a decenas de ancianos y niños de Xpujil, la capital comarcal de Calakmul, nuestra gran reserva de la biosfera, para adueñarse de esas tierras, la mayor extensión de selva media del Continente.

Luego, junto a los Mouriño arrasaron 700 mil hectáreas con jaguares, flora y fauna en extinción, para lograr el coto de caza de los traficantes que hicieron Jauja para el tráfico de las finas maderas, desde los vientres campechanos hasta la maravillosa Sian K’ahan, máxima joya de la creación, convertidas en territorio de tumba, roza y quema al servicio del trasiego.

‎Todo, para hacerse propietarios de astilleros gallegos y del equipo de peludos del Celta de Vigo. Todo para arrastrar el prestigio de México por los andurriales y los charcos de la corrupción inaudita. Ahora, los cenotes mayas ya no son del patrimonio maya, son de Romo Garza.

 

Financiero de AMLO

El triunfador de los negocios anticonstitucionales, los que presumen conflictos de interés para demostrar que no son iguales a los demás, sino peores. Los que ahuyentan la corrupción con la sola presencia, porque ni la peor corrupción los aguanta y hasta quiere salir corriendo. Los chairos ffís, auténticamente mexicanos.

Romo, el financiero de Fox, Salinas, Aspe Armella, Peña Nieto y ahora del tabasqueño. El regiomontano que también fue dueño de los fondos financieros de Nafinsa y Bancomext para repartirlos a mansalva entre sus cuates regiomontanos, aunque sea el poco dinero que queda de nuestros exprimidos impuestos. Otra especie en extinción.

Ya estamos completos. Logramos el objetivo: no hay mejor programa indígena que extinguir a los indígenas, lo dijo el dueño del gran garrote, Theodore Roosevelt. El destino nos alcanzó.

Como siempre sostuvo Albert Einstein, si viajamos a velocidad luz en línea recta, acabaremos atrás de nuestra nuca. Es la relatividad aplicada a la política autóctona. ¡Bravo! Hemos llegado a los páramos de lo insulso por la vía de la izquierda confusa y traicionera.

A pensar en grande, para ganar en grande. Político pobre es pobre político. Entren todos a la tómbola del estado corporativo.

El chairo fascismo llegó para quedarse. Eso creen, alucinados por las encuestas que ellos pagan. La misma mafia de itacate, que se disfraza con el bajo perfil de los miserables, porque ahora sí, el fin justifica los medios, todos los medios.

En la República chaira ha triunfado Federico Nietzsche, el ideólogo de Adolf Hitler. ¡Los chairos son los superhombres!

Gran final. Cuando todo se acaba, sólo queda la pax chaira, la paz de los sepulcros. Después de todo esto, ¿qué más nos falta por ver?

Indicios

Las instituciones financieras Vector, Intercam y CIBanco multiplicaron por cinco sus ganancias durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, alcanzando una utilidad conjunta de 14 mil 400 millones de pesos entre enero de 2019 y septiembre de 2024, pese al contexto de recesión económica derivado de la pandemia. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, estas mismas entidades habían obtenido en conjunto solo 2 mil 800 millones de pesos, de acuerdo con los reportes enviados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Mano negra? ¿Dineros negros? ¿Qué sabía la UIF de Pablo Gómez? * * * Mi reconocimiento a usted que leyó este texto. Y como siempre mis mejores deseos de que tenga ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

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Granja gendarme

El novelista George Orwell imaginó en Rebelión en la granja una fábula en la que los cerdos, tras prometer igualdad, terminan imponiendo una dictadura taciturna: “Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”. Hoy, México se parece peligrosamente a esa granja, donde el Estado -anunciado como garante de seguridad- se está convirtiendo en un cerdo omnisciente, capaz de verte, seguirte y juzgarte sin rendir cuentas.

La reciente aprobación exprés de la nueva Ley de la Guardia Nacional marca otro paso más en la militarización del país. Este cuerpo, nacido en 2019 como corporación híbrida, fue absorbido por el Ejército y ahora transita a ser una extensión castrense bajo la Sedena, con labores que rodean y menguan las instituciones civiles. La reforma otorga facultades de inteligencia, vigilancia de comunicaciones y geolocalización en tiempo real -todo ello sin órdenes judiciales ni contrapesos claros. Causa en Común advirtió lo que esto significa: “la militarización se consolida como pilar del nuevo régimen”. López Obrador y Citlalli Hernández y Claudia Sheinbaum y Luisa María Alcalde criticaron a Calderón por darle tanto poder a las Fuerzas Armadas. Ahora ellos, calderonizados, se han vuelto una versión peor de lo que denostaban.

El paquete legislativo no se detiene ahí en las Fuerzas Armadas. Incluye la Ley Espía, que da vía libre a la Secretaría de Seguridad para acceder a bases de datos personales, biométricos y geolocalización de cualquier individuo -y sin orden judicial. A ello se suma el uso obligatorio de una CURP biométrica, con huellas, rostro, iris, y sujeta a una nueva Plataforma Única de Identidad. El resultado: un sistema de vigilancia integral, sin límites ni transparencia. Una granja gendarme, en manos de Morena.

Y como en la granja orwelliana, los porcinos del partido en el gobierno prometen un sistema para protegernos. Pero ahora esa promesa se subvierte, porque la protección se vuelve el pretexto para el control. Sin mecanismos independientes -desaparecidos o capturados o eviscerados por el gobierno-, ¿quién vigila al vigilante, al cerdo que te observa sin que lo sepas? ¿A quién beneficia el Big Brother del Bienestar? A los militares impunes que consolidan su rol político y presupuestal a costa del debilitamiento del poder civil. A futuros gobiernos que podrán reutilizar esta infraestructura autoritaria sin restricciones. Como advierte la Red en Defensa de los Derechos Digitales: “el día de mañana… ahí están las leyes”. Leyes que podrían ser usadas contra el ciudadano, a cualquier hora, en cualquier momento.

¿Y quiénes pierden? Personas vulnerables como los adultos mayores, las comunidades rurales, las personas trans, quienes pueden ser excluidos por fallas en registro biométrico. Periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, que en el gobierno de AMLO fueron víctimas del “Ejército espía” y la maquinaria de Pegasus, ahora reforzada para intimidarlos. Toda la sociedad porque no habrá garantía de la presunción de inocencia, ni del debido proceso. Al contrario: todos somos potencialmente observados, espiados, amedrentados.

El analista Luis Fernando García señala que este paso es parte de un “rompecabezas de vigilancia”, donde la suma de las leyes crea un sistema mucho más peligroso que cada norma por separado. Las reformas -22 en total, aprobadas en un periodo extraordinario sin parlamento abierto- evidencian más que un pacto legislativo acelerado: reflejan una visión donde el Estado olvida el interés público y se convierte en centinela autoritario.

Orwell nos enseñó que el poder crece con la vigilancia. En ese rancho represivo viven personas sabiendo que pueden ser vistas, escuchadas, geolocalizadas y por eso comienzan a callar. En esa estancia de la estulticia florece la autocensura. Crece el miedo que se vuelve el árbol torcido donde las libertades mueren.

Los ciudadanos no deben resignarse a ser observados -no sin garantías, no sin contrapesos. Este Estado-cuerpo militarizado no es invulnerable, pero sí puede volverse irreversible. Y como pronosticó Orwell, “todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”. Hoy, si no lo detenemos, los cerdos que vigilan México serán cada vez más iguales en su capacidad para apropiarse de la granja nacional, mientras protegen sus nuevos privilegios. Incluyendo el de espiarnos.

Revelan que asesinato de colaboradores de Brugada involucró balas del Ejército y un millón de dólares

Una maleta con un millón de dólares, municiones de uso exclusivo del Ejército y un presunto ajuste de cuentas del crimen organizado figuran entre los elementos que rodean el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz Vega, colaboradores de Clara Brugada, ocurrido en mayo pasado, según reveló la periodista Anabel Hernández en su podcast Narcosistema.

En el episodio 48, la autora aseguró haber tenido acceso directo a la carpeta de investigación del caso, donde se detalla que en la escena se recuperaron siete casquillos calibre 9 mm, tres de los cuales correspondían a cartuchos fabricados por la Sedena, identificados con el registro “FC9 mmp”. Este tipo de munición es de uso exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea. Los otros cuatro casquillos eran de la marca Águila, también clasificados como material exclusivo de fuerzas armadas.

Otro hallazgo clave fue la supuesta existencia de una maleta con aproximadamente un millón de dólares dentro del vehículo conducido por Ximena Guzmán. De acuerdo con fuentes citadas por la periodista, la maleta fue retirada por policías capitalinos, quienes estarían bajo investigación por alterar la escena. Al menos 14 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX están bajo revisión y más de cuatro ya fueron destituidos, indicó.

En el lugar también se levantaron dispositivos electrónicos como laptops, teléfonos, discos duros y memorias USB, los cuales están siendo analizados por la Unidad de Inteligencia Cibernética.

Hernández apuntó que Ximena y José mantenían una relación de “profunda complicidad” desde su trabajo conjunto en Iztapalapa durante la gestión de Brugada. Además, José Muñoz Vega es hermano de Mariano Muñoz, cofundador de la UPREZ, organización dedicada a la ocupación de predios en la Ciudad de México.

La periodista señaló que durante la campaña electoral de 2024, Ximena habría sido clave en la recaudación de fondos para Clara Brugada, y que algunos empresarios donaron dinero bajo la promesa de obtener contratos públicos, lo cual no se habría cumplido, generando tensiones.

Una de las líneas más delicadas de la investigación apunta a un posible ajuste de cuentas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con testimonios recabados por Hernández, ambas víctimas habrían gestionado protección para predios en el Centro Histórico ocupados por el CJNG y la Unión de Tepito. Días antes del crimen se realizaron operativos en esas zonas, lo que habría sido interpretado como una traición.

Las víctimas fueron ejecutadas en vía pública. El atacante, captado por cámaras, esperó el momento para dispararles simultáneamente. La autopsia mostró múltiples impactos, especialmente en José Muñoz, quien podría haber sido el objetivo principal.

Durante las necropsias se realizaron pruebas toxicológicas, de rodizonato de sodio y estudios genéticos, aunque no existían indicios claros para algunos de estos procedimientos, especialmente en el caso de Ximena.

La carpeta de investigación fue abierta hasta las 8:40 horas, más de una hora después del crimen, pese a que el hecho ya circulaba en redes y era del conocimiento de funcionarios. El caso quedó en manos del Ministerio Público Miguel Isaías Meléndez Pérez, un abogado egresado en 2019 y con menos de un año en la función pública.

Hasta ahora, no hay detenidos por el doble homicidio.

Cabeza en hielera y cuerpo en casa: crimen brutal sacude a Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) investiga un homicidio que ha generado gran conmoción en Hermosillo, luego de que fuera localizado el cuerpo decapitado de un hombre en una vivienda de la colonia Floresta y, horas más tarde, su cabeza dentro de una hielera en un supermercado del norte de la ciudad.

El primer hallazgo se realizó a las 16:14 horas del domingo en un domicilio particular, donde autoridades localizaron el cuerpo sin cabeza de un hombre, quien fue identificado como tatuador. Según las primeras indagatorias, la víctima habría estado conviviendo con el principal sospechoso desde la noche del viernes.

Posteriormente, a las 18:39 horas, personal de seguridad del supermercado Soriana Progreso alertó a las autoridades sobre una hielera abandonada en el área de sanitarios. En su interior fue encontrada una cabeza humana acompañada de un mensaje, el cual estaba dirigido al director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Nogales, Fernando Javier Valenzuela Zaragoza, y al Director General Jurídico del estado, Jesús Abel Guirado Orduño.

Imágenes del operativo difundidas en redes sociales mostraron al personal forense retirando un contenedor negro del área acordonada, mientras agentes de seguridad resguardaban la zona. Los elementos periciales portaban trajes de protección biológica conforme al protocolo.

La Fiscalía confirmó que ambos restos corresponden a la misma persona, y que la principal línea de investigación apunta a un conflicto personal entre la víctima y su agresor, posiblemente bajo el influjo de sustancias tóxicas. Las autoridades continúan con entrevistas, análisis forenses y recolección de pruebas.

“El caso avanza conforme al protocolo y se informará a la ciudadanía en la medida que el proceso lo permita”, señaló la FGJES en un comunicado.

Durante los primeros cinco meses de 2025, Sonora ha registrado 528 homicidios, de los cuales 451 fueron dolosos, con 330 cometidos con arma de fuego, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dinero sucio, cirujano torpe

La hemorragia comenzó silenciosa, imperceptible para el ciudadano promedio. Un día eran rumores. Al siguiente, corridas bancarias. La siguiente víctima, nos dicen, será CIBanco. Y en la línea de fuego están Intercam, Vector, y quién sabe cuántas más. No son cuentos de horror financiero ni malos sueños de algún regulador paranoico: son realidades que se arrastran desde hace años, maquilladas en balances y cubiertas con presentaciones en PowerPoint.

El sistema financiero mexicano está en terapia intensiva. Y sus cirujanos de cabecera, con el pulso tembloroso.

Aparentemente, la FinCEN —esa que no necesita pedirle permiso a nadie para hacer temblar carteras— encontró la joya de la corona: pitufeo. Structuring, como le llaman los gringos para disfrazar de sofisticación una vulgar técnica de lavado. Dividir, ocultar, repartir, transferir. Y detrás, el peor cliente posible: el narco. Y aún más atrás, China. Con nombre y apellido: precursores químicos para fabricar fentanilo. Y para cerrar el círculo del terror, Donald Trump. Todo en una sola línea de tiempo.

¿Exageramos? Ojalá.

La CNBV, de Jesús de la Fuente, no tiene margen de error. Lo que está en juego no es una institución, sino la confianza en el sistema. No se trata sólo de CIBanco, Intercam o Vector. Es el principio de contagio. El virus ya está en el aire. Y si se expande, ni todas las conferencias de Palacio Nacional ni los spots de la 4T van a poder contener el pánico.

Nos dicen que ya se acercaron los abogados caros, los de acento tejano y facturas en dólares. Que se preparan las defensas, que se ensayan discursos y estrategias de contención. Pero la FinCEN ya no manda señales: ejecuta. Y ejecuta con precisión quirúrgica. Sanciones, cancelación de visas, posibles procesos penales. Un parteaguas.

La pregunta incómoda: ¿cuántas más sabían y callaron? ¿Qué tan profundo es el hoyo? Porque en este tipo de historias, siempre hay cómplices. Activos, pasivos o simplemente inútiles.

Y mientras todo eso ocurre, la CNBV debe decidir si opera como regulador o como cómplice por omisión. Porque en este momento no basta con revisar expedientes. Hay que cortar a tiempo para evitar la gangrena.

Al final, como en los quirófanos, no hay espacio para el error. Pero sí para los errores acumulados durante años.

Que no digan que no sabían.

Que no digan que no olía raro.

Porque ahora, el bisturí no lo tienen ellos.

Lo tiene FinCEN. Y sin anestesia.

La ‘nueva Corte’ y el Caso Salinas

Ya tenemos nueva presidenta de la Suprema Corte. Se llama Claudia Sheinbaum Pardo. No fue necesaria una Elección Judicial ni esperar al primero de septiembre para que el mixteco Hugo Aguilar debutara como presidente del máximo tribunal de la justicia de México. Hoy se confirmó que el Poder Judicial se manejará a cielo abierto, sin pudor, desde la oficina presidencial en Palacio Nacional.

Sin decoro, burda e ilegalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum dio el pasado viernes línea al Poder Judicial para que se fallaran litigios judiciales en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego. Al diablo con la “separación de poderes” o traducido al lenguaje lopezobradorista, “no me salgan con que la Ley es la Ley”.

Al margen de que son disputas fiscales añejas en torno al pago de impuestos de las empresas del Grupo Salinas, lo que tiene irritada a la inquilina de Palacio Nacional es que los medios de comunicación de Salinas Pliego se declararon en abierta oposición a la manipulada elección del Poder Judicial. Y ahora, lo quieren acallar con una orden dictada “desde arriba”, en plena conferencia mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum ni las formas guardó.

Pero para entender el agrio conflicto, hagamos historia. La disputa fiscal de las empresas de Ricardo Salinas Pliego no es nueva. Viene de sexenios panistas y priistas. Desde Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Se trata de debates sobre elusiones fiscales -no evasiones- que como en cualquier nación pueden existir y son litigables. Son lagunas que existen en infinidad de legislaciones y que permiten asumir ventaja, mientras no se legisle en contra.

Con la llegada en 2018 de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia se recrudeció el desencuentro con el que el gobierno de la 4T pretendía que el empresario pagara cuatro o cinco tantos de lo que le correspondía liquidarle al SAT, cifra que se infló acusando presuntas multas y recargos. El litigio continuó durante todo el sexenio.

Amigo e impulsor inicial del candidato Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Grupo Salinas tenía una buena relación con quien fue electo mandatario. De hecho, Ricardo Salinas Pliego era integrante de su equipo empresarial asesor. Y desde esa posición se acercó al presidente para explicarle lo que era justo pagar y lo que era un abuso recaudatorio. El inquilino de Palacio Nacional y el empresario habrían alcanzado un acuerdo sobre el monto justo. Pero cuando  los ejecutivos del Grupo Salinas acudieron con el cheque a liquidar el adeudo al SAT les desconocieron el acuerdo presidencial y les elevaron la cifra. Después de otras tantas discusiones con el presidente y con Hacienda se acordó cumplir con ese pago, sólo para que cuando acudieron de nuevo al SAT a liquidarlo, volvieron a desconocer el acuerdo. Y ahí se inició la batalla que hoy tiene a Ricardo Salinas Pliego como el villano fiscal favorito del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

El caso del Grupo Salinas, al que se le pretenden fincar créditos fiscales por 73 mil millones de pesos, no es el único en las altas esferas corporativas. Hay decenas de disputas fiscales en proceso, en las distintas instancias judiciales, eso es normal en todos los países. Pero el caso de Ricardo Salinas Pliego es emblemático y estratégico.

La presidenta Claudia Sheinbaum quiere exhibir y someter a un crítico del sistema que hasta hace un par de años era simpatizante de la 4T, pero que dados los pobres resultados del gobierno morenista terminó no sólo desilusionado -como muchísimos otros- de un Andrés Manuel López Obrador hipócrita, mentiroso, manipulador y corrupto. El llamado “Tío Richie” acabó confrontándolo, cuestionándolo de frente, no sólo en los noticieros de TV Azteca y ADN 40, sino en sus mismas redes sociales personales en las que tiene millones de seguidores. Unos lo admiran y lo aplauden; otros que lo censuran. Pero no hay duda de que sus puntos de vista son escuchados y dominan en las mesas del debate nacional.

El caso se vuelve emblemático, porque frente a la pobreza de la mal llamada Oposición, Ricardo Salinas Pliego se está instalando -aunque él no lo quiera ni sea su intención- como una alternativa de liderazgo rumbo al 2030. Y eso no lo puede tolerar la presidenta Claudia Sheinbaum ni su senséi Andrés Manuel López Obrador, quienes tienen a Andy López Beltrán como su delfín. Y aunque una y otra vez, el presidente del Grupo Salinas lo niegue, van creciendo las voces que lo identifican como una de las muy escasas opciones para disputar la crucial próxima elección presidencial. Y eso crecerá cuando vengan los ajustes de cuentas con Estados Unidos.

Se intentaría repetir el efecto de Silvio Berlusconi, el dueño de medios de comunicación y tercer capital más grande de Italia, quien presidió en dos ocasiones el gobierno de lo que entonces era una emproblemada nación. Lo hizo creando una nueva oposición a la que denominó Forza Italia, que dominó los primeros 15 años del siglo XXI.

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene la consigna de mantener a raya a la Oposición. Asómense al PRI, al PAN, a Movimiento Ciudadano, para confirmar una de dos opciones: sus líderes están secuestrados por sus pecados del pasado, documentados por  la UIF y el SAT, o de plano ya despachan de la mano con el gobierno al que tendrían que enfrentar. No quieren problemas. Frente a esa cruda realidad, de una Oposición fantasma o comparsa, los escasos  personajes que cuestionan, como los Ricardo -Anaya y Salinas Pliego- se levantan como voces en el desierto que desafían la autocracia de Morena.

Por eso, la consigna es acabar con el presidente del ‘Grupo Elektra’ y no sólo llevarlo a la quiebra, exigiendo cobros fiscales desproporcionados, sino imponerle una persecución política que lo aleje de cualquier aspiración para luchar por el Palacio Nacional.

De ese tamaño es el miedo. Tan grande, que la presidenta Claudia Sheinbaum pierde todo pudor para dictar, desde Palacio Nacional, una consigna judicial, sin esperar a que el Caso Salinas Pliego sea cosa juzgada. Que se vea el empresariado en el espejo del presidente del ‘Grupo Elektra’. Hoy por ti, mañana por mí.

Un lugar de la memoria

Viajero, has llegado al edificio más llamativo y singular del Centro Histórico de la Ciudad de México: la llamada Casa de los Azulejos, una gala del barroco mexicano ubicada en la esquina del Callejón de la Condesa y la actual calle de Madero. La Casa de los Azulejos es todo un referente urbano. Le pertenece a la ciudad tanto como el Ángel, el Monumento a la Revolución o el Palacio de Bellas Artes.

Es, sin embargo, más antigua que todos ellos. Es posible rastrear el origen del predio en que se asienta desde el lejano 1524.

En el siglo XVI tuvo tres dueños: Hernando de Ávila, Luis de la Torre y Diego Suárez de Peredo. Los tres habitaron un inmueble cuya fisonomía era radicalmente distinta a la que vemos en la actualidad: en los años posteriores a la Conquista las casas parecían fortalezas, y contaban con torreones desde los cuales disparar en caso de una rebelión indígena.

En un tiempo en que no existía la Alameda, y en el que a lo largo del Eje Central en lugar de coches corría una acequia, la casa estuvo situada a unos pasos del sitio donde terminaba, hacia el poniente, la gran Ciudad de México.

En 1616, al casarse con la hija de Diego Suárez de Peredo, el segundo conde del Valle de Orizaba recibió la casa como dote. El cronista Luis González Obregón afirma que, en lo que respecta a la casa, hay pocas cosas dignas de ser impresas. La habitaron condes que arruinaron la fortuna familiar y descendientes que se metieron en largos pleitos sucesorios. Como se ha dicho de manera célebre, lo que la historia no da lo proporciona la leyenda.

El relato más célebre de la casa habla de un joven derrochador, José Xavier Peredo Hurtado de Mendoza, al que su padre reconvino con estas palabras de desprecio: “¡Tú nunca harás casa de azulejos!”. Sostiene el relato que el joven se regeneró, hizo una fortuna y construyó un palacio con el material cuyo uso su padre le había cancelado. Un material, por cierto, que se contaba entre los más caros de su tiempo. Se trata desde luego de una leyenda.

Fue en realidad la quinta condesa del Valle de Orizaba la que, al morir su esposo y volver de una larga estancia en Puebla, hizo reconstruir la casona derrochando un material que le recordaba sus años de felicidad marital: la talavera poblana. Octavio Paz escribiría más tarde:

“En Madero está la casa de los condes del Valle de Orizaba, menos hermosa que el Palacio de Iturbide, pero más viva. Su dueña decidió revestirla enteramente de azulejos. Hacer de la decoración interior del baño o una cocina el exterior de un Palacio, es algo más que un capricho. Es una victoria de la pasión sobre el llamado buen gusto. Un verdadero strip-tease arquitectónico”.

El Palacio de los Azulejos o La Casa de Porcelana, como cuenta José Juan Tablada que se le llamó también, sirvió como casa habitación hasta 1871, año en que los herederos de los condes del Valle de Orizaba, completamente arruinados, tuvieron que venderla. En 1877 llegó a manos de un rico terrateniente, Francisco Iturbe, cuya familia adquirió algunos de los mejores palacios señoriales que había en la ciudad: el Palacio de Iturbide, el Palacio de los condes de Miravalle, el Palacio del Conde de Buenavista…

En 1892 la casa albergó el Jockey Club, donde las personas más acaudaladas del porfiriato se reunían a hablar de caballos, fumar puros y beber coñac mientras planeaban grandes negocios (el poeta Heine afirma que un Jockey Club era el sitio en el que un grupo de asnos se reunían a hablar de caballos). Lógicamente, en los años posteriores a la Revolución, aquel lugar se convirtió en uno de los sitios más odiados de México. En 1914, el periódico El Demócrata anunció su muerte:

“Por más de 25 años funcionó en esta ciudad un círculo titulado Jockey Club. Tenía la pretensión de ser lo más aristocrático, lo más chic, la encarnación más genuina del gusto y la última expresión de los refinamientos de la elegancia… Pero llegó un día en que los soldados revolucionarios alcanzaron tantas victorias sobre los federales que ni tiempo tuvieron los clubistas aristócratas para hacer cucamonas al presidente interino, porque (Álvaro) Obregón los expulsó en breve y no hubo tiempo para nada, porque la Revolución, justa, serena, intransigente, clausuró aquel albergue de ociosos, y va a convertir en hospital la regia morada de los azulejos”.

Al año siguiente Carranza lo convirtió en Casa del Obrero Mundial, una confederación de trabajadores anarcosindicalistas que naufragó muy pronto en medio de las disputas ideológicas en que se enfrascó el gremio. En 1919, Iturbe decidió rentar el edificio a los hermanos Walter y Frank Sanborn, quienes habían ideado un nuevo concepto de comercio: una lujosa droguería en la que además hubiera fuente de sodas, restaurante, salón de té, una tienda de regalos y una dulcería.

Casi un siglo después alguien le preguntó a Carlos Monsiváis qué se llevaría a una isla desierta, y Monsiváis respondió que un Sanborns.

El éxito del establecimiento fue inmediato. Las enchiladas suizas se volvieron célebres. Fue en ese lugar donde triunfó una bebida que iba a causar furor en el mundo: la Cocacola.

Los jóvenes poetas del grupo conocido como Los Contemporáneos comenzaron a reunirse ahí todos los sábados, para paladear las novedades gastronómicas: el corn beef hash, el ice cream soda y la ensalada de frutas con queso cottage. “¿Quién que no sepa pronunciar osará pedir un marshmalow puff?”, se preguntaba Novo.

La Casa de los Azulejos fue uno de los mayores cafés literarios de la ciudad. A fines de los años 90 Andrés Henestrosa seguía la tradición de desayunar ahí todos los días.

Mi historia favorita de la casa sucedió en 1833. Una mañana, la servidumbre encontró muerta a la quinta condesa del Valle de Orizaba. Su cuerpo fue trasladado a la iglesia de San Diego, al otro lado de la Alameda, para ser velado. Cuentan que a la medianoche empezaron a oírse ruidos dentro del ataúd. Los dolientes huyeron en estampida. La condesa, Dolores Caballero de los Olivos, había sufrido un ataque de catalepsia.

Salió de la caja y, aún amortajada, regresó al palacio. Desde luego, los sirvientes, que la habían visto salir rumbo a la tumba, se negaban a abrirle.

Cuando doña Dolores volvió a morir, sus deudos decidieron esperar varias días antes de enterrarla. Esa vez, la condesa no volvió.

La Casa Gris de Sinhue y el negocio de la seguridad

Como si el color gris fuera el favorito de los políticos mexicanos, a la hora de hacer negocios y transparentar sus recursos, al exgobernador panista, Diego Sinhue Rodríguez le han documentado una mansión en Houston, Texas, cuya fachada y techos, en color gris, esconden el origen de los recursos con los que se financió dicha propiedad de más de 3 mil metros cuadrados y un valor de 1 millón 242 mil dólares, ubicada en la zona más exclusiva de la zona de Woodlands, en donde radica la familia del exmandatario que gobernó Guanajuato de 2018 a 2024.

Tal como ocurrió con la primera “Casa Gris”, de José Ramón López Beltrán, también en Houston, resulta que la lujosa residencia en la que viven la esposa e hijos de Sinhue está a nombre de un excontratista de su gobierno, Daniel Esquenazi Vehara, operador de la empresa de seguridad Seguritech, que obtuvo contratos por casi 3 mil millones de pesos en Guanajuato, durante los seis años de gobierno del panista. A Esquenazi Vehara también se relacionó en 2016 con negocios inmobiliarios del llamado “Cártel de los Güeros” que despojó a ejidatarios y campesinos de decenas de hectáreas de terrenos para venderle después al gobierno panista de Miguel Márquez, a sobreprecio de hasta 42 veces su valor, la superficie que fue donada a la empresa japonesa Toyota que hoy opera en el municipio de Apaseo El Grande.

Las revelaciones que publicaron la semana pasada el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y Connectas, en la que se documentan los lujos y la comodidad de la casa, ubicada en la zona más exclusiva de Woodlands, y a la que solo tienen acceso propietarios, el exgobernador emitió una declaración en la que aseguró que la casa no es de su propiedad, que él no vive ahí y que sólo la renta para su familia, porque sus hijas fueron a estudiar a Estados Unidos. Lo que no explica Diego Sinhue es por qué su familia radica, precisamente, en una casa que es propiedad de un operador de una empresa que recibió contratos millonarios de su gobierno.

Y eso lleva a seguir la pista de lo que parece una reedición del modus operandi de Genaro García Luna y la millonaria corrupción que el exsecretario de Seguridad federal, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico, hizo a través de las empresas de seguridad privada que operan en México. En ambos casos, funcionarios panistas terminaron vinculados a estructuras empresariales privadas, como la familia Weinberg, en el caso de García Luna, y ahora en el del exgobernador panista a los socios de Seguritech, cuyo accionista mayoritario es el empresario Ariel Picker que detenta el control mayoritario de la empresa contratada por el gobierno de Guanajuato.

Seguritech es hoy la empresa líder en el mercado de la tecnología y videovigilancia en la seguridad privada y opera o ha operado con gobiernos de todos los signos partidistas lo mismo en Guerrero, que en Morelos, Estado de México, en la Ciudad de México, en Guanajuato, Sinaloa, Baja California y Sonora. La empresa, que hoy ofrece servicios incluso a nivel internacional en otros países, creció de manera notable en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, en donde obtuvo contratos millonarios, a partir de la relación que trabó con el gobierno peñista desde el Estado de México y que ya en la Presidencia fue impulsada, por la relación cercana con David Korenfeld, exdirector de la Comisión Nacional del Agua, y con quien estableció una relación cercana a través de la poderosa comunidad judía.

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna “Estrictamente Personal” publicada el 28 de marzo de 2017 en Eje Central, Seguritech fue creada en 1996 por Picker, como una empresa modesta que operaba en la CDMX y el Edomex, y en 10 años pasó a convertirse en proveedora de al menos 20 estados del país en donde ha instalado la mayoría de los C2, los C4 y los C5, todos centros de vigilancia, monitoreo y control de comunicaciones que operan en las principales ciudades del país.

“Picker se relacionó con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y con varios miembros de su equipo. El más conocido es David Korenfeld, exdirector de Conagua, que fue quien lo impulsó a la diversificación de negocios de Seguritech al entregarle contratos hidráulicos. Korenfeld fue más que eso, dijo uno de los que los conocen, porque a través de él Peña Nieto, como gobernador y después como presidente, estableció una relación directa con la poderosa comunidad judía en México. Picker gozaba de la confianza de Peña Nieto y su equipo cercano”, escribió Riva Palacio en su columna.

Como socios de Seguritech, junto con Picker, aparecen Gonzalo Miguel Adalid Mier, socio fundador y Alicia Rebolledo Terrazas, notaria pública de Veracruz y ajena al sector de seguridad o tecnología, aparece como propietaria del 19%. En 2010, The New York Times publicó que Gonzalo Miguel Adalid Mier, socio fundador de Seguritech y entonces jefe de la policía en San Pedro Garza García, en la administración del alcalde Mauricio Fernández, estuvo al mando de una corporación cuyos elementos fueron acusados de colaborar con el cártel de los Beltrán Leyva, facilitando operativos y utilizando vehículos oficiales a favor de la organización criminal. Adalid Mier fue removido del cargo y no volvió al sector público. El periodista Jorge Alejandro Medellín lo describió como “un personaje de trayectoria opaca, involucrado en proyectos fallidos de paramilitarización de la seguridad pública mediante estructuras paralelas de mando”.

Reportes de la prensa estadounidense indican que a algunos socios de Seguriteh les fue cancelada su Global Entry, lo que llevaría a indicios de investigaciones financieras transfronterizas de las autoridades de EU. La empresa con la que hoy se asocia al exgobernador Diego Sinhue, a través de su operador Daniel Esquenazi, hoy concentra la mayoría de los centros de comando e inteligencia en las principales ciudades de México, justo algunas de las cuales han sido objeto de hackeo o robo de información por parte del narcotráfico, como recientemente reportó el FBI, sobre el hackeo a sistemas de videovigilancia de la CDMX que permitieron a un hacker informar sobre la ubicación y el rastreo de un funcionario del FBI.

De acuerdo con un informe del Departamento de Justicia, en 2018, el Cártel de Sinaloa contrató a un hacker para seguir y rastrear al Agregado Legal Adjunto del FBI para lo cual utilizó la red de cámaras de videovigilancia de la capital operadas desde el C5. “Según el FBI el hacker también utilizó para seguir al Agregado Legal del FBI por la ciudad e identificar a las personas con las que se reunió. Según el agente del caso, el cártel utilizó esa información para intimidar y, en algunos casos, asesinar a posibles fuentes o testigos colaboradores”, dice el informe del gobierno estadounidense.

A pesar de esas deficiencias operativas documentadas por el Departamento de Justicia, la empresa Seguritech sigue recibiendo millonarios ingresos por los contratos que mantiene en CDMX y en varios estados más, lo que se explica, más alá de sus servicios, también en buena parte por los vínculos políticos y de negocios que, como en el caso del panista Sinhué y su “Casa Gris” en Houston, ha sido documentado por el reportaje periodístico de PopLab y Connectas.

Y si bien el millonario negocio de la seguridad, que llevó a García Luna a convertirse en multimillonario, que hizo al gobierno de Peña Nieto encumbrar a una empresa privada que hoy controla la mayoría de los centros de inteligencia y mando en la República, y que ahora aflora en la mansión de lujo en la que vive la familia del exgobernador panista Diego Sinhue, empezó en los gobiernos del PRI-AN y hasta en los del extinto PRD, hoy claramente, en la 4T y en la administración de la presidenta Sheinbaum, ese negocio sigue siendo rentable y jugoso, tanto para los empresarios privados como para los gobernantes de cualquier color partidista.

NOTAS INDISCRETAS… El sábado por la noche y con el apoyo de Movimiento Ciudadano, la mayoría de Morena en el Senado aprobó la polémica Ley de Telecomunicaciones con algunos cambios que sugirió la oposición al artículo 109 para evitar la censura en plataformas digitales y la creación de una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que supervisara las decisiones de la poderosa Agencia Digital a cargo de José Merino. Al final, si bien había negociaciones entre Morena y el PAN para que se eliminaran otras partes peligrosas de la nueva ley, la mayoría oficialista se negó a cambiar la facultad que se le otorga a la citada Agencia Digital para geolocalizar equipos de telefonía móvil en tiempo real y sin orden judicial, además de que mantuvieron intacta la facultad que tendrá el gobierno de suspender o cortar transmisiones de medios de comunicación, Radio y TV, cuando las autoridades decidan que hay una violación legal que lo amerite y sin dar aviso previo a las empresas de comunicación. Es decir, que si bien la oposición, había reconocido la apertura del gobierno de Morena para modificar las partes más cuestionadas de la citada reforma, al final, según denunció Ricardo Anaya en tribuna el sábado, no se quisieron eliminar el tema de la localización de teléfonos sin orden judicial y la interrupción de transmisiones de medios cuando lo decida el gobierno, y eso fue atribuido por el panista a una negativa tajante de José Merino. Es decir, que la Ley de Telecomunicaciones, que ahora pasará al Senado, fue mejorada sí y se le quitó parte del contenido que la volvía una ley censora para los medios y las redes sociales y plataformas digitales, pero al final el tufo autoritario de que el gobierno puede espiar a cualquier ciudadano y localizarlo a través de su móvil, sin necesidad de la orden de un juez, junto con la facultad de bajarle el swicth a televisoras o radiodifusoras que incomoden o molesten con su crítica, se mantuvo intacta. Y es casi un hecho que esta misma semana, mañana mismo quizás, se apruebe la reforma en la Cámara de Diputados. Así que, con todo y “arreglos” y “maquillajes” no sólo en las leyes, sino en el discurso, la censura y el control del gobierno de la opinión pública, avanzan a pasos agigantados en el actual régimen autoritario… Dicen que nadie mejor para atacar a una mujer que otra mujer y eso es lo que han detectado en la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, cuya titular, Mónica Durán Chávez, ha estado siendo objeto de campañas mediáticas y en redes sociales en donde la presentan como una persona prepotente, agresiva e incompetente. Según la versión que dan en esa secretaría, del gobierno de Delfina Gómez, los ataques contra la titular de las Mujeres provienen de problemas laborales en su dependencia y están directamente vinculados a una exfuncionaria del gobierno de Alfredo del Mazo que fue despedida con la llegada de la nueva administración y que, con el argumento de defender los derechos laborales de los trabajadores de la dependencia, ha armado toda una estrategia para acusar y señalar de violencia y de maltrato laboral a la secretaria Durán Chávez. Hasta ahora no hay una sola denuncia contra la titular de la dependencia ni se le ha comprobado una actuación indebida, pero cada seis meses, cuando se vence el contrato semestral por el que están contratados los trabajadores de la Secretaría de Mujeres, vuelven a aparecer cuestionamientos y críticas a la funcionaria en un periódico de Toluca. Como decía aquel slogan de una obra de teatro: “entre mujeres podemos despedazarnos pero jamás nos haremos daño”. Y al parecer también saben hacerse daño cuando así lo deciden… A propósito de mexiquenses, el expresidente Enrique Peña Nieto, que sigue radicando en España, salió a defender su fallido proyecto del NAIM, que fuera cancelado y abandonado en el gobierno de López Obrador, con el argumento de corrupción y negocios inmobiliarios para políticos y empresarios. “Se ha dicho que era faraónico, que hubo malversación de recursos, pero a la postre no ha quedado acreditado, ni probado ni evidenciado, que haya habido un manejo no acorde con las mejores prácticas en términos de transparencia y combate a la corrupción”, dice Peña Nieto en una entrevista en video que concedió para el documental sobre el NAIM que acaba de publicar el Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Y mientras el expresidente hablaba, aquella figura que dibujó en la tierra del antiguo lago de Texcoco una figura antropomorfa en donde se asentaría el nuevo aeropuerto que prometía ser de primer mundo y hasta un Hub para carga y pasajeros que compitiera con los aeropuertos más grandes y modernos del mundo, ahí sigue deteriorándose y de vez en cuando anegándose las aguas que llegan al viejo lago en donde no hubo ni aeropuerto ni parque y sólo los vestigios de uno más de los dañinos caprichos del expresidente López Obrador… Los dados mandaron Doble Escalera. La semana promete.

Lo que se juega la 4T en el caso contra Salinas Pliego

El pleito del gobierno federal contra el empresario Ricardo Salinas Pliego está en uno de sus niveles máximos, a punto de explotar, con desenlaces impredecibles por lo delicado del asunto: un presunto adeudo fiscal multimillonario que ha ido aumentado muy rápidamente –pasó de 11 mil millones de pesos a 74 mil millones, según las administraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual mandataria Claudia Sheinbaum– y un magnate que al parecer está dispuesto a todo para evitar un doble pago, o lo que considera abiertamente como “un robo”. El tamaño de la disputa es inédito. En juego está la tercera fortuna más grande del país y, por el otro lado, el movimiento de la 4T y el legado Sheinbaum, además de que el tema podría trascender las fronteras mexicanas.

La relación entre Ricardo Salinas Pliego y el expresidente y fundador de la llamada 4T, Andrés Manuel López Obrador, era buena al inicio del gobierno pasado. Tanto así que el exmandatario aceptó la propuesta del magnate de crear un Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia en el que participarían algunos de los hombres de negocios más cercanos al político tabasqueño, entre ellos el propietario de Grupo Salinas.

Las cosas comenzaron a enturbiarse cuando desde el Servicio de Administración Tributaria, encabezado entonces por la ahora secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, y la Procuraduría Fiscal se comenzó a perseguir a particulares, principalmente a empresarios y sus corporativos con juicios fiscales pendientes. A punta de órdenes de aprehensión y mensajes de rudeza desde la Presidencia de la República, el gobierno empezó a recaudar dinero: 8,290 millones de pesos de América Móvil, 8,079 millones de Walmart de México, 8,790 millones de Femsa, 4,500 millones de Minera Fresnillo, 2 mil millones de Grupo Modelo, 669 millones de IBM México y así otras más.

En varios casos, el gobierno federal no pudo recuperar el dinero y emitió órdenes de aprehensión contra los empresarios. Uno de los casos más sonados fue el de Interjet, de la familia Alemán, contra quienes se abrieron juicios penales, a pesar de que uno de ellos, Miguel Alemán Magnani, formaba parte del Consejo Asesor Empresarial del entonces presidente López Obrador.

Con Ricardo Salinas Pliego, además de los temas fiscales, se abrieron otros frentes con el gobierno: la crítica férrea por la política educativa, la corrupción, el dispendio de recursos públicos en proyectos de infraestructura con muchas irregularidades operativas, contractuales y financieras, entre otros pleitos de corte ideológico y personales. Desde entonces, la relación lucía como irreparable, y con el paso del tiempo esa teoría se ha confirmado: es prácticamente imposible un acuerdo como el que en su momento le planteó el expresidente López Obrador al empresario Salinas Pliego, pero que el primero incumplió, a decir del empresario.

La revuelta del gobierno contra el Grupo Salinas ha sido explosiva: De adeudar unos 11 mil millones de pesos, un año después, en marzo 2024, el SAT informó que el conglomerado ya debía 63 mil millones, derivado de 17 juicios fiscales correspondiente a los años 2008‑2018. Durante el primer gobierno federal de la 4T se emitieron créditos adicionales por 10 mil millones. Desde entonces, López Obrador presionó al Poder Judicial a emitir una respuesta, pero el caso fue heredado al gobierno de Sheinbaum, quien en diciembre pasado aseguró que Salinas Pliego “va a tener que pagar los impuestos que debe”. “La justicia llega”, agregó. La noticia más reciente se dio la semana pasada, cuando a través de la Procuraduría Fiscal se exhibió que Grupo Salinas debe aún más dinero: 74 mil millones de pesos, para lo que solicitó expresamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva los casos y que si no sería la próxima SCJN, que entrará en funciones en septiembre, la que lo haría.

El choque de trenes está por suceder. Salinas Pliego, con sus empresas y sus 20 millones de clientes está dispuesto a enfrentarse con la Presidenta y con todo el Estado Mexicano, que, en el contexto y coyuntura actual, podría perder mucho más de lo que ganaría, sobre todo si en su afán de obtener el dinero del Grupo Salinas decide girar órdenes de aprehensión, retirar concesiones públicas o intervenir empresas. Sería contraproducente para el gobierno, por ejemplo, quitarle la concesión a TV Azteca, por el mensaje que enviaría al mundo (un paso que ni siquiera se atrevió a dar a AMLO), y ni qué decir del Banco Azteca, Totalplay o cualquiera de las otras empresas del grupo. El gobierno estadounidense parece estar también muy vigilante del desenlace de este pleito. Hay mucho en juego para el gobierno de Sheinbaum.

Posdata 1

El caso de Alfonso Romo y su casa de bolsa Vector está cada vez más pantanoso. Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, vía el FinCEN y bajo la ley antidrogas FEND Off Fentanyl Act, identificó a Vector como “entidad de primaria preocupación por lavado de dinero” por facilitar flujos a cárteles como el de Sinaloa, el CJNG y el del Golfo, y operar pagos a China para adquirir precursores de fentanilo, la institución ha recibido decenas de solicitudes para retirar sus inversiones o trasladarlas a otra casa de bolsa. De por sí Vector ya venía con grandes problemas financieros, despidos masivos de empleados, y con acusaciones de lavado de dinero por parte de bancos estadounidenses, ahora el panorama parece ser inevitable la quiebra.

Sin embargo, ese quizá sea el menor de sus problemas. Está por verse cómo va a terminar la intervención administrativa que hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la mano de la Secretaría de Hacienda, y sobre todo la acusación del gobierno de Estados Unidos. Los 40 millones de dólares que, según el FinCEN, habrían sido canalizados por Vector a las cuentas del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, abren toda una caja de pandora sobre uno de los funcionarios y hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. El trasfondo político es explosivo y puede llegar hasta el exmandatario.

Un ingrediente adicional es Adalberto Palma Gómez, quien fue presidente de la CNBV de diciembre 2018 a marzo 2020 y, tras dejar el cargo, se incorporó al gabinete de inversiones de Alfonso Romo en la Oficina de la Presidencia de AMLO. Su vínculo con Vector Casa de Bolsa fue a través de Unifimex, asociación que agrupa a casas de bolsa, entre ellas Vector, la cual presidió hasta marzo del 2025.

En su rol como presidente de Unifimex (Unión de Instituciones Financieras Mexicanas), Palma Gómez representó a la casa de bolsa fundada por Alfonso Romo, por lo que ejerció, entre otras cosas, funciones de cabildeo en favor de los intereses de Vector. Es decir que quien se supone que debía supervisar la actuación de las casas de bolsa, incluida la de su amigo, Poncho Romo, no sólo no hizo bien su trabajo, sino que después se fue a trabajar con él, cabildeando y viendo por los intereses de Vector. Un verdadero escándalo.

Posdata 2

Otra escándalo que sacude a la llamada 4T son los nombramientos para ocupar cargos internacionales de dos exfuncionarios que fueron protagonistas del deterioro del sector salud del país durante el sexenio pasado, que llevó a la falta de medicamentos y la muerte por exceso de cientos de miles de personas en la crisis del Covid-19,

La semana pasada, el extitular del fallido Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar), Juan Antonio Ferrer, fue ratificado por el Congreso como el nuevo embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), mientras que trascendió que el exsubsecretario de Salud del gobierno de López ObradorHugo López-Gatell, encargado de establecer las políticas de salud durante la pandemia, será el próximo representante de México ante la Organización Mundial de Salud (OMS). La noticia la reveló otra de las exfuncionarias más cuestionadas de la pasada administración, la extitular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, aunque ni la Secretaría de Salud ni el Senado han confirmado tal nombramiento.

¿Por qué la Presidenta Claudia Sheinbaum aceptaría o designaría tales cargos, sobre todo porque ahora su gobierno ha tenido que enfrentar críticas y reclamos públicos sobre la mala situación del sector salud público y el desabasto de medicamentos?

De López-Gatell basta decir que durante su gestión, y como encargado de gestionar la estrategia para enfrentar la pandemia del Covid-19, el promedio de muertes en México fue de 788 mil, lo que implica un subregistro cercano al 60‑70%.

La cifra oficial que se reportó fue de 335 mil muertes, pero el subregistro elevó el número real a cerca de 788 mil. En términos absolutos, México se situó entre los cuatro países con más muertes por Covid-19.

Y sobre Ferrer basta decir que el Insabi, que inició funciones en enero de 2020 y fue eliminado oficialmente en abril del 2023, fue un rotundo fracaso. La combinación de mala planeación, inexperiencia, financiamiento insuficiente, irregularidades en compras y desabasto generalizado explican el fracaso estrepitoso de dicho organismo. Y ahora, como si fuera un premio, a Ferrer lo mandan a vivir a París.

Posdata 3

En el ISSSTE, que encabeza Martí Batres, se registran muchas irregularidades en la adjudicación de contratos. Un ejemplo de ello es la forma en la que se otorgaron dos partidas por más de mil millones de pesos a las empresas Ocram Seyer-Wilk. Se trata del concurso LA-51-GYN-051GYN005-N-33-2025, correspondiente al servicio especializado de aseo, higiene y desinfección en unidades médicas, el cual fue firmado por Sofía Maldonado Hernández, a pesar de que sus poderes de representación legal habían sido revocados desde el 10 de junio de 2024, según consta en el Registro Público de Comercio de la CDMX. De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, esta omisión invalida el contrato firmado en 2025 y debería motivar su nulidad.

En su lugar, Gabriel Rosas Rivera fue nombrado nuevo administrador único, y Sonia Ferreira Álvarez fue designada comisaria. Aun así, el contrato fue firmado por una persona que ya no contaba con personalidad jurídica vigente, lo que constituye una violación legal grave. Es posible que la Unidad de Administración y Finanzas, encabezada por Omar Butrón Fosado, no haya detectado la revocación de poderes; sin embargo, conforme a la ley de compras públicas esta omisión representa una falta seria al no haberse acreditado debidamente la representación legal de la empresa contratista.

Ocram Seyer-Wilk ha sido denunciada por sus propios empleados subcontratados en hospitales del ISSSTE y del IMSS, quienes habrían reportado impagos sistemáticos, falta de prestaciones, despidos por exigir sus derechos, escasez de insumos y equipo, así como condiciones laborales precarias en general.

Golpes bajo la línea de flotación

El régimen que instauró Andrés Manuel López Obrador y está consolidando Claudia Sheinbaum está hecho bolas en sus contradicciones e inconsistencias, atrapado en la trampa que contribuyó a cavar. Ambos festejaron acusaciones en Estados Unidos sin pruebas ni evidencias, porque les beneficiaban. Pero al utilizarse el mismo recurso para imputar a los suyos, como sucedió la semana pasada cuando el Departamento del Tesoro acusó a Vector, la casa de bolsa ligada a Alfonso Romo, de lavar dinero para los cárteles de las drogas, la presidenta no sabe cómo salir. Terminó una pésima semana para Sheinbaum frente a Estados Unidos, pero hoy inicia una más, donde nadie sabe si el gobierno de Donald Trump volverá a la carga, le pondrá un bálsamo, o le regale unos días de respiro para recomponer su figura.

El gobierno de Trump le dio un golpe contundente al régimen al vincular por primera vez al Cártel de Sinaloa con un funcionario del círculo íntimo del expresidente López Obrador. Romo, que durante años fue el enlace y recaudador de fondos para López Obrador con el sector privado, fue recompensado con la jefatura de la Oficina de la Presidencia al arrancar su sexenio. Vector Casa de Bolsa, que compró y sigue siendo parte de un grupo de empresas del que es presidente honorario, fue imputada de haber lavado dinero del crimen organizado y facilitado el tráfico ilegal de fentanilo de China a Estados Unidos.

Sheinbaum intentó una batalla pírrica para neutralizar la acusación, utilizando los mismos recursos de su antecesor: negó todo, lanzó campañas en las redes sociales para desviar la atención, e incluso, pese a que durante meses se deslindó del debate sobre el pago de impuestos del empresario Ricardo Salinas, aduciendo que estaba en la cancha de la Suprema Corte de Justicia, le dedicó el viernes un largo espacio en su mañanera, y 10 láminas sobre su ingeniería financiera. No valió de nada. La relación Romo-López Obrador sigue en el centro de la conversación pública y ese vínculo ha sido destacado en la prensa internacional.

Sheinbaum se ha quedado sin palabras persuasivas. Las que repite casi todos los días, se han vuelto un galimatías que deja cejas levantadas. ¿Alguien puede explicar cómo lanzó un discurso sobre soberanía, independencia, acompañada de la frase trillada de que “a México se le respeta”, como reacción al Departamento del Tesoro, cuya acusación fue a tres instituciones privadas? Sin embargo, no fue su única salida fallida en la semana donde agarraron a su gobierno de punching bag.

A una pregunta sobre el peligro de Irán para Estados Unidos en una audiencia en el Senado, Pam Bondi, la fiscal general que fue parte del equipo legal de Trump cuando el gobierno de Joe Biden lo quiso meter a la cárcel, respondió que ese país, como Rusia, China y México, eran “adversarios” de Estados Unidos. Sheinbaum respondió que estaba mal informada, y para demostrarlo, su gobierno difundió un comunicado sobre el encuentro de los secretarios de la Defensa y la Marina con el jefe del Comando Norte una semana antes. Aunque Bondi resultó no ser la desinformada: tras esa reunión, el Comando Norte agregó dos zonas bajo control militar cerca de la frontera con México, en Texas y Arizona, contra la migración indocumentada y el tráfico de fentanilo.

Cuando Sheinbaum defendió a las instituciones financieras imputadas, aseguró que no había pruebas y que por la misma razón, en el primer mandato de Trump, tuvo que liberar al general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa, acusado de recibir sobornos del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. En realidad, al general no lo liberaron por falta de pruebas, sino, como dijeron los fiscales que llevaban su caso, por razones políticas –un ultimátum de López Obrador de que o lo liberaban, o cortaría toda la cooperación en materia de seguridad, que de cualquier forma hizo–, pero que no cancelarían la investigación.

Lo que ha alegado Sheinbaum a favor del general y las tres instituciones financieras, es lo contrario a lo que dijo sobre el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado y sentenciado a partir de los testimonios de los criminales a los cuales encarceló, que no aportaron ninguna prueba a sus dichos, que se contradijeron y cometieron perjurio. A él, condenado con los mismos alegatos endebles empleados contra Cienfuegos y Romo, la presidenta lo juzgó. Ahora grita injusticia ante lo que está pasando.

Negar siempre lo que afectaba su narrativa y cuestionaba al gobierno resulta en todos los casos, salvo cuando se trata de temas relacionados con el narcotráfico y señalamientos que involucran a las figuras del obradorismo, que es lo que sucedió con los golpes repetidos de la semana pasada. No sólo pegaron debajo de la línea de flotación, sino que colocó en el centro del escenario a López Obrador, por la vía de Romo y Vector. El gobierno quiso blindar a Vector, pero no pudo. No lo incluyó en el primer anuncio de la Secretaría de Hacienda que había intervenido a CIBanco e Intercam, bajo el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito que no se aplica a casas de bolsa, pero se vio forzado a actuar también contra Vector, bajo la Ley del Mercado de Valores.

La vinculación de López Obrador con Romo y el señalamiento que lo liga con el Cártel de Sinaloa, sea cierto o no, pegó en el núcleo duro de la cuatroté. La maquinaria de propaganda del régimen, que maneja Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial y actual coordinador de asesores de la presidenta, se enfocó en la relación entre García Luna y Vector –una estupidez estratégica que se mostrará en este espacio–, y en un nacionalismo acartonado que se convirtió en búmeran. Lo más significativo, el mini editorial de La Jornada en su contraportada, Rayuela, que apuntó el jueves: “Todo lo que hay que hacer –posible o imposible– con tal de quedarse Estados Unidos con el negocio del narcotráfico en México”. La traducción empírica sería: el negocio no es de Estados Unidos sino del gobierno de México. Parecería que sí, aunque en realidad no lo sea.

Vigilancia sobre usted

NO ES POR AMARGARLE el desayuno, pero… ¿ya se enteró que vivimos en un país donde el gobierno puede espiarlo legalmente mediante el GPS de su celular? Y no es ninguna exageración o interpretación: es textualmente lo que aprobó el Congreso el fin de semana.

SON PARTE DE LAS FACULTADES que se han otorgado a la poderosa Secretaría de Seguridad Ciudadana que en su descargo alega que de ninguna manera la intervención de comunicaciones privadas puede ocurrir sin autorización o control judicial, tal como mandata la Constitución.

LA OPOSICIÓN reclamó que no sólo es manga ancha, sino abierta la posibilidad de intervención ilegal en comunicaciones privadas. Y dado que los nuevos jueces no ejercerán contrapeso al Poder Ejecutivo, los riesgos están latentes. De ahí que le llamaron Ley Espía.

COMO QUEDÓ en la letra de la ley, el gobierno federal puede consultar toda la información sobre usted sin tener que pedirle permiso y tampoco requeriría de la autorización de un juez. Todos los datos sobre usted serán de acceso libre para las autoridades: información biométrica, fiscal, médica, financiera, registral, telefónica y hasta de geolocalización.

LA VIGILANCIA sobre usted y los suyos será usando bases de datos públicas y privadas, en tiempo real y sin filtros. Y ojo: esto aplica para cualquier persona, sea o no sospechosa de algún delito. Así que si a partir de hoy se siente usted vigilado, está en lo cierto.

A PROPÓSITO de pulsiones autoritarias, en Estados Unidos la Suprema Corte de Justicia eliminó uno de los pocos balances que existían ante el poder de Donald Trump. En una decisión contraria a la tradición judicial de ese país, la Corte decidió que la orden de un juez federal ya no puede frenar las decisiones del Ejecutivo a nivel nacional.

CUALQUIERA PENSARÍA que los “justices” de la Suprema Corte llegaron al cargo por medio de un acordeón.

RESULTA SIGNIFICATIVO el papel de México en el pontificado de León XIV. En menos de dos meses, el nuevo Papa ya nombró un mexicano como el coordinador de viajes, José Nahúm Jairo Salas Castañeda, y el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo, se integró al Dicasterio de la Vida Consagrada y ayer en la fiesta de San Pedro y San Pablo formalizó los nombramientos de tres arzobispos: Jaime Calderón, de León; Óscar Roberto Domínguez, de Tulancingo, y Francisco González, de Tuxtla Gutiérrez.

APARTE de las cuestiones religiosas, estos movimientos repercutirán en las sucesiones venideras en las dos plazas más cotizadas: la de Guadalajara y la Arquidiócesis Primada de México. Cosa de recordar que los cardenales Francisco Robles Ortega y Carlos Aguiar Retes ya superan los 75 años, por lo que es inminente su relevo. ¡Sea por Dios!

El Big Brother del Bienestar y un indultado

Cómo olvidar cuando los hoy morenos, siendo oposición, condenaron y hasta se rasgaron las vestiduras por el uso de Pegasus, y denunciaron la intromisión del Estado en la vida privada del ciudadano, pues decían amenazaba directamente sus derechos humanos.

Tres Doritos después

Hoy, siendo ellos el régimen en el poder, aprobaron una ley que institucionaliza –inhalen y exhalen– que nos pueden espiar a todos, sin controles judiciales, sin transparencia y sin defensa legal alguna.

Sí, la llamada ‘Ley de Inteligencia’ marca el mayor retroceso en libertades civiles desde la transición democrática mexicana.

De Pegasus al Big Brother del Bienestar

El caso Pegasus, en 2014, sacudió a México al revelarse el quesque uso ilegal del software sin prueba alguna, y menos aun contundente, el cual fue adquirido por la PGR. El contrato fue firmado por Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal; Vidal Díaz Leal Ochoa, del Cenapi, y otros funcionarios. La compra fue financiada con recursos de la partida 55102 para “equipos de seguridad pública y nacional”.

Inhale y exhale

(Especial)

La reciente aprobación de la ‘Ley de Inteligencia’ permite al Estado acceder a información biométrica, financiera, médica, académica y de telecomunicaciones de cualquier ciudadano, sin orden judicial ni notificación.

O sea, lo que antes era ‘corrupción institucional’, hoy se ha transformado en política pública. ¡Quihúboles, con su doble moral!

Los dichos de ayer, los hechos de hoy

En 2017 y 2018, legisladores de Morena acusaban al gobierno de EPN de violar la Constitución por espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Denunciaban que Pegasus era un arma contra la disidencia y exigían la creación de una comisión investigadora.

“El Estado no puede vigilar sin control judicial. Nadie debe ser espiado sin causa ni orden de un juez”, decían entonces.

Hoy, esos mismos actores han promovido una ley que elimina todo control previo, legaliza el acceso a datos personales y castiga a quien se niegue a entregar esa información. En castellano, institucionalizaron el espionaje por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin filtros, sin aviso, sin límites; ¡ah, pero cómo decían que Harfuch era diferente! En el régimen todos se igualan.

Violaciones a derechos y desmantelamiento del Estado de derecho

Esta ley viola los principios del derecho internacional y nacional: el derecho a la privacidad, el debido proceso, la protección de datos personales y la presunción de inocencia.

Fuerte doble

Institucionaliza la sospecha como política de Estado. La ciudadanía, sí, léase cualquier ciudadano de a pie, está sujeta a vigilancia permanente sin defensa jurídica alguna.El marco normativo que protegía la intimidad, en los tiempos de los neoliberales, sí del PRIAN, ha sido sustituido por un sistema de control, donde el Ejecutivo, Sheinbaum, acumula facultades sin contrapesos. Se consuma el desmantelamiento del Estado de derecho bajo el amparo del discurso de ‘seguridad’.

Un precedente autoritario

Esta ley no es una acción aislada. Se inscribe en un patrón: primero fue la desaparición del Inai, luego la captura institucional del Poder Judicial mediante amenazas y carpetas contra jueces, como se evidenció en el caso Pegasus, y ahora, la imposición de una norma que permite al gobierno acceder a todos los datos personales sin rendición de cuentas.

Fuerte a pico de botella

Lo hicieron en nombre de la seguridad. Lo que se llevaron fue la libertad.

En 2014, la PGR adquirió Pegasus por más de 32 mdd y a pesar de que nunca se probaron judicialmente abusos sistemáticos, Pegasus se convirtió gracias a los hoy morenos en el símbolo de la intromisión ilegítima del Estado en la vida privada.

Agárrense

Pues más de una década después, hace sólo unos días, en junio de 2025, la jueza federal Alejandra Domínguez Santos resolvió que la adquisición de Pegasus no había sido ilegal, al estar respaldada por la Ley de Seguridad Nacional.

La decisión fue respondida por la FGR con represalias: le abrió una carpeta de investigación a la jueza, acusándola de entorpecer la justicia. ¡Ver para creer!

Este episodio evidenció la creciente politización del sistema judicial: cuando una resolución no favorece al gobierno, la reacción es el descrédito o la amenaza institucional.

Redoble de tambores

La ‘Ley de Inteligencia’ deja claro que la vigilancia, antes condenada, es ahora política de Estado.

Aprovechando, un trago a pico de botella

Por qué la FGR se la pasa persiguiendo a propios y extraños menos a Emilio Lozoya Austin, hoy cliente frecuente del restaurante Masa House Sushi, en las Lomas, a pesar de haber sido acusado el 9 de marzo de 2023, a la 1:27 pm, por el fiscal Manuel Granados, en la audiencia 13 en la sala 1 del Reclusorio Norte, por cohecho y, junto con su mami Gilda, de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)? Ojo, secretario Marco Rubio y subsecretario Landau, Embajada EU.

(Especial)

¿Será que hay un nuevo acuerdo de impunidad entre la FGR y Lozoya? ¿Será que se sienten inseguros, porque la carpeta de investigación está perfectamente mal hecha, de ganarle a este criminal confeso?

¿Se dan cuenta del mensaje que le permiten mandar al volverse a pasear como si nada por Las Lomas con la novia del momento?

Increíble que la única sentencia firme (porque lo está) sea la de mi denuncia por daño moral vs Lozoya.

Increíble que la SCJN no le haya puesto punto final tras el frívolo recurso que interpuso para no ser sentenciado.

¿Creen que no nos damos cuenta de que el asunto contra Lozoya lo metieron a la congeladora? Convirtiéndolo del ícono de la corrupción con EPN ¡al ícono de la impunidad! México, un país de total impunidad.

Si se fue a la cárcel fue por la foto del Hunan donde evidencié el pacto entre este criminal la fiscalía y la 4T.

Hasta hoy soy la ÚNICA persona que he persistido casi cinco años por lograr una sentencia contra él.

La FGR ni de lejos lo ha logrado ni lo logrará porque, a diferencia mía, ellos pactaron con un criminal para armar un invento y Lozoya les sabe toda esa trama, y pienso esa es su garantía.

Presidenta Sheinbaum: Que pague Lozoya y que paguen aquellos que pactaron con él el caso de Odebrecht. Usted sabe quiénes son.

A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas.

Ahí están los casos de Murillo Karam y Tomás Zerón perseguidos porque así le conviene al régimen de la 4T.

Derechos, bajo acoso institucional y criminal

La llegada de Morena al poder no se entiende sin la capacidad que tuvo de articular apoyos de colectivos, comunidades y liderazgos locales. Desde el territorio, asumió la agenda de pobres y olvidados, de víctimas de injusticias, incluidas las de acoso gubernamental.

A 10 años de la irrupción morenista en las urnas, el panorama de los derechos humanos no luce a la altura de las promesas: hay alarmantes casos de violencia en contra de activistas y líderes comunitarios, y aires que despiden tufo a regresión.

Mientras el Congreso obradorista apura leyes que empoderan a la izquierda, dizque heredera de la que fue perseguida por policías políticas, sucesos exhiben que Morena no ha sabido proteger a defensores de agendas que, decían los guinda, eran su leitmotiv.

El lunes, la organización EQUIS Justicia para las Mujeres denunció que sus instalaciones habían sido allanadas. La ONG subrayó que los delincuentes despreciaron algunos objetos de valor y sólo sustrajeron equipos “con información sensible y estratégica”.

Aclararon que no descartan un hecho de delincuencia común, pero al demandar justicia a las autoridades capitalinas subrayaron que el incidente “pone en riesgo la integridad de quienes formamos parte de EQUIS, así como de las colectivas y OSC con las que trabajamos”.

Días después, la Red todos los Derechos para Todas y Todos denunció que la oficina de Ciarena A.C., en Oaxaca, fue allanada. Red TDT demandó protección para Silvia Pérez Yescas, quien ya había sufrido meses atrás un allanamiento domiciliario, y para su equipo.

Ya en el poder, Morena ha tenido relaciones conflictivas con liderazgos comunitarios. Uno de los más visibles por la inconformidad ante la falta de justicia en el asesinato de Samir Flores, en febrero de 2019, quien encabezaba la lucha en contra de una planta de la CFE en Morelos.

Encima, la llegada de Morena a gobiernos de entidades como Oaxaca no ha significado condiciones distintas para los liderazgos comunitarios, como lo consignó en febrero La Jornada, al señalar que es “el estado más peligroso para organizaciones sociales y activistas”.

Tres semanas después, el mismo diario reportó, como una confirmación del deterioro oaxaqueño, “el homicidio del activista Cristino Castro Perea, de 63 años, perpetrado en el municipio de Santiago Astata”, quien contaba con “protección” de la Segob.

Porque salvo cierta apertura de Gobernación hacia las madres buscadoras, la sociedad civil vive con Claudia Sheinbaum la misma hostilidad que con AMLO. Y hay quien teme que la discrecionalidad de la nueva ley antilavado se use para fiscalizar aún más a las ONG.

Sólo por si hiciera falta enfatizar la indolencia oficialista, cabe mencionar las declaraciones de Rosario Piedra Ibarra de la semana pasada, cuando dijo que colectivos de buscadoras (que en público han pedido su renuncia a la CNDH) “están contentos” con ella.

Sheinbaum ha permitido un ambiente político donde los gobernadores de Puebla y Campeche se sienten autorizados para promover iniciativas o denuncias judiciales en contra de periodistas. Igualmente, uno donde ciudadanos son obligados por políticos a “disculparse”.

Los tiempos recios de la censura oficial tocan a la puerta de la mano de la primera presidenta mujer de México. ¿Volverán también la impunidad en allanamientos, atentados y singulares “robos” a activistas y opositores, como antaño? Es pregunta.

La presidenta no parece dimensionar que su tolerancia al acoso a las libertades por parte de morenistas pudrirá la convivencia. Se generará así un ambiente en donde intereses criminales se sentirán cómodos para pasar a los hechos.

Esa permisividad antiderechos significaría no sólo una renuncia a su deber como gobernante, sino traicionar ciertas causas que explicaban su arribo al poder.

No dejes todo en nuestras manos

Tras la aprobación el fin de semana de la Ley de Telecomunicaciones, que desaparece al IFT y a la Cofece, y la inevitable aprobación el martes de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia (Ley Espía, la apodan los antagonistas), el plan C de los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum quedará prácticamente redondeado. El oficialismo ha ignorado las observaciones de los opositores por 10 meses. Parafraseando a nuestros clásicos, para la 4T no hay más ruta que la suya. La oposición derrotada y enclenque ha quedado circunscrita a estériles demostraciones simbólicas. Algunas interesantes, otras, enternecedoras, como la del presidente del PAN, Jorge Romero, quien en un desesperado video por la imparable concreción de la Ley Espía, que “convertirá tu celular en una herramienta de espionaje”, le pide al ciudadano que se mueva en las redes sociales y “¡no dejes todo en manos de los partidos de oposición”. Imagino las carcajadas de los morenistas y aliados. Y de no pocos ciudadanos, comenzando por Movimiento Ciudadano, que en plena semana de aprobaciones al vapor en periodo extraordinario, puso a circular un spot para presumir cómo, según ellos, hicieron trizas al PAN y al PRI en las elecciones locales de hace un mes. De ahí mi duda de a qué manos se referirá Romero.

Director: Juan Luis Parra

Hermosillo, Sonora.

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