Claudia Sheinbaum llega a su primer encuentro con los banqueros y banqueras como presidenta de México. Este jueves, la mandataria inaugurará los trabajos de la Convención Bancaria número 88, junto al secretario de Hacienda, Edgar Amador, a quien hace unas semanas le pidió un acuerdo con el sector financiero para reducir las tasas de interés.
Pues bien, este día se firmará un acuerdo entre el gobierno federal y la Asociación de Bancos de México para impulsar el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, con el cual se flexibilizan las políticas de las instituciones para otorgar créditos y también se anunciará una estrategia para que las tasas sean más bajas, o “competitivas”, como prefieren llamarlo los jugadores del sector.
El año pasado, Sheinbaum fue a la Convención Bancaria en su calidad de candidata a la Presidencia. Durante su participación, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a los banqueros para tener “buenas relaciones en los próximos seis años”, y dijo que, si bien habrá algunas cosas en las que no estén de acuerdo, se debía trabajar en el desarrollo con bienestar.
Sheinbaum aprovechó esa ocasión para presentar los 13 polos del bienestar que pretende implementar durante su administración, de manera que se impulse la relocalización de empresas, principalmente del sector de semiconductores, energético, logística, turismo, infraestructura, electromovilidad, automóviles y farmacéutica.
También dijo que aunque está abierta a la discusión de una reforma fiscal, primero explorará otras vías para fortalecer la economía, como la digitalización y una mayor eficiencia y tecnificación en el cobro de impuestos en las aduanas, antes de modificar el sistema tributario.
A la luz del estrecho margen fiscal que enfrenta el país para el 2025 y el próximo año, así como los enormes compromisos de gasto incluidos en el Presupuesto federal, que está en un histórico de 9.3 billones de pesos, la reforma tributaria –o la nueva miscelánea fiscal, como quieran llamarlo– luce inaplazable. Sin embargo, en la Secretaría de Hacienda y la propia Presidenta se resisten a anunciar un cambio estructural de este tipo.
Por el contrario, la Secretaría de Hacienda, a cargo de Edgar Amador, está que no cree en nadie si de pronósticos económicos se trata. Esta semana, el encargado de las finanzas públicas y la política económica del país consideró que México puede crecer hasta 2.7% este año si se aumentan la sustitución de importaciones y las compras del gobierno. Los analistas privados y los organismos multilaterales pronostican un estancamiento de la economía, en el mejor de los casos, o una ligera caída al cierre del 2025.
Los banqueros y sus economistas en jefe no ven posible este escenario, pero le dan el beneficio de la duda al secretario de Hacienda, cuyos modelos se elaboran a partir de la información diaria de los principales indicadores económicos y financieros. Y hay otro factor, el sicológico: el titular de Hacienda se muestra muy optimista para estimular a los empresarios a que sigan invirtiendo y generando empleos; por el contrario, si Edgar Amador se muestra pesimista y recorta considerablemente sus proyecciones de crecimiento, los inversionistas verían con mayor desconfianza el futuro del país, y por lo tanto, se caería en una espiral negativa.
Edgar Amador, por cierto, también tendrá su primer encuentro con los banqueros como secretario de Hacienda. El sector, en general, lo ve bien, como un funcionario abierto, mesurado y experimentado para llevar las riendas de las finanzas públicas del país. Y sobre la solicitud que hizo la Presidenta para que los bancos comerciales reduzcan sus tasas de interés, Amador sabe que no es de un plumazo, y que se requieren una serie de factores para lograrlo en condiciones de mercado, no mediante imposiciones.
Antes de convertirse en subsecretario de Hacienda y posteriormente en secretario, Amador trabajó en el equipo de la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez. Así que sabe muy bien cómo funciona la política monetaria, y que el banco central es el encargado de mover la tasa de interés de referencia que usan los bancos comerciales para fondearse.
Posdata 1
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició una nueva temporada de adquisiciones para la compra de carbón. Aunque prevista para junio próximo, la empresa que dirige Emilia Esther Calleja adelantó un mes sus licitaciones para el llamado “negocio de la ceniza”, facilitando a proveedores internacionales contratos multimillonarios.
En febrero pasado, durante la presentación del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, la directora general de la CFE presentó 51 proyectos divididos en rubros como energía eólica, ciclo combinado y combustión interna, así como fotovoltaicos, en los cuales se utilizará este mineral a gran escala.
En 2024, la CFE realizó una compra de 2 millones y medio de toneladas de carbón de diseño –distribuido en dos partidas– a proveedores de Coahuila, mediante un contrato que logró una derrama económica estimada en más de 2 mil 500 millones de pesos para el periodo 2024-2025, según datos de la Unión Mexicana de Productores de Carbón (UMPC).
Este año, para el suministro para la Central Termoeléctrica Pdte. Plutarco Elías Calles en la Ciudad de México, la CFE adjudicó el procedimiento CFE-0001-CAAAA-0002-2025 a la empresa Glencore Internacional AG para suministrar 130 mil toneladas de carbón en una partida única otorgada el pasado 6 de mayo.
El negocio es de 17 mil 723 millones de pesos, la cifra más alta para un contrato de esta índole en lo que va del año. La empresa que dirige Gary Nagle superó en ofertas técnicas y económicas a otras compañías como Hermor Proveedora de Suministros Empresariales, Grupo México Energía, Troy T&D, Corey Constructor Mexiquense Bicentenario, Smart Fuel Storage, Grupo Bridge y Fletexpresso Sabinense.
Posdata 2
Los dispositivos tecnológicos de conteo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) adquirió en 2024 no cumplirán su objetivo debido a la cancelación de la encuesta intercensal 2025 a la que su titular Graciela Márquez Colín se vio orillada en enero pasado, luego de revisar los escasos recursos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en el que se recortó 29% de los 17 mil 200 millones de pesos solicitados por el Instituto.
La noticia es lamentable, pues la encuesta permitiría una toma de decisiones en cuanto al manejo del dinero público asignado principalmente con base en características poblacionales. Ahora, al no existir esta información, la distribución se realizará bajo suposiciones menos precisas.
El INEGI no ha aclarado qué harán con los miles de dispositivos en los que se invirtieron más de 100 millones de pesos del presupuesto de 2024 y que tenían como objetivo agilizar la recopilación de esa importante información.
La empresa dedicada a la integración de tecnologías de la información y soluciones digitales, Black Ecco TI, fundada por René Quintero y James Kramer, fue la que vendió los dispositivos móviles.
Posdata 3
Este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, lanzó una advertencia. Dijo que existe una cofradía de jueces y magistrados corruptos en Tamaulipas que han operado como red de protección para el exgobernador prófugo Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
En el contexto de la reforma judicial y la elección en puerta, el caso de Cabeza de Vaca es relevante. Se recuerda que su gobierno, y posteriormente, mantuvo una escolta de casi 40 elementos pagada con dinero público. Cuando se le intentó retirar, los jueces Faustino Gutiérrez Pérez y Juan Fernando Alvarado López intervinieron con amparos que lo protegieron. El hecho es que no defendieron derechos humanos ni libertades civiles, sino que blindaron a un político con señalamientos graves durante su administración.
Asimismo, el presidente del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, Mauricio Fernández de la Mora, también ha sido señalado por su presunta protección al exgobernador. Y la otra es que la jueza Carmen Ávila, esposa del juez jubilado Gutiérrez Pérez, fue designada como sustituta del juez suspendido.
Este tipo de andamiajes jurídicos le han dado motivos a Morena y a sus partidos aliados para modificar por completo el sistema judicial del país, porque justamente ese tema se ventiló ayer en la Cámara de Diputados, justificando la reforma constitucional y la elección del próximo 1 de junio.
