En los días en que a propósito de una investigación de la DEA y de fiscales estadounidenses ha estallado un escándalo sobre el supuesto financiamiento del Cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de López Obrador en 2006, la violencia de los cárteles vuelve a poblar de llamas y de muertos las calles de Chilpancingo.

En una entrevista concedida a Quadratin el año pasado, el obispo emérito Salvador Rangel reveló que dos organizaciones criminales habían financiado las campañas políticas en Guerrero durante las elecciones de 2021.

Según Rangel, Los Tlacos habían apoyado a la hoy gobernadora Evelyn Salgado, y a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez.

Un grupo contrario, Los Ardillos, habría financiado según el obispo las campañas del PRI.

Al triunfo de Morena Los Tlacos, reveló Rangel, se habían adueñado del cobro de piso al comercio y al transporte público, así como de la venta de carne, de pollo, de refrescos, cigarros y cerveza. Los supuestos acuerdos de paz, la pax narca que privaba en Chilpancingo, se rompió. Los Ardillos iniciaron una violenta ofensiva para el control de su territorio.

La guerra entre estas organizaciones, que hasta entonces se había librado en los pueblos de la sierra, bajó a los municipios urbanos y se cebó sobre todo en las calles de la capital del estado, que quedó territorialmente dividida.

Ayer, Chilpancingo de nuevo se vistió de sangre.

En la carretera Chilapa-Petaquillas el chofer de una unidad fue asesinado e incinerado. Simultáneamente, tres conductores más fueron masacrados en las colonias San Francisco, Caminos y Las Torres.

Hombres armados que recorrían las calles prohibieron a los usuarios emplear las camionetas Urvan del transporte público. Chilpancingo quedó completamente aislado. Se suspendió el servicio en las rutas que lo conectan con Tixtla, Chilapa, Tlacotepec, Mochitán y Quechultenango. Las escuelas cerraron por falta de condiciones que garantizaran la seguridad de los alumnos.

A mediados del año pasado la capital de Guerrero se sacudió con una ola de bloqueos, enfrentamientos, aparición de cuerpos desmembrados y asesinatos de comerciantes y transportistas. En junio de 2023 siete cabezas colocadas sobre el cofre de un auto marcaron el inicio de los días de sangre. Una cartulina colocada junto a los despojos le reclamaba a la alcaldesa Hernández Martínez el incumplimiento de acuerdos.

Más tarde se difundió un video que mostraba a Hernández Martínez en un desayuno con el líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.

Quedó claro que esta organización estaba reclamando a la alcaldesa de Morena el apoyo brindado a Los Tlacos.

En esos días la detención de dos líderes transportistas ligados a Los Ardillos provocó que Chilpancingo se viera invadido por miles de personas procedentes de Chilapa, Quechultenango, Acatepec y Atlixtac: una movilización que tenía como fin obligar a las autoridades a negociar con dicho grupo. La Autopista del Sol fue bloqueada durante más de siete horas. Las instalaciones de la Fiscalía General de la República quedaron sitiadas. Cuatro taxistas fueron asesinados y cinco taxis entregados a las llamas.

Muertes, desmembramientos, negocios atacados, comerciantes ejecutados. El obispo Rangel denunció que la gobernadora y la alcaldesa habían vendido el estado al crimen organizado.

Escribí en esos días que sin embargo nada ocurría: que los días, y las noches, y las madrugadas de horror, seguían poblando Chilpancingo.

Nada ha cambiado desde entonces. En medio de la tormenta, la alcaldesa de Chilpancingo anunció en diciembre su aspiración de competir por el Senado. Acaba de anunciar que, al no resultar beneficiada en el proceso interno de Morena para la integración de las fórmulas, buscará la reelección.

No solo eso: felicitó al padre de la gobernadora, Félix Salgado Macedonio, uno de los grandes responsables de la tragedia de Guerrero al abrirle las puertas del estado al grupo de los Beltrán Leyva, “por haber sido postulado nuevamente para el Senado”.

Tal vez tienen razón quienes critican que se dé a conocer una investigación de la DEA sobre un supuesto financiamiento del narcotráfico a una campaña ocurrida en 2006.

Para qué ir tan lejos si el aquí y ahora están tan cerca.

Cosa de voltear a ver la sangre y las llamas que arrasan Chilpancingo.

En Palacio Nacional sacudió la aparición, con pocas horas de diferencia, de un conjunto de reportajes sobre el financiamiento del Cártel de Sinaloa a la campaña de López Obrador en 2006.

El vocero Jesús Ramírez Cuevas activó las plumas y las voces que tiene a su disposición para intentar frenar la estruendosa marejada que desató la filtración de una investigación de la DEA realizada en torno a personajes del círculo cercano al mandatario, entre estos, el humilde chofer hoy convertido en multimillonario con fuertes inversiones inmobiliarias en los terrenos en donde se construye el Tren Maya, quien de acuerdo con los datos recabados por Tim Golden, a partir de cuatro testimonios, habría recibido 2 millones de dólares del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, La Barbie.

La polémica proximidad del gobierno de AMLO con el Cártel de Sinaloa ha sido un tema recurrente desde la liberación de Ovidio Guzmán a principios de esta administración.

A unos días de que las aguas se agitaran con las revelaciones, los audios y los documentos que muestran la participación de los hijos de López Obrador en negocios relacionados con las grandes obras del sexenio, los reportajes sobre la investigación de la DEA y el presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa, dominaron la conversación e impusieron durante cinco días, y a pesar de los esfuerzos de las redes al servicio de Ramírez Cuevas, el hashtag “Narcopresidente”.

En Palacio Nacional se afirma que el presidente estuvo recibiendo reportes sobre el impacto del tema en redes sociales y medios de comunicación. La primera preocupación era, y sigue siendo, que esta supuesta cercanía con el Cártel de Sinaloa se convirtiera en tema de la campaña presidencial, no en México, sino en los Estados Unidos.

Una segunda inquietud es que filtren nuevas revelaciones que pongan en entredicho su figura, en días en que su poder ha entrado en fase menguante. Por eso López Obrador comenzó a enviarle mensajes a Joe Biden desde la “mañanera”, e incluso pidió al gobierno de Estados Unidos que, si no tenía pruebas, se retractara:

“Como vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga, si una institución de ellos está filtrando información y perjudicándome”, dijo.

Los esfuerzos no bastaron para echar por tierra lo esencial: la investigación existió, no es un invento, e incluso la DEA intentó reactivarla durante la campaña presidencial de 2012.

ProPública, el medio donde se dio a conocer la investigación de Tim Golden, reveló que una semana antes de la publicación compartió un resumen de sus hallazgos con el vocero Ramírez Cuevas y que “él decidió no hacer comentarios”.

El editor de ProPublica, Stephen Engelberg, declaró que López Obrador “ha tenido mucho que decir desde entonces, pero ninguno de sus comentarios ha identificado una sola inexactitud o error fáctico” en el trabajo.

Todo puso al Presidente contra las cuerdas en la última semana.

En esos días se filtró también un escandaloso audio, dado a conocer por Sanjuana Martínez, que mostraba la manera en que el vocero Ramírez Cuevas intervino en el conflicto laboral de Notimex, acordando con la entonces directora de la agencia, la propia Martínez, la manera en que, con su ayuda y con la apertura de carpetas de investigación en contra de trabajadores en huelga, se podría resolver el conflicto que paralizaba Notimex.

Tras el escándalo, legisladores de oposición exigieron la renuncia del vocero, a quien acababa de estallarle otra filtración: la de los datos personales de 300 periodistas que cubren las “mañaneras” de López Obrador, y mediante la cual se expuso en un sitio web sus nombres, su CURP, sus direcciones: una información de cuya confidencialidad era responsable la Presidencia de la República, y cuya divulgación pone en grave riesgo a los comunicadores, en “uno de los países más peligrosos para ser periodista”.

A resultas de la filtración masiva, organismos internacionales de defensa de la libertad de expresión condenaron al gobierno mexicano. Tras una conferencia de prensa en la que se culpó a un extrabajador de Presidencia, 23 reporteros anunciaron que tomarían medidas legales contra el gobierno de AMLO.

La semana había comenzado con una “mañanera” en la que el periodista Jorge Ramos acusó a López Obrador de “dejar un país sumido en la violencia”, y en la que se exhibió el gobierno de este como el que acumula más asesinatos que ningún otro en la historia (166, 193 muertes violentas).

El Presidente se perdió en una serie de respuestas: ante las cifras presentadas por Ramos dijo, por ejemplo, que causaban más muertes los infartos, y volvió a sacar el tema de que es el único presidente en el mundo que se levanta a las seis de la mañana para darle atención al tema de la violencia. Volvió a echar mano, incluso, del “me canso ganso”, para prometer que si su política de seguridad se mantiene el próximo sexenio, el problema se resolvería.

Faltaba un revés en la semana negra de López Obrador: se lo dio el ministro Alberto Pérez Dayán al sepultar y declarar inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el Presidente en 2021.

Días negros para el Presidente: quiso revivir 30 años después, y en año electoral, el caso Colosio, y el propio hijo del candidato asesinado lo paró en seco. Se enteró que el TEPJF había multado a Morena por 62.2 millones de pesos, ante la falta de comprobación de gastos del proceso que llevó a Claudia Sheinbaum a la candidatura presidencial. Para acabar, el Presidente se enteró también de la anulación de la causa penal seguida al abogado Juan Collado (“el abogado de Salinas de Gortari”, dijo AMLO) por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita durante la compra-venta de un terreno.

Pocas veces a lo largo del sexenio el Presidente ha enfrentado una semana como la que acaba de terminar. México ha entrado de lleno, al parecer, en 2024, el último año del obradorismo.

En el polémico reportaje publicado en ProPublica sobre un presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006, el dos veces ganador del Pulitzer, Tim Golden, relata que un día de 2008 un abogado de nombre Roberto López Nájera apareció en la embajada de Estados Unidos en México y pidió hablar “con alguien de la DEA”.

López Nájera se presentó como asesor legal del entonces poderoso narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, una figura relevante del Cártel de Sinaloa.

López Nájera, cuenta Golden, entregó a los agentes un relato tan convincente que decidieron convertirlo en testigo protegido y le dieron un nombre clave: “Jennifer”.

“Jennifer” sería el origen de la versión sobre el financiamiento del crimen organizado a la campaña de López Obrador. Relató que en 2006 La Barbie se reunió en un hotel de Puerto Vallarta con dos hombres de negocios “que estaban allí con el conocimiento y la autorización de López Obrador”. Uno de ellos el empresario duranguense Francisco León García, conocido como Pancho León.

En esos días, Pancho León había lanzado su candidatura al Senado por el PRD. “Jennifer” le dijo a los agentes que a cambio de dinero para la campaña, Pancho León había prometido “que un futuro gobierno de López Obrador seleccionaría funcionarios de la ley que serían de ayuda para los traficantes”.

A los traficantes —escribe Golden—  se les dijo que AMLO “no nombraría a un procurador general que ellos percibieran como hostil a sus intereses”. La Barbie aceptó el trato y entró en contacto, según los funcionarios de la DEA, con dos personajes cercanos a López Obrador: Nicolás Mollinedo y Mauricio Soto Caballero.

La versión ha sido negada por Mollinedo y por el propio López Obrador. Tim Golden dice que Soto Caballero no le contestó el teléfono cuando quiso interrogarlo sobre el tema.

Pancho León desapareció en una carretera poco después de que AMLO perdiera la elección. Según “Jennifer”, era amigo cercano de otro de los jefes del Cártel de Sinaloa, Sergio Villarreal, El Grande.

En el tiempo en que transcurría esta historia, El Grande era precisamente el jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en la comarca lagunera y sostenía una guerra a muerte por el control del territorio con los líderes de los Zetas, Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño.

En medio de esa guerra, Pancho León lanzó su candidatura al Senado. Su slogan de campaña era “Yo AMLO a Pancho León”.

Empresario marmolero heredero de una inmensa fortuna, dueño de hoteles en Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún, fue invitado por Manuel Camacho Solís a sumarse al PRD en tiempos en que este partido no pintaba en La Laguna.

León era bailador, alegre, dicharachero, y hacía un derroche de recursos que permitió que al cierre de campaña de AMLO en la Comarca Lagunera llegaran 1,200 autobuses, más de 5 mil sillas y la Arrolladora Banda Limón. La derrama de recursos llegó a tal punto que sus rivales políticos pidieron que se investigara el origen del dinero. Le apodaron “El rey del acarreo”.

Desde entonces corrían rumores —la prensa de la época los documentó— de que su amistad con El Grande, lugartentiente de La Barbie, era una de las causas de tal ostentación.

En febrero de 2007, cuando se dirigía a una reunión en compañía de un primo y un escolta, su rastro se perdió. “Parece que se vaporizó”, declaró su asesor, Armando Navarro. La desaparición levantó un escándalo en la Comarca Lagunera. En una extrañísima declaración, el presidente estatal del PRD, José Arreola, se apresuró a apuntar que Pancho León no era militante del partido y reclamó: “¿Por qué no lo relacionan con el PT o Convergencia? (los partidos que formaban, con el PRD de AMLO, la llamada Alianza por el Bien de Todos).

Dos jefes de sicarios de Los Zetas, Juan Vera, El Colmillo, y un “comandante” conocido como Pinki, habían soltado en esos días el infierno en La Laguna. Masacres, tiroteos en la vía pública, secuestros, extorsiones, reclutamiento forzoso de jóvenes y adolescentes, calcinamiento de cuerpos, cuotas a bares, cantinas y giros negros.

El crimen organizado tomó el control de las cárceles y de las policías. Un alcalde declaró: “No se podía decir que la policía estaba infiltrada por el crimen organizado. La policía era el crimen organizado”. Las cosas llegaron al extremo de que 900 policías municipales fueron despedidos por vínculos con el narcotráfico.

Más de cuatro mil personas fueron asesinadas en unos años. Cerca de 500 desaparecieron en ese tiempo.

Entre ellas estaba Pancho León, cuyo caso nunca fue resuelto y cuyo nombre, hoy se sabe, figura desde 2010 en los archivos de la DEA vinculado a una supuesta inyección de recursos del crimen organizado a la primera campaña del actual presidente de México.

Hay cosas que podrían cuadrar, como dicen los abogados, en tiempo, forma y lugar, con el reportaje de Golden.

En septiembre de 2008, en un supuesto operativo policiaco en el que tomaron parte cerca de 40 agentes municipales de Huixquilucan, Estado de México, 24 personas que habían llegado a trabajar como albañiles, procedentes de Hidalgo, Oaxaca y Veracruz, entre otras entidades, fueron extraídas de un domicilio situado en la colonia El Olivo.

Sus cuerpos aparecieron a la mañana siguiente en La Marquesa, semidesnudos y con tiro de gracia.

Las primeras versiones hablaron de un ajuste de cuentas contra integrantes de la Familia Michoacana. Más adelante se adelantó que habían sido contratados para construir un narcotúnel.

“Ya habían visto caras, llegaron engañados, eran inocentes… ninguno sabía qué pasaba”, declaró años más tarde Óscar Oswaldo García Montoya, conocido como La Mano con Ojos y líder de una organización que aterrorizó Naucalpan, Huixquilucan, Atizapán, Tultitlán y la parte sur de la Ciudad de México.

Según lo que declaró García Montoya al ser interrogado por primera vez, el responsable de ejecutar aquella masacre fue un sujeto apodado El R.

El R fue identificado como Raúl Ortega Villa.

Había trabajado como operador y ejecutor de Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, así como de Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, los dos principales lugartenientes del capo Arturo Beltrán Leyva, conocido como El Barbas.

El Indio, aprehendido en septiembre de 2010, declaró que El R era el encargado de recoger la cocaína de los Beltrán Leyva, que llegaba de Colombia al aeropuerto de la Ciudad de México.

El R y La Mano con Ojos habían sido enviados por los Beltrán Levya a apoderarse del puerto de Lázaro Cárdenas. Fracasaron. Más tarde fueron “comisionados” para hacerse cargo de la seguridad de Arturo Beltrán, y cuidarlo en su residencia del Pedregal de San Ángel.

Cuando La Barbie cayó en manos de las autoridades en agosto de 2010, La Mano con Ojos heredó su estructura. Sobre los municipios del Edomex y las delegaciones de la CDMX que controlaba, cayó una noche de violencia inusitada formada por decenas de “levantones”, decapitaciones y ejecuciones.

La Mano con Ojos confesó haber mandado asesinar a 300 personas y haberle quitado la vida a otras 300: con cuchillos, sierras y sus propias manos.

El R fue mencionado varias veces en el proceso que se siguió a estos jefes criminales no solo como responsable de la masacre de La Marquesa, sino como el encargado de pagar la protección que los Beltrán y sus lugartenientes recibían. En ese tiempo, la droga de la organización era trasladada en patrullas municipales.

Poco después de la aparición de los 24 cadáveres de La Marquesa, El R fue detenido al lado de un comandante de la policía municipal. Pero solo pasó un año en la cárcel.

Un magistrado de Jalisco lo dejó en libertad por supuestas irregularidades en su proceso.

En enero de 2020, una década después de la masacre, volvió a saberse de él. Agentes de la Secretaría de Seguridad de la CDMX lo detuvieron en Polanco con un arma y lo pusieron a disposición del ministerio público. Según la información de esos días, la base de datos reveló su pasado criminal.

Pero solo estuvo detenido 20 días. Un juez federal le otorgó la libertad de bajo fianza.

Recordé este capítulo espeluznante de la noche que cubre a México al leer la controvertida columna publicada ayer en la Deutsche Welle por Anabel Hernández: ella asegura que una investigación de la DEA y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, realizada precisamente en 2010 y 2011 -tiempo en que La Barbie, El Indio y La Mano con Ojos se apoderaron de municipios mexiquenses y alcaldías del sur de la CDMX-, revela que el Cártel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de AMLO en 2006.

De acuerdo con Hernández, el encargado de entregar el dinero en al menos una ocasión fue un operador de Beltrán Leyva apodado El R (a quien ella identifica como Roberto Acosta Islas).

Se lee en la columna de Hernández que “El R era una de las personas de mayor confianza del jefe del clan de los Beltrán Leyva y estaba encargado de entregar los pagos a funcionarios públicos”.

La columnista hace referencia a reportes de la fiscalía y grabaciones de audio “donde testigos del Cártel de Sinaloa y del círculo cercano de AMLO que participaron directamente en la entrega, recepción y canalización del dinero confirman que hubo el financiamiento ilícito”. El principal involucrado sería el exchofer de AMLO, Nicolás Mollinedo

Habrá tiempo de verificar si se trata del mismo R. (Horas más tarde el periodista Tim Golden dio a conocer la misma investigación en un extenso reportaje publicado en www.ProPublica.org).

Mientras tanto, llama la atención que un operador de Beltrán Leyva identificado como El R haya sido mencionado en diversos procesos llevados a cabo en México, y haya sido liberado de manera inexplicable en dos ocasiones, a pesar su largo historial delictivo, y a pesar de hallarse relacionado con una de las masacres que, en otros días, conmocionaron al país como nunca antes.

La historia es escalofriante. Una familia que cargaba con leña la batea de su camioneta en el campo pesquero de El Choyudo, municipio cercano a Hermosillo, en Sonora, notó que la unidad se había atascado: una de las llantas había caído en un hoyo en la arena.

Al intentar sacar la unidad, vieron bajo la rueda un manojo de cabellos.

Eran cabellos de mujer.

Cecilia Flores, que desde 2015 anda en busca del paradero de sus dos hijos, uno de los cuales desapareció en las inmediaciones de Guaymas, relata que el colectivo Madres Buscadoras de Sonora recibió la información de manera confidencial.

“Nos mandaron la ubicación por celular”, dice.

Diez mujeres se trasladaron al campo pesquero, “un predio aislado, muy, muy apartado de la ciudad”.

Comenzaron a excavar en el sitio que se les había indicado –al que mucha gente conoce como Los Japoneses.

“Paso que dábamos, había fosas”, relata Flores. “Era muy impresionante, todo estaba lleno de aromas peligrosos, se nos metía el olor de la putrefacción”.

El primer día aparecieron 11 cuerpos. La mayor parte estaban completos, aunque había al menos uno calcinado.

Conservaban la ropa, algunos objetos personales. Y en algunos casos, credenciales del INE. Había hombres y mujeres. De acuerdo con las identificaciones, se trataba de gente que radicaba en Guaymas, una de las zonas del estado en donde la guerra entre Los Chapos, El Mayo Zambada y el Cártel de Caborca se ha recrudecido.

“Esa noche no pudimos dormir. Era muy fuerte lo que habíamos visto. Queríamos regresar al predio para seguir buscando. Yo traía la esperanza de que finalmente encontraría a mi hijo”, dice Flores.

Era el 19 de enero. En dos días de trabajo, las madres buscadoras localizaron 30 fosas. Una semana más tarde, según Flores, habían exhumado 57 cuerpos.

“En algunas fosas había siete cuerpos, en otra seis, en una más cuatro… A cada paso salían más muertos Tanto cuerpo, tanta fosa, tanto estar oliendo aquel olor… Muchas de nosotras ya estamos impuestas a estas cosas, pero nunca nos había tocado algo así”, dice.

Según Flores, 18 de los cuerpos fueron ya identificados. Entre estos apareció el de Carlos Alberto Real Romero, reportado desaparecido el 29 de noviembre de 2023, y el de la joven Adriana Pesqueira Valenzuela, desaparecida el 15 de diciembre del año pasado.

Nada tan estremecedor como la imagen de esas madres buscando a sus hijos en el desierto y en medio de las balas: un día después de su llegada al campo de El Choyudo se reportaron 7 muertos en la carretera Hermosillo-Bahía de Kino: un comando de sicarios que pretendía liberar al hijo de un importante jefe de plaza, atacó a un grupo de agentes ministeriales. La balacera causó pánico entre los automovilistas.

Al mismo tiempo, se había desatado en Hermosillo una ola de desapariciones de menores de edad, 14 casos reportados en lo que va del año.

La madrugada del domingo, otro comando fue a cazar a un bar de Hermosillo, el Jakarta Clublife, a los integrantes de una célula criminal que opera en Nogales, y que está ligada al grupo de El Mayo Zambada.

En regiones completas de Sonora es imposible transitar de día, mucho menos de noche. Pitiquito, Caborca, Cajeme y Guaymas están en llamas.

Hace unos días relaté aquí cómo el poblado de Átil, a 30 kilómetros de Altar, se quedó sin policías, sin médicos, sin enfermeras, sin maestros y sin comida a consecuencia de la inseguridad incontrolable.

El gobernador del estado, Alfonso Durazo, como relató EL UNIVERSAL hace unos días, vive concentrado en las próximas elecciones (es presidente del Consejo Nacional de Morena), y aunque presume una reducción de 32% en los homicidios, según los datos oficiales solo en 2023 se registraron en Sonora 1,403 asesinatos.

Una revisión de lo publicado en la prensa en los últimos meses habla de autos incendiados, de asesinatos, de secuestros, de feminicidios, de balaceras en las carreteras y de retenes instalados por el crimen organizado.

El hallazgo escalofriante de las madres buscadoras confirma lo que Cecilia Flores dijo hace unos días: el gobierno afirma que conoce México, pero no sabe lo que está enterrado debajo de México; todo eso que corre de manera soterrada tiene a Sonora cercado por la inseguridad, por la extorsión, por la violencia.

Una menor de edad con un balazo en la pierna pedía ayuda con gritos desgarradores en la carretera Cuautla-Cuernavaca, a la altura de Yautepec, en las inmediaciones del fraccionamiento Villa del Paraíso.

Un grupo armado acababa de interceptar la camioneta en la que la pequeña viajaba con su familia. Tras el ataque, dos mujeres y un hombre, quien conducía la unidad, murieron de manera instantánea. Otra menor quedó herida en los asientos traseros del vehículo.

Fue una escena dramática. “¡Ayuda, ayuda!”, gritaba la niña con los brazos alzados. El vehículo presentaba más de diez impactos.

Se creyó en un principio que se trataba de un asalto.

El conductor fue identificado más tarde como David Casanova Ortega, alias Don Dey, integrante de uno de los grupos delictivos que en los últimos meses han hundido a la zona oriente de Morelos en una estela imparable de sangre.

El origen de esa violencia puede leerse en la fotografía en la que tres jefes del crimen organizado aparecen al lado del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y que fue filtrada hace un par de años.

Dos de los líderes criminales que posan al lado del mandatario, Raymundo Isidro Castro, El Ray, e Irving Eduardo Solano Vera, El Profe, fueron detenidos más tarde por las autoridades. El primero fue asesinado en circunstancias extrañas en el penal de Atlacholoaya. El segundo fue aprehendido en Cuautla a principios de febrero de 2021.

En un proceso semejante al que ocurrió con el Cártel de los Beltrán Leyva tras el abatimiento del líder de esa organización, Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, la caída de El Ray y El Profe provocó la dispersión y el enfrentamiento de jefes de célula y jefes de sicarios.

Los grupos encabezados por ambos jefes se partieron e iniciaron la pugna que desató el infierno sobre Cuautla y los municipios del oriente, y en la que los criminales pelean prácticamente calle por calle, colonia por colonia.

Los reportes ubican como principales generadores de violencia a José Antonio Alvarado Martínez, El Vara; Felipe de Jesús Chacón, El Colmillo; Jonathan Joseph López Peláez, La Rata, y Jesús Bertín Zúñiga Ocampo, don Chucho.

Estos grupos establecieron alianzas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, con el Cártel del Noreste y el Cártel del Pacífico.

De acuerdo con informes de seguridad consultados, el grupo que manejaba Raymundo Isidro Castro, El Ray, antes de ser asesinado en el penal de Atlacholoaya, quedó en manos de José Antonio Alvarado Martínez, El Vara, quien –se lee en los reportes– hizo alianza con la viuda del Ray: Sheila Mondragón, y reforzó la organización con asesinos llegados del estado de Guerrero.

A ese grupo se conoce hoy como Los Acapulco.

Felipe de Jesús Chacón, El Colmillo, y Jonathan Joseph López Peláez, La Rata, ligados a Guerreros Unidos, formaron la organización criminal conocida como Gente Nueva.

Mantas abandonadas en Morelos en los últimos meses, y cuya información ha sido corroborada por las autoridades, hablan también de la llegada al estado de “Los Tepiteños” o “Los Chilangos”: una fracción de la Unión Tepito que opera bajo el cobijo de autoridades estatales, así como de diversos presidentes municipales.

Entre sus líderes se encuentran un sujeto apodado El Milton, y su lugarteniente o jefe de sicarios, conocido como El Barbas.

Un informe de inteligencia indica que esta fracción de la Unión Tepito, llamada también la Unión Morelos, logró entrar a Cuautla a mediados de 2023 con apoyo de grupos políticos locales y armamento proporcionado por el Cártel del Pacífico.

Los reportes señalan que el hombre asesinado al lado de dos mujeres el martes pasado en la carretera Cuautla-Cuernavaca, era parte del grupo de Los Tepiteños y operaba en la zona de Cuautla, Oaxtepec, Yautepec y Cocoyoc.

Acapulcos, Gente Nueva y Tepiteños se han apoderado de una amplia porción de Morelos. Además de tener en el puño a los pobladores de la entidad, estos grupos, ligados a la clase política morelense, serán los grandes operadores y los grandes beneficiarios del proceso electoral que se avecina: como en junio de 2021, pero con esteroides.

La periodista Azucena Uresti se despidió el pasado viernes de Azucena a las 10, el noticiero estelar de Milenio Televisión. En su despedida aludió a “las circunstancias actuales” y a “momentos de definiciones”, lo que desató un torrente de especulaciones sobre posible censura, y obligó a plumas y voces afines al régimen obradorista a difundir que esas “circunstancias actuales” y esos “momentos de definiciones” obedecían, en realidad, a un acuerdo mutuo entre la periodista y la empresa, a consecuencia del inicio de un proyecto periodístico que Uresti emprenderá en febrero en Radio Fórmula.

Sin embargo, ese proyecto no se había cuadrado aún cuando la crisis entre la periodista y Milenio se desató.

El lunes 8 de enero el presidente López Obrador criticó la cobertura que Uresti había dado a un ataque con drones, ocurrido en el municipio de Heliodoro Castillo, en el estado de Guerrero, el cual fue denunciado por el padre Filiberto Velázquez, del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello: un ataque que, según dijo entonces el sacerdote, habría dejado al menos 30 muertos.

En esa “mañanera”, en la que también fueron atacados Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, EL UNIVERSAL y los dueños de Radio Fórmula, el presidente se refirió a Azucena como Susana Uréstegui.

El mismo día, la periodista lanzó esta respuesta:

“El presidente se empeña en hacer como que no conoce mi nombre, en fingir que no sabe cómo me llamo, y de esa manera también discriminar, porque el presidente es misógino, porque el presidente es un agresor constante de las mujeres, ha sido un agresor constante de mi persona. A mí no me asusta que el presidente me nombre en sus ‘mañaneras’ porque, yo, si me equivoco, sí puedo aceptarlo, no como sucede en Palacio Nacional”.

Agregó Uresti:

“Esto me da pie a decir que el presidente es misógino, es discriminador, es un agresor contra las mujeres periodistas… porque finge cada vez que me menciona, una, dos, tres, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta veces que no conoce mi nombre. Si no conoce mi nombre, señor presidente, y no le parece importante, no me mencione”.

Fue la gota que derramó el vaso en una larga historia de presiones. El teléfono de la periodista comenzó a sonar en cuanto terminó la transmisión.

En un texto subido ayer a X, Gibrán Ramírez Reyes, colaborador durante un tiempo en el espacio televisivo de Uresti, señaló que “En el noticiero de Azucena la presión por un control editorial oficialista era constante y tensaba el ambiente”.

“Eso yo lo vi —escribió Ramírez Reyes—. Puede negarse lo que quieran, pero cuando se haga la historia de este periodo y el perfil de las personas apartadas de las pantallas, el patrón va a ser muy claro”.

En el equipo de Uresti la historia no es la del “acuerdo mutuo” que las voces del oficialismo se han esmerado en difundir. El 8 de enero la periodista no había recibido aún la propuesta de extender su horario en Radio Fórmula a través de un nuevo espacio informativo.

El 8 de enero Uresti fue puesta a elegir. Como había ofendido al presidente, o dejaba Radio Fórmula, donde no podía ser controlada y con frecuencia emitía comentarios que lo hacían rabiar, o se acababa el noticiero de las 10 de la noche en Milenio, la casa donde Uresti había trabajado durante los últimos 20 años.

Esas fueron “las circunstancias actuales”.

Esos fueron los “momentos de definiciones”.

Se ha querido hacer creer que Azucena dejó Milenio para irse a Radio Fórmula. El detalle es que ella ya estaba en Radio Fórmula desde hacía cinco años y que la conducción de un programa matutino (el que acababan de ofrecerle) no interfería en lo más mínimo con la conducción de su noticiero nocturno.

Hoy, el presidente que ha amenazado públicamente a los dueños de los medios, el presidente que ha cometido delitos exhibiendo datos personales de Carlos Loret de Mola, el presidente que lleva todo el sexenio atacando a este y otros periodistas, el presidente que lleva un lustro soltándole diariamente a los comunicadores las rabiosas jaurías que tiene a su disposición (“si ustedes se pasan, pues ya saben lo que sucede”, amenazó en abril de 2019, durante una “mañanera”), se hace el inocente tras la salida de Azucena: “que diga, que explique, yo no me atrevería, no somos iguales…”

Todos y cada uno de los ataques con que este presidente ha intentado minar la libertad de expresión han quedado grabados: para nadie, salvo para los que se niegan a verlo, es un secreto que López Obrador no tolera la crítica y solo admite a la prensa que lo adula.

Apenas la semana pasada, repito, vimos la manera en que agredió a Carlos Loret, cuando este periodista dio a conocer los negocios y el tráfico de influencias en que están involucrados sus hijos.

Lo ocurrido con Uresti estará anotado en esa cuenta, y quedará en la historia del sexenio.

Frente a la tragedia de violencia e inseguridad que se vive en México, las víctimas han dejado de dirigirse a las autoridades. Sus interlocutores son ahora los integrantes de la delincuencia organizada, a quienes piden ayuda. Piedad. Conciencia. Respeto.

El  pasado16 de enero causó gran impacto en redes y medios de comunicación un video en el que un grupo de mujeres encapuchadas, que se identificaron como integrantes del pueblo wixárika (huicholes del norte de Jalisco), le pidieron a Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que cambiara al jefe de plaza de la región, un sujeto apodado El Rojo, a quien atribuyen la ola de asaltos, desapariciones, asesinatos, robos, extorsiones y cobro de piso que sacuden a una decena de municipios de esa zona de Jalisco.

“Señor Mencho”, dijo la encargada de leer una carta dirigida “a su persona”. “Nunca en nuestra vida histórica (…) nos hemos sentido tan inseguros, tan impotentes, tan desprotegidos”.

La mujer explicó que el jefe de plaza, un “ratero, quita ranchos”, instala retenes “para robarle a la gente a través de los policías municipales, les cobra a los ganaderos, a los comerciantes, no se diga a los presidentes municipales”.

Denunció que los alcaldes de diez municipios —Huejuquilla, Mezquitic, Huejúcar, Santa María de los Ángeles, Colotlán, Totatiche, Villa Guerrero, Bolaños, Chimaltitán y San Martín de Bolaños— tienen que entregar cuotas mensuales, dejando “de entregar apoyos a la gente más necesitada”.

“Es un caos total, nadie denuncia por miedo…. Si nosotras tuviéramos armas, nosotras mismas los matábamos, pero tristemente no tenemos”, dijo.

No solo en la región limítrofe entre Jalisco y Zacatecas la violencia desatada por el Cártel Jalisco en su lucha con el Cártel del Pacífico obliga a integrantes de una comunidad a pedirle ayuda a la cúpula del Cártel Jalisco: en el violento Tamaulipas, el propio secretario de Seguridad del gobierno de Américo Villarreal, Sergio Chávez García, le pidió (15 de enero) a los miembros del crimen organizado, ante el aumento de la narcoviolencia que estos han desencadenado en la entidad, que hicieran una tregua y respetaran las elecciones que van a realizarse este año, y en la que además de la Presidencia de la República se renovarán alcaldías, diputaciones y senadurías.

Al darse a conocer que en la mayor parte de los distritos electorales de Tamaulipas existen riesgos de que el avance de la delincuencia organizada impacte los comicios de junio próximo, y ante las denuncias de la oposición de que la delincuencia ha rebasado a las autoridades estatales, Chávez pidió “un poquito de conciencia tanto a la ciudadanía”, como a “la gente que se dedica a las actividades delictivas”, a fin de que “permitan un desarrollo estable”.

En la misma semana, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, quien desde hace 9 años emprendió la búsqueda de tres hijos que fueron víctimas de desaparición forzada, viajó al corazón de la capital del país para colocar una manta estrujante a los pies del Ángel del Independencia y rogarle a los señores del crimen organizado: “No nos amenacen y no nos maten”.

“Una manta sirve para mandar mensajes, yo las usaba para cobijar a mis hijos. A los cárteles les pido piedad, no maten ni amenacen a las madres buscadoras… No queremos justicia ni cárcel, solo arropar a quienes parimos y un lugar donde rezarles”.

Flores declaró que había viajado a la capital del país para visibilizar el dolor que cargan las madres cuyos hijos han desaparecido, y “pedirle piedad a los cárteles para que nos dejen seguir buscándolos y nos digan dónde los podemos encontrar”.

Flores volvió a dirigirse al crimen organizado este 17 de enero, luego de que el marido y el hijo de otra madre buscadora, Lorenza Cano, fueran asesinados en Salamanca, Guanajuato, por un grupo de hombres armados que acto seguido privó de la libertad a la activista.

Flores pidió compasión a los criminales: “Les pedimos que sean piadosos, ya se quedaron con lo más valioso que ella tenía, que era su familia, ahora, por favor, déjenla con vida”, dijo.

Tras años de fracasos, de violencia, de muertes, de sordera, de negación, de abusos infinitos, las víctimas de México parecen mandar el grave mensaje de que han aprendido que la ventanilla adecuada para gestionar sus problemas no es la de las autoridades, ni la de los funcionarios “competentes”, no es la del soberbio habitante del Palacio Nacional. Parecen mandar el grave mensaje de que ya no les queda otra que recurrir a sus violentadores: a sus propios asesinos, a sus propios verdugos.

Lo normalizamos todo. Pero esto es el síntoma de un país que naufraga, y se va haciendo astillas.

Esther Yadira Huitrón Vázquez o Rosario Herrera, La Jefa, secretaría de vinculación nacional del partido Redes Sociales Progresistas, fue detenida en noviembre de 2021 por la Secretaría de Marina, en un fraccionamiento ubicado en Oaxtepec.

Labores de inteligencia la habían identificado como operadora en Morelos del grupo criminal Guerreros Unidos/Cártel Jalisco Nueva Generación, y habían señalado sus vínculos con altos jefes criminales de este grupo, entre otros, Crispín Gaspar Cortés.

Al momento de su detención, Huitrón era pareja sentimental del senador priista Ángel García Yáñez, expresidente municipal de Zacualpan de Amilpas, exdiputado local y federal, y líder moral del partido Redes Sociales Progresistas, a quien se ha relacionado varias veces con grupos del crimen organizado y cuyo nombre ha aparecido en innumerables ocasiones en narcomantas abandonadas en distintos puntos del estado.

Para nadie era un secreto la relación sentimental que el senador mantenía con la operadora y publirrelacionista de Guerreros Unidos/Cártel Jalisco Nueva Generación. La clase política de Morelos estaba perfectamente al tanto de dicha relación. La pareja no la ocultaba. Asistía a convivios y reuniones de carácter político en las que se definía el apoyo a futuros candidatos, sobre todo de la zona de los volcanes, colindante con el Estado de México, en donde el senador tiene influencia sobre más de una decena de presidentes municipales.

Tras la captura llevada a cabo por la Marina, García Yáñez negó sus vínculos sentimentales con Esther Yadira Huitrón y en diversas entrevistas se refirió a ella, simplemente, como “una antigua colaboradora de campañas pasadas”.

En distintos momentos, a miembros de la delincuencia organizada detenidos por las autoridades se les hallaron credenciales metálicas que los acreditaban como asesores de García Yáñez. Fue el caso de José Arturo Zamarrón Castro, El Maytuli, operador de Francisco Javier Rodríguez Hernández, alias El XL o El Señorón. Otros dos personajes detenidos con armas y droga llevaban también credenciales que los señalaban como asesores del legislador priista: Etwin Emmanuel Marquina Figueroa y Santiago Alonzo Lugo Carrasco.

Reportes de inteligencia militar ubicaron a García Yáñez y Yadira Huitrón en una reunión celebrada en Oaxtepec en diciembre de 2020. Ahí se pactó una alianza entre jefes criminales y se decidió apoyar el triunfo electoral de diversos candidatos que iban a contender en las elecciones de junio de 2021.

De acuerdo con el reporte en dicha reunión estuvieron presentes tanto El Señorón como otro de los jefes del Cártel Jalisco Nueva Generación, Irving Solano, El Profe, al que se acusa del asesinato de al menos 30 personas, muchas de las cuales fueron inhumadas en fosas clandestinas.

A esa junta donde se definió el futuro político de Morelos asistieron otras dos figuras relevantes de la delincuencia organizada: Israel Blanco Nava, El Seven, ligado a La Familia Michoacana y detenido en octubre de 2022, y Chrisitan Valverde Montalván, del grupo de los Rojos, quien sería asesinado más tarde, y planeaba un atentado con explosivos en contra de elementos del Mando Único de Morelos.

En abril de 2019 el domicilio de García Yáñez en Zacualpan fue balaceado desde una motocicleta. En adelante, su nombre aparecería en narcomantas colocadas en diversos municipios. En alguna de estas se le señaló como responsable de haber filtrado la fotografía en la que Cuauhtémoc Blanco aparece al lado de tres líderes del crimen organizado en Morelos: según la acusación, uno de estos, Raymundo Isidro Castro, El Ray, se la entregó al senador con la intención de chantajear al futbolista.

Reportes de inteligencia consultados indican que la red de presidentes municipales favorecidos por los acuerdos de García Yáñez son los de Ocuituco, Coatlán del Río, Yautepec, Cuautla, Tetela del Volcán, Emiliano Zapata, Xochitepec, Yecapixtla, Ayala, Jantetelco, Totolapan, Tlayacapan y Tlanepantla.

Una figura vinculada con el senador, Enrique Alonso Plascencia, exalcalde de Tlaquiltenango, fue detenido en septiembre de 2022: ya se le había acusado de homicidio, tráfico de personas, delincuencia  organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Amparado en el fuero y las conexiones políticas y criminales, García Yáñez ha sorteado durante años toda clase de acusaciones y señalamientos. En septiembre pasado anunció su intención de contender por la gubernatura de Morelos: “Me he preparado durante 14 años en los diferentes cargos que mis amigas y amigos morelenses me han conferido para representarlos”, dijo.

Las cosas no se le dieron. Pero ha anunciado que el día de hoy se registrará nuevamente como aspirante al Senado, cobijado, nada más y nada menos, que por Fuerza y Corazón por Morelos: el flamante frente opositor.

Su registro, dicen en Morelos, es la señal más clara de que en el estado algo se ha podrido: la señal de que la narcopolítica permanece intocada.

En un operativo de control de objetos prohibidos llevado a cabo en la prisión de Guayaquil, autoridades ecuatorianas se percataron “de la no presencia” del líder del grupo criminal Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, conocido como Fito.

Los Choneros son considerados el principal brazo operativo del Cártel de Sinaloa en Ecuador.

Esa fuga marcó el principio de una jornada de caos, pánico y violencia que se desató en diversos puntos del país –estallido de coches bomba, policías y custodios secuestrados, automóviles quemados, balaceras y persecuciones en las calles–, y que condujo al recién llegado presidente, Daniel Noboa, a decretar la existencia de un Conflicto Armado Interno, y a ordenar al Ejército que ejecutara operaciones militares en las cárceles y fuera de ellas, a fin de neutralizar a 22 bandas del crimen organizado: Los Choneros –aliados de Los Chapitos–, así como Los Lobos, Los Tiguerones y los Chone Killers –aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación–, entre las más conspicuas.

A esas horas caóticas, en las que se contaron más de 20 actos de violencia, se añadió la fuga del penal del Chimborazo de Fabricio Colón Pico, alias El Salvaje, uno de los jefes de la banda de Los Lobos, acusado de conspirar para acabar con la vida de la fiscal Diana Salazar.

Entre los momentos más dramáticos de la jornada figuró la irrupción de un grupo de encapuchados que, armados con granadas, cartuchos de dinamita y armas largas y cortas, interrumpieron una transmisión en el canal TC de Guayaquil, colocaron un cartucho de dinamita en la bolsa del saco del periodista José Luis Calderón, y obligaron al personal de la televisora a exigir el retiro de la policía.

Motines, enfrentamientos y retención de custodios se dieron en las cárceles del país y se prolongaron hasta las calles, en lo que el gobierno definió como una “grave conmoción interna”.

“Así como no te importa la vida de los privados de la libertad del Ecuador, a nosotros tampoco nos importa la vida de tus funcionarios: de los guías penitenciarios y de los policías. Tu estado de excepción no nos intimida. Nosotros ya estamos muertos”, le dijeron en un video al presidente Noboa, desde la cárcel de Turi, antes de que varios custodios fueran asesinados, de acuerdo con medios locales.

Los Lobos acusan al gobierno de Noboa de tener una alianza con Los Choneros y de haber permitido la fuga de Fito, el criminal más peligroso del país, quien a lo largo de 12 años dirigió desde la cárcel, rodeado de lujos y privilegios, las actividades delictivas de su organización.

Durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera salieron a relucir las conexiones que desde el año 2000 el Cártel de Sinaloa fue estableciendo en Ecuador. Mediante la compra de militares, políticos y marinos, el país se transformó; de ser un lugar de paso de la droga colombiana, se convirtió en un lugar de acopio con bodegas en Quito y Guayaquil; más tarde se volvió un centro de procesamiento, y finalmente se erigió en una de las grandes plataformas de lanzamientos de estupefacientes rumbo a Estados Unidos.

Se calcula que el 30% de la droga sudamericana transita por ahí.

La División Antinarcóticos ha ubicado desde 2009 la operación del Cártel de Sinaloa, que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha intentado arrebatarle durante más de un lustro.

Documentos hackeados a la Sedena revelaron que militares mexicanos adscritos a la embajada de México en Ecuador enviaron informes sobre la presencia de estos cárteles mexicanos y sus ligas con grupos criminales ecuatorianos. Los militares señalaron que en la disputa entre las bandas se hallaban involucrados “miembros de la delincuencia organizada de nuestro país”.

En los documentos hackeados se confirmaba la vinculación del Cártel de Sinaloa con Los Choneros y de un grupo identificado como Los Lagartos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En agosto del año pasado, el candidato presidencial Fernando Villavicencio denunció que había recibido amenazas de muerte del Cártel de Sinaloa: El Fito, líder de Los Choneros, exigía que dejara de mencionarlo como ejemplo de la violencia y la corrupción que privan en Ecuador. Unos días más tarde, Villavicencio fue asesinado al salir de un mitin: los presuntos implicados en su atentado aparecieron colgados en el penal del Litoral a solo unos días de haber llegado: otra muestra del control que los grupos mantienen sobre las prisiones.

“Te acuestas con muertos y te levantas con muertos”, se dice en aquel país donde la tasa de homicidios se disparó 250%.

Lo ocurrido en Ecuador es un serio llamado de atención para un país donde las organizaciones criminales reciben abrazos: un país en donde el crimen organizado manda en regiones enteras, y en donde se ha construido ya un Estado paralelo que ahoga las vidas de millones de mexicanos.

¿Querían voltear al sur? Ha llegado la hora de hacerlo.

Ayer, a las 13:32, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó en su cuenta de X que los 31 migrantes secuestrados el sábado pasado en una carretera de Tamaulipas “fueron rescatados, sanos y salvos”, y agradeció “a las autoridades del Estado, a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas” por el “rescate”.

13 minutos después, el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas informó en su propia cuenta: “Gracias al esfuerzo coordinado del gobierno de Tamaulipas, la FGE, Sedena, Guardia Nacional y la SSPYC se logró rescatar a los 31 migrantes que fueron secuestrados el 30 de diciembre de 2023”.

En realidad, no hubo nunca tal rescate.

Cerca de la una de la tarde, según información recabada por el portal tamaulipeco Elefante Blanco, las autoridades recibieron una llamada telefónica que les informó que los 31 migrantes secuestrados habían sido liberados por el grupo criminal que los capturó frente a la tienda Soriana ubicada en la avenida Francisco I. Madero.

El operativo de búsqueda, según informó ayer en la mañana el gobierno federal, había peinado las colonias cercanas al sitio en donde los migrantes fueron secuestrados. Además de las autoridades del equipo interinstitucional de seguridad, se había echado mano de binomios caninos, y se habían revisado las cámaras de seguridad localizadas en la zona donde ocurrió la desaparición.

El sábado 30 de diciembre, en el kilómetro 6 de la carretera Reynosa-Matamoros, cinco camionetas con hombres cubiertos con pasamontañas interceptaron el autobús 9570 de la línea Senda. Obligaron a los 31 migrantes a descender y, según la confusa información proporcionada por los autoridades, dejaron a bordo a cinco personas, dos conductores y tres mexicanos, quienes reportaron el secuestro al 911.

Las autoridades tardaron en reaccionar e incluso en confirmar la desaparición. Se informó más tarde que entre los secuestrados había venezolanos, ecuatorianos, colombianos, hondureños y mexicanos. De acuerdo con autoridades locales, la mayor parte de ellos habían recibido una tarjeta para acudir a una cita en el consulado de Estados Unidos.

El operativo de rastreo incluyó el cateo de 22 hoteles situados en la zona. La noticia del secuestro, como diría el Presidente, llegó hasta el Vaticano.

Como en el caso del secuestro en Matamoros de cuatro ciudadanos estadounidenses, dos de los cuales fueron asesinados, y en el que a consecuencia de la inmensa presión, tanto mediática como del gobierno de Estados Unidos, el Cártel del Golfo optó por entregar, amarrados, a los responsables, los autores del secuestro de los 31 migrantes optaron por dar marcha atrás: ellos mismos decidieron liberarlos.

En una región atiborrada de autoridades estatales y federales, los miembros del grupo criminal –en la zona pelean Los Metros y el Cártel del Golfo– pudieron trasladar a plena luz del día a 31 personas e incluso se dieron el lujo de dejarlas frente a un Soriana.

Alcalde y Ramírez Cuevas, de manera coordinada, optaron por la mentira. Incluyeron en sus comunicaciones la palabra “rescate” y enumeraron a un grupo de instituciones que, sin embargo, no habían logrado encontrar a los desaparecidos a lo largo de tres días, y que solo llegaron al supermercado cuando una llamada anónima les informó su ubicación.

Según la nota de Elefante Blanco fue entonces cuando “elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y la policía de Tamaulipas acudieron a identificar y resguardar a las personas”. Fue entonces cuando “la población migrante fue rodeada de patrullas y vehículos” y subida a un autobús de transporte público.

Desde hace 20 años existen relatos y denuncias que narran el horror vivido por migrantes que atraviesan la costa del Golfo, enfrentando la brutalidad de los cárteles y la corrupción de las autoridades. Hace poco más de una década estremeció el testimonio de un ciudadano hondureño que fue llevado a un lugar donde se hacinaban decenas de personas a las que los criminales les habían cortado los dedos “porque sus familiares no respondían o no querían pagar”. Ese tipo de historias se sigue repitiendo diariamente: apenas en noviembre pasado 123 personas fueron abandonadas dentro de la caja de un tráiler (se salvaron de milagro). En noviembre de 2021, 19 migrantes fueron ejecutados y calcinados en una brecha de Camargo, en la frontera chica de Tamaulipas. El sacerdote Francisco Gallardo, de la diócesis de Matamoros, ha dicho que cada mes se entera de unos 450 casos de secuestro: ¡más de cinco mil al año! Y eso, solo en Tamaulipas. Según el sacerdote, la mayor parte de estos hechos no se denuncia.

Tamaulipas es una tierra sin ley.

Mentir descaradamente y colgarse las condecoraciones de un supuesto “rescate” no logrará la tapar la realidad, a pesar del “esfuerzo coordinado” de quien usted guste y mande.

Elena Poniatowska la encontró muchas veces en el elevador del periódico Novedades en los años 50 y 60. Jamás habló con ella. No pudo ni siquiera conocer su nombre. En el resto del edificio —donde también se publicaba una edición en inglés, la de The News— tampoco parecían hacerle mucho caso a aquella mujer que llevaba siempre vestidos de aire anticuado.

“Nunca oí que se comentaran sus artículos, ni que se dijera que fuera buena periodista. Nunca Fernando Benítez, que era director del suplemento México en la Cultura, encargó un reportaje sobre ella. Le daban un poco el mismo trato despreciativo que a Rosario Sansores”, escribió Poniatowska.

Aquella mujer era, sin embargo, una leyenda: todo un personaje de novela: cuando llegaba a los restaurantes legendarios de la Ciudad de México, la recibían con la canción que Luis Rosado de la Vega y Ricardo Palmerín le habían dedicado:

“Peregrina de ojos claros y divinos, / y mejillas encendidas de arrebol, / peregrina de los labios purpurinos / y radiante caballera como el sol…”.

Muchos años después el investigador Michael K. Schuessler encontró en un departamento abandonado de la avenida Melchor Ocampo un morral de yute que contenía su autobiografía perdida. Ahí, en un apretado legajo que estuvo perdido durante casi 40 años, la periodista Alma Reed, la “peregrina de ojos claros y divinos”, narraba la historia de un amor trágico: su encuentro con el gobernador mártir de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto: el enemigo de la “casta divina” que fue asesinado hace un siglo —el 3 de enero de 1924— tras la celebración de un consejo de guerra falso encabezado por el coronel delahuertista Juan Ricárdez Broca.

Alma Reed, columnista del San Francisco Call, había saltado a la fama tras emprender la defensa de un indocumentado mexicano de 17 años que había sido condenado a muerte tras un juicio repleto de irregularidades. Las columnas que revelaron la manera en que aquel juicio se había fabricado lograron que el código penal de California fuera reformado. Poco tiempo después, con el visto bueno del gobierno de Álvaro Obregón, Reed llegó a México como corresponsal de The New York Times para cubrir una expedición arqueológica que el Instituto Carnegie llevaba a cabo en la península de Yucatán.

En abril de 1923, Reed reveló la manera en que los tesoros del Cenote Sagrado de Chichén Itzá habían sido enviados por valija diplomática al Museo Peabody. En esos meses ocurrió su encuentro con el gobernador Carrillo Puerto, que estaba sumergido en un huracán:

Había creado ligas de resistencia para que los campesinos mayas pudieran enfrentar el poder de los dueños de Yucatán, había decretado de interés público la industria del henequén, había repartido cerca de 600 mil hectáreas a los campesinos, había incautado haciendas abandonadas (la célebre Ley del Despojo) que fueron entregadas a los trabajadores.

Había entregado a las mujeres del estado el derecho a votar. Había instalado un mecanismo de revocación de mandato. Había promovido campañas contra el alcohol y en contra del control de la natalidad. Se había declarado en contra del fanatismo religioso…

Alma Reed lo vio por primera vez en el Palacio de Gobierno. Lo describió como “un hombre de magnetismo excepcional y una belleza física única”. Relató en su autobiografía: “Estaba ataviado con un traje radiante de lino blanco, y sus más de 1.80 metros de estatura hacían que su cabeza y sus hombros se elevaran por encima de sus asistentes y peticionarios, amontonados a su alrededor”.

El general Parsons le dijo a Reed: “Este el dragón rojo más atractivo que yo haya visto en cualquiera de mis safaris”. Reed contestó: “Él es mi idea de un dios griego”. Carrillo Puerto fue a buscarla más tarde a su hotel. Le dijo: “Desde el momento en que entraste, estaba desesperado por hablar contigo…”.

Años después de iniciar sobre su investigación sobre la vida de Alma Reed, Michael Schuessler halló una carta que revelaba la verdadera historia de “Peregrina”, una canción que ha arrobado a México a lo largo de cien años. La periodista, el gobernador y el poeta y compositor Luis Rosado Vega acudían a una cena. Acababa de llover. Ella elogió el ambiente embalsamado que los rodeaba. Rosado Vega dijo: “Todo perfuma porque usted está pasando…”.

Carrillo Puerto ordenó: “Eso lo vas a decir en unos versos”. El poeta contestó: “Se lo diré en una canción”.

A fines de 1923, Alma Reed volvió a Estados Unidos, entre otras cosas, para adquirir el ajuar de su boda. La rebelión delahuertista crecía mientras tanto en Yucatán, apoyada, según se dice, por los hacendados henequeneros que habían visto en las desazones políticas la oportunidad de quitarse de encima a Carrillo Puerto.

La escritora Katherine Anne Porter cuenta que Alma Reed, toda cubierta de satín blanco, “con el velo y el tocado de flores de azahar” realizaba el ensayo de su boda, cuando recibió la noticia de que Carrillo Puerto había sido fusilado.

Cercado por militares rebeldes que probablemente actuaban a espaldas de Adolfo de la Huerta (De la Huerta había hecho todo por sacar del país a Carrillo Puerto, pero sus propios hombres lo traicionaron: “Le olimos el queso y le chinchamos a su Carrillo Puerco”, confesó el general Hermenegildo Rodríguez), el gobernador intentó llegar a La Habana acompañado por sus hermanos y por algunos colaboradores. Fue traicionado y apresado en Holbox. Aunque era un civil, se le sometió a un supuesto Consejo de Guerra que decretó, por voto unánime, la pena capital.

Las fotografías muestran los rostros de los muertos, macilentos y barbados. Felipe Carrillo Puerto quedó recargado en el paredón.

Un siglo más tarde se cree que su asesinato, más que una venganza contra él, se trató de una venganza contra los jefes de su grupo político: Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón.

“Peregrina del semblante encantador, / no te olvides, no te olvides de mi tierra, / no te olvides, no te olvides de mi amor”, cierra la canción de Rosado Vega.

Alma Reed se quedó en México a lo largo de 42 años. Está enterrada al lado de Carrillo Puerto.

El único policía que había en Átil, Sonora, renunció a finales de noviembre. La alcaldesa Yolanda Castañeda denunció hace dos semanas el estado crítico que está viviendo aquel municipio sonorense de solo 600 habitantes, ubicado a 30 kilómetros de Altar:

El médico y la enfermera que atendían el centro de salud, ya no se presentaron más. Las clases presenciales se suspendieron por la inseguridad. En las tiendas se agotaban los productos porque los retenes instalados a las afueras del poblado por los grupos criminales no les permiten el paso. Nadie se puede surtir de gasolina ni de diésel. La delincuencia organizada corta con frecuencia el suministro de energía eléctrica: Átil se ha quedado varias veces aislado, y sin acceso a internet.

“De noche nadie sale”, denunció la alcaldesa. “La Guardia Nacional entra y se va”. La misma Castañeda ha sido detenida en los retenes instalados por los delincuentes. No hay siquiera quién conduzca la única ambulancia que existe en Átil.

El poblado vivió una amarga Navidad. Este año no hubo posadas. Se canceló incluso el baile de Año Nuevo.

En las redes, vecinos hicieron circular videos donde se escuchan detonaciones de armas de fuego. La muerte ronda las brechas y las carreteras. Hace medio año desapareció ahí, en un tramo del camino Átil-Tubutama, el empresario ganadero Arcadio Pesqueira, quien había huido a Tucson para escapar de la violencia. Regresó en mayo a cobrar unas rentas. Iba de regreso a su domicilio cuando su rastro se perdió.

La alcaldesa viajó a Hermosillo para contar lo que se estaba viviendo y solicitar apoyo. Hasta el momento no hay respuesta.

Mientras Castañeda hacía su denuncia, a 1,900 kilómetros de Átil, en una posada que se celebraba en la ex hacienda de San José del Carmen, 50 jóvenes se tomaban la última foto de su vida. Minutos más tarde la mitad de ellos yacían en el suelo con el cuerpo atravesado por las balas: 11 murieron, otros 14 quedaron heridos.

Habían corrido de la fiesta a unos colados que volvieron más tarde con armas largas y barrieron al grupo. La policía recogió en el lugar 195 casquillos percutidos. El asesinato de los jóvenes levantó indignación, pero no bastó para terminar con la impunidad de los asesinos, que siguen en control total de esa región.

Ese mes se cometieron 236 homicidios en Guanajuato, un estado que apenas unos días antes acababa de sacudirse con el asesinato de seis jóvenes, estudiantes de medicina, que apenas sobrepasaban los 25 años, y que fueron sacados de un balneario y asesinados con tiros en la cabeza en un camino de terracería cercano al balneario donde se divertían.

Fue el mes en que Andrés Manuel López Obrador cumplió cinco años de su llegada al poder. El mes en que hubo 164 homicidios en el Estado de México, 143 en Baja California, 146 en Michoacán, 140 en Jalisco, 132 en Nuevo León.

El mes en que se contabilizaron 116 homicidios en Sonora, 115 en Chihuahua, 99 en Morelos, 84 en Guerrero, 83 en la Ciudad de México, 60 en Oaxaca, 56 en Veracruz, 49 en Zacatecas, 49 en Colima, 45 en Tamaulipas.

El mes en el que el gobierno de AMLO superó los 170,800 homicidios y se erigió de manera indiscutible como el sexenio más violento y más sangriento de la Historia. Un sexenio que deja una de las tasas de homicidio más altas del mundo: 22 por cada 100 mil habitantes.

En los días en que todo esto ocurría, el 22 de diciembre, en la misma tierra natal de López Obrador, la violencia criminal hundió a Villahermosa, Tabasco, en una inédita crisis de terror y de pánico.

Un tiroteo que comenzó en el fraccionamiento Campestre, y que se creyó que estaba dirigido a atentar contra la vida del secretario de seguridad pública, Hernán Bermúdez Requena, terminó con la quema de decenas de vehículos de carga y autos particulares en cinco puntos de la capital del estado, así como en los municipios de Cárdenas, Paraíso y Teapa: terminó, al mismo tiempo, con incendios y motines en los reclusorios de Comalcalco, Huimanguillo y Villahermosa, que provocaron el cierre de carreteras, dejaron una ciudad paralizada y en crisis, y sirvieron a dos cárteles en pugna, el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, para decir “Aquí estamos”: enseñar los colmillos y mostrar lo que son capaces de realizar en apenas unas cuantas horas.

Unos cuantos días separaron los sucesos ocurridos en lugares repartidos a lo largo de tres mil kilómetros.

Con un avance criminal brutal e incontenible, con la expectativa de dejar el poder con una cifra cercana a los 200 mil muertos, y con un territorio tomado en pueblos y ciudades por los grupos del crimen organizado, México entra bañado de sangre al último año de Andrés Manuel López Obrador.

Después de los sucesos ocurridos el viernes pasado en Texcaltitlán, Estado de México, en donde diez sicarios de la Familia Michoacana fueron asesinados por pobladores que llevaban una década pagando extorsión a este grupo criminal, algunos pobladores finalmente se decidieron a hablar.

Narraron que la Familia Michoacana les cobraba cuotas por “el agua, la madera, el combustible, por tener animales, por comprar comida, por las cosechas y hasta por hacer fiestas”.

“Ya no eres libre ni de ir al monte a cortar una rama porque te la cobran, el azúcar, huevo, la carne… si teníamos una fiesta, teníamos que avisar”, relataron.

Hace apenas unos meses, otro municipio del Estado de México, Valle de Bravo, se quedó sin gas. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas y Empresas Conexas reveló que el desabasto se había desatado a causa de las cuotas impuestas a los distribuidores por la Familia Michoacana.

Se denunció entonces que expendios de pollo, mercados, vendedores de materiales de construcción, propietarios de camiones de carga, conductores del transporte público, parapentistas, lancheros, gasolineros, restauranteros, panificadores y hoteleros se hallaban en la misma situación.

En muchos casos, La Familia Michoacana obligaba a los propietarios a surtirse con un mismo proveedor.

Un cuartel de la Guardia Nacional se instaló en la zona, pero no ocurrió nada. La extorsión sigue vigente.

Hace unos meses, también, empresarios de Tamaulipas denunciaron que en el estado prácticamente todas las actividades productivas se encuentran bajo renta por parte del crimen organizado. Zetas, Ciclones, Escorpiones, Metros, Cártel del Noreste y Cártel del Golfo azotan las 43 alcaldías que componen la entidad. Ahí nadie se salva: desde taxistas hasta locatarios, desde propietarios de talleres hasta dueños de hoteles, desde vendedores de llantas y de carne, hasta dueños de bares, hospitales y restaurantes.

Matamoros, Reynosa, San Fernando, El Mante, Victoria, Río Bravo, Miguel Alemán, Abasolo, Aldama, Camargo, Díaz Ordaz, Padilla, Güemez, Burgos, Cruillas, San Nicolás y Jiménez son solo algunos de los municipios en donde la extorsión forma parte de la vida diaria, y en donde las cuotas se pagan a tiempo y en silencio.

En Cuautla, Morelos, hasta los salones de fiesta son víctimas de extorsión. En los últimos meses, toda clase de comercios han sido incendiados o atacados por los grupos criminales que dominan la zona. Solo en el mes de noviembre, nueve negocios fueron presa de las llamas. En la lista había carnicerías, fruterías, fondas, bares, lotes de venta de autos y locales del mercado Hermenegildo Galeana. Incluso organizaciones de taxistas y representantes de los recolectores de basura denunciaron que el crimen organizado les había impuesto el pago de cuotas.

Los afectados intentaron hacer una marcha de protesta, para exigir la protección de las autoridades. Pero solo asistieron 25 personas, pues nadie quiso ponerse en evidencia frente a los tres grupos criminales que hoy dominan la extorsión en la segunda ciudad más importante del estado: Los Acapulco, El Comando Rex y Gente Nueva.

El obispo de Cuernavaca ha declarado que el 50% de los negocios de Cuautla se hallan bajo extorsión.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, acaba de declarar que este delito ha crecido 20 por ciento en el estado durante el último año.

Los agremiados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Morelos denunciaron que al menos 30 por ciento de sus agremiados se encuentran bajo amenaza de algún grupo del crimen organizado.

El Consejo de la Masa y la Tortilla en Morelos reveló que el delito se ha disparado en la zona sur y oriente del estado, y que las víctimas no solo son los propietarios de los establecimientos, sino también los proveedores del maíz, lo que “ha forzado el incremento en el precio del producto”.

En Chilpancingo, Guerrero, 14 negocios fueron quemados en una semana a principios de año: marisquerías, locales del mercado, pequeños negocios de venta de ropa, así como ferreterías… Al mismo tiempo, propietarios de distintos negocios fueron asesinados: eran dueños de funerarias, talleres de motocicletas y tiendas de telefonía celular.

Miembros de la Canaco revelaron que los grupos del crimen organizado exigían hasta 100 mil pesos anuales “para dejarlos trabajar”.

En Chilpancingo es célebre la extorsión a los distribuidores de pollo: en una granja situada a solo 300 metros del retén de la Guardia Nacional fueron asesinadas seis personas entre las que se encontraba una niña de 12 años. En esa ciudad son extorsionados también los vendedores de carne de res y de cerdo.

En Acapulco, antes de la llegada de Otis, 14 negocios ardieron en un sola noche y 50 locales del Tianguis Campesino fueron incendiados. Varios locales de la Central de Abastos quedaron calcinados. Denunciaron empresarios: “La gente de trabajo pierde todo y es asesinada: Acapulco se desangra”.

Desde la Tierra Caliente hasta la Costa Grande, empresarios de la construcción, de negocios gaseros y de la industria de la tortilla han denunciado la extorsión de los grupos criminales, sobre todo en Zihuatanejo, Tecpan y Petatlán.

En Sonora se ha denunciado el cobro de cuotas a los mineros, los empacadores de fruta, los distritos de riego y los campos pesqueros.

La extorsión a aguacateros y limoneros de Michoacán provocó este año desabasto y encarecimiento de los productos.

Según datos presentados por Integralia, en cinco años del gobierno de López Obrador el delito que más creció fue la extorsión, que registró un incremento de 56 por ciento a nivel nacional.

Los hechos de Texcaltitlán son solo la punta más visible del iceberg: la constatación de un avance criminal que no se había visto en la historia de México: el legado de un gobierno que prefirió cerrar los ojos a una realidad que ahoga a cientos de miles de mexicanos.

El 13 de diciembre de 2018, la Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvo en Coatepec Harinas a Prócoro Hernández Morales, un sicario de la Familia Michoacana que actuaba bajo las órdenes de Patricio Velázquez Aguirre, apodado El Verde: el jefe regional de Texcaltitlán, Sultepec y Almoloya de Alquisiras.

En su teléfono celular, Prócoro tenía el video de la emboscada que sicarios de la Familia Michoacana le tendieron a elementos de la policía estatal en un paraje conocido como Camino al Salto, ubicado en Almoloya.

Era un video brutal cuya filtración causó revuelo. Los sicarios se grabaron antes del ataque, presentándose ante el público: “Saluda, pues, güey”, decía José Dámaso Alpízar, El 47, subjefe de plaza encargado de orquestar la agresión. Alpízar presentaba a los integrantes de la célula que esperaban el paso de los estatales: El Chivo, El Grillo, El Largo, El Bolas, El Niño…

Relataba, también, algunas de sus hazañas: unos habían asesinado a varios comunitarios, otros eran responsables del homicidio de un mando de seguridad.

“¡Ahora sí vamos por ti, comandante de la estatal!”, “Aquí va a ser el lugar de los hechos”, decía El 47.

En un video de dos minutos, en el que se dispararon cientos de tiros, se grabó la manera en que la camioneta de los estatales terminó volteada a un lado del camino. Cuatro agentes murieron esa tarde.

Prócoro relató que el ataque había sido ordenado en respuesta a que agentes estatales habían irrumpido en dos domicilios de El Verde.

El teléfono del sicario era una mina de oro. Contenía una red de vínculos en la que aparecían los colaboradores más importantes de Alpízar. En ese grupo aparecía, como una figura de tercer nivel, Rigoberto de la Sancha Santillán, El Payaso: sicario que ascendió tras la captura en 2020 de José Dámaso Alpízar, y quien fue asesinado el viernes pasado en el municipio de Texcaltitlán cuando agricultores de la comunidad de Texcapilla se hartaron de las extorsiones que los ahogaban y armados de machetes, hoces y viejas escopetas acabaron con la vida de 10 sicarios de la Familia Michoacana.

La detención de Prócoro Hernández en 2018, y al año siguiente la de Edgar Morales, El Largo, entregó a las autoridades los vínculos de más de 40 integrantes de la Familia Michoacana que se hallaban bajo las órdenes de El Verde, así como de su brazo derecho, Dámaso Alpízar: una célula que operaba desde entonces en la zona de Texcaltitlán y sus municipios aledaños: Sultepec, Almoloya de Alquisiras y Coatepec Harinas.

La célula actuaba desde el lejano 2013 bajo las órdenes del líder máximo de la Familia Michoacana, Johnny Hurtado Olascoaga, conocido como El Pez. El Verde le reportaba directamente a Medardo Hernández Vera, Lalo Mantecas, supuestamente asesinado en octubre de 2023.

En realidad, no hay sorpresa alguna en lo ocurrido el viernes pasado en Texcaltitlán, Estado de México. El pueblo llevaba más de una década bajo el asedio de los criminales, aunque fue durante el sexenio de AMLO cuando la extorsión se disparó como nunca.

Lo ocurrido en Texcaltitlán es lo mismo que está ocurriendo hoy mismo en decenas de municipios mexiquenses. Según reportes militares, la organización dirigida por Johnny Hurtado Olascoaga tiene presencia, entre otros municipios, en Nopaltepec, San Felipe del Progreso, El Oro, Villa Victoria, Villa Allende, Hueypoxtla, Tejupilco, Villa del Carbón, Tepotzotlán, Coacalco, Cuautitlán, Apaxco, Tepetlaoxtoc, Ixtapaluca, Tlalmanalco, Ecatzingo, Tonatico y Tlatlaya.

Opera también en Axapusco, San Martín de las Pirámides, Temascalcingo, Polotitlán, Soyaniquilpan, Timilpan, Jipilco, Tezoyuca, Sochitepec, Amecameca, Valle de Bravo y Zinacantepec.

No es todo. Su presencia se extiende a Zacualpan, Coatepec, Malinalco, Metepec, Tianguistenco, Ocoyoacac, Toluca, Tenango del Valle, Atenco, Texcoco, La Paz, Luvianos, Neza y Chimalhuacán.

Como dice el presidente en medio de risas: vamos bien y de buenas.