Explosivas revelaciones bajo la forma de libros continúan sacudiendo los convulsos días finales del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Recién sale de la imprenta el del director fundador de Reforma, y actual director de Código Magenta, Ramón Alberto Garza: “Dinastías, dos familias, una nación. Los Echeverría y los Salinas: los clanes que se disputan el control de México” (editado por Planeta), en el que el periodista regiomontano traza un panorama “de lo que ha ocurrido tras bambalinas en la escena política de México”, desde el 68 hasta la llamada Cuarta Transformación.

Relata Garza que desde Echeverría hasta López Obrador vivió en carne propia “las glorias y los infiernos de cada presidente”.

El periodista regiomontano cuenta que durante el primer año de gobierno solía desayunar a solas, en su despacho de Palacio Nacional, con el presidente López Obrador. “Como amigo y periodista”, dice, AMLO le había encargado que le hablara sin cortapisas de todo lo que pudiera dañar su reputación, así como la imagen de su gobierno, incluido lo que se dijera de sus hijos.

En uno de esos desayunos, Garza le presentó al mandatario expedientes armados en Estados Unidos que revelaban el supuesto historial de corrupción de su primer director de Aduanas, Ricardo Peralta, quien, dice Garza, había convertido puntos fronterizos y marítimos “en un jugoso negocio que era entregado al mejor postor”: Peralta vendía las aduanas “por donde entran y salen mercancías, de importación y exportación, incluyendo drogas y los precursores químicos para el mortal fentanilo, además de un descomunal contrabando de combustibles”.

Al terminar el desayuno AMLO cesó al funcionario. La mala noticia fue que lo colocó como subsecretario de Gobernación porque, aseguró, Olga Sánchez Cordero se lo había solicitado.

Afirma el periodista que al siguiente desayuno con el presidente Peralta ya estaba pactando a espaldas de AMLO y de Sánchez Cordero “arreglos económicos con el Sindicato de Electricistas, con los paramilitares de las autodefensas de Tamaulipas y Michoacán y con los más poderosos propietarios de casinos en todo el país”.

“Ten cuidado presidente… se puede convertir en el García Luna de este sexenio”, le dijo Garza al mandatario.

Peralta fue retirado también de Gobernación, “pero nunca de la primera fila de las concentraciones de Morena, primero apoyando a Adán Augusto López y luego a Claudia Sheinbaum”.

Cuenta Ramón Alberto Garza que en otro desayuno presentó al mandatario, video en mano, las pruebas de que, como condición para pagarle una licitación que había ganado, “un funcionario mayor” le estaba cobrando al proveedor 15% del total del contrato, porcentaje que debía ser entregado en dólares.

El contratista le había pedido a Garza que le presentara el video a AMLO, y le asegurara que estaba dispuesto a convertirse en testigo protegido. “La evidencia era demoledora, contundente”, escribe.

López Obrador le dijo que no podía convertir al contratista en testigo protegido, “porque la FGR es independiente”.

Hubo un silencio que duró cerca de un minuto.

“¿Estás hablando en serio, presidente?”, le interrogó Garza.

AMLO guardó silencio.

“Ya entendí, presidente. Ya entendí”, le dijo el periodista, quien cuenta que se levantó de la mesa con el desayuno a medio terminar, esperando aún que el hombre que llegó al poder prometiendo desterrar la corrupción dijera algo. Pero solo hubo silencio. ¿Quién era el “funcionario mayor” que habló con el contratista, y cuyo enviado fue grabado llevándose maletas con dólares, de acuerdo con el video que se encuentra en poder de Garza? El periodista dice que ha decidido guardar su nombre de momento, para no poner en riesgo al contratista —quien habría pagado por adelantado a su propio proveedor, confiado en que el monto de la licitación se pagaría en el plazo acordado y buscaba, “no entrar en el juego perverso de la corrupción” sino “recuperar lo que ya había pagado”.

Según Ramón Alberto Garza, el caso de Ricardo Peralta no terminó con su remoción ni con su incorporación al grupo de operadores de Claudia Sheinbaum: tiene posibilidades de explotar tarde o temprano porque entraña investigaciones realizadas por el gobierno de Estados Unidos en las que aparece el líder nacional de Morena, Mario Delgado, quien habría recibido financiamiento ilícito producto del huachicol por parte del empresario Sergio Carmona –asesinado en noviembre de 2022—, y en las que figura también el financiamiento a los gobernadores de Tamaulipas y Sinaloa, Américo Villarreal y Rubén Rocha Moya.

Un negocio que comenzó en la aduana de Reynosa, permitiendo el paso al contrabando de combustible adquirido en refinerías de Estados Unidos, dio lugar al millonario financiamiento de campañas políticas de Morena en Nayarit, Michoacán, Baja California, Baja California Sur, Zacatecas y Campeche.

La aparición del libro, por cierto, coincide con la recomendación hecha por el presidente López Obrador, de que el problema de Mario Delgado “lo resuelva él”.

Un ladrillo más en la construcción del inmenso escándalo de corrupción que acompaña el sexenio de AMLO.

Este sábado, a las diez de la noche, se recibió el reporte de una nueva ejecución en un local de comida próximo a la autopista.

La masacre dejó un saldo de ocho personas muertas. Quedó registrada en una cámara de seguridad. En el video que ha circulado se aprecia la llegada de una camioneta de color oscuro y de un Tsuru blanco. Los copilotos de ambos vehículos abrieron fuego directamente sobre los hombres que bebían en el negocio.

Los cuerpos cayeron en cuestión de segundos. Los agresores siguieron disparando cuando las víctimas ya se encontraban en el piso. Los encargados de un puesto de tacos ubicado a un costado del negocio lograron echarse al suelo. Los atacantes huyeron por la calle Benito Juárez, una de las principales en aquel municipio morelense.

Como de costumbre, no hubo detenidos.

Apenas el 1º de mayo se verificó la ejecución de dos personas en el área de alimentos de Tres Marías. A las 11 de la mañana, un hombre se acercó a los dos tripulantes de una pick up y los asesinó a bocajarro. Una tercera persona, que compraba alimentos en uno de los locales repelió el ataque y abatió al agresor.

Una semana más tarde, el 9 de mayo, el director de la policía municipal de Huitzilac, Jesús Tello Trejo, fue víctima de un atentado en pleno centro de la localidad, del que salió vivo de milagro, con cuatro tiros en los pies y en las piernas. El gobierno del estado selló la información sobre este ataque.

Al día siguiente, sin embargo, de nueva cuenta en Tres Marías (esta vez en la calle Cuauhtémoc), un líder delincuencial de la zona, identificado como El Criminal, fue abatido al lado de dos acompañantes (un hombre y una mujer) desde un Jetta de color gris que no detuvo su marcha.

Semanas antes fue acribillado el director de Deporte del ayuntamiento de Huitzilac, Gustavo Romero Olalde, cuando tripulaba un Ford Fussion por la avenida Tres Marías. Un grupo de sicarios lo interceptó y abrió fuego en su contra. A pesar de la llegada de paramédicos, el funcionario perdió la vida minutos más tarde.

Unos días después, una pareja de comerciantes fue acribillada en un negocio de venta de refrescos de ese mismo municipio. De acuerdo con el relato familiares los comerciantes eran víctimas de cobro de piso y se les había prohibido la venta de Coca Cola.

En el arranque de esta ola de violencia circuló en redes un mensaje firmado por un grupo que se autodenomina La Familia Morelense y que había lanzado amenazas contra uno de los hombres que fueron asesinados el 10 de mayo en Huitzilac, el sujeto apodado El Criminal, y que advertía el inicio de una “limpia” en el municipio:

“No vamos a hacer toque de queda o de agarrar a la gente que no la debe nosotros ya sabemos por quién vamos y listo”, se leía en el mensaje, en el que también se amenazaba a Los Panales, uno de los grupos que operan en la zona el secuestro exprés, el asalto en carreteras, el robo de vehículos y el cobro de piso, y que está relacionado con los grupos de talamontes que han devastado la zona boscosa de Tlalpan y Huitzilac.

Desde hace meses son noticia los secuestros de turistas que se detienen en la zona de alimentos (más de 20 en las últimas semanas) y los asaltos perpetrados en el tramo que va del arco metálico que marca el fin de la CDMX y la curva conocida como La Pera.

Al mismo tiempo han arreciado los enfrentamientos entre fuerzas federales y grupos de talamontes, así como las denuncias que señalan que estas células operan bajo la protección de agentes de la comisión estatal de seguridad.

A pesar del envío de Guardias Nacionales, el mismo obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, ha declarado: “Ni yo me atrevo a pasar por Huitzilac después de las cuatro de la tarde”.

Hace poco más de un año, el comisionado estatal de seguridad pública José Antonio Ortiz Guarneros recomendó a los automovilistas no detenerse en Huitzilac: ahí apareció hace unos días el cadáver el periodista Roberto Carlos Figueroa, secuestrado horas antes.

Integrantes de la brigada nacional de búsqueda han sido ahuyentados a tiros cuando se internan en la zona para rastrear fosas clandestinas de cuya existencia han sido advertidos.

¿Qué pasa en Huitzilac? Según reportes de inteligencia la escalada de violencia tiene que ver con el intento de La Familia Michoacana de apoderarse de la tala clandestina y el resto de las actividades criminales.

Los grupos de la delincuencia organizada que operan a nivel local, encabezados por el de Abel Maya, se habrían unido, de acuerdo con los reportes, para detener el avance de células enviadas por los hermanos Hurtado Olascoaga, jefes de la Familia Michoacana, quienes ya lograron penetrar en el oriente de Morelos y se desplazan ahora hacia la zona norte, a fin de controlar el municipio limítrofe con la CDMX.

Mientras el alcalde de Huitzilac anda en campaña, y el gobernador con licencia Cuauhtémoc Blanco busca la protección de una curul, nada, ni los 900 elementos del Ejército y la Guardia Nacional enviados a Morelos, ha logrado detener la epidemia de violencia, verdaderamente enloquecida, que hoy tiene de luto a Huitzilac —y también al resto de un estado que suma 571 muertes violentas en lo que va del año.

Aquel día fue descrito de este modo por el escritor José T. Cuéllar, en el último capítulo de la novela “El pecado del siglo”:

“Más de cien mil almas pululaban por todas las calles de la ciudad y corriendo en todas direcciones pretendían librarse de aquel fuego celeste que amenazaba convertir la ciudad en cenizas.

La confusión iba creciendo y la ciudad se despoblaba a los gritos de ‘¡Misericordia! ¡el fin del mundo! ¡Está lloviendo fuego! ¡Nos abrazamos….!’.

“Este era el clamoreo, este el coro de cien mil voces, debajo de aquel horno inconmensurable, en que se había convertido la bóveda celeste (…) ‘¡A la Villa de Guadalupe!’, gritaban muchos, y entre ayes, quejidos, gritos de desesperación y llorar de muchachos y mujeres, se oían las revelaciones de los pecados, el horroroso relato de crímenes ignorados y sobre los que nadie fijaba la atención.

“‘Pequé, Señor, ten misericordia!’, se oía gritar por todas partes”.

Era el 14 de noviembre de 1789 y se había hecho visible sobre el cielo de México un fenómeno desconocido en estas latitudes, algo que nunca antes se había presentado a la vista de los habitantes de la capital: una aurora boreal.

El “terror pánico” había comenzado a las siete y media de la noche, cuando la población advirtió que el cielo se había puesto rojo y que en la bóveda se registraban luces desconocidas. Desde que el fenómeno inició, corrió la voz de que el cielo llovía fuego, “como en otro tiempo sobre las ciudades malditas”.

El hecho quedó registrado en dos publicaciones, La Gaceta de Literatura de México, que en una nota del sabio José Antonio Alzate hizo referencia al fenómeno solo cinco días después (“Noticia del meteoro observado en esta ciudad”), y La Gaceta de México, en donde otro erudito novohispano, Antonio León y Gama, intentó dar explicación científica de lo ocurrido.

Desde 1717 Edmundo Halley había estudiado las auroras boreales. Desde entonces se discutía si eran producto de exhalaciones sulfurosas, de vapores emanados de la tierra, de incendios ocurridos en la atmósfera, o consecuencia de la luz zodiacal.

Alzate había observado desde el 7 de noviembre que en el Sol aparecían una serie de manchas solares, de considerable magnitud, la menor de las cuales excedía dos o tres veces la grandeza de la Tierra. Ese día había advertido que desde las seis de la tarde “la luz zodiacal se presentaba muy clara y se extendía del oeste sudoeste al nordeste, por más de 40 grados”.

Cuando su mozo le anunció que había una luz particular en el cielo, y subió al pequeño observatorio instalado en la azotea de su casa, comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo.

Para la gente de la calle, en cambio, había llegado el fin del mundo. Familias enteras huían de sus casas, “llevando de su hacienda lo que podían cargar” —según relata Orozco y Berra— y lloraban a grito herido por las calles. “La ciudad entera estaba sumida en el mayor desorden”.

El terror iba a prolongarse a lo largo de dos horas.

Alzate relató que “unos rayos blanquizcos en forma de escoba” aparecieron detrás de los cerros de la Villa de Guadalupe y se fueron extendiendo poco a poco sobre el cielo. A las 8:30 de la noche el fenómeno había alcanzado su mayor intensidad y en las calles privaba la locura.

El virrey Revillagigedo envió partidas de dragones a cortar la huida de los medrosos. El licenciado Francisco Primo Verdad intentaba tranquilizar a los prófugos, pero “razones y palos no valían, y hombres y mujeres salían a los campos, aguijoneados por el miedo”.

“¡Se acaba el mundo, se está quemando el cielo!”, gritaban.

Aunque los rayos blanquizcos procedían de la zona donde está ubicada la Villa de Guadalupe, “por una de tantas aberraciones del espíritu humano” la gente huyó hacia aquel sitio, atropellando todo a su paso. Curiosamente, los habitantes de esa población —tal vez porque ahí el cielo estaba nublado— no se habían percatado de la aurora boreal y  quedaron sorprendidos “al ver entrar en tropas” a la gente que huía de México.

Todo terminó pasadas las nueve de la noche, sin que cayeran del cielo carbones encendidos, entre las risas nerviosas de quienes poco antes confesaban a gritos sus pecados.

Al debate que, para explicar el fenómeno, sostuvieron Alzate y León y Gama, se sumó más tarde el relojero José Francisco Dimas Rangel, el hombre que construyó el reloj de la Catedral Metropolitana, quien afirmó que en la atmósfera existía una sustancia llamada “gas inflamable”, que provenía de las exhalaciones de los volcanes y las minas de hierro, y se incendiaba al entrar en contacto con rayos o relámpagos.

Como haya sido, se buscaba por primera vez una explicación alejada de lo sobrenatural: nunca volvería a ocurrir lo que ocurrió esa noche: la noche de la aurora boreal.

El domingo pasado, durante una misa que ofició en la Catedral de Cuernavaca, el obispo Ramón Castro Castro, secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, llevó a un nuevo nivel la confrontación entre la iglesia y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Castro Castro afirmó que el caso del obispo emérito Salvador Rangel, uno de los mayores escándalos para la institución religiosa, fue aprovechado por “Ya saben quién” para enviar “una fábrica de bots” cuya misión era “darle con todo para que la iglesia pierda su autoridad moral”.

Tras la desaparición el pasado fin de semana del obispo Rangel, que la fiscalía de Morelos atribuyó a un secuestro exprés, el comisionado estatal de seguridad José Ortiz Guarneros reveló que “hasta donde sabemos” el sacerdote había entrado voluntariamente a un motel del estado de Morelos, acompañado de “una persona del mismo sexo”.

Se filtró más tarde que Rangel fue hallado prácticamente inconsciente, con pastillas de sildenafil y varios sobres con condones a su lado. Según el informe toxicológico que más tarde se filtró también, la sangre del obispo, de 78 años de edad, presentaba rastros de cocaína y benzodiacepina.

En su misa dominical, Ramón Castro Castro denunció que se estaban haciendo conjeturas a la ligera, que se confundía a los fieles y se abría la puerta a los ataques de personas “interesadas en dañar la autoridad moral” de la institución.

“No nos proponemos hacerle mal a nadie”, respondió en la “mañanera” el destinatario del mensaje.

Sin embargo, tras el silencio del obispo, quien se limitó a declarar que al comprar una bebida en un Oxxo había perdido el sentido, en círculos de seguridad crece la idea de que labores de inteligencia pudieron detectar el momento exacto en el que el obispo, un crítico sistemático de la política de seguridad del gobierno de AMLO, con altos niveles de influencia social y mediática, podía ser exhibido. La fiscalía se mantiene, por el contrario, en la línea que apunta hacia un secuestro exprés.

Rangel ha denunciado una y otra vez las administraciones de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, a quienes acusa de haber vendido el estado al crimen organizado.

En diciembre pasado, y ante la incapacidad de los gobiernos federal y estatal de garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos, formó parte del grupo de obispos que mediaron entre los cárteles a fin de convencerlos de que pactaran una tregua. Era solo una señal del fracaso del gobierno de López Obrador en materia de seguridad.

Pero desde mucho antes había indicios de que la iglesia se había distanciado del gobierno de AMLO. De cara a las elecciones intermedias de 2021 circularon videos en los que ministros religiosos —el cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, el rector de la Universidad Pontificia y asesor del Papa Francisco Miguel Ángel Flores y el sacerdote Pedro Freites Romero— llamaron abiertamente a negar el voto a Morena.

“Tengan mucho cuidado con López Obrador”, decía en uno de estos el padre Freites. El presbítero Miguel Ángel Flores acusaba al gobierno de AMLO de abrir la puerta al narco, y entregar la SEP a un grupo de marxistas radicales.

Con frecuencia, los videos de sacerdotes que aprovecharon sus homilías para alertar a los fieles han suscitado torbellinos en las redes. “Pídele a Dios la luz para votar con responsabilidad”, “Nunca hemos estado tan mal. Ni un solo voto para los irresponsables”, “Si ganan los que están en el poder se viene la dictadura”.

En septiembre del año pasado fue grabado el párroco de Tepetzintla, Puebla: “Ten cuidado, no conviene seguir votando por Morena”.

No eran casos aislados. La Provincia Eclesiástica del Bajío impartió talleres en Celaya, Comonfort, San Miguel de Allende, Apaseo el Grande, San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo, a fin de que sus feligreses negaran el voto por la 4T.

En un video más, un sacerdote fue grabado cuando decía: “El actual presidente es satánico. Xóchitl Gálvez está defendiendo la libertad, la verdad y la seguridad principalmente porque eso es lo que no tenemos ahorita”. En entrevista con el periodista Fernando del Collado, el sacerdote José Filiberto Vázquez se ofreció a practicar un exorcismo en Palacio Nacional y llamó a no votar “por quien promueve la muerte y coarta las libertades”.

En marzo de este año, la candidata oficialista Claudia Sheinbaum accedió a firmar con reservas el Compromiso Nacional por la Paz, elaborado por la Conferencia del Episcopado y varias organizaciones sociales, alegando que no compartía la visión “pesimista” sobre la seguridad y el avance de la militarización, contenida en el documento. La iglesia le respondió que el documento no estaba sujeto “a opiniones” y que el miedo, la inseguridad, la militarización y la descomposición del tejido social eran “una realidad”.

Esos Compromisos fueron vistos en Palacio Nacional no como una evaluación de la situación actual construida a través de las miradas de un ejército de sacerdotes que están en contacto con comunidades a lo largo del país, sino como un punto de confrontación: una crítica, un ataque a él y a su gobierno.

El columnista Raymundo Riva Palacio reveló hace unas semanas que una comisión de obispos viaja regularmente al Vaticano para informar al Papa Francisco sobre el clima de inseguridad que se vive en México y que cada semana se reparte entre 92 mil sacerdotes un documento que contiene “líneas generales” que estos deben incluir en sus homilías.

En ese ambiente de confrontación el comisionado de seguridad de Morelos, un estado gobernado por la 4T, se “adelantó” a informar que “hasta donde sabemos” el obispo Rangel ingresó a un hotel por su propio pie, acompañado de una persona del mismo sexo.

La respuesta de monseñor Castro no deja dudas: entre que sí y entre que no, “Ya saben quién” aprovechó para desactivar, no se sabe si moral o inmoralmente, a un sector poderoso de sus adversarios.

En un inaudito abuso de poder, con una bajeza y una falta de escrúpulos que tal vez no se había visto en la historia reciente de México, en absoluta violación a la Ley de Protección de Datos Personales y como banderazo de salida de una mezquina y brutal campaña de acoso y difamación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador difundió el viernes pasado un expediente que contiene información personal y privada de la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar –así como de la familia de esta.

Era difícil de creer, incluso en lo relativo a un presidente que no tiene empacho alguno en transitar de ruindad en ruindad para llegar a cabo sus venganzas políticas. Fue, también, la respuesta a la reciente aparición de un libro de Casar, “Los puntos sobre las íes. El legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó” (Debate, 2024), que pesará como una losa en la imagen que López Obrador anhela dejar para la historia: una suma de datos comprobables, registrados, inobjetables, que prueban el proceso de destrucción y erosión de la democracia que ha significado para México el gobierno de AMLO.

El demócrata, el humanista, el descendiente de Morelos, Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas que ha dedicado más de tres mil “mañaneras” a exaltar su persona y su lugar en la Historia, que ha dedicado entre dos y tres horas diarias a mentir sobre el verdadero estado en el que se encuentra el país, que ha dejado registro audiovisual de la manera en que tuerce, falsea e inventa, que enloda las voces discordantes mediante la calumnia y la difamación, que ha insultado a los integrantes de los otros poderes, que ha atacado contrapesos construidos durante medio siglo, que ha convertido el odio en la marca de agua de su gobierno, que ha vilipendiado organismos de la sociedad civil, así como organismos internacionales, que ha derrochado dinero de la nación en caprichos y ocurrencias sin futuro, que ha hecho un lado el conocimiento científico: ese personaje queda plenamente retratado a lo largo de 229 páginas que no hacen sino reunir información pública para ordenarla en un horizonte que revela de golpe la historia del sexenio.

Casar va reuniendo pistas de lo que el país vivió entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023. La historia de un sexenio que no reconoce errores, negligencias ni actos de corrupción, la historia de un gobierno en el que no hay responsables de los mayores yerros, y que sigue culpando a administraciones anteriores mientras defiende y protege a sus leales, que saben que nunca serán investigados:

“Segalmex, Pemex, Delfina, Línea 12, CFE, AIFA, Tren Maya, SEP, Instituto y agentes de migración, SedenaLeaks, Secretaría de Salud…”, enumera la politóloga.

En la administración de López Obrador, escribe Casar, privaron “la (des)institucionalización, la ilegalidad, la impunidad, la (des)información, la incompetencia y la incongruencia”.

Cada una de esas íes es desentrañada en los capítulos del libro: el debilitamiento deliberado de las instituciones mediante su eliminación o sustitución, mediante su captura o su estrangulamiento financiero, así como a través del daño a su reputación: del Conacyt al CIDE, de la CNDH a la CRE, de la Suprema Corte de Justicia a la Cofece, el IFT y el Inai, del Tribunal Electoral del Poder Judicial al INE.

Un modus operandi, escribe Casar, que le ha permitido a AMLO concentrar el poder y gobernar con el menor número posible de restricciones.

El “no me vengan con que la ley es la ley” y las constantes violaciones a la Constitución que han permitido al presidente dar rienda suelta a su pulsión autoritaria bajo el pretexto de encarnar la voz del pueblo y para erigirse en el poder de los poderes. La impunidad que ha rodeado a sus hermanos, a sus hijos, a sus familiares, y a sus cercanos (ahí está el desvío de más de 15 mil millones de pesos en Segalmex, que terminó con la exculpación de Ignacio Ovalle porque “es buena gente” que “se dejó engañar por priistas de malas mañas, acostumbrados a robar”).

Las “mañaneras” y el mundo de “los otros datos” que han permitido a López Obrador agrandar los espacios de opacidad y desinformación, y crear una narrativa propia, mediante el recurso de emitir en estos años más de 100 mil afirmaciones falsas o no verdaderas. El abuso de poder, entre “la prédica y la pedrada”, y el acoso y la difamación, que tienen como fin segar y desautorizar las voces discordantes: una forma de coartar la libertad de expresión.

Y finalmente, la incompetencia como rasgo central de su gobierno, el famoso “90% de lealtad, 10% de capacidad” que ha llevado a un puñado de ineptos a puestos cruciales de la administración, así como la permanente incongruencia entre lo que López Obrador dice y termina haciendo.

La carga de información contenida en el libro ―un recordatorio de todo lo que se ha destruido a cambio prácticamente de nada— suscita en el lector una sensación creciente que se parece mucho a la indignación.

Si eso provoca en el lector, ¿qué habrá provocado tras los altos muros del Palacio Nacional? Lo que provocó está a la vista: un pasaje que cómodamente podría figurar en el libro de María Amparo Casar para culminar el retrato de un gobierno tóxico, protagonizado por un personaje tóxico como pocos.

Es el libro que permitió que, en una sola “mañanera”, López Obrador mostrara lo peor de sí. La pesadilla que acompañará los días finales de su gobierno.

En diciembre de 2010, Gerardo Fernández Noroña repartió en la Cámara de Diputados 320 ejemplares del que era por entonces el nuevo libro de la periodista Anabel Hernández: “Los señores del narco”. El diputado petista recorrió curul por curul, depositando el libro entre los legisladores presentes, entre otros, los panistas Josefina Vázquez Mota y César Nava.

“¡Es una denuncia brutal!”, exclamaba.

En un punto de acuerdo impulsado por el propio Noroña, se afirmó que el libro sacaba por primera vez a la luz pública los vínculos “del gobierno de facto que encabeza Felipe Calderón” con la delincuencia organizada: “Una investigación de estos alcances y gravedad, generarían la renuncia en masa de funcionarios y la del propio gobierno de facto”, escribió el diputado, quien propuso la creación de una comisión plural que investigara los hechos denunciados en el libro.

Anabel Hernández recuerda que El Fisgón la buscó para que presentara, en diversos “círculos de reflexión” y en su escuela de formación de cuadros, sus hallazgos: la manera en la que, según el libro, durante el sexenio calderonista se había utilizado “a la Policía Federal y las Fuerzas Armadas para combatir a los enemigos del Cártel de Sinaloa”.

Tras la publicación de “Los señores del narco” Hernández fue buscada por algunas de las figuras más relevantes del movimiento obradorista: la buscó Epigmenio Ibarra, y la buscó John Ackerman. Los elogios llovieron.

El mismo presidente López Obrador llegó a decir de ella: “Ha hecho trabajos de investigación de primer orden, es una mujer profesional en el periodismo y valiente, es una mujer excepcional”.

En general, aquel libro había sido escrito en la misma forma y con los mismos recursos que la obra más reciente de Hernández, “La  historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa”: la autora había echado mano de testimonios anónimos, declaraciones rendidas por narcotraficantes, entrevistas sostenidas con personajes ligados a los diversos cárteles, funcionarios cuyo nombre se guardaba por razones de seguridad, expedientes judiciales de cortes federales en Estados Unidos, reportes del Ejército y la PGR, así como documentos internos de la DEA y el Departamento de Justicia.

Solo que ahora ese método escandalizó a los que antes había hechizado. El Presidente lo consideró “un compendio de mentiras con propósitos políticos”. “No hay una sola prueba, es pura calumnia, puras mentiras”, dijo, y preguntó a la periodista: “¿De dónde saca toda esta retacería de mentiras?”.

El libro de Hernández acusa a López Obrador de ser “el caballo de Troya” del Cártel de Sinaloa en la sede del poder político, y de haber sido financiado desde la campaña presidencial de 2006 por la cúpula de ese grupo criminal, a través de inyecciones de dinero realizadas por Sergio Villarreal, El Grande, quien en 2010 declaró ante la PGR que personalmente le había entregado a AMLO, 500 mil dólares; y, según cinco exmiembros del Cártel de Sinaloa, que según la autora son testigos colaboradores de la justicia estadounidense, el apoyo económico fue otorgado también por Arturo Beltrán Leyva, Ismael El Mayo Zambada, y Joaquín El Chapo Guzmán.

La acusación parte de un documento emitido por la DEA y el Departamento de Justicia bajo el título de “Operación Polanco”.

Se trata del mismo documento que llevó al gobierno estadounidense a investigar al presunto financiamiento del cártel a la campaña de AMLO, y en el que se detallaron entregas de dinero efectuadas en una casa situada en Aristóteles 131, en la Ciudad de México.

Según el testigo colaborador de la DEA, Roberto López Nájera, ese dinero habría sido recibido por personajes cercanos al entonces candidato: Nicolás Mollinedo y Mauricio Soto Caballero.

Una de las perlas del libro es la entrevista grabada que Hernández le hizo al famoso Nico en 2022 (antes de que se diera a conocer la investigación de la DEA) y en la que éste admitió que Soto Caballero le proporcionó cinco tarjetas sin límite de crédito, una de las cuáles fue empleada durante varios años por José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente. “Yo no era sujeto de crédito y él me la daba, igual pasó con José Ramón, y creo que no fue mucho (lo que gastaba)… no eran millones de pesos”.

Mauricio Soto Caballero, al que Nico consideró una pieza importante durante las campañas de 2006 y 2012, fue detenido más tarde en Miami bajo cargos de narcotráfico y se convirtió también en testigo colaborador de la DEA: con tal de librar la cárcel, sostiene la autora, estuvo dispuesto a grabar a Nico y a acercarlo con un agente encubierto que se haría pasar por narcotraficante y fingiría estar interesado en aportar cinco millones de dólares a la campaña de AMLO.

Como se sabe, el Departamento de Justicia decidió cerrar la investigación por criterios políticos, a fin de evitar que el gobierno de Estados Unidos fuera acusado de intervenir en las elecciones.

A partir sobre todo de entrevistas con Dámaso López Serrano, El Mini Lic., hijo de quien fuera el brazo derecho de El Chapo, y amigo desde la infancia de los hijos de éste (reveladora y llena de detalles), y con Guillermo Michel Hernández, El Lagartijo, operador de Los Chapitos, Hernández asegura que el Cártel de Sinaloa apoyó también a López Obrador en las campañas de 2021 y 2018, y refiere pormenores tanto de la operación conocida como el Culiacanazo, como de la intervención de Los Chapitos en las elecciones intermedias de 2021 para garantizar el triunfo del morenista Rubén Rocha Moya.

El libro corre sobre una cuerda floja que lo mismo otorga crédito a los dichos de narcotraficantes, algunos de ellos disparatados (en uno de los pasajes se habla de una borrachera de tres días protagonizada por Los Chapitos y los hijos del Presidente), que proporciona información contenida en documentos y expedientes judiciales del gobierno mexicano, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la agencia antidrogas.

Queda claro, sin embargo, que la supuesta relación de AMLO con el Cártel de Sinaloa existe en documentos de ambos países desde hace más de una década, y ha sido objeto de interés de las agencias estadounidenses que, a pesar de las razones políticas y diplomáticas consabidas, no han apartado la vista un solo día de lo que ocurre en México: han registrado el crecimiento explosivo que la facción encabezada por los hijos del Chapo ha mantenido, gracias a sus redes y al fentanilo, a lo largo del sexenio de AMLO.

Dichas agencias tienen también en sus archivos su propia historia secreta.

A solo unos días de que el proceso electoral en Morelos entrara en fase de ebullición tras la filtración de una falsa conversación telefónica en la que la candidata de Morena a la gubernatura, Margarita González Saravia, pedía supuestamente a Javier El Gato García Chávez que los Servidores de la Nación amenazaran a la gente con el retiro de programas sociales si no votaban por ella, el estado vuelve a arder con el secuestro y asesinato del periodista y productor de contenidos digitales Roberto Carlos Figueroa.

En el medio periodístico local se afirma que Figueroa fue acusado, en círculos de Morena, de ser el responsable de “producir” con inteligencia artificial el falso audio.

Productor y conductor de “Acá en el show”, un portal que desde 2020 se caracterizó por sus ácidas y virulentas críticas al gobierno de Cuauhtémoc Blanco, y que exhibía, además de los excesos del gobernador y de sus más cercanos colaboradores, problemas de corrupción, nepotismo, inseguridad, movilidad y cacicazgos, Figueroa fue uno de los comunicadores que jamás se benefició del esquema de triangulación de recursos diseñado por el gobierno de Blanco para “favorecer” a medios y periodistas, y que significó el desvío de millones de pesos disfrazado de “apoyo a la inversión”, según se ha documentado.

Hacia las 8 de la mañana del viernes la pasado, la esposa de Figueroa recibió una llamada en la que este le pidió que le reuniera dinero. El periodista había salido de su domicilio en Huitzilac con rumbo a Cuernavaca, para llevar a la escuela a sus hijos. La mujer escuchó que alguien gritaba que si avisaba a la policía el periodista sería asesinado. Logró reunir el dinero solicitado —25 mil pesos, de acuerdo con compañeros de la prensa—, y lo llevó al sitio que le indicaron, ubicado a una hora de Cuernavaca. La negociación constó de tres llamadas. Los captores del periodista aseguraron que al recibir el pago lo abandonarían en la comunidad de Coajomulco, en Huitzilac.

Alrededor de las seis de la tarde una denuncia vecinal informó que un Ikon blanco con un cadáver dentro había sido hallado, precisamente en Coajomulco, en un camino de terracería. El cuerpo de Figueroa, maniatado y con un disparo en la cabeza, se encontraba en el asiento trasero.

¿Se trató de un secuestro exprés, producto del azar, y Figueroa fue ejecutado cuando los secuestradores advirtieron el problema que se habían echado encima (la Guardia Nacional, el Ejército, personal de la fiscalía llevaban horas buscándolo)? ¿O solo se fingió un secuestro para justificar su asesinato? Son algunas de las preguntas que periodistas morelenses se hacen.

Un día después de los hechos, frente a la Ofrenda a las Víctimas que se halla en el Palacio de Gobierno, los periodistas condenaron el “duro golpe a la libertad de expresión en la entidad”, e hicieron referencia a “las constantes agresiones que se expresan en amenazas, intimidaciones, ahorcamiento financiero de los medios y criminalización de la función periodística”.

Ahí, exigieron a la fiscalía que resuelva el caso con celeridad y seriedad, y tome como línea principal la labor periodística de la víctima. Exigieron también al Ejecutivo estatal que “deje aventar culpas”, se asuma como responsable de la seguridad interna en el estado y no intente “eludir el asunto culpando solo a la fiscalía”.

“Ninguna familia en Morelos está a salvo”, expresaron en un comunicado que firmaron decenas de comunicadores.

Más tarde se leyó un mensaje estrujante, enviado por la esposa del periodista:

“Solo me gustaría recalcar que la inseguridad que se vive en el estado nos vulnera en todos los sentidos y hoy me han arrebatado a mi esposo y a mis hijos les han quitado un padre. Ver a mis hijos llorar por su papá, saber los terribles momentos que vivió mi esposo en las últimas horas ha generado una impotencia indescriptible en mi ser. Hace falta un periodista, a mí me hace falta mi esposo y a mis hijos su padre”.

El cuerpo de Roberto Carlos Figueroa fue abandonado en una zona, Huitzilac, en la que prácticamente no existen cámaras, y en un municipio arrasado por la operación de bandas criminales cuyos nexos con agentes y funcionarios estatales han quedado registrados.

¿De qué se trató el asesinato de este periodista? ¿Fue en verdad un secuestro más en un estado en el que Cuauhtémoc Blanco legará a quien lo suceda un repunte en delitos de acto impacto como el feminicidio y el homicidio doloso, un alza en el secuestro, la extorsión, el robo en transporte público, el despojo, el robo de vehículo y el asalto a transportistas?

Decenas de periodistas de Morelos se han unido para exigir que el crimen se esclarezca. Es preciso acompañarlos, no permitir que el caso sea tragado, oscurecido por la vorágine de sangre que marca las horas finales del sexenio más violento en nuestra historia.

El 6 de marzo fue localizado sin vida Román Quezada Anduaga, secretario general del PAN en El Fuerte, Sinaloa. Su cuerpo apareció en un predio cercano a un estadio de beisbol. Un mes más tarde fueron secuestrados en una calle de Culiacán el candidato a regidor y secretario de Organización del Partido Sinaloense, PAS, Luis Alonso García Corrales, así como uno de sus colaboradores: Juan Francisco Cerón. Había indicios de que el domicilio de García Corrales había sido vigilado.

Los secuestrados aparecieron dos días después en medio de una espesa cortina de silencio sobre lo que lo que les había ocurrido. Según el periodista sinaloense Ernesto Hernández Norzagaray, como secretario de organización del PAS García Corrales tenía en sus manos la estructura electoral de 20 municipios: “todo lo relativo a la red de militantes, dirigentes, operadores”.

Su secuestro recuerda al del secretario de Organización del PRI, José Alberto Salas, ocurrido durante las elecciones intermedias de 2021. Salas fue secuestrado dos días antes de los comicios y con la información que tenía en su poder se desarticuló por completo la estructura electoral del PRI: sicarios del Cártel de Sinaloa privaron de la libertad a más de cien operadores políticos y solo los soltaron una hora después del cierre de casillas, cuando se había consumado, escribe Hernández Norzagaray, “la derrota aplastante de la coalición Va por Sinaloa, integrada por el PRI, el PAN y el PRD”, y el triunfo arrasador del candidato de Morena, Rubén Rocha Moya.

A estos hechos se sumaron las recientes renuncias de los candidatos a las alcaldías de Mocorito y Rosario, quienes repentinamente adoptaron la decisión de abandonar sus campañas “por problemas familiares”. “Aspiraba a ser alcalde, pero lo atajaron”, cabeceó el semanario Ríodoce en referencia al aspirante a la alcaldía de Rosario, Marco Antonio Pineda Domínguez.

El 23 de abril, el candidato de la alianza PRD-PAN-PRI a la alcaldía de Zacapu, Lorenzo Martínez Pedraza, se bajó de la contienda, “de manera irrevocable”, alegando problemas de salud. El presidente del PRI en el estado confirmó, sin embargo, que la decisión de Martínez Pedraza obedecía, en realidad, a “temas de seguridad”, a amenazas del crimen del organizado.

En 2021 se dio en la Tierra Caliente de Michoacán una de las más grandes operaciones electorales del crimen organizado, la cual, se documentó, limpió el camino a la gubernatura al morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

Hoy, en Michoacán, 33 candidatos a alcaldes han abandonado sus aspiraciones (20 son del PRI, el PAN y el PRD), 66 más han pedido protección a las autoridades ante amenazas a su integridad, y siete más, alcaldes, líderes de partidos y de organizaciones, así como candidatos a distintos cargos, han sido asesinados.

Cuatro días después del asesinato de Noé Ramos, candidato a la alcaldía de El Mante, Tamaulipas, fue ametrallada la casa del candidato a la presidencia municipal de Amanalco de Becerra, Estado de México, Arturo Lara. Los agresores lograron herirlo y le dejaron un mensaje: que abandone la candidatura.

La muerte ha recorrido Zitlala, Guerrero; Villa del Carbón, Estado de México; Gutiérrez Zamora, Veracruz; Salvatierra, Guanajuato; Chiautla de Tapia, Puebla; Acapulco, Guerrero; Cuautla, Morelos; Suchiate, Chiapas; Armería, Colima; Jacona, Michoacán y Atlixtac, Guerrero.

Ha pasado también por Cuitláhuac, Veracruz; Mascota, Jalisco; Fresnillo, Zacatecas; Ecatepec, Estado de México; Atoyac, Guerero; Chilapa, Guerrero; San Juan Cancuc, Chiapas, y Acatzingo, Puebla, entre otros lugares.

Entre los casos más recientes se encuentra el del candidato de San José Independencia, Oaxaca, Alberto Antonio García,  secuestrado al lado de su esposa –la actual alcaldesa— y abandonado sin vida en Isla Soyaltepec.

En solo siete meses, el proceso electoral más violento de la historia ha dejado 386 amenazas, secuestros, desapariciones y asesinatos, que arrojan un total de 501 víctimas. Más de 30 aspirantes han sido asesinados. Se desconoce aún el número real de los candidatos que han decidido bajarse de la contienda, pero en los partidos de la coalición Fuerza y Corazón por México, así como en Movimiento Ciudadano, se han presentado decenas de casos.

Información dada a conocer ayer por EL UNIVERSAL revela que 15 estados del país están en riesgo “alto” o “muy alto” de que el crimen organizado intervenga en las elecciones: “Nuestra democracia se ha convertido en un mecanismo para que los grupos criminales asuman el control de los territorios y a partir de ahí comiencen con la regulación de la vida política, económica y social del país”, declaró al diario el consultor senior de Integralia, Armando Vargas Hernández.

De acuerdo con los datos presentados por Integralia, estamos ante un fenómeno criminal que tiene como fin la movilización o la desmovilización del voto, el financiamiento a las campañas, la imposición de candidaturas y, el día de la elección, la intervención directa en las casillas, como ocurrió en 2021.

Al igual que en ese año trágico, uno de los más violentos en la historia política de México, todo indica que el crimen organizado ya votó: en Chiapas, a la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, la interceptaron encapuchados en una carretera para pedirle que, cuando llegue a la Presidencia, “no se olvide de la sierra”.

En el mismo estado, los transportistas fueron amenazados por grupos criminales para que no movilizaran gente al mitin de Xóchitl Gálvez.

Mediante el ejercicio de la violencia, y de la creación de una sensación de ingobernabilidad que tiene como fin la inhibición del voto, la delincuencia organizada sigue avanzando en el control territorial y político de México.

Vivimos ya las elecciones más violentas de la historia y se avecinan las semanas peores. Solo el voto puede detener el horror que claramente está anunciado.

A mediados de 2021, Eliud Guadalupe “M” estuvo preso en Nuevo León por homicidio. Había matado a un hombre en una vulcanizadora: le pegó con un mazo en la cabeza y lo continuó golpeando hasta desfigurarlo, con un gato hidráulico.

Un año más tarde, sin embargo, se encontraba libre.

¿Por qué salió de prisión? Las autoridades del estado intentan esclarecer las causas.

En 2022, el joven que el pasado 19 abril asesinó en una calle al candidato panista Noé Ramos –quien buscaba la reelección en la alcaldía de El Mante–, comenzó a anunciar a través de TikTok que tenía una “guerra” en contra de los políticos y que antes de morir “me llevaré muchos cabrones”.

“A ustedes los políticos no los quiero, ¿para que nos roben, nos maten?… Mi guerra es con ellos, si tengo que corretearlos como loco, los voy a corretear, pero yo tengo que vivir en paz, así como eran antes”, declaró.

Probablemente Eliud Guadalupe pasó un tiempo en San Luis Potosí, porque llevaba encima una licencia de conducir expedida allá. De regreso en El Mante, y a pesar de su comportamiento extraño, halló trabajo en una carnicería. Fue ahí donde obtuvo el cuchillo con que el viernes pasado asesinó al candidato de Fuerza y Corazón por Tamaulipas.

De acuerdo con las investigaciones, tenía poco trato con la gente, pero le había anunciado a dos personas lo que iba a hacer: que iba a matar al candidato. Ninguna le creyó: “lo tiraron de a loco”.

Desde el día 17 Eliud faltó a su empleo. Solía consumir drogas, aunque su madrastra asegura que a últimas fechas había dejado de hacerlo.

El viernes 19 el candidato opositor caminaba por calles de la colonia Azucarera, tocando puertas como parte de su campaña política. Eliud se acercó a los miembros de la comitiva, les pidió una gorra y una playera y se sentó más adelante, en el quicio de una puerta, a esperar.

La escolta de Ramos, pagada por él mismo, constaba de nueve personas y estaba formada por militares y marinos retirados. Ese día solo lo acompañaban tres de los elementos.

Ramos había solicitado protección al gobierno de Américo Villarreal en diciembre de 2022. En esa fecha acudió al Congreso del estado para denunciar que en 45 días había recibido dos amenazas de muerte. “Para que luego no digan: es que el alcalde no dijo nada, yo les avisé”, declaró.

Entre diciembre de ese año y febrero de 2023, se le brindó un servicio compuesto por patrullajes y rondines. Ramos reiteró más tarde la exigencia de seguridad en oficios entregados al gobierno estatal el 29 de mayo, el 31 de mayo y el 6 de junio de 2023.

De acuerdo con el PAN, que acaba de presentar una denuncia por omisión, la administración de Américo Villarreal no atendió ninguna de estas solicitudes. Ramos aseguraba que había recibido dos mensajes, y que temía por él y por su familia.

En esos días había llegado como jefe de plaza a la región de El Mante, enviado por el Cártel del Golfo desde Matamoros, Jonathan Damián Castro Hernández, apodado Escorpión 75. Las autoridades del estado tuvieron conocimiento del repunte en las extorsiones a ganaderos, cañeros, comerciantes, empresarios agrícolas, sindicatos, cooperativas y funcionarios de riego de la zona.

Entre los operadores de Escorpión 75 estaba una mujer, de nombre Cinthia, conocida como La Voz: era la encargada de llevar los mensajes al jefe de plaza.

El nuevo capo emprendió la cacería de sicarios del Cártel del Noreste, que por entonces dominaban la región, poblando El Mante de muertos, “levantones”, balaceras y sangre.

Supuestas cartulinas de este último grupo acusaron poco después al alcalde Ramos de haber pactado con ellos para que, a cambio de la entrega de “la plaza” y de 10 millones de pesos, le quitaran de encima al Cártel del Golfo.

Fue precisamente en esos días cuando Ramos solicitó protección al gobierno estatal y reveló que era objeto de amenazas.

El pasado 19 de abril, Eliud Guadalupe “N” se acercó al candidato para pedirle una selfie y lo mató de una sola, certera puñalada en la arteria aorta. A los 24 años de edad, ¿dónde y cómo había adquirido tal destreza?

El agresor echó a correr en medio de los gritos de la gente: unas 50 personas que miraban o formaban parte del recorrido. Uno de los tres escoltas que acompañaban a Ramos intentó detener a Eliud e hizo seis detonaciones. Ninguna dio en el blanco.

Tanto el secretario de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas, como el vocero Jorge Cuéllar negaron que el candidato asesinado hubiera solicitado protección: “No hay ninguna solicitud por parte del candidato Ramos”. Américo Villarreal declaró que se investigaba a los escoltas.

Ese día, en pocos minutos se desplegó un operativo que selló la central camionera, así como las entradas de la ciudad. Se dice que calles más adelante Eliud abordó un taxi. En cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos su imagen se obtuvo rápidamente.

No salió de la ciudad, ni se refugió en algún domicilio. De acuerdo con las autoridades, terminó ocultándose bajo un puente, donde intentó robar a unos transeúntes.

Cuando anunciaba sus intenciones o se pronunciaba en las redes, varias personas interactuaban con él. ¿Alguien lo condujo hasta Ramos? ¿O se trata simplemente de un fanático que, según declara él mismo en sus publicaciones, fue elegido por Dios “para hacer justicia en la tierra”?

Alrededor de 30 candidatos han sido asesinados en lo que va del proceso electoral y otros 70 mil andan en campaña, disputando 20, 375 cargos.

Urge saber qué fue exactamente lo que pasó en El Mante.

Pobladores denunciaron que el retén del Cártel de Sinaloa que la candidata presidencial encontró este domingo en Mazapa de Madero, Chiapas, está ahí de manera permanente desde hace meses.

Uno de ellos declaró a la prensa: “Ahí vigilan quién entra y quién sale de la zona, ahí nos revisan los celulares, nos revisan los coches, revisan todo lo que pasamos en nuestras bolsas, en las mochilas…”.

Claudia Sheinbaum dudó de que se tratara de un retén del crimen. Pero lo que más le llamó la atención, según declaró más tarde, fue que los únicos periodistas que hubieran aparecido en ese momento fueran los de Latinus (que por lo demás se hallaban cubriendo su gira).

“Algo muy extraño, la verdad”, dijo.

El presidente López Obrador declaró en su “mañanera” que era muy probable que se hubiera tratado de un montaje, “porque los de Latinus son capaces de eso y más”.

Como siempre, lo más fácil es negar la realidad.

En mayo del año pasado el presidente se jactó de que a los Servidores de la Nación los respetaban los narcos. Admitió que muchos de ellos habían llegado a ser retenidos en los retenes del crimen organizado, “pero como usan chaleco ya los identifican y los respetan”. Contó incluso una anécdota: la de un sicario que le reclamó a un servidor que el apoyo no le había llegado a su abuelita.

Sheinbaum encontró, en realidad, la situación que se vive en las carreteras y los caminos de Chiapas, pero también de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Quintana Roo, Sinaloa, Baja California, Veracruz, Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, el Edomex, Guerrero, Morelos, Puebla, Nuevo León, Querétaro, Durango, Hidalgo, Tabasco y Tamaulipas.

En junio del año pasado una solicitud de transparencia dada a conocer por Reporte Índigo mostró que en los archivos de la Guardia Nacional había reportes sobre 119 retenes clandestinos detectados por esa corporación entre 2019 y 2023. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, mientras tanto, tenía el registro de 169 retenes que sujetos armados habían establecido en el estado.

Eran el teatro de extorsiones, robos, asesinatos, secuestros, desapariciones… Solo a tres kilómetros de Aguililla, Michoacán, un retén del crimen organizado estuvo montado de manera permanente a lo largo de dos años: “¡Oríllense, sus credenciales!”, fue la orden que los pobladores escucharon, invariablemente, durante ese tiempo.

Los retenes impuestos por los grupos criminales son la pesadilla de quienes no portan un chaleco de color guinda, mientras el presidente normaliza entre chistes su existencia y admite lo que miles de pobladores saben: que el Estado no controla el territorio.

En junio de hace dos años los reporteros que cubrían una de las tantas giras de AMLO al estado de Sinaloa fueron detenidos por un retén del Cártel de Sinaloa en las cercanías de La Tuna. López Obrador se quejó de la cobertura que los medios dieron al suceso: “Un escándalo por un retén, esa es la nota”.

Contra las versiones de los periodistas retenidos dijo incluso que no sabía “si lo del retén era cierto”. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también criticó la cobertura. Señaló que “se exageraba” y reconoció que los retenes “son comunes” en Sinaloa.

Ríodoce dio a conocer entonces que ese cartel tenía instalados retenes o “puestos de control” en 18 municipios del estado.

Un experto en temas de violencia, el investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa Juan Carlos Ayala detalló que el cártel de los hijos del Chapo tenía retenes “permanentes”, “improvisados” y “en movimiento”. Rocha Moya tenía razón: eran tan comunes que, según Ayala, se habían convertido en parte del paisaje geográfico y los pobladores los veían “como parte de la zona en que viven”.

La carretera Monterrey-Nuevo Laredo es prácticamente intransitable. En Tamaulipas, los grupos criminales controlan 200 kilómetros de La Ribereña. Todos los caminos que atraviesan la Sierra Tarahumara están en manos de los narcos. De Agua Prieta a Mexicali y de Hermosillo a Nogales, por citar solo dos de las carreteras del terror, el dominio lo tienen los cárteles.

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas ha denunciado hasta 38 casos de robo diarios. La Autopista 57, que une la ciudad de México con Nuevo Laredo es la pesadilla de los viajeros. El tramo de San Luis Potosí a Matehuala es considerado uno de los más peligrosos de México. La otra zona de terror corre entre México, Puebla y Veracruz.

Convoyes, encapuchados, armas largas, “monstruos”, incluso barricadas con fusiles Barret forman parte del paisaje geográfico del que hablaba el investigador de la UAS.

Para el presidente todo es un montaje: esos de Latinus son capaces de todo, y para la candidata del oficialismo la aparición de encapuchados en una carretera es algo muy extraño.

Mientras, hundidos en su soledad, miles siguen perdiendo sus autos, sus bienes, sus vidas.

Había subido un mensaje a su muro de Facebook: “Aquí estamos comiendo, conviviendo, unos tamalitos que me invitaron”.

Una hora más tarde lo acuchillaron en una calle de la colonia Azucarera, en el municipio de El Mante, Tamaulipas.

El candidato panista Noé Ramos Ferretiz arrancaba su quinto día de campaña. A principios de marzo había renunciado a su cargo como presidente municipal para buscar la reelección. Ese mismo mes, Eliud Guadalupe “M”, un vecino de ese municipio, subía un inquietante video a TikTok:

“Quiero decirles que pues yo no me he rendido, la palabra aquí la sigo guardando, el mensaje que me entregaron aquí está, ahora que empiece a hablar no le voy a cambiar nada, así como me lo entregaron así lo expresaré, solo les pido que me dejen llegar lejos, que me ayuden a hacer justicia, pero antes tengo asuntos pendientes, unos ajustes de cuentas que tengo que… tengo que hacer justicia, quiero decirles que a la cárcel ya no voy a caer, la próxima que visitaré será la muerte, pero aun así me llevaré muchos cabrones.

“Cuando estuve encerrado en el penal hace seis meses, por asesinato, por cerrar el trato, cerrar la alianza, el pacto, con ustedes, querían sangre, la tuvieron; aun así, en mis oraciones cuando estaba adentro preso, yo sabía que las estaban oyendo mis oraciones, yo les decía que si algún día yo llegara a salir, iba a seguir asesinando gente y gracias a Dios aquí sigo, porque vengo a hacer justicia…”.

Anunció más adelante:

“No sé cuántos mensajes hayan entregado por medio de la palabra, pero pues yo fui uno de ellos, quiero saber más, yo sigo en ello, contra quien ustedes me pongan a pelear yo sé que es alguien muy difícil de vencer, pero yo sé que el Padre todo lo puede. Ayúdenme, no me dejen solo, déjenme llegar lejos, hacer justicia en el nombre de Jesús”.

Según las autoridades, dos semanas más tarde Eliud corría por las calles de El Mante, entre los gritos de terror de la gente, con un puñal que había obtenido en una carnicería. Se había acercado al candidato con el pretexto de pedirle una foto. Lo dejó envuelto en un charco de sangre. Escoltas contratados por Ramos de manera privada intentaron darle alcance, sin conseguirlo.

El asesino del candidato expresó en repetidos videos su odio a los políticos, y en especial al presidente de México: “Lo mío es contra el Peje, porque pues es él o soy yo. Esta es una guerra espiritual, yo sé que me están viendo de arriba y me están prestando su energía, tanto buena como mala, pero pues este político no se quiere ir, se está aferrando a la vida y yo también me tengo que aferrar por la vida de mis hijos”.

En un mensaje dirigido directamente a Andrés Manuel López Obrador advirtió: “Lo que yo desaté aquí en la tierra lo mantendrá desatado el cielo… Yo fui el elegido, el enviado del Padre, el que envió a hacer justicia aquí en la tierra”.

La fiscalía de Tamaulipas sostuvo ayer que logró ubicarlo gracias a imágenes de seguridad proporcionadas por vecinos, así como por un retrato hablado.

El vocero del gobierno estatal, Jorge Cuéllar, aseguró que el candidato asesinado no había recibido ningún tipo de amenaza, y dijo que hasta el momento solo tres candidatos habían solicitado protección en el estado. En 2022 Noé Ramos había exigido seguridad al gobierno de Américo Villarreal y denunció que había recibido diversas amenazas de muerte. Se le respondió que el gobierno no contaba con las camionetas blindadas que Ramos exigía para él y para su esposa.

El candidato volvió a pedir protección en diciembre de 2023, según aseguró en una rueda de prensa. En marzo de este año denunció una violenta campaña de ataques a través de trolles y bots.

En cartulinas presuntamente firmadas por el Cártel del Noreste, Ramos fue acusado, al lado del exlíder estatal del PAN, César El Truko Verástegui, y del exdelegado de la policía estatal Alfredo Escobedo Marín, “Alfa”, de haber recibido diez millones de pesos de este cártel a cambio de entregarles “la plaza” y “para quitarles a sus rivales” del Cártel del Golfo.

En 2021, en un video subido a redes por el crimen organizado, un hombre acusó que Ramos le pagaba 10 mil pesos a la semana para “matar a toda la gente que le estorba en la política”.

Años antes se viralizó una supuesta conversación telefónica entre El Truko Verástegui y Noé Ramos. El primero le pedía a Ramos que hablara con un jefe de los Zetas, conocido como Pancho Carreón, a fin de que no “levantaran” al panista Samuel Castro Morales.

De acuerdo con el audio, Ramos aseguró: “No hay bronca, que nomás quieren echar una platicada con él”. Prometió hablar con alguien para resolver el problema y le recomendó al Truko que platicara con Castro para decirle: “Pero bájale de huevos ya, güey”.

El asesinato cometido por Eliud Guadalupe “M” no solo agita aún más el torbellino de una elección en la que ya 30 candidatos han perdido la vida: sacude también el pantano de una entidad corroída tal vez como nunca antes por las redes del crimen organizado.

¿Qué sucedió realmente en El Mante?

En los primeros días de abril, a través de un oficio y de llamadas telefónicas, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, entró en contacto con un grupo de intelectuales y periodistas de alto perfil mediático.

Figuras con espacios importantes en la radio, los diarios, las redes, la televisión.

Se trataba de ofrecerles, “por instrucciones del señor Presidente de México”, un servicio de protección por parte de la Guardia Nacional.

Algunos de los personajes más visibles de los medios, cuya identidad me reservo para proteger su integridad, recibieron el oficio, que cito textualmente:

“Para el Gobierno de México es una prioridad que sus habitantes vivan en condiciones de seguridad que les permitan desarrollar sus actividades profesionales y personales a plenitud.

“Hoy, como nunca, la libertad de expresión se ejerce sin cortapisas y sin censura. Cada comunicador debe saber que es una garantía constitucional que debemos respetar y defender.

“En el gobierno de México trabajamos todos los días para garantizar las condiciones de seguridad y no pueden ignorarse las voces que, con o sin fundamento, reclaman atención ante posibles contingencias y/o riesgos.

“Por ello, de manera responsable y consciente de que la opinión de todos y todas debe ser escuchada con libertad, por instrucciones del señor Presidente de México, ponemos a su disposición un servicio de protección a su persona que le permita, de requerirlo, contar con elementos de la Guardia Nacional. Aclarando que al momento no se tiene conocimiento de alguna situación que comprometa su integridad.

Dicho servicio será temporal hasta que concluya el proceso electoral”.

Tras el último párrafo, la secretaria Rodríguez se puso a las órdenes de los destinatarios en el teléfono y el correo institucional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En llamadas telefónicas posteriores, realizadas por la funcionaria o por alguno de sus más cercanos colaboradores, se recalcó a los periodistas e intelectuales contactados que el gobierno mexicano no había detectado ninguna situación que pudiera poner en riesgo su seguridad. Se les pidió, sin embargo, en caso de aceptar o rechazar la propuesta, dar respuesta al oficio.

¿Por qué?

En todos los casos que he logrado documentar hasta el momento, se buscó a periodistas e intelectuales que han mantenido una postura crítica ante el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Algunos de ellos han pasado el sexenio bajo el fuego graneado del micrófono presidencial. Las agresiones en contra de estos comenzaron desde los albores del sexenio, cuando en una de las primeras “mañaneras” se exhibió una lista de columnistas que habían escrito artículos críticos en contra de su gobierno: periodistas fifís, conservadores, corruptos, que “no se han portado bien” y “no apoyan la transformación”, diría después.

En 1,321 “mañaneras”, López Obrador a mencionado a solo cinco periodistas al menos 1,368 veces, según los datos de SPIN.

A lo largo del sexenio el presidente se ha dedicado a amedrentar y satanizar comunicadores de manera pública. Ha llegado a amenazarlos: “Si ustedes se pasan, ¿pues ya saben, no?”; ha llegado a pedir públicamente a los dueños de los medios que se deshagan de sus columnistas; ha llegado a decir que tiene en su poder una lista negra de los periodistas críticos. No solo eso, en febrero de 2023 pidió investigar dónde viven los periodistas “que más influyen” en la opinión pública: “Es cosa nada más de indagar un poco, dónde viven estos intelectuales orgánicos, periodistas famosos… A ver, agarren a 10 de los famosos y nada más vayan a ver dónde viven y ya me traen aquí la información para ponerla aquí, me ayudan a eso”.

Tras un sexenio de diatribas y descalificaciones cotidianas; tras un sexenio de dar a conocer sus sueldos, y en algunos casos los domicilios de los periodistas; tras un sexenio de amenazas, intimidaciones y hostigamientos; tras un sexenio de abuso cotidiano del poder político, un sexenio en el que al menos medio centenar de periodistas han sido asesinados, en el que el atentado contra Ciro Gómez Leyva sigue sospechosamente impune, y en el que se ha creado un clima general de hostilidad contra la prensa (una agresión contra medios y periodistas cada 16 horas), el presidente humanista, “de manera responsable y consciente”, pone a disposición de sus víctimas un servicio de protección “hasta que concluya el proceso electoral”.

¿Por qué? ¿Qué están esperando o por qué se están curando en salud?

Queda claro que la secretaria de Seguridad pidió respuesta a su oficio, por escrito, para que tener con qué cubrirse en caso de que la protección fuera rechazada y algo sucediera más tarde: nosotros, “de manera responsable y consciente”, ofrecimos protección y no la quisieron.

Todos saben dónde está el principal agresor de la prensa. A él es a quien deberían, de manera responsable y consciente, enviarle un oficio.

Un último punto: no a todos los periodistas de alto perfil que han sido críticos del gobierno se les ofreció protección. ¿Qué criterio siguió la secretaria?

“Miren, miren, no hay nadie. Se convirtió en pueblo fantasma. Somos los únicos que estamos aquí…”.

En un video desgarrador tomado hace unos días, se escucha el llanto de una mujer que muestra las calles vacías de la comisaría Félix Gómez, en Pitiquito, Sonora.

Es un panorama de calles desiertas y casas cerradas, calcinadas por el sol del desierto. La voz explica que el 9 de abril un hombre de 62 años, Manuel Octavio Velázquez Bojórquez, fue sacado de su domicilio por un grupo armado. Desde entonces sus familiares no han vuelto a verlo y que “no van autoridades, nadie ayuda”.

En Félix Gómez no queda nadie. Solo esa familia.

“No nos podemos ir sin él… Volteen para acá, también existimos”, dice la mujer con la voz quebrada.

Sicarios a bordo de “monstruos” arrasaron el pueblo hace unos días. Asaltaron las casas, una a una, y saquearon las tiendas. La gente se fue. Varios días después la Guardia Nacional detuvo a 6 integrantes del grupo criminal, que se habían atrincherado en algunas casas. Tenían armas largas, una ametralladora, varios cargadores.

Manuel Octavio Velázquez no ha aparecido y la comisaría Félix Gómez es uno más de los pueblos fantasma de Sonora, en una parte del desierto en donde el control territorial lo tienen los narcos.

Como Tubutama, Trincheras, Sáric, Altar, Oquitoa, Átil, Caborca y Sonoyta, Pitiquito forma parte de los municipios asolados por el crimen como una forma de controlar el tráfico humano, de drogas y de armas.

La mayor parte de las veces son los propios criminales quienes difunden imágenes atroces de lo que está ocurriendo en esa parte de Sonora, pues muchos periodistas han sido desplazados y otros se han visto obligados a callar para preservar su integridad y porque no tienen en quién confiar.

En marzo de 2022 la pugna entre los grupos criminales, acentuada por las fracturas al interior del Cártel de Sinaloa, llegó a tal punto que alcaldesa de Pitiquito, Janeth Mazón García, llamó a la población a resguardarse en sus domicilios “y a abstenerse de salir a la calle en horario nocturno”.

Desde noviembre de 2020 los alcaldes de Pitiquito y Caborca habían enviado una carta al presidente López Obrador para advertirle de la situación que se vivía en los pueblos del desierto y solicitar su ayuda: “el constante sonido de las detonaciones llena de pánico a las población en general”, escribieron.

La solución fue aumentar la presencia militar pero, se quejaron los alcaldes, no hubo estrategia “para solventar la situación”.

Ese año la Cruz Roja anunció en un comunicado que suspendería servicios en Caborca y Pitiquito. Un grupo de paramédicos que iba a atender a los heridos de un enfrentamiento fueron perseguidos por el grupo contrario, y despojados de su unidad.

Para fines de noviembre del año pasado muchos pueblos se habían quedado sin policías, ni médicos, ni maestros, ni comerciantes. En Átil, el único policía que seguía activo renunció a fines de 2023. El médico y la enfermera que atendían el único centro de salud, no se presentaron más. En Sásabe, poblado de Sáric, la mayor parte de la población huyó a Estados Unidos.

“No queremos culpables, solo queremos que nos lo regresen vivo o muerto… solo queremos a nuestro familiar de regreso”, le dice llorando al gobernador Alfonso Durazo la mujer que grabó el video en las calles desiertas de la comisaría Félix Gómez.

La Chapiza y sus rivales avanzan, a sangre y fuego, y el gobernador no está. En el estado donde ocurrieron cerca de 1,500 homicidios en 2023, Alfonso Durazo atiende las próximas elecciones, como presidente del Comité Nacional de Morena.

Y del presidente, jefe de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, mejor ni hablamos.

El video tomado en Pitiquito es de una elocuencia brutal.

Las casas están vacías y ahí ya todos se quedaron solos