¿CONOCERÁ EL NUEVO canciller mexicano, Roberto Velasco, el caso del migrante en Estados Unidos a quien la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se niega a pagar y chicanea un conflicto laboral en el que el gobierno ya perdió?
La historia es la siguiente: Francisco Javier Rodríguez Mercado, quien trabajaba de manera irregular en el consulado de México en Portland, Oregon, como tantos casos de mexicanos que no pueden trabajar legalmente en Estados Unidos, intentó regularizar su situación a través del concurso de ingreso a la rama diplomática del Servicio Exterior Mexicano.
Para lo cual, presentó los exámenes correspondientes a la primera y segunda etapa, realizados entre noviembre de 2011 y enero de 2012, respectivamente.
Tras cubrir estos procesos, la Comisión de Personal le notificó que no tenía acceso a la tercera etapa eliminatoria del concurso al no obtener una de las mejores 30 calificaciones.
Ante esta resolución, el susodicho solicitó el acceso a la información de la Secretaría de Relaciones Exteriores con folio 0000500026612, con la finalidad de conocer si los resultados eran fundados y motivados como cualquier acto de autoridad.
La respuesta de la dependencia, dirigida entonces por Juan Ramón de la Fuente, fue que la información solicitada estaba reservada por 12 años.
El proceso legal se inició el 10 de marzo de 2014, ante la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la CDMX.
El 8 de septiembre de 2020 se pronunció un laudo, en el cual resolvió en su segundo resolutivo absolver en su totalidad a la demandada SRE del pago y reinstalación del actor.
Por tal motivo, se interpuso un amparo directo con número de DT 777/2022 emitido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito concediendo en su totalidad el amparo al actor Rodríguez Mercado.
El 19 de enero de 2023 se dictó un amparo en definitiva con número DT 777/2022, en el cual concede la protección de la justicia federal y condena a la SRE a reinstalar al demandante y realizar el pago de salarios caídos y prestaciones, que se estima superior a los cinco millones de dólares.
El Tribunal, al estar retrasando el procedimiento sin causa ni motivo alguno para dictar su acuerdo correspondiente, mantiene el expediente en el área designada como “apoyo procesal”.
Desde enero del año pasado, el Tribunal ha hecho caso omiso a las múltiples promociones, al retrasar el procedimiento. La SRE promovió un amparo para chicanear.
Y mientras tanto, siguen acumulándose salarios caídos y pago de prestaciones, las cuales año con año se crean por falta de cumplimiento en la resolución de un máximo tribunal
Cabe señalar que la defensa solicitó que se aclarara que la condena es en dólares americanos.
Sin embargo, el Tribunal ha sido omiso y en diversos acuerdos se pronuncia en pesos mexicanos, lo cual al momento de que se realicen las diligencias traerá como consecuencia un nuevo retraso por la aclaración de la situación, lo que claramente tiene la intención de no realizar en pago de las prestaciones al demandante.
EN OTRO CASO donde el Estado mexicano perdió, la anulación del laudo del caso Oro Negro no es un accidente de la geopolítica, ni una fatalidad jurídica: es el resultado directo de poner al frente de la dirección jurídica de Pemex a una persona sin los conocimientos ni el perfil que un cargo de ese calibre exige. Rosa Bello, recientemente removida del puesto, condujo durante un período crítico una defensa que terminó derrumbándose ante tribunales extranjeros. No por mala suerte, sino por incompetencia. La remoción tardía no borra la responsabilidad: México pagará 270 millones de dólares con dinero de los contribuyentes, en buena medida porque quienes tenían la obligación de custodiar el interés jurídico del Estado no estuvieron a la altura del encargo. Cuando se designan cargos por lealtad o por cuota, en lugar de por mérito, las consecuencias no se quedan en lo administrativo: se convierten en condenas internacionales que pagamos todos.
DESPUÉS DE CUATRO años de litigio entre Juan Collado y los abogados César González y Juan Antonio Araujo, ayer el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito puso punto final a la infundada acusación que Juan Collado y la Fiscalía General de la República, en tiempos de Alejandro Gertz Manero, trataron de inculpar en contra de los litigantes González y Araujo. Fue así como el referido órgano jurisdiccional determinó que los litigantes González y Araujo quedan plenamente absueltos de la fallida acusación y se determinó la confirmación del auto de no vinculación a proceso y el sobreseimiento de la causa penal de origen. Con esta resolución concluye en definitiva y sin posibilidad de continuar el polémico caso en contra de los litigantes, y se da por cerrado uno de los casos más sonados del sexenio pasado. Collado, abogado vinculado a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, aún enfrenta acusaciones federales en su contra, eso sí, desde España
PLATA, BANCO DIGITAL líder con operaciones en América Latina, anunció el cierre de su ronda Serie C por 405 millones de dólares a una valuación de cinco mil millones de dólares, convirtiéndose en el banco digital privado más valioso de América Latina. La ronda fue liderada por Bicycle Capital y contó con la participación de nuevos inversionistas, incluyendo Qatar Investment Authority (QIA), BTG Pactual, Valor Capital Group y un importante fondo global de gestión activa long-only. También participaron inversionistas existentes como Kora, Hedosophia, Spice Expeditions y Audeo Ventures. La base de inversionistas de la empresa, que dirige Neri Tollardo, ahora incluye fondos soberanos, gestores de activos globales, firmas de capital de riesgo y endowments de universidades estadounidenses, entre ellas la University of Illinois Foundation, University of Wisconsin Foundation y Washington University. Morgan Stanley fungió como agente colocador exclusivo de Plata.
UNO DE LOS principales argumentos referidos por los opositores al fracking son las enormes cantidades de agua que utiliza. Sin embargo, de acuerdo al Colegio de Ingenieros Civiles de México, que preside Jesús Campos, quien además es experto en infraestructura hidráulica, en un cálculo de mil pozos de fracturación hidráulica que ocupen unos 20 mil o 30 mil metros cúbicos cada uno en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, éstos sólo utilizarían menos de 1 o 2% del agua total destinada a los distintos usos en esos estados, incluso una fracción menor del volumen utilizado en usos industriales, además de que es un uso por una sola vez en toda la vida del pozo. El Colegio de Ingenieros Civiles de México está de acuerdo con la evaluación técnica del fracking con nuevas tecnologías de bajo impacto, considerando que las inversiones en infraestructura para la extracción de gas e infraestructura hídrica avancen de manera simultánea y coordinada, pues son complementarias e indispensables de una política energética y de seguridad hídrica responsable; y segundo, contar con un marco regulatorio robusto, específico y verificable que garantice la protección de los acuíferos, el monitoreo sísmico continuo y la transparencia en los datos de la operación.
DESDE WASHINGTON LA US-Mexico Foundation, presidida por Emilio Cadena, realizó el North Capital Meridian Diplomacy Forum, con la participación del embajador Esteban Moctezuma, de Ana María Aguilar, del Consejo Mexicano de Negocios; de José Medina Mora, del Consejo Coordinador Empresarial, y de representantes de empresas con operaciones en México, como Abraham Zamora, de Sempra Infraestructura. Buena parte de la conversación giró hacia la Inteligencia Artificial (IA) y su requerimiento de energía como insumo esencial. Para 2030, la demanda eléctrica crecerá más de 3% anual y los centros de datos concentrarán la mayor parte. El gas natural es la base para garantizar suministro continuo y competitivo en la economía digital. Aporta confiabilidad para suministrar la energía que requiere la era de la IAl con bajas emisiones comparado con otros combustibles.
EL DIAGNÓSTICO SOBRE la seguridad pública en México vuelve a mostrar la ausencia del Estado en amplias zonas del país. Alejandro Desfassiaux, fundador de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, pone el foco en un dato contundente: uno de cada cuatro municipios no cuenta con una institución formal de seguridad. Las cifras oficiales confirman un modelo fragmentado, con corporaciones municipales débiles y mal certificadas. Que sólo seis de cada 10 policías municipales tengan el Certificado Único Policial no es solamente un asunto administrativo, es un riesgo operativo. Desfassiaux sostiene que la consolidación de la Guardia Nacional no es una opción ideológica, sino una respuesta práctica ante capacidades locales insuficientes. Más que sumar efectivos, se debe ordenar el mando y profesionalizar. Desde la óptica del sector privado de la seguridad, donde opera Multisistemas, el vacío institucional termina trasladando riesgos a empresas y ciudadanos.