PESE A QUE México se encuentra a nivel mundial en primer lugar en obesidad infantil, en el segundo en obesidad en adultos y en séptimo en diabetes, con una prevalencia de 18% en mayores, no parece que este problema alarme lo suficiente al Poder Judicial.
Y es que, al no analizar los juicios de patentes farmacéuticas a la luz de lo que necesita el país, y sí en función de los intereses de las empresas, se protegen con argucias sus invenciones, mucho más allá de lo que las leyes le permiten.
En la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que lleva Víctor Hugo Borja, se digiere otro revés que no es menor y que debería llamar la atención de las secretarías de Salud, que capitanea David Kershenobich, y de Economía, de Marcelo Ebrard.
La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que preside José Ramón Amieva, volvió a inclinar la balanza a favor de una farmacéutica europea, la danesa Novo Nordisk, que preside Maziar Mike Doustdar.
Se trata de un caso que redefine los tiempos reales de entrada de genéricos, en detrimento del acceso de la mayoría de la población a medicamentos que mucho ayudarían a elevar la calidad de vida de los mexicanos.
Nos referimos al expediente 150/25-EPI-01-7, en el que el magistrado Héctor Francisco Fernández Cruz falló a favor de la extranjera con un medicamento de patente para bajar de peso, con la molécula denominada GLP1, que ya fue liberada en Europa y Estados Unidos.
El criterio legal del tribunal mexicano, sin embargo, permite extender la protección de la patente más allá de lo que el regulador tenía previsto, con el argumento de que “una nueva indicación terapéutica”, es decir, otro uso distinto del original, justifica la protección hasta por 12 años más, para así evitar que otros genéricos entren a competir.
Estamos hablando de un mercado de más de seis mil millones de pesos anuales hoy, con proyección para duplicarse en menos de 10 años, de acuerdo con el Informe Outlook 2033 México GLP1 de la consultora Grand View Horizon.
Algunas empresas multinacionales, como la que encabeza aquí Patricia Field de León, han sofisticado tanto su estrategia legal, que ya no defienden únicamente la patente madre, sino que blindan formulaciones, usos secundarios y hasta procesos.
El resultado es un cerco regulatorio que complica y encarece la entrada de competidores, en detrimento de los pacientes que deben gastar en medicinas hasta 14 veces más de lo que costaría un genérico que le proporcionaría exactamente la misma cura.
Hablamos de medicamentos como Obeda, de Dr. Raddy’s Laboratories, que dirige Erez Israeli; GNIPIQ, de Glenmark Pharmaceuticals, al mando de Glenn Saldanha, y Noveltreat, de Sun Pharma, que comanda Kirti Ganorkar, entre otros.
Para la industria de genéricos el mensaje es claro: la incertidumbre se prolonga. Y para el sistema de salud también, porque cada año adicional de exclusividad es un año menos de competencia y acceso.
Falta ver si la Cofepris ajusta criterio o si este precedente abre la puerta a una nueva ola de litigios.
Por lo pronto, esa multinacional ya ganó, mientras que los pacientes mexicanos perdieron.
LA MINISTRA LORETTA Ortiz logró imponerse: consiguió la semana pasada la solicitud de atracción del caso de Viviana, María del Carmen y Gabriela Garza Delgado contra Santander, un caso que lleva ya casi 14 años litigándose y del que le hemos platicado mucho. Un punto a resaltar es el conflicto de interés de la togada, pues su yerno, Abel Chávez Salinas, está contratado por el banco de Ana Botín como abogado externo. Ortiz Ahlf logró lo que la Corte defenestrada, la que presidía Norma Piña, nunca accedió: atraer el expediente. Vamos, el mismo Arturo Zaldívar como presidente la rechazó. Lo interesante ahora será ver quién del nuevo Pleno lidera el proyecto, pues el SEFA (Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción) lo tramitó primero el ministro Giovanni Figueroa, a todas luces menos comprometido con Santander, que dirige aquí Felipe García Ascencio. Sería él quien tendría que consolidar las SEFAS. El pleito asciende a unos mil millones de dólares por la extracción ilegal de acciones del Grupo Alfa de un fideicomiso en detrimento de las herederas de su fundador, Roberto Garza Sada.
LA RED DE extorsión a empresas a partir de supuestos contratos laborales como el de Grupo Herdez, tiene cabezas visibles que ya se irán dando a conocer. Por lo pronto la empresa de Héctor Hernández-Pons no es la única que ha sido víctima de esos sofisticados andamiajes legales fraudulentos. El mismo personaje que se ostentaba como director general, Jorge Colín Huerta, tiene demandadas a una batería de más compañías por el mismo motivo: dice haber sido cabeza directiva de ellas. Apunte a Grupo Modelo, que conduce Daniel Cocenzo; Barcel, del Grupo Bimbo de Daniel Servitje; Fábrica de Jabón La Corona, que dirige Rodolfo Andreu; Jugos del Valle de Coca-Cola, que comanda Louis Balat; Conservas La Costeña, de Vicente López; Sabormex, que fundó Valentín Martínez Gama; Eulen de Seguridad Privada, que lleva Oscar García, y Kodak, que comanda Javier Rubio, entre otras empresas más. Se estima que el perjuicio contra Herdez fue superior a los 650 millones de pesos por el embargo de cuentas fiscales. Ahora, el juicio asciende a unos 34 millones.
RECORDARÁ AL PILOTO de Magnicharters que en diciembre de 2025 retuvo un vuelo que salía del AICM a Cancún, alegando falta de pagos y materiales para su trabajo. Eso debió ser una advertencia temprana de una aerolínea que ya operaba con fallas profundas. La denuncia de abandono y silencio interno anticipaba un desenlace desordenado que hoy se materializa con el cese abrupto de vuelos. La empresa que dirige Gabriel Bojórquez dejó de operar sin previo aviso y trasladó el costo del colapso a sus pasajeros. Cancún concentró la mayor molestia, con personas varadas y sin información clara. La reacción de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Jesús Esteva, llegó cuando el daño ya